https://elderecho.com/feedes485546La conciliación continúa siendo uno de los grandes retos pendientes del trabajo autónomo en España. No porque los trabajadores por cuenta propia carezcan de derechos, sino porque, en demasiadas ocasiones, ejercerlos implica asumir un coste económico que pone en riesgo la continuidad de su negocio. Así lo revela el informe “El coste oculto de la conciliación en el trabajo autónomo”, elaborado por el Observatorio de Gestión Pública del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM), que analiza cuánto cuesta realmente mantener abierta una actividad económica cuando su titular debe ausentarse por maternidad, enfermedad o para atender a un familiar dependiente. La principal conclusión del estudio resulta tan contundente como preocupante: el coste del primer mes de sustitución de un trabajador autónomo alcanza los 2.339,90 euros, mientras que el rendimiento neto medio mensual de su actividad se sitúa en 2.298 euros, según una estimación del informe construida sobre una actividad tipo elaborada a partir de datos oficiales. En otras palabras, mantener abierto el negocio durante una baja puede costar más que el rendimiento neto que genera en un mes. Para el presidente del ICOGAM, Fernando Jesús Santiago Ollero, esta realidad explica por qué miles de autónomos renuncian cada año a ejercer plenamente su derecho a conciliar. “En España seguimos hablando de conciliación como si fuera únicamente un derecho laboral, cuando para millones de trabajadores autónomos es, sobre todo, un problema económico. Si cuidar de un hijo, recuperarse de una enfermedad o atender a un familiar supone poner en riesgo tu negocio, la conciliación deja de ser un derecho para convertirse en un lujo.” Rendimiento del negocio El informe toma como referencia una actividad tipo desarrollada por un trabajador autónomo y analiza los dos escenarios posibles ante una ausencia temporal. Si decide cerrar el negocio, pierde aproximadamente 2.298 euros por cada mes de inactividad, sin contar alquileres, suministros, préstamos u otros costes fijos que continúan existiendo, aunque la persiana permanezca bajada. Si opta por mantener abierta la actividad contratando a una persona sustituta, debe asumir un coste laboral cercano a 1.880 euros mensuales, al que se suma el impacto económico derivado del proceso de selección, formación y adaptación del nuevo trabajador. El resultado es un coste total de 2.339,90 euros durante el primer mes, superior al rendimiento neto medio mensual obtenido por la actividad. Una vez superada la fase inicial de adaptación, el margen económico disponible apenas alcanza 417 euros mensuales, una cantidad insuficiente para absorber cualquier incidencia adicional o compensar otros gastos asociados al funcionamiento del negocio. “Este informe demuestra algo que muchos autónomos llevan años sufriendo en silencio: sustituirse durante una baja puede costar más que el beneficio que genera su negocio en un mes. Cuando las cuentas no salen, el resultado es evidente: miles de profesionales siguen trabajando enfermos, reducen sus permisos o renuncian a cuidar de sus familias porque no pueden permitirse cerrar”, afirma Fernando Santiago. 3,4 millones de trabajadores afectados España cuenta actualmente con 3.425.767 trabajadores autónomos, una gran parte de ellos al frente de pequeños comercios, despachos profesionales, talleres, establecimientos de hostelería o empresas familiares cuya actividad depende directamente de la presencia de su titular. A diferencia de las empresas con estructuras organizativas más amplias, estos negocios no pueden redistribuir fácilmente el trabajo cuando su responsable debe ausentarse. La continuidad de la actividad depende, casi siempre, de encontrar una persona capaz de sustituirle en un plazo muy reducido y asumir un coste que, en muchos casos, resulta inasumible. Para los Gestores Administrativos, esta situación explica por qué muchos autónomos continúan trabajando durante enfermedades, retrasan intervenciones médicas o reducen sus permisos por nacimiento. “No podemos aceptar que un trabajador por cuenta propia tenga que elegir entre proteger su salud o proteger la empresa que ha construido con años de esfuerzo. Ningún derecho es realmente efectivo cuando ejercerlo puede significar perder el medio de vida.” La conciliación depende del código postal El Informe APLO LOPIVI analiza también las políticas de apoyo existentes en las comunidades autónomas y concluye que el nivel de protección varía considerablemente según el territorio. Solo algunas comunidades han desarrollado ayudas específicas destinadas a facilitar la sustitución temporal del trabajador autónomo y, aun así, las cuantías resultan claramente insuficientes para cubrir el coste real de mantener operativo el negocio. En determinadas comunidades las ayudas apenas alcanzan 400 euros mensuales, mientras que en otras oscilan entre 1.000 y 1.500 euros al mes o contemplan subvenciones puntuales de hasta 7.200 euros para supuestos concretos. Sin embargo, ninguna de ellas logra compensar el coste real identificado en el estudio. Además, estas ayudas tributan, con carácter general, en el IRPF, reduciendo todavía más su eficacia económica. “Resulta difícil explicar que un derecho tan básico como la conciliación dependa hoy del código postal. Hay comunidades autónomas que han dado pasos importantes y otras donde prácticamente no existen instrumentos específicos para ayudar a mantener la actividad. Esa desigualdad debe corregirse.” Tejido productivo El ICOGAM propone la creación de un modelo homogéneo de ayudas que permita financiar la contratación y formación de personas sustitutas, ampliar la protección a supuestos de enfermedad, accidente o cuidado de familiares y agilizar la concesión de estas ayudas para responder con rapidez a situaciones sobrevenidas. El informe también plantea revisar el tratamiento fiscal de estas subvenciones para evitar que su tributación reduzca de forma significativa su impacto real. Fernando Santiago insiste en que no se trata de una medida asistencial, sino de una política económica destinada a preservar miles de pequeñas empresas. “No estamos pidiendo ayudas asistenciales. Estamos proponiendo una política inteligente de apoyo al tejido productivo. Ayudar a un autónomo a mantener abierta su actividad durante una ausencia temporal cuesta mucho menos que asumir el coste económico y social del cierre de un negocio viable.” El presidente de los Gestores Administrativos concluye que la conciliación del trabajo autónomo debe dejar de entenderse exclusivamente como una cuestión de protección personal. “La Seguridad Social protege, en parte, a la persona. Pero nadie protege el negocio. Y para un autónomo ambas cosas son inseparables. Si el negocio desaparece, desaparece también su puesto de trabajo. Proteger la conciliación de los autónomos también significa proteger el tejido productivo, el empleo y la economía de nuestro país.”El informe elaborado por el Observatorio de Gestión Pública del ICOGAM revela que solo algunas comunidades han desarrollado ayudas específicas destinadas a facilitar la sustitución temporal del trabajador autónomo.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/01/shutterstock_589946126-p485546-m1514483-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ilustre-colegio-oficial-de-gestores-administrativos-de-madrid-presenta-el-informe-el-coste-oculto-de-la-conciliacion-en-el-trabajo-autonomohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/01/shutterstock_589946126-p485546-m1514483-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ilustre-colegio-oficial-de-gestores-administrativos-de-madrid-presenta-el-informe-el-coste-oculto-de-la-conciliacion-en-el-trabajo-autonomohttps://elderecho.com/el-ilustre-colegio-oficial-de-gestores-administrativos-de-madrid-presenta-el-informe-el-coste-oculto-de-la-conciliacion-en-el-trabajo-autonomohttps://elderecho.com/el-ilustre-colegio-oficial-de-gestores-administrativos-de-madrid-presenta-el-informe-el-coste-oculto-de-la-conciliacion-en-el-trabajo-autonomo2026-07-23 10:27:122026-07-23 10:27:12socialSocial13Social485533El Pleno del Congreso decidirá este jueves, 23 de julio, en una sesión extraordinaria si convalida o deroga el decreto ley que desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral en la administración pública y concede un complemento de insularidad en las Islas Baleares. Como todo decreto ley, el texto está en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero ahora el Congreso tiene que decidir si lo ratifica o no. La norma permite al personal laboral de la Administración a tiempo completo que no hayan alcanzado la edad ordinaria de jubilación acceder a esta de forma parcial y anticipada siempre que, con carácter simultáneo, se celebre un contrato de relevo. Aunque Podemos no criticó el fondo de la norma, sí que exigió al Gobierno que retirara este decreto y presentara uno nuevo para convertir a fijos a cerca de un millón de interinos en la administración. En este escenario de dudas sobre el futuro de la norma, el sindicato CCOO ha pedido a los grupos parlamentarios apoyen su convalidación, pues de lo contrario miles de empleados públicos no podrán acogerse a una jubilación parcial que, según la organización, favorece una transición ordenada. Condiciones para jubilación parcial Las personas que quieran acogerse al régimen de jubilación parcial deben cumplir una serie de requisitos que pasan por retirarse tres años antes de la edad de jubilación; acreditar un periodo de cotización de 33 años; tener una antigüedad en la empresa de seis años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial; que la reducción de su jornada de trabajo sea entre el 25% y el 75% y, si se anticipa en más de dos años, la reducción de jornada del primer año será entre el 20-33%. Con esta modalidad, el empleado personal laboral podrá reducir la jornada laboral recibiendo la parte proporcional del salario por el tiempo de trabajo que sigue desempeñando y por el resto recibirá proporcionalmente la pensión. El decreto ley establece que las administraciones tendrán que contar con un instrumento de planificación, preferentemente las ofertas de empleo, para establecer la cobertura de jubilaciones parciales. La norma fija también un régimen transitorio hasta el 1 de abril de 2027 para facilitar la adaptación progresiva de las Administraciones al nuevo régimen. A su vez, incorpora una disposición adicional para la indemnización por residencia del personal al servicio del sector público estatal destinado en Baleares y revisará las cuantías de la indemnización por residencia del personal del sector público estatal destinado en la comunidad.La oferta de empleo público de 2026 en la Administración del Estado ya ha incluido 854 plazas para la contratación de personal relevista fijo.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/03/shutterstock_2006971442-1-p485533-m1514449-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-congreso-vota-el-decreto-que-regula-la-jubilacion-parcial-para-el-personal-de-la-administracionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/03/shutterstock_2006971442-1-p485533-m1514449-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-congreso-vota-el-decreto-que-regula-la-jubilacion-parcial-para-el-personal-de-la-administracionhttps://elderecho.com/el-congreso-vota-el-decreto-que-regula-la-jubilacion-parcial-para-el-personal-de-la-administracionhttps://elderecho.com/el-congreso-vota-el-decreto-que-regula-la-jubilacion-parcial-para-el-personal-de-la-administracion2026-07-23 10:14:472026-07-23 10:14:47sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social485521El Congreso acogerá el debate y votación de las enmiendas que el Senado ha introducido a esta proposición de ley durante el trámite parlamentario. Una vez culminada esta fase, el texto se publicará de forma inminente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La ley tiene como principal objetivo buscar una solución para la situación de miles de profesionales que durante años han estado suscritos a un régimen de mutualidad alternativa y se han visto abocados a situaciones de desprotección con pensiones muy bajas. Pasivos excluidos Durante su paso por la Cámara Alta, el texto sufrió cambios significativos a propuesta del PP, que en el Senado tiene mayoría absoluta. Especialmente en lo relativo a los mutualistas que ya están jubilados, también conocidos como pasivos, pues mientras que en el Congreso la formación 'popular' consiguió que se aprobara que estos pudieran beneficiarse de la pasarela, en el Senado se desdijo y aprobó justo lo contrario. En concreto, los de Núñez Feijóo impulsaron una reforma legal vía enmienda en el Senado para excluir a los pasivos de la reforma. De este modo, el texto de momento fija que la pasarela será exclusiva para quienes no sean pensionistas de ningún régimen público ni de la propia mutualidad alternativa, con la única excepción de quienes perciban una pensión de viudedad. Mejora de las pensiones A su paso por la Cámara Alta también se han modificado los coeficientes aplicables en la transferencia de los derechos económicos al RETA, de manera que se aplicará una mejora de entre el 0,67 y el 0,87 sobre la base mínima de cotización que habría correspondido en el régimen de autónomos. Esos coeficientes no se aplican a los profesionales que tengan 52 años o más a 31 de diciembre de 2026, los cuales podrán suscribirse a la fórmula del 1x1, es decir que cada mes cotizado en la mutualidad contará como un mes completo en el RETA. Esta fórmula también la podrán disfrutar quienes iniciaron su actividad profesional antes del 10 de noviembre de 1995. A su vez, el texto fija que el Gobierno tendrá que desarrollar en tres meses desde la entrada en vigor de la ley el reglamento que concretará los flecos pendientes de la pasarela, como si se aplicará el IPC en el cálculo de las aportaciones económicas transferidas. Todos los cambios introducidos durante la tramitación en el Senado ahora tienen que votarse en el Congreso, que tendrá que decidir si los aprueba o los rechaza antes de dar luz verde definitiva al texto y que se publique en el BOE.La reforma legal por la que los colegiados mutualistas puedan transferir sus derechos económicos acumulados en las mutualidades al Régimen de Autónomos (RETA) se someterá el  jueves 23 de julio, a su último examen en el Congreso antes de su entrada en vigor.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/09/shutterstock_2537012139-1-p485521-m1514415-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-congreso-examina-por-ultima-vez-la-ley-con-la-pasarela-al-reta-para-mutualistas-antes-de-entrar-en-vigorhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/09/shutterstock_2537012139-1-p485521-m1514415-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-congreso-examina-por-ultima-vez-la-ley-con-la-pasarela-al-reta-para-mutualistas-antes-de-entrar-en-vigorhttps://elderecho.com/el-congreso-examina-por-ultima-vez-la-ley-con-la-pasarela-al-reta-para-mutualistas-antes-de-entrar-en-vigorhttps://elderecho.com/el-congreso-examina-por-ultima-vez-la-ley-con-la-pasarela-al-reta-para-mutualistas-antes-de-entrar-en-vigor2026-07-23 10:04:422026-07-23 10:04:42sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485509Los conocidos narcotraficantes Carlos Cortés Radó 'El Charly' y Tamara Campos Maya 'La Tamara', junto a otros seis acusados, serán juzgados en la Audiencia Provincial de Baleares por supuestamente te blanquear 250.000 euros de un billete de lotería comprado a su ganador. La Sección Segunda ha celebrado el miércoles 22 de julio la vista previa del procedimiento, que ha finalizado sin que las partes hayan alcanzado un acuerdo de conformidad. La Sala deberá ahora fijar una fecha para la celebración del juicio oral, en el que cada uno de los ocho condenados se enfrenta a siete años de prisión, 56 en total, y al pago de una multa de 1,5 millones de euros como supuestos autores de un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a organización criminal. Una de las defensas ha alegado la existencia de un fraude de ley al haberse incumplido los plazos previstos por la legislación durante la fase de instrucción, una cuestión que el tribunal resolverá en el juicio. Punto de venta de estupefacientes Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, se remontan a la actividad delictiva que llevaban a cabo 'La Tamara', hermana del también conocido narcotraficante 'El Pablo', y su marido. Ambos dirigían un punto de venta de estupefacientes ubicado en Palma desde al menos 2014. Cuatro años después, cuando el marido estaba a cargo y con la colaboración de otra de las acusadas, que actuó como testaferro, compraron un billete de la ONCE premiado con 250.000 euros a su poseedor inicial, una persona desconocida. De este modo, cobraron el premio, distribuido durante una década a razón de 25.000 euros anuales, y consiguieron ocultar el origen ilícito de su patrimonio. Ya en 2020, siempre según el relato del representante del Ministerio Público, 'El Charly', su hija y su mujer celebraron un contrato de opción de compra sobre un chalé ubicado en Marratxí de su propiedad con la testaferro de 'La Tamara'. La narcotraficante y su marido les pagaron 250.000 euros por el inmueble, de los cuales 100.000 fueron al contado y el resto se abonaría en un plazo máximo de ochos años, que sabían que 'El Charly' y su familia sabían que procedían del narcotráfico. Unos días después, otros dos acusados registraron una declaración de obra nueva valorada en 120.000 euros en el indicado chalé, con lo que los 131 metros originalmente construidos pasaron a ser más de 600, a los que había que sumar una piscina de grandes dimensiones. Estas obras fueron en realidad pagadas por 'La Tamara' y su esposo empleando el dinero procedente del tráfico de estupefacientes, algo de lo que también eran conocedores 'El Charly' y su familia. Quince transferencias Entre marzo y mayo de 2023, y siempre con el objetivo de ocultar el origen ilícito de su dinero, el último de los ocho acusados realizó 15 transferencias por importe de 280.300 euros a una cuenta lituana a nombre de Tamara Campos Amaya "bajo la apariencia de un préstamo ficticio". En mayo de 2025, desde la misma cuenta bancaria, la acusada transfirió 119.962 euros a la cuenta común de la mujer y la hija de 'El Charly' como pago por el chalé de Marratxí, los cuales habían sido blanqueados previamente mediante el supuesto préstamo.Los narcotraficantes habrían presuntamente blanqueado 250.000 euros de un billete de lotería comprado a su ganador.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/12/shutterstock_402914290-1-p485509-m1514380-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-audiencia-provincial-de-baleares-juzgara-a-dos-narcotraficantes-por-blanquear-250-000-euros-de-un-billete-de-loteria-comprado-a-su-ganadorhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/12/shutterstock_402914290-1-p485509-m1514380-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-audiencia-provincial-de-baleares-juzgara-a-dos-narcotraficantes-por-blanquear-250-000-euros-de-un-billete-de-loteria-comprado-a-su-ganadorhttps://elderecho.com/la-audiencia-provincial-de-baleares-juzgara-a-dos-narcotraficantes-por-blanquear-250-000-euros-de-un-billete-de-loteria-comprado-a-su-ganadorhttps://elderecho.com/la-audiencia-provincial-de-baleares-juzgara-a-dos-narcotraficantes-por-blanquear-250-000-euros-de-un-billete-de-loteria-comprado-a-su-ganador2026-07-23 09:55:082026-07-23 09:55:08administrativoAdministrativo1mercantilMercantil8penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Mercantil,Penal,Sector jurídico485497El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado en la Región (LIDER), una nueva norma que facilitará la construcción de más viviendas y reducirá la burocracia, disminuyendo los tiempos de la tramitación urbanística de 12 a 4 años. El texto, que fue anunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el último Debate del Estado de la Región, ha sido elaborado tras un proceso de participación de todas las partes implicadas y consulta con expertos, y será remitido ahora a la Asamblea de Madrid para continuar su tramitación. Así, se simplifica toda la planificación urbanística con una visión conjunta de la Comunidad de Madrid. Para ello, se tendrán en cuenta las necesidades de cada municipio, la protección del medio ambiente y el paisaje, la creación de infraestructuras y servicios públicos, así como las características sociales, culturales y económicas de cada localidad. Novedades de LIDER Entre las principales novedades de LIDER destaca un nuevo modelo de Planes Estratégicos Municipales (PEM), que permitirá a los ayuntamientos aprobar su planificación urbanística en un plazo de entre cuatro y seis años, reduciendo a más de la mitad el tiempo necesario en la actualidad. Además, el planeamiento de desarrollo pasará de siete a cuatro años y, en determinados supuestos, podrá completarse en solo uno mediante ordenanzas urbanísticas. En este sentido, 42 ayuntamientos, entre ellos el de Madrid capital, ya han iniciado la elaboración de sus Planes Estratégicos Municipales al amparo de la Ley 7/2024 de desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio. La norma simplificará también la clasificación del suelo, que pasará de cinco categorías a solo tres —urbanizado, rural protegido y rural no protegido—, con el objetivo de facilitar su gestión y aportar mayor seguridad y claridad a propietarios, ayuntamientos e inversores. Igualmente, LIDER refuerza la autonomía de los consistorios. Los municipios de más de 15.000 habitantes podrán aprobar todos sus instrumentos de planificación urbanística, mientras que el Gobierno regional mantendrá las funciones de control de legalidad. Además, todos podrán aprobar sus ordenanzas urbanísticas, los estudios de detalle y los catálogos de bienes y espacios protegidos. La nueva norma facilitará también el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas en suelo rural al simplificar los trámites necesarios para su puesta en marcha. Además, serán los propios ayuntamientos quienes autoricen estos proyectos. Modelo pionero en España LIDER incorpora también un nuevo modelo pionero en España que permitirá a los consistorios remodelar barrios y mejorar los espacios públicos y privados sin que los costes recaigan sobre los vecinos. Asimismo, facilitará la protección del patrimonio histórico al evitar que sea necesario modificar todo el planeamiento para proteger un edificio. En cuanto a los municipios más pequeños, la Ley contiene un régimen específico para adaptar la planificación urbanística a sus necesidades y facilitar la gestión de sus proyectos. Además, como novedad, la Comunidad de Madrid incorpora un servicio de acompañamiento técnico para ayudar a estas localidades de menor población a elaborar su planeamiento urbanístico. Este apoyo incluirá los estudios previos, la tramitación ambiental y de los informes necesarios para desarrollar sus propuestas. LIDER se suma a otras iniciativas del Gobierno regional para reducir la burocracia y agilizar la construcción de viviendas. En esta misma línea se enmarca la Ley 3/2024 de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida, gracias a la cual en su primer año se han concedido licencias para construir 3.679 inmuebles y está previsto alcanzar los 10.000. Además, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la Aceleradora Urbanística regional, que centraliza la tramitación de informes para agilizar y, en su caso, reducir a la mitad los plazos y facilitar el desarrollo de proyectos de vivienda y actividad económica. Ya ha impulsado proyectos para la construcción de 17.600 pisos, de los que casi 6.000 son protegidos. Espectáculos públicos Igualmente, LIDER actualizará también la normativa sobre espectáculos públicos y actividades recreativas, vigente desde hace casi 30 años, para adaptarla a la realidad actual del ocio, la cultura, la gastronomía y los grandes eventos que acoge la región. Además, las localidades de más de 20.000 habitantes serán las encargadas de autorizar las actuaciones de carácter excepcional que se celebren en su término municipal. Igualmente, el texto actualiza el régimen de sanciones y prohíbe el uso de llama viva, fuego abierto, bengalas y otros dispositivos pirotécnicos en establecimientos de hostelería y ocio cuando no existan espacios habilitados para ello.La norma incorpora un nuevo sistema pionero en España que permitirá a los ayuntamientos remodelar barrios y espacios públicos y privados sin costes para los vecinos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/05/Vivienda-p485497-m1514346-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-comunidad-de-madrid-aprueba-la-ley-lider-para-facilitar-la-construccion-de-viviendas-y-reducir-los-tiempos-de-tramitacion-urbanisticahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/05/Vivienda-p485497-m1514346-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-comunidad-de-madrid-aprueba-la-ley-lider-para-facilitar-la-construccion-de-viviendas-y-reducir-los-tiempos-de-tramitacion-urbanisticahttps://elderecho.com/la-comunidad-de-madrid-aprueba-la-ley-lider-para-facilitar-la-construccion-de-viviendas-y-reducir-los-tiempos-de-tramitacion-urbanisticahttps://elderecho.com/la-comunidad-de-madrid-aprueba-la-ley-lider-para-facilitar-la-construccion-de-viviendas-y-reducir-los-tiempos-de-tramitacion-urbanistica2026-07-23 09:34:342026-07-23 09:34:34administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico485485Los operadores audiovisuales mantendrán la calificación por edades actual pero deberán incorporar un sistema de descriptores para informar sobre contenidos que incluyan sexo, violencia, conductas reprochables, adicciones o lenguaje inadecuado. Así se desprende del acuerdo de corregulación para la calificación por edades de los programas y contenidos alcanzado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), junto con otras autoridades audiovisuales autonómicas y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública; prestadores audiovisuales televisivos y plataformas; creadores de contenido (influencers); Autocontrol, y AUC, ICMedia y organizaciones sociales firmantes. Código de Conducta El acuerdo incorpora un nuevo Código de Conducta para la calificación de los programas y contenidos audiovisuales y sistema de descriptores, previsto también en la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), que establece el marco común para los diferentes operadores audiovisuales con el fin de reforzar la protección de las personas menores de edad y ofrecer a los usuarios información más clara sobre dichos contenidos y programas. Dicho código de conducta prevé también sanciones para los incumplidores. El Código mantiene la gradación por edades aprobada a partir del anterior Código de Autorregulación y recogida en la LGA (TP, +7, +12, +16, +18, X) con unas directrices comunes para su aplicación, y establece además un sistema de descriptores (sexo, violencia, conductas reprochables, adicciones, lenguaje inadecuado). De acuerdo con la normativa audiovisual, los prestadores del servicio de comunicación audiovisual están obligados a facilitar información suficiente a los espectadores sobre los programas. Más en concreto, los programas emitidos por los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo, lineal o a petición, deben disponer de una calificación por edades, visible en pantalla "mediante indicativo visual y fácilmente comprensible por los espectadores". Violencia gratuita o pornografía Por lo que se refiere a los contenidos perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores, cuando contengan escenas de violencia gratuita o pornografía no pueden ser emitidos en abierto, y en el caso de las plataformas bajo demanda deben ofrecerse en catálogos separados del resto de programas. Además, los programas que no contengan esos contenidos de pornografía o violencia extrema, pero sí deban considerarse por su contenido para mayores de 18 años, solo pueden emitirse entre las 22 y las 6 horas. Con la entrada en vigor del Acuerdo, una vez se publique en el BOE, cualquier persona que observe falta de calificación en los programas y contenidos, o una calificación inadecuada de los mismos, podrá presentar reclamación por incumplimiento del Código de Conducta. No así cuando el incumplimiento provenga de una plataforma de internet, que por el momento quedan fuera del acuerdo, o de alguna de las plataformas de 'streaming' que finamente no lo han firmado. En esos casos, habrá de seguirse la vía de denuncia administrativa de acuerdo con la LGA y el Reglamento de Servicios Digitales. El código, que contempla la posibilidad de sanción contra los incumplidores, dispone asimismo de una comisión de seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos por los firmantes; establece mecanismos de consulta previa por parte de los prestadores, con el fin de determinar la calificación correcta para sus contenidos, y garantiza la participación de la sociedad civil para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tanto del Código de Conducta como de la LGCA. En este sentido, las organizaciones sociales firmantes se han comprometido a participar en la revisión de las reclamaciones; a asumir las funciones derivadas de su participación en la comisión de seguimiento, y a elaborar los informes de evaluación de funcionamiento del Código, que deberán aprobar los prestadores firmantes.Cuando se observe falta de calificación en los programas y contenidos, o una calificación inadecuada de los mismos, se podrá presentar reclamación por incumplimiento del Código de Conducta.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2021/05/Pornografia-infantil-p485485-m1514310-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/operadores-audiovisuales-mantienen-la-calificacion-por-edades-pero-deberan-informar-sobre-contenidos-de-sexo-o-violenciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2021/05/Pornografia-infantil-p485485-m1514310-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/operadores-audiovisuales-mantienen-la-calificacion-por-edades-pero-deberan-informar-sobre-contenidos-de-sexo-o-violenciahttps://elderecho.com/operadores-audiovisuales-mantienen-la-calificacion-por-edades-pero-deberan-informar-sobre-contenidos-de-sexo-o-violenciahttps://elderecho.com/operadores-audiovisuales-mantienen-la-calificacion-por-edades-pero-deberan-informar-sobre-contenidos-de-sexo-o-violencia2026-07-21 14:44:392026-07-21 14:44:39derecho-ticDerecho TICpenalPenal9sector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Penal,Sector jurídico485473 La Comisión Europea ha puesto en marcha esta semana los trabajos para la futura Ley de Empleo de Calidad con la apertura de una segunda fase de consultas con sindicatos y organizaciones empresariales sobre una propuesta que incluirá medidas para regular el uso de la inteligencia artificial en el trabajo, reforzar la protección de los trabajadores en las cadenas de subcontratación y adaptar la normativa laboral al teletrabajo y otros nuevos riesgos. Adaptación de normativa laboral La futura norma, que Bruselas prevé presentar antes de que acabe el año, también contempla revisar las reglas sobre salud y seguridad en el trabajo, impulsar la formación de los trabajadores para facilitar la transición digital y ecológica y reforzar las inspecciones laborales y las sanciones contra las empresas que incumplan la legislación. La consulta permanecerá abierta hasta el próximo 28 de septiembre. Una vez concluya, sindicatos y organizaciones empresariales podrán decidir si inician negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo conjunto antes de que la Comisión presente la propuesta legislativa. Entre las medidas que estudia el Ejecutivo comunitario, figura el establecimiento de normas para garantizar que las decisiones automatizadas mediante inteligencia artificial sean transparentes, cuenten con supervisión humana y no den lugar a una vigilancia excesiva de los trabajadores. Asimismo, Bruselas quiere actualizar la normativa sobre salud y seguridad laboral para responder a nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo, y a riesgos psicosociales como el acoso sexual. También plantea reforzar la transparencia y la responsabilidad de las empresas en las cadenas de subcontratación para prevenir situaciones de explotación laboral. La iniciativa incluye además medidas para mejorar la formación de los trabajadores y reforzar el diálogo social con el objetivo de facilitar la adaptación de las empresas y sus plantillas a la transición digital y ecológica, así como un endurecimiento de las inspecciones laborales y de las sanciones por incumplir la normativa.   La primera fase de consultas reunió las aportaciones de 34 organizaciones europeas, entre ellas doce sindicatos y 22 organizaciones empresariales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/BruselasComision-EuropeaParlamento_EDEIMA20130614_0005_1-p485473-m1514277-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bruselas-consulta-a-sindicatos-y-patronales-sobre-la-futura-ley-de-empleo-de-calidadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/BruselasComision-EuropeaParlamento_EDEIMA20130614_0005_1-p485473-m1514277-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bruselas-consulta-a-sindicatos-y-patronales-sobre-la-futura-ley-de-empleo-de-calidadhttps://elderecho.com/bruselas-consulta-a-sindicatos-y-patronales-sobre-la-futura-ley-de-empleo-de-calidadhttps://elderecho.com/bruselas-consulta-a-sindicatos-y-patronales-sobre-la-futura-ley-de-empleo-de-calidad2026-07-21 14:31:352026-07-21 14:31:35administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico485461 KPMG ha advertido este martes 21 de julio de que el absentismo laboral se ha convertido en uno de los principales desafíos para la competitividad de la economía española, en un contexto en el que más de 1,6 millones de personas faltan cada día a su puesto de trabajo y el impacto económico asociado supera los 59.000 millones de euros anuales, el equivalente a cerca del 3,7% del PIB, según datos de Adecco. Durante una jornada organizada junto con la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), la firma ha defendido que este fenómeno ha dejado de ser una cuestión exclusivamente empresarial para convertirse en un reto económico, social y sanitario, al afectar a la productividad, la organización del trabajo, la calidad de los servicios y la capacidad de crecimiento de las organizaciones. En el encuentro han participado la directora de Operaciones (COO) de KPMG en España, María Lacarra, y el socio responsable del área Laboral de KPMG Abogados, Francisco Fernández Diez, quienes han coincidido en que el incremento del absentismo responde a una combinación de factores demográficos, sanitarios, organizativos y regulatorios que requiere una respuesta coordinada entre empresas, administraciones públicas, el sistema sanitario y los agentes sociales. Tasa de absentismo Según los datos que se han abordado, la tasa de absentismo se sitúa actualmente en el 7,2% de las horas pactadas, mientras que el absentismo vinculado a incapacidad temporal alcanza el 5,6%. Además, cerca del 78% de las horas perdidas por absentismo están relacionadas con procesos de incapacidad temporal, lo que, a su juicio, refleja la influencia de factores como el envejecimiento de la población activa, el aumento de las patologías vinculadas a la salud mental, la duración de determinados procesos médicos y las dificultades para agilizar la reincorporación al trabajo. La firma también ha señalado que el absentismo presenta diferencias significativas entre sectores y territorios. En este sentido, ha indicado que la industria manufacturera, la logística y el transporte, la sanidad, los servicios sociales y otras actividades intensivas en mano de obra registran mayores niveles de presión, con efectos directos sobre la productividad y la continuidad operativa. Asimismo, ha apuntado que comunidades autónomas como País Vasco, Asturias o Canarias presentan una mayor incidencia del absentismo por la combinación de distintos factores estructurales, entre ellos el peso de determinadas actividades económicas, el envejecimiento de la población trabajadora y una mayor incidencia de algunos procesos de incapacidad temporal. En el caso del País Vasco, ha añadido, también influye el elevado peso de la actividad industrial y manufacturera. En este contexto, Lacarra ha afirmado que el absentismo "ha dejado de ser un problema de recursos humanos para convertirse en un reto de competitividad", al considerar que su impacto trasciende el ámbito empresarial y afecta a la capacidad de crecimiento de sectores enteros y de la economía en su conjunto. Por ello, ha defendido una respuesta compartida entre administraciones, empresas, sistema sanitario y agentes sociales. Por su parte, Fernández ha sostenido que el absentismo constituye un fenómeno "complejo y multicausal", por lo que ha considerado necesario actuar de forma simultánea sobre la prevención, la gestión de la incapacidad temporal, la coordinación institucional y la promoción de entornos de trabajo más saludables. Absentismo evitable Durante la jornada también se han analizado distintas experiencias internacionales y algunas de las medidas que están aplicando las organizaciones para reducir el absentismo evitable, entre ellas el uso de herramientas de análisis de datos, la promoción de la salud física y emocional, el refuerzo del liderazgo de los equipos y el desarrollo de modelos de trabajo más flexibles. En este sentido, KPMG ha defendido abordar este desafío desde una perspectiva preventiva, poniendo el foco en los factores que preceden a la ausencia y favoreciendo una gestión basada en el bienestar de las personas y en el análisis de datos. Lacarra ha asegurado que las organizaciones que obtienen mejores resultados son aquellas que combinan prevención, bienestar, liderazgo y una gestión apoyada en datos, al tiempo que ha sostenido que la clave "no está en controlar más, sino en anticiparse mejor y actuar antes de que aparezcan los problemas". Por último, Fernández ha concluido que, si el problema es compartido, la respuesta también debe serlo, y ha advertido de que España se enfrenta a un desafío estructural que exige una visión de largo plazo y un compromiso conjunto de empresas, administraciones públicas, sistema sanitario y agentes sociales para revertir una tendencia que, a su juicio, ya se ha convertido en uno de los principales retos para la competitividad del país. La firma ha celebrado una jornada informativa junto a la Asociación de Periodistas de Información Económica.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/08/shutterstock_2275517305-1-p485461-m1514244-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/kpmg-avisa-de-que-el-absentismo-es-uno-los-principales-desafios-para-la-competitividad-en-espanahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/08/shutterstock_2275517305-1-p485461-m1514244-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/kpmg-avisa-de-que-el-absentismo-es-uno-los-principales-desafios-para-la-competitividad-en-espanahttps://elderecho.com/kpmg-avisa-de-que-el-absentismo-es-uno-los-principales-desafios-para-la-competitividad-en-espanahttps://elderecho.com/kpmg-avisa-de-que-el-absentismo-es-uno-los-principales-desafios-para-la-competitividad-en-espana2026-07-21 14:23:402026-07-21 14:23:40socialSocial13Social485424Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, acaba de presentar la edición de su campaña de verano en la que los profesionales pueden disponer de descuentos exclusivos. Un año más estos descuentos están disponibles para los que accedan a la web en los meses de verano proporcionando un acceso aún más ventajoso al mejor contenido jurídico y de formación. Summer Sales Lefebvre, la campaña de verano para los productos electrónicos La campaña que comienza el 15 de julio y llegará hasta el próximo 31 de agosto, permite a Lefebvre ofrecer en su tienda web precios especiales de hasta un 20% de descuento en los productos electrónicos. Una vez más, la oferta incluye cualquiera de sus modalidades ( e-learning y webinar ) para continuar un crecimiento con mayor calidad y expertise. Durante el tiempo en que transcurre la campaña es posible conseguir acceso en formato electrónico a una plataforma única en el mercado. Esta plataforma permite la visualización de los Mementos de Lefebvre de manera digital, totalmente actualizados y conectados entre sí. Los profesionales pueden adquirir ADN, Análisis de Novedades con lo cual obtienen el acceso al servicio más completo de novedades jurídicas para entender la actualidad del sector jurídico en sus diferentes aspectos. La campaña es aplicable para todos los que accedan a la web, e incluye revistas jurídicas, publicaciones periódicas especializadas en diferentes sectores como civil, mercantil o social. El éxito del lanzamiento de esta campaña permite una nueva edición y de ahí la invitación exclusiva a los profesionales del derecho para que puedan participar ¡Es una oportunidad única y por tiempo limitado durante la etapa estival! Las ofertas planteadas en la campaña no estarán disponibles después del 31 de agosto.Desde el 15 de julio y hasta el próximo 31 de agosto, todos los profesionales que accedan a la tienda online de Lefebvre pueden disfrutar de hasta un 20% de descuento en los productos electrónicos y oferta de Formación.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/web_banner-1920x1080px-p485424-m1514139-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/summer-sales-lefebvre-hasta-20-de-descuento-en-productos-electronicos-y-toda-la-web-de-formacionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/web_banner-1920x1080px-p485424-m1514139-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/summer-sales-lefebvre-hasta-20-de-descuento-en-productos-electronicos-y-toda-la-web-de-formacionhttps://elderecho.com/summer-sales-lefebvre-hasta-20-de-descuento-en-productos-electronicos-y-toda-la-web-de-formacionhttps://elderecho.com/summer-sales-lefebvre-hasta-20-de-descuento-en-productos-electronicos-y-toda-la-web-de-formacion2026-07-20 11:29:142026-07-20 11:29:14sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485412 El Pleno del Congreso debatirá y votará en una sesión extraordinaria este jueves, 23 de julio, el nuevo decreto ley que incluye ayudas fiscales para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, que incluye la prórroga del alivio fiscal a los carburantes para los hogares y la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía. Aunque el Gobierno aprobó un primer paquete de medidas para contener las consecuencias de la guerra iniciada en Irán, especialmente en materia de hidrocarburos, contenía limitaciones temporales y algunas de las medidas decayeron al final de junio. La continuidad del conflicto y las tensiones en los precios energéticos obligaron al Ejecutivo a aprobar un segundo paquete de alivio fiscal. Como todo decreto ley, las medidas están en vigor tras su aprobación en Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, pero tiene que remitirse al Congreso en un plazo de treinta días para decidir si se convalida o se deroga. Impuesto especial de hidrocarburos Entre las medidas del nuevo paquete se incluye la reducción del impuesto especial a hidrocarburos, que supone una rebaja de 15 céntimos/litro, en julio; 10 céntimos, en agosto; y 5 céntimos, en septiembre. Pese a este alivio fiscal, decae la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis, en línea con las recomendaciones recibidas desde Bruselas. No obstante, el Gobierno ha incluido una cláusula automática, de vuelta a los 20 céntimos por litro de apoyo, en caso de que el conflicto se recrudezca y la inflación de los carburantes vuelva a disparar. De la misma manera, el Gobierno ha asegurado que revisará cada mes, de manera constante, la evolución con respecto al IPC del año anterior, y en el caso de haber variaciones que indiquen que está por encima del 15%, se activarán nuevamente las reducciones tanto para electricidad como para gas en función de ese resultado. En resumen, la cláusula de reactivación será para gasóleo, gasolina, gas y electricidad. De su lado, se mantiene el descuento equivalente a los 20 céntimos/litro a los carburantes para los profesionales en el caso del sector primario y del sector del transporte. Además, en el caso de la agricultura, se le añaden 165 millones de euros adicionales de ayuda para la compra de fertilizantes a los 500 que ya estaban disponibles. Además, la norma fija que la CNMC pondrá en marcha un sistema de seguimiento de los márgenes brutos de todas las estaciones de servicios para controlar que estas cumplen con las medidas establecidas en el decreto ley. No obstante, el Gobierno sólo ha detectado hasta la fecha un comportamiento anómalo en 52 estaciones de servicio. Fiscalidad energética En cuanto a la fiscalidad energética, la norma desarrolla la eliminación estructural progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, una demanda que PP y Junts han reclamado en reiteradas ocasiones esta legislatura. La eliminación se hará ajustando los tipos de manera progresiva. El impuesto tenía un tipo del 7% este año 2026. En los dos trimestres que quedan ese tipo pasará a estar en el entorno del 5%, en el año 2027 en el entorno del 3,5% y en el año 2028 pasará a desaparecer. Según los cálculos del Gobierno, la eliminación de este impuesto permitirá a la industria aumentar su producción en 2.600 millones de euros anuales y crear unos 3.700 empleos. Plan de Movilidad Sostenible De igual forma, se prorrogan las condiciones a las empresas beneficiarias de las ayudas, manteniéndose la exigencia de Plan de Movilidad Sostenible para trabajadores y la prohibición de despido por causas derivadas del conflicto para empresas beneficiarias de ayudas vinculadas a la guerra. Otra de las medidas que se incluyen en el real decreto-ley es la flexibilización para el despliegue de fondos de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según fuentes de Economía, se ha acordado permitir realizar las inversiones más allá de la fecha límite a finales de agosto de aquellos hitos que estén cumplidos pero para los que aún no se hayan completado las inversiones. El primer Real Decreto-ley aprobado el pasado 20 de marzo ya estableció para todo 2026 el escudo social desplegado por el Gobierno, mediante los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico (42,5% para vulnerables y el 57,5% para vulnerables severos), el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la prohibición del corte de suministros básicos (agua y energía) a hogares vulnerables. En total, estas nuevas medidas, de tres meses de vigencia, supondrán un apoyo fiscal adicional de 1.825 millones en términos fiscales presupuestarios para el año 2026, a los que habría que sumarles otros 2.700 millones del descenso en recaudación para el 2027 y 2028 que supone esa eliminación progresiva del impuesto sobre la producción. En cuanto a las medidas estructurales, para seguir acelerando la implantación de generación renovable y la producción de biogás con el máximo retorno socioeconómico para los territorios próximos a las instalaciones y con el mínimo impacto ambiental, se habilita al Organismo Nacional de Normalización (UNE) a desarrollar con normas técnicas el sello de excelencia social, territorial y ambiental que permite disfrutar de una tramitación preferente a los mejores proyectos. La norma recoge la demanda de PP y Junts de quitar el impuesto de producción de energíahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2730971095-1-p485412-m1514103-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-congreso-vota-esta-semana-el-nuevo-decreto-ley-con-ayudas-fiscales-por-la-crisis-en-oriente-mediohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2730971095-1-p485412-m1514103-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-congreso-vota-esta-semana-el-nuevo-decreto-ley-con-ayudas-fiscales-por-la-crisis-en-oriente-mediohttps://elderecho.com/el-congreso-vota-esta-semana-el-nuevo-decreto-ley-con-ayudas-fiscales-por-la-crisis-en-oriente-mediohttps://elderecho.com/el-congreso-vota-esta-semana-el-nuevo-decreto-ley-con-ayudas-fiscales-por-la-crisis-en-oriente-medio2026-07-20 11:13:342026-07-20 11:13:34fiscalFiscal6multimateriaMultimateriaFiscal,Multimateria