https://elderecho.com/feedes492012Desde esta posición liderará la nueva Área de Derecho Portuario del despacho, concebida para dar respuesta a las crecientes necesidades jurídicas de los operadores del sector logístico, portuario y del transporte internacional. La nueva área no parte de cero. F J Martín Abogados asesora desde hace años en los aspectos tributarios de la actividad portuaria y, en particular, en su régimen tarifario. La incorporación permite integrar esa experiencia en una visión más amplia del Derecho Público aplicable a los puertos, un ámbito en el que las cuestiones administrativas, económicas y tributarias rara vez pueden analizarse por separado. Abogado del Estado de carrera, José Antonio Morillo Velarde del Peso ha sido Abogado del Estado-Jefe en Málaga, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la Secretaría de Estado de Hacienda y en el Ministerio de Justicia. Fue también subdirector general de Coordinación y Auditoría de la Abogacía General del Estado, puesto que comprendía la jefatura de la Inspección de los Servicios de la Abogacía del Estado, y presidió la Asociación de Abogados del Estado. Su trayectoria ha estado vinculada desde el inicio a la Administración tributaria: fue secretario de los Tribunales Económico-Administrativos de Tenerife y de Málaga, así como del Consejo para la Defensa del Contribuyente. En paralelo, ha desarrollado buena parte de su actividad profesional junto a la Administración portuaria. Ha sido miembro de los consejos de administración de la Junta del Puerto de Melilla y de las Autoridades Portuarias de Marín y Ría de Pontevedra, Málaga, Valencia y Baleares, y durante los últimos quince años ha sido jefe de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado y secretario de su Consejo Rector y del Comité del Fondo de Compensación Interportuario. En la actualidad preside la Asociación Internacional de Derecho Portuario. Está distinguido con la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort y con la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica. «En los puertos confluyen, en un mismo espacio, cuestiones de Derecho Público, de régimen económico y de tributación que rara vez admiten un análisis por separado. La experiencia de José Antonio, construida durante décadas en la Abogacía del Estado y en el propio sistema portuario, nos permite abordarlas con la visión de conjunto que exigen», ha remarcado Javier Martín Fernández, socio director de F J Martín Abogados. Con esta incorporación, F J Martín Abogados refuerza su especialización en Derecho Público y completa, con una nueva área de práctica, el trabajo que viene desarrollando desde hace años en la fiscalidad del sistema portuario.F J Martín Abogados, firma independiente especializada en Derecho Financiero y Tributario y Derecho del Sector Público, ha incorporado a José Antonio Morillo Velarde del Peso como of counsel.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Foto_Jose-Antonio-Morillo-Velarde_con-logo-320x449-1-p492012-m1534515-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/fj-martin-abogados-incorpora-a-jose-antonio-morillo-velarde-del-peso-como-of-counsel-para-dirigir-su-nueva-area-de-derecho-portuariohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Foto_Jose-Antonio-Morillo-Velarde_con-logo-320x449-1-p492012-m1534515-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/fj-martin-abogados-incorpora-a-jose-antonio-morillo-velarde-del-peso-como-of-counsel-para-dirigir-su-nueva-area-de-derecho-portuariohttps://elderecho.com/fj-martin-abogados-incorpora-a-jose-antonio-morillo-velarde-del-peso-como-of-counsel-para-dirigir-su-nueva-area-de-derecho-portuariohttps://elderecho.com/fj-martin-abogados-incorpora-a-jose-antonio-morillo-velarde-del-peso-como-of-counsel-para-dirigir-su-nueva-area-de-derecho-portuario2026-11-12 10:04:532026-11-12 10:04:53sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico491947En marzo de 2018, la recurrente, nacida en 1946, acudió a urgencias por una hemorroide sangrante, cuya extirpación quirúrgica el 28 de marzo reveló un melanoma maligno de mucosa anal. Se realizó un estudio con una colonoscopia y se extirpó un pólipo benigno. Le hicieron pruebas de imagen que obligaron a ampliar los márgenes y a realizar una biopsia de un ganglio, aunque ambas pruebas descartaron la presencia de células tumorales. Fue diagnosticada formalmente en junio de 2018 por el servicio de Oncología del Hospital San Pedro de Logroño. Desde entonces, fue remitida a los servicios de radioterapia, dermatología y oncología para valorar los tratamientos oportunos, con controles posteriores que han descartado malignidad en el tejido anal y en los ganglios analizados. En enero de 2021, la paciente acudió a la Fundación Jiménez Díaz en busca de una segunda opinión médica y recibió en dicho centro tratamiento por importe de 207.947,74 euros, cantidad que actualmente se reclama. El tribunal señala que, al iniciar el segundo tratamiento en febrero de 2021, la interesada ya sabía que la sanidad pública le ofrecía una alternativa distinta a la amputación, la cual había venido rechazando. Por ello, los magistrados concluyen que no procede el reembolso de los gastos médicos privados, ya que no se da el requisito de imposibilidad de usar los servicios públicos cuando la nueva terapia ya estaba autorizada en ellos. Asimismo, la Sala descarta la urgencia vital porque el tratamiento privado comenzó más tarde de lo que habría podido hacerlo en la sanidad pública, sin que conste que la opción pública fuera menos eficaz ni que la existencia de otras alternativas convierta el caso en una urgencia médica.El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha avalado la negativa a una paciente que pretendía el rembolso de 207.947,74 euros derivados de la asistencia sanitaria y tratamiento recibido en el Hospital Universitario Fundación Jimenez Díaz, al que acudió voluntariamente en enero de 2021 para obtener una segunda opinión.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2710635489-1-p491947-m1534327-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-la-rioja-rechaza-reembolsar-casi-208-000-euros-a-una-paciente-que-acudio-a-la-sanidad-privada-buscando-una-segunda-opinionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2710635489-1-p491947-m1534327-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-la-rioja-rechaza-reembolsar-casi-208-000-euros-a-una-paciente-que-acudio-a-la-sanidad-privada-buscando-una-segunda-opinionhttps://elderecho.com/el-tsj-de-la-rioja-rechaza-reembolsar-casi-208-000-euros-a-una-paciente-que-acudio-a-la-sanidad-privada-buscando-una-segunda-opinionhttps://elderecho.com/el-tsj-de-la-rioja-rechaza-reembolsar-casi-208-000-euros-a-una-paciente-que-acudio-a-la-sanidad-privada-buscando-una-segunda-opinion2026-11-11 13:35:422026-11-11 13:35:42administrativoAdministrativo1Administrativo491951Paralelamente, la Comisión ha propuesto una revisión del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (Reglamento CPC), que otorga a la Comisión mayores competencias para investigar directamente e imponer multas en casos de gran envergadura que tengan un impacto significativo en los consumidores de todo el mercado único. En conjunto, estas iniciativas se basarán en el marco normativo digital existente para reforzar la protección de los consumidores, contribuir a unos mercados en línea más justos y crear unas condiciones de competencia equitativas que permitan a las empresas competir, crecer e innovar con confianza. Las prácticas comerciales desleales en línea (como las tácticas de comercialización manipuladoras o las comisiones ocultas) merman la capacidad de los consumidores de tomar decisiones libres e informadas. Las propuestas presentadas este miércoles dotarán a la UE de herramientas más sólidas para hacer frente a estas prácticas desleales, reforzarán la aplicación de la normativa en todo el mercado único y simplificarán las normas que deben cumplir las empresas, lo que aumentará el cumplimiento. El resultado será una mayor protección para los consumidores y una competencia más leal para las empresas. Nuevas protecciones en línea para los consumidores La propuesta de Ley de Equidad Digital permite a las autoridades de la UE hacer frente a las prácticas desleales en los mercados digitales de manera más eficaz, garantizando que todos los operadores cumplan las mismas normas. Protegerá a los consumidores de todas las edades que compren o busquen productos o servicios en línea. Entre las principales novedades de la propuesta figuran las siguientes: La prohibición de las tácticas de comercialización manipuladoras (las denominadas «interfaces engañosas»), como las afirmaciones falsas de que un producto está a punto de agotarse, que presionan a los consumidores para que tomen decisiones de compra que, de otro modo, quizás no tomarían. Una fijación de precios clara y transparente, en particular para los precios de las compras realizadas con monedas virtuales integradas en las aplicaciones y cuando se utilice la fijación dinámica de precios para acontecimientos culturales y deportivos. En las colas virtuales, las empresas tendrán que mostrar el precio actual en tiempo real y el precio máximo posible. La equidad desde el diseño, con la opción de que los consumidores desactiven las características de diseño adictivas que fomentan el gasto excesivo o compulsivo, como las notificaciones persistentes. La propuesta también restringirá las prácticas desleales que fomentan el gasto excesivo, por ejemplo, prohibiendo las funciones similares a los juegos de azar para los menores, como la de pago para ganar y pago para progresar. La transparencia en la comercialización por medio de influyentes, exigiendo a los influyentes que sean transparentes sobre los contenidos comerciales y evitando la explotación de la confianza de los menores entre su público. Una restricción de los anuncios y precios personalizados desleales dirigidos a menores o que se aprovechan de datos sensibles. Una mayor facilidad para cancelar contratos y suscripciones digitales y el fin de las renovaciones automáticas no deseadas y de los períodos de prueba gratuitos que se convierten en trampas de suscripción. Los consumidores tendrán derecho a comunicarse con una persona real en el servicio de atención al cliente y contarán con derechos claros cuando utilicen un agente de IA para comprar productos en su nombre. La propuesta de Ley de Equidad Digital también incluye medidas de simplificación y las propuestas presentadas incluyen una Directiva de simplificación con modificaciones específicas de la Directiva sobre los derechos de los consumidores para facilitar su aplicación en línea. En concreto, se incluyen requisitos de información precontractual más sencillos para las compras recurrentes dentro de las aplicaciones y normas más claras sobre cómo los consumidores pueden cancelar las suscripciones a contenidos digitales dentro del plazo de desistimiento. Facultades de ejecución directas de la UE y mejora de la coordinación nacional En la actualidad, los mercados digitales evolucionan rápidamente. Lo mismo ocurre con las prácticas desleales, que proliferan en Internet y no conocen fronteras. Para garantizar la seguridad de los consumidores y que las empresas puedan competir equitativamente, son necesarias herramientas adecuadas para responder con rapidez y eficacia a las infracciones de la legislación de protección de los consumidores. Una aplicación centralizada de esta normativa contribuirá a resolver rápidamente los casos de gran repercusión, aumentar el efecto disuasorio de las normas de la UE, proteger a las empresas honradas de la competencia desleal y proteger a los consumidores frente a posibles perjuicios. Esta es la razón por la que la revisión del Reglamento CPC propone: Otorgar a la Comisión competencias directas para investigar casos de gran envergadura con un impacto significativo en los consumidores de todo el mercado único, con multas de hasta el 6 % del volumen de negocios anual mundial de una empresa. Acelerar y mejorar la coordinación de las autoridades nacionales de consumidores en los asuntos transfronterizos, estableciendo plazos para las etapas clave y mejorando la coordinación de las sanciones, por ejemplo, cuando las multas se recaudan en diferentes jurisdicciones. Reforzar el control del cumplimiento de las empresas no pertenecientes a la UE, exigiéndoles que designen a un representante legal en la UE para cooperar con las autoridades nacionales y la Comisión. La Comisión Europea ha presentado su propuesta de Ley de Equidad Digital, una importante actualización de las normas de protección de los consumidores de la UE para garantizar que los consumidores de la Unión disfruten del mismo elevado nivel de protección tanto en línea como fuera de línea.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2553138547-1-p491951-m1534403-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ce-refuerza-la-legislacion-en-materia-de-proteccion-de-los-consumidores-para-adaptarla-a-la-era-digitalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2553138547-1-p491951-m1534403-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ce-refuerza-la-legislacion-en-materia-de-proteccion-de-los-consumidores-para-adaptarla-a-la-era-digitalhttps://elderecho.com/la-ce-refuerza-la-legislacion-en-materia-de-proteccion-de-los-consumidores-para-adaptarla-a-la-era-digitalhttps://elderecho.com/la-ce-refuerza-la-legislacion-en-materia-de-proteccion-de-los-consumidores-para-adaptarla-a-la-era-digital2026-11-11 12:45:222026-11-11 12:45:22civilCivil2derecho-ticDerecho TICCivil,Derecho TIC491950Ambos cuentan con amplia experiencia en fiscalidad nacional e internacional, empresa familiar y litigación tributaria. Estas incorporaciones responden a la apuesta de la firma por consolidar una práctica tributaria capaz de acompañar a sus clientes tanto en la toma de decisiones estratégicas como en la prevención y resolución de controversias con la Administración Tributaria. La combinación de planificación fiscal, asesoramiento especializado y defensa en procedimientos tributarios permite abordar las necesidades de los clientes desde una perspectiva integral, alineada con sus objetivos empresariales y patrimoniales. Esteban Ceca, socio director de CECA MAGÁN Abogados, destaca: “El fortalecimiento de nuestros equipos pasa por incorporar profesionales con una sólida trayectoria, especialización y capacidad para comprender las necesidades reales de nuestros clientes. La fiscalidad tiene un impacto directo en las inversiones y la continuidad de los negocios. La llegada de Adela y Enrique refuerza nuestra capacidad para ofrecer respuestas rigurosas y anticiparnos a los retos fiscales y acompañar a empresas y familias empresarias en decisiones de gran relevancia estratégica, combinando excelencia técnica y una visión global de sus necesidades”. Miguel Lobón, socio director de la oficina de Catalunya, señala: "Catalunya es una prioridad estratégica para CECA MAGÁN y queremos que siga siendo uno de los motores de crecimiento de la firma. Estamos construyendo un equipo que combina especialización, cercanía y un conocimiento profundo del tejido empresarial catalán, con especial atención a la empresa familiar. La incorporación de Adela y Enrique refuerza nuestra capacidad para acompañar a los clientes en decisiones que marcan el futuro de sus negocios: crecer, afrontar una sucesión o defender sus intereses ante un conflicto tributario. Ambos aportan experiencia y criterio, pero también una manera de entender la abogacía que compartimos: implicarnos en cada proyecto y trabajar en equipo para ofrecer respuestas útiles al empresario”. Dos perfiles complementarios para reforzar el área de Tributario Enrique Viola cuenta con más de 20 años de experiencia en planificación fiscal y fiscalidad internacional. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y cuenta con un máster AGT por ESADE. A lo largo de su trayectoria, ha asesorado a empresas familiares, grandes patrimonios y deportistas, así como en operaciones de reestructuración empresarial. Su incorporación refuerza la capacidad de la firma para abordar cuestiones fiscales complejas vinculadas a la organización patrimonial, la actividad empresarial y las operaciones corporativas. Su trayectoria también ha sido reconocida por grandes directorios jurídicos. “Me incorporo a CECA MAGÁN con la oportunidad de contribuir al desarrollo de una práctica tributaria orientada a ofrecer soluciones rigurosas y adaptadas a la realidad de cada cliente. En un contexto en el que las decisiones fiscales están estrechamente vinculadas a la estrategia empresarial y patrimonial, resulta fundamental combinar el conocimiento técnico con una visión global del negocio”, afirma Enrique Viola. Por su parte, Adela Martín Márquez cuenta también con más de 20 años de experiencia en la defensa de empresas en procedimientos complejos frente a la Administración Tributaria. Está especializada en litigación tributaria y contencioso administrativa, con experiencia en inspecciones fiscales, procedimientos sancionadores y litigios ante los tribunales. Su práctica incluye, además, el asesoramiento estratégico a empresas familiares, el gobierno de estas organizaciones, la prevención de conflictos y la preparación fiscal y jurídica de los procesos sucesorios. Es licenciada en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra y cuenta con un máster en Fiscalidad General por la misma universidad, así como con formación especializada en Derecho Penal Económico por la Universitat Abat Oliba CEU. “Acompañar a una empresa cuando surge un conflicto tributario requiere mucho rigor y análisis jurídico, además de un conocimiento profundo de sus circunstancias. Mi objetivo es contribuir a que los clientes puedan afrontar estos procedimientos con la máxima preparación, defendiendo sus intereses y ayudándoles a tomar decisiones fundamentadas también desde una perspectiva preventiva”, señala Adela Martín Márquez. Con estas incorporaciones, CECA MAGÁN Abogados continúa avanzando en su estrategia de crecimiento y especialización, reforzando sus capacidades para responder a los retos fiscales de las empresas y consolidando un asesoramiento que combina excelencia técnica, visión de negocio y cercanía al cliente.CECA MAGÁN Abogados anuncia la incorporación de Adela Martín y Enrique Viola como nuevos counsels del área de Tributario en su oficina de Barcelona.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/CECA_MAGAN_Abogados_Incorporacion_Adela_Enrique-scaled-p491950-m1534385-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ceca-magan-abogados-incorpora-a-adela-martin-y-enrique-viola-como-counselshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/CECA_MAGAN_Abogados_Incorporacion_Adela_Enrique-scaled-p491950-m1534385-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ceca-magan-abogados-incorpora-a-adela-martin-y-enrique-viola-como-counselshttps://elderecho.com/ceca-magan-abogados-incorpora-a-adela-martin-y-enrique-viola-como-counselshttps://elderecho.com/ceca-magan-abogados-incorpora-a-adela-martin-y-enrique-viola-como-counsels2026-11-11 12:05:492026-11-11 12:05:49sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico491949Los técnicos de Hacienda consideran que el proyecto de Real Decreto que fijará el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027 en 18.004 euros sin tributación conllevará que el Gobierno apruebe un Real Decreto-Ley que aumente la deducción por obtención de rendimientos del trabajo hasta los 1.033,66 euros desde los 590,89 euros vigentes en 2026, con la que las personas trabajadoras solteras sin cargas personales ni familiares no tributarán en el IRPF. Los técnicos han explicado a través de un comunicado que si se mantiene la estructura actual para evitar el error de salto, la deducción se irá reduciendo progresivamente para sueldos superiores hasta agotarse en salarios por encima de 23.172,26 euros. De ser así, Gestha estima un coste para el tesoro público que rondaría los 1.100 millones, unos 700 millones más que en 2026. En opinión de los técnicos, la deducción en cuota es un "mecanismo adecuado" para evitar la tributación del SMI, sin los efectos regresivos de las reducciones en base, además de que se minimiza el impacto en las cuentas públicas, pues no todas las personas pueden agotar la deducción al tener mayores cargas personales y familiares, otras deducciones o por insuficiencia de ingresos. En este sentido, los técnicos han defendido un gran acuerdo político para la exención de los salarios y rentas hasta los importes de las futuras actualizaciones del SMI, teniendo en cuenta también la modificación de los distintos elementos del IRPF, dado que se lleva años sin actualizar las reducciones por obtención de rentas del trabajo, ni deflactar la escala y mínimos del IRPF. Ampliar la deducción a pensionistas y desempleados Así, han pedido ampliar esta deducción a pensionistas y desempleados, cuyas percepciones son también rentas del trabajo, pues no entienden que se suprima la tributación de los trabajadores y no para estos dos colectivos con ingresos hasta el nuevo SMI, además han afirmado que tendría un coste adicional muy reducido dados los mayores importes de los mínimos personales por edad o discapacidad, así como a los desempleados que habitualmente no superarán los 18.004 euros anuales, el umbral del nuevo SMI.El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha calculado que la deducción del impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF) subirá a 1.033 euros para que el salario mínimo interprofesional (SMI) siga sin tributar, y ha estimado que el coste acumulado de la medida alcanzará los 1.100 millones.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_1952845837-1-p491949-m1534367-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/gestha-calcula-que-la-deduccion-del-irpf-subira-a-1-033-euros-para-que-el-smi-no-tributehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_1952845837-1-p491949-m1534367-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/gestha-calcula-que-la-deduccion-del-irpf-subira-a-1-033-euros-para-que-el-smi-no-tributehttps://elderecho.com/gestha-calcula-que-la-deduccion-del-irpf-subira-a-1-033-euros-para-que-el-smi-no-tributehttps://elderecho.com/gestha-calcula-que-la-deduccion-del-irpf-subira-a-1-033-euros-para-que-el-smi-no-tribute2026-11-11 11:38:412026-11-11 11:38:41fiscalFiscal6Fiscal491948Según ha informado la AEPD en un comunicado, tras tener conocimiento de estos hallazgos, ha decidido solicitar a Maldita.es una relación de los enlaces a los contenidos denunciados y requerir a TikTok información concreta sobre sus actuaciones para la retirada de los mismos. Además, ha señalado que ha decidido, "una vez analizada esa información, ordenar el bloqueo que impida el acceso a los enlaces y contenidos concretos y determinados que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores". En concreto, ha precisado que se tratará de una medida "concreta, proporcionada y adecuada, con pleno respeto a las libertades de expresión e información según la jurisprudencia internacional y nacional". Según señala, ha decidido tomar estas medidas con independencia de la respuesta a la comunicación formal que ha recibido por parte del Ministerio de Juventud e Infancia en la que solicita a este organismo la realización de una serie de actuaciones. La AEPD reconoce "el valor del periodismo de investigación", expresa su "más firme rechazo y su compromiso con la protección de las víctimas", subrayando su compromiso con "la retirada urgente de contenidos sensibles", y advierte de que "los delitos que atentan contra niñas y niños son especialmente graves y exigen una respuesta inmediata". Si bien, recuerda que la investigación de los hechos descritos en los artículos publicados corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales, y que la propia legislación de protección de datos atribuye al Ministerio Fiscal la intervención cuando la difusión de imágenes de menores en redes sociales pueda suponer "una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales, para que inste las medidas cautelares y de protección que procedan". Además, apunta que la AEPD cuenta con un protocolo de actuación con la Fiscalía. Igualmente, la AEPD ha puntualizado que debe actuar dentro de lo que el marco constitucional y europeo le atribuye, y que siguiendo lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) es la autoridad de control administrativa responsable de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos de esta plataforma, ya que TikTok ha designado a Irlanda como su establecimiento principal en Europa. En estos casos, ha apuntado que las medidas que puede adoptar la AEPD se limitan a "supuestos tasados y excepcionales", como el procedimiento de urgencia, y ha asegurado que trasladará toda la información conocida a la autoridad irlandesa y, en lo que proceda, al Comité Europeo de Protección de Datos y a las demás autoridades europeas de protección de datos, así como a la Comisión Europea, por sus competencias en el Reglamento de Servicios Digitales. Asimismo, la AEPD ha ofrecido su "plena cooperación" al Ministerio de Juventud e Infancia, al Ministerio Fiscal, a los órganos judiciales, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la Comisión Europea y a las autoridades europeas de protección de datos.La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ordenará el bloqueo de los enlaces y contenidos de TikTok que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores, una vez analizados dichos contenidos y la información solicitada a la plataforma, tras la investigación de Maldita.es sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en la red social.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2775720357-1-p491948-m1534349-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-aepd-ordenara-el-bloqueo-de-los-contenidos-de-tiktok-que-supongan-un-tratamiento-ilicito-de-datos-de-menoreshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2775720357-1-p491948-m1534349-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-aepd-ordenara-el-bloqueo-de-los-contenidos-de-tiktok-que-supongan-un-tratamiento-ilicito-de-datos-de-menoreshttps://elderecho.com/la-aepd-ordenara-el-bloqueo-de-los-contenidos-de-tiktok-que-supongan-un-tratamiento-ilicito-de-datos-de-menoreshttps://elderecho.com/la-aepd-ordenara-el-bloqueo-de-los-contenidos-de-tiktok-que-supongan-un-tratamiento-ilicito-de-datos-de-menores2026-11-11 11:00:182026-11-11 11:00:18derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico491875Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, y el Cabildo de Gran Canaria han celebrado el I Congreso Nacional de Gestión Pública, un encuentro que ha reunido a destacados expertos del ámbito jurídico, institucional y administrativo para analizar los principales desafíos de las administraciones públicas, en un contexto marcado por la transformación digital, la evolución normativa y la incorporación de las nuevas tecnologías. Celebrado los días 9 y 10 de noviembre en formato híbrido, desde el Auditorio Alfredo Kraus de las Palmas de Gran Canaria, el encuentro ha abordado cuestiones como los instrumentos jurídicos de gestión pública, la modernización de los servicios sanitarios y sociales, la gestión del talento público, la IA y la ciberseguridad. La IA y la digitalización impulsan nuevos modelos de gestión sanitaria La sesión de la tarde del lunes comenzó con una demostración práctica de GenIA-L, la plataforma de IA de confianza de Lefebvre para el trabajo jurídico, en la que se explicó cómo esta tecnología puede aportar mayor agilidad, eficiencia y seguridad jurídica a los profesionales de la Administración Pública. A través de un caso práctico sobre la tramitación de subvenciones, se mostraron sus aplicaciones para agilizar el trabajo jurídico y administrativo, garantizando el acceso a fuentes verificables, la protección de la información sensible y el papel esencial del criterio profesional. La aplicación de soluciones jurídicas y económicas al ámbito sanitario centró la intervención de Pedro Irigoyen, subdirector general de Inspección de Tributos de Madrid, quien examinó los retos de la financiación y la contratación pública, así como la necesidad de adaptar estos instrumentos para impulsar la innovación y la eficiencia en el sector. Además, subrayó que “los sistemas de contratación son un instrumento jurídico para dejar claras las reglas del juego, pero también son un instrumento de política económica”. A continuación, Susana Álvarez Gómez, inspectora médica y anterior subdirectora general del Servicio Madrileño de Salud, y Adasat Goya González, director del Servicio Canario de Salud, debatieron sobre el buen gobierno de los centros sanitarios, la eficiencia y la sostenibilidad, coincidiendo en la necesidad de reforzar la profesionalización de la gestión sanitaria. En este sentido, Álvarez aseguró que “la profesionalización no es un deseo, sino una exigencia de los gestores públicos”. Posteriormente, Natalia de Luis Yanes, Subdirectora de Gestión Responsable de la Unidad técnica de apoyo a la Dirección del Servicio Canario de la Salud, del Gobierno de Canarias; Jenaro Bejarano, Subdirector de Gobierno del Dato e Inteligencia Artificial de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y Noemí Cívicos, Directora general de Salud Digital y Sistemas de Información para el SNS del Ministerio de Sanidad, analizaron el papel de la transformación digital en la modernización y eficiencia de los servicios sanitarios y sociales. Los ponentes destacaron la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones y garantizar una implantación ordenada y equitativa de las nuevas tecnologías. La jornada del lunes concluyó con una sesión dedicada a los retos de la función pública, centrada en la temporalidad y la carrera profesional. En ella, Javier Tapia, jefe de Servicio de régimen jurídico, normativa e incompatibilidades de la Dirección General de la Función Pública, de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, profundizó en el reconocimiento de la experiencia, la formación y el desempeño de los empleados públicos como pilares de la carrera profesional, señalando que “la carrera profesional no se sustenta en el mero abono de una cuantía económica”. Gestión del talento y evaluación del desempeño, retos de la función pública La segunda jornada comenzó con la intervención de Virginia Losa Muniz, secretaria de la Diputación de Palencia, y se centró en las disfunciones y desafíos de la gestión del talento público en la era de la transformación digital. Losa remarcó que “la transformación digital no va de tecnología, sino de personas y diseño organizativo”, e incidió en la necesidad de anticiparse al envejecimiento de las plantillas, preservar el conocimiento experto y apostar por la formación y atracción de nuevo talento en las AAPP. Posteriormente, Gustavo Pérez Martín, director del Instituto Canario de Administración Pública; María José González Hernández, jefe de Servicios Generales del Ayuntamiento de Los Realejos; Luis Alfonso Manero Torres, secretario general del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, y Manuel Alejandro Perera Candil, jefe de Servicio de Transporte aéreo de la Dirección General de Transportes y Movilidad, debatieron sobre la evaluación del desempeño y el rendimiento. Los expertos coincidieron en la necesidad de impulsar sistemas de evaluación justos, objetivos y adaptados a cada organización. Asimismo, destacaron la planificación, la formación y la comunicación interna como claves para mejorar la motivación de los empleados públicos y garantizar servicios de mayor calidad a la ciudadanía. Por su parte, José Antonio Martínez Beltrán, secretario General de la Administración Municipal del Ayuntamiento de Valencia, abordó los retos de la temporalidad y la estabilización, así como la necesidad de reforzar la captación y selección de talento. En este sentido, advirtió que “no podemos construir sin talento, y el talento en la Administración se adquiere tanto con experiencia como con conocimiento puro clásico”. La ciberseguridad y la IA redefinen los procesos administrativos La ciberseguridad fue otro de los temas destacados, con la intervención de Pino Caballero Gil, catedrática de Ciencias de la Computación e IA de la Universidad de La Laguna, quien presentó los principales desafíos de la seguridad integral en la gestión pública. Caballero, alertó sobre la creciente exposición de las AAPP a los ciberataques e insistió en la importancia de la formación continua, recordando que “el factor humano es el eslabón más débil de la cadena de la ciberseguridad”. En esta misma línea, Víctor Almonacid, director de Innovación de la Fundación NovaGob, y Marta Bonnet Parejo, directora de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, analizaron los retos de la IA y la simplificación administrativa. El debate puso de manifiesto la necesidad de rediseñar los procedimientos para mejorar los servicios públicos, situando a la ciudadanía en el centro y garantizando la supervisión humana. Una Administración más cercana a través del lenguaje claro Víctor González, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; José Miguel Hernández López, coordinador de Protección de Datos y Transparencia del Gobierno de Canarias, y Alejandro Parres, coordinador del Área de Presidencia, Modernización e Innovación Administrativa del Cabildo de Gran Canaria, abordaron la importancia del lenguaje claro en la gestión pública. Los expertos defendieron que la digitalización por sí sola no garantiza una comunicación comprensible y destacaron la necesidad de situar a la ciudadanía en el centro para garantizar su derecho a entender. Un espacio de reflexión sobre el futuro de la gestión pública La clausura institucional del Congreso ha contado con las intervenciones de Gustavo Pérez Martín, director del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), y José Montelongo Espinosa, director de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), quienes han destacado la importancia de la formación continua y de aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar los servicios públicos. Por su parte, Juan Pujol, presidente de Lefebvre, ha cerrado el encuentro agradeciendo la participación de los asistentes y poniendo en valor su capacidad de “absorber, preguntar, inquirir, reflexionar y compartir con los ponentes sus inquietudes”. El I Congreso Nacional de Gestión Pública ha contado con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), la Federación Canaria de Islas (FECAI), el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Guaguas Municipales y ANEXPAL. Con esta primera edición, Lefebvre y el Cabildo de Gran Canaria refuerzan su compromiso con la actualización y el intercambio de conocimiento entre los profesionales de la Administración, impulsando un espacio de reflexión sobre la modernización del sector público y la importancia de combinar innovación tecnológica, eficiencia y seguridad jurídica.Lefebvre y el Cabildo de Gran Canaria cierran la primera edición de este encuentro, que ha reunido a expertos del ámbito jurídico, institucional y administrativo para analizar los principales desafíos de las administraciones públicas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Juan-Pujol-Isabel-O.-Gutierrez-Santana-Pilar-Cuesta-de-Lono-Jose-Montelongo-Espinosa-y-Gustavo-Perez-Martin-p491875-m1534262-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ia-la-transformacion-digital-y-el-futuro-de-la-funcion-publica-marcan-el-i-congreso-nacional-de-gestion-publica-de-lefebvrehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Juan-Pujol-Isabel-O.-Gutierrez-Santana-Pilar-Cuesta-de-Lono-Jose-Montelongo-Espinosa-y-Gustavo-Perez-Martin-p491875-m1534262-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ia-la-transformacion-digital-y-el-futuro-de-la-funcion-publica-marcan-el-i-congreso-nacional-de-gestion-publica-de-lefebvrehttps://elderecho.com/la-ia-la-transformacion-digital-y-el-futuro-de-la-funcion-publica-marcan-el-i-congreso-nacional-de-gestion-publica-de-lefebvrehttps://elderecho.com/la-ia-la-transformacion-digital-y-el-futuro-de-la-funcion-publica-marcan-el-i-congreso-nacional-de-gestion-publica-de-lefebvre2026-11-10 18:28:322026-11-10 18:28:32administrativoAdministrativo1derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Derecho TIC,Sector jurídico491873Los magistrados confirman la condena impuesta a una entidad bancaria por el tribunal de primera instancia, que la obliga a devolver 8.874 euros a una clienta víctima de un fraude bancario. Según se recoge en la sentencia, el banco no puede oponerse al reintegro del importe alegando una negligencia grave por parte de la ordenante, ya que eso supondría “privar de eficacia la obligación de devolución inmediata e iría en contra de la finalidad de la directiva europea de garantizar una elevada protección de los consumidores”. En relación con la existencia de fraude por parte de la clienta, el tribunal considera probado que esta fue víctima de un engaño. Para ello, se basa en que la propia entidad bancaria reconoció en la respuesta a la reclamación presentada por la usuaria que las operaciones pudieron realizarse tras el acceso de terceras personas a los datos de la tarjeta. Los magistrados entienden que el banco "actuó en contra de la buena fe” al negar posteriormente en el procedimiento judicial unos hechos que ya había admitido. En la sentencia también se explica que “la responsabilidad de las entidades proveedoras de servicios de pago por las operaciones no autorizadas tiene carácter cuasi objetivo”, por lo que “deben responder una vez que se les comunica su existencia, salvo que acrediten que el usuario cometió fraude”. En este caso, el tribunal señala que el banco no aportó pruebas que justificasen esa excepción. El tribunal concluye que el banco “no ha cumplido con su obligación de devolver de inmediato el dinero a su clienta” y solo cuando lo haga “podrá reclamar su reembolso si considera que ha existido una negligencia grave por parte de la ordenante”.La sección quinta de la Audiencia Provincial de A Coruña acaba de aplicar la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, recogida en la sentencia del 15 de octubre de 2026, que establece que las entidades bancarias no pueden negarse a devolver de inmediato el importe de una operación de pago no autorizada alegando una posible negligencia grave por parte del cliente. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2833441237-1-p491873-m1534134-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-a-coruna-aplica-la-reciente-doctrina-del-tjue-sobre-la-devolucion-inmediata-de-operaciones-bancarias-no-autorizadashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2833441237-1-p491873-m1534134-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-a-coruna-aplica-la-reciente-doctrina-del-tjue-sobre-la-devolucion-inmediata-de-operaciones-bancarias-no-autorizadashttps://elderecho.com/la-ap-de-a-coruna-aplica-la-reciente-doctrina-del-tjue-sobre-la-devolucion-inmediata-de-operaciones-bancarias-no-autorizadashttps://elderecho.com/la-ap-de-a-coruna-aplica-la-reciente-doctrina-del-tjue-sobre-la-devolucion-inmediata-de-operaciones-bancarias-no-autorizadas2026-11-10 15:28:182026-11-10 15:28:18civilCivil2sector-juridicoSector jurídicoCivil,Sector jurídico491874Martín Porras Abogados inicia su actividad en Madrid bajo la dirección de Álvaro Martín Porras. Con sede en la calle Zurbano, la firma centra su práctica en el asesoramiento jurídico y la defensa de empresas, administradores y directivos, especialmente en procedimientos penales económicos de alta complejidad, y cuenta también con áreas de Compliance, Derecho Mercantil y Derecho Digital e Inteligencia Artificial. El lanzamiento se produce en un momento de gran exposición de las empresas al riesgo penal. La responsabilidad penal de la persona jurídica, las nuevas obligaciones en materia de canales internos de información y el aumento de las investigaciones internas han situado el cumplimiento normativo en la agenda de los órganos de administración. A ello se suma un entorno regulatorio cada vez más exigente en materia tecnológica, marcado, entre otras normas, por el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial. La firma sitúa la litigación como eje de su actividad. Su práctica abarca procedimientos penales económicos de especial complejidad (fraudes, blanqueo de capitales, insolvencias punibles o administración desleal), asuntos ante la Audiencia Nacional y recursos de apelación y casación. Junto a la vertiente procesal, el despacho desarrolla también una práctica de asesoramiento preventivo: diseño e implantación de programas de Compliance penal, canales de denuncia, gobierno corporativo, investigaciones internas y asistencia en entradas y registros e inspecciones. El socio fundador, Álvaro Martín Porras, cuenta con 30 años de experiencia en el ámbito empresarial y una trayectoria jurídica vinculada al Derecho Penal y al asesoramiento a empresas. Incorporado al Turno de Oficio del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en 2004, ha intervenido en numerosos procedimientos penales y, desde 2006, compagina la defensa ante los tribunales con el asesoramiento jurídico a empresas. Su experiencia incluye también el asesoramiento a una multinacional con sede en Singapur en materia de compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas. “La empresa necesita abogados que entiendan su negocio, no solo su expediente”, señala. “El riesgo legal se gestiona igual que cualquier otro riesgo empresarial: se anticipa, se mide y se decide. Cuando llega el procedimiento, la estrategia ya debería estar construida”. Álvaro subraya, además, el peso de la vertiente procesal: “Queremos construir una firma en la que la especialización y la participación directa del socio estén presentes en cada asunto. En procedimientos complejos, conocer bien la realidad de la empresa y definir una buena estrategia procesal es fundamental". El despacho dirige su actividad a pymes y compañías del mid-market sin estructura interna de cumplimiento, a órganos de administración y a directivos a título individual, con especial atención a sectores regulados como el financiero, el inmobiliario, el sanitario y el tecnológico. La implicación directa del socio en cada asunto se plantea como una decisión estratégica del modelo de firma.El despacho, fundado por Álvaro Martín Porras, centrará su actividad en el asesoramiento y la defensa de empresas, administradores y directivos, con práctica también en Derecho Mercantil y Derecho Digital e Inteligencia Artificial.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/NdP-Martin-Porras-Abogados-scaled-p491874-m1534152-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/nace-martin-porras-abogados-boutique-especializada-en-derecho-penal-economico-y-compliancehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/NdP-Martin-Porras-Abogados-scaled-p491874-m1534152-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/nace-martin-porras-abogados-boutique-especializada-en-derecho-penal-economico-y-compliancehttps://elderecho.com/nace-martin-porras-abogados-boutique-especializada-en-derecho-penal-economico-y-compliancehttps://elderecho.com/nace-martin-porras-abogados-boutique-especializada-en-derecho-penal-economico-y-compliance2026-11-10 14:00:292026-11-10 14:00:29complianceCompliancesector-juridicoSector jurídicoCompliance,Sector jurídico491871La norma busca dar respuesta a las reivindicaciones de las organizaciones sindicales a través de cuatro objetivos: precisar el cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas, reforzar las facultades de supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), incorporar los principios de la cultura justa en la seguridad de la operación ferroviaria y extender la protección social en materia de coeficientes reductores al personal ferroviario que desempeña las mismas funciones. Clarificación del tiempo de conducción de los maquinistas El proyecto aprobado precisa qué actividades y periodos deben computarse como tiempo de conducción. A estos efectos, se incluyen en este cómputo las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las cuales el maquinista siga siendo responsable del vehículo, con atención a la circulación ferroviaria o a las maniobras. Asimismo, se computará la totalidad de cada periodo inferior a 45 minutos comprendido entre el cese de una actividad de conducción y su reanudación por el mismo maquinista. Estos periodos se contabilizarán íntegramente, incluso cuando el maquinista haya quedado relevado de la responsabilidad del vehículo, no deba prestar atención a la circulación, no realice ninguna actividad o sea destinado a otras tareas. También se considerarán tiempo de conducción las interrupciones de duración igual o superior a 45 minutos que se produzcan durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones. La modificación contempla adicionalmente el cómputo de los periodos de los tiempos de conducción del maquinista realizados en otras redes diferentes a la Red Ferroviaria de Interés General. Por ejemplo, para trabajos realizados por personal que, además de disponer de licencia de conducción, cuente con las habilitaciones de operador de vehículos de maniobras o de operador de maquinaria de infraestructura. Asimismo, en los supuestos excepcionales en los que la conducción se realice por parejas de maquinistas, uno habilitado para el vehículo y otro para la infraestructura, el tiempo de conducción computará simultáneamente y de la misma manera para ambos. Refuerzo de las facultades de supervisión e inspección de la AESF El proyecto propone que toda persona física o jurídica objeto de una acción de supervisión estará obligada a facilitar al personal supervisor el acceso a sus instalaciones y equipos en el ejercicio de sus funciones. Además, las entidades ferroviarias deberán facilitar el acceso a sus instalaciones, material rodante y equipos cuando resulte necesario para desarrollar una actuación de supervisión. Esta medida permitirá a la Agencia desarrollar sus actuaciones con independencia de que las instalaciones, trenes o equipos necesarios para la inspección pertenezcan a la entidad directamente supervisada o a otra entidad ferroviaria. Seguridad en la operación ferroviaria Otro de los elementos centrales del proyecto es la incorporación de los principios de la cultura justa a la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, mediante la creación de un capítulo específico que regula la comunicación de riesgos para la seguridad operacional ferroviaria y la protección del personal. El nuevo marco permitirá que el personal con funciones de seguridad operacional pueda comunicar los riesgos para la seguridad ferroviaria a través de canales internos o sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad de las personas informantes. Asimismo, se establece que no se producirán sanciones cuando la información se comunique previamente, se cese la conducta infractora y exista plena colaboración con la investigación. La regulación reconoce también el derecho de los trabajadores a adoptar las medidas necesarias y proporcionadas ante situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad, con el objetivo de evitarlas o limitarlas. Estas medidas podrán incluir la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciarla, con la obligación de comunicarlo sin demora a los agentes correspondientes. Además, se establece la protección frente a posibles represalias laborales o sanciones para quienes comuniquen riesgos o actúen para preservar la seguridad. Esta protección no será aplicable en los supuestos de actuación dolosa, mala fe o negligencia grave. Extensión de la protección social al personal ferroviario El Real Decreto-ley extiende el régimen de Seguridad Social previsto en el artículo 3 del Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, al personal de las empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables y/o en la Red Ferroviaria de Interés General. Esta medida permite garantizar la igualdad de trato en materia de coeficientes reductores de la edad de jubilación para los profesionales ferroviarios que desempeñan las mismas funciones, en el marco de las actividades excepcionalmente penosas o peligrosas integradas en el Régimen General de la Seguridad Social. Adicionalmente, se iniciará un procedimiento de revisión de los coeficientes reductores, conforme al Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, con el objetivo de estudiar la inclusión de otras categorías profesionales ferroviarias expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres. Este procedimiento contará con participación sindical.El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social de los profesionales del sector.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2536594527-1-p491871-m1534095-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/real-decreto-ley-de-medidas-urgentes-para-el-refuerzo-de-la-seguridad-operacional-en-el-transporte-ferroviariohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2536594527-1-p491871-m1534095-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/real-decreto-ley-de-medidas-urgentes-para-el-refuerzo-de-la-seguridad-operacional-en-el-transporte-ferroviariohttps://elderecho.com/real-decreto-ley-de-medidas-urgentes-para-el-refuerzo-de-la-seguridad-operacional-en-el-transporte-ferroviariohttps://elderecho.com/real-decreto-ley-de-medidas-urgentes-para-el-refuerzo-de-la-seguridad-operacional-en-el-transporte-ferroviario2026-11-10 12:27:582026-11-10 12:27:58administrativoAdministrativo1Administrativo