https://elderecho.com/feedes486567El alto tribunal cree que no se trata de un supuesto de apropiación indebida y que al empleado no se le apercibió de que no podía consumir productos retirados de la venta. En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el TSJPV desestima el recurso de suplicación interpuesto por una cadena de supermercados contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Vitoria-Gasteiz del 23 de diciembre del 2025. El trabajador demandó a la empresa, para la que trabajaba desde el 27 de noviembre de 2017, tras recibir un burofax con carta de despido disciplinario. El despido se produjo, tal como señalaba la sentencia de instancia, después de que el trabajador cogiera unas unidades de café espresso bebible, propiedad de la empresa, en su puesto de trabajo, una el 23 de enero de 2025 y otras dos al día siguiente, "sin ademán alguno de ocultación en ambos casos". El valor de los productos era de 0,99 euros cada envase bebible. Los productos no estaban destinados a la venta, sino que habían sido retirados al haberse "roto la cadena del frío". Estos productos se almacenan, acude un perito, verifica la cuantía de la mercancía, y se destruyen. Hasta entonces, el empleado "nunca había sido objeto de tacha disciplinaria", apuntaba la resolución judicial, que explicaba que este no recibió prohibición, orden o advertencia expresa de no consumir productos retirados del consumo, ni de sus consecuencias disciplinarias. El trabajador, por su parte, al conocer los hechos que le imputaron manifestó: "Primera vez que cojo un bebible de café espresso que estaba en un palet que era para tirar, ponía rota cadena frío, lo siento mucho". El empleado sabía que había cámaras en la tienda y almacén con la finalidad de la seguridad y control, y de la posibilidad de que se utilizaran las grabaciones ante eventuales incumplimientos. Por todo ello, el Juzgado estimó parcialmente la demanda contra el despido disciplinario, y condenó a la cadena de supermercados a que readmitiera al trabajador despedido en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían antes del despido, o le abonase una indemnización de 21.016,98 euros. Además, especificaba que solo en el caso de que la empresa optara por la readmisión, el trabajador tendría derecho a los salarios de tramitación a razón de 87,85 euros por día desde la fecha del despido hasta la fecha de notificación de la sentencia. Recurso La empresa presentó recurso de suplicación contra esta sentencia y argumentó que los hechos imputados al trabajador "generan un quebranto de la buena fe y la confianza sobre los que se asienta la relación laboral", en base al artículo 54.2.d del Estatuto de los Trabajadores (ET). También alegó que la apropiación o el uso no autorizado de bienes de la empresa, "aun de ínfimo valor, debe considerarse causa procedente de despido disciplinario, al evidenciar un acto desleal que lesiona la confianza empresarial y amenaza la disciplina interna del centro de trabajo". Asimismo, consideró que el hecho de que no conste acreditada la prohibición expresa para lo que hizo el empleado, "no equivale a una autorización tácita, ya que el deber de custodiar y respetar los bienes de la empresa deriva directamente del contrato y de la confianza depositada en el trabajador". "El empleado no pidió consentimiento ni informó de su actuación, sino que decidió unilateralmente disponer de bienes ajenos, vulnerando la regla básica de buena fe que sustenta la relación laboral, que ha de estarse a la tipificación de las faltas muy graves que se contiene en el Convenio colectivo", subrayó. En este sentido, alegó infracción también de lo dispuesto en el artículo 82 y siguientes del ET en relación al artículo 51 del Convenio colectivo de la empresa con carácter subsidiario, y el artículo 24.1 de la Constitución (indefensión). Sentencia del TSJPV Por su parte, el TSJPV recuerda que el despido es "la manifestación más grave del poder disciplinario del que dispone el empresario por los efectos que tiene respecto a la relación contractual de trabajo -extinción del contrato- como por las innegables consecuencias que también tiene sobre la situación personal del trabajador", tal como ha determinado el Tribunal Supremo, que también señala que, para adoptar tal decisión, "han de alcanzarse cotas de culpabilidad y gravedad suficientes". En este caso, el tribunal vasco recuerda que no se trata de "un supuesto de apropiación indebida de productos de la empresa, sino de consumo de tres unidades de café con un valor de 0,99 euros cada una, productos que no estaban destinados a la venta, sino que habían sido retirados al haberse roto la cadena del frío" para su posterior destrucción, sin que hubiera previa advertencia al empleado de no consumirlos. Además, recuerda la reciente sentencia de la Sala de lo Social del TSJPV del 3 de marzo de 2026 en la que argumentaba que hay que examinar la proporcionalidad de la decisión sancionadora, y anulaba un despido de un trabajador por una empresa en la que el convenio colectivo tipificaba como "falta muy grave" la apropiación "indebida o consumo de productos de la empresa destinados a la basura". La Sala consideró que no resultaba "proporcionado ni equitativo el despido por el mero hecho de haberse comido unos regalices que no estaban destinados a la venta, depositados en un carro de roturas", de los que la empresa iba a deshacerse. "El hecho de que el actor consumiese alguno de esos regalices, no reviste la gravedad suficiente para justificar la máxima sanción del ordenamiento laboral, el despido", aseguraba, invocando la "justa y recta aplicación del principio de equidad" en los términos exigidos por el Tribunal Constitucional. En su actual sentencia, el TSJPV subraya que, en este caso, el convenio colectivo de aplicación ni siquiera contempla la tipificación de la conducta que sanciona la empresa, consistente en el consumo de productos (de muy escasa entidad económica, por otra parte) destinados a ser destruidos por no ser válidos para su venta. Por ello, desestima el recurso de suplicación interpuesto por la empresa, confirma la sentencia de instancia, y condena al pago de las costas a la empresa.La Sala de lo Social del TSJ del País Vasco (TSJPV) ha declarado improcedente el despido de un trabajador de un supermercado de Vitoria que había consumido tres unidades de café espresso bebible, por valor cada uno de 0,99 euros, que habían sido retirados de la venta al haberse roto la cadena de frío y, por lo tanto, destinados a su destrucción. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_1017126250-1-p486567-m1517542-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/despido-improcedente-de-un-trabajador-de-un-supermercado-que-consumio-3-cafes-que-se-iban-a-tirarhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_1017126250-1-p486567-m1517542-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/despido-improcedente-de-un-trabajador-de-un-supermercado-que-consumio-3-cafes-que-se-iban-a-tirarhttps://elderecho.com/despido-improcedente-de-un-trabajador-de-un-supermercado-que-consumio-3-cafes-que-se-iban-a-tirarhttps://elderecho.com/despido-improcedente-de-un-trabajador-de-un-supermercado-que-consumio-3-cafes-que-se-iban-a-tirar2026-08-12 10:47:292026-08-12 10:47:29socialSocial13Social486580El cambio llega tras la firma de Anthropic del Código de Buenas Prácticas sobre la Transparencia del Contenido Generado por IA, que corresponde al Artículo 50(2) de la Ley de IA de la Unión Europea. "El texto generado contendrá marcas de agua incrustadas, y los archivos generados incluirán metadatos de procedencia firmados digitalmente donde sea compatible", como ha señalado el laboratorio de IA en la página de soporte y legal. Además, esta medida no solo se quedará en el territorio europeo, sino que se aplicará de forma global en todos los países donde Claude esté disponible. La marca de agua incrustada en el texto se ha diseñado para que sea imperceptible y no retocará nada del texto en su significado, calidad o legibilidad. La marca "vive" en la secuencia de tokens que emite el modelo en su salida digital, y se transmite mientras el texto conserve intacta esa secuencia, por ejemplo al copiar y pegar, exportar o a través de una API. La marca de agua invisible se aplicará en Claude, Claude API, Claude Code, Claude Cowork y Claude Tag, así como en la salida de los modelos accesibles a través de plataformas como AWS, Google Cloud o Microsoft Foundry. Hay que dejar claro que esta marca no es la solución definitiva para la autoría de textos con IA, pero sí que es capaz de "sobrevivir" a ciertas ediciones. Asimismo, que se detecte una marca significa que el contenido habría sido procesado por Claude, y por el lado contrario también se aplica, ya que la ausencia de una marca no demuestra que el texto no haya sido generado por IA. La marca del texto desaparece cuando lo genera un modelo anterior al marcado, cuando el texto se ha editado, parafraseado, traducido o mezclado mucho con otra redacción, o cuando el pasaje es demasiado corto para dejar señal. En los archivos, los metadatos se pierden si se convierte el formato, se hace una captura, se vuelve a guardar o se genera en una plataforma o tipo de archivo que no admite ese marcado. Finalmente, el laboratorio de IA incluye metadatos de procedencia firmados para dar soporte a ciertos tipos de archivos como PNG, JPG y SVG. Estos metadatos usan el estándar de la Coalición para la Procedencia y Autenticidad del Contenido (C2PA). A este estándar, que Adobe cofundó junto a Microsoft y otras como Intel, Arm, Truepic y la BBC, se han sumado Google, Meta y muchas otras compañías.Anthropic está añadiendo marcas de agua invisibles en el texto generado por los modelos Claude, de manera que este contenido llevará oculta una señal que se puede seguir tras copiarlo desde el 'chatbot', una medida con la que se alinea con la Ley de IA de la Unión Europea.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2262691561-1-p486580-m1517584-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/claude-aplicara-marcas-de-agua-invisibles-en-el-texto-que-genere-para-cumplir-con-la-ley-de-ia-de-la-uehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2262691561-1-p486580-m1517584-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/claude-aplicara-marcas-de-agua-invisibles-en-el-texto-que-genere-para-cumplir-con-la-ley-de-ia-de-la-uehttps://elderecho.com/claude-aplicara-marcas-de-agua-invisibles-en-el-texto-que-genere-para-cumplir-con-la-ley-de-ia-de-la-uehttps://elderecho.com/claude-aplicara-marcas-de-agua-invisibles-en-el-texto-que-genere-para-cumplir-con-la-ley-de-ia-de-la-ue2026-08-12 10:37:462026-08-12 10:37:46derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico486551La Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA), pide extremar las precauciones a la hora de adquirir gafas para observar el eclipse y, siempre, evitar todas las que se comercialicen en canales de venta no oficiales o ilegales, dado que no existe garantía sobre su origen, autenticidad, ni sobre el cumplimiento de los requisitos de seguridad exigibles. Después de conocerse la retirada del mercado de seis modelos de gafas para observar el eclipse solar del 12 de agosto, ANDEMA recuerda la importancia que tiene que toda la población adquiera siempre productos homologados y que superen los controles de calidad exigidos por la normativa. Producto falsificado En esta ocasión, adquirir un producto falsificado o no homologado puede ir mucho más allá del perjuicio económico que genera este mercado ilícito. De hecho, puede poner directamente en riesgo la salud de las personas y provocar daños oculares graves. Gerard Guiu, director general de ANDEMA, advierte que “una falsificación nunca es una compra inocua: destruye actividad económica y empleo, y alimenta a las mafias. Pero en este caso hay algo todavía más importante, quien adquiere unas gafas falsas o no homologadas creyendo que le protegen para observar un eclipse puede estar poniendo en riesgo su propia vista. El daño puede ser irreversible”. ANDEMA insiste en que, antes de adquirir cualquier producto —ya sean gafas para el eclipse, juguetes o cosmética—, conviene comprobar que cuenta con el marcado y la normativa correspondientes, adquirirlo en establecimientos de confianza y desconfiar de precios y canales que no ofrezcan garantías, ya que la falta de homologación y la falsificación son dos caras del mismo riesgo para la salud y la seguridad de los consumidores. Irregularidad administrativa La asociación recuerda además que la falsificación no es una mera irregularidad administrativa. La comercialización de productos falsificados constituye un delito contra la propiedad industrial y, cuando estos productos ponen en peligro la seguridad de los consumidores o llegan a provocar lesiones, pueden derivarse además otras responsabilidades penales en función de las circunstancias concretas. En productos destinados a proteger la vista frente a la radiación solar, el riesgo adquiere una dimensión especialmente grave. El Ministerio de Consumo recomienda la adquisición de gafas únicamente en canales oficiales, tiendas especializadas o distribuidores que recomiende las entidades científicas. Las gafas para eclipse son Equipos de Protección Individual (EPI) de Categoría II que deben someterse a un Examen UE, deben incluir Declaración UE de Conformidad y llevar el marcado CE. Únicamente pueden considerarse seguras aquellas gafas que cumplan la norma internacional ISO 12312-2:2015, adoptada en España como UNE EN ISO. Esta normativa establece los requisitos de seguridad fotobiológica, calidad de filtro y resistencia del material.Las gafas deben cumplir la norma internacional ISO 12312-2) y, además, haberse sometido a un Examen UE, incluir Declaración UE de Conformidad y disponer del marcado CE.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/gafas-eclipse-p486551-m1517485-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/andema-alerta-del-grave-riesgo-que-supone-utilizar-gafas-no-homologadas-o-falsificadas-durante-el-eclipse-solarhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/gafas-eclipse-p486551-m1517485-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/andema-alerta-del-grave-riesgo-que-supone-utilizar-gafas-no-homologadas-o-falsificadas-durante-el-eclipse-solarhttps://elderecho.com/andema-alerta-del-grave-riesgo-que-supone-utilizar-gafas-no-homologadas-o-falsificadas-durante-el-eclipse-solarhttps://elderecho.com/andema-alerta-del-grave-riesgo-que-supone-utilizar-gafas-no-homologadas-o-falsificadas-durante-el-eclipse-solar2026-08-11 13:57:492026-08-11 13:57:49sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico486537Durante el segundo trimestre se han iniciado un total de 14.608 procedimientos concursales, de los cuales 1.601 han correspondido a personas jurídicas empresas, lo que supone aproximadamente el 11% del total, mientras que los 13.007 restantes fueron solicitados por personas físicas (89%). Dentro de este último grupo, 1.382 personas desarrollaban alguna actividad empresarial o profesional, representando un 9,5% del total de procedimientos y el 10,6% de las personas físicas concursadas. En términos interanuales, el número de personas jurídicas empresas que han iniciado algún tipo de procedimiento concursal ha experimentado un aumento del 11,6% durante el segundo trimestre de 2026. Atendiendo a la forma jurídica, las Sociedades de Responsabilidad Limitada concentran la gran mayoría de los concursos de empresas, con el 92,8% del total (1.486 casos). Por lo que respecta al volumen de negocio, se observa que el 47,7% de las empresas analizadas se concentró en el tramo más bajo de facturación, con ingresos anuales que no superaron los 250.000 euros, mientras que tan solo una reducida proporción, equivalente al 2,3% del total, logró alcanzar cifras de facturación superiores a los 5 millones de euros. El 22,1% tiene como actividad económica principal el comercio De acuerdo con los datos de los Registradores, el 22,1% de las empresas concursadas tienen como actividad económica principal el comercio, el 15,8% la construcción, y el 10,9% la hostelería. En relación con el número de asalariados, el 42,5% del total de empresas concursadas cuenta con menos de dos trabajadores, y dentro de este grupo, el 53,7% no tiene ningún asalariado. El 18,2% del total de empresas que ha entrado en concurso durante el segundo trimestre tiene una antigüedad de 20 o más años, mientras que, el 60,3% tiene ocho o menos años de antigüedad. Canarias, Ceuta y Melilla registran caídas interanuales Durante el segundo trimestre de 2026, y en línea con lo observado en trimestres anteriores, las comunidades autónomas que han registrado un mayor número de deudores concursados han sido Cataluña (3.641), la Comunidad de Madrid (2.144), la Comunidad Valenciana (1.985) y Andalucía (1.951). En conjunto, estas cuatro comunidades concentran aproximadamente el 66,5% del total de casos. En cuanto a las variaciones observadas en cada comunidad y ciudad autónoma, Canarias (-17,8%) y Ceuta y Melilla (-10,5%) son las únicas regiones que presentan descensos interanuales. En el extremo opuesto, Navarra (94,8%), La Rioja (45,5%) y Asturias (38,3%) registraron los mayores incrementos interanuales.El número de deudores concursados ha registrado en el segundo trimestre del año una caída del 11,8% respecto al trimestre anterior y un incremento del 20,2% en comparativa anual, hasta un total de 14.608 operaciones, de acuerdo con los datos publicados este martes por el Colegio de Registradores.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2695598301-1-p486537-m1517443-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-concursos-de-acreedores-caen-un-118-en-el-segundo-trimestre-segun-los-registradoreshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2695598301-1-p486537-m1517443-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-concursos-de-acreedores-caen-un-118-en-el-segundo-trimestre-segun-los-registradoreshttps://elderecho.com/los-concursos-de-acreedores-caen-un-118-en-el-segundo-trimestre-segun-los-registradoreshttps://elderecho.com/los-concursos-de-acreedores-caen-un-118-en-el-segundo-trimestre-segun-los-registradores2026-08-11 11:57:122026-08-11 11:57:12sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico486503La procesada fue contratada para atender a una mujer de 97 años, tanto para ayudarla en su casa como acompañarla a los desplazamientos. De este modo, en junio de 2022 fue con la anciana (fallecida en 2025 y con deterioro cognitivo severo desde 2018) al banco a retirar 10.000 euros y 12.000 euros, sin probarse coacción ni apropiación de dichos fondos. Sin embargo, aprovechando su relación laboral, la acusada utilizó sin consentimiento el PIN de la tarjeta de la víctima para extraer dinero en cajeros en diez ocasiones (sumando un total de 3.220 euros) entre mayo y julio de 2022 en su propio beneficio. Respecto a otras extracciones por valor de 10.000 euros y 4.000 euros realizados en 2022, no se ha podido probar de forma suficiente que la acusada fuera la autora. Los magistrados concluyen que los reintegros realizados en cajeros automáticos con las tarjetas de la anciana fueron fraudulentos y realizados por personas ajenas y sin su consentimiento, debido a la frecuencia y cuantía de las operaciones, sumado a que ella no sabía usar los cajeros y siempre acudía en persona a las sucursales. No obstante, no consideran probado el delito de estafa en las retiradas de efectivo hechas directamente en las entidades bancarias, ya que era la propia titular quien acudía en persona acompañada por sus cuidadoras, sin que existan pruebas de que actuara bajo engaño. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL. Audiencia Provincial de Salamanca. Sentencia nº 67 / 2026 del 20 de abril de 2026.La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un año y once meses de cárcel a una mujer por extraer dinero de la cuenta bancaria de la anciana que cuidaba, debiendo indemnizar a sus herederos con la cantidad sustraída.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2346423025-1-p486503-m1517335-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-para-una-cuidadora-por-robar-dinero-de-la-cuenta-bancaria-de-una-ancianahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2346423025-1-p486503-m1517335-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-para-una-cuidadora-por-robar-dinero-de-la-cuenta-bancaria-de-una-ancianahttps://elderecho.com/prision-para-una-cuidadora-por-robar-dinero-de-la-cuenta-bancaria-de-una-ancianahttps://elderecho.com/prision-para-una-cuidadora-por-robar-dinero-de-la-cuenta-bancaria-de-una-anciana2026-08-11 11:00:302026-08-11 11:00:30penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico486467López ha presentado este lunes un avance de las consultas realizadas por la ciudadanía entre enero y junio al servicio, que ofrece asesoramiento ante dudas, incidentes y riesgos relacionados con la ciberseguridad. Esta cifra supone casi el doble de las 49.599 consultas atendidas en el mismo periodo de 2025 y se aproxima al total registrado durante todo 2024, cuando el servicio alcanzó las 98.546 consultas. El ministro ha explicado que aumentan las consultas porque ha mejorado el conocimiento de este servicio gratuito y la concienciación de los usuarios. Consultas más frecuentes al 017 El balance semestral de las consultas al 017 por tipo de público indica que las consultas más frecuentes, tanto de la ciudadanía (40%) como de las empresas (30,6%), se refieren a estafas en las que un ciberdelincuente suplanta la identidad de una entidad legítima o una persona de confianza y trata de robar información a través del teléfono ('vishing'), SMS ('smishing') o correos electrónicos ('phishing'), mientras que los ciudadanos también recurren al servicio por compras fraudulentas (13%) y suplantación de identidad (9,5%). Además, los datos ponen de manifiesto el aumento del interés y la preocupación por delitos de índole económica, dado que en este semestre se han registrado cerca de 3.000 consultas por falsas inversiones y criptomonedas, siete veces más que en todo 2022, y las consultas sobre fraudes bancarios se han multiplicado por cuatro desde entonces. También es llamativo el incremento de las consultas por noticias falsas y bulos, que han aumentado un 175% respecto a 2023, mientras que, entre las empresas, otros motivos de consulta se refieren a la suplantación de identidad (20%), cuando un ciberdelincuente desarrolla una web o un perfil falso en redes sociales copiando los de la compañía, y al fraude del consejero delegado --CEO-- (9,8%), en el que el atacante se hace pasar por un alto cargo de la empresa. En el caso de los menores, el mayor número de consultas se refiere a privacidad y reputación 'online' (17,5%), aunque, por primera vez desde 2022, las consultas sobre sextorsión prácticamente igualan esa cifra (17%), un delito de chantaje en el que un atacante amenaza con publicar fotos o vídeos íntimos para exigir dinero, más contenido sexual o favores. La suplantación de identidad se sitúa como el tercer motivo de consulta más frecuente entre los menores (10,7%), mientras que, en el primer semestre, el 5% de las consultas está relacionado con el ciberacoso, que se posiciona como el quinto motivo de consulta más común.El servicio 017 --'Tu Ayuda en Ciberseguridad'--, el canal gratuito gestionado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, atendió 95.064 consultas durante los seis primeros meses de 2026.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2440453293-1-p486467-m1517220-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-atiende-mas-de-95-000-consultas-en-seis-meses-a-traves-del-servicio-017-de-ciberseguridadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2440453293-1-p486467-m1517220-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-atiende-mas-de-95-000-consultas-en-seis-meses-a-traves-del-servicio-017-de-ciberseguridadhttps://elderecho.com/el-gobierno-atiende-mas-de-95-000-consultas-en-seis-meses-a-traves-del-servicio-017-de-ciberseguridadhttps://elderecho.com/el-gobierno-atiende-mas-de-95-000-consultas-en-seis-meses-a-traves-del-servicio-017-de-ciberseguridad2026-08-10 11:43:142026-08-10 11:43:14ciberseguridadCiberseguridadderecho-ticDerecho TICCiberseguridad,Derecho TIC486454La trabajadora mantiene la incapacidad que se le otorgó en marzo de 2022 para su profesión habitual, por la cual cobra una pensión mensual equivalente al 55% de una base reguladora de 2.322,27 euros. La mujer inició en junio de 2024 el expediente de revisión donde se diagnosticó una lumbociatalgia derecha y cefalea tensional con limitaciones físicas y de movimiento. Además, fue operada en una clínica privada sin seguimiento posterior. En la evaluación clínico-laboral se indicó que esta última cirugía corresponde a una dolencia que ya se había tomado en cuenta en el proceso de incapacidad permanente anterior. Debido a sus dolencias, la paciente no puede realizar actividades que requieran estar de pie o caminar durante mucho tiempo, levantar peso, repetir los mismos movimientos o forzar la zona lumbar. Tampoco puede levantar el brazo izquierdo por encima del hombro. El tribunal expone que el juez de primera instancia está en una mejor posición para valorar la salud y las limitaciones de la demandante, al haber analizado las pruebas directamente. Por ello, las dudas deben resolverse a favor de la sentencia original, a menos que esta sea claramente equivocada o carezca de fundamento. En este caso, al contrastar el trabajo habitual de la recurrente con sus limitaciones médicas, la decisión de la jueza resulta acertada, por lo que se rechaza el recurso y se confirma la sentencia. Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. TSJ de las Islas Baleares. Sala de lo Social. Sentencia nº 260/2026 de 27 de mayo de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha rechazado aumentar el grado de incapacidad permanente a una auxiliar de vigilancia al no constar un empeoramiento en sus lesiones.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2472843285-1-p486454-m1517181-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/rechazado-el-aumento-del-grado-de-incapacidad-permanente-a-una-auxiliar-de-vigilanciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2472843285-1-p486454-m1517181-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/rechazado-el-aumento-del-grado-de-incapacidad-permanente-a-una-auxiliar-de-vigilanciahttps://elderecho.com/rechazado-el-aumento-del-grado-de-incapacidad-permanente-a-una-auxiliar-de-vigilanciahttps://elderecho.com/rechazado-el-aumento-del-grado-de-incapacidad-permanente-a-una-auxiliar-de-vigilancia2026-08-10 11:14:322026-08-10 11:14:32sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social486481El Departamento liderado por Óscar López publicó el pasado mes de abril esta resolución, que establece que todas las llamadas comerciales deberán realizarse desde una numeración de nueve dígitos que comience por dicho prefijo, lo que permitirá a los usuarios identificarlas con facilidad. Así lo ha recordado este lunes el ministro de Transformación Digital, Óscar López. Desde el 17 de octubre, todas las llamadas comerciales deberán emplear una numeración de nueve dígitos que comience por 400, lo que permitirá a los usuarios identificar de forma inmediata el 'spam' telefónico y obligará a los operadores a bloquear cualquier comunicación comercial que no use este código. Plan Nacional de Numeración Telefónica "Mediante la presente resolución se atribuye un código específico de numeración del Plan Nacional de Numeración Telefónica destinado a la realización de llamadas comerciales, en particular el segmento 400 (números de nueve dígitos identificados por los dígitos NXY=400), con el fin de reforzar la claridad en el uso de los recursos públicos de numeración, facilitar la identificación de este tipo de comunicaciones y promover un uso más eficiente de dichos recursos", según se desprendía de la resolución publicada en abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esa nueva numeración estará operativa en dos meses y, desde ese momento, los operadores bloquearán las llamadas que no se realicen desde la numeración asignada. Así se da cumplimiento a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC), aprobada en diciembre pasado, que incluía la obligación de que las llamadas comerciales tuvieran un código numérico específico. Los números que comienzan con el código 400 serán unidireccionales; es decir, los usuarios únicamente podrán recibir llamadas. De esta manera, se garantiza aún más la protección de la clientela, pues se evitan posibles prácticas fraudulentas que puedan producirse al devolver una llamada a un número desconocido. Números no registrados en la base de datos oficial de la CNMC Los operadores de telefonía móvil bloquearán, a partir del 15 de septiembre, los mensajes procedentes de alias no registrados en la base de datos oficial de la CNMC, una fecha modificada a petición del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. López avanzó a finales de abril que Competencia contaría, en principio, desde el 7 de junio con una base de datos oficial de los códigos alfanuméricos que utilizan empresas y administraciones públicas como identificadores en los SMS y que gestionará la CNMC. Según el informe publicado por Competencia y consultado por Europa Press, el registro de alias quedó formalmente constituido el 28 de marzo de este año, tras la tramitación del procedimiento para aprobar las directrices que lo regulan. Por tanto, a partir del 15 de septiembre los operadores de telefonía bloquearán los mensajes que provengan de alias no registrados, siendo la última medida del plan contra las estafas telefónicas y por SMS del Ejecutivo.El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha anunciado que el próximo 17 de octubre entrará en vigor la resolución que establece el prefijo 400 para identificar las llamadas comerciales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2609969645-1-p486481-m1517265-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/a-partir-de-octubre-sera-obligatorio-el-prefijo-400-para-las-llamadas-comercialeshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2609969645-1-p486481-m1517265-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/a-partir-de-octubre-sera-obligatorio-el-prefijo-400-para-las-llamadas-comercialeshttps://elderecho.com/a-partir-de-octubre-sera-obligatorio-el-prefijo-400-para-las-llamadas-comercialeshttps://elderecho.com/a-partir-de-octubre-sera-obligatorio-el-prefijo-400-para-las-llamadas-comerciales2026-08-10 10:50:232026-08-10 10:50:23sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico486407"El riesgo es que la simplificación termine convirtiéndose en una desregulación gradual y que la competitividad se imponga sobre la dimensión social del proyecto europeo. El reto no consiste en frenar la innovación, sino en asegurar que sus beneficios se traduzcan en mayor inclusión y accesibilidad, sin debilitar la protección de los derechos", subraya el CERMI en el informe. En concreto, el trabajo analiza la propuesta de Reglamento Ómnibus Digital sobre Inteligencia Artificial, impulsada por las instituciones europeas con el propósito de simplificar determinados aspectos del marco regulador de la IA y reducir cargas administrativas. Desde la perspectiva de la discapacidad, el CERMI advierte de que cualquier proceso de simplificación normativa debe preservar íntegramente las salvaguardias previstas en el 'Reglamento europeo de Inteligencia Artificial', especialmente cuando los sistemas de IA puedan incidir en ámbitos sensibles como el empleo, la educación, la protección social, la salud, la justicia o el acceso a bienes y servicios. El CERMI afirma que la IA ofrece una "oportunidad" para favorecer la autonomía personal, la accesibilidad universal, la comunicación y la participación social de las personas con discapacidad. Si bien, también advierte de que puede generar nuevos riesgos de discriminación, exclusión o "sesgos" algorítmicos si no se desarrolla y aplica desde un enfoque basado en los derechos humanos. El informe sostiene que la competitividad, la innovación y la simplificación administrativa es un objetivo "legítimo" de la Unión Europea, pero apunta que no deben alcanzarse a costa de rebajar los estándares de protección de las personas y grupos más vulnerables. Por ello, reclama que toda revisión del marco regulador mantenga los principios de accesibilidad universal, diseño para todas las personas, supervisión humana, transparencia, rendición de cuentas y no discriminación. Asimismo, el documento formula una serie de recomendaciones dirigidas a las instituciones europeas, a los Estados miembros y a los agentes implicados en el desarrollo y despliegue de sistemas de inteligencia artificial, con el fin de garantizar que la evolución normativa continúe alineada con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con el modelo europeo de derechos fundamentales. La Unión Europea (UE) afronta desde el 2 de agosto un nuevo hito en la implementación del Reglamento europeo de inteligencia artificial (AI Act), con la entrada en vigor de las primeras obligaciones de transparencia y el inicio de la aplicación de las disposiciones aplicables a nivel nacional y comunitario. Según el calendario publicado por la Comisión Europea, en esta fase se activan específicamente las normas de transparencia del artículo 50 y las medidas de apoyo a la innovación, que refuerzan el sistema de supervisión y cumplimiento en todos los Estados miembros, así como la aplicación de la Ley de IA en ámbitos como los modelos de propósito general, las prohibiciones y los requisitos de alfabetización en inteligencia artificial (IA). La Comisión Europea comenzará a aplicar las obligaciones que exigirán identificar los contenidos generados o manipulados mediante esta tecnología, incluidos los conocidos como 'deepfakes', y obligarán a los 'chatbots' y otros sistemas a advertir a los usuarios de que están interactuando con una IA, al tiempo que Bruselas asumirá por primera vez las competencias para velar por el cumplimiento de la norma. En la práctica, las herramientas capaces de crear imágenes, vídeos, audios o textos deberán incorporar marcas que permitan reconocer esas producciones, mientras que su uso con fines profesionales exigirá indicar de forma clara que han sido alteradas mediante inteligencia artificial y los asistentes conversacionales informar de que el usuario está hablando con una máquina y no con una persona.El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha advertido del "riesgo" de que la simplificación de determinados aspectos del marco regulador europeo de la Inteligencia Artificial (IA) "debilite" la protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2277274631-1-p486407-m1517068-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/cermi-reclama-que-la-simplificacion-de-la-regulacion-europea-de-la-ia-no-debilite-derechos-fundamentaleshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2277274631-1-p486407-m1517068-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/cermi-reclama-que-la-simplificacion-de-la-regulacion-europea-de-la-ia-no-debilite-derechos-fundamentaleshttps://elderecho.com/cermi-reclama-que-la-simplificacion-de-la-regulacion-europea-de-la-ia-no-debilite-derechos-fundamentaleshttps://elderecho.com/cermi-reclama-que-la-simplificacion-de-la-regulacion-europea-de-la-ia-no-debilite-derechos-fundamentales2026-08-10 07:53:022026-08-10 07:53:02derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico486405En su sentencia, consultada por Europa Press, la Sección Segunda ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa, que solicitaba la absolución de la acusada y, de forma subsidiaria, una reducción de la responsabilidad civil, y ha ratificado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería. Además de la pena de prisión, la mujer tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros del perjudicado y comunicarse con él durante tres años y deberá indemnizarlo con 4.000 euros, cantidad que no ha recuperado. Los hechos se remontan al 1 de diciembre de 2022. La acusada, que había conocido al octogenario el día anterior, le hizo creer que pretendía ayudarlo debido a su avanzada edad y a que vivía solo, aunque aquella mañana comenzó a mantener con él una actitud "intimidatoria y amenazante". Según los hechos probados, la mujer hizo que dos hombres desconocidos siguieran constantemente al perjudicado por la calle sin dejarlo solo y lo coaccionó para que le entregara dinero con expresiones como "mal se va a poner la cosa", lo que le causó "un gran temor" al sentirse "indefenso". La acusada obligó primero al anciano a retirar 1.000 euros de su cuenta bancaria a las 9,40 horas y este guardó el dinero en un cajón de su vivienda. Media hora después, volvió a obligarlo a acudir al banco, donde sacó otros 3.000 euros. Tras esta segunda retirada, ambos acudieron a otra entidad bancaria, donde, pocos minutos después, el perjudicado vio cómo la mujer ingresó 3.900 euros en una cuenta a nombre de su hija menor de edad, en la que ella figuraba como representante legal. Cuando regresó a su vivienda, el anciano comprobó que los primeros 1.000 euros que había guardado en el cajón habían desaparecido. La defensa recurrió la condena al sostener, entre otros argumentos, que existía un error en la valoración de la prueba y que la declaración del perjudicado no se correspondía con las imágenes de las cámaras de seguridad. Sin embargo, la Audiencia ha concluido que no existe "ninguna contradicción" entre su declaración y las grabaciones y ha señalado que estas, por el contrario, "vienen a corroborar su relato". El tribunal también ha tenido en cuenta las certificaciones bancarias que acreditan las dos retiradas de dinero y el posterior ingreso de 3.900 euros. La Sala ha considerado "inverosímil" la versión de la acusada, quien afirmó que el hombre, al que había conocido el día anterior, le había prestado voluntariamente 3.000 euros que ella debía devolver "poco a poco". El tribunal ha destacado que apenas se conocían desde el día anterior, que no dejaron constancia por escrito del supuesto préstamo y que la mujer "no volvió a dar señales de vida". Además, ha señalado que ingresó 3.900 euros y no 3.000 y que no justificó la procedencia de los otros 900 euros que aseguró que llevaba en el bolso. Por ello, la Audiencia ha concluido que los hechos probados son fruto de una "correcta valoración de la prueba" y ha confirmado íntegramente la condena.La Audiencia Provincial de Almería ha confirmado la condena de dos años de prisión impuesta a una mujer por un delito de robo con intimidación cometido contra un anciano de 81 años al que obligó a retirar 4.000 euros de su cuenta bancaria después de hacerle creer que pretendía ayudarlo.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2072478908-1-p486405-m1517030-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenada-a-dos-anos-de-carcel-por-intimidar-a-un-anciano-de-81-anos-para-robarle-4-000-euroshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2072478908-1-p486405-m1517030-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenada-a-dos-anos-de-carcel-por-intimidar-a-un-anciano-de-81-anos-para-robarle-4-000-euroshttps://elderecho.com/condenada-a-dos-anos-de-carcel-por-intimidar-a-un-anciano-de-81-anos-para-robarle-4-000-euroshttps://elderecho.com/condenada-a-dos-anos-de-carcel-por-intimidar-a-un-anciano-de-81-anos-para-robarle-4-000-euros2026-08-10 07:37:022026-08-10 07:37:02penalPenal9Penal