https://elderecho.com/feedes491571El tribunal declara el derecho de sus trabajadores y trabajadoras a justificar el permiso retribuido por consulta médica con un certificado de un profesional de la medicina, tanto si pertenece al Servicio Canario de la Salud como si ejerce en el sector privado. La resolución es de 22 de octubre de 2026, su ponente es la magistrada Gloria Poyatos Matas y afecta a unas 500 personas que trabajan para la compañía en las Islas. El litigio se centraba en el artículo 53.13 del IV Convenio colectivo de la empresa, publicado en el BOC el 2 de abril de 2025, que regula el permiso para acudir al médico. Según ese artículo, el trabajador debe preavisar “con la máxima antelación posible” y aportar un justificante “en el que conste la fecha de expedición del justificante, la hora de inicio y de fin de la consulta médica”. El permiso dura “dos horas, o el tiempo efectivo que certifique el facultativo”. La empresa sostenía que el permiso solo cubría las consultas del sistema público de salud, porque si se admitiera la medicina privada “podría usarse abusivamente”. Los sindicatos CCOO y UGT, que también figuraban como demandados, se allanaron a la petición del sindicato demandante. Antes de entrar en el fondo, la Sala rechazó la excepción de falta de interés actual que planteó la compañía. La empresa alegaba que el único conflicto previo era una sentencia de un juzgado de lo social de Santa Cruz de Tenerife de 2013, que la condenó a pagar 47,99 euros a un trabajador. Le había descontado el tiempo de ausencia porque justificó la consulta con un médico privado. El tribunal señala que ese derecho no solo se negó entonces, sino que “es también negado por iguales razones en el momento actual”, como muestra la propia contestación de la empresa a la demanda. Por eso aprecia “un interés real, directo y actual” de la plantilla. Público o privado En cuanto al fondo, la sentencia interpreta el artículo con varios criterios. Según su texto literal, el convenio habla de “justificante médico”, “médico” o “facultativo”. Estos términos, “sin perjuicio del reproche que pueda hacerse por la ausencia del lenguaje inclusivo”, no exigen “de manera expresa que sea del sistema público de asistencia sanitaria”. Tras consultar el Diccionario de la Real Academia Española, la Sala concluye que “ningún condicionante expreso se preceptúa en su regulación literal”. En términos literales, por tanto, quedaría incluida “cualquier persona facultativa de la medicina sea del sector público o del sector privado”. Desde el punto de vista finalista, el tribunal subraya que quienes negociaron el convenio quisieron regular un permiso retribuido para que la plantilla pueda acudir a consulta por razones de salud. Se trata de un derecho protegido en el artículo 43 de la Constitución. A su juicio, “el hecho de no prestar servicios en el sistema público de salud no incide en las capacidades profesionales de la persona facultativa”, que puede igualmente “atender, diagnosticar, prescribir medicación o, en su caso tratamiento”. Por ello concluye que la finalidad del permiso “queda igualmente colmada con persona facultativa pública o privada. No hay diferencia práctica”. La sentencia incorpora además de forma expresa la perspectiva de género como criterio de interpretación. Con datos de la Encuesta de Salud de España 2023, del INE y el Ministerio de Sanidad, la Sala constata que las mujeres acuden a la consulta médica más que los hombres. En el periodo analizado lo hizo el 31,3% de ellas, frente al 23,6 % de ellos. En la franja de 35 a 44 años, la diferencia sube hasta los 10 puntos. Las trabajadoras soportan además una brecha salarial del 16,07% en 2024, según el INE. Ante ese “mayor impacto” sobre la población femenina trabajadora, el tribunal afirma que debe “extremar las cautelas interpretativas integrando la perspectiva de género”. El mandato de la perspectiva de género La resolución recuerda que esta perspectiva “no es una opción para quien juzga, sino un mandato legal imperativo”, tal como confirma la doctrina del Tribunal Constitucional. Añade que es “una obligada metodología de resolución” en los conflictos que involucran relaciones asimétricas o patrones estereotípicos de género, “aun cuando las partes no lo soliciten expresamente”. La Sala basa este mandato en varias normas: la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Según el tribunal, esta perspectiva conduce “necesariamente a una interpretación flexible y pro persona”, que admita cualquier justificante médico, público o privado. Si no fuera así, “se incidiría nocivamente en el derecho al disfrute de este permiso de forma retribuida, con el eventual incremento, en su caso, de la brecha salarial que afecta a las trabajadoras”. Lenguaje claro Otra particularidad de la sentencia es que uno de sus fundamentos jurídicos está dedicado a resumirla en lenguaje claro. La Sala lo hace en aplicación de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, y “dado el impacto social de esta resolución”. En ese apartado, escrito “con lenguaje sencillo y comprensible”, explica directamente a las personas afectadas que “la sentencia reconoce que el permiso retribuido para acudir a consulta médica puede justificarse tanto con un certificado de la sanidad pública como de la privada”. Aclara también que una persona facultativa “es cualquier persona legalmente autorizada para ejercer la medicina”. Por eso, “sea público o privado tiene la misma capacidad profesional para atender, diagnosticar o prescribir un tratamiento”. El resumen recoge igualmente la dimensión de género del caso. Recuerda que las mujeres van a consultas médicas con más frecuencia que los hombres, “por lo que una interpretación restrictiva podría afectarles en mayor medida ensanchando la brecha salarial entre hombres y mujeres”. Concluye que “la empresa debe aceptar, sin distinción, los justificantes de consulta médica expedidos por profesionales de la sanidad pública o privada”.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) con sede en Las Palmas de Gran Canaria ha estimado la demanda de conflicto colectivo que presentó la Coordinadora Estatal del Sector de Handling y Aéreo (CESHA) contra la empresa Atlántica de Handling SLU.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2755910713-1-p491571-m1533222-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-canarias-reconoce-que-el-permiso-retribuido-para-ir-al-medico-puede-justificarse-con-un-certificado-privadohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2755910713-1-p491571-m1533222-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-canarias-reconoce-que-el-permiso-retribuido-para-ir-al-medico-puede-justificarse-con-un-certificado-privadohttps://elderecho.com/el-tsj-de-canarias-reconoce-que-el-permiso-retribuido-para-ir-al-medico-puede-justificarse-con-un-certificado-privadohttps://elderecho.com/el-tsj-de-canarias-reconoce-que-el-permiso-retribuido-para-ir-al-medico-puede-justificarse-con-un-certificado-privado2026-11-05 08:26:342026-11-05 08:26:34sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social491570Defender a una persona que llega a una frontera sin conocer sus derechos, ayudar a que alguien con discapacidad pueda desarrollar su vida con autonomía y conseguir que el trabajo de quienes luchan contra las injusticias llegue a miles de personas. Son realidades muy distintas, pero todas tienen algo en común: detrás de ellas hay personas y organizaciones que llevan años trabajando para que la igualdad sea algo más que un principio recogido en las leyes. Este compromiso es el que reconoce este año Abogacía Española con sus XXVIII Premios de Derechos Humanos “Carlos Carnicer”, que se celebran bajo el lema “No hay derechos de primera. Ni personas de segunda”, con especial atención a la igualdad y a la lucha contra la discriminación. En esta edición, el jurado ha distinguido a Isabel Valriberas, decana del Colegio de la Abogacía de Ceuta, en la categoría de Persona; al Grupo Social ONCE, en la de Institución; y a Rubén Vigil Fernández, jefe del Área de Comunicación y Prensa de la Fundación Princesa de Asturias, en la de Comunicación. El Premio Especial Nacho de la Mata, dedicado a la defensa de los derechos de la infancia, ha recaído en Gabriela Sánchez, periodista y jefa de sección de Desalambre en elDiario.es. Los cuatro galardonados han desarrollado su labor en ámbitos muy diferentes, pero sus trayectorias comparten una misma preocupación: que las circunstancias de una persona, ya sea su origen, una discapacidad o su situación personal, no se conviertan en un obstáculo para ejercer sus derechos. Asimismo, el jurado ha otorgado una mención especial al Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), en reconocimiento a su labor de prevención y lucha contra el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación. A través del seguimiento de los discursos de odio y de iniciativas de sensibilización, el Observatorio contribuye a visibilizar estas situaciones y a promover una sociedad más respetuosa con la diversidad. La defensa de los derechos humanos, desde la frontera en Ceuta Isabel Valriberas ha destacado por su compromiso con el derecho de defensa en Ceuta, especialmente durante las crisis migratorias que ha vivido la ciudad. Su labor al frente del Colegio de la Abogacía y su defensa del Turno de Oficio han sido fundamentales para garantizar la asistencia jurídica a personas en situaciones de especial vulnerabilidad, en un territorio donde el acceso a la justicia plantea desafíos especialmente complejos. Grupo Social ONCE, convertir la igualdad en oportunidades reales El Grupo Social ONCE recibe el reconocimiento por su trayectoria en favor de la inclusión y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Cuenta con cerca de 80.000 profesionales, el 59% de ellos con discapacidad, y destinó 262,6 millones de euros a inversión social directa. Un compromiso que se traduce en empleo, accesibilidad y oportunidades para miles de personas. Rubén Vigil, más de 20 años dando visibilidad a historias que merecen ser contadas Por su parte, Rubén Vigil Fernández lleva más de 20 años al frente de la comunicación de la Fundación Princesa de Asturias, desde donde ha contribuido a dar visibilidad a personas y organizaciones comprometidas con los derechos fundamentales. Su trayectoria pone de relieve el papel de la comunicación para acercar estas causas a la ciudadanía y dar a conocer el trabajo de quienes defienden la dignidad humana. Gabriela Sánchez, una voz en defensa de los derechos de la infancia migrante Gabriela Sánchez, periodista y jefa de sección de Desalambre en elDiario.es, recibe el Premio Especial Nacho de la Mata por su compromiso con la defensa de los derechos de la infancia migrante. A través de sus investigaciones, ha dado visibilidad a situaciones de abandono, desprotección y vulneración de derechos que afectan a menores migrantes no acompañados, especialmente en Ceuta. Su trabajo ha contribuido a denunciar las deficiencias de los sistemas de acogida y las expulsiones sin garantías, dando voz a niños, niñas y adolescentes cuyas historias a menudo quedan fuera del debate público. 28 ediciones reconociendo el compromiso con los derechos humanos A lo largo de sus 28 ediciones, los Premios de Derechos Humanos “Carlos Carnicer” se han convertido en una oportunidad para reconocer públicamente el trabajo de personas y organizaciones que, muchas veces lejos de los focos, dedican su trayectoria a defender los derechos fundamentales. Desde la abogacía hasta el periodismo, pasando por las organizaciones sociales y otras iniciativas ciudadanas, estos galardones ponen en valor distintas formas de compromiso con la dignidad humana. Con ellos, Abogacía Española busca también acercar estas historias a la sociedad, reconocer el impacto de quienes las protagonizan y recordar la importancia de seguir prestando atención a las situaciones en las que los derechos fundamentales se ven amenazados. Los galardones se entregarán el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, en una ceremonia que reunirá a los premiados y a representantes del mundo jurídico y de la sociedad civil.La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, en una ceremonia que reconocerá el compromiso de personas y organizaciones con la defensa de los derechos fundamentales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Premios-DDHH-CGAE-p491570-m1533204-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-pone-nombre-a-los-galardonados-de-sus-xxviii-premios-de-derechos-humanoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Premios-DDHH-CGAE-p491570-m1533204-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-pone-nombre-a-los-galardonados-de-sus-xxviii-premios-de-derechos-humanoshttps://elderecho.com/abogacia-espanola-pone-nombre-a-los-galardonados-de-sus-xxviii-premios-de-derechos-humanoshttps://elderecho.com/abogacia-espanola-pone-nombre-a-los-galardonados-de-sus-xxviii-premios-de-derechos-humanos2026-11-04 13:30:142026-11-04 13:30:14sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico491568Los magistrados consideran que la mercantil impuso esa prenda exclusivamente a su personal femenino “por meras razones estéticas o de imagen”, por lo que confirman la sentencia previa dictada por un juzgado. Los hechos se remontan a enero de 2023, cuando la Inspección de Trabajo levantó un acta de infracción a la mercantil por una falta muy grave, por imponer en julio de 2022 una prenda de adorno adicional a la uniformidad obligatoria, de uso exclusivo por el personal femenino, sin causa justificada, lo que constituía una discriminación directa por razón de sexo. La Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral de la Generalitat Valenciana confirmó la infracción y sancionó a la empresa con 25.000 euros. La empresa recurrió en vía judicial la resolución administrativa, pero el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia desestimó la demanda y ratificó la sanción. En esa sentencia emitida en primera instancia, en mayo del pasado año, el juzgador consideró acreditada la imposición injustificada de la cofia a las empleadas y determinó que implicaba una discriminación directa por razones de sexo, castigada como una falta muy grave en el artículo 8.12 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. El juzgado de lo Social apreció como dato relevante que la empresa sancionara a 18 empleadas por haberse negado a usar la diadema en tres eventos de gala, aunque días más tarde, cuando ya había sido citada para comparecer ante la Inspección de Trabajo, rectificara, dejara sin efecto las sanciones y comunicara al comité de empresa que por el momento se dejaría de utilizar la prenda. La mercantil recurrió el fallo de instancia en suplicación ante la Sala de lo Social del TSJCV, que ha rechazado ahora ese recurso en una sentencia dictada el pasado 22 de septiembre. Los magistrados del Alto Tribunal autonómico rechazan modificar los hechos declarados probados por el Juzgado de lo Social 13 de Valencia y, al mantenerlos, concluyen que se ha acreditado que la imposición de la vestimenta “implicaba solo a mujeres y carecía de causa objetiva”. “La solución de la sentencia de instancia es coherente con la doctrina del Tribunal Supremo sobre uniformes diferenciados por sexo”, precisa el Tribunal, y que puede resumirse en que la imposición de una “indumentaria femenina específica, sin opción equivalente, y sin justificación objetiva, puede vulnerar la igualdad, ordenándose restablecerla”. A juicio de la Sala, en este caso “hubo exclusividad por sexo en la imposición, no existía un equivalente real para hombres en condiciones comparables, ni existía una justificación objetiva y proporcionada ligada a una finalidad legítima, no estereotipada, y necesaria”. “Ante estos datos, el argumento de que no hubo intencionalidad discriminatoria no es determinante frente a una diferencia de trato por sexo apreciada como directa”, recoge la sentencia de suplicación, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado la sanción de 25.000 euros impuesta a una empresa de catering de Valencia por obligar a sus empleadas a llevar una cofia o diadema en la cabeza, lo que supone una discriminación por razón de sexo.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2781396569-1-p491568-m1533168-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/sancion-de-25-000-euros-a-una-empresa-de-catering-por-obligar-a-sus-empleadas-a-llevar-una-cofiahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2781396569-1-p491568-m1533168-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/sancion-de-25-000-euros-a-una-empresa-de-catering-por-obligar-a-sus-empleadas-a-llevar-una-cofiahttps://elderecho.com/sancion-de-25-000-euros-a-una-empresa-de-catering-por-obligar-a-sus-empleadas-a-llevar-una-cofiahttps://elderecho.com/sancion-de-25-000-euros-a-una-empresa-de-catering-por-obligar-a-sus-empleadas-a-llevar-una-cofia2026-11-04 13:00:352026-11-04 13:00:35socialSocial13Social491567Nani era hasta ahora asociada sénior del departamento y cuenta con más de quince años de experiencia en el asesoramiento en todo tipo de materias de Derecho Inmobiliario y Urbanismo, con gran especialización en proyectos con desarrollo urbanístico en curso y activos con complejidad sectorial/regulatoria. Asesora a fondos, entidades financieras o inversores nacionales e internacionales en inversiones inmobiliarias, procesos de due diligence y comercialización de todo tipo de inmuebles y activos de uso residencial, comercial, industrial y logístico, así como en proyectos de energías renovables y centros de datos. Dentro del departamento de Derecho Inmobiliario, presta asesoramiento recurrente en el análisis de viabilidad urbanística, medioambiental y regulatoria de los proyectos, así como el asesoramiento completo ad-hoc en las transacciones. También ha asesorado a clientes del sector privado en la redacción de instrumentos urbanísticos y en diversos procedimientos en vía administrativa, incluyendo procedimientos sancionadores o de restablecimiento de la legalidad urbanística, y en vía contencioso-administrativa en materia urbanística, de consumo, patrimonio histórico y medio ambiente. En palabras de Ismael Fernández Antón, socio director del departamento de Derecho Inmobiliario en Madrid: "El nombramiento de Nani es un reconocimiento más que merecido a su talento, su rigor técnico y su compromiso con nuestros clientes. Su profundo conocimiento del Derecho Urbanístico es un activo clave para nuestra práctica inmobiliaria, especialmente en un momento de fuerte actividad en sectores como el logístico, las energías renovables o los centros de datos. Estamos muy orgullosos de seguir creciendo con talento propio". Por su parte, Jorge Vázquez Orgaz, socio director del despacho en Madrid, ha añadido: " Desde su incorporación a Ashurst en noviembre de 2021, Nani ha sido una pieza clave del equipo. Este nombramiento es, ante todo, el reconocimiento a la calidad de su trabajo, a su compromiso y a la contribución que ha realizado durante estos años, así como a la confianza que ha sabido ganarse con clientes y compañeros. Creemos que es un logro del que todos podemos sentirnos orgullosos, y que refleja la calidad de nuestros profesionales. También la capacidad del despacho para impulsar su desarrollo". Nani de Prada ha manifestado su satisfacción por el nombramiento: "Es un orgullo asumir esta nueva responsabilidad en Ashurst Perkins Coie. Agradezco la confianza del despacho y de mis compañeros, y afronto con mucha ilusión esta nueva etapa para seguir contribuyendo al crecimiento de nuestra práctica de Inmobiliario y Urbanismo".Esta promoción reconoce su trayectoria tras cinco años en la firma y refuerza aún más la práctica de urbanismo y ordenación del territorio, de la que Nani es especialista, completando el asesoramiento a los clientes con un alto valor añadido en materia sectorial, ambiental y regulatoria. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/M.A.PRADA_-scaled-p491567-m1533150-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ashurst-perkins-coie-nombra-counsel-a-maria-antonia-de-prada-en-su-practica-de-derecho-inmobiliario-en-madridhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/M.A.PRADA_-scaled-p491567-m1533150-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ashurst-perkins-coie-nombra-counsel-a-maria-antonia-de-prada-en-su-practica-de-derecho-inmobiliario-en-madridhttps://elderecho.com/ashurst-perkins-coie-nombra-counsel-a-maria-antonia-de-prada-en-su-practica-de-derecho-inmobiliario-en-madridhttps://elderecho.com/ashurst-perkins-coie-nombra-counsel-a-maria-antonia-de-prada-en-su-practica-de-derecho-inmobiliario-en-madrid2026-11-04 11:30:282026-11-04 11:30:28sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico491569Este incremento del 4,9%, equivalente a 60 euros mensuales más, está en línea con la evolución de los precios en los meses de septiembre y octubre, cuando la inflación interanual se situó en este mismo porcentaje. Con esta subida, los expertos consideran que el SMI no perdería poder adquisitivo, cumpliendo así el mandato dado por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de garantizar el poder de compra de esta renta mínima. También se cumpliría, a juicio de los expertos, el mandato establecido en la Carta Social Europea de que el SMI represente al menos el 60% del salario medio. La subida propuesta por la comisión asesora, adelantada por algunos medios, cuenta con que el SMI seguirá sin tributar en el IRPF, tal y como pretende seguir haciendo el Gobierno para el ejercicio 2027. Este alza del 4,9% está por debajo de la demanda de CCOO y UGT de subir el SMI al menos un 7% en 2027, hasta los 18.290,58 euros anuales ó 1.306,5 euros mensuales por catorce pagas (unos 85,5 euros más al mes que ahora). En términos anuales, la subida propuesta por las centrales sindicales supone un SMI de unos 1.196 euros brutos más al año que los 17.094 euros actuales. Según han confirmado a Europa Press en fuentes de Trabajo, el informe de los expertos ya está en manos de la vicepresidenta segunda, quien encargó a la comisión que hiciera su propuesta de subida para el ejercicio 2027 antes de finales de octubre o principios de noviembre, como tope máximo. La intención del Gobierno es aprobar la subida del SMI de 2027 antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Una vez recibido el informe, Trabajo convocará a los agentes sociales para abordar la propuesta de los expertos, como ha hecho siempre.La Comisión de Expertos que asesora al Gobierno para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha recomendado al Ministerio de Trabajo subirlo un 4,9% en 2027, desde los actuales 1.221 euros al mes por catorce pagas hasta 1.281 euros, según han confirmado a Europa Press en fuentes del Ejecutivo.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2398221427-1-p491569-m1533186-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-comision-de-expertos-recomienda-a-trabajo-subir-el-smi-un-49-en-2027-hasta-1-281-euros-al-meshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2398221427-1-p491569-m1533186-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-comision-de-expertos-recomienda-a-trabajo-subir-el-smi-un-49-en-2027-hasta-1-281-euros-al-meshttps://elderecho.com/la-comision-de-expertos-recomienda-a-trabajo-subir-el-smi-un-49-en-2027-hasta-1-281-euros-al-meshttps://elderecho.com/la-comision-de-expertos-recomienda-a-trabajo-subir-el-smi-un-49-en-2027-hasta-1-281-euros-al-mes2026-11-04 10:51:392026-11-04 10:51:39socialSocial13Social491500Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, anuncia la evolución de GenIA-L, que se transforma en una plataforma de inteligencia artificial jurídica para ayudar a los abogados, asesores y profesionales jurídicos a abordar las diferentes facetas de su trabajo diario en un entorno conectado con mayor capacidad, agilidad y la certeza de los contenidos premium de Lefebvre. Con esta evolución, GenIA-L amplía su alcance y se refuerza como la plataforma de IA de confianza para el trabajo jurídico y añade capacidades de gestión del negocio y proyectos para el despacho. De esta manera, acompaña al profesional en su día a día para que pueda organizar mejor su actividad, reducir tareas repetitivas y centrarse en las decisiones que requieren su conocimiento y criterio. Lefebvre sitúa así a GenIA-L en el centro de su propuesta conectando en una misma plataforma décadas de su conocimiento experto con los documentos, antecedentes y contexto propios de cada profesional, facilitando la continuidad del trabajo desde la investigación y el análisis de información hasta la preparación de escritos y la gestión de su actividad. Conocimiento jurídico experto potenciado por inteligencia artificial Uno de los principales elementos diferenciales de GenIA-L es el conocimiento jurídico sobre el que trabaja. Desde hace décadas, los especialistas, redactores y colaboradores expertos de Lefebvre analizan, interpretan y actualizan continuamente legislación, jurisprudencia, doctrina administrativa y contenidos especializados como los Mementos, para transformarlos en información rigurosa y útil para el ejercicio profesional. Sobre esta base, GenIA-L incorpora el conocimiento y la documentación propios del usuario, permitiendo añadir nuevos archivos en el Chat durante una conversación y abordar documentación compleja manteniendo el contexto del trabajo realizado. Así, el profesional puede combinar las fuentes jurídicas de Lefebvre con la información de sus propios asuntos para investigar cuestiones jurídicas, analizar y comparar documentos, localizar información relevante, revisar contenidos o preparar borradores e informes. Todo ello sin tener que empezar de cero. Asimismo, dentro del módulo de Chat, se ha desarrollado Proyectos, un espacio concebido para organizar y potenciar con inteligencia artificial la información de cada asunto. Del análisis jurídico a la gestión de la actividad profesional La plataforma GenIA-L incorpora Gestión, un módulo con las funcionalidades de LexON, el software de gestión de despachos de Lefebvre, relacionadas con expedientes, clientes, agenda, actuaciones, tareas y facturación. De este modo, el profesional puede avanzar desde la investigación y el análisis jurídico hasta la preparación de documentos y la organización de sus asuntos, reduciendo tareas repetitivas y manteniendo reunida la información necesaria para continuar su trabajo. Fuentes verificables, seguridad certificada y criterio humano La confianza es uno de los pilares fundamentales de GenIA-L, especialmente en un sector donde la fiabilidad de la información y la confidencialidad de los datos son esenciales. La plataforma combina fuentes jurídicas contrastadas y trazables con el modelo de seguridad y gobernanza de Lefebvre, respaldado por certificaciones como ISO/IEC 42001, de gestión de sistemas de inteligencia artificial; ISO/IEC 27001, de seguridad de la información, así como por el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Como señala José Ángel Sandín, CEO de Lefebvre, “El verdadero valor de la inteligencia artificial no está solo en la tecnología, sino en el conocimiento y el criterio que la sustentan. Con la plataforma GenIA-L ponemos toda nuestra experiencia jurídica y tecnología al servicio de una nueva forma de trabajar, para que los profesionales puedan abordar sus tareas con mayor agilidad, seguridad y confianza, sin renunciar al rigor que exige su actividad”. Esta visión se refleja en el concepto “Tecnología con oficio”, con el que Lefebvre pone en valor el conocimiento y el criterio humano en ambos lados de la tecnología: tanto en quienes la desarrollan y alimentan con conocimiento jurídico experto, como en los profesionales que interpretan, contrastan y validan los resultados para aplicarlos en su trabajo.GenIA-L amplia su alcance para acompañar al profesional desde la investigación y el análisis jurídico hasta la preparación de documentos y la gestión de la actividad del despacho.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/genial-nuevo-p491500-m1532943-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-convierte-genia-l-en-la-plataforma-de-ia-juridica-que-cubre-desde-la-investigacion-hasta-la-gestion-del-despachohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/genial-nuevo-p491500-m1532943-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-convierte-genia-l-en-la-plataforma-de-ia-juridica-que-cubre-desde-la-investigacion-hasta-la-gestion-del-despachohttps://elderecho.com/lefebvre-convierte-genia-l-en-la-plataforma-de-ia-juridica-que-cubre-desde-la-investigacion-hasta-la-gestion-del-despachohttps://elderecho.com/lefebvre-convierte-genia-l-en-la-plataforma-de-ia-juridica-que-cubre-desde-la-investigacion-hasta-la-gestion-del-despacho2026-11-04 07:52:562026-11-04 07:52:56derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico491514El Real Decreto-ley tiene como objetivo establecer ayudas inmediatas a las víctimas y adelantar parte de las indemnizaciones correspondientes al seguro de responsabilidad civil, que se sumarán a los mecanismos ya existentes en el actual ordenamiento jurídico, que reconoce el derecho de las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares a una asistencia integral. Estas ayudas son complementarias a los planes, seguros y coberturas previstas en la ley para las víctimas de accidentes ferroviarios y, por tanto, compatibles con las indemnizaciones obligatorias por responsabilidad civil. Además, se recibirán íntegramente ya que estarán exentas de tributación. La cantidad asciende a los 30 millones de euros: 15 millones para las ayudas urgentes y otros 15 correspondientes a los anticipos. La cuantía a percibir se ha definido de la siguiente manera: En los casos de fallecimiento, una ayuda directa de algo más de 72.121 euros por cada persona fallecida y la misma cifra en concepto de anticipo del seguro. En los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran por niveles de gravedad, con importes que van desde algo más de 2.404 euros en los casos de menor entidad hasta más de 84.141 euros en las lesiones de máxima gravedad. Las cifras son las mismas para el anticipo del seguro. Incapacidad laboral temporal Las personas trabajadoras afectadas por el accidente podrán beneficiarse de una protección especial en materia de Seguridad Social. Las bajas laborales por incapacidad temporal derivadas del accidente tendrán, con carácter excepcional, la consideración de accidente de trabajo a efectos de la prestación económica, lo que permitirá percibir la prestación desde el primer día de baja (no a partir del acuarto día) y en una cuantía superior a la correspondiente a una baja por contingencias comunes (75% de la base reguladora, en lugar del 60%). Asimismo, las pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, así como la prestación económica por incapacidad permanente parcial que deriven del accidente tendrán, a efectos del cálculo de su cuantía, la consideración de prestaciones derivadas de accidente de trabajo, siempre que resulte más favorable para las personas beneficiarias. Las personas incluidas en el Régimen de Clases Pasivas del Estado que, como consecuencia del accidente, tengan derecho a una pensión de jubilación por incapacidad permanente, viudedad, orfandad o a favor de sus padres, podrán recibir una pensión de mayor cuantía. Se aplicará el régimen de las pensiones extraordinarias, siempre que resulte más beneficioso para la persona beneficiaria. Esta protección se aplicará de oficio, sin necesidad de presentar una solicitud, y tendrá efectos retroactivos, incluso cuando la baja o la pensión ya se hubiera extinguido o reconocido. Oficinas de atención integral Por otra parte, se crean Oficinas de Atención Integral a las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Estas Oficinas se despliegan a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Las Oficinas de Atención Integral, junto con el resto de Oficinas de Atención a la Ciudadanía de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, ayudarán a las personas afectadas a solicitar y tramitar las ayudas y anticipos. Además, si alguna persona afectada por los accidentes no pudiera desplazarse a una Oficina, será atendida en su propio domicilio, en cualquier lugar del territorio nacional, por personal de las Subdelegaciones del Gobierno, gracias al programa "La Administración Cerca de Ti". Limitación de los precios Además, el Real Decreto-ley también recoge la limitación de los precios de los transportes alternativos al tren mientras la línea de Alta Velocidad Madrid - Andalucía esté cortada y de servicios de alojamiento vinculados a los desplazamientos afectados. El objetivo es evitar que las consecuencias del accidente se agraven con los incrementos de precios que dificulten el acceso a bienes y servicios necesarios, introduciendo un régimen de limitación temporal de los precios máximos aplicables durante la vigencia de una situación de emergencia que altere de forma significativa las condiciones de oferta y demanda de un mercado concreto, a fin de proteger la equidad, la transparencia y la confianza de la ciudadanía en el mercado. Dicha limitación consiste en fijar como precio máximo el aplicable en un período anterior de referencia, con sujeción a un criterio objetivo y verificable, evitando así incrementos susceptibles de perjudicar gravemente a las personas consumidoras y usuarias en un momento de especial fragilidad.El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que contempla 30 millones de euros para acelerar la percepción de ayudas por parte de los afectados y evitar así las esperas propias de los procedimientos ordinarios de los seguros.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2742691285-p491514-m1532987-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ayudas-para-los-afectados-por-el-accidente-de-urdahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2742691285-p491514-m1532987-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ayudas-para-los-afectados-por-el-accidente-de-urdahttps://elderecho.com/ayudas-para-los-afectados-por-el-accidente-de-urdahttps://elderecho.com/ayudas-para-los-afectados-por-el-accidente-de-urda2026-11-03 17:57:152026-11-03 17:57:15administrativoAdministrativo1Administrativo491515Su llegada supone un impulso para el área de Derecho Laboral de la firma y consolida su apuesta por ofrecer un asesoramiento jurídico especializado y de alto valor añadido a empresas y organizaciones. Con más de tres décadas de experiencia en el ámbito del Derecho del Trabajo y las relaciones laborales, Gómez de Enterría cuenta con una sólida trayectoria profesional desarrollada en algunos de los principales despachos nacionales e internacionales. A lo largo de su carrera ha ocupado puestos de responsabilidad, entre ellos los de socia del área laboral de RSM, asociada sénior en Fieldfisher y Dentons, y directora del área laboral de MA Abogados. Anteriormente, ejerció durante doce años como abogada en Sagardoy Abogados y fue directora de Organización y Recursos Humanos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), una experiencia que le ha permitido combinar el ejercicio de la abogacía con una visión directa de la gestión de personas y las relaciones laborales en el ámbito empresarial. La incorporación se enmarca en la apuesta de ILIA ETL GLOBAL por seguir fortaleciendo su presencia en Mallorca, donde cuenta con tres oficinas, dos en Palma y una en Alcúdia. Desde ellas, la firma ofrece un asesoramiento integral a empresas y particulares, apoyándose en equipos multidisciplinares de amplia experiencia en los ámbitos jurídico, fiscal, contable y empresarial. ILIA ETL GLOBAL destaca también por su vocación internacional. Una de sus oficinas en Palma cuenta con un experimentado equipo de abogados y asesores alemanes, una capacidad que se complementa con el International Desk de la firma, especializado en el asesoramiento integral a empresas e inversores internacionales. «Contamos con un equipo muy consolidado en Mallorca, con una amplia experiencia y una clara vocación internacional. La incorporación de Natalia nos permite seguir reforzando nuestra capacidad de asesoramiento especializado y dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes», señala Germán Pérez, codirector de ILIA ETL GLOBAL. La llegada de Gómez de Enterría permitirá ampliar la capacidad de asesoramiento de la firma en materia jurídico-laboral, aportando una dilatada experiencia y una perspectiva estratégica orientada a las necesidades de las empresas. Con este nuevo fichaje, ILIA ETL GLOBAL reafirma su compromiso con la atracción de talento sénior y el fortalecimiento de sus áreas de especialización, consolidando su presencia en el asesoramiento integral a empresas en las Islas Baleares.La abogada, con más de 30 años de experiencia en Derecho del Trabajo, ha desarrollado su trayectoria profesional en firmas como RSM, Fieldfisher, Dentons y Sagardoy Abogados.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG_0178-LOGO-ACTUALIZAD-scaled-p491515-m1533008-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ilia-etl-global-refuerza-su-area-laboral-en-mallorca-con-natalia-gomez-de-enterriahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG_0178-LOGO-ACTUALIZAD-scaled-p491515-m1533008-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ilia-etl-global-refuerza-su-area-laboral-en-mallorca-con-natalia-gomez-de-enterriahttps://elderecho.com/ilia-etl-global-refuerza-su-area-laboral-en-mallorca-con-natalia-gomez-de-enterriahttps://elderecho.com/ilia-etl-global-refuerza-su-area-laboral-en-mallorca-con-natalia-gomez-de-enterria2026-11-03 16:00:172026-11-03 16:00:17sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico491516La conmemoración sirvió para hacer balance de un primer año marcado por un crecimiento superior a las previsiones, la consolidación de áreas estratégicas de especialización y el fortalecimiento de la plataforma ibérica e internacional de Bird Bird. Durante el acto celebrado en Lisboa, Ana Rita Paínho, Head of Country de Bird Bird Portugal, destacó la evolución de la oficina desde su apertura y reconoció la contribución de clientes y profesionales al desarrollo del proyecto. “Hace apenas un año iniciábamos esta apuesta con la convicción de que Portugal era un mercado lleno de oportunidades y de que Bird Bird podía aportar una propuesta diferencial. Hoy podemos afirmar con orgullo que esa visión se ha hecho realidad y que, en muchos aspectos, incluso ha superado nuestras expectativas. Hemos crecido más rápido de lo previsto, hemos fortalecido relaciones de enorme valor y hemos confirmado que la apuesta por Portugal fue la decisión correcta”, aseguró. Paínho subrayó asimismo la importancia de la integración de la oficina portuguesa en la red internacional del despacho. “Desde el primer día hemos trabajado como una única firma. La colaboración con Madrid ha sido fundamental para construir una auténtica plataforma ibérica capaz de acompañar a los clientes que entienden España y Portugal como un único mercado estratégico. Al mismo tiempo, hemos desarrollado una intensa cooperación con equipos de toda nuestra red internacional y vemos grandes oportunidades para seguir apoyando a nuestros clientes en mercados como Latinoamérica, especialmente Brasil”. Durante este primer ejercicio, Bird Bird Portugal ha reforzado áreas clave como Tech Comms, Propiedad Intelectual, Corporate y M A, Laboral, Regulatorio, Ciberseguridad y Protección de Datos, en línea con la estrategia sectorial global de la firma y con las necesidades de un mercado cada vez más orientado a la innovación y la tecnología. Por su parte, Christian Bartsch, CEO de Bird Bird, puso en valor el papel que la oficina de Lisboa está desempeñando dentro de la estrategia de crecimiento de la firma. “El trabajo del equipo de Lisboa durante este primer año ha sido extraordinario. La oficina ha incorporado talento de primer nivel y ha desarrollado capacidades plenamente alineadas con los sectores y áreas que impulsan nuestra estrategia global. Su evolución demuestra cómo una presencia local sólida puede contribuir de forma significativa al crecimiento y a la propuesta de valor de Bird Bird a nivel internacional”, señaló. Para Coral Yáñez, Head of Iberia y Head of Country de Bird Bird España, la oficina portuguesa ha sido clave para reforzar el posicionamiento regional de la firma. “Uno de nuestros principales objetivos era construir una propuesta ibérica integral que respondiera a las necesidades de clientes con operaciones a ambos lados de la frontera. Hoy contamos con una plataforma sólida, plenamente coordinada y con una capacidad diferencial para acompañar a las empresas en proyectos complejos y transfronterizos”, destacó. La firma ha anunciado además el próximo traslado de su oficina de Lisboa a una nueva sede diseñada para potenciar la siguiente fase de crecimiento del despacho. Este proceso irá acompañado de la ampliación del equipo y del lanzamiento de nuevas áreas de especialización. Con este primer aniversario, Bird Bird Portugal reafirma su compromiso con el mercado luso y con el asesoramiento a empresas e inversores en un entorno cada vez más internacional, tecnológico y conectado. “Este primer año no es una meta; es simplemente el comienzo”, concluyó Ana Rita Paínho.Bird Bird Portugal celebró el pasado jueves el primer aniversario de su oficina en Lisboa con un encuentro que reunió a más de 120 clientes, socios, profesionales de la firma y representantes de distintas oficinas internacionales del despacho.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Christian-Bartsch-I-scaled-p491516-m1533030-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bird-bird-portugal-celebra-su-primer-aniversariohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Christian-Bartsch-I-scaled-p491516-m1533030-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bird-bird-portugal-celebra-su-primer-aniversariohttps://elderecho.com/bird-bird-portugal-celebra-su-primer-aniversariohttps://elderecho.com/bird-bird-portugal-celebra-su-primer-aniversario2026-11-03 13:57:222026-11-03 13:57:22sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico491517A un día de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado las principales líneas de su nueva Agenda Estratégica Iberoamericana. Una iniciativa con la que el Colegio busca ampliar su red de alianzas con universidades, empresas e instituciones jurídicas de la región y traducir esas relaciones en nuevas oportunidades de formación, colaboración profesional y desarrollo de negocio para la abogacía madrileña. El decano del ICAM, Eugenio Ribón, y el secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), Enrique Gil Botero, han protagonizado este martes un desayuno informativo organizado junto a la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), centrado en los objetivos de esta nueva estrategia y los desafíos que afrontan los sistemas de Justicia de la región. En vísperas de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno, Gil Botero ha defendido que «la cooperación jurídica internacional debe ocupar un lugar prioritario en la agenda de la Cumbre Iberoamericana», como instrumento para reforzar la coordinación entre los Estados y ofrecer respuestas conjuntas a los retos que comparten los países de la región. Por su parte, Ribón ha reivindicado la importancia de Iberoamérica para la abogacía madrileña. «Iberoamérica no es para el ICAM un capítulo más de su agenda internacional. Forma parte de nuestra identidad», ha señalado, defendiendo una relación «más directa, más práctica y orientada a resultados», mediante alianzas con colegios de la abogacía, universidades, tribunales, organismos internacionales y empresas. El decano ha subrayado que esta nueva estrategia debe tener consecuencias concretas para el ejercicio profesional. «Nada de lo que hacemos fuera tiene sentido si no revierte en nuestros colegiados», ha afirmado. Formación y nuevas oportunidades profesionales Una de las prioridades de la nueva agenda iberoamericana del ICAM es ampliar las relaciones académicas y profesionales con instituciones de la región, facilitando la movilidad, el intercambio de conocimiento y el desarrollo de programas formativos conjuntos. Durante el mes de octubre, el Colegio ha firmado un convenio marco con la Universidad Nacional de La Plata y un memorando de entendimiento con el Colegio de la Abogacía de esa ciudad, además de estrechar relaciones con instituciones judiciales y profesionales de Córdoba, Uruguay y Chile. A través de su centro universitario, CUICAM, el Colegio trabaja en una red de acuerdos académicos para facilitar intercambios de estudiantes y desarrollar cursos especializados en distintas ramas del Derecho. El objetivo, según Ribón, es que «el ICAM sea, en Europa, uno de los centros de formación de referencia para la abogacía iberoamericana». La estrategia incorpora también una dimensión económica y empresarial. El Colegio está estrechando su relación con cámaras de comercio españolas e iberoamericanas para promover iniciativas de formación jurídica, internacionalización y encuentro entre profesionales y empresas. «La seguridad jurídica es la condición de cualquier inversión, y detrás de cada empresa española que invierte en Iberoamérica, o de cada empresa iberoamericana que apuesta por España, hay abogados que le dan certidumbre», ha defendido Ribón. En esta línea, el ICAM acogerá el miércoles 4 de noviembre, coincidiendo con la Cumbre y en el marco de la Semana Dominicana en España, una jornada sobre oportunidades de inversión en República Dominicana, organizada junto a la Cámara Oficial de Comercio de España en ese país. Más allá de estas iniciativas, el Colegio quiere que la nueva agenda iberoamericana tenga resultados tangibles para sus colegiados. Los acuerdos con instituciones académicas y profesionales de la región aspiran a facilitar nuevas posibilidades de formación e intercambio, así como relaciones entre despachos que permitan colaborar en asuntos transnacionales, derivar clientes y ampliar las redes de contactos. A ello se añade la colaboración con las cámaras de comercio y las empresas que invierten a ambos lados del Atlántico, con la que el ICAM busca favorecer nuevas oportunidades de actividad profesional. La presencia en foros internacionales permitirá, asimismo, trasladar las preocupaciones e intereses de la abogacía madrileña a los espacios donde se debaten las políticas públicas de Justicia. Ribón ha resumido la aspiración del Colegio en una doble dirección: «Queremos que cualquier abogado de Iberoamérica encuentre en el ICAM formación, red profesional y una institución aliada. Y queremos que cualquier abogado de Madrid encuentre en Iberoamérica un espacio natural para crecer». Una alianza para acercar las políticas públicas de Justicia a la abogacía La cooperación institucional constituye otro de los grandes ejes de la agenda, con especial protagonismo del reciente acuerdo con la COMJIB, organismo intergubernamental que reúne a los ministerios de Justicia e instituciones homólogas de los países iberoamericanos. El convenio, firmado el pasado 28 de octubre, establece un marco de colaboración en cuestiones como el fortalecimiento del Estado de derecho, el acceso a la justicia, la formación jurídica, los derechos humanos y la modernización de los servicios judiciales. La incorporación del gabinete de Gil Botero a la sede colegial busca, además, facilitar una relación más directa entre quienes diseñan las políticas públicas de Justicia y quienes trabajan diariamente en la defensa de los derechos de los ciudadanos. «Que los ministerios de Justicia de Iberoamérica encuentren su casa en el Colegio de la Abogacía de Madrid dice mucho de la confianza en nuestra institución», ha destacado Ribón, para quien esta colaboración expresa también un objetivo compartido: «que el acceso a la justicia sea real y no solo un derecho escrito». Desde la perspectiva de la COMJIB, Gil Botero considera que la alianza con el ICAM representa una oportunidad para estrechar los vínculos entre las instituciones responsables de las políticas públicas de Justicia y los profesionales del Derecho. Una colaboración que, a su juicio, facilitará el intercambio de conocimientos y experiencias y contribuirá a acercar las prioridades de la cooperación jurídica iberoamericana al ejercicio profesional de la abogacía. El secretario general ha destacado, además, que este acercamiento puede generar sinergias para que las políticas públicas de Justicia se traduzcan en respuestas concretas, eficaces y próximas a las necesidades de la ciudadanía. El acceso efectivo a la justicia, un desafío compartido Gil Botero ha identificado entre los principales desafíos de los sistemas judiciales iberoamericanos la necesidad de garantizar un acceso efectivo a la justicia, fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones y responder a las nuevas demandas derivadas de las transformaciones sociales y tecnológicas. Uno de los instrumentos impulsados por la COMJIB para avanzar en este ámbito es la Convención Iberoamericana de Acceso a la Justicia, cuyo texto fue adoptado el pasado 5 de marzo en Panamá. La Convención aspira a establecer un marco jurídico común para garantizar el acceso efectivo a la justicia, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad. El reto ahora es avanzar en los procesos de firma y ratificación y traducir los compromisos asumidos en políticas públicas, servicios e instrumentos capaces de ofrecer respuestas reales a las necesidades jurídicas de la población. Gil Botero advierte de que, para millones de personas, las dificultades comienzan mucho antes de llegar a un tribunal: cuando desconocen sus derechos, no saben a quién acudir o encuentran barreras económicas, sociales o personales que les impiden obtener una solución. Durante su intervención en el diálogo internacional sobre la Convención celebrado el pasado miércoles en el ICAM, el secretario general de la COMJIB planteó una pregunta que resume este desafío: «¿Qué ocurre con los problemas jurídicos de las personas que nunca llegan a nuestros tribunales?». Una reflexión con la que defendió una Justicia capaz de anticiparse a los conflictos y acercarse a quienes más la necesitan. «No podemos conformarnos con una Convención bien redactada. Su verdadero valor se medirá en su capacidad para cambiar la realidad», advirtió también Gil Botero, subrayando que la aplicación efectiva del instrumento requerirá voluntad política, cooperación institucional y continuidad en el tiempo. La Cumbre Iberoamericana de Madrid ofrece así una oportunidad para seguir avanzando en una cooperación jurídica que el ICAM quiere mantener más allá de esta cita. «La Cumbre durará dos días, pero esta relación no empieza ni termina con ella», ha señalado Ribón, sintetizando la vocación de continuidad de una estrategia que busca estrechar las relaciones entre las instituciones y los profesionales del Derecho a ambos lados del Atlántico.El decano Eugenio Ribón presenta la nueva Agenda Estratégica Iberoamericana del Colegio, que busca estrechar las relaciones con universidades, colegios de la abogacía, cámaras de comercio e instituciones de Justicia de la región e impulsar proyectos concretos de formación, intercambio académico y colaboración profesional.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Encuentro-informativo-en-el-ICAM-sobre-la-justicia-en-Iberoamerica-scaled-p491517-m1533096-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-teje-una-red-de-alianzas-para-reforzar-la-cooperacion-juridica-con-iberoamerica-y-abrir-nuevas-oportunidades-a-la-abogacia-madrilenahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Encuentro-informativo-en-el-ICAM-sobre-la-justicia-en-Iberoamerica-scaled-p491517-m1533096-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-teje-una-red-de-alianzas-para-reforzar-la-cooperacion-juridica-con-iberoamerica-y-abrir-nuevas-oportunidades-a-la-abogacia-madrilenahttps://elderecho.com/el-icam-teje-una-red-de-alianzas-para-reforzar-la-cooperacion-juridica-con-iberoamerica-y-abrir-nuevas-oportunidades-a-la-abogacia-madrilenahttps://elderecho.com/el-icam-teje-una-red-de-alianzas-para-reforzar-la-cooperacion-juridica-con-iberoamerica-y-abrir-nuevas-oportunidades-a-la-abogacia-madrilena2026-11-03 10:30:252026-11-03 10:30:25sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico