https://elderecho.com/feedes480242Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, ha celebrado el Congreso Laboral 2026, un encuentro de referencia en que destacados expertos del ámbito del derecho laboral, empleo, trabajo y Seguridad Social analizan las principales novedades legislativas y jurisprudenciales. La nueva edición se ha centrado en cuestiones cruciales como el nuevo panorama laboral, la ordenación del tiempo de trabajo, el nuevo SMI, la IA y los controles empresariales o el proceso laboral. La nueva edición del Congreso Laboral de Lefebvre ha contado con la colaboración del Banco Santander, Deloitte Legal, ECIJA, KPMG Abogados y la Universidad CEU San Pablo, así como con el apoyo de ADiReLab, ASNALA, FORELAB y el Consejo General de Graduados Sociales de España. La jornada, celebrada en formato híbrido, fue inaugurada por Rosa Visiedo, rectora de Universidades CEU; Antonio Sempere, magistrado del Supremo y catedrático de Universidad, así como director académico del Congreso, y Juan Pujol, presidente de Lefebvre. La primera sesión se centró en la ordenación del tiempo de trabajo y abordó cuestiones como los permisos laborales, el registro de jornada y la conciliación. La mesa estuvo liderada por Luisa Gómez, magistrada del Tribunal Supremo, y Covadonga Roldán, socia de Deloitte Legal. Roldán señaló que “el registro biométrico no es válido como sistema de control horario por falta de habilitación legal específica”, mientras que Gómez aclaró la duración del permiso familiar y su vínculo con “la necesidad de cuidados”. A continuación, Cristina Aragón, titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UNED, y Ana de la Puebla, catedrática de la UAM y Of Counsel de Baker Mckenzie analizaron las retribuciones, la compensación en las subidas del salario mínimo y el impacto de las ausencias por enfermedad en los complementos salariales. Impacto de la IA en el ámbito laboral El bloque dedicado a la IA, los algoritmos y los controles empresariales, contó con la participación de Rafael López, magistrado del Tribunal Supremo; Pilar Menor, miembro del Comité Ejecutivo de FORELAB y socia de DLA Piper, y Raúl Rojas, socio de Laboral de ÉCIJA, quienes analizaron la relevancia de la transparencia de las herramientas tecnológicas y las implicaciones legales de las pruebas videográficas o del recurso a detectives. Rojas destacó que “la IA se utiliza cada vez más como complemento para el análisis masivo de datos y la identificación de patrones”. Por su parte, Menor puso de relieve que “el uso de sistemas algorítmicos obliga a las empresas a informar a los trabajadores para garantizar certeza y confianza”. En la mesa dedicada al proceso laboral, Juan Manuel Ortiz, miembro de la Junta directiva de ASNALA y socio de IURISLAW Abogados, y Sandra García, magistrada de lo Social de Tribunales de Instancia de Madrid, analizaron la evolución organizativa de los tribunales, los últimos pronunciamientos en materia de despido o los juicios telemáticos. Posteriormente, Susana Molina, magistrada del TSJ de Madrid, y Javier Sánchez Millanes, de la Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones de la Tesorería de la Seguridad Social, plantearon las distintas realidades laborales y sectoriales vinculadas al empleo público con especial hincapié en el personal indefinido no fijo, becarios y directivos. Incapacidad y absentismo laboral La incapacidad temporal y permanente, así como la gestión del absentismo laboral, protagonizaron la siguiente mesa, en la que participaron Olimpia del Águila, responsable de Igualdad y Seguridad Social de CEOE; Yolanda Valdeolivas, catedrática de Derecho del Trabajo de la UAM y Of Counsel de Pérez-Llorca; y Carlos de la Torre, socio de Andersen y vicepresidente de ADiReLab. También hubo espacio para tratar cuestiones relacionadas con la Seguridad Social, la cotización en el régimen de autónomos, las prestaciones o las pensiones, de la mano de Lourdes Meléndez Morillo-Velarde, catedrática en la URJC y magistrada, y Andrés Ramón Trillo García, jefe de Servicios Jurídicos de la Seguridad Social. En la mesa dedicada a la negociación colectiva, Jesús Cruz, presidente de la CCNCC; Eva Urbano, directora del Gabinete Jurídico Confederal de CCOO, y David Martínez Saldaña, socio de Laboral de KPMG, abordaron el impacto de la digitalización en la transmisión de empresa. La última mesa del Congreso estuvo dedicada a las infracciones administrativas y penales en el ámbito laboral. En ella participaron Ana Ercoreca de la Cruz, presidenta de FEDECA y secretaria general de la Asociación Internacional de Inspección de Trabajo, y Álvaro Rodríguez de la Calle, socio del área Laboral de ECIJA. El encuentro fue clausurado por Juan Pujol, presidente de Lefebvre; Ana Gómez de ASNALA; Fermín Guardiola, presidente de FORELAB; Joaquín Merchán, presidente del Consejo de Graduados Sociales; y Antonio Sempere, que incidió en la capacidad del ámbito laboralista para generar conocimiento compartido, algo que quedaba reflejado en el evento organizado por Lefebvre con “la construcción de una verdadera comunidad profesional”.Lefebvre refuerza su compromiso con la actualización y formación continua de los profesionales del derecho, con una nueva edición de su espacio para el debate sobre los cambios normativos y jurisprudenciales que redefinen el panorama laboral.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Juan-Pujol-Antonio-Sempere-y-Jose-Angel-Sandin-en-el-Congreso-Laboral-de-Lefebvre-2026-p480242-m1497345-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-nuevo-panorama-laboral-las-novedades-jurisprudenciales-el-tiempo-de-trabajo-y-la-ia-marcan-el-congreso-laboral-2026-de-lefebvrehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Juan-Pujol-Antonio-Sempere-y-Jose-Angel-Sandin-en-el-Congreso-Laboral-de-Lefebvre-2026-p480242-m1497345-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-nuevo-panorama-laboral-las-novedades-jurisprudenciales-el-tiempo-de-trabajo-y-la-ia-marcan-el-congreso-laboral-2026-de-lefebvrehttps://elderecho.com/el-nuevo-panorama-laboral-las-novedades-jurisprudenciales-el-tiempo-de-trabajo-y-la-ia-marcan-el-congreso-laboral-2026-de-lefebvrehttps://elderecho.com/el-nuevo-panorama-laboral-las-novedades-jurisprudenciales-el-tiempo-de-trabajo-y-la-ia-marcan-el-congreso-laboral-2026-de-lefebvre2026-04-29 16:54:152026-04-29 16:54:15sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social480270Entre los principales avances se encuentra el paso de un sistema de consultas aisladas a un chat continuo con la resolución, que permite interactuar directamente con cada uno de los documentos. El usuario puede profundizar en el contenido mediante preguntas sucesivas, con respuestas siempre basadas en la propia resolución, garantizando así la fiabilidad de la información. Además, el sistema prioriza los denominados “elementos esenciales del análisis”, entre los que destacan la ratio decidendi, la fundamentación jurídica, los hechos relevantes o las alegaciones de las partes. Esta estructuración facilita una comprensión rápida y profunda del contenido jurídico. Otro avance que resulta fundamental se encuentra en el módulo de resoluciones similares, que abandona la simple ordenación cronológica para incorporar un filtrado más exigente y una clasificación inteligente de resultados. Ahora, las sentencias se agrupan, compartan o no la misma conclusión. Esto aporta un valor analítico mucho más relevante para el profesional del derecho. GenIA-L no solo mejora la eficiencia en la búsqueda de información, sino que permite un diálogo real con las resoluciones y ofrece un análisis jurídico más estructurado y útil, posicionándose como una herramienta sin equivalente actual en el mercado.La nueva generación de IA jurídica introduce mejoras sustanciales tanto en la experiencia de usuario como en la calidad del análisis.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/CABECERA-1480x449-1-p480270-m1497410-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/genia-l-el-analisis-ia-mas-potente-y-las-resoluciones-similares-mas-relevanteshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/CABECERA-1480x449-1-p480270-m1497410-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/genia-l-el-analisis-ia-mas-potente-y-las-resoluciones-similares-mas-relevanteshttps://elderecho.com/genia-l-el-analisis-ia-mas-potente-y-las-resoluciones-similares-mas-relevanteshttps://elderecho.com/genia-l-el-analisis-ia-mas-potente-y-las-resoluciones-similares-mas-relevantes2026-04-29 16:50:182026-04-29 16:50:18sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico480201La creciente complejidad regulatoria está generando mayores retos operativos y un incremento de los costes empresariales, tal y como coincide un 66% de los líderes empresariales que han participado en el último informe Global Tax Outlook 2025, elaborado por BDO, que recoge las conclusiones de 500 líderes fiscales de todo el mundo. Según este informe, el 81% de las empresas reconoce invertir más tiempo en atender requerimientos de las autoridades fiscales que en 2023, lo que genera un impacto en los recursos internos y en la calidad del cumplimiento. Los directivos encuestados afirman que la inversión en tecnología y las capacidades requeridas en los equipos internos se están acelerando, que la externalización híbrida se está normalizando y que la IA está ascendiendo rápidamente en la cadena de valor. A medida que el panorama regulatorio se ha vuelto cada vez más complejo, la función fiscal se ha visto obligada a adaptarse rápidamente para hacer frente a nuevas exigencias normativas, marcos fiscales globales más sofisticados y mayores expectativas por parte de las autoridades tributarias. En este contexto, las empresas se enfrentan a dos grandes desafíos interrelacionados que están redefiniendo las prioridades de los departamentos fiscales. Presión regulatoria: un desafío en constante evolución Navegar el entorno regulatorio es el principal reto para el 50% de los encuestados por BDO. La complejidad del marco fiscal global, incluido el Pilar II de la OCDE y los requerimientos de reporting digital, están contribuyendo a incrementar la carga de trabajo y a una mayor exposición al riesgo. Esta carga regulatoria se ve agravada por retos operativos. Casi dos tercios de los encuestados (61%) admite incumplir los plazos de presentación de declaraciones, mientras que la mitad (50%) reconoce presentar declaraciones inexactas, cuyos errores pueden desencadenar inspecciones con costes elevados e impactar negativamente en las relaciones con las autoridades fiscales. Con estos retos sobre la mesa, las empresas están reaccionando y están afrontando las debilidades operativas, incorporando los requisitos de cumplimiento en la planificación fiscal e invirtiendo en tecnología, con el fin de mejorar los niveles de calidad en el cumplimiento de las obligaciones. Carlos López, socio del área Fiscal de BDO, considera: "La complejidad fiscal se ha convertido en uno de los principales riesgos operacionales para las empresas. Los departamentos fiscales no solo deben garantizar el cumplimiento normativo, sino anticiparse a los cambios regulatorios y minimizar la exposición a contingencias que pueden afectar tanto a la cuenta de resultados como a la reputación corporativa”. El creciente coste del cumplimiento Los costes de cumplimiento se están incrementando ante la presión regulatoria actual. Como se ha mencionado, dos tercios de las empresas espera aumentos significativos en sus presupuestos de cumplimiento debido a las inversiones necesarias en infraestructura tecnológica y capital humano. Este crecimiento de costes está impulsado directamente por la presión regulatoria y refleja cómo las organizaciones están teniendo que destinar recursos significativos para mantener el ritmo de los cambios normativos y cumplir con estándares cada vez más exigentes. Ante esta nueva realidad, según se desprende del informe elaborado por BDO, los líderes empresariales ya están actuando: un 62% de las empresas consultadas afirma estar potenciando sus inversiones en las capacidades y formación de sus equipos. En este cambio se refleja una tendencia más amplia hacia estrategias integradas, que combinan tecnología con externalización de servicios, marcándose como objetivo el alcanzar la excelencia en el cumplimiento normativo. IA: ¿Motor del cambio o trabajo en curso? Las empresas consultadas por BDO reconocen estar implementando la IA para gestionar la planificación fiscal, el análisis de escenarios y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, aunque la mayoría reconoce que todavía está en las fases iniciales. Casi tres cuartas partes de los encuestados (70%), está utilizando actualmente la IA para la gestión del conocimiento y de los datos, y la mayoría admite que espera obtener mejoras significativas en precisión y eficiencia, en los próximos tres años. Además, el 51% de los líderes empresariales consultados prevé que la IA les permitirá destinar talento interno a trabajo estratégico de alto valor, con el objetivo de aumentar la calidad y la productividad. La externalización en aumento: flexibilidad por encima de fórmulas La externalización para afrontar el cumplimiento fiscal está creciendo, conforme las empresas se van enfrentando a los retos de capacidad y recursos. Así, el 71% de las empresas consultadas admite estar adoptando alguna forma de externalización. Los enfoques híbridos que combinan la experiencia de las asesorías internas con los servicios externalizados están creciendo, proporcionando flexibilidad y acceso a conocimiento especializado. Los directores financieros y fiscales destacan la flexibilidad (69%), la calidad del servicio (66%) y la liberación de tiempo para dedicarlo a trabajo estratégico (48%) como los principales beneficios de externalizar. Además, el 47% de las empresas están invirtiendo en soluciones externalizadas. Este nuevo enfoque colaborativo está ayudando a las empresas a convertir la externalización en una ventaja competitiva estratégica, además de concebirlo como un ejercicio de reducción de costes. Carlos López, socio director del área Fiscal de BDO Abogado, expresa "las organizaciones están respondiendo con inversiones estratégicas en tres áreas clave: tecnología avanzada, formación del talento y modelos híbridos que combinan capacidades internas con soporte externo especializado. Esta combinación permite no solo mejorar la eficiencia operativa, sino también liberar recursos para que los equipos fiscales puedan centrarse en aportar valor estratégico al negocio”.Las empresas se están enfrentando a crecientes presiones de cumplimiento normativo, y reconocen que la complejidad regulatoria es el principal reto al que se enfrentan, según el último informe Global Tax Outlook 2025, elaborado por BDO.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/BDO_Oficinas-scaled-p480201-m1497270-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-66-de-las-empresas-preven-un-aumento-de-los-costes-de-cumplimiento-fiscal-en-2026-para-poder-hacer-frente-a-la-exigente-normativa-segun-bdohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/BDO_Oficinas-scaled-p480201-m1497270-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-66-de-las-empresas-preven-un-aumento-de-los-costes-de-cumplimiento-fiscal-en-2026-para-poder-hacer-frente-a-la-exigente-normativa-segun-bdohttps://elderecho.com/el-66-de-las-empresas-preven-un-aumento-de-los-costes-de-cumplimiento-fiscal-en-2026-para-poder-hacer-frente-a-la-exigente-normativa-segun-bdohttps://elderecho.com/el-66-de-las-empresas-preven-un-aumento-de-los-costes-de-cumplimiento-fiscal-en-2026-para-poder-hacer-frente-a-la-exigente-normativa-segun-bdo2026-04-29 13:23:332026-04-29 13:23:33fiscalFiscal6sector-juridicoSector jurídicoFiscal,Sector jurídico480200La presidenta del CGN, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y el secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo Martínez, rubricaron el acuerdo, que facilitará al organismo público disponer de datos de gran valor y utilidad sobre operaciones inmobiliarias, hipotecarias, mercantiles y, en general, financieras, que reflejen la realidad de la actividad económica en nuestro país. Esta información contribuirá a la elaboración de estudios, prospecciones y análisis orientados al diseño de políticas públicas de interés general en el ámbito económico. Asimismo, ambas instituciones realizarán un seguimiento conjunto de las metodologías de investigación y tratamiento de datos, con el fin de asegurar la eficiencia y calidad de los resultados obtenidos. El Índice Único Informatizado Notarial es la segunda base de datos con mayor volumen de información de España, solo tras la Agencia Tributaria. En este sentido, la presidenta del Consejo General del Notariado ha señalado que “los notarios autorizamos ocho millones de documentos al año, cuyos datos se graban de manera parametrizada y estructurada en nuestro Índice Único, que contiene información de más de 175 millones de documentos notariales: es el mejor radar a disposición de las Administraciones y autoridades públicas”. Por su parte, el secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo, ha destacado que “este acuerdo con el Notariado es un claro reflejo de la apuesta del Ministerio por diseñar políticas económicas basadas en la evidencia: nos permitirá afinar nuestros diagnósticos y actuar con mayor eficacia en un ámbito tan crucial como el de la vivienda. Sin duda, contribuirá además a seguir marcando el camino y extender este enfoque a colaboraciones con otros organismos”. Con la firma de este convenio, el Notariado reafirma su compromiso con la colaboración institucional con las Administraciones para contribuir al diseño y la mejora de políticas públicas que redunden en beneficio del conjunto de la sociedad. Un canal de comunicación ágil y seguro A efectos de acceso a los datos, el Centro Tecnológico del Notariado habilitará un canal de comunicación digital, ágil y eficiente, que permitirá a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa la solicitud y consulta de información y la interconexión con la Sede Electrónica Notarial, reconocida con el nivel alto en el Esquema Nacional de Seguridad, garantizando los máximos estándares de seguridad y la protección de los datos. El convenio establece además la creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por representantes de cada una de las partes, que definirá las condiciones técnicas de acceso a la información y prestación del servicio, y velará por el correcto cumplimiento de los compromisos adquiridos.El CGN el Centro Tecnológico del Notariado y la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa han suscrito un convenio de colaboración que permitirá a este órgano del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa el acceso telemático a la información anonimizada del Índice Único Informatizado Notarial, con el objetivo de realizar un seguimiento eficaz de la evolución económica que contribuya a la adopción de medidas para la mejora de la competitividad empresarial y el crecimiento económico.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Foto-Israel-Arroyo-y-Concepcion-Barrio-firman-el-convenio-p480200-m1497237-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-consejo-general-del-notariado-y-la-secretaria-de-estado-de-economia-refuerzan-su-colaboracion-para-el-analisis-de-la-actividad-economica-y-la-mejora-de-las-politicas-publicashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Foto-Israel-Arroyo-y-Concepcion-Barrio-firman-el-convenio-p480200-m1497237-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-consejo-general-del-notariado-y-la-secretaria-de-estado-de-economia-refuerzan-su-colaboracion-para-el-analisis-de-la-actividad-economica-y-la-mejora-de-las-politicas-publicashttps://elderecho.com/el-consejo-general-del-notariado-y-la-secretaria-de-estado-de-economia-refuerzan-su-colaboracion-para-el-analisis-de-la-actividad-economica-y-la-mejora-de-las-politicas-publicashttps://elderecho.com/el-consejo-general-del-notariado-y-la-secretaria-de-estado-de-economia-refuerzan-su-colaboracion-para-el-analisis-de-la-actividad-economica-y-la-mejora-de-las-politicas-publicas2026-04-29 13:11:142026-04-29 13:11:14sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico480199El nombramiento reconoce una carrera construida desde dentro y refuerza el compromiso del equipo con el desarrollo de perfiles técnicos, especializados y con proyección internacional. Cristina se incorporó a Clyde Co en 2018 como abogada en prácticas, después de cursar el Máster en Negocio y Derecho Marítimo del Instituto Marítimo Español y la Universidad Pontificia Comillas. Desde entonces, ha formado parte del equipo de Transporte en Madrid, lo que le ha permitido desarrollar una sólida formación y experiencia en asuntos marítimos, aeronáuticos y regulatorios. En el equipo que lidera Enrique Navarro, Cristina ha intervenido en asuntos de especial complejidad vinculados a siniestros de aviación, marítimos y energéticos, así como en proyectos relacionados con trading, insolvencia y descarbonización. Este recorrido le ha permitido trabajar en operaciones con un marcado componente técnico y transfronterizo, en coordinación con equipos de distintas jurisdicciones. Además, ha desarrollado una práctica específica de asesoramiento a compañías aseguradoras, intermediarios y operadores del mercado en materia regulatoria. Su experiencia abarca distribución de seguros, cumplimiento normativo, modelos transfronterizos, insurtechs y MGAs, así como el análisis del impacto de nuevos marcos normativos en el sector asegurador. Para Enrique Navarro y Miguel Relaño, socios codirectores de Clyde Co en España, “la promoción de Cristina tiene un significado especial porque refleja una trayectoria construida desde el inicio dentro del despacho. Desde su incorporación como abogada en prácticas, ha crecido en asuntos cada vez más complejos, hasta convertirse en una profesional de referencia para el equipo y para nuestros clientes. Su evolución representa también el papel que está asumiendo una nueva generación de abogados, con capacidad para aportar criterio técnico en sectores sometidos a una intensa evolución normativa, tecnológica y de negocio”. Prueba de ello es que, a lo largo de estos años, Cristina también ha participado en iniciativas de formación, mentoring y conocimiento interno, contribuyendo al desarrollo de abogados junior y al fortalecimiento de equipos especializados. Además, participa de forma habitual en foros y encuentros sectoriales, lo que refuerza su papel en la difusión de conocimiento técnico dentro y fuera del despacho. Asimismo, forma parte de WISTA, asociación internacional que promueve la visibilidad y el liderazgo femenino en los sectores marítimo, trading y del transporte, y actualmente cursa el Programa Superior The Next Generation of Women in Insurance de INESE. Con esta promoción, Clyde Co gana peso en un tipo de asesoramiento cada vez más demandado por el mercado: el que exige entender el funcionamiento real de los sectores regulados y, al mismo tiempo, conocer cómo responden las aseguradoras ante nuevos riesgos.Clyde Co, firma internacional especializada en seguros, ha promocionado a Cristina Pérez Ruiz como socia en su oficina de Madrid, tras una trayectoria de ocho años en el despacho.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Cristina_Perez-p480199-m1497201-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/clyde-co-promociona-a-socia-a-cristina-perez-ruizhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Cristina_Perez-p480199-m1497201-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/clyde-co-promociona-a-socia-a-cristina-perez-ruizhttps://elderecho.com/clyde-co-promociona-a-socia-a-cristina-perez-ruizhttps://elderecho.com/clyde-co-promociona-a-socia-a-cristina-perez-ruiz2026-04-29 13:05:242026-04-29 13:05:24sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico480186El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) ha celebrado una rueda de prensa previa a la entrega del Premio CEDRO, que, en su décimo aniversario, reconoce al escritor y periodista Javier Sierra por su contribución a la defensa de los derechos de autor y la cultura escrita. En el encuentro han intervenido Javier Sierra, escritor y Premio CEDRO 2026; Carme Riera, presidenta de CEDRO; y Jorge Corrales, director general de la Entidad, quienes han puesto de manifiesto que autores y editores reclaman un movimiento urgente de la Administración, basado en liderazgo, coordinación y cumplimiento efectivo de la ley, también en el ámbito de la inteligencia artificial (IA). Los tres han coincidido en que la protección de los derechos de autor no es una cuestión sectorial, sino una decisión política que define el modelo de cultura y de democracia que se quiere construir. Reconocimiento por la defensa de los derechos de autor La presidenta de CEDRO ha destacado que el galardón reconoce el firme compromiso de Javier Sierra con los derechos de autor: «Javier ha sido un altavoz contra la piratería, ha reclamado el liderazgo de las Administraciones Públicas en el fortalecimiento de la cultura escrita y ha advertido de los desafíos que la IA plantea para los creadores y para el conjunto de la sociedad». Por este motivo, ha subrayado que «diez años después, ese compromiso sigue siendo más necesario que nunca, como estamos viendo con el tema de la IA» y ha recordado que «sin respeto a los derechos de autor, no hay cultura sostenible». El escritor ha agradecido este galardón y ha explicado que «nos enfrentamos a una lucha épica en dos frentes: por un lado, lograr una gestión material, de alcance planetario, de los derechos de autor, que incluya los usos que la IA hace de nuestros libros. Pero, por otro, contener las amenazas a la originalidad y a la libertad creativa a las que están abocándonos los algoritmos que alimentan esa Inteligencia Artificial. De cómo salgamos de ambos desafíos depende tanto el futuro económico como la solvencia intelectual de la literatura». Una década después: la situación de los derechos de autor no mejora En este encuentro con los medios, el director general de CEDRO ha advertido de que «la situación de los derechos de autor por la reutilización de los contenidos editoriales no ha mejorado». Según ha explicado, persisten problemas como la piratería del libro y la prensa, la falta de transparencia en la reutilización de publicaciones en el ámbito educativo y administrativo, la ausencia de información sobre derechos de autor y, ahora, se añade el impacto de la inteligencia artificial en la cultura escrita, una situación originada por «las políticas desequilibradas del “todo gratis”». Desde CEDRO han valorado positivamente la reciente Declaración en favor de los derechos de autor y la propiedad intelectual aprobada por el Consejo de Ministros. Sin embargo, Corrales ha subrayado que «el reconocimiento no basta si no va acompañado de hechos y de un respeto real y efectivo por parte del sector público». También ha recordado que autores y editores no reclaman nuevos derechos, sino el cumplimiento de la ley vigente, basado en transparencia, autorización y remuneración justa, y ha advertido de que «sin mecanismos reales de cumplimiento, los derechos se convierten en una mera declaración formal». En este sentido, Sierra ha puesto el foco en la gestión de las Bibliotecas. «Muchas trabajan en precario, con escasez de personal y de medios. Y esas carencias se notan también en la ausencia de pagos de los cánones por derechos de autor que son comunes en países de nuestro entorno y que van destinados a compensar a los autores por el préstamo de sus textos. Las Administraciones deben ser conscientes de esos ahogos y dotar como se merece a una de nuestras mejores herramientas culturales». Falta de liderazgo del sector público En la sesión se ha recordado que, tal y como recoge el Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, el estudio anual impulsado por CEDRO, los principales problemas a los que se enfrentan actualmente autores y editores son el incumplimiento de la Ley de Propiedad Intelectual y la normalización de usos no autorizados —que van desde la piratería y los usos en el ámbito educativo hasta la reutilización de contenidos editoriales por sistemas de inteligencia artificial—, así como la escasez de información sobre los derechos de autor y, especialmente, la falta de liderazgo del sector público en el respeto efectivo de la propiedad intelectual. Por su parte, el escritor galardonado ha insistido en que «el principal problema no es únicamente el robo de contenidos, sino la permisividad institucional que lo hace posible por dejación», y ha pedido una acción coordinada que contribuya a generar una conciencia colectiva sobre lo que implica el acceso a la propiedad intelectual. La ciudadanía, más consciente del valor de la cultura escrita A pesar de la falta de avances institucionales, Jorge Corrales ha destacado que se están produciendo cambios positivos en la percepción de la ciudadanía. En concreto, ha subrayado que, según el Observatorio, existe una mayor valoración de la cultura escrita, una creciente desconfianza hacia las grandes tecnológicas y una demanda clara de liderazgo público para reforzar los derechos vinculados a la cultura escrita. Un consenso social que, ha insistido, legitima la acción pública para fortalecer el sector editorial y avanzar en su sostenibilidad. Asimismo, ha añadido que «mientras la sociedad está revisando valores y hábitos para cuidar mejor de sus creadores, otros colectivos siguen operando con modelos y lógicas del pasado». Javier Sierra ha apuntado que «proteger los derechos de autor no es solo una cuestión que afecta a los creadores actuales, sino también una responsabilidad con los autores del futuro». Hacia una inteligencia artificial ética Sobre el impacto de la inteligencia artificial en la creación, se ha advertido de que, bajo el paraguas de la inteligencia artificial, se están legitimando usos masivos de contenidos protegidos sin autorización ni compensación. En consecuencia, tanto desde CEDRO como Javier Sierra han solicitado «una inteligencia artificial ética, transparente en cuanto al uso de las obras para su entrenamiento y desarrollo y una remuneración justa para los creadores de las obras que se utilizan en estos programas informáticos». Y han apuntado como modelos a seguir los liderados por Noruega, Países Bajos, Suecia y Francia. El director general de CEDRO ha señalado que en el entorno digital se ha extendido la falsa idea de que los contenidos culturales son gratuitos, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de la creación. Esta situación, ha manifestado, «se agrava con prácticas que eluden el pago de derechos y con el desarrollo de la inteligencia artificial, que reutiliza contenidos sin transparencia ni normas claras, provocando una pérdida real de derechos para los creadores». [ledShortcodes shortcodeId="442941" label="Memento Social 2025 - 442941"]Autores y editores denuncian la falta de cumplimiento de la ley y el impacto de la IA en la cultura escrita, y reclaman transparencia, autorización y remuneración justa en el uso de contenidos, también en la IA. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/jorge-corrales-javier-sierra-carme-riera-cedro-scaled-p480186-m1497160-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/cedro-premia-a-javier-sierra-por-su-defensa-por-los-derechos-de-autor-y-reclama-liderazgo-publicohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/jorge-corrales-javier-sierra-carme-riera-cedro-scaled-p480186-m1497160-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/cedro-premia-a-javier-sierra-por-su-defensa-por-los-derechos-de-autor-y-reclama-liderazgo-publicohttps://elderecho.com/cedro-premia-a-javier-sierra-por-su-defensa-por-los-derechos-de-autor-y-reclama-liderazgo-publicohttps://elderecho.com/cedro-premia-a-javier-sierra-por-su-defensa-por-los-derechos-de-autor-y-reclama-liderazgo-publico2026-04-29 11:51:312026-04-29 11:51:31derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico480113Por primera vez se alude expresamente a la salud mental y los riesgos psicosociales, que serán objeto de un desarrollo específico. Claves de la nueva norma El texto aprobado permitirá dar más protección a las personas trabajadoras atendiendo también a los riesgos psicosociales, ergonómicos y derivados del cambio climático. Por tanto, los daños a la salud derivados del trabajo se amplían y podrán ser físicos, pero también mentales, cognitivos, conductuales, sociales o emocionales, entre otros, que se reconocen explícitamente. Salud individual y colectiva La empresa deberá informar de los riesgos laborales en general, pero necesariamente también de los propios de cada actividad o función, así como de las medidas de protección aplicables. De esta manera, la vigilancia de la salud de trabajadores y trabajadoras contendrán pruebas y exámenes específicos para conocer el impacto que sobre la salud puedan tener las condiciones de trabajo, aludiendo expresamente a la salud mental y los riesgos psicosociales, que serán objeto de un reglamento específico. Todos los riesgos, también los psicosociales y climáticos y sus interacciones deberán tenerse en cuenta en la evaluación y en la planificación de medidas preventivas. Será obligatorio adoptar medidas de actuación ante catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos. Además, la evaluación de riesgos, se prevé la obligación de realizarse mediante visitas presenciales a los centros de trabajo. La diversidad de las personas trabajadoras como eje El trabajo deberá adaptarse a las características personales particulares como en los casos tras la ausencia prolongada por motivos de salud. Se establecerán procedimientos de retorno al trabajo, con actualización de la formación preventiva en determinados supuestos. Los equipos de protección individual también deberán adaptarse. La prevención tendrá perspectiva de género: cualquier puesto de trabajo podrá ser ocupado por hombres o mujeres lo que implica la obligación de tener en cuenta sus características físicas, medidas antropométricas, otras características biológicas que puedan afectar en la exposición a riesgos, así como las desigualdades derivadas del género. El Reglamento de los Servicios de Prevención se modifica para mejorar la protección de las trabajadoras embarazadas o en situación de lactancia. También tendrá en cuenta la perspectiva de edad de las personas trabajadoras. Acoso o violencia La empresa ha de garantizar la protección de las personas trabajadoras frente a situaciones de violencia y acoso sexual o por razón de sexo. La evaluación de riesgos, se prevé la obligación de realizarse mediante visitas presenciales a los centros de trabajo. Salud, prevención y formación La formación práctica sobre los riesgos del puesto de trabajo debe realizarse presencialmente, salvo causas justificadas y debidamente acreditadas. Será obligatorio realizar una vigilancia de su salud física y mental, específica de los riesgos a los que están expuestas las personas trabajadoras. La vigilancia de la salud será tanto individual, a través de exámenes de salud, como colectiva, con el fin de realizar análisis epidemiológicos para proponer y priorizar las medidas preventivas. Será obligatorio que los exámenes de salud sean específicos a los riesgos del puesto y se realizarán al inicio de la relación laboral, periódicamente y tras ausencias prolongadas del trabajo por motivos de salud. La persona trabajadora tendrá derecho a obtener una copia de su historia clínico-laboral o cualquier otro dato médico que conste en el servicio de prevención. Se limita la posibilidad de que la persona empresaria asuma personalmente las actividades de prevención a empresas de hasta diez personas trabajadoras con un único centro de trabajo y siempre que, además, aquella tenga la capacidad necesaria en función de los riesgos a los que estas estén expuestas y de la peligrosidad de las actividades. Se delimita un nuevo número, dedicación y formación de las personas trabajadoras designadas para los supuestos en los que se haya concertado alguna o algunas actividades preventivas con un servicio de prevención ajeno. También se determinan para las personas trabajadoras designadas funciones claras de cooperación e interlocución entre su empresa y el servicio de prevención. Se reduce el número de personas trabajadoras a partir del cual es obligatorio un servicio de prevención propio que deberá contar, al menos, con tres especialidades. En el caso de recurrir a servicios de prevención ajenos se clarifica el contenido de los contratos con las empresas, precisando lo que es obligatorio incluir. Se detallarán los requisitos y recursos humanos y materiales con los que deberán contar. También se establece la obligación de designar agentes territoriales de prevención de ámbito autonómico que realizarán la prevención en las empresas de menos de diez personas trabajadoras. Estarán designados por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de cada sector. Las personas delegadas de prevención deberán contar con formación adaptada a cada sector de actividad. Obligaciones inmediatas En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley: Se aprobará un reglamento de desarrollo sobre la protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras frente a los riesgos psicosociales que abordará, entre otras cuestiones, la promoción de entornos de trabajo saludables y la prevención de la conducta suicida. Se modificará la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas, para adecuarla a las modificaciones introducidas.El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de ley por la que se modifican la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; y el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2762061431-1-p480113-m1496928-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aprobado-el-anteproyecto-de-ley-que-reforma-la-actual-normativa-de-prevencion-de-riesgos-laboraleshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2762061431-1-p480113-m1496928-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aprobado-el-anteproyecto-de-ley-que-reforma-la-actual-normativa-de-prevencion-de-riesgos-laboraleshttps://elderecho.com/aprobado-el-anteproyecto-de-ley-que-reforma-la-actual-normativa-de-prevencion-de-riesgos-laboraleshttps://elderecho.com/aprobado-el-anteproyecto-de-ley-que-reforma-la-actual-normativa-de-prevencion-de-riesgos-laborales2026-04-29 07:13:132026-04-29 07:13:13socialSocial13Social480114La nueva normativa permitirá a las empresas en proceso de reestructuración solicitar apoyo para sus empleados antes de que se produzcan los despidos, con el objetivo de facilitar su transición hacia un nuevo puesto de trabajo. En concreto, el fondo podrá financiar medidas como formación, recualificación profesional, orientación laboral o apoyo a la búsqueda de empleo, con el fin de mejorar la empleabilidad de los beneficiarios. Además, la reforma amplía el ámbito de aplicación del instrumento a personal de empresas proveedoras o de otras compañías de la misma cadena de producción que puedan verse afectadas indirectamente por los recortes, una de las principales novedades del texto. El nuevo marco también introduce mejoras prácticas para agilizar el acceso a las ayudas, como la fijación de un plazo máximo de 14 semanas para presentar las solicitudes desde que se comunican los despidos previstos a las autoridades públicas, así como la posibilidad de fraccionar los pagos. Asimismo, se reservará una parte significativa del presupuesto anual del fondo para casos de despido inminente, con un límite de financiación por solicitud, lo que busca reforzar su papel preventivo y permitir una actuación más rápida ante procesos de reestructuración. La normativa ha sido aprobada en pleno por 566 votos a favor, 67 en contra y 26 abstenciones, y aún debe ser adoptada formalmente por el Consejo antes de su entrada en vigor.La Eurocámara ha dado luz verde este martes al texto definitivo para la reforma del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, con la finalidad para ampliar su alcance y permitir que también puedan beneficiarse de sus ayudas los trabajadores en riesgo de perder su empleo, y no solo aquellos que ya han sido despedidos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Despido_EDEIMA20160922_0001_1-p480114-m1496948-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/la-eurocamara-avala-ampliar-el-fondo-para-apoyar-a-trabajadores-en-riesgo-de-despidohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Despido_EDEIMA20160922_0001_1-p480114-m1496948-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/la-eurocamara-avala-ampliar-el-fondo-para-apoyar-a-trabajadores-en-riesgo-de-despidohttps://elderecho.com/la-eurocamara-avala-ampliar-el-fondo-para-apoyar-a-trabajadores-en-riesgo-de-despidohttps://elderecho.com/la-eurocamara-avala-ampliar-el-fondo-para-apoyar-a-trabajadores-en-riesgo-de-despido2026-04-29 06:58:532026-04-29 06:58:53socialSocial13Social480116Sus nombramientos, que se harán efectivos a partir del próximo 1 de mayo, se enmarcan dentro de las promociones anuales que Herbert Smith Freehills Kramer realiza a nivel global y que este año han supuesto un total de 25 nuevos socios -incluyendo a Miguel García-Casas de la oficina española de la firma- y 32 ‘Counsel’ en las distintas sedes del bufete a lo largo del mundo. Lucía Garralda, hasta ahora asociada sénior de la práctica de mercantil y M A, cuenta con una amplia experiencia en operaciones corporativas nacionales y transfronterizas, incluyendo fusiones y adquisiciones y reestructuraciones de grupos multinacionales, elaboración de acuerdos de accionistas y de inversión, capital privado, secretarías de Consejos de administración y procesos de due diligence en una amplia variedad de sectores. Está cualificada para ejercer la abogacía en España y en Nueva York. Por su parte, Leonie Timmers está especializada en ASG (ambiental, social y de gobierno –ESG, por sus siglas en inglés–) e iniciativas de financiación sostenible. Asesora a empresas y fondos en asuntos relacionados con la elaboración de informes de sostenibilidad y due diligence, particularmente de acuerdo con los criterios SFDR, la taxonomía de la UE, CSRD, ISSB y CSDDD. También presta asesoramiento en la revisión de comunicaciones externas para analizar los perfiles de riesgo de los clientes en materia de greenwashing y social-washing, así como en el desarrollo, implementación y mantenimiento de estructuras ESG resilientes. Alberto Frasquet, socio/director de mercantil en EMEA, comenta que “los nombramientos de Lucía y Leonie reflejan la calidad del trabajo que están liderando y nuestra apuesta por reconocer el talento que impulsa el crecimiento de la práctica. Su promoción a ‘Of Counsel’ refuerza nuestra capacidad para acompañar a los clientes en asuntos corporativos y de sostenibilidad cada vez más complejos”. Eduardo Soler Tappa, socio director de la oficina de Madrid, destaca que “estos nombramientos son un reconocimiento al liderazgo y la aportación sostenida de Lucía y Leonie. Son dos perfiles clave para seguir consolidando nuestras capacidades en mercantil/M A y ESG, en Madrid y en toda la región”.El despacho de abogados Herbert Smith Freehills Kramer ha nombrado nuevas ‘Of Counsel’ de la oficina española a Lucía Garralda y Leonie Timmers, hasta ahora, asociadas sénior de la firma.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/LeonieTimmers_LuciaGarralda_HSFKramer-scaled-p480116-m1497116-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/herbert-smith-freehills-kramer-nombra-of-counsel-a-lucia-garralda-y-leonie-timmershttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/LeonieTimmers_LuciaGarralda_HSFKramer-scaled-p480116-m1497116-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/herbert-smith-freehills-kramer-nombra-of-counsel-a-lucia-garralda-y-leonie-timmershttps://elderecho.com/herbert-smith-freehills-kramer-nombra-of-counsel-a-lucia-garralda-y-leonie-timmershttps://elderecho.com/herbert-smith-freehills-kramer-nombra-of-counsel-a-lucia-garralda-y-leonie-timmers2026-04-29 06:57:272026-04-29 06:57:27sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico480117Se trata de una proposición de ley que tiene por principal objetivo que los mutualistas estén suscritos al RETA a partir de 2027. La ley se admitió a trámite en mayo de 2025, pero casi un año después todavía tenía pendiente la discusión de su articulado, primero en ponencia a puerta cerrada y después en comisión, ya en audiencia pública. Aprobación Para que el informe se apruebe en ponencia es necesaria una mayoría que lo habilite y, según fuentes parlamentarias, todos los grupos se han abstenido salvo el PSOE, que ha votado a favor, permitiendo así que la ley avance hacia la comisión. La idea de esta estrategia pasa por dejar pasar el texto pero seguir negociando en torno a él en fase de comisión o incluso en el Pleno. Medidas que se exigen Entre otras medidas, el partido de Alberto Núñez Feijóo reclama eliminar la referencia al IPC en el cálculo de bases y reconocer como tiempo cotizado en el RETA los periodos previos a 1995 en los que estos profesionales estuvieron obligatoriamente en mutualidades.La proposición de ley para que los profesionales colegiados tengan una pasarela con la que transferir sus derechos económicos acumulados al Régimen de Autónomos (RETA) ha avanzado este martes en el Congreso con la aprobación del informe de la ponencia, un año después de su admisión a trámite en el Parlamento.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/07/shutterstock_708075007-p480117-m1496975-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-pasarela-al-reta-para-mutualistas-avanza-en-el-congresohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/07/shutterstock_708075007-p480117-m1496975-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-pasarela-al-reta-para-mutualistas-avanza-en-el-congresohttps://elderecho.com/la-pasarela-al-reta-para-mutualistas-avanza-en-el-congresohttps://elderecho.com/la-pasarela-al-reta-para-mutualistas-avanza-en-el-congreso2026-04-29 06:56:222026-04-29 06:56:22socialSocial13Social