https://elderecho.com/feedes483988Pérez-Llorca anunciaba esta semana el inicio de sus operaciones en Abu Dabi, culminando así una de las principales iniciativas de su estrategia de crecimiento internacional para 2026. La apertura refuerza el compromiso del Despacho con Oriente Medio, una región clave para la inversión global, y se integra en una hoja de ruta internacional que este año también incluye la entrada en Perú. Ubicada en ADGM, el centro financiero internacional de Abu Dabi, la nueva oficina permitirá a Pérez-Llorca fortalecer su relación con los principales actores financieros de Oriente Medio y acompañar sus inversiones en los mercados donde la firma desarrolla su actividad trabajando en colaboración con los equipos de Pérez-Llorca en España, Portugal, México, Colombia y Perú, así como con la práctica del África lusófona coordinada desde Lisboa y los profesionales de Londres, Nueva York, Bruselas y Singapur. La oficina está liderada por Gonçalo Capela Godinho, socio con cerca de 25 años de carrera internacional, incluidos varios años en Latinoamérica y Nueva York, con una amplia experiencia en transacciones complejas y transfronterizas, y que ha jugado un papel determinante en la creación y rápida consolidación de la oficina de Lisboa de Pérez-Llorca. Para Capela Godinho, “Abu Dabi se ha consolidado como uno de los principales centros financieros internacionales y como un punto de encuentro para algunos de los inversores institucionales más relevantes del mundo. Nuestra presencia en la región nos permitirá fortalecer las relaciones con nuestros clientes actuales y acompañar más de cerca a los inversores que están impulsando algunas de las operaciones más relevantes a escala global”. Arvind Ramamurthy, Chief Market Development Officer de ADGM, ha afirmado: “La decisión de Pérez-Llorca de establecerse en Abu Dabi refleja la creciente importancia del Golfo en la inversión y la actividad comercial internacionales. A medida que el capital adquiere una dimensión cada vez más global, aumenta la demanda de asesoramiento jurídico y estratégico sofisticado. La presencia del Despacho refuerza aún más la amplitud y profundidad de los servicios profesionales disponibles en ADGM y consolida el papel de Abu Dabi como plataforma para la inversión y la actividad comercial internacionales”. Apuesta por la región La puesta en marcha de la oficina se produce en un contexto geopolítico complejo para la región. No obstante, Pérez-Llorca mantiene una visión a largo plazo sobre Oriente Medio y considera que los fundamentos económicos que han impulsado el crecimiento y la atracción de inversión internacional en el Golfo permanecen intactos. Desde el anuncio de la apertura, el Despacho ha reiterado que el proyecto formaba parte de una estrategia estructural y no coyuntural, basada en la proximidad a los principales centros de inversión internacional y en la capacidad de acompañar a sus clientes allí donde se generan nuevas oportunidades de negocio. En este sentido, durante las últimas décadas, los fondos soberanos y los grandes inversores institucionales del Golfo han incrementado significativamente su presencia en operaciones internacionales, convirtiéndose en actores clave en sectores como infraestructuras, energía, tecnología, salud, inmobiliario y transición energética. “Los ciclos geopolíticos forman parte de la realidad de cualquier mercado internacional. Nuestra decisión de establecernos en Abu Dabi responde a una visión de largo plazo y a la convicción de que la región seguirá desempeñando un papel cada vez más relevante en los flujos globales de inversión. Seguimos plenamente comprometidos con la región y con acompañar a nuestros clientes desde una perspectiva internacional”, ha destacado Pedro Pérez-Llorca, Socio Director del Despacho. Consolidación del proyecto internacional del Despacho Con el inicio de las operaciones de Pérez-Llorca en el ADGM, el Despacho da un paso más en la consolidación de su proyecto internacional. Esta oficina se suma al acuerdo de integración de Pérez-Llorca con Miranda Amado, firma peruana de primer nivel, operación anunciada en mayo y que se prevé cerrar en las próximas semanas una vez sea aprobada por los órganos de gobierno de ambos despachos. Iván Delgado, Socio Ejecutivo Internacional de Pérez-Llorca, subraya: “La puesta en marcha de nuestra oficina en el ADGM y la próxima integración con Miranda Amado en Perú son hitos complementarios dentro de un mismo proyecto internacional. Queremos estar presentes tanto en los mercados que generan capital como en aquellos que ofrecen oportunidades de inversión y crecimiento. Abu Dabi y Lima refuerzan nuestra capacidad para conectar inversores internacionales con proyectos estratégicos en Europa y Latinoamérica, consolidando una plataforma única en el ámbito iberoamericano”. Con Abu Dabi y Lima como nuevos polos de crecimiento, Pérez-Llorca avanza en la construcción de una plataforma iberoamericana capaz de conectar capital, talento jurídico y oportunidades de inversión en mercados estratégicos, reforzando su capacidad para acompañar a clientes e inversores en operaciones transfronterizas de alta complejidad.La apertura de la oficina en Abu Dabi, dirigida por Gonçalo Capela Godinho, refuerza el compromiso del Despacho con la región del Golfo, la confianza en las perspectivas a largo plazo de la región y es una apuesta decidida por el ecosistema empresarial localhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Goncalo-Capela-Godinho_Perez-Llorca-p483988-m1509855-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/perez-llorca-inicia-sus-operaciones-en-abu-dabi-y-refuerza-su-compromiso-estrategico-con-oriente-mediohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Goncalo-Capela-Godinho_Perez-Llorca-p483988-m1509855-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/perez-llorca-inicia-sus-operaciones-en-abu-dabi-y-refuerza-su-compromiso-estrategico-con-oriente-mediohttps://elderecho.com/perez-llorca-inicia-sus-operaciones-en-abu-dabi-y-refuerza-su-compromiso-estrategico-con-oriente-mediohttps://elderecho.com/perez-llorca-inicia-sus-operaciones-en-abu-dabi-y-refuerza-su-compromiso-estrategico-con-oriente-medio2026-06-25 13:34:502026-06-25 13:34:50sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483976La Fiscalía de Granada solicita tres años y medio de prisión para un hombre acusado de quedarse con más de 300.000 euros de aportaciones que le hicieron varios inversores bajo el convencimiento de que era experto en operaciones financieras. El asunto será juzgado en la Audiencia Provincial. Este falso 'broker' hizo creer presuntamente a sus víctimas que era experto en inversiones bursátiles de futuro y operaciones financieras; y supuestamente les convenció para concertar contratos de inversión de capital previa aportación de determinadas cantidades de dinero. Contratos engañosos  De acuerdo a la información facilitada por Europa Press  la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso , las condiciones de estos contratos eran "engañosas", tanto en lo referente a los intereses a remunerar como en la garantía de devolución de capital. Así, seis personas le ingresaron entre 2019 y 2021 un total de 322.705 euros, con aportaciones que oscilaron entre los 22.705 euros y los cien mil según el caso. Tras la celebración del contrato, estos inversores únicamente recibieron mensajes semanales de Whatsapp en los que se constataba cómo la inversión iba creciendo, lo que les dio tranquilidad. No obstante, pasado un tiempo, cuando solicitaron la devolución de la inversión el acusado no lo hizo, a pesar de los numerosos requerimientos que tuvo por este motivo. De hecho, para ganar tiempo y justificar el retraso en el pago, presuntamente alegó un bloqueo de la cuenta operativa de la inversión por parte de la entidad bancaria por orden judicial a instancias de la Agencia Tributaria. La Fiscalía le acusa de manipular un documento bancario para respaldar sus afirmaciones y una cédula de citación que le habían enviado por otro asunto y que también remitió a los inversores para justificar la ausencia de pago. Finalmente, las víctimas ni recuperaron el capital invertido ni los intereses acordados, puesto que presuntamente el falso 'broker' se quedó con todo el dinero desde un principio. La Fiscalía pide que sea condenado a tres años y medio de prisión y a una multa de 1.980 euros. La Fiscalía pide que sea condenado a tres años y medio de prisión y a una multa de 1.980 euroshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/03/shutterstock_2508117083-1-p483976-m1509818-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-fiscalia-de-granada-solicita-carcel-para-un-falso-broker-acusado-de-quedarse-con-mas-de-300-000-euros-de-inversoreshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/03/shutterstock_2508117083-1-p483976-m1509818-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-fiscalia-de-granada-solicita-carcel-para-un-falso-broker-acusado-de-quedarse-con-mas-de-300-000-euros-de-inversoreshttps://elderecho.com/la-fiscalia-de-granada-solicita-carcel-para-un-falso-broker-acusado-de-quedarse-con-mas-de-300-000-euros-de-inversoreshttps://elderecho.com/la-fiscalia-de-granada-solicita-carcel-para-un-falso-broker-acusado-de-quedarse-con-mas-de-300-000-euros-de-inversores2026-06-25 13:20:292026-06-25 13:20:29penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico483960Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal y OpenHR+, plataforma de gestión de personas que combina tecnología, consultoría estratégica y datos fiables en un único ecosistema, han anunciado la firma de un acuerdo de colaboración con el objetivo de ayudar a las organizaciones a integrar de forma más eficiente la gestión jurídico-laboral y la gestión estratégica del talento. La alianza responde a una realidad que enfrentan las empresas cada vez con mayor frecuencia y que está relacionada con la necesidad de abordar de manera coordinada el cumplimiento normativo y la gestión de las personas. A día de hoy, el entorno laboral no deja de evolucionar y los departamentos de Recursos Humanos necesitan herramientas para tomar decisiones con seguridad jurídica, sin renunciar a su visión estratégica para conseguir el desarrollo del talento de las personas. En este contexto Lefebvre aporta su experiencia en contenido jurídico especializado y soluciones de IA mientras que OpenHR+, transforma la gestión de personas combinando tecnología, consultoría estratégica, dato único y una visión integral del Employee Journey para ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones sobre el talento. Como parte de esta colaboración, los clientes de OpenHR+ podrán acceder temporalmente a GenIA-L, la solución de inteligencia artificial de Lefebvre diseñada para facilitar el acceso a información jurídica y apoyar la resolución de consultas en el ámbito laboral y de gestión de personas, de una manera más ágil y eficiente. Además, OpenHR+ ofrece la guía práctica “Convierte tu Nine Box en decisiones reales”. Esta metodología está orientada a la identificación del talento, la detección de posibles riesgos de fuga y el apoyo a la toma de decisiones estratégicas relacionadas con los equipos profesionales. La colaboración entre Lefebvre y OpenHR+ es un paso más hacia un modelo de gestión empresarial en que el cumplimiento normativo y el desarrollo de las personas avanzan de manera integrada para conseguir organizaciones más eficientes, seguras y competitivas. Ambas compañías refuerzan su compromiso con la innovación y la transformación en el área de Recurso Humanos proporcionando una propuesta de valor que combina conocimiento jurídico, tecnología avanzada e IA aplicada a la gestión del talento.El acuerdo favorece que se puedan afrontar con mayores garantías los retos a los que se enfrentan los departamentos de Recursos Humanos. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/acuerdo-open-p483960-m1509781-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-y-openhr-firman-una-alianza-estrategica-para-integrar-la-seguridad-juridica-y-la-gestion-del-talentohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/acuerdo-open-p483960-m1509781-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-y-openhr-firman-una-alianza-estrategica-para-integrar-la-seguridad-juridica-y-la-gestion-del-talentohttps://elderecho.com/lefebvre-y-openhr-firman-una-alianza-estrategica-para-integrar-la-seguridad-juridica-y-la-gestion-del-talentohttps://elderecho.com/lefebvre-y-openhr-firman-una-alianza-estrategica-para-integrar-la-seguridad-juridica-y-la-gestion-del-talento2026-06-24 17:15:232026-06-24 17:15:23sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483945Los presidentes del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, del Consejo General de Procuradores de España, Alberto García, y del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán, se han reunido el miércoles 24 de junio con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, para abordar las preocupaciones de los profesionales de la justicia y los problemas detectados en la implantación de los Tribunales de Instancia de la Ley Orgánica 1/2025, seis meses después de su entrada en funcionamiento. González, García y Merchán reclaman una "solución urgente" a la falta de atención e interlocución que sufren a diario los profesionales de la abogacía en los órganos judiciales, en el ejercicio de su profesión. "La constitución inmediata de la Comisión de Calidad prevista en la ley, no puede demorarse más, porque es el instrumento previsto en la ley para detectar incidencias, medir resultados y adoptar soluciones. La Abogacía seguirá colaborando con todas las instituciones para que esta reforma alcance los objetivos para los que fue concebida, pero es imprescindible actuar ya sobre las numerosas y graves deficiencias que estamos constatando en todo el territorio", ha destacado Salvador González. La Ley Orgánica 1/2025 La Ley ha supuesto la mayor reorganización de la Justicia española en décadas, sustituyendo cerca de 3.900 juzgados unipersonales por 431 Tribunales de Instancia, implantados de forma progresiva durante 2025. Paralelamente, en abril de 2025 entraron en vigor los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito previo para numerosos procedimientos judiciales. Seis meses después de la primera fase de implantación, las tres profesiones jurídicas consideran necesario realizar una evaluación rigurosa del funcionamiento real del nuevo sistema basado en la experiencia de los miles de profesionales que trabajan en este sector, como son los abogados, los procuradores y los graduados sociales. Informe de la Abogacía La información procede de un informe del Consejo General de la Abogacía Española elaborado a partir de las aportaciones de los Consejos Autonómicos y de los Colegios de la Abogacía de todo el territorio nacional, que constatan mejoras, pero también importantes incidencias en la implantación del nuevo modelo organizativo, según inciden. Asimismo, las conclusiones destacan la disparidad de criterios en la aplicación de los MASC que genera inseguridad jurídica; graves dificultades de comunicación con los órganos judiciales; y retrasos especialmente preocupantes en la ejecución de las resoluciones judiciales. Aunque el informe identifica algunas experiencias positivas en determinados territorios, el balance general evidencia, según ha destacado la Abogacía el nuevo modelo aún no dispone de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos perseguidos por la reforma. "Abogacía siempre ha respaldado las reformas que mejoran el funcionamiento de la Justicia, pero una transformación de esta magnitud debe ir acompañada de medios suficientes, planificación, coordinación y una evaluación permanente. Nuestro compromiso es trasladar los problemas que están encontrando los profesionales de la abogacía para que puedan corregirse cuanto antes. Mejorar las condiciones en las que ejercen implica también garantizar una mejor tutela judicial para la ciudadanía", ha dicho González. Tras las conclusiones del informe, Abogacía Española propone una serie de mejoras encaminadas a paliar los problemas actuales en relación con los Tribunales de Instancia, que se suman a las otras dos compartidas también por los otros dos Consejos Generales sobre la Comisión y el trato a los profesionales. Dispersión de redes Uno de ellos afecta a algo tan fundamental como la organización interna y la unificación de criterios. En este sentido Abogacía exige que cualquier futura reorganización vaya precedida de planes de formación del personal y se ordene conforme a criterios de especialización técnica, que se unifiquen los criterios y prácticas procesales para reducir la disparidad detectada y reforzar la seguridad jurídica, además de dotar de las anunciadas plazas judiciales y del resto de plantillas. Por ello, la institución solicita un plan para reducir la dispersión de sedes y adaptar definitivamente las instalaciones a las características del nuevo modelo organizativo. Sobre la digitalización, se recomienda que se dote a todos los territorios de sistemas estables e interoperables, garantizar que el expediente sea accesible para todas las partes en igualdad de condiciones, por todas las partes, y asegurar la operatividad real de las salas. Respecto a los MASC, se insta a la revisión del requisito de procedibilidad de estos métodos para acreditar el intento de acuerdo, la aprobación de un módulo retributivo específico al letrado de oficio y garantizar el pago puntual de todas las actuaciones del turno, incluidas las derivadas de estos mecanismos, y evitar que los costes asociados al MASC recaigan sobre los beneficiarios de la justicia gratuita. El secretario de Estado ha mostrado su voluntad de abordar la solución de los problemas implantados y mantener un diálogo más intenso con los Consejos Profesionales. Se ha convocado una nueva reunión para el próximo 29 de julio.Los presidentes de los tres Consejos Generales consideran imprescindible la constitución inmediata de la Comisión Mixta de Calidad, prevista en la propia Ley, como primer paso para evaluar el funcionamiento de la reforma.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/fotonoticia_20260624145417_1920-p483945-m1509740-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-procura-y-graduados-sociales-trasladan-a-justicia-los-problemas-de-implantacion-de-los-tribunales-de-instanciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/fotonoticia_20260624145417_1920-p483945-m1509740-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-procura-y-graduados-sociales-trasladan-a-justicia-los-problemas-de-implantacion-de-los-tribunales-de-instanciahttps://elderecho.com/abogacia-procura-y-graduados-sociales-trasladan-a-justicia-los-problemas-de-implantacion-de-los-tribunales-de-instanciahttps://elderecho.com/abogacia-procura-y-graduados-sociales-trasladan-a-justicia-los-problemas-de-implantacion-de-los-tribunales-de-instancia2026-06-24 15:58:422026-06-24 15:58:42sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483906Aunque la documentación pública está disponible en las webs municipales y sedes electrónicas, localizar una respuesta concreta continúa siendo una tarea compleja para muchos usuarios. Encontrar información sobre una licencia de actividad, los requisitos para instalar una terraza, las normas de uso de una playa o las ayudas municipales disponibles suele implicar navegar entre múltiples apartados, consultar documentos extensos y enfrentarse a un lenguaje administrativo poco accesible para gran parte de la población. En este contexto, la inteligencia artificial conversacional comienza a consolidarse como una herramienta capaz de transformar la relación entre los ciudadanos y las administraciones locales. “La digitalización no puede limitarse a publicar información en internet. El verdadero reto consiste en que cualquier persona sea capaz de encontrarla, comprenderla y utilizarla independientemente de su edad, idioma o nivel de conocimiento administrativo”, señala Gaspar Palmer, CEO de OpenKM.   DE BUSCAR DOCUMENTOS A OBTENER RESPUESTAS La principal aportación de estos sistemas consiste en sustituir los modelos tradicionales de búsqueda por una experiencia conversacional. En lugar de obligar al ciudadano a conocer la terminología administrativa o la estructura interna de una web municipal, la tecnología permite formular preguntas de manera natural, como si se estuviera hablando con un empleado público. Consultas como ‘¿Qué documentación necesito para abrir una terraza?’, ‘¿Puedo hacer una barbacoa en esta playa?’ o ‘¿Cómo solicito una ayuda para rehabilitar mi vivienda?’ pueden resolverse mediante respuestas directas elaboradas a partir de la documentación oficial del propio ayuntamiento. Este cambio resulta especialmente relevante en un momento en el que las administraciones buscan mejorar la experiencia digital de los ciudadanos sin incrementar los recursos destinados a la atención presencial o telefónica.   UNA HERRAMIENTA ÚTIL PARA RESIDENTES Y TURISTAS La capacidad multilingüe es otro de los factores que está impulsando el interés por este tipo de soluciones. En municipios turísticos, una parte importante de las consultas proviene de visitantes extranjeros que desconocen la normativa local y encuentran dificultades para acceder a la información disponible. La posibilidad de realizar preguntas en distintos idiomas y recibir respuestas en la misma lengua facilita el acceso a información relevante sobre movilidad, uso del espacio público, actividades permitidas, servicios municipales o requisitos administrativos. “Muchas de las consultas que recibe una administración son sencillas, pero requieren tiempo y recursos para ser atendidas. Si conseguimos que la información pública sea comprensible y accesible desde el primer momento, mejoramos la experiencia de los ciudadanos y liberamos capacidad para que los empleados públicos puedan centrarse en tareas de mayor valor añadido”, explica Gaspar Palmer.   MENOS BARRERAS Y MAYOR INCLUSIÓN DIGITAL Más allá de la eficiencia administrativa, los expertos destacan el potencial de estas tecnologías para reducir algunas de las barreras que todavía existen en el acceso a los servicios públicos. Personas mayores, ciudadanos con escasas competencias digitales, residentes extranjeros o habitantes de municipios rurales pueden encontrar dificultades para localizar e interpretar información administrativa compleja. La utilización de lenguaje natural elimina parte de estas barreras al permitir que la interacción con la administración se produzca de forma más intuitiva y cercana. Además, la posibilidad de acceder a la información las 24 horas del día desde cualquier dispositivo contribuye a ampliar la accesibilidad de los servicios públicos sin necesidad de desplazamientos ni limitaciones horarias.   TRANSPARENCIA Y CONFIANZA EN LA INFORMACIÓN Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva generación de herramientas es que las respuestas no se basan en información genérica, sino en documentación oficial previamente validada por la propia administración. Tecnologías como Smart Search, una solución de inteligencia artificial conversacional diseñada por OpenKm para que cualquier ciudadano pueda consultar documentación municipal utilizando lenguaje natural y recibir respuestas precisas, contextualizadas y fundamentadas en los documentos oficiales de la propia administración, permiten fundamentar cada respuesta en ordenanzas, reglamentos, expedientes o documentos públicos, ofreciendo además acceso directo a la fuente original para su verificación. Este enfoque no solo mejora la precisión de las respuestas, sino que refuerza la transparencia y la confianza de los ciudadanos en la información recibida.   UNA ADMINISTRACIÓN MÁS COMPRENSIBLE La creciente incorporación de inteligencia artificial en las administraciones públicas apunta hacia un cambio de paradigma: pasar de modelos centrados en los procedimientos a modelos centrados en las personas. En este escenario, el éxito de la transformación digital ya no se medirá únicamente por el número de trámites disponibles en línea, sino por la capacidad de las administraciones para ofrecer información comprensible, accesible y útil para todos los ciudadanos. “El futuro de la administración pasa por hablar el lenguaje de las personas. Cuando un ciudadano puede obtener una respuesta clara a una pregunta sencilla, la tecnología deja de ser una barrera y se convierte en una herramienta de servicio público”, concluye el CEO de OpenKM. [ledShortcodes shortcodeId="442941" label="Memento Social 2025 - 442941"]La digitalización de las administraciones públicas ha permitido que miles de trámites, ordenanzas y procedimientos estén hoy disponibles a través de internet. OpenKM destaca que ciudadanos y turistas pueden consultar normativas, trámites y servicios públicos en su propio idioma mediante lenguaje natural, mejorando la experiencia de usuario y reduciendo las consultas administrativashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/OpenKM_Hombre-rodeado-de-papeles-scaled-p483906-m1509704-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ia-redefine-el-acceso-a-la-informacion-municipal-preguntar-en-lugar-de-buscarhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/OpenKM_Hombre-rodeado-de-papeles-scaled-p483906-m1509704-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ia-redefine-el-acceso-a-la-informacion-municipal-preguntar-en-lugar-de-buscarhttps://elderecho.com/la-ia-redefine-el-acceso-a-la-informacion-municipal-preguntar-en-lugar-de-buscarhttps://elderecho.com/la-ia-redefine-el-acceso-a-la-informacion-municipal-preguntar-en-lugar-de-buscar2026-06-24 15:23:222026-06-24 15:23:22derecho-ticDerecho TICDerecho TIC483919CECA MAGÁN Abogados anuncia el inicio de una nueva fase en su proyecto corporativo tras superar los 30 millones de euros de facturación, hito que consolida su posición como firma de referencia en el sector legal español. En este contexto, la firma refuerza su estructura de gobierno con el nombramiento de Enrique Ceca como Executive Partner, quien liderará la gestión operativa y la excelencia en el servicio. Esta nueva etapa se apoya en una reorganización interna para reforzar y expandir la colaboración transversal junto con un crecimiento estructurado y sostenible. En el marco de esta nueva etapa, Esteban Ceca reforzará su posición como Managing Partner, asumiendo el liderazgo estratégico e institucional de la firma. Por su parte, Enrique Ceca asumirá la gestión ordinaria como Executive Partner, con foco en la eficiencia operativa, la coordinación transversal y la excelencia en la prestación de servicios. Ambos estarán acompañados por el Comité de Dirección y el Consejo de Administración de la firma, órganos que desempeñarán un papel clave en la definición de la estrategia, la supervisión del crecimiento y la consolidación del proyecto empresarial a largo plazo. Modelo más colectivo, alineado y sostenible Como parte de este proceso, CECA MAGÁN ha acordado una mayor apertura del sistema de equity, lo que flexibilizará la entrada de socios, con el objetivo de reforzar el compromiso de éstos con el proyecto común y avanzar en un modelo más colectivo, alineado y sostenible en el tiempo. Esteban Ceca, Managing Partner, ha señalado: “La evolución de nuestra estructura de gobierno responde a una visión de largo plazo y a la voluntad de seguir construyendo una firma más sólida, ágil y preparada para afrontar los retos del futuro. Este nuevo modelo refuerza nuestra capacidad de decisión, fortalece la cohesión interna y nos permite seguir creciendo con la ambición y la excelencia que nos caracterizan.” Por su parte, Enrique Ceca, Executive Partner, ha destacado: “Nuestro foco operativo es claro: consolidar procesos, profundizar en la colaboración entre áreas y elevar de forma consistente la calidad del servicio. Esta etapa nos permite acelerar la profesionalización y ofrecer a nuestros clientes una propuesta de valor diferencial, sólida y orientada a resultados.”La firma subraya que estas decisiones se enmarcan en una ambición concreta: posicionarse como la marca líder del sector legal en España, promoviendo la excelencia en el servicio y una toma de decisiones estratégicas que asegure la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. En palabras de Esteban Ceca el objetivo es inequívoco: "ser el partner estratégico y sostenible de nuestros clientes, construyendo relaciones de largo plazo basadas en la confianza, la solvencia técnica y una ejecución impecable.Este paso nos alinea como organización y nos dota de las herramientas necesarias para responder con agilidad y rigor a un mercado cada vez más exigente, sin renunciar a los principios que han definido la trayectoria de CECA MAGÁN.” Con esta nueva estructura y el refuerzo de su liderazgo, CECA MAGÁN reafirma su compromiso con un crecimiento ordenado, la excelencia profesional y el acompañamiento continuado a sus clientes en un entorno jurídico y empresarial en constante evolución.Esta reorganización está orientada a optimizar la eficiencia operativa y consolidar el posicionamiento como firma líder en España.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Enrique-Ceca_-Executive-Partner-CECA-MAGAN_-por-Cristina-Robles-p483919-m1509671-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/enrique-ceca-nombrado-executive-partner-de-ceca-maganhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Enrique-Ceca_-Executive-Partner-CECA-MAGAN_-por-Cristina-Robles-p483919-m1509671-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/enrique-ceca-nombrado-executive-partner-de-ceca-maganhttps://elderecho.com/enrique-ceca-nombrado-executive-partner-de-ceca-maganhttps://elderecho.com/enrique-ceca-nombrado-executive-partner-de-ceca-magan2026-06-24 15:23:132026-06-24 15:23:13sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483907 La justicia de Estados Unidos ha blindado a la selección española de fútbol de las amenazas de embargo durante el Mundial que se está celebrando en el país por los acreedores que pleitean con España por el cobro de las indemnizaciones por los recortes a las renovables en 2013. De esta forma, en un fallo emitido el pasado 22 de junio por el juez John D. Bates al que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha estimado la petición de España y ha ordenado modificar las citaciones judiciales (conocidas como 'subpoenas') con las que acreedores como el fondo Blasket buscaban obtener información financiera de los proveedores del equipo nacional en el torneo. El demandante, Blasket Renewable Investments, obtuvo un fallo final a su favor por más de 47 millones de dólares (unos 41,45 millones de euros) contra el Reino de España para reconocer un laudo arbitral extranjero y en sus esfuerzos por cobrar la deuda (descubrimiento de bienes postjuicio), emitió citaciones ('subpoenas') a terceras empresas con sede en Estados Unidos que prestan servicios a la Selección Nacional de Fútbol de España en el marco de su participación en el Mundial de la FIFA 2026. No obstante, España presentó una moción para anular o modificar estas citaciones y, a pesar de que Blasket argumentó que España no tenía legitimación para oponerse a citaciones dirigidas a terceros, el juzgado resolvió que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la selección nacional no son "alter egos" del Estado. "Alter egos" del Estado Así, el juzgado estima en su fallo que para poder investigar los activos de una entidad instrumental de un país soberano, se debe demostrar que es un "alter ego" ampliamente controlado por el Estado. En concreto, según el fallo, se constató que la Federación opera con independencia presupuestaria y es gestionada por un presidente y una asamblea general electos. Esta sentencia da al Gobierno español aire en su 'batalla' con los acreedores por los impagos de los laudos arbitrales internacionales por los recortes a las renovables en 2013, que habían llegado a ofrecer un acuerdo para constituir una fianza ante los tribunales estadounidenses para suspender las medidas de ejecución que afectaban a activos e intereses del Estado, y con la que amenazaba ahora en pleno Mundial de Fútbol 2026. Laudos arbitrales internacionales España tiene actualmente pendientes de pago cerca de treinta laudos arbitrales internacionales derivados de los cambios retroactivos introducidos en su régimen de energías renovables. En Estados Unidos, los inversores han obtenido hasta siete sentencias federales firmes a su favor, por un importe total cercano a los 700 millones de euros. Además, los acreedores han logrado resoluciones favorables o mantienen procedimientos activos en jurisdicciones como Bélgica, los Países Bajos, el Reino Unido, Australia y Singapur. La deuda total de España con estos acreedores por los recortes a las renovables ascienden a más de 2.330 millones de euros, de los cuales unos 553 millones de euros son en concepto de intereses de demora, costas judiciales y otros recargos. Hasta la fecha, España solo ha satisfecho uno de los laudos, correspondiente al caso JGC. Permanecen, por tanto, unas 28 decisiones arbitrales pendientes de ejecución y en situación técnica de impago. La deuda total de España con estos acreedores por los recortes a las renovables ascienden a más de 2.330 millones de euros.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Claves-juridicas-del-mundial-de-futbol-p483907-m1509639-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/la-justicia-de-eeuu-rechaza-embargar-activos-a-la-seleccion-espanola-en-el-mundial-por-impagos-a-renovableshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Claves-juridicas-del-mundial-de-futbol-p483907-m1509639-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/la-justicia-de-eeuu-rechaza-embargar-activos-a-la-seleccion-espanola-en-el-mundial-por-impagos-a-renovableshttps://elderecho.com/la-justicia-de-eeuu-rechaza-embargar-activos-a-la-seleccion-espanola-en-el-mundial-por-impagos-a-renovableshttps://elderecho.com/la-justicia-de-eeuu-rechaza-embargar-activos-a-la-seleccion-espanola-en-el-mundial-por-impagos-a-renovables2026-06-24 15:13:472026-06-24 15:13:47multimateriaMultimateriaMultimateria483850Ábalos ha sido declarado culpable junto con su exasesor Koldo García de delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Con Ábalos, son cinco los exministros condenados a prisión en la historia reciente de España, siendo una de las más altas  la de Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales bajo el Ejecutivo de José María Aznar entre 2002 y 2004, que fue condenado en octubre de 2024 a diez años y cinco meses de prisión por el 'caso Erial'. Zaplana y Barrionuevo Zaplana fue condenado a esos años de prisión, así como al pago de una multa de 25 millones de euros por delitos relacionados con el blanqueo de capitales, cohecho y prevaricación en la adjudicación de las ITV valencianas. Actualmente, Zaplana, que también fue presidente de la Generalitat Valenciana, se encuentra en libertad provisional después de que la Audiencia Provincial de Valencia apreciara que no existía riesgo de fuga, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso presentado por él. Otra de las penas más elevadas fue la de José Barrionuevo, que fue ministro del Interior durante el Gobierno de Felipe González, que fue condenado en 1998 por el Tribunal Supremo a 10 años de prisión por delitos de malversación en el 'caso GAL' (Grupos Antiterroristas de Liberación) y por el secuestro del empresario Segundo Marey. Entró en prisión en septiembre de ese mismo año, pero fue indultado unos meses después, en diciembre, por el Gobierno de José María Aznar. Rodrigo Rato Asimismo, fue condenado el que fuera ministro de Medio Ambiente del Ejecutivo de Aznar entre 2000 y 2003, Jaume Matas, a más de ocho años de prisión por varias sentencias de casos como 'Nóos' y 'Palma Arena', aunque recursos suyos rebajaron su acumulación de penas. Matas, quien también fue presidente de las Islas Baleares, ingresó en el centro penitenciario de Segovia en 2014 por una condena de tráfico de influencias, y en 2020 obtuvo el tercer grado. También fue condenado Rodrigo Rato, que fue vicepresidente del Gobierno de Aznar y ministro de Economía de 1996 a 2004, y recibió una pena de cuatro años y medio de prisión por un delito continuado de apropiación indebida en el caso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia. Rato ingresó en la madrileña cárcel Soto del Real en octubre de 2018 y dos años más tarde le fue concedido el tercer grado, por lo que terminó de cumplir su pena en régimen de semilibertad. En 2024 volvió a ser condenado a cuatro años y nueve meses por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción, aunque esta vez no ingresó en la cárcel porque ninguno de los delitos superaban los dos años de prisión.La pena a Ábalos es la más alta impuesta a un ministro en España, superando las de Eduardo Zaplana, José Barrionuevo, Rodrigo Rato y Jaume Matas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2080637734-p483850-m1509430-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abalos-recibe-la-condena-mas-elevada-de-un-exministro-del-gobierno-superando-a-zaplana-y-ratohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2080637734-p483850-m1509430-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abalos-recibe-la-condena-mas-elevada-de-un-exministro-del-gobierno-superando-a-zaplana-y-ratohttps://elderecho.com/abalos-recibe-la-condena-mas-elevada-de-un-exministro-del-gobierno-superando-a-zaplana-y-ratohttps://elderecho.com/abalos-recibe-la-condena-mas-elevada-de-un-exministro-del-gobierno-superando-a-zaplana-y-rato2026-06-23 16:42:122026-06-23 16:42:12multimateriaMultimateriasector-juridicoSector jurídicoMultimateria,Sector jurídico483836Baker McKenzie, despacho de abogados líder global, ha nombrado a Lois Caeiro nuevo socio del área de Derecho Laboral en España, tras una destacada trayectoria profesional en la firma, reforzando así su capacidad para asesorar a grupos multinacionales en entornos laborales cada vez más complejos y globalizados. Lois Caeiro forma parte del área de Derecho Laboral de Baker McKenzie desde 2009 y cuenta con una amplia experiencia asesorando a clientes nacionales e internacionales, en todos los aspectos relacionados con la gestión estratégica de las relaciones laborales. Su práctica abarca la identificación y anticipación de riesgos, el diseño e implementación de soluciones laborales complejas, así como la redacción y negociación de contratos e investigaciones de compliance laboral en entornos sofisticados. Cuenta, además, con una especialización destacada en el asesoramiento a compañías del sector tecnológico, acompañándolas en entornos de alta innovación y transformación constante. Dimensión internacional Asimismo, Lois cuenta con una sólida experiencia asesorando a empresas en momentos clave de su negocio, como procesos de crecimiento, reorganización o transformación, incluyendo operaciones corporativas y proyectos con dimensión internacional. Acompaña habitualmente a clientes en la gestión de situaciones laborales complejas, defendiendo sus intereses en procedimientos de alta relevancia —incluidos conflictos colectivos— y actuando ante las principales instancias judiciales, como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. A lo largo de su carrera, ha participado de forma recurrente en proyectos multidisciplinares y multijurisdiccionales de gran complejidad, coordinando equipos internacionales y ofreciendo soluciones integradas en distintas jurisdicciones. Este recorrido refuerza su capacidad para asesorar a organizaciones con estructuras globales, que requieren coherencia en la gestión del riesgo laboral y una visión alineada a nivel regional e internacional. Su perfil internacional se completa con su experiencia en oficinas de Baker McKenzie en Chicago, Londres y Estocolmo, lo que le permite comprender en profundidad las necesidades de clientes con presencia global y aportar un enfoque plenamente alineado con la red internacional de la firma. Compagina su actividad profesional con la docencia como profesor en el Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Carlos III de Madrid. Retos laborales Rodrigo Ogea y Mireia Sabaté, socios co-directores de Baker McKenzie en Madrid y Barcelona respectivamente, señalan que: “Estamos encantados con el nombramiento de Lois como nuevo socio de Baker McKenzie en España. Su promoción refuerza la solidez de nuestro equipo de Laboral, especialmente en un entorno marcado por una creciente complejidad regulatoria y transformación del empleo. Su experiencia y conocimiento del mercado serán clave para seguir acompañando a nuestros clientes en sus retos laborales más estratégicos.” A nivel global Baker McKenzie ha anunciado la promoción de 47 nuevos socios con efectos desde el 1 de julio de 2026 (con la excepción de algunas ubicaciones en el continente americano, incluyendo Norteamérica, donde las promociones se hicieron efectivas a comienzos de año). Estas promociones reflejan la continua inversión de la firma en el desarrollo de talento y su estrategia de fortalecer las capacidades necesarias para asesorar a clientes multinacionales en asuntos complejos y transfronterizos. La práctica de Transaccional del despacho registró el mayor número de promociones este año, seguida por las áreas de Litigación, Commercial y Fiscal, que ocuparon el segundo y tercer lugar (compartido) en número de nuevos socios promovidos. Las mujeres representan el 43% de las promociones a socio de este año. El despacho promociona en 2026 a 47 nuevos socios a nivel mundial, principalmente en el área Transaccional, seguida de Litigación y Arbitraje, Commercial y Fiscal, y ha incorporado además 44 fichajes de socios durante el ejercicio fiscal, alcanzando un total de 91 nuevos socios a nivel global.Durante el ejercicio fiscal 2026, Baker McKenzie incorporó además 44 socios laterales, alcanzando un total de 91 nuevos socios a nivel global y reforzando así su capacidad para ofrecer una experiencia integrada a sus clientes en distintos mercados.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Caeiro_Lois_PRENSA-p483836-m1509392-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/baker-mckenzie-promociona-a-lois-caeiro-como-nuevo-socio-de-laboral-en-espanahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Caeiro_Lois_PRENSA-p483836-m1509392-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/baker-mckenzie-promociona-a-lois-caeiro-como-nuevo-socio-de-laboral-en-espanahttps://elderecho.com/baker-mckenzie-promociona-a-lois-caeiro-como-nuevo-socio-de-laboral-en-espanahttps://elderecho.com/baker-mckenzie-promociona-a-lois-caeiro-como-nuevo-socio-de-laboral-en-espana2026-06-23 10:53:452026-06-23 10:53:45sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483823ARYA Legal, firma especializada en asesoramiento jurídico laboral, continúa avanzando en su plan de crecimiento con la apertura de una oficina en Barcelona. La nueva sede estará liderada por Mercedes Santos, procedente de BDO, y contará también con la incorporación de la abogada Júlia Rabell, hasta ahora en KPMG Abogados. El despacho, que ya asesoraba a compañías con actividad en Cataluña, da ahora un paso estratégico al establecer equipo jurídico propio en Barcelona, con el objetivo de fortalecer la cercanía con sus clientes y responder a la creciente demanda de asesoramiento laboral especializado en uno de los principales polos empresariales del país. ARYA Legal es una firma especializada en asesoramiento jurídico laboral con  14 abogados laboralistas que asesora a empresas en negociación colectiva, litigios, reestructuraciones, inspecciones de trabajo, políticas de igualdad y cumplimiento normativo. Presencia en Cataluña La nueva oficina —ubicada en Gran Vía de las Corts Catalanes, 639— permitirá a la firma reforzar su presencia directa en Cataluña, asumir la gestión de asuntos complejos en la región y ofrecer una respuesta ágil en procesos de negociación colectiva, reestructuraciones, actuaciones ante la Inspección de Trabajo, litigios estratégicos y políticas internas de cumplimiento normativo. Mercedes Santos cuenta con más de treinta años de experiencia en el ámbito jurídico laboral. Hasta su incorporación a ARYA Legal, ejercía como sénior manager del Departamento de Asesoramiento Laboral en BDO Abogados y Asesores Tributarios en Barcelona A lo largo de su trayectoria ha asesorado a empresas nacionales e internacionales en procesos de negociación colectiva, reestructuraciones laborales, despidos colectivos, defensa judicial ante la jurisdicción social, así como en el diseño e implementación de planes de igualdad y protocolos de compliance laboral. Su especialización en la gestión de conflictos laborales complejos, procedimientos de acoso, vulneración de derechos fundamentales y políticas internas de cumplimiento normativo refuerza la capacidad de ARYA Legal para ofrecer un asesoramiento estratégico adaptado a las necesidades reales de las empresas. Por su parte, Júlia Rabell se suma al equipo de ARYA Legal procedente de KPMG Abogados, donde ejercía como asociada. Cuenta con siete años de trayectoria en el ámbito jurídico y laboral, con experiencia en conciliaciones, actuaciones ante la Inspección de Trabajo, planes de igualdad, auditorías retributivas y procedimientos de acoso laboral, entre otros. Según David Aceves, socio director de ARYA Legal: “La apertura en Barcelona responde a la necesidad de estar más cerca de nuestros clientes. Las empresas afrontan procesos cada vez más complejos en materia laboral y requieren anticipación, criterio estratégico y capacidad de ejecución. Con un equipo propio en Cataluña, podemos estar junto a ellos en su día a día y acompañarlos en negociaciones colectivas, reestructuraciones y actuaciones ante la Inspección de Trabajo”. Mercedes Santos señala: “Más allá de la defensa en conflicto, el verdadero valor está en construir estructuras laborales sólidas dentro de las compañías. Diseñar bien las políticas internas, anticipar riesgos y ordenar la gestión laboral reduce exponencialmente la exposición a litigios. Trabajar desde dentro del territorio permite entender mejor esa realidad y adaptar las soluciones jurídicas a cada sector y organización”.Procedente de BDO, Santos liderará el equipo en Cataluña, al que también se suma la abogada Júlia Rabell.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Foto-Mercedes-y-Julia-p483823-m1509356-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/mercedes-santos-nueva-responsable-de-arya-legal-en-barcelonahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Foto-Mercedes-y-Julia-p483823-m1509356-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/mercedes-santos-nueva-responsable-de-arya-legal-en-barcelonahttps://elderecho.com/mercedes-santos-nueva-responsable-de-arya-legal-en-barcelonahttps://elderecho.com/mercedes-santos-nueva-responsable-de-arya-legal-en-barcelona2026-06-23 10:16:242026-06-23 10:16:24sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico