https://elderecho.com/feedes485186Gericó Associates ha anunciado  la nueva edición de la Gala Nacional del Derecho - Legal Leadership Awards 2026, los galardones que reconocen la excelencia de los profesionales, áreas legales y firmas en España y Latinoamérica. La convocatoria para presentar candidaturas estará abierta desde el 14 de julio hasta el 30 de septiembre de 2026 y se realizará a través de la plataforma oficial: Legal Leadership Awards. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en la Gala Nacional del Derecho el 5 de noviembre de 2026 en el Hotel InterContinental de Madrid, y reunirá a líderes del sector legal, directores de asesoría jurídica y socios de firmas internacionales para celebrar los logros y el impacto transformador de los profesionales y organizaciones más destacados. Categorías de los reconocimientos  Los Legal Leadership Awards 2026 contemplan un total de 26 categorías divididas en cinco bloques: Bloque I - Liderazgo institucional directores de asesoría jurídica Director/a Jurídico/a del Año Transformación del Departamento Jurídico del Año Mejor Asesoría Jurídica Interna Mejor Gerencia Legal Interna Bloque II - Excelencia de firma Firma del Año Mejor Boutique Legal Firma Más Atractiva para el Talento Mejor Estrategia de Marketing, Comunicación o Desarrollo de Negocio Bloque III - Profesionales Abogado Rainmaker del Año Mejor Director/a de Marketing, Comunicación o BD Líder de Práctica del Año Bloque IV - Innovación y ecosistema Transformación de Modelo de Negocio e IA aplicada Mejor Startup Jurídica con IA Mejor Periodista Jurídico Bloque V - Grandes premios de la noche Managing Partner del Año Premio de Honor a la Trayectoria Profesional Jurado de primer nivel El proceso de valoración de las candidaturas estará a cargo de un jurado independiente formado por directores de asesoría jurídica y periodistas jurídicos de primer nivel, tales como Ana Bayó Busta, South Europe Cluster Lead for Law, Patents Compliance at Bayer; Andrea Viale, Global Head of Legal de Idealista; Ana Gómez, Director, Group Corporate Vice Secretary of the Board of Directors de Amadeus IT; Ana Isabel Montero, General Counsel de Japan Tobacco International (JTI); Ana Suárez Garnelo, General Counsel de Intrum; Asier Crespo, Legal Director Spain and Portugal de Microsoft; Carlos Menor Gómez, Legal Director Compliance Officer en Groupe Renault España; Carlos Valenciano, director de asesoría jurídica de Ericsson para América Latina; Clara Cerdán, General Counsel de Solarig; Fernando Díaz Barco, responsable oficina procesal en asesoría jurídica de SACYR; Fernando Ortega, General Counsel de Siemens; Ignacio Mendoza, director legal de Heineken; Javier Ramírez, VP Legal Associate General Counsel de HP; John Rigau, Vice President, General Counsel West Europe and Sustainability Europe de PepsiCo; Leonor Abad, directora legal Industrial de Repsol; María Cermeño, directora de los servicios jurídicos de Telefónica; María José López, directora legal de LaLiga; Miguel Soler, General Counsel, Compliance Director Deputy Company Secretary de Prosegur; Rafael López, Regional Head of Legal and Compliance, Latam Xiaomi Technology; y Teresa Mínguez, General Counsel de Porsche, entre otros. Este panel de expertos evaluará cada candidatura con total independencia, garantizando transparencia y objetividad en la selección de los ganadores. Legal Leadership Awards 2026 Los Legal Leadership Awards surgen como continuación de los premios Legal Marcom (2016, 2018, 2022 y 2024), consolidando una plataforma de referencia en España y Latinoamérica para reconocer innovación, liderazgo, transformación y reputación en el sector legal. En ediciones anteriores han sido premiadas firmas como Uría Menéndez, Baker McKenzie, Iberdrola, LaLiga, Linklaters, Dentons, Ceca Magán, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU Uría, A O Shearman, Miranda Amado, Banco Santander, Freshfields, Clifford Chance, Microsoft, Porsche Ibérica y Amadeus IT, así como profesionales que se han convertido en referentes del sector. Con esta nueva convocatoria, la Gala Nacional del Derecho - Legal Leadership Awards 2026 continuará identificando y celebrando a los líderes y equipos que están transformando el sector legal y consolidando las áreas jurídicas como un pilar estratégico de las empresas.La entrega de premios se llevará a cabo en la Gala Nacional del Derecho el 5 de noviembre de 2026 en el Hotel InterContinental de Madrid, con un total de 26 galardones que abarcan liderazgo, innovación y reputación.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Legal-Marcom-2024-galardonados-1-scaled-p485186-m1513495-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abierto-el-plazo-de-candidaturas-para-los-legal-leadership-awards-2026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Legal-Marcom-2024-galardonados-1-scaled-p485186-m1513495-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abierto-el-plazo-de-candidaturas-para-los-legal-leadership-awards-2026https://elderecho.com/abierto-el-plazo-de-candidaturas-para-los-legal-leadership-awards-2026https://elderecho.com/abierto-el-plazo-de-candidaturas-para-los-legal-leadership-awards-20262026-07-14 15:14:352026-07-14 15:14:35sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485173Coincidiendo con el 25 aniversario de la Zona Especial Canaria (ZEC) y tras la presentación de sus mejores cifras de empleo y actividad, CE Consulting recuerda que, conforme a la normativa actualmente vigente, la autorización previa para la inscripción de nuevas entidades en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria (ROEZEC) tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2026. Ante este calendario, la firma recomienda a las empresas que estén valorando implantarse en Canarias iniciar cuanto antes la tramitación para acceder al régimen. El procedimiento exige presentar una solicitud de autorización previa acompañada de una memoria descriptiva del proyecto empresarial y, una vez obtenida la autorización, constituir la entidad y solicitar su inscripción en el ROEZEC. Un proceso que requiere planificación  La Zona Especial Canaria forma parte del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias y constituye un régimen de ayudas de Estado sujeto a la normativa de la Unión Europea. Su principal atractivo es la aplicación de un tipo especial del 4% en el Impuesto sobre Sociedades a la parte de la base imponible correspondiente a operaciones realizadas material y efectivamente en el ámbito geográfico de la ZEC, siempre que la entidad cumpla los requisitos establecidos por la normativa. El procedimiento de acceso comienza con la solicitud de autorización previa al Consejo Rector de la ZEC, acompañada de una memoria descriptiva del proyecto empresarial. La resolución expresa debe dictarse, con carácter general, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de las posibles suspensiones legalmente previstas. Obtenida la autorización, los promotores disponen de dieciocho meses para constituir la entidad y solicitar su inscripción en el ROEZEC. En este sentido, Francisco Martell, socio director de la división territorial Canarias de CE Consulting, señala que “la autorización previa del Consejo Rector exige preparar una memoria empresarial suficientemente detallada y superar la correspondiente tramitación. Dejar la solicitud para el último trimestre de 2026 entraña un riesgo real de que la autorización no se conceda antes del 31 de diciembre, fecha que, con la normativa actualmente vigente, opera como límite para autorizar nuevas inscripciones”. Para acceder a la ZEC es necesario, entre otros requisitos, que la entidad sea de nueva creación o, cuando se trate de una sucursal, que esta sea de nueva creación; que tenga su domicilio social y su sede de dirección efectiva en Canarias; que desarrolle una actividad autorizada; que cree el empleo exigido; y que realice la inversión mínima aplicable. Las sucesivas modificaciones normativas han ampliado las actividades autorizadas y ajustado determinados requisitos, aumentando el abanico de proyectos que pueden acogerse al régimen. CE Consulting recuerdan que conviene diferenciar el plazo para obtener la autorización previa del periodo de aplicación de los incentivos. Conforme al artículo 29 de la Ley 19/1994, la autorización de la inscripción tiene como límite la fecha de finalización de la vigencia del Reglamento (UE) n.º 651/2014, actualmente fijada en el 31 de diciembre de 2026. Las entidades autorizadas dentro de plazo podrán solicitar posteriormente su inscripción en los términos reglamentarios y disfrutar de los incentivos durante los seis años inmediatos posteriores a la finalización de la vigencia de dicho Reglamento, siempre que mantengan el cumplimiento de los requisitos y sin perjuicio de las revisiones de la Comisión Europea y de eventuales prórrogas. Un régimen que gana peso en Canarias  Según los últimos datos difundidos sobre la evolución de la ZEC, el régimen alcanzó en 2025 las 933 entidades inscritas y superó los 12.560 empleos, tras crear cerca de 1.500 puestos de trabajo durante el año. Por su parte, los últimos datos de facturación publicados sitúan el volumen conjunto de las entidades ZEC por encima de los 3.300 millones de euros. Estas cifras muestran el creciente peso del régimen como instrumento para atraer inversión y desarrollar actividad económica real en Canarias.  "La ZEC sigue siendo uno de los instrumentos fiscales más competitivos de Europa para proyectos con actividad económica real. Precisamente por ello, quienes estén valorando este régimen deberían analizar ya su viabilidad y planificar el proceso con tiempo suficiente", concluye Francisco Martell.  La autorización previa para la inscripción de nuevas entidades en la ZEC tiene como límite, con la normativa actualmente vigente, el 31 de diciembre de 2026.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/06/shutterstock_272860538-p485173-m1513458-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ce-consulting-recomienda-a-las-empresas-acogerse-al-regimen-zec-para-obtener-la-autorizacion-previahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/06/shutterstock_272860538-p485173-m1513458-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ce-consulting-recomienda-a-las-empresas-acogerse-al-regimen-zec-para-obtener-la-autorizacion-previahttps://elderecho.com/ce-consulting-recomienda-a-las-empresas-acogerse-al-regimen-zec-para-obtener-la-autorizacion-previahttps://elderecho.com/ce-consulting-recomienda-a-las-empresas-acogerse-al-regimen-zec-para-obtener-la-autorizacion-previa2026-07-14 12:18:472026-07-14 12:18:47sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485161 La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha confirmado la nulidad del despido disciplinario de un comercial al considerar que la empresa no logró desvirtuar los indicios de que la verdadera causa del cese fue la situación de incapacidad temporal iniciada por el trabajador el día anterior por un proceso de ansiedad. La sentencia desestima íntegramente el recurso de suplicación interpuesto por la empresa y confirma la resolución dictada por el Juzgado de lo Social 2 de Murcia, que declaró nulo el despido por discriminación y condenó a la readmisión del trabajador, al abono de los salarios de tramitación, a una indemnización de 6.000 euros por daños morales y al pago de cantidades salariales pendientes, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU). La resolución recuerda que el trabajador inició la incapacidad temporal por ansiedad y que fue despedido al día siguiente mediante una carta en la que la empresa le imputaba una disminución voluntaria y continuada del rendimiento, cifrada en un 30% respecto de otros comerciales del centro de trabajo. La Sala comparte la valoración realizada en la instancia, que apreció que la empresa no acreditó la existencia real de esa disminución del rendimiento ni aportó datos concretos que permitieran al trabajador conocer y rebatir la comparación efectuada. En este sentido, subraya que "no solo no se dice en la carta de despido cuál fue esa disminución más allá de decir que era de un 30% en relación con otros trabajadores al no hacer un estudio comparativo", sino que tampoco quedó acreditado que esa bajada de rendimiento existiera. Aplicación de la Ley 15/2022 Al resolver el recurso, la Sala reproduce la doctrina que ya había fijado en anteriores resoluciones sobre la aplicación de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, junto con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de despidos vinculados al estado de salud. La sentencia recuerda que el artículo 2.2 de la citada ley incorpora la enfermedad o la condición de salud entre las circunstancias respecto de las que "nadie podrá ser discriminado" y que el artículo 30 establece que, cuando la parte actora aporta indicios fundados de discriminación, corresponde a la parte demandada acreditar "una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad". En el caso analizado, la Sala considera que "nuestra doctrina es enteramente aplicable al caso que examinamos", ya que, aunque la empresa presentó el cese como un despido disciplinario por disminución del rendimiento, nada de ello fue "real". Razona que en la carta de despido no se concreta cuál fue esa disminución más allá de afirmar que alcanzaba el 30 % respecto de otros trabajadores, sin realizar un estudio comparativo que permitiera al trabajador conocer el rendimiento de quienes desempeñaban las mismas funciones y recuerda que la magistrada de instancia declaró que tampoco quedó acreditada la existencia de esa disminución del rendimiento. Con base en esas consideraciones, la Sala concluye que "el despido obedeció a un propósito discriminatorio por razón del estado de salud del trabajador que condujo a la incapacidad temporal", por lo que confirma íntegramente la sentencia recurrida al no apreciar las infracciones jurídicas denunciadas por la empresa. La resolución desestima igualmente las alegaciones procesales formuladas por la empresa respecto a la admisión del recurso y confirma íntegramente la sentencia recurrida, imponiendo además las costas de la suplicación a la mercantil, con una cuantía de 800 euros por los honorarios de la representación letrada del trabajador. Contra la sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. De acuerdo al pronunciamiento "el despido obedeció a un propósito discriminatorio por razón del estado de salud del trabajador".https://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/01/shutterstock_1523322002-p485161-m1513424-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-la-region-de-murcia-anula-el-despido-de-un-trabajador-tras-coger-la-baja-por-ansiedadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/01/shutterstock_1523322002-p485161-m1513424-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-la-region-de-murcia-anula-el-despido-de-un-trabajador-tras-coger-la-baja-por-ansiedadhttps://elderecho.com/el-tsj-de-la-region-de-murcia-anula-el-despido-de-un-trabajador-tras-coger-la-baja-por-ansiedadhttps://elderecho.com/el-tsj-de-la-region-de-murcia-anula-el-despido-de-un-trabajador-tras-coger-la-baja-por-ansiedad2026-07-14 12:02:342026-07-14 12:02:34sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social485147La Seguridad Social ha vuelto a registrar un nivel máximo de afiliados extranjeros tanto en términos de afiliación media, como desestacionalizada. En concreto, hay 3.446.178 afiliados de media en junio, lo que suponen 86.630 ocupados más que en el mes anterior y 350.163 más que hace un año. Este dato sitúa la variación interanual en un 11,31%, cuando el conjunto de la afiliación ha crecido un 2,8%. Si se descuenta la estacionalidad y el efecto del calendario, la Seguridad Social cuenta ya con 3.329.979 afiliados extranjeros, tras sumar 330.754 en los últimos doce meses. “La afiliación extranjera sostiene sectores estratégicos como los cuidados, la agricultura, la construcción, la hostelería, el transporte o la sanidad y lo vemos en los datos de afiliación por sectores”, explica la ministra Elma Saiz. En conjunto, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 980.000 ocupados desde junio de 2022. De hecho, el 44,5% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros. Si bien la afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social muestra un gran dinamismo en el primer semestre del año, el ritmo de aumento se ha ido acelerando desde finales del mes de abril, cuando se puso en marcha el proceso de regularización de personas extranjeras. A 30 de junio, ya había 159.097 afiliados a la Seguridad Social como consecuencia del proceso de regularización, la inmensa mayoría, un 83,4%, en el Régimen General de la Seguridad Social. Además, el contrato indefinido es la modalidad que predomina entre las nuevas altas (77,3%). Por tipo de actividad, estas nuevas altas que se producen en el marco de la regularización se concentran en: Hostelería (38.776), Comercio (20.195), Actividades Administrativas (19.327) y Construcción (18.310).   Afiliación media De los 3.446.178 afiliados extranjeros, cerca de 2 millones son hombres (1.965.796), mientras que el número de mujeres se acerca a los 1,5 millones (1.480.382). La presencia de mujeres trabajadoras procedentes de otros países avanza en el conjunto y representa el 43% del total de trabajadores foráneos. El 28,5% de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea. Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social española y supera ya los 422.000 cotizantes (422.347). Le sigue Rumanía (353.974), Colombia (316.460), Venezuela (239.892), Italia (223.500), China (133.098), Perú (122.633) y Ucrania (84.020). “Vemos que su presencia se diversifica y crece cada vez más en todos los sectores” explica la ministra. “Están muy presentes en aquellos de alto valor añadido como Telecomunicaciones, Programación e Informática, en el que suponen ya más de un 14% del conjunto de afiliados del Régimen General”. Sectores de los trabajadores por cuenta ajena Si en el conjunto de la afiliación representan un 15,4% de los trabajadores, la aportación de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en algunos sectores del Régimen General de la Seguridad Social. En Hostelería representan el 31,5% de los afiliados; en Agricultura, el 28,9%; en Construcción suponen el 25,9%; en Actividades Administrativas, el 18,6% y en Transporte, el 18,2%. Además, en el Sistema Especial del Hogar, suponen el 45,5% y en el Agrario, el 41,7%. Además, es preciso resaltar el elevado porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, un 87,8% del total. Si lo comparamos con el porcentaje promedio del periodo 2017-2021, previo a la reforma laboral (41,1%) el dato resulta aún más llamativo. En paralelo, la tasa de temporalidad de este colectivo de trabajadores cae a mínimos históricos, al bajar hasta el 12,2% mientras que el porcentaje de afiliados nacionales con contrato temporal es del 12,3%.       % s/ total contratos. Régimen General. Datos sin ajustar.   Emprendimiento en sectores de alta cualificación Por otro lado, el número de trabajadores autónomos sigue creciendo y se sitúa en por encima de los 525.000 (525.478), lo que supone un 7,9% más que hace un año. Hay que señalar la presencia creciente de trabajadores extranjeros que emprenden en sectores altamente cualificados como Telecomunicaciones y Programación Informática, donde ya representan el 32,7% de los ocupados dados de alta en esta sección de actividad, es decir, ya son uno de cada tres emprendedores. También es muy importante su representación en otras actividades, como Actividades de los hogares (27,5%), Hostelería (25,5%), Actividades Administrativas (18,9%) Actividades Inmobiliarias (18,4%) y Construcción (18,3%).Los cotizantes de otros países ya suponen más del 15,4% del total de afiliados a la Seguridad Social.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/08/shutterstock_1591546621-1-p485147-m1513390-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-seguridad-social-suma-mas-de-350-000-afiliados-extranjeros-en-un-ano-y-supera-los-34-millones-en-juniohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/08/shutterstock_1591546621-1-p485147-m1513390-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-seguridad-social-suma-mas-de-350-000-afiliados-extranjeros-en-un-ano-y-supera-los-34-millones-en-juniohttps://elderecho.com/la-seguridad-social-suma-mas-de-350-000-afiliados-extranjeros-en-un-ano-y-supera-los-34-millones-en-juniohttps://elderecho.com/la-seguridad-social-suma-mas-de-350-000-afiliados-extranjeros-en-un-ano-y-supera-los-34-millones-en-junio2026-07-14 11:56:052026-07-14 11:56:05sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social485135El absentismo laboral alcanzó en España su máximo histórico en 2025 al situarse en el 7,6% de las horas pactadas, lo que generó un coste récord de 59.109 millones de euros para la economía nacional (un 11,7% más que el año anterior), debido principalmente al repunte de la incapacidad temporal, según el 'XV Informe Anual Adecco sobre Empresa Saludable y Gestión del Absentismo' publicado por The Adecco Group Institute. Según el análisis, esta subida se explica por el comportamiento de la incapacidad temporal, componente que representa cerca del 78% de todo el absentismo del país. Este factor asistió en 2025 a su propio máximo histórico tras registrar una tasa del 5,95%. Así, el coste total de este factor para la economía española casi duplica los 30.171 millones registrados en el año 2019, reflejando tanto el aumento de la tasa como el encarecimiento del coste laboral. País vasco, Canarias y Cantabria lideran el absentismo  Por comunidades autónomas, el País Vasco, Canarias y Cantabria se situaron a la cabeza del absentismo nacional durante el pasado año, todas ellas con una tasa media del 9,6%. De este grupo, el mayor incremento interanual lo experimentó Cantabria, con un alza de 1,3 puntos porcentuales. Le siguieron Canarias con 0,6 puntos más y el País Vasco con una subida de 0,2 puntos. En el extremo opuesto, Baleares repitió como la Comunidad Autónoma con menor absentismo laboral con una tasa del 6,2% (+0,3 puntos). Le siguieron en la parte baja la Comunidad de Madrid, con una tasa de ausencias del 6,6% (+0,3 puntos), y La Rioja, con un 6,7% (-0,3 puntos). Asimismo, el estudio analiza de forma novedosa el impacto del absentismo en términos de coste económico directo por regiones. En este sentido, las comunidades autónomas donde el absentismo tiene un mayor impacto económico son Cataluña, con 11.557 millones de euros; la Comunidad de Madrid, con 10.290 millones; y Andalucía, con 7.410 millones. Por el contrario, los menores costes se registran en La Rioja, con 332 millones de euros; Cantabria, con 838 millones; y Extremadura, con 839 millones. Sector servicios Si se analizan los datos por sectores productivos, la industria se situó a la cabeza en tasa de absentismo con una media del 8,18%, seguida por los servicios con un 7,62% y la construcción con un 6,25%. Sin embargo, los servicios concentraron el mayor impacto económico con 45.096,1 millones de euros (+13,12%). La industria supuso un coste de 11.087,9 millones (+16,21%) y la construcción, 2.924,6 millones (+11,04%). Así, en el conjunto nacional, el coste del absentismo asciende a 59.108,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,67% respecto al año anterior. Por divisiones de actividad, la tasa más elevada se dio en "Actividades postales y de correos" con un 13%. Le siguieron "Servicios de edificios y jardinería" (12,5%) y "Actividades de juego y apuestas" (12,2%). En el lado opuesto, las menores tasas se registraron en "Actividades relacionadas con el empleo", con un 3%, y en "Actividades jurídicas y de contabilidad", con un 3,7%. El director de The Adecco Group Institute, Carlos Arcas, ha señalado que el absentismo exige "mirar más allá de las bajas" al estar motivado por causas profundas como el envejecimiento de la población activa como "algo estructural y no coyuntural", el cuidado de la salud mental de manera reactiva y no preventiva, la saturación sanitaria que alarga los procesos, la exigencia física de ciertos sectores y una coordinación "insuficiente" entre sistema sanitario, mutuas y empresas. Asimismo, Arcas ha advertido de que esta tasa es fruto de una "interacción compleja" de factores, por lo que reducirla de forma sostenible para mejorar la productividad exigirá "un enfoque integral". Para el directivo, esto pasa necesariamente por incluir reformas en la gestión de los servicios públicos de salud, una mayor coordinación institucional y una apuesta decidida por la prevención y la salud laboral. LAS BAJAS POR SALUD MENTAL SE DUPLICAN EN CINCO AÑOS Por otro lado, la salud mental se consolida como uno de los grandes vectores del absentismo, siendo la segunda causa de baja por episodios y la primera por duración media. Estas bajas han crecido un 111% en cinco años. El informe advierte, además, de que las bajas por trastorno mental duran, de media, "entre dos y cuatro veces más que una baja por causa física", lo que provoca una mayor probabilidad de cronificación del proceso. El estudio destaca también el crecimiento del 'burnout' como fenómeno de estrés crónico, un problema que gana peso en un momento de transformación digital marcado por la implantación de la inteligencia artificial. Así, el informe apunta que la tecnología puede ayudar, pero también "generar nuevos factores de presión si se implanta sin acompañamiento, formación y una gestión adecuada del cambio". Asimismo, el documento alerta sobre el presentismo, donde el empleado acude a trabajar pero rinde por debajo de su capacidad por un problema físico o psicológico. En este sentido, el informe sitúa la prevención, la detección temprana, el acompañamiento en la reincorporación y la gestión de los riesgos psicosociales como elementos clave para abordar el fenómeno. LA TASA SE MANTIENE EN EL 7,6% EN EL INICIO DE 2026 Respecto a la evolución reciente, el estudio aporta un avance correspondiente al primer trimestre de 2026, donde las estimaciones sitúan la tasa previsible de absentismo en España de nuevo en el 7,6%. De esta forma, este indicador disminuiría 0,2 puntos respecto al trimestre anterior, pero aumentaría otros 0,2 puntos frente al mismo periodo del año anterior. Por último, el estudio recoge novedades legales como la Ley 2/2025, que elimina la extinción automática del contrato por incapacidad permanente y refuerza la necesidad de analizar cada caso desde la adaptación del puesto y la continuidad laboral. A esta medida se suma el Convenio INSS-Ingesa 2025-2028, orientado a reforzar el control y seguimiento de las bajas de incapacidad temporal ante los máximos históricos registrados.Los datos corresponden al XV Informe Adecco, que sitúa la tasa del primer trimestre de 2026 también en el 7,6%.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/09/shutterstock_283473578-1-p485135-m1513353-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-absentismo-laboral-alcanza-un-maximo-historico-del-76-en-2025https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/09/shutterstock_283473578-1-p485135-m1513353-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-absentismo-laboral-alcanza-un-maximo-historico-del-76-en-2025https://elderecho.com/el-absentismo-laboral-alcanza-un-maximo-historico-del-76-en-2025https://elderecho.com/el-absentismo-laboral-alcanza-un-maximo-historico-del-76-en-20252026-07-14 11:34:292026-07-14 11:34:29sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social485123Los asuntos ingresados en todas las jurisdicciones en los órganos de los veintiún partidos judiciales de la comunidad de Madrid en el ejercicio 2025 descendió un 5,3 por ciento debido, principalmente, a las novedades procesales introducidas con la aplicación de la denominada ‘Ley de Eficiencia’ (Ley Orgánica 1/2025); un significativo decremento que se registra tras una relevante secuencia de ejercicios en los que la tendencia fue siempre al alza, pero que puede significar un simple efecto coyuntural por la reforma. En términos totales, el departamento de Comunicación del Poder Judicial informa que se registraron en todas las unidades judiciales madrileñas 1.184.151 asuntos en todo 2025 frente a los 1.250.358 de 2024, lo que supone el citado decremento del 5,3 por ciento. Los asuntos resueltos, sin embargo, experimentaron un leve ascenso del 0,2%, pasando, en términos generales, de 1.123.270 a 1.125.798. Por su parte, los asuntos pendientes crecieron de forma significativa un 10,4 por ciento y subieron de 747.414 a 825.114.  Resumen actividad juzgados madrileños Como cada año, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, abordaba en su intervención los aspectos fundamentales de la Memoria en un encuentro mantenido en el salón de actos del propio tribunal ante los representantes de los medios de comunicación. Respecto de la implantación de la ‘ley de Eficiencia’, eje nuclear de la que ha sido su última intervención pública antes de tomar posesión como magistrado de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, el presidente del TSJM ha alertado de que la que es la reforma judicial más ambiciosa en décadas afronta un arranque marcado por los retrasos y problemas estructurales de gravedad. Así, ha señalado que muchos profesionales han optado temporalmente por retrasar la presentación de demandas mientras se consolidan los criterios interpretativos del nuevo requisito procesal. Además, ha llamado la atención de que el descenso de la litigiosidad antes indicado no puede considerarse todavía un indicador fiable de la eficacia por nuevo modelo. Por último, ha subrayado que con este nuevo marco normativo será necesario observar la evolución durante los próximos años para comprobar si la reducción responde realmente a una transformación estructural del sistema o únicamente a un efecto coyuntural derivado del proceso de implantación.  74 nuevas plazas de jueces para hacer frente al atasco Tras analizar la ‘ley de Eficiencia’, Rodríguez Padrón ha realizado una radiografía detallada de la situación de la Justicia en la Comunidad, que sirven casi 900 jueces. En ese sentido, ha recordado que el Ministerio del ramo ha creado 507 plazas judiciales, 74 de las cuales corresponde a la región, un número importante, con relación a ejercicios anteriores pero, aún insuficiente para paliar con eficacia el “histórico y endémico atasco judicial derivado de la falta de recursos”, ha dicho. Además del notable impacto de la nueva legislación, y de la lógica reclamación de más recursos humanos y materiales, y entre otras consideraciones sobre el estado de la administración de la justicia en la región, el presidente del TSJ de Madrid ha reflexionado acerca de asuntos de la actualidad y, en concreto, del reto que supone el traslado en los próximos años de todas las unidades judiciales de Madrid a la Ciudad de la Justicia, en Valdebebas, un proyecto estratégico que determinará el futuro de un servicio público tan esencial para la ciudadanía. El presidente del TSJ de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, en la que ha sido su última intervención pública antes de tomar posesión como nuevo magistrado de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, desgrana los aspectos más relevantes de la actividad judicial en los juzgados y tribunales de la región durante la presentación de la Memoria del Alto Tribunal Madrileño correspondiente a 2025.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/06/shutterstock_1930513847-1-p485123-m1513321-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjm-advierte-sobre-la-aplicacion-de-ley-de-eficiencia-y-el-descenso-de-asuntos-ingresados-en-la-comunidad-de-madrid-en-2025https://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/06/shutterstock_1930513847-1-p485123-m1513321-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjm-advierte-sobre-la-aplicacion-de-ley-de-eficiencia-y-el-descenso-de-asuntos-ingresados-en-la-comunidad-de-madrid-en-2025https://elderecho.com/el-tsjm-advierte-sobre-la-aplicacion-de-ley-de-eficiencia-y-el-descenso-de-asuntos-ingresados-en-la-comunidad-de-madrid-en-2025https://elderecho.com/el-tsjm-advierte-sobre-la-aplicacion-de-ley-de-eficiencia-y-el-descenso-de-asuntos-ingresados-en-la-comunidad-de-madrid-en-20252026-07-14 11:27:302026-07-14 11:27:30comentarios-de-jurisprudenciaCom. Jurisprudenciasector-juridicoSector jurídicoCom. Jurisprudencia,Sector jurídico485111El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha abierto una consulta con el fin de recabar opiniones de ciudadanos, organizaciones y asociaciones sobre la propuesta del Ejecutivo europeo de la Ley de Chips, según ha informado este martes el Departamento liderado por Óscar López en un comunicado. La 'Chips Act 2.0' de la Comisión Europea surge como respuesta a la necesidad de consolidar el peso europeo en el mercado de semiconductores avanzados. En concreto, pasa a formar parte del paquete de soberanía digital de la Unión Europea (UE), publicado el 3 de junio, cuyo objetivo es contribuir a una economía digital europea más competitiva, segura y resiliente. Ley de Chips original Si bien la Ley de Chips original marcó la primera respuesta coordinada de la UE a vulnerabilidades críticas en la cadena de suministro mundial de semiconductores, diversos análisis estratégicos de alto nivel --como el 'Informe de Competitividad Digital Europea', la comunicación sobre la política industrial y la evaluación del 'Chips Act 1.0'-- han identificado la necesidad de revisarla para abordar dos problemas clave. En primer lugar, Transformación Digital ha indicado que la UE sigue dependiendo de terceros países en ámbitos clave como el diseño y la fabricación de semiconductores. Además, el Gobierno ha explicado que es "necesario" seguir reforzando las capacidades de preparación ante crisis, pues la capacidad de producción de semiconductores en la UE es "limitada" y está geográficamente "muy concentrada". Para hacer frente a los retos descritos, la nueva Ley de Chips hace mayor hincapié en medidas que incrementen la demanda de semiconductores entre los países europeos y complementa el enfoque de la anterior norma, que se centraba fundamentalmente en la oferta. Impulsar producción e industrialización El texto que se somete a consulta introduce un conjunto de medidas dirigidas a impulsar la producción y la industrialización, fortalecer la investigación y la innovación, garantizar la seguridad del suministro y reforzar la resiliencia de la cadena de valor de los semiconductores en la Unión Europea. A nivel europeo, la Chips Act ha contribuido a movilizar más de 52.000 millones de euros en inversión pública y privada; ha creado unos 46.000 puestos de trabajo directos e indirectos y ha reforzado la capacidad de investigación e innovación de Europa en materia de semiconductores. España ha contribuido de forma significativa al desarrollo del ecosistema europeo de semiconductores mediante su participación en las líneas piloto europeas de fotónica integrada y chips cuánticos, impulsadas en el marco de la 'Chips Joint Undertaking'. Asimismo, esta aportación se ha consolidado a través de las inversiones de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) en proyectos estratégicos, entre los que destacan el futuro Centro de Desarrollo e Innovación en Microelectrónica que gestionará IMEC en Málaga, la ampliación de las actividades en España de Diamond Foundry para fabricar componentes de microchips, o la entrada en el capital de la empresa española de microelectrónica Openchip y en las compañías de fotónica Sparc y Attypic, entre otras. Estas iniciativas contribuyen a reforzar las capacidades industriales y tecnológicas europeas y consolidan la posición de España como un actor relevante en la cadena de valor de los semiconductores.Esta nueva propuesta pone el foco en reforzar la posición estratégica de la UE en la cadena de valor de los semiconductores.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/09/shutterstock_2262331365-1-p485111-m1513287-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-abre-a-consulta-publica-la-propuesta-europea-de-la-ley-de-chips-2-0https://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/09/shutterstock_2262331365-1-p485111-m1513287-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-abre-a-consulta-publica-la-propuesta-europea-de-la-ley-de-chips-2-0https://elderecho.com/el-gobierno-abre-a-consulta-publica-la-propuesta-europea-de-la-ley-de-chips-2-0https://elderecho.com/el-gobierno-abre-a-consulta-publica-la-propuesta-europea-de-la-ley-de-chips-2-02026-07-14 11:11:012026-07-14 11:11:01sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485097El Colegio de Abogados de Granada conmemora el Día de la Justicia Gratuita, que se celebra cada 12 de julio, y lo hace advirtiendo del desgaste que está sufriendo la abogacía de oficio en los últimos años: desde 2020, el número de letrados que prestan al servicio en la provincia ha caído más de un 10%, con 944 colegiados adscritos al Turno de Oficio y 867 a Asistencia Letrada a cierre de 2025. En concreto, en el último lustro, este colectivo ha pasado de representar el 39% de los colegiados ejercientes al 34% y, de seguir esta tendencia a la baja, podría reducirse al 30% en 2030. “No sólo hablamos de la pérdida de algo más de un centenar de letrados en el Turno de Oficio y otros tantos en Asistencia Letrada en sólo 5 años, sino que esto provoca que el resto de compañeros tenga que afrontar una mayor carga de trabajo, aumentando aún más la presión sobre la abogacía de oficio”, ha señalado el decano de la Corporación, Leandro Cabrera. De hecho, de acuerdo con las estimaciones del Consejo General de la Abogacía Española, en Andalucía, la ratio anual de asuntos asumidos por cada letrado pasará del actual 25,5 a 39,4 casos en lo que queda de década. Las bajas remuneraciones que perciben estos profesionales, sumadas a la elevada dedicación y exigente capacitación, son las causas que hay detrás de unas preocupantes cifras, ya que afectan a un servicio dirigido a garantizar la tutela judicial efectiva de la ciudadanía en condiciones de igualdad. Por ello, el máximo representante de la Abogacía granadina ha insistido en la necesidad de seguir mejorando de forma periódica las retribuciones que perciben estos letrados y las condiciones en las que desarrollan su actividad para asegurar la sostenibilidad del servicio. “La abogacía de oficio no es un voluntariado, es un trabajo que realizan los compañeros y ese trabajo tiene que ser remunerado y, por eso, hoy es un día de reivindicación”, ha indicado Cabrera durante el acto, desarrollado en la Plaza del Carmen, donde se ha presentado la campaña ‘Mismos derechos, mismos profesionales’, puesta en marcha con la colaboración del Ayuntamiento de Granada, contando por ello con la presencia de representantes municipales de diferentes partidos políticos -Rosario Pallarés, del PP, y Beatriz Sánchez y Mónica Rodríguez, de Vox-. La Justicia Pública en datos Por su parte, el diputado y miembro de la Comisión de AJG del Colegio, Pablo Argente, también ha esbozado algunas de las cifras más destacadas del último balance anual. En este sentido, los letrados granadinos atendieron durante 2025 un total de 48.253 asuntos de Turno de Oficio y Asistencia Letrada, es decir, más de 130 asuntos al día. Por jurisdicciones, Penal sigue siendo el orden más demandado, con el 69% de los asuntos del Turno, seguido de Civil (20%), Contencioso (8%) y Social (3%). En cuanto a los importes destinados al servicio por parte de la Junta de Andalucía, la Justicia Gratuita en Granada supuso el pasado ejercicio una inversión de más de 6 millones de euros, repartidos en los 4,1 millones para el Turno de Oficio, 1,3 para Asistencia Letrada y algo más de medio millón para gastos de infraestructuras. No obstante, pese a las recientes mejoras introducidas en los baremos por la Consejería de Justicia, la inversión media por ciudadano en Andalucía sigue estando en 5,5 euros, por debajo de la media nacional, situada en 7,25 euros. “La Ley de Justicia Gratuita es una ley del año 1996, es una ley que se ha quedado obsoleta, que precisa de reformas estructurales profundas que actualicen la situación real y actual de la justicia y entendemos que aún hay mucho que reivindicar”, ha asegurado Argente, acompañado en el acto por la presidenta y vicepresidenta del Grupo de Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita del Colegio, Rocío Jiménez, Eva Fernández Pando y María Jesús Ruiz Monge, respectivamente, así como el vicedecano del Colegio, Antonio Mir. VII Premios Dignidad y Compromiso Junto a la presentación de los datos, los actos conmemorativos por el Día de la Justicia Gratuita también han incluido la entrega de los VII Premios Dignidad y Compromiso, unos galardones otorgados por el Grupo de Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita con el objetivo de destacar el trabajo de un colectivo que garantiza -24 horas al día, 365 días al año- el derecho de defensa de quienes no disponen de recursos económicos suficientes. En esta edición, la Junta Directiva ha distinguido a los letrados Pedro Ruiz Guerrero, Luis Eduardo Gómez Quesada, Margarita Manzano Enríquez de Luna y Ana María Prieto Hermoso, por ser los que más años llevan prestando sus servicios en el Turno de Oficio, “en reconocimiento a su dedicación y permanencia en este servicio esencial para el ciudadano”, según ha comentado Jiménez. Más información: XX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita en EspañaLa abogacía de oficio atendió en 2025 un total de 48.253 asuntos, lo que equivale a más de 130 asuntos al día en la provincia de Granada.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Dia-AJG-1-scaled-p485097-m1513253-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-abogacia-granadina-reclama-mejoras-en-justicia-gratuita-para-garantizar-la-sostenibilidad-del-serviciohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Dia-AJG-1-scaled-p485097-m1513253-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-abogacia-granadina-reclama-mejoras-en-justicia-gratuita-para-garantizar-la-sostenibilidad-del-serviciohttps://elderecho.com/la-abogacia-granadina-reclama-mejoras-en-justicia-gratuita-para-garantizar-la-sostenibilidad-del-serviciohttps://elderecho.com/la-abogacia-granadina-reclama-mejoras-en-justicia-gratuita-para-garantizar-la-sostenibilidad-del-servicio2026-07-13 13:02:012026-07-13 13:02:01sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485085El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente un recurso contencioso-administrativo interpuesto por Sacyr contra el cálculo que hizo el Gobierno de las indemnizaciones que tiene que pagar el Estado por el rescate de dos de las nueve autopistas que se construyeron bajo el Gobierno de José María Aznar, en pleno 'boom' económico, y que posteriormente quebraron con la crisis financiera y el Ejecutivo de Mariano Rajoy tuvo que rescatar. En una sentencia fechada el 2 de junio y de acuerdo a la información facilitada por Europa Press, el Alto Tribunal vuelve a apoyarse en la misma jurisprudencia que ya ha usado en muchas otra sentencias anteriores respecto a este tema y urge al Gobierno actual a recalcular las indemnizaciones para pagar cuanto antes a las concesionarias por las inversiones que hicieron y que ahora pertenecen al Estado. Anula, en concreto, la resolución complementaria que aprobó el Consejo de Ministros el 27 de diciembre de 2023 para liquidar la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) tras la quiebra y rescate de las autopistas de peaje radiales R-3 y R-5 de Madrid, así como de un tramo de la M-50, que establecía un pago de 570 millones de euros a la concesionaria. Este era el segundo cálculo que el Gobierno realizó y ya aumentaba en 451 millones de euros lo calculado con anterioridad, tras aplicar unas sentencias previas del Supremo en las que anulaba la fórmula inicial aplicada por no ajustarse a derecho. El Supremo reprocha al Ejecutivo que el proceso para determinar esta responsabilidad ha sufrido ya una demora "más que prudente", llevando más de diez años para finiquitar el contrato, por lo que le insta dictar ya la liquidación definitiva "sin necesidad de más demora". Fondos de titulación Cabe recordar que Sacyr ya no gestiona la infraestructura --está en manos de la sociedad pública SEITT-- y que la deuda financiera de la quiebra fue adquirida por fondos de titulación, personados también en la causa, por lo que la RPA no va destinada directamente a la empresa. Pese a ello, el Supremo ratifica que las constructoras mantienen un interés legítimo suficiente para impugnar el cálculo, ya que el proceso no busca reclamar la deuda originaria, sino determinar de forma correcta y legal la cuantificación de dicha responsabilidad patrimonial. La R-3 y la R-5 forman parte de una única concesión que fue adjudicada en 1999 a un consorcio de ACS, OHLA, Sacyr y FCC para un periodo de 50 años; entró en operación en 2004, pero en 2012 entró en concurso de acreedores y fondos como TDA, Bothar y Kommunalkredit se quedaron con la deuda para cobrar las futuras indemnizaciones del Estado. Hasta la fecha, el rescate de las nueve autopistas ya ha supuesto un pago por parte del Estado de 1.684 millones de euros, aunque se trata de un coste provisional, puesto que la mayoría de las autopistas todavía se encuentran en la fase de la segunda resolución. De esta forma, por la R-4 se han pagado 134 millones de euros; por la A-36, 319; por la A-41, 41 millones, por la AP-7 Cartagena-Vera, 278; por la AP-7 Alicante, 307; y por la M-12, 46; mientras que por la R-2 el coste provisional es de cero euros.Anula de nuevo la liquidación de las radiales R-3 y R-5 ante un recurso de la constructora.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/05/shutterstock_447002842-1-p485085-m1513219-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-da-la-razon-a-sacyr-por-una-autopista-rescatada-y-urge-al-gobierno-a-pagar-indemnizacioneshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/05/shutterstock_447002842-1-p485085-m1513219-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-da-la-razon-a-sacyr-por-una-autopista-rescatada-y-urge-al-gobierno-a-pagar-indemnizacioneshttps://elderecho.com/el-supremo-da-la-razon-a-sacyr-por-una-autopista-rescatada-y-urge-al-gobierno-a-pagar-indemnizacioneshttps://elderecho.com/el-supremo-da-la-razon-a-sacyr-por-una-autopista-rescatada-y-urge-al-gobierno-a-pagar-indemnizaciones2026-07-13 12:20:572026-07-13 12:20:57administrativoAdministrativo1Administrativo485072La presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España (CGCOITAE), Carlos Gutiérrez Alameda, han suscrito un convenio de colaboración que permitirá a los más de 15.000 ingenieros técnicos agrícolas colegiados integrados en el CGCOITAE, legitimar online sus firmas electrónicas, ante el notario que elijan, en la Sede Electrónica Notarial, dotada de las mayores medidas de seguridad, así como intercambiar la información y documentación que precisen en el desempeño de sus funciones. Los ingenieros técnicos agrícolas son profesionales que desarrollan su actividad en la planificación y dirección de explotaciones agrarias, las industrias agroalimentarias, el regadío, la sanidad vegetal, la mecanización agrícola, la ordenación del medio rural y la protección del medio ambiente. En situaciones de emergencia, como incendios, inundaciones o fenómenos meteorológicos extremos, su intervención resulta esencial para evaluar daños en explotaciones e infraestructuras agrarias, emitir informes y certificaciones técnicas o dirigir actuaciones de reparación y recuperación. Documentos técnicos La posibilidad de legitimar notarialmente su firma electrónica en la Sede Electrónica Notarial permitirá a los ingenieros técnicos agrícolas acreditar con plenas garantías la autoría de sus documentos técnicos, agilizar su tramitación y contribuir a simplificar procedimientos administrativos en beneficio de la ciudadanía. Para la verificación de la firma electrónica será necesario que los ingenieros técnicos agrícolas se registren en la Sede Electrónica Notarial, dándose de alta como usuarios en el Portal Notarial del Ciudadano (https://www.portalnotarial.es/). El CGCOITAE dispondrá de un espacio específico que permitirá al notario verificar la autenticidad de la firma, su pertenencia al firmante y su condición de colegiado ejerciente. Durante la firma, la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, destacó que “este convenio es un ejemplo de cómo la tecnología y la cooperación institucional pueden ponerse al servicio de la ciudadanía y se integra, además, en el Plan Notarial de Emergencias, una iniciativa con la que el Notariado quiere reforzar su capacidad de respuesta y colaboración en situaciones críticas”. Por su parte, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, Carlos Gutiérrez Alameda, ha señalado: "Nuestro trabajo está al servicio de agricultores, empresas, administraciones y ciudadanos. Este convenio nos permitirá prestar un mejor servicio, agilizando la tramitación administrativa de numerosos proyectos y reduciendo tiempos en procedimientos que requieren seguridad jurídica. Además, responde a una demanda cada vez más extendida de simplificar trámites sin renunciar a las máximas garantías. Ese es el verdadero valor de este acuerdo". Este convenio forma parte de los acuerdos que el Consejo General del Notariado está impulsando en el marco de su Plan Notarial de Emergencias, concebido como un instrumento para reforzar la coordinación entre el Consejo General del Notariado, los Colegios Notariales, el Centro Tecnológico del Notariado y otros operadores e instituciones. El Plan nace de la experiencia adquirida por el Notariado español en la atención a la ciudadanía durante emergencias como la erupción del volcán de La Palma y la DANA y persigue facilitar una respuesta ágil y eficaz en situaciones críticas mediante el establecimiento de mecanismos de colaboración e intercambio de información con entidades cuyas actuaciones resultan esenciales para la protección de las personas y la recuperación de la normalidad. El convenio contempla, además, la recopilación y el tratamiento de datos obtenidos para las Administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias; la participación de ambas profesiones en actividades conjuntas, reuniones y grupos de trabajo; así como la organización de jornadas y la difusión de iniciativas y materiales elaborados conjuntamente.El acuerdo se enmarca en el Plan Notarial de Emergencias impulsado por el Consejo General del Notariado para reforzar la colaboración con instituciones y corporaciones cuya actuación resulta esencial en situaciones de emergencia.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/10/shutterstock_2258476077-1-p485072-m1513184-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/convenio-entre-el-notariado-y-los-ingenieros-tecnicos-agricolas-para-la-legitimacion-notarial-online-de-sus-firmas-electronicashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/10/shutterstock_2258476077-1-p485072-m1513184-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/convenio-entre-el-notariado-y-los-ingenieros-tecnicos-agricolas-para-la-legitimacion-notarial-online-de-sus-firmas-electronicashttps://elderecho.com/convenio-entre-el-notariado-y-los-ingenieros-tecnicos-agricolas-para-la-legitimacion-notarial-online-de-sus-firmas-electronicashttps://elderecho.com/convenio-entre-el-notariado-y-los-ingenieros-tecnicos-agricolas-para-la-legitimacion-notarial-online-de-sus-firmas-electronicas2026-07-13 12:07:382026-07-13 12:07:38administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico