https://elderecho.com/feedes479057El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha intervenido en A Coruña en el acto de presentación del Laboratorio de Ideas de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA). El Comité Asesor estará compuesto por una treintena de personas referentes en el sector académico, público, empresarial y sindical. El Laboratorio de Ideas de AESIA ha seleccionado cuatro temas de discusión para reflexionar durante su primer año en función de su impacto social. El primero de esos asuntos es el impacto en la imagen y la dignidad de las mujeres. En colaboración con el Instituto de las Mujeres, que participa como observador permanente, se buscarán iniciativas para evitar que la IA amplifique los sesgos de género, así como proteger la dignidad de las mujeres ante la manipulación de imágenes y la violencia digital. En este sentido, también se abordará la desinformación vinculada a la IA, protegiendo el espacio informativo frente a 'deepfakes' y la automatización de la propaganda, con el objetivo de evitar la erosión de la confianza pública. Además, se buscará generar entornos digitales seguros para la infancia frente a la manipulación algorítmica o la exposición a contenidos dañinos. El cuarto punto de reflexión tendrá relación con el mercado laboral y se enfocará en gestionar la transición del empleo con certidumbre, de tal modo que se equilibre la productividad, la protección social y las nuevas oportunidades laborales. El Panel Científico de IA de la ONU se reunirá en España a finales de abril Durante su intervención, el ministro también ha asegurado que "en esa vocación por ser pioneros", España acogerá la primera reunión del Panel Científico de IA de las Naciones Unidas, que se reunirá en Madrid entre el 22 y el 24 de abril. Este organismo, cuya creación se aprobó en agosto del año 2025 y en la que España ha sido co-facilitador junto a Costa Rica, está compuesto por 40 expertos independientes nombrados por la Asamblea General tras un proceso abierto, entre los que se encuentra el español Román Orús. Este Panel tiene la misión de ser nexo entre el conocimiento científico más avanzado y la formulación de políticas públicas. Las evaluaciones independientes basadas en la evidencia que elaboren permitirán a la comunidad internacional anticipar desafíos emergentes y desarrollar estrategias informadas para una gobernanza efectiva de la IA. El Panel emitirá un informe anual, cuyos hallazgos se presentarán tanto ante los Estados Miembros en la Asamblea General de la ONU, como en el Diálogo Global. Esta iniciativa representa un avance decisivo para fomentar un uso seguro, ético e inclusivo de la inteligencia artificial a escala global.El Comité Asesor estará integrado por una treintena de expertos que reflexionarán y aportarán iniciativas sobre la relación de la Inteligencia Artificial con las mujeres, los menores, la desinformación y el trabajo.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2547021065-1-p479057-m1493712-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-agencia-espanola-de-supervision-de-inteligencia-artificial-crea-su-laboratorio-de-ideashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2547021065-1-p479057-m1493712-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-agencia-espanola-de-supervision-de-inteligencia-artificial-crea-su-laboratorio-de-ideashttps://elderecho.com/la-agencia-espanola-de-supervision-de-inteligencia-artificial-crea-su-laboratorio-de-ideashttps://elderecho.com/la-agencia-espanola-de-supervision-de-inteligencia-artificial-crea-su-laboratorio-de-ideas2026-04-10 08:58:332026-04-10 08:58:33derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico479055Durante un encuentro con medios, Merchán ha abogado por mantener la retroactividad en el salario, pero ha pedido evitarla en las cotizaciones, ante el retraso que se produce cada año desde la pandemia en la aprobación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y, posteriormente, de la orden de cotización. Esta práctica, ha denunciado el presidente de los graduados sociales, supone que "normas que deberían estar cerradas antes del inicio del ejercicio terminan llegando a finales de marzo, con efectos desde enero", lo que obliga a rehacer nóminas ya cerradas, recalcular cotizaciones y asumir en pocos días una carga "extraordinaria" de trabajo. Este desfase, ha subrayado, genera "un trabajo inmenso" en una semana especialmente delicada, coincidente con la Semana Santa, y un desgaste acumulado en el sector. "La paciencia se agota", ha advertido Merchán, que ha defendido que los empresarios y personas trabajadoras deben conocer desde el 1 de enero tanto el salario aplicable como el coste real de cotización asociado a su actividad. El presidente ha insistido en que esta forma de legislar afecta directamente a la gestión de 22 millones de personas trabajadoras, a cerca de dos millones de perceptores del SMI (o 2,5 según afirmaciones del Gobierno) y al sistema de cotización que sostiene la Seguridad Social. Además, el esfuerzo repercute en costes económicos para empresas y despachos y en un coste psicológico y de salud laboral que afecta tanto a los 17.000 profesionales colegiados como a las aproximadamente 70.000 personas trabajadoras de los despachos. Un coste que repercute en las empresas Junto a ello, Merchán ha puesto el foco en que este coste acaba repercutiendo en las empresas, especialmente las pymes, ya que para el tejido empresarial, el principal perjuicio no es únicamente económico, sino la imposibilidad de saber desde enero "qué partido están jugando", es decir, cuáles serán sus costes salariales y de Seguridad Social durante el ejercicio. Así, ha pedido al Ministerio de Trabajo y Economía Social que la negociación para la subida del salario mínimo se adelante al último trimestre del año y vuelva a descansar en el consenso entre Gobierno, sindicatos y empresarios, recuperando el espíritu del diálogo social, ya que el origen de esta situación en el retraso con el que se negocia el salario mínimo. "Cuando hacíamos las nóminas a lápiz y papel había más seguridad jurídica que ahora que está todo digitalizado y tendría que ser todo más sencillo", ha sentenciado Merchán.El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán, ha pedido evitar que las cotizaciones a la Seguridad Social tengan carácter retroactivo, de forma que entren en vigor solo desde la fecha de aprobación de la norma, para dar "seguridad jurídica" a empresas, trabajadores y profesionales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/01/shutterstock_1156734454-p479055-m1493668-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-graduados-sociales-piden-que-las-cotizaciones-no-tengan-caracter-retroactivo-por-seguridad-juridicahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/01/shutterstock_1156734454-p479055-m1493668-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-graduados-sociales-piden-que-las-cotizaciones-no-tengan-caracter-retroactivo-por-seguridad-juridicahttps://elderecho.com/los-graduados-sociales-piden-que-las-cotizaciones-no-tengan-caracter-retroactivo-por-seguridad-juridicahttps://elderecho.com/los-graduados-sociales-piden-que-las-cotizaciones-no-tengan-caracter-retroactivo-por-seguridad-juridica2026-04-10 08:35:572026-04-10 08:35:57socialSocial13Social479054En una sentencia recogida por Europa Press, los magistrados de la Sala de lo Penal estiman los recursos de tres hombres que recurrieron una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Almería que les condenaba a cada uno de ellos a 21 años de cárcel por violar a una mujer en Almería en 2022. A los tres se les impuso una condena de 9 años por un delito de agresión sexual agravada por la actuación conjunta de dos o más personas y seis años a cada uno de ellos como cooperadores necesarios por cada uno de los delitos cometidos por los otros dos acusados. Los tres condenados recurrieron la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Almería (TSJA), que desestimó las apelaciones, por lo que acudieron finalmente al Tribunal Supremo. Ahora, el alto tribunal establece que, en su lugar, los tres deben ser condenados como coautores de delito continuado de agresión sexual, con una pena de 13 años y seis meses de prisión. Los magistrados resuelven que "todos los que participan ejerciendo violencia o intimidación con la finalidad de imponer un acto de contenido sexual no consentido son coautores, aunque no desplieguen ningún comportamiento de carácter sexual", y, por ello, en el plano jurídico, deberán ser considerados como coautores del delito sexual correspondiente, agravado por la actuación conjunta. Tras analizar el caso, la Sala de lo Penal considera que cabe la aplicación del delito continuado que permite llegar a la pena de 18 años y nueve meses de prisión, aunque fija que en casos en los que se den circunstancias como el tiempo prolongado o interrupciones durante la agresión se podrá castigar cada delito por separado. Voto particular Cuatro de los 15 magistrados que han dictado la sentencia han emitido un voto particular en el que abogan por condenar por separado cada delito que se haya llevado a cabo durante la agresión sexual, siendo la continuidad delictiva la "excepción a dicha regla", puesto que, en su opinión, la interpretación de la mayoría del tribunal supone que la continuidad delictiva se convierte en regla general. Aducen que, como regla general, las agresiones sexuales grupales no deben considerarse como un delito continuado, sino que se deben condenar cada delito cometido de forma individual. En su opinión, "la excepción debe ser el delito continuado y la regla la de no unificarlos". En el caso de la violación de Almería, los magistrados consideran que los acusados deberían haber sido condenados cada uno por tres delitos, con penas separadas, por la "brutalidad de los hechos juzgados", como estaba previsto en la primera sentencia de la Audiencia Provincial. "Tres sujetos que agreden con violencia e intimidación a una mujer, con sendas penetraciones y eyaculaciones en la cara y boca de la mujer, es un acto que por su brutalidad, y siguiendo la argumentación que expresa la sentencia de la mayoría, impediría la unificación en el delito continuado", añaden.El TS ha avalado aplicar el delito continuado a los coautores de agresiones sexuales grupales excepto en casos en los que se den circunstancias como que se produzcan durante un tiempo prolongado o, del lado contrario, se produzcan interrupciones durante la violación, casos en los que se podría castigar cada agresión de forma individual.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20150629_0020_1-p479054-m1493649-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ts-avala-aplicar-el-delito-continuado-en-agresiones-sexuales-grupales-salvo-que-se-produzcan-por-un-tiempo-prolongadohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20150629_0020_1-p479054-m1493649-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ts-avala-aplicar-el-delito-continuado-en-agresiones-sexuales-grupales-salvo-que-se-produzcan-por-un-tiempo-prolongadohttps://elderecho.com/el-ts-avala-aplicar-el-delito-continuado-en-agresiones-sexuales-grupales-salvo-que-se-produzcan-por-un-tiempo-prolongadohttps://elderecho.com/el-ts-avala-aplicar-el-delito-continuado-en-agresiones-sexuales-grupales-salvo-que-se-produzcan-por-un-tiempo-prolongado2026-04-10 08:31:562026-04-10 08:31:56penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico479056La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, han presentado en Madrid 'INTegraSS': el nuevo modelo integrado de proyección de la Seguridad Social. Con esta herramienta se podrán anticipar los retos estructurales y mejorar la planificación y toma de decisiones del sistema público de pensiones. En el acto han participado el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, y la directora general de Ordenación de la Seguridad Social, Marta Morano. Ambos han puesto en valor este nuevo modelo que amplía la precisión de las futuras proyecciones, al integrar en sus mediciones distintos niveles de análisis, que hasta ahora no habían estado disponibles de manera conjunta, como por ejemplo la perspectiva demográfica, la macroeconómica, así como cambios normativos potenciales o reales. Elma Saiz ha señalado que la nueva herramienta 'INTegraSS' aporta una metodología más sólida y transparente para la garantía de la sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social a largo plazo. Según estimaciones, el gasto promedio en pensiones sobre el PIB se mantendrá en el entorno del 14% en el horizonte proyectado a 2050. Es un porcentaje inferior al de las últimas estimaciones que hizo la AIReF y que se encontraban dentro de la regla de gasto pactada con Bruselas. Modelo clave para orientar las políticas públicas 'INTegraSS', que aprovecha el potencial de las bases de datos que posee la Administración de la Seguridad Social, se enriquece también de datos de otros organismos como el INE o el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de analizar el patrón actual de comportamiento y proyectarlo hacia el futuro. A su vez, ofrece un alto nivel de detalle y flexibilidad: características del pensionista, género, régimen de Seguridad Social, tipo de jubilación, etc. Esta granularidad, que constituye la principal ventaja respecto a otros modelos existentes, es un punto de apoyo clave que permitirá orientar la adopción de políticas públicas en la dirección adecuada, en un contexto demográfico y económico cada vez más complejo. Los detalles de la nueva herramienta, que ha sido fruto del trabajo de un equipo multidisciplinar de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, y que ha integrado diferentes perfiles estadísticos, económicos y jurídicos, han sido desvelados en el acto de presentación por su directora general, Marta Morano, y por la subdirectora general de Planificación de la Seguridad Social, Ana Guzmán, que han desgranado sus principales características: El modelo integra información para cada tipo de prestación económica: jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad, favor de familiar y prestaciones no contributivas. Está diseñado por cohortes generacionales, lo que añade, entre sus utilidades, ser un potente simulador de futuras reformas. De ahí que se pueda hacer un seguimiento de cada generación a partir de su año de nacimiento, lo que permite proyectar con mayor realismo los efectos del envejecimiento y los retrasos en la edad de jubilación. El análisis por año de nacimiento confiere mayor rigor demográfico a los resultados y el elevado nivel de detalle permite realizar estudios más exhaustivos. Entre las principales innovaciones metodológicas, destaca el uso de la fecha de efectos económicos como referencia para la medición de altas, bajas y el estado actual de las pensiones contributivas. Con esta elección se eliminan distorsiones administrativas, lo que permite una lectura más fiel de la dinámica real del sistema y mejora la comparabilidad temporal. En la presentación de esta herramienta, han intervenido representantes de diferentes instituciones, que han aportado su punto de vista sobre este nuevo modelo de proyección de gasto. En la mesa redonda, que ha sido moderada por Borja Suárez, han participado Ignacio Fernández-Huertas (Airef), Daniel Fuentes (Universidad de Alcalá), Nacho Conde-Ruiz (Fedea) y Ció Patxot (Universitat de Barcelona). El nuevo modelo aprovecha el potencial de las bases de datos de la Seguridad Social para analizar el patrón actual y proyectarlo hacia el futuro. Según estas estimaciones, el gasto promedio en pensiones sobre el PIB se mantendrá en el entorno del 14% en el horizonte proyectado a 2050.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2021/05/shutterstock_499204900-p479056-m1493690-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ministerio-de-seguridad-social-presenta-integrasshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2021/05/shutterstock_499204900-p479056-m1493690-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ministerio-de-seguridad-social-presenta-integrasshttps://elderecho.com/el-ministerio-de-seguridad-social-presenta-integrasshttps://elderecho.com/el-ministerio-de-seguridad-social-presenta-integrass2026-04-10 08:05:022026-04-10 08:05:02socialSocial13Social479029Durante el encuentro, el presidente ha informado de que este ciclo de debates ha abordado ya “las virtudes y defectos de la ley” en su primera sesión en Cuenca, así como la visión de asociaciones y colectivos del Turno de Oficio en la segunda, centrando ahora el foco en los representantes políticos. “La sesión de hoy es clave. Porque sois vosotros, desde el Parlamento, quienes tenéis que acordar una nueva ley”, ha subrayado. González ha trasladado la gravedad de la situación actual del Turno de Oficio, que ha calificado de “insostenible”, alertando del descenso de profesionales adscritos, de 45.000 en 2016 a menos de 40.000 en la actualidad, mientras aumentan las solicitudes de asistencia. “Este dato es una alerta del colapso del sistema”, ha advertido, señalando que esta tendencia pone en riesgo la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva. Pese a ello, ha reivindicado el compromiso de la abogacía: “No hemos dejado de garantizar a la sociedad, ni un solo día, un servicio de altísima calidad”, con niveles de valoración ciudadana cercanos al 80%. En su intervención, ha insistido en la necesidad de mejorar lo antes posible las condiciones de los profesionales del Turno de Oficio, denunciando que están “infra retribuidos”, sufren retrasos en los pagos y desigualdades territoriales. “Urgen, de manera inmediata, las mejoras retributivas y de condiciones que reclamamos”, ha subrayado, rechazando que la falta de presupuestos pueda ser una excusa. Asimismo, ha defendido la necesidad de renovar el marco normativo: “La ley, después de 30 años, está obsoleta”. En este sentido, ha apelado directamente a la responsabilidad de los legisladores: “Tenéis en vuestras manos la posibilidad de que se haga justicia. Es una oportunidad única para estar a la altura de nuestra democracia”. Finalmente, González ha recordado el carácter esencial del sistema: “El turno de oficio no es una cuestión de caridad ni de filantropía. Es una obligación del Estado”, concluyendo que “un país que cuida el turno de oficio, cuida su Estado de derecho”. En el debate han participado María Jesús Moro, del Partido Popular; Francisco Aranda, del Partido Socialista y Juan José Aizcorbe, de VOX. Durante el debate parlamentario, los distintos grupos políticos coincidieron en la necesidad de avanzar en la mejora del marco normativo, si bien pusieron de manifiesto matices relevantes en cuanto a su alcance y desarrollo. La opinión de los políticos Por parte del Grupo Socialista, Francisco Aranda subrayó el compromiso del Ejecutivo con la futura regulación, asegurando que “en esta legislatura nos dará tiempo para hacer esta ley” y recalcando que la Abogacía será “escuchada, atendida y requerida para dar su opinión en la sede legislativa”. Asimismo, destacó que el compromiso del Gobierno es “inequívoco” y que se han ido cumpliendo las distintas etapas previstas, aunque reconoció que “faltan cosas” y apeló a seguir avanzando desde el diálogo. Desde el Partido Popular, María Jesús Moro adoptó una posición más crítica, al considerar que “no se ha evolucionado en el modelo ni en los retos que tenemos encima de la mesa a lo largo de estos 30 años”, lo que, a su juicio, ha generado disfunciones. En este sentido, lamentó que la nueva Ley de Derecho de Defensa no haya incorporado plenamente algunas reivindicaciones del sector, como el reconocimiento expreso de que los abogados de oficio son “instrumentos de garantía del ejercicio del derecho de defensa”, y advirtió de que si la futura norma se limita a ajustes puntuales, “será una modificación de la nueva ley” más que una reforma de fondo. Por su parte, Juan José Aizcorbe, de VOX, puso el foco en la sostenibilidad y homogeneidad del sistema, especialmente en ámbitos como el turno de oficio en materia de inmigración, cuyo coste calificó de “muy elevado”. En su intervención, defendió la necesidad de establecer mecanismos que permitan clarificar las retribuciones de los letrados y apostó por configurar este servicio como “un servicio global del Estado”, garantizando en todo caso la independencia profesional, la responsabilidad individual y el ejercicio libre, además de corregir las diferencias existentes entre comunidades autónomas. La bienvenida ha corrido a cargo de Salvador González y el acto ha sido moderado por el director de Confilegal, Carlos Berbell.El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha reclamado este jueves a las fuerzas políticas un acuerdo urgente para aprobar una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, durante la tercera sesión del Foro organizado junto a Confilegal, con motivo del 30º aniversario de la norma.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Debate-CGAE-Justicia-Gratuita_img-p479029-m1493610-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/la-abogacia-urge-a-los-partidos-a-acordar-una-nueva-ley-de-justicia-gratuita-inaplazable-tras-30-anoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Debate-CGAE-Justicia-Gratuita_img-p479029-m1493610-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/la-abogacia-urge-a-los-partidos-a-acordar-una-nueva-ley-de-justicia-gratuita-inaplazable-tras-30-anoshttps://elderecho.com/la-abogacia-urge-a-los-partidos-a-acordar-una-nueva-ley-de-justicia-gratuita-inaplazable-tras-30-anoshttps://elderecho.com/la-abogacia-urge-a-los-partidos-a-acordar-una-nueva-ley-de-justicia-gratuita-inaplazable-tras-30-anos2026-04-09 19:47:322026-04-09 19:47:32sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico479028Con esta finalidad, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, y el consejero de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat de Cataluña, Ramon Espadaler, han firmado sendos convenios de colaboración entre ambas instituciones. El primero de los convenios tiene como objetivo complementar y mejorar la capacitación en el uso de la lengua catalana, así como la adquisición de las competencias que son requeridas para el mejor desarrollo de la actividad profesional, y prevé dos actividades formativas con dos niveles: uno de iniciación, que corresponde al nivel A2 del Marco europeo de referencia, y otro de usuario independiente, que corresponde al nivel B2 de dicho Marco. Es la primera vez que en los planes de Formación Continua se ofrecerán cursos para el aprendizaje del catalán, siguiendo la línea iniciada en 2024 con otras lenguas cooficiales como el valenciano o el gallego. A estos cursos pueden acceder todos los integrantes de la Carrera Judicial, independientemente de su lugar de destino, así como los alumnos/as de la Escuela Judicial. Ambos cursos -tanto para el nivel de iniciación A2 como para el de usuario independiente B2- constarán de ochenta horas de clase en línea con profesor y veinte horas de trabajo autónomo guiado por un tutor. Cada clase tendrá una duración de dos horas y se impartirán dos días a la semana en horario de tarde. El objetivo del curso de iniciación es que el/la alumno/a consiga un dominio básico de los usos de la lengua que le permita desarrollar las habilidades de comprensión y producción orales, a fin de poder resolver en catalán las necesidades fundamentales de la vida cotidiana. En el caso del B2, el objetivo es que el/la alumno/a pueda expresarse de una manera bastante precisa, fluida y correcta; entender textos de tipo diverso; escribir textos descriptivos, narrativos o discursivos y conseguir una comprensión general de textos orales en registro coloquial o de formalidad mediana, como diálogos, noticias, conversaciones, etc. Asimismo, se pretende que sea capaz de organizar y regular el propio discurso, de interactuar con el interlocutor para resolver una tarea y de conversar sobre un tema de interés general. Convenio marco en materia de formación El segundo de los acuerdos suscritos por el CGPJ y la Generalitat es un convenio marco, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029, en virtud del cual ambas instituciones se comprometen a colaborar en la organización de actividades de formación y perfeccionamiento en materias de interés para los/as jueces/as y magistrados/as que prestan servicio en Cataluña. Entre otras actividades, el convenio prevé la celebración de congresos, seminarios, coloquios y jornadas, así como de cursos que impliquen la realización de investigaciones, publicaciones y estudios. También incluye la posibilidad de realizar estancias en centros e instituciones de diversa índole, como medios de comunicación, hospitales y colegios profesionales, entre otros.El Consejo General del Poder Judicial y la Generalitat de Cataluña se han comprometido a colaborar en materia de formación y a impulsar diversas actividades formativas dirigidas a los integrantes de la Carrera Judicial, incluido el aprendizaje y perfeccionamiento de la lengua catalana.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_727713802-1-p479028-m1493567-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-y-la-generalitat-de-cataluna-ofreceran-cursos-de-lengua-catalana-a-jueces-as-y-magistrados-as-de-toda-espanahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_727713802-1-p479028-m1493567-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-y-la-generalitat-de-cataluna-ofreceran-cursos-de-lengua-catalana-a-jueces-as-y-magistrados-as-de-toda-espanahttps://elderecho.com/el-cgpj-y-la-generalitat-de-cataluna-ofreceran-cursos-de-lengua-catalana-a-jueces-as-y-magistrados-as-de-toda-espanahttps://elderecho.com/el-cgpj-y-la-generalitat-de-cataluna-ofreceran-cursos-de-lengua-catalana-a-jueces-as-y-magistrados-as-de-toda-espana2026-04-09 19:00:392026-04-09 19:00:39administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico478978El 80,3 % de la facturación provino de Europa, el 10,8 % de América y el 8,9 % del resto del mundo. El 46 % de su cartera de clientes son empresas españolas, entre las que se incluye el 40 % de las compañías del IBEX 35. Actualmente, la firma gestiona una cartera de más de 60.000 marcas y cuenta con una sólida experiencia procesal, con más de 1.600 litigios tramitados a lo largo de su trayectoria. Por áreas, Marcas creció un 2 %, Patentes un 5 % y Legal un 18 %, representando el 42,5 %, 38,7 % y 18,8 % de la facturación, respectivamente. Destaca el fuerte impulso del área de Media Entertainment, que gestionó más de 860 proyectos audiovisuales y de artes escénicas, un 169 % más que el año anterior; movilizando 18,2 millones de euros de inversión fiscal en proyectos culturales, un 73 % más. La firma es la única española referenciada en Banda 1 en la categoría Patent Trade Mark Agents por Chambers Partners Europe, y más del 60 % de sus profesionales han sido reconocidos en rankings y directorios internacionales a lo largo del ejercicio, reflejo de la consistencia técnica del equipo y de su reconocimiento en el mercado. ELZABURU cuenta con más de 150 profesionales, incluyendo 44 abogados, 14 técnicos, 13 agentes europeos de marcas, 15 agentes de PI, 10 agentes de patentes europeas y 3 árbitros de la OMPI. El 30 % de los socios y el 57 % de los puestos de responsabilidad del área corporativa son mujeres, representando el 74 % de la plantilla. La edad media del equipo es de 45 años y la permanencia media en la firma alcanza los 16 años. Según Alfonso Diez de Rivera Elzaburu, presidente de la firma, “durante el pasado ejercicio, en el que celebramos nuestro 160º aniversario, hemos consolidado nuestra actividad en Marcas y Patentes, que representan el 80 % de nuestra facturación, al tiempo que hemos registrado un crecimiento destacado en el área Legal y un avance muy significativo en Media Entertainment”. Para Mabel Klimt, socia directora de la firma, “en este ejercicio, marcado por la irrupción de la IA en todos los ámbitos de la sociedad, hemos demostrado una sólida capacidad de adaptación, impulsando servicios que combinan innovación, talento multidisciplinar y una profunda comprensión de las necesidades del cliente en la gestión de intangibles, con el objetivo de ofrecer una propuesta jurídica cercana y verdaderamente diferencial”.ELZABURU, la firma española especializada en propiedad industrial e intelectual, cerró 2025 con unos ingresos de 28 millones de euros, un 3% más que el año anterior.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/07/elzaburu-torre-p478978-m1493468-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/elzaburu-ingreso-28-millones-en-2025-con-un-fuerte-crecimiento-en-el-area-legalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/07/elzaburu-torre-p478978-m1493468-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/elzaburu-ingreso-28-millones-en-2025-con-un-fuerte-crecimiento-en-el-area-legalhttps://elderecho.com/elzaburu-ingreso-28-millones-en-2025-con-un-fuerte-crecimiento-en-el-area-legalhttps://elderecho.com/elzaburu-ingreso-28-millones-en-2025-con-un-fuerte-crecimiento-en-el-area-legal2026-04-09 10:39:272026-04-09 10:39:27sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico478977Solicitaba 13.062 euros al considerar que, como tenía que pernoctar en un piso del Ayuntamiento, le debían abonar las cantidades establecidas para las guardias presenciales. Sin embargo, tanto la juez de instancia como la Sala de lo Social sostienen que la recurrente, “por decisión propia”, fijó su domicilio en la capital navarra. “El hecho de que la demandante se quedara a dormir en un piso del ayuntamiento, sito encima del consultorio, porque de volver a su residencia en Pamplona no podía atender a las urgencias de manera correcta, no desvirtúa la naturaleza y calificación de la guardia realizada, pues el hecho de pernoctar en el municipio es la consecuencia de la decisión de la demandante de fijar su domicilio a 47 kilómetros de la localidad de prestación de servicios, fijación domiciliaria que responde a una voluntad personal no impuesta por el empleador”, remarca el Tribunal. La cantidad reclamada se derivaba de la realización de 540 horas, del 1 de julio al 31 de octubre de 2023; y de 370 horas, del 1 de enero al 30 de abril de 2024. En 2023, la guardia localizada se retribuía a 14,26 euros/hora y la presencial a 28,50. En 2024, la guardia localizada se retribuía a 14,55 euros/hora y la presencial a 29,07. A este respecto, la demandante alegó que las guardias, aunque se consideren localizadas, debían ser abonadas como presenciales, dado que, a su entender, había sido tiempo de trabajo, pues había tenido que permanecer en el centro, a disposición, con atención inmediata y urgente, sin que legal o contractualmente hubiera obligación alguna de fijar el domicilio en la zona de prestación de servicios. La sentencia dictada por la plaza nº 3 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Pamplona desestimó la reclamación interpuesta contra el Servicio Navarro de Salud. Argumentó que la necesidad de pernoctar en el municipio era consecuencia de una decisión personal asumida por la propia trabajadora, como fue la de fijar su domicilio en Pamplona, a 47 km de distancia, sin que ni legal ni contractualmente se le impusiera ello por parte del empleador. No es tiempo de trabajo La Sala de lo Social, que confirma la sentencia de instancia, expone que la cuestión litigiosa se centra en determinar si el tiempo en el que la demandante se encontraba en situación de guardia localizada era o no tiempo efectivo de trabajo y si debía ser abonada como una guardia presencial. En el caso enjuiciado, la demandante prestó un servicio de guardia en régimen de disponibilidad, toda vez que la misma podía disponer de su tiempo libremente mientras no tuviera avisos, sin que las veces que se solicitaron estos avisos hubieran superado el umbral mencionado en el Acuerdo de 13 de marzo de 2008, por el que se aprueba el pacto suscrito por la Administración Sanitaria con las centrales sindicales sobre atención continuada en la Atención Primaria rural y otras condiciones laborales del personal del Servicio Navarro de Salud. Conforme se desprende de la prueba practicada, añade el Tribunal, las intervenciones en el periodo de guardia eran mínimas, y la obligación de estar presencialmente en el centro y pernoctar solo deriva de la decisión libremente adoptada por la trabajadora de residir en Pamplona, y el hecho de que el domicilio libremente elegido por el trabajador esté separado por una distancia considerable del lugar en el que debe poder presentarse dentro de un determinado plazo durante su periodo de guardia no es, como tal, un criterio pertinente para calificar todo ese periodo como ‘tiempo de trabajo’ en el sentido del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88, al menos cuando dicho lugar es su lugar de trabajo habitual.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado una sentencia que rechazó indemnizar a una doctora residente en Pamplona por las guardias localizadas que tenía que realizar en Arribe, localidad a 47 km de su domicilio.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2557673791-1-p478977-m1493446-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-navarra-rechaza-indemnizar-por-las-guardias-localizables-a-una-doctora-que-residia-a-47-km-de-la-localidad-donde-tenia-plazahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2557673791-1-p478977-m1493446-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-navarra-rechaza-indemnizar-por-las-guardias-localizables-a-una-doctora-que-residia-a-47-km-de-la-localidad-donde-tenia-plazahttps://elderecho.com/el-tsj-de-navarra-rechaza-indemnizar-por-las-guardias-localizables-a-una-doctora-que-residia-a-47-km-de-la-localidad-donde-tenia-plazahttps://elderecho.com/el-tsj-de-navarra-rechaza-indemnizar-por-las-guardias-localizables-a-una-doctora-que-residia-a-47-km-de-la-localidad-donde-tenia-plaza2026-04-09 10:33:012026-04-09 10:33:01sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social478976El fichaje de Bailach responde a la apuesta de la firma por consolidar su capacidad de asesoramiento en operaciones complejas, ante el crecimiento de la demanda en el ámbito de la fiscalidad transaccional, estructuración internacional y el aseguramiento de riesgos fiscales. Bailach, con una trayectoria profesional de más de 15 años y proveniente del despacho DLA Piper, está especializado en el asesoramiento fiscal en operaciones de M A de alto valor, así como en reestructuraciones empresariales (fusiones, escisiones y reorganizaciones transfronterizas) y estructuración fiscal internacional, particularmente en sectores regulados como el asegurador y ciencias de la vida. Asimismo, cuenta con una sólida experiencia en el ámbito de los seguros de manifestaciones y garantías (W I), en la suscripción de pólizas para la cobertura de riesgos fiscales, y en el asesoramiento en procedimientos tributarios complejos de todo tipo. Antes de su incorporación a Dentons, Bailach ha desarrollado su carrera en firmas como DLA Piper, EY, o Ramón y Cajal Abogados. Su perfil combina una destacada experiencia internacional -con estancias en Londres y Nueva York- con una sólida proyección académica, siendo profesor de Derecho Tributario y director de los cursos de especialización en fiscalidad de las operaciones inmobiliarias y la imposición mínima global de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, ha sido profesor en el programa de Posgrado en Fiscalidad Internacional de la Universidad de Buenos Aires. Además, su alto prestigio profesional y reconocimiento en el mercado le ha valido la distinción en directorios internacionales de prestigio como ITR World Tax (Rising Star 2025) y The Legal 500. Jabier Badiola, socio director de Dentons en España, ha subrayado que “la incorporación de Guillermo supone un paso estratégico en el fortalecimiento de la práctica Fiscal. Su perfil técnico, su experiencia internacional y su profundo conocimiento de operaciones complejas y seguros de riesgos transaccionales aportarán un valor diferencial a nuestros clientes y refuerzan nuestra posición en áreas de alto valor añadido”. Por su parte, Guillermo Bailach ha señalado que “la fortaleza internacional de Dentons y su decidida apuesta por el crecimiento en España representan una excelente oportunidad para seguir desarrollando una práctica altamente especializada en fiscalidad transaccional. Mi objetivo es contribuir activamente a ese crecimiento”.Dentons ha incorporado a Guillermo Bailach Miró como nuevo socio del Departamento Fiscal de su oficina española.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/GuillermoBailach_Dentons-p478976-m1493427-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/dentons-incorpora-a-guillermo-bailach-miro-como-nuevo-socio-de-fiscalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/GuillermoBailach_Dentons-p478976-m1493427-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/dentons-incorpora-a-guillermo-bailach-miro-como-nuevo-socio-de-fiscalhttps://elderecho.com/dentons-incorpora-a-guillermo-bailach-miro-como-nuevo-socio-de-fiscalhttps://elderecho.com/dentons-incorpora-a-guillermo-bailach-miro-como-nuevo-socio-de-fiscal2026-04-09 10:27:152026-04-09 10:27:15sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico478975Un evento que reunió a líderes jurídicos, árbitros internacionales y responsables legales de empresas, con la participación de compañías y organismos líderes a nivel global como FIFA, OHLA, Binswanger y Akerman, consolidando a Miami como punto de encuentro del arbitraje internacional vinculado a América Latina. A lo largo de la jornada, uno de los principales consensos fue claro: el arbitraje ya no puede entenderse únicamente como un mecanismo reactivo, sino como parte de una estrategia integral de prevención de riesgos, estructuración contractual y toma de decisiones empresariales. En el ámbito de infraestructura y construcción, los expertos coincidieron en que muchas controversias no son nuevas, pero sí persistentes, y responden a fallas estructurales en la gestión de proyectos. Daniel Cuentas, árbitro en Perú, señaló: “Los problemas en contratos de construcción no son nuevos, pero sí persistentes. La prevención existe, pero compite con las presiones del proyecto y los intereses individuales de cada parte. Además, la integración entre lo técnico y lo legal sigue siendo el punto más frágil y probablemente la principal causa de que las controversias escalen a un arbitraje”. En esta línea, Giorgio Schiappa-Pietra, gerente legal de Binswanger (Perú), subrayó la importancia de anticiparse a los conflictos desde el diseño contractual: “Es clave establecer cláusulas de prevención y definir cronogramas adecuados para anticipar contingencias. También resulta fundamental capacitar a ingenieros y abogados para que hablen un mismo idioma. Asimismo, no se deben inflar las pretensiones en las controversias arbitrales y es necesario contemplar aspectos laborales, de seguridad y salud en el trabajo y medioambientales, diferenciando además los riesgos entre obra pública y privada”. Grace Castro, senior legal y PMP en Cementos Pacasmayo, reforzó esta visión preventiva: “Es fundamental gestionar los conflictos mediante cláusulas de alerta temprana y una adecuada gestión de riesgos, así como impulsar capacitaciones que alineen el lenguaje contractual entre abogados e ingenieros”. En el ámbito del arbitraje de inversión y grandes proyectos internacionales, se destacó la necesidad de una gestión integral del riesgo. Sandra Jiménez, general counsel de Sinohydro Perú, explicó: “En arbitraje de inversión, la mejor defensa comienza con la prevención y una gestión temprana del riesgo. En proyectos de infraestructura, una gobernanza contractual sólida es clave para sustentar posiciones y proteger la inversión. Además, el riesgo en operaciones transfronterizas no es solo legal, sino también operativo, cultural y reputacional. La elección del foro y la conducción del proceso impactan directamente en los costos, los tiempos y la eficiencia”. El avance tecnológico está generando nuevas tipologías de conflictos, especialmente en el ámbito financiero y digital. Camilo Vázquez, presidente del Comité de Arbitraje de ICC Nuevo León (México), destacó: “Las disputas derivadas de contratos financieros o fintech incluirán cuestiones regulatorias, de tratamiento de datos y de tecnología. Es fundamental involucrar a la dirección jurídica desde la fase inicial de selección del mecanismo de resolución de controversias, para mapear autoridades regulatorias y riesgos asociados. El arbitraje, por su privacidad, confidencialidad y especialización, es una herramienta especialmente adecuada para este tipo de disputas”. Más allá de la resolución de conflictos, el foro puso el foco en el valor estratégico del litigio y el arbitraje dentro de la empresa. Daniel Becker, socio de BBL Advogados, afirmó: “El litigio es un activo estratégico que puede contribuir a reducir y controlar los riesgos de las disputas. Para ello, es fundamental la colaboración entre abogados internos, externos y las distintas áreas del negocio, así como redactar cláusulas arbitrales a medida para cada contrato, evitando el uso de modelos estándar”. En sectores como la energía, el rol del abogado interno adquiere un peso creciente en la toma de decisiones. Alberto Villanueva, legal counsel global en SoEnergy International, señaló: “El abogado in-house debe asumir un rol estratégico y preventivo en la transición energética en América Latina. Es clave un acompañamiento constante y una comunicación más clara y efectiva con el negocio”. El foro también abordó el crecimiento del arbitraje en sectores emergentes como el deporte y los esports. Luis Fernández, árbitro del TAS-CAS, explicó: “Existe una diferencia clave entre el arbitraje deportivo y el comercial en cuanto a la ejecución de los laudos. Mientras que en otros ámbitos puede ser compleja y prolongada, en el arbitraje deportivo, especialmente en el fútbol, suele ser rápida, ya que el incumplimiento conlleva sanciones deportivas. Además, los esports están generando un volumen creciente de conflictos y requieren estructuras jurídicas, contractuales y de resolución de disputas más desarrolladas”. En esta misma línea, Felipe Hasson, general counsel en GMX Group, apuntó: “El ecosistema de los esports sigue siendo en gran medida amateur y requiere sistemas de resolución de disputas más efectivos y especializados”. Por último, Marc Gericó, socio director global de Gericó Associates, concluyó que: “Este foro confirma que el arbitraje ha dejado de ser una herramienta exclusivamente reactiva para convertirse en un elemento estratégico dentro de la gestión empresarial. Hoy, las compañías más avanzadas están integrando la prevención de conflictos, la sofisticación contractual y la toma de decisiones legales en el núcleo de su estrategia de negocio. El rol de la función legal está evolucionando rápidamente hacia un perfil mucho más anticipativo, transversal y conectado con la realidad operativa de las organizaciones”. El Foro Gerencias Legales y Arbitraje Miami 2026 evidenció el creciente protagonismo del arbitraje como herramienta central para la gestión de riesgos en América Latina, especialmente en sectores altamente regulados y en proyectos de gran escala. La elección de Miami como sede refuerza su posición como hub internacional para la resolución de disputas vinculadas a la región, en un contexto donde la sofisticación contractual, la prevención de conflictos y la especialización jurídica se consolidan como factores clave para la competitividad empresarial.El Foro Gerencias Legales y Arbitraje Miami 2026 se ha celebrado en la sede de McDermott Will Schulte y ha sido organizado por Gericó Associates.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/foro-gerencias-legales-miami-arbitraje-gerico-5-1-scaled-p478975-m1493408-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prevencion-ia-y-estrategia-redefinen-el-arbitraje-foro-gerencias-legales-y-arbitraje-miami-2026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/foro-gerencias-legales-miami-arbitraje-gerico-5-1-scaled-p478975-m1493408-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prevencion-ia-y-estrategia-redefinen-el-arbitraje-foro-gerencias-legales-y-arbitraje-miami-2026https://elderecho.com/prevencion-ia-y-estrategia-redefinen-el-arbitraje-foro-gerencias-legales-y-arbitraje-miami-2026https://elderecho.com/prevencion-ia-y-estrategia-redefinen-el-arbitraje-foro-gerencias-legales-y-arbitraje-miami-20262026-04-09 10:23:202026-04-09 10:23:20sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico