https://elderecho.com/feedes490078Así lo ha acordado este lunes la Sala de lo Contencioso-Administrativo en dos autos, recogidos por Europa Press y que desestiman las alegaciones de la Abogacía del Estado contra la medida cautelar adoptada por el Supremo el pasado septiembre a petición de los partidos Iustitia Europa y Vox. "Deberá estarse a lo acordado en el citado auto, con indicación al Instituto Nacional de Estadística, del que depende orgánicamente la Oficina del Censo Electoral, que no puede inscribir en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el extranjero (CERA) a las personas que hayan obtenido la nacionalidad española de origen" a través de esa vía "y aún no hayan sido inscritas en el censo electoral por aplicación de la suspensión acordada", señala. Los magistrados añaden que, "igualmente, respecto de las personas que, habiendo obtenido la nacionalidad española de origen" con la 'ley de nietos' "hayan sido ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el extranjero, se mantiene la suspensión de sus efectos electorales en el proceso electoral convocado por el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, de elecciones a cortes generales". No obstante, precisan que "no regirá la suspensión cautelar" para las personas que los encargados de los registros consulares expidan, "bajo su responsabilidad", certificación acreditativa de que, a 1 de agosto de 2026, "tenían la condición de nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española". Corresponde a la Administración revisar los expedientes El Supremo entiende que "persisten las razones" que les llevaron a decidir una "medida tan excepcional" como la de acordar la suspensión cautelar de las nuevas inscripciones en el CERA y del voto para los ya inscritos, "por falta de constancia absoluta del cumplimiento, siquiera aproximado del estado de la cuestión". A su juicio, "no puede alegarse imposibilidad material de ejecución de una orden judicial cuando la causa del incumplimiento reside en la propia Administración responsable de cumplirla", en alusión a las quejas del Gobierno por falta de tiempo para poder revisar en plazo todos los expedientes. Los magistrados señalan que la convocatoria del proceso electoral era una circunstancia relevante para que el propio tribunal "pudiera realizar un juicio de valoración sobre el nivel de cumplimiento de lo ordenado en el auto" de septiembre, pero puntualizan que "la carga material de acreditar ese grado de cumplimiento de lo acordado en el mismo corresponde única y exclusivamente a la Administración General y a la Oficina del Censo Electoral, que ha omitido en su integridad". "El riesgo de que se constituya irregularmente un censo de electores, en este caso el CERA, sin las exigencias de exactitud, veracidad, igualdad, objetividad y transparencia que exige la celebración de un proceso electoral en una democracia parlamentaria representativa como es la española, sigue persistiendo con la misma intensidad", apuntan. Y ello, indican, "aun cuando las cifras del total hayan disminuido", porque "no dejan de tener un impacto importante en las circunscripciones territoriales en las que figuren inscritos los nuevos adquirentes de la nacionalidad española" por esa vía. Proceso electoral Para ellos, "la limpieza y pulcritud en la relación de electores incluidos en el censo, en este caso en el CERA, constituye un valor supremo del que deben despejarse las más mínimas dudas de oscuridad o irregularidad, porque la legitimidad democrática de los representantes elegidos por el voto de los ciudadanos puede ser puesta en entredicho si existe la más mínima duda de irregularidad". "Todo ello sin olvidar, además, que la existencia de una eventual irregularidad en el censo de electores afecta a todos los demás ciudadanos ajenos a la causa que haya podido motivarla", subrayan. A su entender, "el riesgo sigue existiendo" y "se mantienen los elementos de inseguridad jurídica" ante el "acontecimiento sobrevenido e imprevisto de la convocatoria" anticipada de elecciones. El Supremo insiste, como ya hiciera al adoptar la suspensión cautelar, en que "el interés general de preservar la pureza del proceso electoral debe prevalecer sobre el derecho de sufragio de quienes figuran inscritos en aquel censo respecto a los cuales la Administración no ha aclarado las condiciones en que se realizó aquella inscripción y la trazabilidad de su acceso al registro consular correspondiente". A ello añade que "ni siquiera se ha aportado", de los 163.020 electores españoles inscritos en el CERA que han adquirido la nacionalidad por aplicación de la 'ley de nietos', "una cifra aproximada de los expedientes de aquéllos, que han sido desglosados". "Es decir, se ha obviado por completo poner en conocimiento de esta Sala el nivel de cumplimiento de la orden recibida", critica, para añadir que las alegaciones presentadas por la Abogacía del Estado "no aportan dato alguno" que lo permita saber. Con todo, el Supremo emplaza a los afectados por la suspensión a que se personen en el procedimiento como parte codemandada y les permite formular alegaciones sobre las medidas cautelares durante cinco días hábiles desde el día siguiente al de la publicación por el Gobierno de la decisión en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Voto particular La magistrada Alicia Millán, al igual que hizo en el auto del Supremo del pasado septiembre, ha formulado un voto particular en el que considera que el alto tribunal no debería suspender el voto de los nacionalizado por la 'ley de nietos'. Bajo su punto de vista, el adelanto electoral ha alterado "de manera sustancial" el marco en el que se acordó inicialmente la suspensión cautelar, lo que "obliga a efectuar una nueva valoración de los intereses concurrentes". Todo ello, "teniendo en cuenta no solo la finalidad de preservar la regularidad y fiabilidad del censo electoral, sino también la intensidad con la que tales medidas inciden ahora sobre la certidumbre del censo electoral y el ejercicio efectivo de un derecho fundamental de la máxima relevancia constitucional, como es el derecho de sufragio activo", indica. "Ya no nos encontramos ante la hipótesis de un proceso electoral futuro cuya convocatoria pudiera o no producirse durante la pendencia del recurso", incide, para añadir que ahora existe "un proceso electoral concreto e inmediato, sometido a plazos perentorios y a una sucesión legalmente ordenada de actuaciones que parten de la existencia de un censo electoral determinado". La magistrada concluye que el adelanto electoral convierte "en irreversible la eventual lesión del derecho de sufragio de los afectados". A sus ojos, la preservación del derecho de participación política "debía prevalecer sobre el mantenimiento de una medida provisional sustentada en una controversia jurídica todavía pendiente de resolución definitiva".El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso del Gobierno que reclamaba levantar la suspensión cautelar de la 'ley de nietos' y ha señalado que no podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre los nacionalizados por esa vía, salvo aquellos que puedan acreditar que sus antepasados sufrieron exilio.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2670228455-1-p490078-m1528578-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ts-rechaza-el-recurso-del-gobierno-y-ratifica-la-suspension-de-voto-para-nacionalizados-por-la-ley-de-nietoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2670228455-1-p490078-m1528578-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ts-rechaza-el-recurso-del-gobierno-y-ratifica-la-suspension-de-voto-para-nacionalizados-por-la-ley-de-nietoshttps://elderecho.com/el-ts-rechaza-el-recurso-del-gobierno-y-ratifica-la-suspension-de-voto-para-nacionalizados-por-la-ley-de-nietoshttps://elderecho.com/el-ts-rechaza-el-recurso-del-gobierno-y-ratifica-la-suspension-de-voto-para-nacionalizados-por-la-ley-de-nietos2026-10-13 07:21:382026-10-13 07:21:38administrativoAdministrativo1Administrativo490076Así, el Alto Tribunal europeo advierte de que esta situación no supone por defecto una "circunstancia extraordinaria" que permita al transportista eludir su obligación de compensar al pasajero y anula por ello una sentencia del Tribunal General que, en primera instancia, concluyó el pasado enero que ese tipo de casos escapan al control efectivo de la aerolínea. El abogado general de la UE apuntó entonces la existencia de un riesgo grave de vulneración de la unidad o la coherencia del Derecho de la Unión por esa primera sentencia, por lo que el TJUE decidió reexaminar el caso sobre el que falla de manera definitiva ahora. El caso responde al de una pasajera que sufrió más de tres horas de retraso en un vuelo de Esmirna (Turquía) a Varsovia (Polonia), después de que la aeronave utilizada llegara con retraso de un vuelo anterior por limitaciones en el espacio aéreo entre Hungría y Rumanía por mal tiempo que se sumó a otro retraso por un fallo técnico detectado antes de iniciar su ruta. La pasajera solicitó una compensación de 400 euros, como establece la legislación europea para los retrasos de más de tres horas, pero el tribunal nacional que debe dirimir el caso pregunta a la Justicia europea si se debe descontar del retraso las restricciones aéreas, como circunstancia extraordinaria, lo que dejaría el retraso por debajo de las tres horas que obligan a indemnizar. El Tribunal con sede en Luxemburgo aclara ahora que toda decisión de gestión del tránsito aéreo no puede calificarse por sí sola de "circunstancia extraordinaria", ya que es algo a lo que las aerolíneas se enfrentan de manera "ordinaria y habitual". Para determinar la existencia de una circunstancia extraordinaria es preciso, según el TJUE, que se examine caso por caso el acontecimiento que llevó a la restricción del espacio aéreo y que la aerolínea demuestre debidamente que, por su naturaleza u origen, tal circunstancia escapa a su control efectivo. Con todo, el Tribunal admite que pueden constituir circunstancias extraordinarias cuando sean de tal gravedad que impidan que el vuelo afectado se realice de forma segura y de conformidad con la programación inicialmente prevista, porque en tal caso escapan del control efectivo de la aerolínea. En tal caso, si el retraso se debe a la combinación de ese acontecimiento con otra circunstancia, como un fallo técnico, deberá descontarse la parte imputable a la circunstancia extraordinaria del tiempo total de retraso para calcular si el pasajero tiene derecho a compensación.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado que una aerolínea no puede denegar una indemnización por retraso de un vuelo simplemente evocando problemas en la gestión del tráfico por restricciones en el espacio aéreo, ya que tiene que examinar caso por caso y demostrar que se debió a una circunstancia extraordinaria.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2762901157-1-p490076-m1528539-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/problemas-en-el-trafico-aereo-no-bastan-para-denegar-una-indemnizacion-por-retraso-de-vuelo-segun-el-tjuehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2762901157-1-p490076-m1528539-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/problemas-en-el-trafico-aereo-no-bastan-para-denegar-una-indemnizacion-por-retraso-de-vuelo-segun-el-tjuehttps://elderecho.com/problemas-en-el-trafico-aereo-no-bastan-para-denegar-una-indemnizacion-por-retraso-de-vuelo-segun-el-tjuehttps://elderecho.com/problemas-en-el-trafico-aereo-no-bastan-para-denegar-una-indemnizacion-por-retraso-de-vuelo-segun-el-tjue2026-10-13 07:12:172026-10-13 07:12:17civilCivil2Civil490075Según ha informado la institución comunitaria en un comunicado, la Sala de lo Penal condenó el pasado 5 de octubre al administrador a 23 días de prisión, pena sustituida por una multa de 276 euros. Por otro lado, la empresa fue condenada al pago de una multa de 6.500 euros y a la prohibición de recibir subvenciones durante un período de nueve meses. Los acusados reconocieron los hechos y restituyeron la totalidad del perjuicio causado, indica. La Fiscalía Europea indica que "la empresa recibió financiación de la UE para cubrir los costes de ejecución de un proyecto en el marco del programa Horizonte 2020, cuyo objetivo era reparar envases de plástico reutilizables". Al mismo tiempo, continúa, la compañía recibió ayudas económicas del Gobierno de Navarra para fomentar el empleo. "Concretamente subvenciones destinadas a la contratación de jóvenes menores de 30 años, así como ayudas para apoyar la internacionalización de las empresas", precisa. Los acusados imputaron al proyecto financiado por la UE los salarios de empleados que ya estaban cubiertos por las ayudas económicas concedidas por el Ejecutivo foral, obteniendo así un beneficio económico indebido, una conducta que ocasionó "un perjuicio total de 26.000 euros, de los cuales 10.200 euros correspondían a la UE y el resto al Gobierno de Navarra". Los procesados reconocieron los hechos y restituyeron la totalidad del perjuicio causado, añade. La Fiscalía Europea es la fiscalía independiente de la Unión Europea responsable de investigar, ejercer la acción penal y llevar a juicio los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE.La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a una empresa y a su administrador por haber declarado como gastos de un proyecto financiado por la Unión Europea (UE) unos costes salariales que ya estaban cubiertos por subvenciones nacionales, tras una acusación presentada por la Fiscalía Europea (EPPO) en España.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2848349325-1-p490075-m1528519-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-an-condena-a-una-empresa-y-su-administrador-por-declarar-como-gastos-de-la-ue-otras-partidas-ya-subvencionadashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2848349325-1-p490075-m1528519-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-an-condena-a-una-empresa-y-su-administrador-por-declarar-como-gastos-de-la-ue-otras-partidas-ya-subvencionadashttps://elderecho.com/la-an-condena-a-una-empresa-y-su-administrador-por-declarar-como-gastos-de-la-ue-otras-partidas-ya-subvencionadashttps://elderecho.com/la-an-condena-a-una-empresa-y-su-administrador-por-declarar-como-gastos-de-la-ue-otras-partidas-ya-subvencionadas2026-10-13 07:08:392026-10-13 07:08:39penalPenal9Penal490077“Acabáis de formular solemne juramento o promesa; si lo cumplís, honraréis a vuestra profesión y vuestro Colegio; en caso contrario, ambos os lo demandarán”, ha asegurado el decano de la Corporación, Leandro Cabrera. Y es que los nuevos colegiados se incorporan a un Colegio con más de cinco siglos de antigüedad cuyo ingente acervo jurídico, social y cultural debe ser acrecentado por todos sus integrantes. “No podemos defraudar a quienes nos han precedido en una más que centenaria historia que nos honra, pero también nos obliga”, ha advertido Cabrera a los ya abogados durante un acto en el que la solemnidad del protocolo y la juventud de los jurandos y promitentes se funden. En este sentido, los nuevos letrados han recorrido con sus togas el pasillo central del Salón de Actos respaldados por sus respectivos padrinos para formalizar oralmente su compromiso con la profesión ante la Junta de Gobierno del Colegio -acompañada por el decano emérito Rafael López Cantal, el colegiado de honor, Javier López y García de la Serrana, y el presidente del Grupo de Abogados Jóvenes, Pablo Sánchez Llavero- y bajo la atenta mirada de familiares y amigos. De este modo, esta nueva promoción de abogados asume públicamente las obligaciones inherentes al ejercicio de la abogacía y pasan a forma parte de pleno derecho de la Corporación. Por ello, Cabrera ha aprovechado la ceremonia para compartir algunas reflexiones sobre los retos que acompañarán a los recién colegiados en su trayectoria laboral. Entre ellas, ha destacado la importancia de descubrir y seguir la propia vocación, entendida como un motor esencial para encontrar satisfacción en el ejercicio profesional. Junto a la vocación, ha reivindicado la necesidad de tomar decisiones con valentía, asumir nuevos retos y no quedar atrapados en la comodidad. “Las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial se presentan como una amenaza, pero al mismo tiempo también como una fuente de oportunidades. Adentraos de lleno en el nuevo mundo tecnológico, que encontraréis caminos que antes ni sospechabais”, ha comentado. La excelencia ha ocupado también un lugar destacado en su discurso, insistiendo en la importancia de mantener una formación constante, estudiar y aprender de quienes cuentan con mayor experiencia, así como la ética profesional y la Deontología, animando a los letrados a ejercer siempre desde la recta conciencia, el sentido del honor y el respeto a las normas que rigen la profesión. “Se trata de que al miraros al espejo podáis reconoceros sin rubor”, les ha indicado el decano, recordando que la abogacía es “una profesión dura, pero atrayente y atractiva; difícil, pero libre e independiente; de largo recorrido, pero apasionante”.Veinticinco nuevos letrados han recibido la bienvenida a la que será, a partir de ahora, su casa profesional a través de la ceremonia de Jura o Promesa que el Colegio de Abogados de Granada ha celebrado como parte de los actos de Santa Teresa, patrona de la institución.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Jura-Colegio-de-Abogados-Granada-octubre-2026_img-scaled-p490077-m1528557-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-colegio-de-abogados-de-granada-incorpora-a-una-nueva-promocion-de-profesionales-en-su-tradicional-jura-o-promesahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Jura-Colegio-de-Abogados-Granada-octubre-2026_img-scaled-p490077-m1528557-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-colegio-de-abogados-de-granada-incorpora-a-una-nueva-promocion-de-profesionales-en-su-tradicional-jura-o-promesahttps://elderecho.com/el-colegio-de-abogados-de-granada-incorpora-a-una-nueva-promocion-de-profesionales-en-su-tradicional-jura-o-promesahttps://elderecho.com/el-colegio-de-abogados-de-granada-incorpora-a-una-nueva-promocion-de-profesionales-en-su-tradicional-jura-o-promesa2026-10-13 06:54:042026-10-13 06:54:04sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490023El magistrado de la plaza número 15 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Sevilla ha dictado la primera sentencia condenatoria en Sevilla por el uso de una aplicación de inteligencia artificial (IA) para manipular imágenes de varias jóvenes y obtener, de este modo, imágenes que simulaban los cuerpos íntegramente desnudos de dichas mujeres. En una sentencia dictada el día 1 de octubre tras el acuerdo de conformidad alcanzado ese mismo día entre la Fiscalía de Criminalidad Informática de Sevilla, la acusación particular y las defensas, el juez condena a tres varones por tres delitos contra la integridad moral con la agravante de género, la atenuante cualificada de reparación del daño y la atenuante analógica de confesión, y les impone a cada uno de ellos un total de nueve meses de cárcel y la prohibición de acceder a las aplicaciones Telegram, WhatsApp, Instagram y Discord por tiempo total de tres años y nueve meses. En este sentido, el magistrado acuerda conceder a los tres encausados el beneficio de la suspensión del cumplimiento de la pena de prisión impuesta con la condición de que no cometan ningún delito en un plazo de dos años, la prohibición de acceder a las cuatro aplicaciones mencionadas durante el plazo de suspensión y la realización de un programa formativo en educación sexual. El juez toma esta decisión porque los acusados carecen de antecedentes penales, la pena no es superior a dos años de prisión y han abonado la responsabilidad civil, condicionando además la suspensión de la pena de cárcel a la prohibición de acceder a las aplicaciones mencionadas y a la realización de un programa formativo en educación sexual “dada la naturaleza de los hechos realizados en contra de las que fueran sus compañeras, buscando el anonimato que dan las redes sociales”. El juez considera probado que los tres condenados, “previamente concertados en el común designio con otra persona menor de edad, decidieron obtener imágenes de los perfiles de Instagram” de tres jóvenes que habían sido compañeras de colegio y cuyas publicaciones en la red social estaban configuradas como abiertas y accesibles al público en general. “Claro propósito de burla” De este modo, y según la sentencia, que ya es firme tras el acuerdo entre las partes, los tres acusados procedieron a manipular dichas imágenes con una aplicación de IA de Telegram “para obtener imágenes que simulaban, con gran realismo, los cuerpos íntegramente desnudos de las tres jóvenes”. El juez considera probado que tales archivos “fueron compartidos entre sí por los tres acusados y el menor de edad a través de la creación de un grupo específico de WhatsApp y de otro de Discord, realizando posteriormente una mayor difusión, más allá de los citados grupos y desconociéndose el alcance de las cadenas de reenvío”, lo que “permitió que una persona no identificada”, desde un perfil de Instagram, enviara sobre las 00,30 horas del día 10 de septiembre de 2023 al perfil de una de las jóvenes afectadas las imágenes manipuladas de las tres mujeres desnudas. Según recoge la sentencia, los acusados realizaron los actos anteriores “con un claro propósito de burla, siendo conscientes del riesgo que creaban para la dignidad de las jóvenes y de las altas probabilidades de menoscabarla, lo que les era indiferente, proyectando así una pretendida supremacía machista que cosifica a las mujeres, manteniendo estereotipos de conducta que relegan a la mujer al papel de mero instrumento de placer mediante la manipulación de sus imágenes para representarlas como desnudas”. Agravante de género Todo ello, según asevera el magistrado, “refleja un desprecio de género que va más allá del ataque contra su privacidad y dignidad”, todo lo cual le lleva a aplicar la agravante de género del artículo 22.4 del Código Penal. Asimismo, el juez aplica la atenuante cualificada de reparación del daño porque los tres acusados, “con el propósito de reparar íntegramente los perjuicios causados a las perjudicadas, han procedido a ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones del órgano judicial la totalidad de las cantidades fijadas en concepto de responsabilidad civil, satisfaciendo de forma completa los importes reclamados en concepto de daño moral”. El magistrado también aplica la atenuante analógica de confesión, ya que, “desde sus primeras declaraciones en sede policial, los acusados efectuaron un reconocimiento libre, expreso y veraz de los hechos que se les imputaban, manteniendo dicha admisión durante la tramitación del procedimiento y prestando una colaboración activa con la Administración de Justicia que ha contribuido al esclarecimiento de los hechos, evitando la práctica de diligencias innecesarias y favoreciendo una más ágil resolución de la causa”.El juez aplica la agravante de género y concluye que, con su actitud, los acusados proyectaron “una pretendida supremacía machista que cosifica a las mujeres”.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2588771137-1-p490023-m1528405-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/primera-sentencia-condenatoria-en-sevilla-por-el-uso-de-ia-para-manipular-imagenes-de-varias-jovenes-y-simular-que-estaban-desnudashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2588771137-1-p490023-m1528405-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/primera-sentencia-condenatoria-en-sevilla-por-el-uso-de-ia-para-manipular-imagenes-de-varias-jovenes-y-simular-que-estaban-desnudashttps://elderecho.com/primera-sentencia-condenatoria-en-sevilla-por-el-uso-de-ia-para-manipular-imagenes-de-varias-jovenes-y-simular-que-estaban-desnudashttps://elderecho.com/primera-sentencia-condenatoria-en-sevilla-por-el-uso-de-ia-para-manipular-imagenes-de-varias-jovenes-y-simular-que-estaban-desnudas2026-10-09 07:21:372026-10-09 07:21:37derecho-ticDerecho TICpenalPenal9sector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Penal,Sector jurídico490007Pérez-Llorca ha anunciado la incorporación de Joana Mota Agostinho como socia en la oficina de Lisboa. La nueva socia asume la dirección de la práctica de Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología en Lisboa, una nueva área de esta oficina dedicada al asesoramiento jurídico a clientes nacionales e internacionales en procesos de transformación tecnológica y digital. Su experiencia abarca materias de propiedad intelectual e industrial, protección de datos y privacidad, derecho digital, publicidad y consumo, así como cuestiones regulatorias relacionadas con las comunicaciones electrónicas, los medios de comunicación y la ciberseguridad. A lo largo de su trayectoria ha asesorado proyectos de transformación digital en sectores como tecnología, banca, seguros, energía, salud e industria farmacéutica. Su incorporación se inscribe en la estrategia de crecimiento de Pérez-Llorca en Portugal y responde al incremento de los retos normativos asociados a la innovación, los datos y la digitalización de los negocios. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa, completó un máster (LL.M.) en Derecho de las Comunicaciones y la Informática en la Queen Mary University of London. Su experiencia ha sido reconocida por directorios internacionales como Chambers and Partners o Legal 500 en las prácticas de TMT y Data Privacy and Data Protection, respectivamente. Antes de incorporarse a Pérez-Llorca, era socia de un bufete de abogados de referencia. Para Carlos Vaz de Almeida, Managing Partner de Pérez-Llorca en Portugal: «Joana nos aporta unos conocimientos altamente especializados y es una profesional de referencia en su ámbito. Su incorporación nos permite desarrollar en Portugal una práctica de Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología con identidad propia y, al mismo tiempo, reforzar nuestros equipos transaccionales en las operaciones más complejas y de mayor valor añadido».El nombramiento refuerza la plataforma ibérica e iberoamericana en una práctica orientada a los retos normativos de la tecnología y la digitalización de los negocios.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Joana-Mota-Agostinho_Perez-Llorca-p490007-m1528319-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/perez-llorca-refuerza-el-area-de-propiedad-intelectual-industrial-y-tecnologia-con-joana-mota-agostinho-como-sociahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Joana-Mota-Agostinho_Perez-Llorca-p490007-m1528319-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/perez-llorca-refuerza-el-area-de-propiedad-intelectual-industrial-y-tecnologia-con-joana-mota-agostinho-como-sociahttps://elderecho.com/perez-llorca-refuerza-el-area-de-propiedad-intelectual-industrial-y-tecnologia-con-joana-mota-agostinho-como-sociahttps://elderecho.com/perez-llorca-refuerza-el-area-de-propiedad-intelectual-industrial-y-tecnologia-con-joana-mota-agostinho-como-socia2026-10-08 13:05:322026-10-08 13:05:32sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490008MAIO Legal ha incorporado a Mariña Vázquez Rodríguez como responsable del área Laboral de su oficina de Vigo. Llega desde Estudio Legal Novecento, despacho vigués especializado en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Vázquez cuenta con una trayectoria de más de 25 años en este ámbito. Abogada en ejercicio desde 1998, ha colaborado con empresas de diversos sectores en la elaboración y seguimiento de su política de relaciones laborales, y tiene amplia experiencia en procesos judiciales, asesoría jurídica sindical, arbitrajes, mediaciones y actuaciones ante distintas administraciones, especialmente en procesos de negociación colectiva y expedientes de regulación de empleo. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Derecho Judicial por la Universidad de Santiago de Compostela. Habla gallego, inglés y portugués. La incorporación de Vázquez se alinea con la estrategia de MAIO Legal de atraer talento de primer nivel para fortalecer su oferta de servicios y proporcionar soluciones jurídicas especializadas. El despacho refuerza su apuesta por la alta especialización, tanto por áreas como por sectores y la cercanía, agilidad y el seniority de sus socios.Cuenta con amplia experiencia en procesos de negociación colectiva y expedientes de regulación de empleo.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_1810178101-1-p490008-m1528348-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/maio-legal-refuerza-su-area-laboral-en-vigo-con-la-incorporacion-de-marina-vazquezhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_1810178101-1-p490008-m1528348-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/maio-legal-refuerza-su-area-laboral-en-vigo-con-la-incorporacion-de-marina-vazquezhttps://elderecho.com/maio-legal-refuerza-su-area-laboral-en-vigo-con-la-incorporacion-de-marina-vazquezhttps://elderecho.com/maio-legal-refuerza-su-area-laboral-en-vigo-con-la-incorporacion-de-marina-vazquez2026-10-08 12:30:252026-10-08 12:30:25sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490010La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) dispone en su artículo 14 que las Juntas Electorales Provinciales se constituirán inicialmente con los/as vocales judiciales en el tercer día siguiente a la convocatoria de elecciones. La disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y la convocatoria de elecciones se ha dispuesto mediante Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, y ha entrado en vigor el día 6, día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La designación de los vocales judiciales de las Juntas Electorales Provinciales corresponde a la Comisión Permanente del CGPJ, que se ha reunido hoy a tal fin con carácter extraordinario. Dicha designación se ha realizado entre los magistrados y magistradas que componen las Audiencias Provinciales y, en su defecto, entre los/as titulares de los órganos jurisdiccionales unipersonales de la capital de la provincia. Según la LOREG, las Juntas Electorales Provinciales estarán formadas por tres vocales judiciales y presididas por uno de ellos; y por dos vocales nombrados por la Junta Electoral Central, una vez proclamadas las candidaturas, entre catedráticos y profesores titulares de Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología o juristas de reconocido prestigio residentes en la provincia.La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha procedido a la designación de los vocales de procedencia judicial -tres titulares y tres suplentes- que integrarán las Juntas Electorales Provinciales, constituidas como consecuencia de la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Consejo-General-Poder-Judicial_EDEIMA20150109_0012_1-p490010-m1528384-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-designa-a-los-vocales-judiciales-que-integraran-las-juntas-electorales-provinciales-para-las-elecciones-generales-del-29nhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Consejo-General-Poder-Judicial_EDEIMA20150109_0012_1-p490010-m1528384-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-designa-a-los-vocales-judiciales-que-integraran-las-juntas-electorales-provinciales-para-las-elecciones-generales-del-29nhttps://elderecho.com/el-cgpj-designa-a-los-vocales-judiciales-que-integraran-las-juntas-electorales-provinciales-para-las-elecciones-generales-del-29nhttps://elderecho.com/el-cgpj-designa-a-los-vocales-judiciales-que-integraran-las-juntas-electorales-provinciales-para-las-elecciones-generales-del-29n2026-10-08 12:15:282026-10-08 12:15:28sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490009ELZABURU estrena nueva página web, culminando así la evolución de su identidad corporativa que se inició en 2025, coincidiendo con la celebración de su 160 aniversario. El nuevo proyecto web nace con el objetivo de reforzar el posicionamiento digital de la firma y trasladar al entorno digital una nueva forma de presentar su experiencia, su propuesta de valor y la hiperespecialización de sus profesionales. La nueva identidad responde a la imagen actual de ELZABURU sin renunciar a aquello que ha definido a la firma durante generaciones: la excelencia, la hiperespecialización y una trayectoria estrechamente vinculada a la innovación. Más allá de una nueva imagen El nuevo lenguaje visual conecta legado y futuro, combinando referencias a invenciones, patentes y diseños históricos con imágenes de las tecnologías y avances que están transformando la industria y la sociedad. Esta nueva imagen que ELZABURU había ido incorporando progresivamente en sus soportes y comunicaciones se traslada ahora de forma integral a su principal canal digital. Pero el proyecto va más allá de una renovación visual. Para facilitar su uso a los clientes y nuevos visitantes la nueva web cambia también la forma de ordenar y presentar la actividad de ELZABURU, atendiendo no solo a las disciplinas jurídicas, sino también a las necesidades de empresas y organizaciones en las distintas etapas de sus activos intangibles. Su arquitectura refleja así con mayor claridad la propuesta de valor de la firma: una visión que va más allá de la protección y comprende también la explotación, la defensa y negociación, así como la financiación y monetización de los intangibles a lo largo de todo su ciclo de vida. Otro de los ejes del proyecto es situar el conocimiento y a los profesionales en el centro de la experiencia digital. Contenido especializado La nueva web busca hacer visible la hiperespecialización de ELZABURU a través de sus capacidades y, sobre todo, del conocimiento generado por quienes trabajan diariamente en cada materia. Píldoras audiovisuales, artículos, análisis de actualidad y comentarios sobre resoluciones y novedades jurídicas acercan la experiencia de sus profesionales a clientes y otros públicos del sector jurídico y empresarial. La web se convierte así no solo en un espacio para conocer la firma y sus capacidades, sino también en una puerta de acceso al conocimiento que ELZABURU genera en torno a la propiedad industrial e intelectual, la innovación, el derecho digital y la gestión de los activos intangibles. Con el lanzamiento de su nueva web, ELZABURU culmina una evolución de marca que conecta su legado con su visión de futuro, manteniendo la esencia que ha definido a la firma desde 1865.La nueva web reorganiza la propuesta de valor en torno a las necesidades del cliente y sitúa el conocimiento y la hiperespecialización de sus profesionales en primer plano.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Elzaburu-nueva-web_img-p490009-m1528366-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/elzaburu-culmina-la-evolucion-de-su-identidad-corporativa-con-una-nueva-web-centrada-en-el-clientehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Elzaburu-nueva-web_img-p490009-m1528366-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/elzaburu-culmina-la-evolucion-de-su-identidad-corporativa-con-una-nueva-web-centrada-en-el-clientehttps://elderecho.com/elzaburu-culmina-la-evolucion-de-su-identidad-corporativa-con-una-nueva-web-centrada-en-el-clientehttps://elderecho.com/elzaburu-culmina-la-evolucion-de-su-identidad-corporativa-con-una-nueva-web-centrada-en-el-cliente2026-10-08 11:57:122026-10-08 11:57:12sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489962El interesado, nacido en 1961, presenta un extenso historial médico -que incluye patologías hepáticas crónicas, afecciones digestivas, neurológicas y dermatológicas, así como secuelas quirúrgicas en las rodillas- que le incapacita desde septiembre de 2011 para desempeñar las labores propias de la construcción, limitando su capacidad para la carga, los esfuerzos físicos y el uso de los hombros. Tras iniciar el procedimiento correspondiente para elevar el grado de incapacidad, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) declaró al demandante, el 2 de febrero de 2023, en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual de peón de industria manufacturera, valorando un cuadro clínico de coxartrosis bilateral moderada-grave pendiente de intervención quirúrgica para la colocación de prótesis, patología que restringe de manera acusada la deambulación, la bipedestación y la sedestación. Dicho grado de incapacidad fue ratificado por el INSS el 28 de septiembre y, posteriormente, confirmado el 30 de diciembre de 2024 por un Juzgado de lo Social de Guadalajara. El tribunal revoca la sentencia de instancia y estima el recurso del actor. Los magistrados entienden que, a diferencia de 2011, cuando sus dolencias solo afectaban a la carga de peso y ciertos esfuerzos, las limitaciones actuales son mucho más graves e impiden incluso la sedestación. Asimismo, el hecho de estar pendiente de una prótesis no cambia esta conclusión, ya que, conforme al artículo 193.1 de la LGSS, una posible recuperación incierta o a largo plazo no frena el reconocimiento de la incapacidad. Por tanto, se le otorga el grado de absoluta, sin perjuicio de una futura revisión si llega a mejorar.El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha estimado las pretensiones de un peón industrial, reconociendo su paso a una situación de incapacidad permanente absoluta por enfermedad común. En consecuencia, percibirá una prestación del 100% sobre una base reguladora de 719,76 euros.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2664524485-1-p489962-m1528175-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/incapacidad-permanente-absoluta-de-un-operario-de-fabrica-con-graves-problemas-de-movilidadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2664524485-1-p489962-m1528175-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/incapacidad-permanente-absoluta-de-un-operario-de-fabrica-con-graves-problemas-de-movilidadhttps://elderecho.com/incapacidad-permanente-absoluta-de-un-operario-de-fabrica-con-graves-problemas-de-movilidadhttps://elderecho.com/incapacidad-permanente-absoluta-de-un-operario-de-fabrica-con-graves-problemas-de-movilidad2026-10-07 13:00:042026-10-07 13:00:04socialSocial13Social