https://elderecho.com/feedes485811El Consejo de Ministros, en su reunión del 28 de julio, ha aprobado un Real Decreto por el que se amplía el acceso a la jubilación anticipada por razón de discapacidad a los afectados por 11 nuevas patologías generadoras de discapacidad.  Esta medida, que se concreta en la inclusión en el Anexo del Real Decreto 1851/2009, que comprende las patologías que pueden dar lugar a la reducción de la edad de jubilación de las personas trabajadoras con discapacidad en grado igual o superior al 45%, beneficia en torno a 50.000 personas, que podrán anticipar su edad de jubilación hasta los 56 años debido a la patología que padecen. Las nuevas patologías son: Espina bífida, Amiloidosis por transtiretina variante, Enfermedad de Parkinson, Distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), Enfermedad de Huntington, Esclerosis sistémica, Lesión medular, Degeneración corticobasal, Atrofia multisistémica y Parálisis supranuclear progresiva y Enfermedad Renal Crónica estadio G5. Para la ministra Elma Saiz, “miles de personas que padecen enfermedades de gravedad que condicionan su desempeño laboral podrán beneficiarse por esta decisión del Gobierno cuyo objetivo es que cuenten con una especial protección que haga justicia y equipare sus posibilidades con las del resto de la población trabajadora“. Actualización del Anexo legal abierto El nuevo Real Decreto, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), culmina un procedimiento en el que ha intervenido como proponente una Comisión Técnica integrada por especialistas médicos, científicos y expertos en discapacidad representantes del Instituto de Salud Carlos III, el Consejo Médico Forense, la Sociedad Española de Medicina Interna, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y el Consejo Nacional de la Discapacidad; así como por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), que ha avalado la inclusión en el Anexo de las nuevas patologías generadoras de discapacidad. Este procedimiento ha permitido actualizar y ampliar un anexo legal abierto, al incorporar nuevas enfermedades cuya gravedad y efectos son susceptibles de justificar una anticipación de la edad de jubilación para las personas trabajadoras con discapacidad de, al menos, el 45 por ciento. La DGOSS, que preside la Comisión Técnica, ha sido la encargada de estudiar las solicitudes de inclusión y, posteriormente, de elaborar los informes sobre cada patología que desembocaron en la resolución inicial favorable para estas 11 nuevas patologías. Tras la modificación del Anexo del referido real decreto, las personas trabajadoras con discapacidad que estén afectadas por estas patologías podrán anticipar su edad de jubilación hasta los 56 años, sin que esto suponga una reducción de la cuantía de su pensión siempre que cumplan los siguientes requisitos: Estar en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha del hecho causante. Acreditar 15 años de cotización a lo largo de su vida laboral y, dentro de ese periodo, que al menos durante 5 años se hayan visto afectados por alguna de estas patologías con discapacidad igual o superior al 45 por ciento. En estos casos, el período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador se computará como cotizado para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora, que sirve para el cálculo del importe de la pensión de jubilación.Las nuevas patologías son: Espina bífida, Amiloidosis por transtiretina variante, Enfermedad de Parkinson, Distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), Enfermedad de Huntington, Esclerosis sistémica, Lesión medular, Degeneración corticobasal, Atrofia multisistémica y Parálisis supranuclear progresiva y Enfermedad Renal Crónica estadio G5.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/02/Jubilacion-anticipada-y-servicio-social-p485811-m1515206-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-amplia-el-acceso-a-la-jubilacion-anticipada-por-razon-de-discapacidad-a-los-afectados-por-11-nuevas-patologiashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/02/Jubilacion-anticipada-y-servicio-social-p485811-m1515206-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-amplia-el-acceso-a-la-jubilacion-anticipada-por-razon-de-discapacidad-a-los-afectados-por-11-nuevas-patologiashttps://elderecho.com/el-gobierno-amplia-el-acceso-a-la-jubilacion-anticipada-por-razon-de-discapacidad-a-los-afectados-por-11-nuevas-patologiashttps://elderecho.com/el-gobierno-amplia-el-acceso-a-la-jubilacion-anticipada-por-razon-de-discapacidad-a-los-afectados-por-11-nuevas-patologias2026-07-29 10:00:412026-07-29 10:00:41sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social485823La verdadera transformación digital de la profesión llega cuando miles de profesionales deciden aprender a utilizarlas. Con esa realidad como punto de partida, el Programa de Competencias Digitales Upro cierra su recorrido después de meses de formación y acompañamiento a más de 25.400 abogadas y abogados en una de las mayores iniciativas de formación en competencias digitales de la profesión. Impulsado por Red.es, en colaboración con Unión Profesional, y desarrollado por Abogacía Española junto a los Colegios de la Abogacía. Upro ha ido evolucionando durante estos meses hasta convertir la formación en una experiencia que ha ido más allá de la plataforma. A las sesiones se han sumado nuevos espacios de encuentro, contenidos divulgativos y formatos innovadores que han mantenido el aprendizaje vivo durante todo el programa. Justicia digital La inteligencia artificial, la ciberseguridad, la gestión de datos, la transformación digital del despacho o la justicia digital han marcado los ejes de un itinerario que ha combinado la formación online con más de 300 sesiones presenciales organizadas por los Colegios en toda España. Pero el recorrido no se ha detenido ahí. A medida que avanzaba el programa, Abogacía Española fue enriqueciendo la experiencia formativa con iniciativas propias que llevaron el aprendizaje al siguiente nivel. A los contenidos del itinerario se sumaron webinars especializados (VER), entrevistas con los docentes (VER), masterclass sobre inteligencia artificial (VER), contenidos divulgativos y podcast (VER) que acercaron las competencias digitales al día a día de los despachos desde un enfoque más práctico y cercano. Ese mismo impulso dio lugar a “Desbloqueando al Abogad@ Digital” (VER), una campaña que convirtió el progreso de los participantes en un recorrido representado por seis avatares, cada uno vinculado a una de las competencias del programa y concebidos para acompañar a los alumnos durante su aprendizaje. Como parte de esta iniciativa, Abogacía Española estrenó SeñorIAs (VER), la miniserie de ficción desarrollada íntegramente con IA y que, a través del humor y de situaciones reconocibles, acerca los contenidos del programa desde un lenguaje diferente, innovador y cercano. Ese acompañamiento no termina con el último módulo. Fruto de los acuerdos alcanzados por Abogacía Española con algunas de las principales editoriales en IA jurídica, quienes hayan completado Upro podrán acceder a un conjunto de recursos pensados para que la innovación siga formando parte de su actividad profesional una vez cerrado el programa. Entre esos beneficios se encuentra el acceso a herramientas como Vincent AI (vLex part of Clio), Helena (Sepín), Tirant PRIME (Tirant lo Blanch) y GenIA-L  (Lefebvre); la Guía Práctica de la Inteligencia Artificial, elaborada conjuntamente por Aranzadi LA LEY y Abogacía Española; y un bono de 100 BuroSMS y SMS e-Mensajes proporcionado por el propio Consejo. “Desde el principio entendimos que Upro debía ser mucho más que un programa formativo. Queríamos acompañar a la profesión durante todo el proceso, acercar la tecnología desde una perspectiva útil y demostrar que innovar también consiste en crear nuevas formas de aprender. El resultado ha sido un proyecto construido entre muchas instituciones, pero siempre con el objetivo de que ningún profesional se quede atrás en la transformación digital" afirma Alfredo Sánchez-Rubio Triviño, coordinador del proyecto Upro en Abogacía Española y decano del Colegio de Abogados de Zaragoza. Colaboración con Lefebvre Además, gracias a la colaboración con las editoriales vLex part of Clio y Tirant lo Blanch, los participantes en Upro han podido optar a sorteos (VER) de licencias anuales y semestrales de sus soluciones de IA jurídica, una iniciativa con la que Abogacía Española reconoce su implicación en el programa y facilita el acceso a algunas de las plataformas más avanzadas del sector. Upro también ha servido para abrir espacios de reflexión sobre el futuro de la profesión, jornadas, encuentros institucionales y la presentación del Libro Blanco sobre el uso de la Inteligencia Artificial en la abogacía que han acompañado un proyecto que impulsa una conversación compartida sobre cómo integrar la tecnología con criterio jurídico y al servicio de una mejor atención a la ciudadanía. Con la clausura de Upro concluye un programa, pero permanece un legado que va mucho más allá de las horas de formación. Miles de abogadas y abogados afrontan una nueva etapa con más preparación, más herramientas y la única acreditación oficial que los reconoce como Abogad@ Digital. Porque la mejor forma de anticiparse al cambio siempre es estar preparado para liderarlo.Abogacía Española amplía el alcance de Upro con iniciativas propias y acuerdos estratégicos con editoriales de IA Jurídica para acercar la innovación a los profesionales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/SenorIAs-p485823-m1515238-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-culmina-upro-el-mayor-proyecto-de-formacion-en-competencias-digitales-de-la-profesion-de-la-abogaciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/SenorIAs-p485823-m1515238-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-culmina-upro-el-mayor-proyecto-de-formacion-en-competencias-digitales-de-la-profesion-de-la-abogaciahttps://elderecho.com/abogacia-espanola-culmina-upro-el-mayor-proyecto-de-formacion-en-competencias-digitales-de-la-profesion-de-la-abogaciahttps://elderecho.com/abogacia-espanola-culmina-upro-el-mayor-proyecto-de-formacion-en-competencias-digitales-de-la-profesion-de-la-abogacia2026-07-29 10:00:062026-07-29 10:00:06sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485836La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en uno de los principales factores de competitividad, influencia y poder en el nuevo contexto geopolítico, lo que obliga a Europa a reforzar su capacidad de innovación para no limitarse al papel de regulador. Esta fue una de las principales conclusiones de los XI Diálogos de Prodware y Cremades Calvo-Sotelo, que reunieron en la Residencia de Francia en Madrid a representantes institucionales, diplomáticos y expertos para debatir sobre el futuro de la IA este mes de julio. Competición estratégica El consejero delegado de Prodware España y vicepresidente ejecutivo del Grupo Prodware, José María Sánchez, afirmó que la IA trasciende el ámbito estrictamente tecnológico y que, detrás de su desarrollo, marcado por la enorme velocidad de innovación, existe una competición estratégica de gran alcance todavía por dilucidar. En su opinión, "la verdadera batalla que se está produciendo en este momento a nivel mundial está relacionada con los datos", y quien lidera el desarrollo tecnológico acaba condicionando también sus resultados. Por ello, reclamaba que Europa no se limite "solamente" a regular la IA, sino que, preservando sus valores, genere un entorno que favorezca la innovación "dando libertad a las organizaciones y a las empresas para que funcionen". El presidente del despacho de abogados Cremades Calvo-Sotelo, Javier Cremades, señaló que Europa debe responder a la revolución de la IA desde aquello que define su identidad: la libertad, la dignidad de la persona y el Estado de derecho.A su juicio, esos principios deben convertirse en la base de una propuesta de valor propia para afrontar el nuevo escenario internacional y reforzar la cooperación con otros países, ya que, según ha afirmado, "Europa necesita socios" para responder a los desafíos globales. Geopoltica y cooperación La dimensión internacional de la inteligencia artificial centró buena parte del encuentro, con la participación de los embajadores de Francia, China, Corea, Alemania, Italia, Panamá y Canadá. La embajadora de Francia en España, Kareen Rispal, ha subrayado que Europa se juega con la IA su soberanía tecnológica y ha defendido un desarrollo basado en el Estado de derecho, la formación y la cooperación. El embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, aportaba por una IA al servicio de la inteligencia humana y una gobernanza basada en la cooperación y el control de los riesgos, mientras que el embajador de la República de Corea en España, Lim Soosuk, ha destacado el liderazgo tecnológico de su país y lo presentó como un socio estratégico para Europa. La embajadora de Alemania en España, Maria Margarete Gosse, reclamó un marco europeo común que evite nuevas dependencias tecnológicas, y el embajador de Italia, Giuseppe Buccino Grimaldi, abogó por impulsar la innovación dentro de un marco multilateral que preserve el control humano sobre la IA. Por último, el embajador de Panamá, Héctor Ernesto Infante de Sedas, y el embajador de Canadá, Jeffrey Marder, pasó a reinvidicar el papel de los países de tamaño pequeño y medio en la construcción de estándares internacionales que refuercen la seguridad y la confianza en esta tecnología. En la mesa dedicada al impacto de la IA en la educación y la sociedad, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal; el catedrático de Periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid, Carlos Elías, y el presidente y CEO de Reynolds Foundation, Álvaro Salas-Castro, coincidían en que esta revolución tecnológica transformará profundamente la economía y el conocimiento. Modelo europeo El enfoque jurídico del encuentro lo aportó el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, quien ha explicado que la inteligencia artificial no es solo una cuestión tecnológica, sino también humana, jurídica y constitucional. En este sentido, ha sostenido que la innovación debe permanecer al servicio de la persona y desarrollarse dentro del Estado de derecho, con garantías como la transparencia, la supervisión humana, la responsabilidad y la no discriminación. Los Diálogos concluyeron con la intervención del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea entre 2019 y 2024, Josep Borrell Fontelles, quien ha advertido de que Europa se ha quedado atrás en la actual revolución tecnológica y que no recuperará ese terreno pretendiendo regular lo que desarrollan otros.  Josep Borrell Fontelles llama a construir una Unión Europea capaz de responder a este nuevo escenario tecnológico y geopolítico.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/03/shutterstock_2541118795-1-p485836-m1515274-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/europa-reclama-mas-innovacion-en-ia-para-no-quedar-reducida-al-papel-de-reguladorhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/03/shutterstock_2541118795-1-p485836-m1515274-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/europa-reclama-mas-innovacion-en-ia-para-no-quedar-reducida-al-papel-de-reguladorhttps://elderecho.com/europa-reclama-mas-innovacion-en-ia-para-no-quedar-reducida-al-papel-de-reguladorhttps://elderecho.com/europa-reclama-mas-innovacion-en-ia-para-no-quedar-reducida-al-papel-de-regulador2026-07-29 10:00:032026-07-29 10:00:03derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico485888Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, y el Cabildo de Gran Canaria celebran la primera edición del Congreso Nacional de Gestión Pública que tendrá lugar los próximos días 9 y 10 de noviembre, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Este encuentro, que también se podrá seguir en directo de forma virtual, reunirá a destacados especialistas del ámbito jurídico, institucional y administrativo para analizar los principales cambios normativos, organizativos y tecnológicos que afectan actualmente a las administraciones públicas, con especial atención al impacto de la Inteligencia Artificial, la digitalización y la modernización de los servicios públicos. El objetivo del Congreso es facilitar a los profesionales del sector una visión actualizada de estos cambios, ofrecer respuestas prácticas ante los nuevos desafíos de la Administración y favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre responsables públicos y expertos de distintos ámbitos. Encargos, subvenciones y convenios El programa analizará distintos instrumentos jurídicos utilizados por las administraciones públicas. Los expertos abordarán los encargos a medios propios, su naturaleza jurídica, sus requisitos y mecanismos de control. En el evento se estudiarán las subvenciones como herramienta de gestión pública, con especial atención a los plazos de ejecución y a los problemas derivados de la participación de otros entes públicos. Otro de los ejes serán los convenios de cooperación local, sus características, su utilidad para la colaboración entre administraciones y sus diferencias con las subvenciones y los encargos. Transformación digital y función pública El congreso examinará el impacto de la transformación digital en la organización y prestación de los servicios públicos, especialmente en los ámbitos sanitario y social. En materia de empleo público, se analizarán la digitalización de la función pública, los procesos de temporalidad y estabilización, la evolución del modelo de empleo público y la evaluación del desempeño. Inteligencia artificial y simplificación administrativa La inteligencia artificial ocupará un lugar destacado por su aplicación en los ámbitos sanitario, jurídico y económico. Las sesiones abordarán su capacidad para simplificar procedimientos, reducir cargas administrativas y mejorar la eficiencia de los servicios públicos. También, se tratarán el buen gobierno de los centros sanitarios y los retos relacionados con su gestión, eficiencia y sostenibilidad. Ciberseguridad y protección de la información pública El programa se completará con un análisis de los riesgos de ciberseguridad que afrontan las administraciones, la protección de la información pública y los desafíos tecnológicos vinculados a la computación cuántica. Más información sobre el programa, ponentes y formalizar la inscripción, en la página web del Congreso Nacional de Gestión Pública. El encuentro abordará cuestiones clave de la gestión pública contemporánea de las Administraciones en materia de IA, gobernanza, talento, simplificación administrativa y transformación digital, entre otros asuntos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Congreso-Nacional-de-Gestion-Publica-p485888-m1515453-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-y-el-cabildo-de-gran-canaria-impulsan-el-i-congreso-nacional-de-gestion-publica-para-analizar-los-retos-del-sectorhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Congreso-Nacional-de-Gestion-Publica-p485888-m1515453-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-y-el-cabildo-de-gran-canaria-impulsan-el-i-congreso-nacional-de-gestion-publica-para-analizar-los-retos-del-sectorhttps://elderecho.com/lefebvre-y-el-cabildo-de-gran-canaria-impulsan-el-i-congreso-nacional-de-gestion-publica-para-analizar-los-retos-del-sectorhttps://elderecho.com/lefebvre-y-el-cabildo-de-gran-canaria-impulsan-el-i-congreso-nacional-de-gestion-publica-para-analizar-los-retos-del-sector2026-07-28 22:43:582026-07-28 22:43:58administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico485860El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 28 de julio el anteproyecto de ley por el que se modifica el Estatuto de los Trabajadores para reforzar la protección de los empleados que informen sobre infracciones normativas y casos de corrupción en el ámbito laboral, con el objetivo de blindarles frente a represalias y discriminaciones. Según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la reforma busca reforzar las garantías de indemnidad de estos trabajadores, al considerar que el sistema de protección "quedaría enormemente debilitado" si se limitara a reconocer la indemnización correspondiente al despido improcedente. Discriminación directa o indirecta En concreto, el texto prohíbe cualquier discriminación, directa o indirecta, tanto en el acceso al empleo como una vez iniciada la relación laboral, por comunicar o revelar infracciones normativas o hechos de corrupción conforme a la Ley 2/2023 de protección de los informantes. Asimismo, declara la nulidad del despido durante el periodo de prueba, de los despidos por causas objetivas y disciplinarias cuando se produzcan como represalia por revelar o comunicar este tipo de infracciones. También serán nulas las órdenes de discriminar y las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable hacia estas personas trabajadoras. La norma extiende igualmente esta protección a quienes sufran represalias por presentar reclamaciones en la empresa o por emprender acciones administrativas o judiciales dirigidas a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación o relacionadas con la revelación o comunicación de infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.  El Ministerio de Trabajo sostiene que la reforma fortalece la protección de quienes contribuyen a una cultura de integridad, transparencia y defensa del interés general en el ámbito laboral.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2010341144-1-p485860-m1515337-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-blinda-la-proteccion-y-declara-nulos-los-despidos-de-los-denunciantes-de-corrupcionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2010341144-1-p485860-m1515337-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-blinda-la-proteccion-y-declara-nulos-los-despidos-de-los-denunciantes-de-corrupcionhttps://elderecho.com/el-gobierno-blinda-la-proteccion-y-declara-nulos-los-despidos-de-los-denunciantes-de-corrupcionhttps://elderecho.com/el-gobierno-blinda-la-proteccion-y-declara-nulos-los-despidos-de-los-denunciantes-de-corrupcion2026-07-28 15:30:042026-07-28 15:30:04sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social485774La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha convocado los ‘Premios Protección de Datos Personales 2026’, que incluyen las siguientes categorías: Investigación en Ciencias Puras y Aplicadas en Protección de Datos Personales ‘Ángela Ruiz Robles’; Protección de datos personales de colectivos vulnerables y frente a la violencia digital; Comunicación; Formación, educación y concienciación en protección de datos; Buenas prácticas de cumplimiento normativo y de responsabilidad social en el tratamiento de datos; Investigación jurídica en protección de datos personales ‘Emilio Aced’; Difusión del derecho fundamental a la protección de datos personales en redes sociales; Labor de la persona Delegada de Protección de Datos, y Privacidad y Protección de Datos en Iberoamérica. La Agencia quiere reconocer con estas nueve categorías el trabajo realizado para difundir este derecho fundamental en ámbitos como el educativo; empresarial; la investigación científico-técnica; las personas delegadas de protección de datos; iberoamericano; las redes sociales; el realizado por Administraciones Públicas, los medios de comunicación y el de la protección de colectivos vulnerables y frente a la violencia digital. El Premio de Investigación en Ciencias Puras y Aplicadas en Protección de Datos Personales ‘Ángela Ruiz Robles’, dotado con 3.000 euros, tiene por objeto premiar trabajos y proyectos de protección de datos realizados en el contexto de la investigación en ciencias puras y aplicadas y en ámbitos científico técnicos o tecnológicos, con un enfoque práctico, en los que se estudie la aplicación de los principios de protección de datos en procesos, sistemas o desarrollos científico-técnicos, con el fin de garantizar los derechos y libertades de las personas, y no trabajos predominantemente jurídicos, doctrinales o propios de las ciencias sociales. El jurado podrá, asimismo, proponer la concesión de un accésit dotado con 1.500 euros. En esta edición se considerarán de mayor interés aquellas actividades relativas a la aplicación de la responsabilidad proactiva establecida en el RGPD y la gestión de los riesgos para los derechos y libertades en soluciones relativas a tecnologías disruptivas, aquellas que traten sobre categorías especiales de datos, tratamientos considerados de alto riesgo o que afecten a una parte significativa de la sociedad o grupos más expuestos como menores, personas con discapacidad o personas en situaciones de violencia de género u otras situaciones de acoso. El Premio a la Protección de datos personales de colectivos vulnerables y frente a la violencia digital está orientado a reconocer una actividad, producto o servicio del ámbito público o privado que tenga como características la originalidad, creatividad, innovación y el impacto social en relación con la protección de datos y la garantía de los derechos y libertades de las personas de colectivos en situación de vulnerabilidad, así como en la prevención y lucha contra la violencia digital. Se considerarán de especial interés aquellas actuaciones que, entre otras, fomenten la prevención, educación y sensibilización sobre los riesgos de la exposición digital y el tratamiento inadecuado de datos personales, o las que desarrollen herramientas tecnológicas accesibles o protocolos de actuación que contribuyan a la protección efectiva de las víctimas o personas vulnerables en el entorno digital. El premio consistirá en una dotación económica de 3.000 euros (1.500 para el accésit) si el proyecto ganador corresponde a una persona física o entidad privada. El Premio Comunicación de Protección de Datos, que incluye una dotación de 3.000 euros, tiene por objeto reconocer los trabajos periodísticos de medios de comunicación que supongan una aportación destacada a la difusión y promoción de los principios de protección de datos entre los ciudadanos y/o fomenten la concienciación de quienes manejan información personal. Podrán optar al mismo los trabajos individuales difundidos en un medio de comunicación −como un editorial, noticia, reportaje, o programa de radio o televisión− o los proyectos periodísticos y campañas audiovisuales que definan un compromiso editorial con la promoción de la protección de datos. Las candidaturas podrán ser presentadas tanto por periodistas (por sus trabajos publicados en un medio de comunicación) o por el medio de comunicación, incluyendo los blogs integrados en los mismos, como una campaña global. Los trabajos y acciones presentadas deben haberse difundido entre el 16 de octubre de 2025 y el 15 de octubre de 2026. En esta edición se priorizarán los trabajos que hayan contribuido a difundir en mayor medida la protección de datos desde un plano social, y especialmente aquellos que aborden la expansión de tecnologías innovadoras o disruptivas y su relación con la protección de datos y las iniciativas lanzadas por la AEPD. El Premio a la Formación, educación y concienciación en protección de datos tiene por objeto premiar las iniciativas que promuevan el conocimiento del derecho fundamental a la protección de datos entre el alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Universidades y centros educativos que impartan enseñanzas regladas no universitarias, y cuyos proyectos contribuyan a concienciar al alumnado sobre el valor de la privacidad y el uso responsable de la información personal en el ámbito digital y, en especial, en el uso de la inteligencia artificial. El galardón se convoca en dos modalidades (ambas incluyen una dotación económica de 3.000 euros y un accésit de 1.500 euros): El Premio a las Buenas prácticas de cumplimiento normativo y de responsabilidad social en el tratamiento de datos reconoce la proactividad, las buenas prácticas y la incorporación voluntaria de mecanismos éticos y de responsabilidad institucional en el tratamiento de datos personales. Se tendrán en cuenta las estructuras de gobernanza, auditorías internas, canales participativos y estrategias organizativas que refuercen la protección de los derechos. El premio, que consiste en una mención honorífica, se convoca en dos modalidades: Buenas prácticas puestas en marcha por empresas, asociaciones y fundaciones del sector privado. Buenas prácticas de instituciones, entidades, organismos, órganos y departamentos del sector público. El Premio de Investigación jurídica en protección de datos personales ‘Emilio Aced’que incluye un premio de 3.000 euros y un accésit de 1.500 euros, reconoce trabajos de investigación jurídica en materia de protección de datos y privacidad según su calidad técnico-jurídica, contribución doctrinal y práctica, así como por la difusión de aspectos relevantes del derecho a la protección de datos personales. Podrán optar a este galardón investigadores/as individuales, grupos de investigación o universidades e instituciones que promuevan o financien estudios jurídicos en materia de derecho sobre la protección de datos personales. El premio está orientado a trabajos de investigación jurídica realizados en España o en Iberoamérica que contribuyan de forma significativa al desarrollo del conocimiento sobre privacidad y protección de datos. El Premio a la difusión del derecho fundamental a la protección de datos en redes sociales, con un premio de 3.000 euros y un accésit de 1.500 euros, reconoce aquellos perfiles en redes sociales que se hayan caracterizado por el firme compromiso en la promoción y difusión del derecho a la protección de datos. En esta edición se priorizarán aquellos que hayan contribuido a difundir en mayor medida la protección de datos desde un plano social ‒tanto entre la ciudadanía para que conozca sus derechos y cómo ejercerlos, como entre aquellos que tratan datos, de forma que conozcan cuáles son sus obligaciones y responsabilidades‒ y los que hayan fomentado el conocimiento de las iniciativas y acciones lanzadas por la AEPD. El Premio a la labor de las personas Delegadas de Protección de Datos, tiene por objeto reconocer proyectos o actuaciones desarrolladas en el marco de las funciones propias del DPD que supongan una aportación innovadora en la promoción y supervisión efectiva del cumplimiento normativo en protección de datos; el fomento de la cultura de privacidad en las organizaciones; la formación del personal o el impulso de la participación de la comunidad de profesionales y la difusión de buenas prácticas en el ámbito profesional. Ese premio se dirige a destacar proyectos concretos o conjuntos de actuaciones impulsadas bajo el liderazgo de la persona que ejerza como DPD, valorando especialmente su carácter innovador, su impacto contrastable y su posible transferibilidad a otras entidades. Finalmente, el Premio de privacidad y protección de datos en Iberoamérica, dotado con 3.000 euros y un accésit de 1.500 euros, pretende reconocer y fomentar la cooperación científica, técnica e institucional sobre protección de datos en el espacio iberoamericano. El jurado tendrá en cuenta investigaciones relevantes en el ámbito jurídico realizadas en países de Iberoamérica que supongan una aportación significativa al conocimiento o la práctica de la protección de datos; proyectos de carácter público o privado que tengan conexión con la labor de la Agencia o con acciones conjuntas en el marco de la Red Iberoamericana de Protección de Datos; conjuntos de actuaciones destacadas de investigadores, profesionales o instituciones, y documentos técnicos, guías, protocolos, observatorios o herramientas prácticas que hayan contribuido a la cultura de privacidad o al ejercicio efectivo de los derechos en Iberoamérica. Podrán optar al premio investigadores individuales, grupos de investigación, universidades, instituciones públicas, autoridades de protección de datos, organizaciones internacionales, empresas y entidades privadas con sede o actividad principal en países de Iberoamérica.El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el próximo 15 de octubre.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/06/shutterstock_2467635789-1-p485774-m1515130-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-aepd-convoca-los-premios-proteccion-de-datos-2026-para-reconocer-el-compromiso-en-la-promocion-y-difusion-de-este-derechohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/06/shutterstock_2467635789-1-p485774-m1515130-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-aepd-convoca-los-premios-proteccion-de-datos-2026-para-reconocer-el-compromiso-en-la-promocion-y-difusion-de-este-derechohttps://elderecho.com/la-aepd-convoca-los-premios-proteccion-de-datos-2026-para-reconocer-el-compromiso-en-la-promocion-y-difusion-de-este-derechohttps://elderecho.com/la-aepd-convoca-los-premios-proteccion-de-datos-2026-para-reconocer-el-compromiso-en-la-promocion-y-difusion-de-este-derecho2026-07-28 13:00:472026-07-28 13:00:47sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485750El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha trasladado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados sus propuestas de enmienda al Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, con el propósito de reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias. Las propuestas del CERMI parten de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y del artículo 49 de la Constitución Española. Este marco jurídico, agrega la entidad, obliga a aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para favorecer la autonomía personal, la vida independiente y la accesibilidad universal, y, al mismo tiempo, a prevenir los riesgos de discriminación y exclusión derivados del diseño y la utilización de estos sistemas. Cuatro ámbitos prioritarios El documento articula las enmiendas en torno a cuatro ámbitos prioritarios. En primer lugar, reclama que todos los procedimientos previstos en la futura ley, incluidos los canales de información y reclamación, los registros, las inspecciones, las sanciones y las explicaciones sobre decisiones algorítmicas, sean universalmente accesibles y comprensibles. Asimismo, exige que las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y de sus familias participen en la elaboración de directrices, en las tareas de supervisión, en los espacios de pruebas y en la gobernanza de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. El CERMI solicita también que las garantías de accesibilidad, igualdad y no discriminación se conviertan en obligaciones jurídicas vinculantes, cuyo incumplimiento pueda ser supervisado y sancionado. "El objetivo es prevenir el capacitismo algorítmico, entendido como el sesgo que penaliza a las personas que se apartan de patrones corporales, cognitivos, comunicativos, sensoriales o conductuales considerados normativos", añade la entidad. Del mismo modo, plantea que las administraciones públicas garanticen que los sistemas de inteligencia artificial que adquieren y utilizan sean accesibles, auditables y respetuosos con los derechos humanos, y que cuenten con una supervisión humana dotada de capacidad real para revisar sus resultados. Futura regulación De acuerdo a la información facilitada por Europa Press, el CERMI insta a los grupos políticos a incorporar estas propuestas al texto de la ley y a establecer mecanismos permanentes de participación de la sociedad civil de la discapacidad. La futura regulación deberá asegurar una supervisión accesible, participada, informada y exigente, así como procedimientos efectivos de reclamación, reparación y sanción cuando se vulneren derechos. El CERMI advierte de que la gobernanza de la inteligencia artificial no puede descansar únicamente en principios éticos, declaraciones generales o compromisos voluntarios, y remarcan que los derechos de las personas con discapacidad deben traducirse en obligaciones jurídicas vinculantes, supervisables y exigibles, para evitar que estas personas queden fuera de las garantías diseñadas para proteger al conjunto de la ciudadanía. "Ningún avance tecnológico puede considerarse progreso si reproduce discriminaciones, consolida barreras o excluye a una parte de la sociedad", apostilla la entidad.Con sus propuestas de enmienda pretenden reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/03/shutterstock_2304821095-1-p485750-m1515067-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cermi-reclama-que-la-futura-ley-de-ia-garantice-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/03/shutterstock_2304821095-1-p485750-m1515067-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cermi-reclama-que-la-futura-ley-de-ia-garantice-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidadhttps://elderecho.com/el-cermi-reclama-que-la-futura-ley-de-ia-garantice-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidadhttps://elderecho.com/el-cermi-reclama-que-la-futura-ley-de-ia-garantice-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad2026-07-28 13:00:152026-07-28 13:00:15derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico485737El Colegio de Registradores ha acordado la gratuidad de las notas simples de dominio que los damnificados puedan solicitar a través del Portal Registral de Emergencias (https://geoportal.registradores.org/emergency) ante los daños ocasionados por los incendios forestales que están asolando el territorio. Incendios forestales Hasta la fecha se han publicado 9 grandes incendios forestales, los ocurridos en Huelva, San Esteban de Litera en Hueca, Santa Cristina D´Haro en Girona, Los Gallardos en Almería, Congosto en León, Asin en Zaragoza, La Mierla y Selas en Guadalajara y Brieva en Segovia, que han calcinado 61.793,1 hectáreas y sobre las que se han geolocalizado 5.072 fincas registrales y 1.095 construcciones. Estas cifras se incrementarán exponencialmente con el paso de los días dado que siguen activos numerosos incendios en todo el territorio nacional, con especial atención a los incendios de Ávila y Madrid que han afectado ya a más de 45.000 hectáreas y 85.000 desplazados. Desde el Colegio de Registradores han manifestado que ayudarán a los afectados a través del Portal Registral de Emergencias pudiendo comprobar si su finca registral esta afectada por un incendio o cualquier otra catástrofe que afecte a nuestro territorio y poder obtener directamente información registral de forma ágil y gratuita sobre ella para hacer valer su titularidad jurídica registral y ejercer sus derechos sobre la información que, como fuente autentica y confiable, el Registro proporciona. El Portal Registral de Emergencias ofrece una visión global del impacto de los incendios y facilita a los damnificados acceso a los datos de fincas registrales afectadas para acreditar la titularidad vigente de sus inmuebles, algo clave para gestionar indemnizaciones y ayudas de las administraciones.Las cifras provisionales indican que son más de 45.000 hectáreas y 85.000 desplazados.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/08/shutterstock_2665970711-1-p485737-m1515037-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-colegio-de-registradores-acuerda-la-gratuidad-de-las-notas-simples-de-domino-para-los-damnificados-por-los-incendios-forestaleshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/08/shutterstock_2665970711-1-p485737-m1515037-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-colegio-de-registradores-acuerda-la-gratuidad-de-las-notas-simples-de-domino-para-los-damnificados-por-los-incendios-forestaleshttps://elderecho.com/el-colegio-de-registradores-acuerda-la-gratuidad-de-las-notas-simples-de-domino-para-los-damnificados-por-los-incendios-forestaleshttps://elderecho.com/el-colegio-de-registradores-acuerda-la-gratuidad-de-las-notas-simples-de-domino-para-los-damnificados-por-los-incendios-forestales2026-07-28 12:00:172026-07-28 12:00:17administrativoAdministrativo1Administrativo485725El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la condena a un hombre por simular el robo de su vivienda de Velilla de San Antonio con el objetivo de reclamar a la aseguradora una indemnización superior a 252.000 euros, aunque ha absuelto a su esposa al no quedar acreditado que conociera el engaño. En la sentencia de la que ha informado Europa Press, la Sala ratifica que el acusado cometió un delito de tentativa de estafa en concurso con otro de simulación de delito, tras denunciar falsamente que unos ladrones habían desvalijado su vivienda mientras se encontraba ausente. Como consecuencia de la sentencia de apelación, deberá abonar 15.111,87 euros, además de las costas procesales. Reclamación compañía aseguradora Los hechos se remontan al 6 de septiembre de 2017, cuando el hombre denunció ante la Guardia Civil de Rivas-Vaciamadrid un supuesto robo en su domicilio. Doce días después amplió la denuncia con un inventario de los bienes presuntamente sustraídos, valorados en 252.515,79 euros, cuantía que posteriormente reclamó a la compañía aseguradora. Entre los objetos que aseguró que habían desaparecido figuraban joyas, obras de arte, un Cristo crucificado de marfil y madera, un colmillo de elefante tallado, colecciones de figuras de marfil y porcelana, así como 39 banderines de coches oficiales. Muchos de esos bienes habían sido incorporados poco antes a la póliza del hogar como objetos de especial valor. La aseguradora detectó diversas irregularidades y abrió una investigación mediante informes periciales y un detective privado. Las pesquisas, junto con la investigación de la Guardia Civil, permitieron concluir que el robo nunca se produjo y que el denunciado había simulado el siniestro para obtener una indemnización que finalmente no llegó a cobrar. En su recurso, el condenado alegó que no existían pruebas suficientes, cuestionó la investigación de la aseguradora y sostuvo que los hechos no habían pasado de ser actos preparatorios. El TSJM rechaza estos argumentos al considerar acreditado que comunicó el falso siniestro con la finalidad de obtener un beneficio económico, por lo que su conducta constituyó una tentativa de estafa. Robo ficticio La Sala, sin embargo, estima parcialmente el recurso de la esposa. Aunque acompañó al acusado cuando amplió la denuncia, los magistrados concluyen que no ha quedado probado que supiera que el robo era ficticio, por lo que revocan su condena y la absuelven. Asimismo, el TSJM modifica la pena impuesta al principal condenado al apreciar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. De este modo, sustituye la pena de prisión impuesta en primera instancia por una multa de 89 días, con una cuota diaria de 50 euros, mantiene otra multa de 200 días a razón de 10 euros diarios por el delito de estafa y la obligación de indemnizar a la aseguradora con 8.661,87 euros por los gastos de la investigación del fraude.El hombre habría incluído los bienes poco antes a la póliza del hogar dándoles el calificativo de objetos de especial valor.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2599709733-1-p485725-m1515005-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjm-condena-a-un-hombre-por-un-falso-saqueo-de-su-vivienda-para-reclamar-mas-de-250-000-euros-al-segurohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2599709733-1-p485725-m1515005-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjm-condena-a-un-hombre-por-un-falso-saqueo-de-su-vivienda-para-reclamar-mas-de-250-000-euros-al-segurohttps://elderecho.com/el-tsjm-condena-a-un-hombre-por-un-falso-saqueo-de-su-vivienda-para-reclamar-mas-de-250-000-euros-al-segurohttps://elderecho.com/el-tsjm-condena-a-un-hombre-por-un-falso-saqueo-de-su-vivienda-para-reclamar-mas-de-250-000-euros-al-seguro2026-07-28 10:00:362026-07-28 10:00:36penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico485762El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado en la tarde del día 27 de julio y ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. En este acuerdo se descarta, por el momento, la adopción de medidas extraordinarias y la activación del Protocolo de actuación judicial en situaciones de emergencia y catástrofe ante los graves incendios forestales que afectan a Madrid y otras provincias. Adopción de medidas cautelarísimas Junto con el recurso, el Colegio ha solicitado la adopción de medidas cautelarísimas, dada la especial urgencia de la situación y el peligro de que, mientras se tramita el procedimiento, venzan plazos, se celebren actuaciones judiciales o se produzcan efectos procesales irreversibles para ciudadanos y profesionales que no pueden actuar con normalidad por causas completamente ajenas a su voluntad. El recurso impugna el criterio del CGPJ según el cual la apertura y el funcionamiento ordinario de las sedes judiciales permiten descartar las medidas extraordinarias y remitir las incidencias a una resolución individualizada, “caso por caso”. Para el ICAM, este planteamiento confunde dos realidades radicalmente distintas: que los juzgados permanezcan abiertos no significa que las personas afectadas, sus abogados, procuradores y demás intervinientes estén materialmente en condiciones de preparar escritos, acceder a expedientes, recuperar documentación, comunicarse con sus clientes o desplazarse con seguridad. La cuestión no es únicamente si los órganos judiciales pueden continuar trabajando, sino si quienes deben acudir ante ellos pueden hacerlo de manera real y efectiva, sin desobedecer órdenes de evacuación o confinamiento, sin poner en riesgo su seguridad y sin exponerse a la pérdida irreversible de sus derechos. Las evacuaciones, los confinamientos, las restricciones de acceso y movilidad, los cortes de carreteras y transportes, las interrupciones de comunicaciones y suministros y la imposibilidad de acceder a domicilios y despachos constituyen obstáculos objetivos que no pueden reducirse a una sucesión de incidencias particulares. Obligar a cada persona afectada a acreditar individualmente una situación de fuerza mayor de carácter general traslada injustamente sobre la ciudadanía las consecuencias de la emergencia, multiplica los incidentes procesales y puede generar respuestas diferentes ante circunstancias sustancialmente idénticas. Una respuesta homogénea frente a una emergencia colectiva El Colegio solicita, así, al Tribunal Supremo que declare que el Acuerdo impugnado no es conforme a Derecho y que se adopten medidas organizativas extraordinarias, homogéneas y proporcionadas a la situación existente. Entre ellas se encuentran la suspensión o reprogramación de señalamientos no urgentes y el establecimiento de criterios uniformes para tratar las incidencias derivadas de la fuerza mayor, sin perjuicio del mantenimiento de las guardias y de todas las actuaciones urgentes e inaplazables. Como medida cautelarísima, el ICAM reclama, con carácter principal, la suspensión de la eficacia del Acuerdo en cuanto rechaza la activación de las medidas extraordinarias previstas en el Protocolo de emergencia del CGPJ. Subsidiariamente, solicita que se requiera al Consejo para que realice de manera inmediata una nueva valoración motivada, atendiendo no solo a la apertura física de las sedes judiciales, sino también a la incidencia real de las evacuaciones, los confinamientos, las restricciones de movilidad, las dificultades de comunicación y las demás medidas de protección civil sobre el ejercicio efectivo del derecho de defensa. El recurso del ICAM destaca, además, la contradicción entre la respuesta de la Comisión Permanente del CGPJ y la actuación de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha mantenido medidas extraordinarias ante la persistencia de evacuaciones, limitaciones de movilidad y medidas de protección civil derivadas de los incendios en Castellón. Esta diferencia de criterio evidencia, a juicio del Colegio, la necesidad de una respuesta institucional coherente, suficientemente motivada y respetuosa con los principios de igualdad y seguridad jurídica. El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha afirmado que “el recurso del ICAM ante el Tribunal Supremo el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial es en defensa de la ciudadanía afectada por los incendios y de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. No estamos ante una reivindicación corporativa, sino ante la obligación de impedir que una emergencia de esta magnitud se traduzca en indefensión y pérdida irreversible de derechos”. Y ha añadido: “Estamos viviendo una situación inédita para el derecho de defensa. Si a un abogado cuyo despacho se encuentra en un territorio evacuado, arrasado o inaccesible, o a un ciudadano que lleva dos días acogido en un polideportivo con la misma ropa, no se le suspende un plazo procesal, el sistema está fallando en lo más esencial. El derecho no puede exigir lo imposible ni castigar a quien está tratando de proteger su vida y la de su familia”. Advirtiendo que “ se trata de un recurso de máxima calidad técnica, firme y valiente, con la voluntad de proteger de forma inmediata a los afectados y de obtener un pronunciamiento que siente jurisprudencia para futuras emergencias. La tutela judicial efectiva no puede depender del código postal, del órgano judicial que conozca del asunto ni de que cada ciudadano tenga que demostrar iuna situación de fuerza mayor que es pública, general y evidente”. Situación de fuerza mayor El domingo 26 de julio, la Junta de Gobierno del Colegio, reunida en sesión extraordinaria, acordó solicitar al Gobierno, al Consejo de Ministros, a la Comunidad de Madrid, al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la adopción inmediata de medidas para proteger a las personas afectadas por los incendios. Entre otras actuaciones, el ICAM reclamó la suspensión extraordinaria de los plazos procesales y administrativos; la restitución, mediante un procedimiento sencillo y urgente, de los plazos vencidos como consecuencia directa de los incendios; la suspensión o reprogramación de señalamientos no urgentes; y la creación de reglas específicas para los procedimientos en los que una parte, su abogado, su procurador o cualquier interviniente indispensable se encontrara materialmente afectado por la emergencia. El Colegio advirtió igualmente de que los medios telemáticos no pueden presumirse disponibles cuando las personas afectadas carecen de conectividad, equipos, privacidad, documentación o acceso a sus lugares de trabajo. Estas medidas tienen como objetivo impedir que una situación de fuerza mayor se traduzca en pérdida de acciones, recursos, trámites u oportunidades procesales, y garantizar que ninguna persona tenga que elegir entre cumplir una obligación jurídica y proteger su seguridad.El ICAM considera que la decisión del CGPJ ofrece una respuesta insuficiente ante una emergencia de alcance colectivo y pone en riesgo el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva de las personas afectadas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Sede-del-ICAM-en-Serrano-9-scaled-p485762-m1515097-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-solicita-medidas-cautelarisimas-ante-el-supremo-frente-al-acuerdo-del-cgpj-de-denegacion-de-suspension-de-plazos-a-los-afectados-por-los-incendioshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Sede-del-ICAM-en-Serrano-9-scaled-p485762-m1515097-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-solicita-medidas-cautelarisimas-ante-el-supremo-frente-al-acuerdo-del-cgpj-de-denegacion-de-suspension-de-plazos-a-los-afectados-por-los-incendioshttps://elderecho.com/el-icam-solicita-medidas-cautelarisimas-ante-el-supremo-frente-al-acuerdo-del-cgpj-de-denegacion-de-suspension-de-plazos-a-los-afectados-por-los-incendioshttps://elderecho.com/el-icam-solicita-medidas-cautelarisimas-ante-el-supremo-frente-al-acuerdo-del-cgpj-de-denegacion-de-suspension-de-plazos-a-los-afectados-por-los-incendios2026-07-27 19:11:522026-07-27 19:11:52sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico