https://elderecho.com/feedes485640Tras la aprobación el jueves 23 de julio Mutualidad ha afirmado que "celebra" y "valora positivamente" la ley de mutualidades alternativas al considerar que aporta "certidumbre" y mejora la planificación financiera de los mutualistas. La entidad aseguradora defiende que la norma mantiene la alternatividad, mejora la planificación financiera de los mutualistas y regula una pasarela voluntaria al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de los mutualistas alternativos. Asimismo, considera que la ley aporta "certidumbre" al colectivo y preserva su derecho de elección, y sostiene que continuará colaborando con la Administración Pública durante el desarrollo reglamentario de la misma --en el que se concretarán los aspectos operativos de esta pasarela-- con el fin de "contribuir, desde una perspectiva técnica, a una aplicación de la norma que garantice la máxima seguridad jurídica". Propuestas principales En este sentido, Mutualidad afirma a través de un comunicado recogido por Europa Press que la ley incorpora varias de las principales propuestas impulsadas por la entidad, como el mantenimiento de la alternatividad, el reconocimiento de complemento a mínimos para mutualistas pasivos, la exención de tributación en el traspaso de fondos de Mutualidad al sistema público y la adopción de medidas que facilitan a las mutualidades el acceso a la información tributaria necesaria para el cálculo de las cuota. Finalmente, apunta que ofrecerá información actualizada a través de su espacio web específico sobre la pasarela al RETA --donde se podrán consultar las principales claves de la ley, su operativa y los avances del desarrollo reglamentario-- y anuncia una sesión informativa online para el 27 de julio por parte del director general de Grupo Mutualidad, Rafael Navas, para resolver dudas de los mutualistas al respecto. Esta reforma legal  excluye a los mutualistas que están jubilados de la pasarela por la que podrían transferir sus derechos económicos acumulados en las mutualidades alternativas al Régimen de Autónomos (RETA). La nueva ley tiene por principal objetivo el diseño de esa pasarela, ya que muchos profesionales colegiados suscritos a un régimen de mutualidad están cobrando pensiones de unos 400 a 500 euros mensuales tras décadas de trabajo. En algunos casos, el traspaso de los derechos al RETA podría impulsar la pensión hasta los 1.200 euros al mes.El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la Proposición de Ley de modificación de la Ley General de la Seguridad Social en relación con las mutualidades alternativas. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/09/shutterstock_2537012139-1-p485640-m1514751-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/mutualidad-celebra-la-aprobacion-de-la-ley-de-mutualidades-alternativas-por-dar-certidumbre-al-colectivohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/09/shutterstock_2537012139-1-p485640-m1514751-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/mutualidad-celebra-la-aprobacion-de-la-ley-de-mutualidades-alternativas-por-dar-certidumbre-al-colectivohttps://elderecho.com/mutualidad-celebra-la-aprobacion-de-la-ley-de-mutualidades-alternativas-por-dar-certidumbre-al-colectivohttps://elderecho.com/mutualidad-celebra-la-aprobacion-de-la-ley-de-mutualidades-alternativas-por-dar-certidumbre-al-colectivo2026-07-27 09:39:032026-07-27 09:39:03sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485627El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la Proposición de Ley que regula la pasarela voluntaria al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para los mutualistas alternativos, culminando así una de las principales reivindicaciones de la abogacía española durante los últimos años. Esta aprobación abre una nueva etapa para miles de profesionales que llevan décadas reclamando una solución que les permita incorporarse voluntariamente al sistema público de la Seguridad Social. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid considera que la aprobación de la norma supone un avance significativo para la profesión y reconoce el esfuerzo realizado por los distintos grupos parlamentarios para alcanzar un amplio consenso en torno a una cuestión especialmente compleja, tanto desde el punto de vista jurídico como social. El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha destacado que esta aprobación supone «un paso muy importante para miles de profesionales que llevaban años esperando una solución. Es un avance fruto del trabajo de muchas personas y de una reivindicación colectiva de la abogacía». No obstante, el ICAM lamenta que la ley finalmente aprobada haya dejado fuera de su ámbito de aplicación a los mutualistas pasivos, cuya inclusión fue defendida por el Colegio durante toda la tramitación parlamentaria. En palabras del decano: «Nos hubiera gustado que esta solución hubiera alcanzado también a los mutualistas pasivos. La ley no ha dado respuesta a su situación y no podemos dejar de expresar nuestra decepción por que hayan quedado fuera de esta reforma». Desarrollo reglamentario ágil Una vez concluida la tramitación parlamentaria, el ICAM considera que la prioridad debe ser garantizar un desarrollo reglamentario ágil, claro y respetuoso con los plazos establecidos por la propia ley, de forma que la pasarela pueda ponerse en marcha con la mayor seguridad jurídica posible. En este sentido, Eugenio Ribón ha señalado: «Ahora corresponde al Gobierno aprobar el reglamento en tiempo y forma para que la pasarela pueda convertirse en una realidad cuanto antes. Miles de profesionales necesitan información clara, seguridad jurídica y certezas para poder adoptar una decisión de enorme trascendencia para su futuro». El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid continuará colaborando con las instituciones durante el desarrollo reglamentario de la norma, con el objetivo de contribuir a que el procedimiento sea claro, eficaz y garantista, y responda adecuadamente a las necesidades de los profesionales que decidan acogerse a la pasarela. Compromiso con los mutualistas La aprobación de esta reforma culmina una intensa labor institucional desarrollada por el ICAM desde el inicio de la legislatura. El Colegio fue el primero de España en pronunciarse públicamente a favor de las reivindicaciones de los mutualistas y, desde entonces, ha mantenido numerosas reuniones con representantes del Gobierno, de los grupos parlamentarios y de las principales instituciones implicadas, así como múltiples encuentros con asociaciones y plataformas de afectados. Además, el ICAM ha elaborado y remitido informes y propuestas jurídicas para defender una pasarela voluntaria, justa y accesible, y ha promovido distintas iniciativas de sensibilización y movilización. Entre ellas destaca la campaña «De Colegiado a Diputado», que permitió recopilar cientos de testimonios y más de un millar de cartas firmadas por abogados, posteriormente entregadas en el Congreso de los Diputados. Asimismo, el Colegio encargó un informe jurídico a la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas, cuyas conclusiones avalaron la viabilidad jurídica de una pasarela voluntaria al RETA y contribuyeron a dotar de solidez técnica una reivindicación que hoy se traduce en una solución legal para miles de abogados de toda España. Características de la pasarela al RETA ASPECTO CARACTERÍSTICAS PREVISTAS Finalidad Permitir que los profesionales adscritos a una mutualidad alternativa transfieran al RETA los derechos económicos acumulados durante sus años de actividad, con el objetivo de mejorar su futura protección social y la cuantía de su pensión. Carácter La incorporación al RETA será voluntaria. Beneficiarios Mutualistas alternativos que cumplan los requisitos establecidos y que no sean pensionistas de un régimen público ni de la propia mutualidad alternativa. Mutualistas pasivos Quedan excluidos quienes ya estén jubilados o perciban una pensión de la mutualidad alternativa o de cualquier régimen público a excepción de los beneficiaries de una pensión de viudedad.   Transferencia al RETA Los derechos económicos acumulados en la mutualidad se convertirán en periodos reconocidos en el RETA mediante los coeficientes establecidos en la ley.   Se aplicará una mejora comprendida entre 0,67 y 0,87 sobre la base mínima de cotización que habría correspondido en el RETA. Fórmula 1 × 1 Cada mes cotizado en la mutualidad computará como un mes completo en el RETA para los mutualistas que tengan 52 años o más a 31 de diciembre de 2026 y quienes hubieran iniciado su actividad profesional antes del 10 de noviembre de 1995. Actualización de las aportaciones El futuro reglamento concretará cuestiones pendientes, entre ellas la posible aplicación del IPC al cálculo de las cantidades transferidas. Desarrollo reglamentario El Gobierno dispondrá de tres meses desde la entrada en vigor de la ley para aprobar el reglamento que desarrolle la pasarela. Entrada en vigor Tras la aprobación definitiva de la norma y su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Calendario previsto FASE PLAZO Aprobación definitiva Julio 2026 Entrada en vigor de la ley Tras su publicación en el BOE. Desarrollo reglamentario Tres meses desde la entrada en vigor de la ley. Puesta en marcha. Una vez aprobado el reglamento y concretado el procedimiento para solicitar la pasarela. Duración de la pasarela Un año desde la aprobación del reglamento. El Colegio lamenta que los mutualistas pasivos hayan quedado fuera de la norma y agradece el consenso alcanzado por los grupos parlamentarios.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Sede-del-Ilustre-Colegio-de-la-Abogacia-de-Madrid-scaled-p485627-m1514718-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-reclama-el-desarrollo-reglamentario-agil-de-la-ley-que-regula-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Sede-del-Ilustre-Colegio-de-la-Abogacia-de-Madrid-scaled-p485627-m1514718-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-reclama-el-desarrollo-reglamentario-agil-de-la-ley-que-regula-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/el-icam-reclama-el-desarrollo-reglamentario-agil-de-la-ley-que-regula-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/el-icam-reclama-el-desarrollo-reglamentario-agil-de-la-ley-que-regula-la-pasarela-al-reta2026-07-27 09:17:132026-07-27 09:17:13sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485614La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha adoptado un acuerdo, ante el confinamiento y evacuación de diversas localidades por la posible afectación a la actividad judicial del incendio de la Vall d'Uixò (Castellón), que "prioriza la seguridad de las personas", tanto de los funcionarios como de los profesionales y de los justiciables, y recuerda que no existe obligación alguna de acudir a una sede judicial por una actuación jurisdiccional programada si existe cualquier dificultad. El Alto Tribunal valenciano recuerda que bastará en estos casos una comunicación al órgano judicial para trasladar la imposibilidad de asistir. E incluso, cuando eso no sea posible, se entenderá que la incomparecencia está justificada, apunta. Igualmente, este acuerdo de urgencia establece que los servicios de guardia deben garantizarse y recoge que la presidenta de la Audiencia Provincial y de los diferentes Tribunales de Instancia trasladarán a la Sala de Gobierno, en caso de que lo consideren oportuno, la necesidad de suspender la actividad judicial ordinaria, las vistas y/o los plazos procesales. El texto explica que, "ante la grave situación provocada por los incendios forestales en Castellón y las consiguientes restricciones de tráfico y evacuaciones", el TSJCV ha determinado que no existe obligación de desplazarse a las sedes judiciales a quienes se vean afectados por estas circunstancias. Esta exención es válida para todo el personal judicial, fiscal, letrados, funcionarios y, de manera muy especial, para la ciudadanía y profesionales del sector. Retrasos innecesarios El objetivo de esta decisión es no perjudicar los derechos de aquellos justiciables y profesionales que puedan acudir sin dificultades, evitando retrasos innecesarios en procedimientos pendientes y garantizando la tutela judicial efectiva para ambas partes. En cuanto al procedimiento para la suspensión de vistas, plazos y servicios de guardia, señala que los presidentes de la Audiencia Provincial y de los tribunales de instancia que lo estimen pertinente podrán solicitar formalmente la suspensión de la actividad ordinaria, de las vistas o de los plazos procesales. La Sala de Gobierno trasladará estas propuestas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para su aprobación o las acordará de forma provisional por razones de urgencia. Asimismo, se garantiza la prestación ininterrumpida del servicio de guardia, el cual podrá reubicarse en otro partido judicial si fuera necesario, coordinando el personal indispensable. Protocolo de Actuación Judicial En cumplimiento del Protocolo de Actuación Judicial en supuestos de grandes catástrofes, la Sala de Gobierno del TSJCV adoptará o ratificará las medidas necesarias en atención a la situación de crisis, proponiendo al CGPJ, en caso de considerarlo necesario la suspensión de plazos procesales o la modificación de normas de funcionamiento. En casos de urgencia, podrá acordar medidas provisionales, remitiéndolas de inmediato al CGPJ para su ratificación.La resolución aclara que no se decreta una suspensión generalizada de la actividad en los tribunales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/tribunal-justicia_castellon-p485614-m1514682-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjcv-exime-de-la-obligacion-de-acudir-a-sedes-judiciales-por-evacuaciones-y-restriccioneshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/tribunal-justicia_castellon-p485614-m1514682-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjcv-exime-de-la-obligacion-de-acudir-a-sedes-judiciales-por-evacuaciones-y-restriccioneshttps://elderecho.com/el-tsjcv-exime-de-la-obligacion-de-acudir-a-sedes-judiciales-por-evacuaciones-y-restriccioneshttps://elderecho.com/el-tsjcv-exime-de-la-obligacion-de-acudir-a-sedes-judiciales-por-evacuaciones-y-restricciones2026-07-27 09:01:432026-07-27 09:01:43sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485601Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial. Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido: - Resolución, de 14 de julio de 2026, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal del Ministerio de Hacienda, por el que se nombra Jefe de Servicios informáticos, en la División Jurídico-Institucional del Área Gerencia (B.O.E. núm. 175 de 20 de julio de 2026). - Resolución, de 14 de julio de 2026, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, por la que se nombra Jefa de Servicio Especial Informática, en Madrid (B.O.E. núm. 175 de 20 de julio de 2026). -  Resolución, de 14 de julio de 2026, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se nombra Jefa de Servicio TIC, en la Dirección de Digitalización y Tecnologías de la Información (B.O.E. núm. 175 de 20 de julio de 2026). - Resolución, de 21 de julio de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, por la que se nombra Jefa de Servicio de Sistemas Informáticos, en la División de Tecnologías de la Información, (B.O.E. núm. 179 de 24 de julio de 2026). La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com). [ledShortcodes shortcodeId="442941" label="Memento Social 2025 - 442941"]Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos díashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/05/shutterstock_577460224-p485601-m1514647-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-20-de-julio-de-2-026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/05/shutterstock_577460224-p485601-m1514647-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-20-de-julio-de-2-026https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-20-de-julio-de-2-026https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-20-de-julio-de-2-0262026-07-24 12:33:202026-07-24 12:33:20derecho-ticDerecho TICDerecho TIC485572El Consejo de Ministros ha dado luz verde a dos de las reformas sanitarias más relevantes de la legislatura: el Proyecto de Ley de prevención del tabaquismo y el Proyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ambas iniciativas, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, persiguen adaptar el ordenamiento jurídico español a las nuevas realidades sociales, tecnológicas y asistenciales, reforzando la protección de la salud pública y modernizando el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Desde una perspectiva jurídica, las propuestas no se limitan a introducir cambios puntuales, sino que redefinen aspectos esenciales relacionados con la prevención, la publicidad, la dispensación farmacéutica, la competencia en el mercado de medicamentos y las competencias de los profesionales sanitarios. Ley Antitabaco adaptada a los productos con nicotina La futura reforma actualiza la normativa vigente desde 2005 para responder a la aparición de nuevos productos como los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado, las bolsas de nicotina o los dispositivos desechables, cuya regulación hasta ahora presentaba importantes lagunas. Equiparación normativa  Uno de los cambios jurídicamente más relevantes consiste en la equiparación regulatoria entre el tabaco tradicional y los nuevos dispositivos de administración de nicotina. Esto implica que vapeadores, productos calentados o bolsas de nicotina quedarán sometidos a restricciones equivalentes en materia de: consumo; publicidad; promoción; patrocinio; comercialización. Con esta medida, el legislador pretende evitar diferencias regulatorias que puedan favorecer el consumo de productos alternativos especialmente dirigidos al público joven. Ampliación de los espacios libres de humo El proyecto amplía considerablemente los espacios donde estará prohibido fumar o utilizar dispositivos de nicotina. Entre ellos destacan: terrazas de hostelería; playas; parques nacionales; piscinas colectivas; instalaciones deportivas; campus universitarios; marquesinas y andenes; vehículos de transporte público y VTC; entornos de edificios públicos. Asimismo, se establece una prohibición de fumar en un radio inferior a 15 metros de los accesos a centros sanitarios, educativos, culturales y deportivos, reforzando el derecho a disfrutar de espacios libres de humo. Mayor protección jurídica de los menores Otra de las novedades más significativas consiste en que la futura norma prohibirá expresamente el consumo de productos del tabaco por menores de edad. Hasta ahora, la legislación únicamente prohibía su venta y suministro, lo que dificultaba la actuación preventiva frente al consumo juvenil. Desde una perspectiva sancionadora, esta modificación permitirá una mayor intervención administrativa y facilitará actuaciones educativas y preventivas con menores y sus familias. Restricciones a la publicidad en redes sociales La reforma también incorpora una respuesta normativa frente a las nuevas estrategias de marketing digital. El proyecto prohíbe la publicidad de productos relacionados con el tabaco en redes sociales; plataformas digitales; campañas realizadas por influencers; promociones comerciales indirectas. Se trata de una adaptación del Derecho a nuevas formas de captación de consumidores que hasta ahora escapaban parcialmente al marco regulatorio tradicional. Nueva Ley de Medicamentos Junto a la reforma antitabaco, el Ejecutivo ha remitido a las Cortes el nuevo Proyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, que sustituirá al texto vigente desde 2015. La reforma persigue tres grandes objetivos: agilizar el acceso a medicamentos innovadores; impulsar la utilización de genéricos y biosimilares; reforzar la garantía de abastecimiento. Acceso temprano a medicamentos innovadores Una de las principales novedades consiste en la creación de un sistema de financiación condicional para determinados medicamentos innovadores. Este mecanismo permitirá que tratamientos destinados a enfermedades graves o sin alternativas terapéuticas puedan incorporarse al Sistema Nacional de Salud mediante procedimientos acelerados inferiores a 65 días hábiles, manteniendo posteriormente un control sobre su eficacia clínica y económica. Desde el punto de vista jurídico, esta fórmula introduce un modelo de financiación basado en resultados, cada vez más presente en otros sistemas sanitarios europeos. Impulso a los medicamentos genéricos y biosimilares La futura ley incorpora un sistema de precios dinámicos destinado a favorecer la competencia entre medicamentos una vez expiran las patentes de los productos originales. El objetivo es incrementar la utilización de medicamentos genéricos; medicamentos biosimilares y medicamentos híbridos. La medida pretende generar importantes ahorros para el Sistema Nacional de Salud sin comprometer los estándares de calidad, seguridad y eficacia exigidos por la normativa europea. Creación del concepto de "medicamento estratégico" Otra innovación jurídica especialmente relevante es la introducción del concepto de medicamento estratégico. Se considerarán como tales aquellos medicamentos esenciales cuya cadena de suministro presente una especial vulnerabilidad. En estos supuestos, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) podrá adoptar medidas excepcionales sobre: fabricación; importación; distribución; dispensación; control del abastecimiento. Además, los laboratorios asumirán nuevas obligaciones de información y planificación para prevenir situaciones de desabastecimiento. Nuevas competencias para enfermeras y fisioterapeutas La reforma reconoce expresamente la capacidad de prescripción de enfermeras y fisioterapeutas dentro del ámbito de sus respectivas competencias profesionales. Asimismo, regula la dispensación farmacéutica no presencial; la entrega domiciliaria de medicamentos para pacientes con dificultades de movilidad y las nuevas herramientas de atención farmacéutica adaptadas a situaciones de dependencia o vulnerabilidad. Impacto jurídico para empresas y profesionales Aunque ambos textos deberán superar ahora su tramitación parlamentaria, las reformas anticipan cambios relevantes para múltiples operadores jurídicos y económicos: empresas del sector farmacéutico; fabricantes e importadores de productos relacionados con la nicotina; establecimientos sanitarios; distribuidores farmacéuticos; profesionales sanitarios; despachos especializados en Derecho sanitario y regulatorio. El Consejo de Ministros inicia la tramitación de dos reformas legislativas que modificarán el marco regulatorio del tabaquismo, los medicamentos y los productos sanitarios.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/11/vapeador-p485572-m1514552-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-de-espana-impulsa-una-profunda-reforma-sanitaria-nueva-ley-antitabaco-y-nueva-ley-de-medicamentoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/11/vapeador-p485572-m1514552-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-de-espana-impulsa-una-profunda-reforma-sanitaria-nueva-ley-antitabaco-y-nueva-ley-de-medicamentoshttps://elderecho.com/el-gobierno-de-espana-impulsa-una-profunda-reforma-sanitaria-nueva-ley-antitabaco-y-nueva-ley-de-medicamentoshttps://elderecho.com/el-gobierno-de-espana-impulsa-una-profunda-reforma-sanitaria-nueva-ley-antitabaco-y-nueva-ley-de-medicamentos2026-07-23 10:50:092026-07-23 10:50:09sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485559La Escuela de Práctica Jurídica (EPJ) de la Universidad Complutense de Madrid ha superado los 1.000 alumnos durante el curso académico 2025-2026, un ejercicio marcado por el creciente interés por la formación jurídica especializada en ámbitos como la transformación digital, el cumplimiento normativo y el asesoramiento jurídico empresarial. Con más de 50 cursos especializados, cinco Másteres de Alta Especialización y un claustro integrado por más de 500 profesores, la EPJ responde a las nuevas necesidades de formación de estudiantes y profesionales del Derecho. La oferta académica combina programas de alta especialización y formación continua. Entre los Másteres de Alta Especialización figuran Derecho de los Negocios Internacionales, Asesoría Fiscal, Asesoría Jurídica de Sociedades, Derecho de las Nuevas Tecnologías y Derecho de los Sectores Económicos Regulados, junto a cursos especializados en materias como Compliance, Blockchain, Inteligencia Artificial, ESG (Sostenibilidad), Comunicación y Márketing para abogados o Derecho Inmobiliario. Los cinco programas con mayor demanda durante el curso 2025-2026 han sido Contratación Pública, Compliance, Subvenciones, Derecho Inmobiliario e Inteligencia Artificial, reflejo del creciente interés por aquellas áreas con mayor proyección profesional y adaptación a los cambios regulatorios y tecnológicos. La formación se caracteriza por un enfoque eminentemente práctico y por la participación de despachos de abogados líderes, nacionales e internacionales, boutiques jurídicas especializadas, empresas e instituciones del sector jurídico, favoreciendo el contacto directo del alumnado con la realidad profesional. Este modelo se traduce en una tasa de inserción laboral superior al 90 %. Oferta académica para 2026-2027 La EPJ ampliará el próximo curso su programación con nuevos programas especializados en Mediación Laboral, Neuroderechos, Garantías de los Contribuyentes en los Procedimientos Tributarios, Derechos Fundamentales Laborales, Seguros y Fondos de Pensiones, Compliance Laboral, Derecho de los Drones y Comercio Electrónico, reforzando así su respuesta a la evolución del marco jurídico y tecnológico. La presentación de esta nueva oferta académica coincidió con el acto de graduación de los alumnos de los Másteres de Formación Permanente y Alta Especialización. Durante la ceremonia, el padrino de la promoción, Juan Sánchez-Calero Guilarte, Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid y presidente de Endesa, enfatizó el valor del aprendizaje permanente y de la especialización para afrontar los cambios de la profesión jurídica. Durante el acto también destacó la intervención del Catedrático de Derecho Administrativo y codirector del Máster en Derecho de los Sectores Económicos Regulados, Rafael Caballero Sánchez, quien exhortó a los recién egresados a ser los “guardianes del Estado de Derecho”. Por su parte, la directora de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, Nuria García Piñeiro, destacó el papel de la formación jurídica especializada para responder a los desafíos actuales del ejercicio profesional. "La Escuela de Práctica Jurídica tiene la responsabilidad de formar juristas preparados para responder a los desafíos que plantea una sociedad en permanente evolución. Queremos que nuestros estudiantes salgan de nuestras aulas con una sólida base jurídica, pero también con las competencias y la capacidad de adaptación que demanda hoy el ejercicio profesional", concluyó.La Escuela de Práctica Jurídica es un centro de perfeccionamiento profesional, sin ánimo de lucro, con entidad propia y autonomía orgánica. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Foto_EPJ-de-la-UCM_CeremoniaGraduacion2_Jul26-scaled-p485559-m1514519-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-escuela-de-practica-juridica-de-la-universidad-complutense-supera-los-1-000-alumnos-en-un-contexto-de-auge-de-la-formacion-juridica-especializadahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Foto_EPJ-de-la-UCM_CeremoniaGraduacion2_Jul26-scaled-p485559-m1514519-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-escuela-de-practica-juridica-de-la-universidad-complutense-supera-los-1-000-alumnos-en-un-contexto-de-auge-de-la-formacion-juridica-especializadahttps://elderecho.com/la-escuela-de-practica-juridica-de-la-universidad-complutense-supera-los-1-000-alumnos-en-un-contexto-de-auge-de-la-formacion-juridica-especializadahttps://elderecho.com/la-escuela-de-practica-juridica-de-la-universidad-complutense-supera-los-1-000-alumnos-en-un-contexto-de-auge-de-la-formacion-juridica-especializada2026-07-23 10:38:542026-07-23 10:38:54sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485546La conciliación continúa siendo uno de los grandes retos pendientes del trabajo autónomo en España. No porque los trabajadores por cuenta propia carezcan de derechos, sino porque, en demasiadas ocasiones, ejercerlos implica asumir un coste económico que pone en riesgo la continuidad de su negocio. Así lo revela el informe “El coste oculto de la conciliación en el trabajo autónomo”, elaborado por el Observatorio de Gestión Pública del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM), que analiza cuánto cuesta realmente mantener abierta una actividad económica cuando su titular debe ausentarse por maternidad, enfermedad o para atender a un familiar dependiente. La principal conclusión del estudio resulta tan contundente como preocupante: el coste del primer mes de sustitución de un trabajador autónomo alcanza los 2.339,90 euros, mientras que el rendimiento neto medio mensual de su actividad se sitúa en 2.298 euros, según una estimación del informe construida sobre una actividad tipo elaborada a partir de datos oficiales. En otras palabras, mantener abierto el negocio durante una baja puede costar más que el rendimiento neto que genera en un mes. Para el presidente del ICOGAM, Fernando Jesús Santiago Ollero, esta realidad explica por qué miles de autónomos renuncian cada año a ejercer plenamente su derecho a conciliar. “En España seguimos hablando de conciliación como si fuera únicamente un derecho laboral, cuando para millones de trabajadores autónomos es, sobre todo, un problema económico. Si cuidar de un hijo, recuperarse de una enfermedad o atender a un familiar supone poner en riesgo tu negocio, la conciliación deja de ser un derecho para convertirse en un lujo.” Rendimiento del negocio El informe toma como referencia una actividad tipo desarrollada por un trabajador autónomo y analiza los dos escenarios posibles ante una ausencia temporal. Si decide cerrar el negocio, pierde aproximadamente 2.298 euros por cada mes de inactividad, sin contar alquileres, suministros, préstamos u otros costes fijos que continúan existiendo, aunque la persiana permanezca bajada. Si opta por mantener abierta la actividad contratando a una persona sustituta, debe asumir un coste laboral cercano a 1.880 euros mensuales, al que se suma el impacto económico derivado del proceso de selección, formación y adaptación del nuevo trabajador. El resultado es un coste total de 2.339,90 euros durante el primer mes, superior al rendimiento neto medio mensual obtenido por la actividad. Una vez superada la fase inicial de adaptación, el margen económico disponible apenas alcanza 417 euros mensuales, una cantidad insuficiente para absorber cualquier incidencia adicional o compensar otros gastos asociados al funcionamiento del negocio. “Este informe demuestra algo que muchos autónomos llevan años sufriendo en silencio: sustituirse durante una baja puede costar más que el beneficio que genera su negocio en un mes. Cuando las cuentas no salen, el resultado es evidente: miles de profesionales siguen trabajando enfermos, reducen sus permisos o renuncian a cuidar de sus familias porque no pueden permitirse cerrar”, afirma Fernando Santiago. 3,4 millones de trabajadores afectados España cuenta actualmente con 3.425.767 trabajadores autónomos, una gran parte de ellos al frente de pequeños comercios, despachos profesionales, talleres, establecimientos de hostelería o empresas familiares cuya actividad depende directamente de la presencia de su titular. A diferencia de las empresas con estructuras organizativas más amplias, estos negocios no pueden redistribuir fácilmente el trabajo cuando su responsable debe ausentarse. La continuidad de la actividad depende, casi siempre, de encontrar una persona capaz de sustituirle en un plazo muy reducido y asumir un coste que, en muchos casos, resulta inasumible. Para los Gestores Administrativos, esta situación explica por qué muchos autónomos continúan trabajando durante enfermedades, retrasan intervenciones médicas o reducen sus permisos por nacimiento. “No podemos aceptar que un trabajador por cuenta propia tenga que elegir entre proteger su salud o proteger la empresa que ha construido con años de esfuerzo. Ningún derecho es realmente efectivo cuando ejercerlo puede significar perder el medio de vida.” La conciliación depende del código postal El Informe APLO LOPIVI analiza también las políticas de apoyo existentes en las comunidades autónomas y concluye que el nivel de protección varía considerablemente según el territorio. Solo algunas comunidades han desarrollado ayudas específicas destinadas a facilitar la sustitución temporal del trabajador autónomo y, aun así, las cuantías resultan claramente insuficientes para cubrir el coste real de mantener operativo el negocio. En determinadas comunidades las ayudas apenas alcanzan 400 euros mensuales, mientras que en otras oscilan entre 1.000 y 1.500 euros al mes o contemplan subvenciones puntuales de hasta 7.200 euros para supuestos concretos. Sin embargo, ninguna de ellas logra compensar el coste real identificado en el estudio. Además, estas ayudas tributan, con carácter general, en el IRPF, reduciendo todavía más su eficacia económica. “Resulta difícil explicar que un derecho tan básico como la conciliación dependa hoy del código postal. Hay comunidades autónomas que han dado pasos importantes y otras donde prácticamente no existen instrumentos específicos para ayudar a mantener la actividad. Esa desigualdad debe corregirse.” Tejido productivo El ICOGAM propone la creación de un modelo homogéneo de ayudas que permita financiar la contratación y formación de personas sustitutas, ampliar la protección a supuestos de enfermedad, accidente o cuidado de familiares y agilizar la concesión de estas ayudas para responder con rapidez a situaciones sobrevenidas. El informe también plantea revisar el tratamiento fiscal de estas subvenciones para evitar que su tributación reduzca de forma significativa su impacto real. Fernando Santiago insiste en que no se trata de una medida asistencial, sino de una política económica destinada a preservar miles de pequeñas empresas. “No estamos pidiendo ayudas asistenciales. Estamos proponiendo una política inteligente de apoyo al tejido productivo. Ayudar a un autónomo a mantener abierta su actividad durante una ausencia temporal cuesta mucho menos que asumir el coste económico y social del cierre de un negocio viable.” El presidente de los Gestores Administrativos concluye que la conciliación del trabajo autónomo debe dejar de entenderse exclusivamente como una cuestión de protección personal. “La Seguridad Social protege, en parte, a la persona. Pero nadie protege el negocio. Y para un autónomo ambas cosas son inseparables. Si el negocio desaparece, desaparece también su puesto de trabajo. Proteger la conciliación de los autónomos también significa proteger el tejido productivo, el empleo y la economía de nuestro país.”El informe elaborado por el Observatorio de Gestión Pública del ICOGAM revela que solo algunas comunidades han desarrollado ayudas específicas destinadas a facilitar la sustitución temporal del trabajador autónomo.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/01/shutterstock_589946126-p485546-m1514483-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ilustre-colegio-oficial-de-gestores-administrativos-de-madrid-presenta-el-informe-el-coste-oculto-de-la-conciliacion-en-el-trabajo-autonomohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/01/shutterstock_589946126-p485546-m1514483-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ilustre-colegio-oficial-de-gestores-administrativos-de-madrid-presenta-el-informe-el-coste-oculto-de-la-conciliacion-en-el-trabajo-autonomohttps://elderecho.com/el-ilustre-colegio-oficial-de-gestores-administrativos-de-madrid-presenta-el-informe-el-coste-oculto-de-la-conciliacion-en-el-trabajo-autonomohttps://elderecho.com/el-ilustre-colegio-oficial-de-gestores-administrativos-de-madrid-presenta-el-informe-el-coste-oculto-de-la-conciliacion-en-el-trabajo-autonomo2026-07-23 10:27:122026-07-23 10:27:12socialSocial13Social485533El Pleno del Congreso decidirá este jueves, 23 de julio, en una sesión extraordinaria si convalida o deroga el decreto ley que desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral en la administración pública y concede un complemento de insularidad en las Islas Baleares. Como todo decreto ley, el texto está en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero ahora el Congreso tiene que decidir si lo ratifica o no. La norma permite al personal laboral de la Administración a tiempo completo que no hayan alcanzado la edad ordinaria de jubilación acceder a esta de forma parcial y anticipada siempre que, con carácter simultáneo, se celebre un contrato de relevo. Aunque Podemos no criticó el fondo de la norma, sí que exigió al Gobierno que retirara este decreto y presentara uno nuevo para convertir a fijos a cerca de un millón de interinos en la administración. En este escenario de dudas sobre el futuro de la norma, el sindicato CCOO ha pedido a los grupos parlamentarios apoyen su convalidación, pues de lo contrario miles de empleados públicos no podrán acogerse a una jubilación parcial que, según la organización, favorece una transición ordenada. Condiciones para jubilación parcial Las personas que quieran acogerse al régimen de jubilación parcial deben cumplir una serie de requisitos que pasan por retirarse tres años antes de la edad de jubilación; acreditar un periodo de cotización de 33 años; tener una antigüedad en la empresa de seis años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial; que la reducción de su jornada de trabajo sea entre el 25% y el 75% y, si se anticipa en más de dos años, la reducción de jornada del primer año será entre el 20-33%. Con esta modalidad, el empleado personal laboral podrá reducir la jornada laboral recibiendo la parte proporcional del salario por el tiempo de trabajo que sigue desempeñando y por el resto recibirá proporcionalmente la pensión. El decreto ley establece que las administraciones tendrán que contar con un instrumento de planificación, preferentemente las ofertas de empleo, para establecer la cobertura de jubilaciones parciales. La norma fija también un régimen transitorio hasta el 1 de abril de 2027 para facilitar la adaptación progresiva de las Administraciones al nuevo régimen. A su vez, incorpora una disposición adicional para la indemnización por residencia del personal al servicio del sector público estatal destinado en Baleares y revisará las cuantías de la indemnización por residencia del personal del sector público estatal destinado en la comunidad.La oferta de empleo público de 2026 en la Administración del Estado ya ha incluido 854 plazas para la contratación de personal relevista fijo.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/03/shutterstock_2006971442-1-p485533-m1514449-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-congreso-vota-el-decreto-que-regula-la-jubilacion-parcial-para-el-personal-de-la-administracionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/03/shutterstock_2006971442-1-p485533-m1514449-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-congreso-vota-el-decreto-que-regula-la-jubilacion-parcial-para-el-personal-de-la-administracionhttps://elderecho.com/el-congreso-vota-el-decreto-que-regula-la-jubilacion-parcial-para-el-personal-de-la-administracionhttps://elderecho.com/el-congreso-vota-el-decreto-que-regula-la-jubilacion-parcial-para-el-personal-de-la-administracion2026-07-23 10:14:472026-07-23 10:14:47sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social485521El Congreso acogerá el debate y votación de las enmiendas que el Senado ha introducido a esta proposición de ley durante el trámite parlamentario. Una vez culminada esta fase, el texto se publicará de forma inminente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La ley tiene como principal objetivo buscar una solución para la situación de miles de profesionales que durante años han estado suscritos a un régimen de mutualidad alternativa y se han visto abocados a situaciones de desprotección con pensiones muy bajas. Pasivos excluidos Durante su paso por la Cámara Alta, el texto sufrió cambios significativos a propuesta del PP, que en el Senado tiene mayoría absoluta. Especialmente en lo relativo a los mutualistas que ya están jubilados, también conocidos como pasivos, pues mientras que en el Congreso la formación 'popular' consiguió que se aprobara que estos pudieran beneficiarse de la pasarela, en el Senado se desdijo y aprobó justo lo contrario. En concreto, los de Núñez Feijóo impulsaron una reforma legal vía enmienda en el Senado para excluir a los pasivos de la reforma. De este modo, el texto de momento fija que la pasarela será exclusiva para quienes no sean pensionistas de ningún régimen público ni de la propia mutualidad alternativa, con la única excepción de quienes perciban una pensión de viudedad. Mejora de las pensiones A su paso por la Cámara Alta también se han modificado los coeficientes aplicables en la transferencia de los derechos económicos al RETA, de manera que se aplicará una mejora de entre el 0,67 y el 0,87 sobre la base mínima de cotización que habría correspondido en el régimen de autónomos. Esos coeficientes no se aplican a los profesionales que tengan 52 años o más a 31 de diciembre de 2026, los cuales podrán suscribirse a la fórmula del 1x1, es decir que cada mes cotizado en la mutualidad contará como un mes completo en el RETA. Esta fórmula también la podrán disfrutar quienes iniciaron su actividad profesional antes del 10 de noviembre de 1995. A su vez, el texto fija que el Gobierno tendrá que desarrollar en tres meses desde la entrada en vigor de la ley el reglamento que concretará los flecos pendientes de la pasarela, como si se aplicará el IPC en el cálculo de las aportaciones económicas transferidas. Todos los cambios introducidos durante la tramitación en el Senado ahora tienen que votarse en el Congreso, que tendrá que decidir si los aprueba o los rechaza antes de dar luz verde definitiva al texto y que se publique en el BOE.La reforma legal por la que los colegiados mutualistas puedan transferir sus derechos económicos acumulados en las mutualidades al Régimen de Autónomos (RETA) se someterá el  jueves 23 de julio, a su último examen en el Congreso antes de su entrada en vigor.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/09/shutterstock_2537012139-1-p485521-m1514415-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-congreso-examina-por-ultima-vez-la-ley-con-la-pasarela-al-reta-para-mutualistas-antes-de-entrar-en-vigorhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/09/shutterstock_2537012139-1-p485521-m1514415-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-congreso-examina-por-ultima-vez-la-ley-con-la-pasarela-al-reta-para-mutualistas-antes-de-entrar-en-vigorhttps://elderecho.com/el-congreso-examina-por-ultima-vez-la-ley-con-la-pasarela-al-reta-para-mutualistas-antes-de-entrar-en-vigorhttps://elderecho.com/el-congreso-examina-por-ultima-vez-la-ley-con-la-pasarela-al-reta-para-mutualistas-antes-de-entrar-en-vigor2026-07-23 10:04:422026-07-23 10:04:42sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485509Los conocidos narcotraficantes Carlos Cortés Radó 'El Charly' y Tamara Campos Maya 'La Tamara', junto a otros seis acusados, serán juzgados en la Audiencia Provincial de Baleares por supuestamente te blanquear 250.000 euros de un billete de lotería comprado a su ganador. La Sección Segunda ha celebrado el miércoles 22 de julio la vista previa del procedimiento, que ha finalizado sin que las partes hayan alcanzado un acuerdo de conformidad. La Sala deberá ahora fijar una fecha para la celebración del juicio oral, en el que cada uno de los ocho condenados se enfrenta a siete años de prisión, 56 en total, y al pago de una multa de 1,5 millones de euros como supuestos autores de un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a organización criminal. Una de las defensas ha alegado la existencia de un fraude de ley al haberse incumplido los plazos previstos por la legislación durante la fase de instrucción, una cuestión que el tribunal resolverá en el juicio. Punto de venta de estupefacientes Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, se remontan a la actividad delictiva que llevaban a cabo 'La Tamara', hermana del también conocido narcotraficante 'El Pablo', y su marido. Ambos dirigían un punto de venta de estupefacientes ubicado en Palma desde al menos 2014. Cuatro años después, cuando el marido estaba a cargo y con la colaboración de otra de las acusadas, que actuó como testaferro, compraron un billete de la ONCE premiado con 250.000 euros a su poseedor inicial, una persona desconocida. De este modo, cobraron el premio, distribuido durante una década a razón de 25.000 euros anuales, y consiguieron ocultar el origen ilícito de su patrimonio. Ya en 2020, siempre según el relato del representante del Ministerio Público, 'El Charly', su hija y su mujer celebraron un contrato de opción de compra sobre un chalé ubicado en Marratxí de su propiedad con la testaferro de 'La Tamara'. La narcotraficante y su marido les pagaron 250.000 euros por el inmueble, de los cuales 100.000 fueron al contado y el resto se abonaría en un plazo máximo de ochos años, que sabían que 'El Charly' y su familia sabían que procedían del narcotráfico. Unos días después, otros dos acusados registraron una declaración de obra nueva valorada en 120.000 euros en el indicado chalé, con lo que los 131 metros originalmente construidos pasaron a ser más de 600, a los que había que sumar una piscina de grandes dimensiones. Estas obras fueron en realidad pagadas por 'La Tamara' y su esposo empleando el dinero procedente del tráfico de estupefacientes, algo de lo que también eran conocedores 'El Charly' y su familia. Quince transferencias Entre marzo y mayo de 2023, y siempre con el objetivo de ocultar el origen ilícito de su dinero, el último de los ocho acusados realizó 15 transferencias por importe de 280.300 euros a una cuenta lituana a nombre de Tamara Campos Amaya "bajo la apariencia de un préstamo ficticio". En mayo de 2025, desde la misma cuenta bancaria, la acusada transfirió 119.962 euros a la cuenta común de la mujer y la hija de 'El Charly' como pago por el chalé de Marratxí, los cuales habían sido blanqueados previamente mediante el supuesto préstamo.Los narcotraficantes habrían presuntamente blanqueado 250.000 euros de un billete de lotería comprado a su ganador.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/12/shutterstock_402914290-1-p485509-m1514380-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-audiencia-provincial-de-baleares-juzgara-a-dos-narcotraficantes-por-blanquear-250-000-euros-de-un-billete-de-loteria-comprado-a-su-ganadorhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/12/shutterstock_402914290-1-p485509-m1514380-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-audiencia-provincial-de-baleares-juzgara-a-dos-narcotraficantes-por-blanquear-250-000-euros-de-un-billete-de-loteria-comprado-a-su-ganadorhttps://elderecho.com/la-audiencia-provincial-de-baleares-juzgara-a-dos-narcotraficantes-por-blanquear-250-000-euros-de-un-billete-de-loteria-comprado-a-su-ganadorhttps://elderecho.com/la-audiencia-provincial-de-baleares-juzgara-a-dos-narcotraficantes-por-blanquear-250-000-euros-de-un-billete-de-loteria-comprado-a-su-ganador2026-07-23 09:55:082026-07-23 09:55:08administrativoAdministrativo1mercantilMercantil8penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Mercantil,Penal,Sector jurídico