https://elderecho.com/feedes484329El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en su sede de Madrid ha sido el escenario para la presentación de Desmitificando la Inteligencia Artificial, la nueva obra de la abogada Rocío Ramírez Torres, publicada por Lefebvre dentro de la colección Derecho e Inteligencia Artificial, y coordinada por el letrado del Consejo de Estado Moisés Barrio. El acto contó con la participación de Salvador González, presidente del CGAE; Juan Pujol, presidente de Lefebvre; Moisés Barrio, miembro del Consejo Asesor sobre Innovación y Abogacía del CGAE y la autora de la obra, Rocío Ramírez, quienes reflexionaron sobre el impacto de la inteligencia artificial en el ejercicio de la abogacía y la necesidad de abordar su adopción desde el conocimiento, la ética y el rigor jurídico. En el inicio de la presentación Juan Pujol, presidente de Lefebvre, agradeció el respaldo del Consejo General de la Abogacía Española en esta iniciativa y puso en valor una colección que reúne a autores de perfiles diversos con el objetivo común de proporcionar a los profesionales un conocimiento sólido, independiente y contrastado sobre la inteligencia artificial. Guía práctica para comprender la IA Desmitificando la Inteligencia Artificial nace con el objetivo de acercar la inteligencia artificial a los profesionales del Derecho mediante un enfoque claro, didáctico y alejado del lenguaje técnico. Se trata del tercer título de la colección y explica conceptos como los modelos de lenguaje, el prompting, las alucinaciones o los sesgos, relacionándolos con situaciones habituales en los despachos, como la gestión de expedientes, la revisión documental, la redacción y traducción de escritos o la comunicación con clientes. Durante el acto, Rocío Ramírez explicó que el principal propósito del libro es contribuir a desmontar algunos de los mitos que rodean a la IA generativa, especialmente la idea de que pueda sustituir al abogado. Sobre esta posible sustitución subrayó que estas herramientas deben entenderse como un apoyo al profesional, y en ningún caso como un “reemplazo de su criterio jurídico”. Además, advirtió de los riesgos derivados de un uso no supervisado y expresó que debería tomarse una especial atención sobre aspectos especialmente sensibles para la profesión, como la protección de los datos personales y la preservación del secreto profesional. Por su parte, Moisés Barrio destacó que la obra responde a la necesidad de ofrecer una visión práctica y rigurosa en un momento de enorme proliferación de publicaciones sobre inteligencia artificial. Barrio señaló, una vez más, que la propia expresión "inteligencia artificial" sigue generando confusión y que la velocidad de evolución de esta tecnología obliga a mantener una actualización constante. Para el letrado en el Consejo de Estado los sistemas de IA generativa son esencialmente "máquinas de predicción", por lo que cualquier resultado debe ser siempre revisado y validado por el profesional. Transformación digital compatible con los principios de la profesión En su intervención el presidente del CGAE, Salvador González, reafirmó el compromiso de la institución con la transformación digital de la abogacía, e insistió en que la incorporación de nuevas tecnologías debe realizarse sin renunciar a los principios deontológicos que rigen la profesión. En este sentido, recordó que la independencia del abogado, la obligación de verificar y contrastar toda información generada mediante inteligencia artificial y la protección del secreto profesional constituyen elementos irrenunciables en cualquier proceso de digitalización.Juan Pujol, presidente de Lefebvre; Salvador González, presidente del CGAE y Moisés Barrio, coordinador de la colección "Derecho e Inteligencia Artificial" de Lefebvre, participan junto a la autora en el acto.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Libro-Rocio-2026-06-30-at-12.44.46-p484329-m1510862-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/presentacion-de-la-obra-desmitificando-la-inteligencia-artificial-de-la-abogada-rocio-ramirez-en-el-cgaehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Libro-Rocio-2026-06-30-at-12.44.46-p484329-m1510862-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/presentacion-de-la-obra-desmitificando-la-inteligencia-artificial-de-la-abogada-rocio-ramirez-en-el-cgaehttps://elderecho.com/presentacion-de-la-obra-desmitificando-la-inteligencia-artificial-de-la-abogada-rocio-ramirez-en-el-cgaehttps://elderecho.com/presentacion-de-la-obra-desmitificando-la-inteligencia-artificial-de-la-abogada-rocio-ramirez-en-el-cgae2026-06-30 13:06:222026-06-30 13:06:22sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico484303De esta forma Accountex España, la principal feria para despachos profesionales, asesorías y empresas, y HR Expo, dedicada a la gestión del talento y la cultura organizacional, volverán a convertir Madrid en el punto de encuentro de expertos en digitalización, liderazgo y transformación de las empresas. A ambas ferias se suma la primera edición de Legal Tech Expo, un nuevo espacio dedicado a impulsar la innovación en el ámbito jurídico y mostrar las tecnologías que están redefiniendo el ejercicio de la abogacía y los servicios legales. Durante dos jornadas, Accountex España, Legal Tech Expo y HR Expo 2026 ofrecerán una visión integral de los retos y avances que están redefiniendo el entorno empresarial. Los miles de asistentes podrán conocer las últimas tendencias, soluciones y tecnologías aplicadas a los ámbitos financiero, jurídico y de recursos humanos, con especial atención a su impacto práctico en las organizaciones y a su adaptación al marco normativo actual y a las necesidades del mercado español. Además, las tres ferias contarán con un amplio programa de conferencias, zonas expositivas y espacios de networking diseñados para favorecer el intercambio de conocimiento y acercar a los profesionales las innovaciones que están transformando la gestión empresarial, la práctica jurídica y la gestión del talento. En su quinta edición, Accountex España centrará buena parte de su programa en algunos de los asuntos que están marcando la agenda de despachos profesionales, asesorías y departamentos financieros. La Inteligencia Artificial ocupará un lugar destacado, con sesiones dedicadas tanto a su impacto en la productividad y la gestión empresarial como a los desafíos regulatorios y jurídicos que plantea su adopción. El evento también abordará el avance de la digitalización de la Administración y los cambios derivados de la implantación de la factura electrónica, así como las oportunidades que ofrece la automatización de procesos para mejorar la eficiencia operativa y optimizar el trabajo de los profesionales del sector. Por su parte, HR Expo dará un paso adelante en esta tercera edición con la incorporación de un pabellón propio, una ampliación que refleja el crecimiento de la feria y la relevancia cada vez mayor de la gestión de personas en la estrategia empresarial. El programa pondrá especial atención en el impacto de la IA en los recursos humanos, desde los procesos de selección hasta el desarrollo y la fidelización del talento. También ocuparán un lugar destacado los retos relacionados con el bienestar y la salud mental, junto con las nuevas demandas de los profesionales en materia de flexibilidad, conciliación y propuesta de valor al empleado. A ello se sumará el análisis de los cambios normativos que marcarán la agenda de los departamentos de RRHH, entre ellos la Directiva de Transparencia Salarial y la implantación del registro digital de jornada. Mientras que la primera edición de Legal Tech Expo reunirá a miles de profesionales del sector jurídico procedentes de despachos, firmas y departamentos legales de empresa con el objetivo de acercarles las soluciones tecnológicas que están impulsando la transformación del sector. En un contexto marcado por la digitalización y la incorporación de la Inteligencia Artificial a la práctica jurídica, el evento contará con todo tipo de contenidos para que los asistentes puedan conocer de primera mano las herramientas que están ayudando a los profesionales del derecho a ganar eficiencia y responder a las nuevas exigencias del mercado. “Las decisiones que toman hoy las empresas en las áreas de finanzas, cumplimiento normativo o de gestión de personas están cada vez más influenciadas por las posibilidades que ofrece la tecnología. Con Accountex España, HR Expo y la incorporación de Legal Tech Expo queremos acercar a los profesionales una visión práctica de los cambios que están transformando su actividad y mostrar cómo las organizaciones más innovadoras están respondiendo a estos desafíos” señala Cristina Claveria, directora ferial. “Nuestro objetivo es que los asistentes encuentren soluciones aplicables a su realidad, compartan experiencias con otros profesionales y ganen perspectiva  sobre los retos y posibilidades que afectan a sus organizaciones en las áreas financiera, jurídica y de recursos humanos”, ha afirmado Claveria. La respuesta del sector en la edición de 2025, que reunió a más de 12.500 asistentes, puso de manifiesto el interés creciente por disponer de espacios donde analizar tendencias, resolver dudas y conocer nuevas herramientas aplicadas al ámbito de la gestión empresarial. Accountex España, Legal Tech Expo y HR Expo 2026 cuentan con la colaboración de las principales asociaciones y colectivos profesionales de economistas, abogados, directores de RRHH, técnicos tributarios, asesores fiscales, gestores administrativos, graduados sociales y empresarios de España así como los principales fabricantes y proveedores líderes en el sector de la gestión empresarial como Sage, Wolters Kluwer, Cegid, Holded, Teamsystem, Lefebvre y Factorial. Asociaciones Colaboradoras: Consejo General Abogacía Española, Cumplen, Cámara de Comercio de  Madrid, Fide, Asociación Madrileña de Mediadores, Federación Española Resolución Negociada del Conflicto, IusTime, Colegio Oficial Graduados Sociales de Madrid, ADADE, Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España, Asociación Nacional de Laboralistas, Asociación Española de Consultores de Empresa, Confederación Española de Jóvenes Empresarios, Colegio de Economistas de Madrid, Consejo General Graduados Sociales de España, Consejo General de Economistas, Gestores Administrativos, Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales, Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, WTC, Asociación de Directores de Relaciones Laborales,  Asociación Nacional de Centros y Asociaciones de eLearning, Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral, Gehocan -Asocación de recursos humanos de Canarias  y el  Observatorio de Bienestar Organizacional entre otras.   Todos aquellos que deseen asistir a las ferias pueden inscribirse de forma gratuita desde los siguientes enlaces: Accountex España 2026 Legal Tech Expo HR Expo  Accountex España, Legal Tech Expo y HR Expo 2026, las ferias de referencia nacional en el ámbito de la innovación empresarial en las áreas financieras, legales y de gestión de equipos, se celebrarán de forma simultánea durante los próximos 18 y 19 de noviembre en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Accountex-Espana-2026-2-p484303-m1510785-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/accountex-espana-legal-tech-expo-y-hr-expo-2026-el-encuentro-de-profesionales-que-impulsan-la-innovacion-en-gestion-empresarial-legal-y-de-rrhhhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Accountex-Espana-2026-2-p484303-m1510785-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/accountex-espana-legal-tech-expo-y-hr-expo-2026-el-encuentro-de-profesionales-que-impulsan-la-innovacion-en-gestion-empresarial-legal-y-de-rrhhhttps://elderecho.com/accountex-espana-legal-tech-expo-y-hr-expo-2026-el-encuentro-de-profesionales-que-impulsan-la-innovacion-en-gestion-empresarial-legal-y-de-rrhhhttps://elderecho.com/accountex-espana-legal-tech-expo-y-hr-expo-2026-el-encuentro-de-profesionales-que-impulsan-la-innovacion-en-gestion-empresarial-legal-y-de-rrhh2026-06-30 13:05:292026-06-30 13:05:29derecho-ticDerecho TICfiscalFiscal6multimateriaMultimateriasector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Fiscal,Multimateria,Sector jurídico484290CECA MAGÁN Abogados anuncia la incorporación de Manel Hernández como nuevo socio del área Laboral en la oficina de Barcelona, en una operación que consolida el crecimiento de la firma en Cataluña y refuerza su posicionamiento como despacho de referencia para el middle market empresarial. Con más de 30 años de experiencia, Manel Hernández está especializado en negociación colectiva, litigación laboral y asesoramiento estratégico a empresas, acompañando habitualmente a grandes y medianas compañías en la gestión de relaciones laborales complejas y procesos de transformación empresarial. A lo largo de su trayectoria ha asesorado a clientes de sectores como financiero, químico, empresa familiar, administración pública, industria, logística y transporte, consolidando una reconocida experiencia tanto en el ámbito consultivo como contencioso-laboral. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, cuenta además con un Diploma de Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Compagina su actividad profesional con una destacada labor académica como profesor asociado de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universitat de Girona y profesor del Máster de Acceso a la Abogacía y Procura de ESADE. Su trayectoria y especialización han sido reconocidas por directorios internacionales de referencia como Chambers and Partners. Enrique Ceca, Executive Partner en CECA MAGÁN Abogados ha comentado: “El mercado demanda cada vez más despachos capaces de combinar excelencia técnica, visión de negocio y cercanía real a la empresa. La incorporación de Manel refuerza precisamente ese modelo de firma que estamos construyendo en CECA MAGÁN: un proyecto altamente especializado, muy conectado con las necesidades del middle market y preparado para acompañar a las empresas en entornos laborales complejos." Por su parte, Miguel Lobón, socio director de la oficina de Cataluña, destaca: “La incorporación de Manel refleja muy bien el tipo de firma que estamos construyendo en Cataluña: un despacho pensado para empresas que necesitan abogados capaces de entender negocio, anticipar conflictos y tomar decisiones estratégicas al ritmo al que hoy se mueve el mercado. El entorno laboral ya no admite asesoramiento estándar, y las compañías que quieran competir de verdad necesitan equipos preparados para gestionar transformación, negociación y complejidad con visión empresarial.” Finalmente, Manel Hernandez comenta: “CECA MAGÁN ha conseguido construir una firma con una propuesta muy diferencial dentro del mercado jurídico: cercana al tejido empresarial, dinámica y con una clara vocación de crecimiento. Me incorporo con mucha ilusión a un proyecto que entiende perfectamente las necesidades reales de las empresas y la importancia de ofrecer un asesoramiento laboral estratégico, práctico y alineado con el negocio." Con esta incorporación, CECA MAGÁN continúa consolidando su crecimiento en Cataluña y reforzando una práctica laboral orientada a ofrecer un asesoramiento altamente, estratégico y alineado con las necesidades reales del tejido empresarial. La firma mantiene así su apuesta por atraer perfiles de reconocido prestigio que aporten experiencia sectorial, visión de negocio y capacidad para acompañar a empresas medianas y grandes compañías en entornos competitivos.La firma incorpora a uno de los referentes en Derecho Laboral en el mercado español, con más de 30 años de experiencia en negociación colectiva, litigación y asesoramiento estratégico a empresas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/CECA_MAGAN_Abogados_Manel_Hernandez-p484290-m1510752-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ceca-magan-consolida-su-crecimiento-en-barcelona-con-manel-hernandez-como-socio-de-laboralhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/CECA_MAGAN_Abogados_Manel_Hernandez-p484290-m1510752-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ceca-magan-consolida-su-crecimiento-en-barcelona-con-manel-hernandez-como-socio-de-laboralhttps://elderecho.com/ceca-magan-consolida-su-crecimiento-en-barcelona-con-manel-hernandez-como-socio-de-laboralhttps://elderecho.com/ceca-magan-consolida-su-crecimiento-en-barcelona-con-manel-hernandez-como-socio-de-laboral2026-06-30 12:45:162026-06-30 12:45:16sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico484316Los abogados Alfonso Carrillo y Jorge Perujo han puesto en marcha Mirlo, un despacho especializado en asuntos complejos con dimensión internacional, con sede en Madrid y una marcada actividad entre España y Latinoamérica. La firma articula su actividad alrededor de dos grandes áreas —Litigación y Arbitraje, dirigida por Alfonso Carrillo, y Corporate y M A, dirigida por Jorge Perujo—, ofreciendo además asesoramiento integral en fiscal, laboral, inmobiliario, reestructuraciones e insolvencias, derecho financiero y penal económico. Mirlo cuenta asimismo con una práctica especialmente desarrollada en deporte y entretenimiento, sectores en los que sus profesionales acumulan una sólida experiencia tanto en asesoramiento como en resolución de controversias. “Estamos trabajando en el primer arbitraje que CAM Santiago ha reenviado a CIIAM Madrid tras firmar un convenio el año pasado. Es un ejemplo perfecto de nuestras capacidades internacionales y enfoque iberoamericano”, explica Alfonso Carrillo, que fue socio de Bird Bird antes de fundar la firma, y que cuenta con más de 20 años de experiencia en la resolución de conflictos empresariales. “El Derecho es una herramienta para conectar personas y hacer avanzar sus proyectos. Estamos muy orgullosos de estar representando los intereses de empresas importantes a los dos lados del charco”, añade Jorge Perujo, que fue socio de Ontier, donde estuvo a cargo de la apertura de la oficina de Chile y de las operaciones del despacho en Sudamérica. Vocación iberoamericana “Haber vivido y trabajado en Latinoamérica nos permite conocer la realidad de los mercados en los que operan nuestros clientes; anticipar y cubrir mejor sus necesidades”, señala Perujo. Mirlo presta especial atención a los asuntos que conectan Europa y Latinoamérica, acompañando tanto a empresas españolas que invierten o se implantan en la región como a inversores y empresarios latinoamericanos que aterrizan en España, actuando como punto de encuentro natural entre ambos entornos jurídicos. La firma cuenta con una red de despachos aliados en Bogotá, Ciudad de México, Lima y Santiago de Chile, lo que le permite dar soporte local a sus clientes en ambas direcciones. Esta vocación bidireccional se refleja también en su propio equipo en Madrid, que incluye abogados de origen chileno, colombiano, mexicano y venezolano. Diseñado tras la irrupción de la inteligencia artificial Desde su origen, Mirlo se ha concebido como una firma adaptada a un nuevo contexto tecnológico en el que la inteligencia artificial transforma la forma de prestar servicios jurídicos. Para sus fundadores, la IA no sustituye el criterio jurídico, pero sí permite eliminar capas de estructura y dedicar más tiempo al asesoramiento estratégico, a la anticipación de riesgos y a la relación directa con el cliente. “La inteligencia artificial no cambia la esencia de la abogacía, pero sí cambia la forma en la que debe organizarse un despacho. Queremos una firma con menos estructura y más talento; menos burocracia y más socios cerca del cliente”, señala Carrillo. La firma, con sede en la calle Claudio Coello 33 de Madrid y formada actualmente por 12 profesionales, inicia ahora una nueva etapa con el lanzamiento de su página web y la consolidación de un proyecto que aspira a convertirse en un referente para las empresas que desarrollan su actividad entre Europa y Latinoamérica.Mirlo es un despacho de abogados especializado en asuntos complejos con dimensión internacional, fundado por Alfonso Carrillo y Jorge Perujo.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-30-Mirlo-Lanzamiento-Foto-Socios-p484316-m1510828-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/alfonso-carrillo-y-jorge-perujo-lanzan-mirlo-un-despacho-con-vocacion-iberoamericana-disenado-para-la-nueva-era-de-la-abogaciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-30-Mirlo-Lanzamiento-Foto-Socios-p484316-m1510828-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/alfonso-carrillo-y-jorge-perujo-lanzan-mirlo-un-despacho-con-vocacion-iberoamericana-disenado-para-la-nueva-era-de-la-abogaciahttps://elderecho.com/alfonso-carrillo-y-jorge-perujo-lanzan-mirlo-un-despacho-con-vocacion-iberoamericana-disenado-para-la-nueva-era-de-la-abogaciahttps://elderecho.com/alfonso-carrillo-y-jorge-perujo-lanzan-mirlo-un-despacho-con-vocacion-iberoamericana-disenado-para-la-nueva-era-de-la-abogacia2026-06-30 11:40:522026-06-30 11:40:52sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico484277Con su fichaje, el bufete refuerza una práctica de referencia en tecnología y regulación digital, de la que también forma parte el socio Vicente Arias, en un contexto marcado por la aceleración de la innovación y los nuevos desafíos normativos. Barroso cuenta con más de quince años de trayectoria profesional, en los que se ha especializado en el asesoramiento jurídico a grandes compañías, entidades de capital riesgo y administraciones públicas, tanto a nivel nacional como internacional, en materia de transformación digital, protección de datos y privacidad, contratación tecnológica, propiedad intelectual, inteligencia artificial, ciberseguridad y sectores regulados, así como litigios y arbitrajes en estas áreas. Antes de incorporarse a Eversheds Sutherland, Barroso ocupaba el cargo de socio del área de TMT de la firma internacional Dentons, donde lideró la creación y el desarrollo de la práctica en España. Con anterioridad, ejerció como of counsel en Herbert Smith Freehills dentro del área de Emerging Technologies, Digital, Data Protection and Regulated Sectors, participando en algunos de los asuntos más relevantes vinculados a innovación tecnológica y economía digital. Junto a su actividad profesional, Barroso ha desarrollado una intensa actividad docente como profesor en programas de posgrado, así como el máster de acceso a la Abogacía en las universidades Rey Juan Carlos, Autónoma de Madrid y el Centro Universitario Villanueva. Su trayectoria profesional ha sido reconocida por directorios internacionales como Best Lawyers en áreas como Information Technology Law, Privacy and Data Protection Law y Regulatory Law. Jacobo Martínez, socio director de Eversheds Sutherland en España, asegura que “Miguel es uno de los profesionales más reconocidos del mercado en el ámbito tecnológico y digital. Su experiencia asesorando a compañías en proyectos complejos de transformación tecnológica, junto con su visión estratégica y capacidad de liderazgo, refuerzan significativamente nuestra propuesta de valor en un área clave para nuestros clientes”. Por su parte, Miguel Barroso sostiene que “Eversheds Sutherland reúne todos los elementos que buscaba para esta nueva etapa profesional: una plataforma internacional de primer nivel, un firme compromiso con el crecimiento en áreas estratégicas y un equipo altamente especializado. Afronto este reto con enorme ilusión y con la voluntad de contribuir al desarrollo de la práctica de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones en España”. Junto a Barroso se incorpora Cristina Ramírez, también proveniente de Dentons, como asociada del Departamento. Especializada en asuntos relacionados con propiedad intelectual, protección de datos, telecomunicaciones, contratación tecnológica y due diligence de compañías tecnológicas, con anterioridad desarrolló su carrera profesional en Cuatrecasas y Herbert Smith Freehills. Ramírez es graduada en Derecho y Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Acceso a la Abogacía y Derecho de Empresa por la Universidad de Navarra.El despacho de abogados internacional Eversheds Sutherland ha incorporado a Miguel Barroso como nuevo socio del Departamento de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT) de la oficina española de la firma.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/JacoboMartinez_MiguelBarroso_ES-p484277-m1510716-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/eversheds-sutherland-refuerza-su-area-de-tmt-con-miguel-barroso-como-sociohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/JacoboMartinez_MiguelBarroso_ES-p484277-m1510716-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/eversheds-sutherland-refuerza-su-area-de-tmt-con-miguel-barroso-como-sociohttps://elderecho.com/eversheds-sutherland-refuerza-su-area-de-tmt-con-miguel-barroso-como-sociohttps://elderecho.com/eversheds-sutherland-refuerza-su-area-de-tmt-con-miguel-barroso-como-socio2026-06-30 11:27:032026-06-30 11:27:03sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico484189Este tipo de retiro permite a los trabajadores a tiempo completo que no hayan alcanzado la edad ordinaria de jubilación acceder a ésta de forma parcial y anticipada siempre que, con carácter simultáneo, se celebre un contrato de relevo y cuando cumplan los siguientes requisitos: retirarse tres años antes de la edad de jubilación; acreditar un periodo de cotización de 33 años; tener una antigüedad en la empresa de seis años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial; que la reducción de su jornada de trabajo sea entre el 25% y el 75% y, si se anticipa en más de dos años, la reducción de jornada del primer año será entre el 20-33%. Por tanto, el empleado personal laboral podrá reducir la jornada laboral recibiendo la parte proporcional del salario por el tiempo de trabajo que sigue desempeñando y por el resto recibirá proporcionalmente la pensión. El personal laboral de las administraciones públicas ya disponía de un mecanismo para optar a la jubilación parcial anticipada, pero con la entrada en vigor el 1 de abril de 2025 del Real Decreto Ley de Seguridad Social se establecieron los nuevos requisitos de la jubilación parcial para los asalariados y, por tanto, para el personal laboral de las administraciones públicas. En concreto estableció que, para poder acceder a esta modalidad, se deberá concertar simultáneamente un contrato de relevo indefinido y a tiempo completo (antes eran temporales), algo difícil de cumplir en el acceso al empleo público ya que, a diferencia del sector privado, se debe cumplir siempre con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y con la propia dinámica de las ofertas de empleo público, que se realizan solo una vez al año. Con la solución adoptada se permite cierta flexibilidad en la regla de esa necesaria simultaneidad entre el jubilado parcial y el relevista. El RDL, que entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, consta de un artículo único que regula el régimen aplicable a los contratos de relevo y una disposición transitoria que establece un régimen transitorio hasta 2027. La solución consiste en que las administraciones cuenten con un instrumento de planificación, preferentemente las ofertas de empleo, donde establezcan la cobertura de jubilaciones parciales. La oferta de empleo público de 2026 en la Administración del Estado ya ha incluido 854 plazas para la contratación de personal relevista fijo. La contratación del personal relevista fijo se regirá por las reglas de acceso al empleo público. En caso de que no sea posible formalizar el contrato fijo de relevo de manera simultánea con la jubilación parcial, se permite la contratación temporal de sustitución a tiempo completo, que finalizará o bien cuando se formalice el contrato fijo, o al término del segundo año posterior a la extinción de la jubilación parcial. Por tanto, el Real Decreto ley fija un sistema gradual y flexible en la Administración que establece acudir primero a la contratación de personal laboral fijo y, en caso de que no fuera posible simultanear la jubilación parcial anticipada con el relevista fijo, acudir al personal laboral temporal de sustitución. El puesto de trabajo del relevista podrá ser el mismo o diferente al del trabajador sustituido, sin perjuicio de la correspondencia entre las bases de cotización de ambos que sea exigible en la legislación en materia de Seguridad Social. El Real Decreto ley establece también un régimen transitorio hasta el 1 de abril de 2027 para facilitar la adaptación progresiva de las Administraciones al nuevo régimen. Éste permite vincular la jubilación parcial a un contrato de personal laboral fijo a tiempo completo que hubiere sido formalizado a partir del 1 de abril de 2024 como resultado de convocatorias derivadas de ofertas de empleo público ordinarias. Complementos de insularidad Junto a las medidas relativas al régimen de la jubilación parcial del personal laboral del sector público, el presente real decreto-ley incorpora una disposición adicional referida a la indemnización por residencia del personal al servicio del sector público estatal destinado en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. En cumplimiento del Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, suscrito entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y las organizaciones sindicales UGT, CSIF y CCOO, la disposición adicional incluida en este real decreto-ley tiene por objeto habilitar un proceso de revisión de las cuantías de la indemnización por residencia del personal del sector público estatal destinado en las Illes Balears. El Gobierno revisará en el plazo de seis meses dichas cuantías y, previa negociación colectiva, aprobará la modificación de las cuantías vigentes para adaptarlas a la situación actual. La actualización no podrá suponer una minoración de las cantidades que actualmente se abonan por este concepto. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones Públicas que soluciona con carácter permanente esa modalidad de retiro.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2757185765-1-p484189-m1510465-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/jubilacion-parcial-anticipada-del-personal-laboral-de-las-administraciones-publicashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2757185765-1-p484189-m1510465-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/jubilacion-parcial-anticipada-del-personal-laboral-de-las-administraciones-publicashttps://elderecho.com/jubilacion-parcial-anticipada-del-personal-laboral-de-las-administraciones-publicashttps://elderecho.com/jubilacion-parcial-anticipada-del-personal-laboral-de-las-administraciones-publicas2026-06-29 16:26:512026-06-29 16:26:51administrativoAdministrativo1socialSocial13Administrativo,Social484184La ficción narra conflictos, errores y descubrimientos de un despacho que se enfrenta a cómo las nuevas formas de gestionar la documentación, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la relación digital con el cliente están transformando el día a día de la abogacía. La serie, producida íntegramente con animación en inteligencia artificial, hace que la propia tecnología que protagoniza el relato sea también la que lo hace posible. Seis episodios de cuatro minutos, con un nuevo capítulo disponible cada semana, pensados para que cualquier profesional vea en pantalla todo lo que la formación Upro puede hacer para transformar y actualizar un despacho. La trama se desarrolla en el ficticio despacho madrileño Pedraza, Villanueva y Saura, con un formato mockumentary y con un tono que recuerda a la conocida The Office, donde conviven perfiles que cualquier profesional del sector reconoce. Contamos con distintos personajes: el socio fundador que lleva 30 años construyendo su reputación sobre la experiencia y el criterio, el escéptico que gestiona como siempre lo ha hecho, la socia experta en innovación que resuelve en silencio lo que otros debaten durante horas, y los nativos digitales, cuya forma de trabajar es ya un anticipo de los cambios que se están produciendo en la profesión. Cada episodio pone el foco en una competencia digital concreta y muestra, a través de situaciones cotidianas, qué cambia cuando un despacho decide formarse y qué se pierde cuando no lo hace. Un expediente que desaparece dos horas antes de un juicio, una due diligence de 300 contratos en 12 horas, un cliente que lleva semanas sin noticias. Situaciones reales para muchos despachos en España y que, en SeñorIAs, encuentran respuesta a través del programa Upro en Competencias Digitales. El lanzamiento de SeñorIAs llega en un momento especialmente significativo para el programa. Más de 25.300 profesionales de la abogacía están realizando el programa de Upro, con una buena parte en la recta final del recorrido y a punto de obtener su acreditación como abogad@ digital. Una cifra que habla por sí sola. Y una serie que, episodio a episodio, cuenta la historia que hay detrás de cada uno de ellos.La formación en competencias digitales tiene ahora un nuevo escenario. SeñorIAs es la miniserie de ficción que lleva a un formato más narrativo y dinámico los contenidos formativos del programa de Competencias Digitales de Upro. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/SenorIAs-p484184-m1510529-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/llega-senorias-la-miniserie-de-ficcion-sobre-la-transformacion-digital-en-la-abogaciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/SenorIAs-p484184-m1510529-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/llega-senorias-la-miniserie-de-ficcion-sobre-la-transformacion-digital-en-la-abogaciahttps://elderecho.com/llega-senorias-la-miniserie-de-ficcion-sobre-la-transformacion-digital-en-la-abogaciahttps://elderecho.com/llega-senorias-la-miniserie-de-ficcion-sobre-la-transformacion-digital-en-la-abogacia2026-06-29 14:36:082026-06-29 14:36:08derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico484190La CNMC ha analizado la regulación y el funcionamiento del proceso urbanístico que permite transformar suelo para construir nuevas viviendas, tanto libres como protegidas y sociales. El estudio examina todas las fases del proceso, desde el planeamiento hasta la edificación. El precio y la disponibilidad de vivienda dependen de muchos factores, pero uno de los más relevantes es la disponibilidad de suelo. El suelo puede representar hasta un 45 % del precio final de una vivienda, por lo que mejorar la eficiencia de los procesos urbanísticos puede contribuir a reducir costes, acortar plazos y ampliar la oferta, mejorando el acceso a la vivienda, tanto libre como social, en beneficio de los ciudadanos. Trabas burocráticas y regulatorias España cuenta con una de las regulaciones de uso del suelo más restrictivas del entorno OCDE. En particular, el proceso urbanístico tiene una complejidad excesiva, inconsistencia e inseguridad jurídica, rigidez desproporcionada o excesiva lentitud administrativa. En la fase de planeamiento, la delimitación detallada del suelo urbanizable y de sus usos puede reducir la capacidad de respuesta ante cambios en la demanda de vivienda o en otras actividades económicas. Además, la nulidad de los planes y la rigidez para modificarlos pueden retrasar o bloquear nuevos desarrollos. Además, los instrumentos de planeamiento son complejos, cargados de trámites y documentos que en ocasiones pueden resultar redundantes o innecesarios. La CNMC también identifica dificultades en la fase de urbanización, donde la acumulación de trámites técnicos y administrativos puede alargar los plazos y encarecer los proyectos. En la fase de edificación, la multiplicidad de controles y exigencias administrativas puede demorar la concesión de licencias y retrasar el inicio de nuevas construcciones. Por último, el estudio advierte de que la normativa sectorial —ambiental, patrimonial, de infraestructuras u otras— tiene un peso creciente en los procesos urbanísticos. Aunque estos controles responden a objetivos legítimos, su falta de coordinación o proporcionalidad puede generar duplicidades, contradicciones y nuevos retrasos. Recomendaciones para mejorar el acceso a suelo para vivienda Para lograr un mejor funcionamiento del urbanismo en España, que permita ampliar la disponibilidad de suelo y de vivienda, la CNMC propone una serie de recomendaciones: 1. Promover una mayor racionalización y coordinación regulatoria: - Simplificar y consolidar la normativa urbanística, y mejorar su digitalización y accesibilidad. - Promover una gobernanza regulatoria más cohesionada y coordinada, y una mayor ordenación supramunicipal del territorio. 2. Flexibilizar el planeamiento urbanístico: - Revisar la clasificación del suelo no protegido. - Ampliar los posibles usos del suelo. - Reducir el impacto de los planes urbanísticos sobre la competencia en otros mercados. 3. Reconocer un régimen propio y más flexible a los instrumentos urbanísticos: - Limitar la nulidad total del planeamiento. - Agilizar la tramitación de revisiones y modificaciones puntuales. - Impulsar instrumentos de urgencia para vivienda, incluyendo en particular la vivienda protegida. 4. Reducir la complejidad de los instrumentos de planeamiento y de sus procesos de elaboración, tramitación y aprobación: - Reducir el número de instrumentos de planeamiento y la carga de contenido de los Planes Generales. - Racionalizar la elaboración y aprobación de estos instrumentos. 5. Simplificar y flexibilizar la gestión urbanística: - Permitir actuaciones más flexibles a nivel administrativo, procedimental y técnico. - Establecer un sistema reglado para la elección de sistemas de gestión y reforzar los mecanismos frente a bloqueos. 6. Facilitar la edificación: - Agilizar licencias e impulsar declaraciones responsables. - Adecuar los requisitos y cargas edificatorias. - Evitar riesgos de posibles duplicidades y de falta de coordinación entre controles. 7. Mejorar el funcionamiento de los informes sectoriales: - Clarificar el ámbito de los informes, aparte de evitar duplicidades y contradicciones. - Sustituir silencios administrativos negativos por positivos. - Justificar la necesidad de todos los informes y mejorar su proporcionalidad. - Mejorar la coordinación normativa en temas sectoriales, y la integración de las evaluaciones ambientales en el urbanismo. 8. Asegurar criterios de eficiencia en la intervención de las AAPP en el suelo, mejorando su predictibilidad y la transparencia: - Reforzar la predictibilidad y la transparencia de la intervención administrativa, así como el control y la legitimidad de los convenios urbanísticos. - Revisar los instrumentos de intervención en el ámbito del suelo. 9. Dotar adecuadamente a los organismos públicos encargados del proceso urbanístico y acudir al asesoramiento de la CNMC.El estudio plantea abreviar procesos, simplificar y coordinar la regulación y flexibilizar el planeamiento, manteniendo las garantías necesarias.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2679677233-1-p484190-m1510489-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-cnmc-propone-reducir-trabas-urbanisticas-para-aumentar-la-oferta-de-viviendahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2679677233-1-p484190-m1510489-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-cnmc-propone-reducir-trabas-urbanisticas-para-aumentar-la-oferta-de-viviendahttps://elderecho.com/la-cnmc-propone-reducir-trabas-urbanisticas-para-aumentar-la-oferta-de-viviendahttps://elderecho.com/la-cnmc-propone-reducir-trabas-urbanisticas-para-aumentar-la-oferta-de-vivienda2026-06-29 14:05:052026-06-29 14:05:05administrativoAdministrativo1inmobiliarioInmobiliarioAdministrativo,Inmobiliario484188En concreto, el segundo paquete cuenta con medidas que ascienden a 1.825 millones de euros este año, a la que se añaden otros 2.700 millones de euros de ahorro fiscal en 2027 y 2028, por la rebaja, hasta su eliminación definitiva, del impuesto a la producción energética. Así, mantiene la misma estructura que el primer paquete del Plan Integral de respuesta al incluir dos grandes ejes: un primero de carácter coyuntural para dar continuidad a la protección, a través de la prórroga por tres meses de medidas que vencían el 30 de junio, incorporando flexibilidad alineada a la menor incertidumbre actual y ajustes técnicos recomendados por Bruselas, y un segundo de medidas estructurales orientadas al refuerzo de la soberanía energética, la menor dependencia de combustibles fósiles y la resiliencia de la economía española frente a futuras crisis externas. Medidas en el ámbito tributario En el ámbito tributario, el Real Decreto-ley aprobado supondrá adoptar nuevas rebajas y modificaciones fiscales en tributos relacionados con los carburantes y la energía. Estas medidas suponen la continuación del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo, que implicó, entre otras medidas, la rebaja de la fiscalidad energética. En concreto, el nuevo Real Decreto-ley introduce una rebaja en el Impuesto sobre Hidrocarburos, algo que beneficiará al precio del gasóleo y las gasolinas sin plomo. Esa bajada del tipo del gravamen será de 15 céntimos de euro por litro en el mes de julio, de 10 céntimos de euro por litro en agosto y de 5 céntimos de euro por litro en septiembre. No obstante, este nuevo Real Decreto-ley ha incorporado un mecanismo de salvaguarda por el que se prevén tipos más reducidos en agosto y septiembre si en junio o julio de 2026 la variación del IPC de la gasolina o del gasóleo superara en más de un 15% el IPC del mismo mes de 2025. Ello permitiría incrementar a 20 céntimos por litro la rebaja en el Impuesto de Hidrocarburos en el caso de una evolución desfavorable de los precios en los carburantes. Hay que tener en cuenta que el gravamen en el Impuesto sobre Hidrocarburos ya estaba en el mínimo permitido por la Comisión Europea tras la rebaja fiscal aprobada en marzo, de tal manera que la nueva bajada fiscal situará algunos de los tipos de este impuesto por debajo del umbral mínimo establecido en la Directiva comunitaria de fiscalidad de la energía, si bien en este Real Decreto-ley se hará uso de la posibilidad que ofreció la propia Comisión Europea de establecer esa fiscalidad por debajo de esos mínimos establecidos, algo que se le ha comunicado al órgano comunitario. Recuperación del IVA y del Impuesto Especial en función del IPC Asimismo, en este Real Decreto-ley se contempla la aplicación de otras dos medidas para el supuesto de una evolución desfavorable de los precios de la electricidad y el gas, estableciendo un mecanismo de salvaguarda que permita reactivar medidas si la coyuntura así lo exigiera. Esas medidas afectan tanto al Impuesto Especial sobre la Electricidad como al IVA de productos energéticos. La recuperación de las medidas se aplicaría en agosto y septiembre y únicamente si los precios de cada uno de estos productos energéticos correspondiente al mes de junio (medida aplicable en agosto) o de julio (aplicable para el mes de septiembre), se encareciera en más de un 15% respecto del precio de los mismos meses del año anterior. De esta forma, en esos casos, se volverían a aplicar las medidas aprobadas en marzo. Es decir, en el caso del IVA de la electricidad, el gas natural, los pellets y la leña, se volvería a reducir el tipo del 21 al 10%. Por su parte, en el Impuesto Especial sobre la Electricidad se bajaría de nuevo del 5,1% al 0,5%. Medidas para profesionales y sectores productivos En cuanto a medidas destinadas a determinados sectores que se han visto más afectados por los efectos de la guerra, este Real Decreto-ley mantiene las medidas extraordinarias aprobadas en marzo para amortiguar el precio de determinados productos energéticos. En ese sentido, se amplía hasta finales de septiembre la ayuda extraordinaria y temporal para el gasóleo agrícola, una ayuda gestionada por la Agencia Tributaria. Asimismo, también se ampliarán hasta el 30 de septiembre las ayudas extraordinarias a las empresas de transporte por carretera para compensar el precio del gasóleo de uso profesional, tanto los que tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos como las empresas de transporte por carretera que no se beneficien de esa devolución parcial de Hidrocarburos, como autónomos, las sociedades con licencias de transporte o los titulares de autobuses urbanos, entre otros. Esas ayudas también son gestionadas por la Agencia Tributaria. Ámbito energético Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica Asimismo, en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, ya en el Real Decreto-ley de 20 de marzo, se introdujeron medidas relativas al cálculo de la base imponible y de los pagos fraccionados correspondientes al ejercicio 2026, de tal forma que para establecer la base imponible se minoraba el importe de las retribuciones percibidas por la producción e incorporación de energía eléctrica durante el primer trimestre en un 10%, y en su totalidad durante el segundo trimestre. Este nuevo Real Decreto-ley establece que a esas dos minoraciones del primer y segundo trimestre se añadirán una reducción del 30% en el tercer trimestre y del 40% en el cuarto trimestre de 2026. Además, se introducen modificaciones en este impuesto, toda vez que está previsto que los costes del sistema eléctrico disminuyan a la mitad en 2027 respecto de los del ejercicio 2026. De esta forma, el tipo de gravamen de este Impuesto será del 3,5% para 2027, reduciéndose a la mitad del gravamen establecido (7%). Y para 2028 y los años siguientes está previsto que no sea necesario este impuesto para financiar los costes del sistema eléctrico, de manera que el tipo del impuesto para 2028 y siguientes será del 0%. Implantación de generación renovable y la producción de biogás Además, en materia energética, para seguir acelerando la implantación de generación renovable y la producción de biogás con el máximo retorno socioeconómico para los territorios próximos a las instalaciones y con el mínimo impacto ambiental, se habilita al Organismo Nacional de Normalización (UNE) a desarrollar con normas técnicas el sello de excelencia social, territorial y ambiental que permite disfrutar de una tramitación preferente a los mejores proyectos. También se introducen medidas para agilizar la repotenciación de líneas eléctricas existentes, especialmente para anticipar la conexión de nuevas demandas, así como la posibilidad de incorporar baterías para prestar servicios técnicos en los territorios no peninsulares, reduciendo con ello el consumo de combustibles fósiles. Información del mercado de carburantes Y se habilita a la CNMC a solicitar la información necesaria para conocer el funcionamiento del mercado de carburantes a los agentes mayoristas y minoristas de la cadena de distribución, en el ejercicio de sus competencias. También se amplía la obligación que ya tenían los operadores con capacidad de refino en España de informar semanalmente al Regulador sobre sus costes de aprovisionamiento y sus precios de venta al resto de operadores mayoristas. Y si el Regulador aprecia un comportamiento anómalo de algún agente, además de iniciar el procedimiento sancionador que corresponda, podrá incluir información individualizada sobre estos sujetos en su reporte semanal sobre el mercado de carburantes.El Consejo de Ministros ha aprobado el segundo Real Decreto-ley del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, aprobado el pasado 20 de marzo, en línea con el proceso de desescalada del conflicto.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2498981293-1-p484188-m1510444-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aprobado-el-segundo-rd-ley-del-plan-integral-de-respuesta-a-la-crisis-en-oriente-mediohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2498981293-1-p484188-m1510444-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aprobado-el-segundo-rd-ley-del-plan-integral-de-respuesta-a-la-crisis-en-oriente-mediohttps://elderecho.com/aprobado-el-segundo-rd-ley-del-plan-integral-de-respuesta-a-la-crisis-en-oriente-mediohttps://elderecho.com/aprobado-el-segundo-rd-ley-del-plan-integral-de-respuesta-a-la-crisis-en-oriente-medio2026-06-29 14:00:452026-06-29 14:00:45administrativoAdministrativo1Administrativo484193La pasarela al RETA para los profesionales integrados en mutualidades alternativas constituye una cuestión de gran relevancia jurídica, social e institucional. Afecta directamente al encaje entre la previsión social profesional y el sistema público de Seguridad Social, así como a la protección de quienes ejercieron durante años al amparo de un modelo legalmente admitido. El objeto de esta sesión es analizar, desde una perspectiva técnica y práctica, el origen del problema, el estado actual del debate y los principales retos que plantea una eventual transición al RETA, con especial atención a sus implicaciones para los mutualistas, la Mutualidad y el conjunto del sistema de previsión social. La sesión contará con la intervención de Rafael Navas, director general del Grupo Mutualidad de la Abogacía, que abordará los principales aspectos críticos de esta materia. El webinar será moderado por Pilar Menor, miembro del Comité Ejecutivo de FORELAB, Global Co-Chair de Laboral y Senior Partner de DLA Piper en España. Para asistir será necesaria inscripción previa. Inscripción general    El Foro Español de Laboralistas celebrará el próximo viernes 3 de julio de 2026, de 09:30 a 10:30 horas, el webinar “La pasarela al RETA y el futuro de la previsión social profesional”.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Webinar-Forelab-RETA_img-p484193-m1510565-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/forelab-organiza-un-webinar-sobre-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Webinar-Forelab-RETA_img-p484193-m1510565-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/forelab-organiza-un-webinar-sobre-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/forelab-organiza-un-webinar-sobre-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/forelab-organiza-un-webinar-sobre-la-pasarela-al-reta2026-06-29 13:15:112026-06-29 13:15:11socialSocial13Social