https://elderecho.com/feedes487763Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial. Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido: - Resolución, de 7 de Agosto de 2026, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por el que se nombra, Jefe de Área, de la Subdirección de Sistemas Tecnológicos Informáticos y Competencia (B.O.E. núm. 219 de 4 de Septiembre de 2026). - Resolución, de 7 Agosto de 2026, de la Comisión de los Mercados y la Competencia, por el que se nombra, Jefe de Servicio de Proyectos e Inspecciones Tecnológicas de la Competencia, de la Subdirección de Sistemas Tecnológicos Informáticos y Competencia  (B.O.E. núm. 219 de 4 de Septiembre de 2026). -  Resolución, de 7 de Agosto de 2026, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por el que se nombra, Analista Programador, de la Subdirección de Sistemas Tecnológicos Informáticos y Competencia (B.O.E. núm. 219 de 4 de Septiembre de 2026).   La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com). [ledShortcodes shortcodeId="442941" label="Memento Social 2025 - 442941"]      Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos díashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/05/shutterstock_577460224-p487763-m1521464-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-31-de-agosto-a-4-de-septiembre-de-2-026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/05/shutterstock_577460224-p487763-m1521464-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-31-de-agosto-a-4-de-septiembre-de-2-026https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-31-de-agosto-a-4-de-septiembre-de-2-026https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-31-de-agosto-a-4-de-septiembre-de-2-0262026-09-04 12:58:382026-09-04 12:58:38derecho-ticDerecho TICDerecho TIC487726Durante la reunión se ha decidido crear grupos de trabajo integrados por representantes de Abogacía Española, asociaciones, colectivos y sindicato, para concretar una propuesta común que contribuya a una tramitación ágil, segura y que dé respuesta a las necesidades de los mutualistas. Por ello, el Consejo General de la Abogacía Española ha abierto el nuevo curso con una reunión convocada por su presidente, Salvador González, junto al presidente de la Comisión de Previsión Social de Abogacía Española, Ignacio Gally; con representantes de los distintos colectivos. El encuentro ha tenido como principal objetivo escuchar sus planteamientos y analizar las cuestiones que consideran prioritarias de cara al desarrollo reglamentario de la ley aprobada el pasado 23 de julio. Durante la reunión, representantes de ANAMA, DEFENDA, Plataforma Pasarela al RETA, sindicato VENIA, ALA, Mutualistas sin Pensiones, ALTODO, Movimiento J2, Mutualistas Obligatorios y Complementarios, Mutualistas por el Futuro y Otro J2, han coincidido en la necesidad de que el reglamento avance con la máxima celeridad posible. Las conclusiones del encuentro de hoy serán trasladadas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El presidente de Abogacía Española, Salvador González, ya abordó el desarrollo del reglamento con la ministra Elma Saiz el pasado 30 de julio, apenas una semana después de que el Congreso aprobara definitivamente la Pasarela, y el día anterior a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En aquella reunión, González pidió que la tramitación fuera ágil y que los colectivos afectados tuvieran voz en la elaboración del reglamento. Saiz se comprometió a tramitarlo con urgencia. El encuentro de este miércoles supone un paso más en ese proceso: escuchar ahora las prioridades de quienes llevan años reclamando una solución y trasladarlas al Ministerio en un momento decisivo para la aplicación de la ley. “La aprobación de la ley fue un paso fundamental, y ahora queremos que la Pasarela sea una realidad cuanto antes. Los mutualistas llevan mucho tiempo esperando, por lo que el desarrollo reglamentario no debe generar nuevas demoras. Queremos escuchar a todos los colectivos, recoger sus prioridades y trasladarlas al Ministerio para contribuir a un reglamento ágil, seguro y que de respuesta a las necesidades de los profesionales afectados”, ha expresado Salvador González, presidente de Abogacía Española. Un trabajo sostenido con los colectivos La llegada de la Pasarela al RETA pone fin a una larga etapa de reivindicación, pero no al trabajo pendiente. Hace más de tres años, asociaciones, plataformas, sindicatos y profesionales comenzaron a movilizarse ante la situación de mutualistas que, después de décadas de ejercicio y cotización, afrontaban su jubilación con prestaciones insuficientes. Lo que entonces parecía una reforma difícil de alcanzar, fue sumando apoyos y acabó entrando de lleno en la agenda política. Abogacía Española ha acompañado ese recorrido manteniendo la interlocución con los colectivos y llevando sus reivindicaciones ante los grupos parlamentarios, el Gobierno y las instituciones europeas. En el Parlamento Europeo defendió una Pasarela voluntaria, sin pérdidas y con garantías; y durante la tramitación de la ley reclamó reiteradamente mejorar el texto y ampliar su alcance. El amplio consenso sobre la necesidad de encontrar una solución permitió finalmente sacar adelante la reforma el pasado 23 de julio. Ahora el desafío es conseguir que la Pasarela pueda ponerse en marcha cuanto antes. Queda además una cuestión pendiente, Abogacía Española mantiene su compromiso de seguir trabajando para encontrar una respuesta para los profesionales que han quedado fuera de la Pasarela.El Consejo General de la Abogacía Española y las principales asociaciones, colectivos y sindicato de mutualistas han coincidido este miércoles en la necesidad de agilizar al máximo la tramitación del reglamento que permitirá hacer efectiva la Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/DSC00016-p487726-m1521390-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-y-los-colectivos-de-mutualistas-coinciden-en-la-urgencia-de-acelerar-el-reglamento-de-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/DSC00016-p487726-m1521390-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-y-los-colectivos-de-mutualistas-coinciden-en-la-urgencia-de-acelerar-el-reglamento-de-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/abogacia-espanola-y-los-colectivos-de-mutualistas-coinciden-en-la-urgencia-de-acelerar-el-reglamento-de-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/abogacia-espanola-y-los-colectivos-de-mutualistas-coinciden-en-la-urgencia-de-acelerar-el-reglamento-de-la-pasarela-al-reta2026-09-03 16:00:112026-09-03 16:00:11sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487725En esta ocasión, centrarán el debate las operaciones inmobiliarias, cuya fiscalidad será analizada por algunos de los expertos tributarios más importantes del país en el Palacio de la Magdalena. El Curso de Verano 2026 constará de cinco sesiones técnicas en las que se tratarán aspectos de plena actualidad en relación con las operaciones inmobiliarias: políticas fiscales de las Administraciones públicas para incentivar el mercado inmobiliario y el acceso a la vivienda; la fiscalidad directa e indirecta de las operaciones inmobiliarias y su jurisprudencia; el tratamiento fiscal de las nuevas realidades inmobiliarias: flex living (coliving, temporada...), coworking, vivienda asequible, etc; actividad de las empresas familiares que se dedican al arrendamiento de inmuebles y el blanqueo de capitales en las operaciones inmobiliarias. Además del intenso programa técnico, los más de 150 asistentes al curso visitarán la Bodega Bahía de Santander. El acto de inauguración del jueves 18 contará con la presencia de Bernardo Bande, presidente de AEDAF, junto a Juan Manuel Herrero de Egaña, vocal responsable de Estudios e Investigación y de Relaciones Institucionales de AEDAF y a Manuel Torreiro, delegado territorial de AEDAF en Cantabria.La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, celebrará los días 17 y 18 de septiembre una nueva edición de su Curso de Verano en Santander. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2698327555-1-p487725-m1521369-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-fiscalidad-inmobiliaria-a-debate-en-la-nueva-edicion-del-curso-de-verano-aedafhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2698327555-1-p487725-m1521369-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-fiscalidad-inmobiliaria-a-debate-en-la-nueva-edicion-del-curso-de-verano-aedafhttps://elderecho.com/la-fiscalidad-inmobiliaria-a-debate-en-la-nueva-edicion-del-curso-de-verano-aedafhttps://elderecho.com/la-fiscalidad-inmobiliaria-a-debate-en-la-nueva-edicion-del-curso-de-verano-aedaf2026-09-03 11:15:462026-09-03 11:15:46fiscalFiscal6sector-juridicoSector jurídicoFiscal,Sector jurídico487724En la sentencia, consultada por Europa Press, el tribunal europeo considera que las penas de prisión impuestas "no fueron proporcionadas a los fines legítimos de proteger la seguridad pública y los derechos y libertades de los demás, o de prevenir el desorden". Protesta En el marco del movimiento 15-M, entre el 14 y 15 de junio de 2011 se convocó la protesta 'Aturem el Parlament' en Barcelona, a la que asistieron unas 1.000 personas, con el objetivo de impedir la aprobación de recortes presupuestarios. Para ello, los asistentes se concentraron alrededor del Parlament de Cataluña y trataron de impedir el acceso a los diputados, de forma que la sesión empezó con 70 diputados presentes, --que lograron acceder de forma excepcional, como en helicóptero y vehículos policiales-- de un total de 135, lo que obligó a cambiar el orden del día. Según recoge la sentencia, algunos de los diputados fueron perseguidos, empujados y zarandeados, también les escupieron, los insultaron y les arrojaron líquidos, y algunos de ellos recibieron patadas y golpes. Condena En 2014, la Audiencia Nacional absolvió a los cuatro demandantes, al entender que habían actuado dentro del ejercicio de sus derechos fundamentales de reunión y manifestación, y que las acciones atribuidas no revestían de la gravedad suficiente como para constituir un delito. Sin embargo, un año después el Tribunal Supremo revocó la absolución y los condenó a 3 años de cárcel por un delito contra las instituciones del Estado y, posteriormente, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de amparo interpuesto por los condenados. Ahora, el TEDH sostiene que, si bien los tribunales nacionales consideraron que la conducta de los demandantes pudo contribuir a un ambiente "intimidatorio", no les atribuyeron acciones violentas específicas. En este sentido, recuerda que una persona no deja de gozar del derecho a la libertad de reunión pacífica por los actos de violencia cometidos por terceros en el curso de una manifestación. Así, prosigue, la conducta de los demandantes consistió principalmente en seguir a los diputados, gritar eslóganes y, en algunos casos, levantar los brazos o reprochar acciones a diputados, unas acciones que, aunque pudieran resultar molestas, no constituyen en sí mismo un acto de violencia. Por eso, considera que las penas de prisión impuestas, que no llegaron a cumplirse porque su ejecución quedó suspendida durante la tramitación de la solicitud de indulto y prescribieron antes de que se dictara una decisión definitiva, fueron "desproporcionadas". Se basa en que la suspensión de las mismas se basó únicamente en una falta de respuesta a su solicitud de indulto durante más de 9 años, y no en una decisión de las autoridades nacionales. El tribunal también recuerda que los demandantes participaban en una protesta que había sido comunicada, de la cual no eran los organizadores, que no consta que hubiesen desempeñado un papel destacado ni incumplido las instrucciones de la policía, y reprocha al Tribunal Supremo que los motivos expuestos para condenarlos "resultan insuficientes" como para justificar la pena de prisión. Además, a tenor de la gravedad de las penas impuestas, el tribunal interpreta que lo que se buscaba era un efecto de "disuasión", no solo hacia los demandantes, sino hacia el conjunto de la sociedad para asistir a manifestaciones y participar en un debate político abierto.El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por vulnerar el derecho a la libertad de reunión, recogido en el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de cuatro manifestantes de 'Aturem el Parlament', una protesta que tuvo lugar en 2011 en el marco del movimiento del 15-M, por condenarlos a 3 años de prisión.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/01/shutterstock_1170999274-p487724-m1521350-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tedh-condena-a-espana-por-vulnerar-el-derecho-de-reunionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/01/shutterstock_1170999274-p487724-m1521350-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tedh-condena-a-espana-por-vulnerar-el-derecho-de-reunionhttps://elderecho.com/el-tedh-condena-a-espana-por-vulnerar-el-derecho-de-reunionhttps://elderecho.com/el-tedh-condena-a-espana-por-vulnerar-el-derecho-de-reunion2026-09-03 10:51:432026-09-03 10:51:43sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487640De esta forma, confirma la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Ferrol que declaró extinguida la relación laboral entre la mujer y la compañía, a la cual le impuso el pago de una indemnización de 38.081 euros por el despido improcedente y de 3.750 euros por daños y perjuicios -único extremo recurrido por la empresa-. El tribunal considera acreditado que la compañía incumplió de forma reiterada y prolongada su propio protocolo de prevención del acoso, al demorar la constitución de la comisión investigadora y la tramitación de la denuncia presentada por la trabajadora a través de su canal ético. En la sentencia, los magistrados destacan que la falta de diligencia en la gestión de la denuncia vulneró obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos laborales y afectó a un elemento esencial de cualquier protocolo antiacoso: la urgencia en la actuación. “En primer lugar, la empresa ha incumplido un elemento fundamental de su protocolo antiacoso, como es la urgencia, cometiendo una acción u omisión culposa o negligente, constitutiva de una vulneración de derechos fundamentales, con una doble dimensión: individual, sobre la salud laboral de la propia trabajadora, así como colectiva, dado que, desde la perspectiva del personal de la propia empresa, ese incumplimiento despertará razonables sospechas con respecto al cumplimiento del protocolo”, recalca el TSXG en el fallo, en el que añade que “con independencia de la situación de la incapacidad temporal de la trabajadora demandante, ese incumplimiento ha generado un daño moral susceptible de ser indemnizado”. La Sala rechaza los argumentos de la compañía sobre la inexistencia de daño moral y concluye que la tardanza en la tramitación de la denuncia generó un perjuicio indemnizable, con independencia de que la trabajadora estuviese en situación de incapacidad temporal durante parte del procedimiento. “La circunstancia de estar la trabajadora fuera de la empresa durante la tramitación del expediente no excluye un daño moral derivado de la tardanza en la tramitación del protocolo antiacoso, que es independiente de si la trabajadora está trabajando o fuera de la empresa”, advierten los magistrados. Además, subrayan que la cuantía de 3.750 euros fijada en la sentencia de primera instancia resulta proporcionada, al tiempo que recuerdan que es habitual tomar como referencia orientativa las sanciones previstas para las infracciones muy graves por vulneración empresarial de derechos fundamentales de las personas trabajadoras. Por ello, el TSXG desestima el recurso de la empresa. La sentencia no es firme, pues contra ella cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Sala de lo Social. Sentencia nº 3073/2026 de 2 de julio de 2026.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratifica que una empresa debe indemnizar a una trabajadora por el daño moral causado por tardar en tramitar el protocolo antiacoso. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2592472659-1-p487640-m1521197-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/una-empresa-debe-indemnizar-a-una-trabajadora-por-el-dano-moral-causado-por-tardar-en-tramitar-el-protocolo-antiacosohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2592472659-1-p487640-m1521197-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/una-empresa-debe-indemnizar-a-una-trabajadora-por-el-dano-moral-causado-por-tardar-en-tramitar-el-protocolo-antiacosohttps://elderecho.com/una-empresa-debe-indemnizar-a-una-trabajadora-por-el-dano-moral-causado-por-tardar-en-tramitar-el-protocolo-antiacosohttps://elderecho.com/una-empresa-debe-indemnizar-a-una-trabajadora-por-el-dano-moral-causado-por-tardar-en-tramitar-el-protocolo-antiacoso2026-09-02 12:57:002026-09-02 12:57:00sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social487638La operación refuerza la división de Regulatory Affairs de ClarkeModet y amplía sus capacidades para prestar servicios a compañías farmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos médicos, así como a los sectores de alimentación, nutrición y cosmética. El Grupo incorpora un equipo de 40 profesionales altamente especializados, reforzando su capacidad para acompañar a clientes en Europa, Estados Unidos y América Latina, donde ClarkeModet ya cuenta con presencia directa en 13 países. Fundado en Brasil en 2009, Passarini Group aporta una sólida trayectoria internacional y ante organismos como la FDA en Estados Unidos, ANVISA en Brasil, en Europa y en procedimientos vinculados al marcado CE. Presta asesoramiento a casi 300 clientes y opera en más de 20 países. Passarini Group cuenta además con GRINN, su propia CRO, para prestar servicios de investigación clínica y ensayos, con la que ClarkeModet amplía su oferta de patentes y asuntos regulatorios a otras fases clave de la entrada al mercado de medicamentos y productos sanitarios. De acuerdo con María Garaña, CEO Global de ClarkeModet «esta adquisición supone un paso más en nuestra estrategia de crecimiento y fortalece nuestro objetivo de convertirnos en el socio global líder para gestionar la propiedad intelectual de las organizaciones innovadoras. Con Passarini Group elevamos nuestras capacidades en Regulatory Affairs y ampliamos nuestra propuesta de valor para acompañar a nuestros clientes durante todo el ciclo de su innovación». (Clara Pombo, Global Head of Regulatory Affairs de ClarkeModet; Claudio Castanheira, Regional Managing Director Brazil de ClarkeModet; y María Garaña, CEO Global de ClarkeModet) Un modelo integral para las empresas innovadoras Esta adquisición se enmarca en la estrategia de crecimiento de ClarkeModet, enfocada en ampliar sus capacidades en servicios integrales de innovación. Con más de 145 años de trayectoria, el Grupo ofrece una gestión integral de activos intangibles y digitales, además de servicios especializados de Consultoría en Propiedad Intelectual e Industrial, Regulatory Affairs y Funding Incentives. El Grupo estudia actualmente otras operaciones para reforzar sus distintas líneas de negocio en Europa Como señala Clara Pombo, Global Head of Regulatory Affairs de ClarkeModet, «las compañías de Life Sciences operan en un entorno regulatorio cada vez más complejo y global, en el que cada día de retraso en la comercialización de un producto o dispositivo supone pérdidas millonarias. Con esta integración, continuamos nuestra apuesta por un asesoramiento regulatorio global altamente especializado y basado en el conocimiento local. Esto facilitará a nuestros clientes la llegada al mercado, especialmente en entornos regulatorios complejos como los de Estados Unidos, Europa y Latam». Por su parte, Lucas M. Rodrigues, CEO de Passarini Group, añade que «la unión con ClarkeModet nos permitirá acelerar nuestro crecimiento, ampliar nuestro alcance internacional y ofrecer a nuestros clientes un servicio aún más completo. Compartimos una misma visión: acompañar a las organizaciones innovadoras con el máximo rigor técnico y una perspectiva verdaderamente internacional». Passarini Group se integrará en la división de Regulatory Affairs de ClarkeModet y en la estructura del Grupo en Brasil, liderada por Claudio Castanheira. Sus fundadores —Lucas M. Rodrigues, Paulo H. Passarini y Clarissa Rodrigues— continuarán formando parte del equipo directivo.ClarkeModet adquiere Passarini Group, consultora global especializada en asuntos regulatorios para el sector salud, con presencia directa en Brasil, Portugal y Estados Unidos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Lucas-Clarissa-y-Paulo-Passarini-Group-p487638-m1521176-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/clarkemodet-refuerza-su-area-de-regulatory-affairs-con-la-adquisicion-de-passarini-grouphttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Lucas-Clarissa-y-Paulo-Passarini-Group-p487638-m1521176-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/clarkemodet-refuerza-su-area-de-regulatory-affairs-con-la-adquisicion-de-passarini-grouphttps://elderecho.com/clarkemodet-refuerza-su-area-de-regulatory-affairs-con-la-adquisicion-de-passarini-grouphttps://elderecho.com/clarkemodet-refuerza-su-area-de-regulatory-affairs-con-la-adquisicion-de-passarini-group2026-09-02 12:45:222026-09-02 12:45:22sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487637El despacho de abogados RCD amplía las capacidades de su Área de Derecho Fiscal con la incorporación de Francisco de Asís García como nuevo socio. Su llegada se suma a un equipo consolidado y de reconocida trayectoria en el asesoramiento y defensa de empresas y particulares en procedimientos tributarios complejos. Esta incorporación afianza un equipo de perfiles altamente especializados en un ámbito marcado por una elevada complejidad técnica y una creciente sofisticación normativa. Francisco cuenta con una amplia experiencia en procedimientos tributarios ante la Administración tributaria en defensa de los contribuyentes. A lo largo de su trayectoria, ha asumido la dirección letrada de numerosos recursos ante distintos tribunales, incluidos Tribunales Económico-Administrativos, Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Murcia, Francisco cuenta también con un Máster en Investigación Avanzada y Especializada en Derecho por la misma universidad y un Máster en Asesoría Fiscal por ENAE Business School. Es doctor en Derecho, finalista del Premio Nacional de Tesis Fernando Sainz de Bujanda de Derecho Financiero y Tributario. Compagina su actividad profesional con una destacada vertiente académica e investigadora. Es miembro investigador de la Cátedra de la Hacienda Territorial y del Observatorio de la Hacienda Territorial de la Región de Murcia, así como miembro del Foro Profesional de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Asimismo, es profesor en ENAE Business School, donde imparte docencia en el Máster de Asesoría Fiscal, el Máster en Dirección Financiera y el Máster en Comercio Internacional. Ha participado, además, como ponente en cursos y congresos en diversas universidades e instituciones y es autor de numerosas publicaciones y ponencias en seminarios especializados, así como de artículos en las principales revistas jurídicas y sectoriales. Según Adolf Rousaud, socio codirector de RCD: “Francisco se incorpora a una práctica clave para RCD y aporta una experiencia especialmente valiosa en procedimientos tributarios complejos. Su perfil encaja plenamente con nuestra apuesta por ofrecer un asesoramiento especializado, técnico y orientado a las necesidades de cada cliente”. En la misma línea, Ignasi Costas, socio codirector de la firma, señala que “su llegada suma capacidades a un área muy consolidada del despacho y nos permitirá seguir anticipándonos en un entorno de creciente exigencia técnica y normativa. Francisco suma conocimiento, criterio y una trayectoria alineada con nuestra manera de trabajar, nuestra cultura y nuestro compromiso con clientes y equipo”. Por su parte, Francisco destaca que “incorporarme a RCD supone unirme a un proyecto sólido con una identidad muy definida y a un equipo de fiscal con una amplia trayectoria, en el que José María Durán y Jorge Sarró son dos referentes. Afronto esta nueva etapa con ilusión y con el objetivo de aportar valor y prestar el mejor servicio a nuestros clientes”.Francisco de Asís García es experto en procedimientos tributarios en defensa de los contribuyentes ante la Administración tributaria.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Francisco-de-Asis-Garcia_foto-prensa-p487637-m1521140-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/rcd-consolida-su-area-de-derecho-fiscal-con-francisco-de-asis-garcia-como-nuevo-sociohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Francisco-de-Asis-Garcia_foto-prensa-p487637-m1521140-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/rcd-consolida-su-area-de-derecho-fiscal-con-francisco-de-asis-garcia-como-nuevo-sociohttps://elderecho.com/rcd-consolida-su-area-de-derecho-fiscal-con-francisco-de-asis-garcia-como-nuevo-sociohttps://elderecho.com/rcd-consolida-su-area-de-derecho-fiscal-con-francisco-de-asis-garcia-como-nuevo-socio2026-09-02 12:05:162026-09-02 12:05:16sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487636En un comunicado, ambas organizaciones subrayan que la economía ceutí, condicionada por su dimensión territorial y su situación fronteriza, depende en gran medida de los servicios y está formada principalmente por pequeñas empresas y autónomos. Este tejido productivo dispone de menos margen para absorber una caída prolongada de la actividad. "Más allá del impacto inmediato sobre el consumo, el turismo, la hostelería, el comercio y otros servicios, la prolongación de la crisis puede generar problemas de liquidez, frenar inversiones, aumentar el endeudamiento, destruir empleo o provocar el cierre de negocios viables", apuntan. Los economistas han valorado que el Gobierno haya aprobado un paquete de medidas para responder a esta situación excepcional, pero han avisado de que su eficacia dependerá de cómo se articulen las distintas actuaciones, de su rapidez y de su capacidad para responder a las necesidades reales del tejido económico y social de Ceuta. "Valoramos positivamente que haya una respuesta y entendemos este paquete de medidas como un primer paso. Ahora será fundamental comprobar cómo se articulan las distintas actuaciones, con qué rapidez se aplican y, sobre todo, si llegan de forma efectiva a las empresas, los autónomos y los servicios que realmente las necesitan. No se trata únicamente de atender los daños inmediatos provocados por esta situación excepcional, sino también de preservar la capacidad productiva y el empleo, mantener la confianza y garantizar las posibilidades de crecimiento de Ceuta a medio y largo plazo", ha defendido Miguel Ángel Vázquez, presidente del Consejo General de Economistas. El Servicio de Estudios del CGE trabaja ya, junto al Colegio de Economistas de Ceuta, en una estimación sectorial del impacto sobre la liquidez, la inversión, el empleo y la continuidad de los negocios.El Consejo General de Economistas de España (CGE) y el Colegio de Economistas de Ceuta han expresado su preocupación por las implicaciones económicas de la crisis migratoria vivida en Ceuta, tanto por sus efectos inmediatos como por sus posibles consecuencias sobre la inversión, el empleo, los servicios públicos y la imagen económica de la ciudad a medio y largo plazo.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2751094679-1-p487636-m1521122-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-economistas-expresan-su-preocupacion-por-las-implicaciones-economicas-de-la-crisis-en-ceutahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2751094679-1-p487636-m1521122-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-economistas-expresan-su-preocupacion-por-las-implicaciones-economicas-de-la-crisis-en-ceutahttps://elderecho.com/los-economistas-expresan-su-preocupacion-por-las-implicaciones-economicas-de-la-crisis-en-ceutahttps://elderecho.com/los-economistas-expresan-su-preocupacion-por-las-implicaciones-economicas-de-la-crisis-en-ceuta2026-09-02 12:00:132026-09-02 12:00:13administrativoAdministrativo1Administrativo487635La Sala ha apreciado una infracción de la lex artis médica -entendida como el conjunto de reglas técnicas y criterios profesionales exigibles en cada actuación clínica- al considerar acreditado que, durante una operación programada de colecistectomía laparoscópica, practicada el 15 de junio de 2023, se produjo el atrapamiento y la posterior perforación de un asa de yeyuno en el proceso de cierre de la intervención, lo que derivó en graves complicaciones. Sin embargo, la Sala ha descartado que existiera una actuación negligente en el diagnóstico y el tratamiento de la complicación una vez aparecieron los síntomas, al entender que tanto las pruebas diagnósticas como la reintervención quirúrgica se realizaron en un plazo de tiempo adecuado y conforme a la práctica médica exigible. Como consecuencia, el Tribunal ha declarado la responsabilidad patrimonial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y ha reconocido al paciente una indemnización de 28.000 euros, que deberá ser abonada solidariamente junto con la aseguradora codemandada. TSJ de Castilla y León. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia nº 90/2026 de 16 de julio de 2026.La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León ha estimado parcialmente una reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por un paciente tras los daños sufridos durante una intervención quirúrgica de vesícula realizada en el Complejo Hospitalario de Ávila. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2740263825-1-p487635-m1521104-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/indemnizacion-de-28-000-euros-a-un-paciente-por-una-intervencion-quirurgica-defectuosahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2740263825-1-p487635-m1521104-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/indemnizacion-de-28-000-euros-a-un-paciente-por-una-intervencion-quirurgica-defectuosahttps://elderecho.com/indemnizacion-de-28-000-euros-a-un-paciente-por-una-intervencion-quirurgica-defectuosahttps://elderecho.com/indemnizacion-de-28-000-euros-a-un-paciente-por-una-intervencion-quirurgica-defectuosa2026-09-02 11:39:112026-09-02 11:39:11administrativoAdministrativo1Administrativo487581El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha aprobado, en solo 24 horas, el nuevo refuerzo tras la petición trasladada por el Consejo General de la Abogacía Española a solicitud del Colegio de la Abogacía de Ceuta, tras una nueva reunión mantenida ayer entre Abogacía, Colegio y Ministerio. Con la aprobación de estos 10 nuevos refuerzos, el Colegio de la Abogacía de Ceuta estaría preparado para atender el posible aumento de peticiones de profesionales de la abogacía que podría producirse en la ciudad con el inicio de los procedimientos. La medida se suma al primer refuerzo de cinco cuerpos de guardia adicionales autorizado al inicio de esta situación, solicitud que fue trasladada también por Abogacía Española a petición del Colegio ceutí, y responde al aumento de la carga de trabajo previsto a medida que avanza la tramitación de los expedientes. Abogacía Española continuará trabajando junto al Colegio de Ceuta y manteniendo una comunicación constante con el Ministerio de Justicia para trasladarle nuevas soluciones, si fueran necesarias. En unas semanas especialmente exigentes para Ceuta y sus ciudadanos, la abogacía ha querido estar al lado de los ciudadanos, y ha respondido inmediatamente asegurando la asistencia jurídica, protegiendo los derechos y manteniendo en funcionamiento un servicio público esencial incluso ante circunstancias extraordinarias. Una labor que Abogacía Española quiere reconocer especialmente y a la que seguirá prestando todo su apoyo. En palabra de Isabel Valriberas, decana del Colegio de Abogados de Ceuta: “Ceuta está viviendo semanas muy difíciles y creo que es importante reconocer no solo la respuesta de nuestra abogacía, sino la de toda la ciudad. Desde el Colegio estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para estar a la altura de lo que Ceuta necesita. Estoy enormemente orgullosa de nuestra Junta de Gobierno y de los compañeros del Turno de Oficio, que desde el primer momento se han puesto a disposición del Colegio y están respondiendo con una enorme profesionalidad y compromiso”. Desde el primer momento, el Colegio de la Abogacía de Ceuta ha realizado un seguimiento continuo de las necesidades del servicio. Su Junta de Gobierno, encabezada por la decana Isabel Valriberas, mantiene un contacto diario con los profesionales del Turno de Oficio y ha ido reorganizando los recursos y planteando nuevos refuerzos a medida que la situación lo ha requerido. Abogacía Española trabaja estrechamente con el Colegio y mantiene, a su vez, una comunicación constante con el Ministerio de Justicia para agilizar trámites y analizar la evolución de la situación y las necesidades de los profesionales, un trabajo conjunto que continuará mientras sea necesario. El compromiso de la abogacía de Ceuta La respuesta del Colegio ha estado respaldada desde el principio por sus profesionales. Más de 30 abogados y abogadas se pusieron a disposición de la institución en las primeras horas para atender las necesidades que pudieran surgir. A ellos se ha sumado la solidaridad de Colegios de distintos puntos de España, que han ofrecido su apoyo e incluso la posibilidad de desplazar profesionales a Ceuta si fuera necesario, a través de sus decanos. El presidente de la Abogacía Española Salvador González ha expresado que “El trabajo que están realizando desde el Colegio de Ceuta merece todo nuestro reconocimiento. Su decana, su Junta de Gobierno y los abogados y abogadas del Turno de Oficio están demostrando una enorme capacidad de organización y de respuesta en unas circunstancias especialmente exigentes. Desde Abogacía Española vamos a seguir a su lado, apoyando a los profesionales y trabajando para que cuenten con los recursos suficientes”. Mientras tanto, el Colegio, su Junta de Gobierno y los profesionales del Turno de Oficio siguen trabajando cada día al servicio de Ceuta y de sus ciudadanos. Una labor que Abogacía Española seguirá respaldando para que, también en circunstancias excepcionales, el derecho de defensa esté plenamente garantizado.El Turno de Oficio de Ceuta contará con 10 profesionales de la abogacía más para afrontar el aumento de la carga de trabajo en materia de extranjería.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Imagen-Ilustre-Colegio-de-Abogados-de-Ceuta_img-p487581-m1520935-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-impulsa-un-nuevo-refuerzo-del-turno-de-oficio-en-ceutahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Imagen-Ilustre-Colegio-de-Abogados-de-Ceuta_img-p487581-m1520935-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-impulsa-un-nuevo-refuerzo-del-turno-de-oficio-en-ceutahttps://elderecho.com/abogacia-espanola-impulsa-un-nuevo-refuerzo-del-turno-de-oficio-en-ceutahttps://elderecho.com/abogacia-espanola-impulsa-un-nuevo-refuerzo-del-turno-de-oficio-en-ceuta2026-09-01 15:43:302026-09-01 15:43:30sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico