https://elderecho.com/feedes483697La Sala de lo Social del TSJC en su sede de Las Palmas revoca parcialmente la sentencia de instancia que había desestimado la demanda de la trabajadora, declara la “nulidad radical” del acto empresarial, ordena restituir el permiso de la trabajadora y condena a la empresa a abonar 84,12 euros más 1.500 euros para la madre y 1.500 euros para el bebé en concepto de daño moral, al entender que el niño está legitimado para ser parte en el pleito por aplicación al caso de la perspectiva de infancia. La resolución aborda un conflicto derivado de la negativa de la empresa Aeromédica Canaria a conceder a una trabajadora madre de un bebé de 15 meses el permiso retribuido previsto en el artículo 37.3.b del Estatuto de los Trabajadores. La sentencia razona que el caso debe analizarse con perspectiva de género y de infancia, y considera que la denegación empresarial, basada en una lectura estricta del justificante médico, no fue conforme con la finalidad protectora del permiso. Según los hechos probados, la trabajadora venía prestando servicios para la empresa con antigüedad desde septiembre de 2020 y tenía a su cargo un hijo de 15 meses. El 7 de febrero de 2025, una facultativa del Servicio Canario de Salud emitió un informe en el que se hacía constar: “Lactante requiere de cuidado por la madre durante 3 días. A los efectos oportunos”. Con esa base, la trabajadora pidió a la empresa la concesión del permiso retribuido de cinco días por enfermedad grave y necesidad de cuidados del menor. La empresa respondió que no procedía reconocer el permiso del artículo 37.3.b del Estatuto de los Trabajadores porque la documentación aportada solo justificaba, en su criterio, la ausencia de ese mismo día o, en su caso, una situación encuadrable en otros supuestos distintos del permiso reclamado. Después, la trabajadora no acudió a su puesto los días 10 y 11 de febrero de 2025, y la empresa descontó 84,12 euros de su nómina por absentismo. El juzgado de instancia desestimó la demanda, pero el TSJ revoca ahora esa decisión en parte. La Sala sostiene que el permiso de cuidadores, tras la reforma introducida por el Real Decreto-ley 5/2023, debe interpretarse atendiendo a su finalidad de conciliación y a la necesidad efectiva de cuidados, no desde una óptica excesivamente formalista. La resolución afirma que “la trabajadora dispone de un informe o certificación pública, de especialista médico, que justifica la necesidad de cuidado importante del familiar” y que en este caso el documento no fue impugnado por la demandada. Carga probatoria desproporcionada El tribunal da relevancia a la corta edad del menor y razona que, tratándose de un bebé lactante, la exigencia de acreditar la gravedad de su dolencia, argumento de Aeromédica para denegar el permiso, no puede traducirse en una carga probatoria desproporcionada que obligue a revelar datos de salud especialmente sensibles. La sentencia subraya que “para un bebé puede ser grave, un padecimiento puntual, que sería anodino para una persona adulta” y añade que el concepto de enfermedad grave, en este contexto, “debe ser siempre interpretado de forma flexible, nunca restrictiva o excluyente, ni con una perspectiva adultocéntrica”. La Sala también aprecia un impacto de género desproporcionado en el conflicto y considera que la negativa empresarial puede constituir una discriminación por razón de género respecto de la madre, además de una discriminación por asociación respecto del menor. Por ello declara la nulidad radical del acto empresarial y fija una indemnización por daño moral, aunque en una cuantía inferior a la pedida en la demanda al entender que las vulneraciones se circunscribieron a un período breve y sin constancia de reiteración. La resolución incluye además un voto particular, en el que se sostiene que no concurre el presupuesto habilitante del permiso porque no se acredita accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica con reposo domiciliario, y que la interpretación con perspectiva de género no puede crear un régimen jurídico distinto del previsto legalmente. TSJ de Canarias. Sala de lo Social. Sentencia nº 848/2026 de 11 de junio de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declara vulnerado el derecho fundamental a la no discriminación por razón de género de una mujer trabajadora y de su hijo lactante, al entender que la empresa le denegó injustificadamente un permiso de cinco días para atender al menor. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2765059077-1-p483697-m1509004-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenada-una-empresa-por-vulnerar-derechos-de-una-trabajadora-y-de-su-bebe-lactantehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2765059077-1-p483697-m1509004-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenada-una-empresa-por-vulnerar-derechos-de-una-trabajadora-y-de-su-bebe-lactantehttps://elderecho.com/condenada-una-empresa-por-vulnerar-derechos-de-una-trabajadora-y-de-su-bebe-lactantehttps://elderecho.com/condenada-una-empresa-por-vulnerar-derechos-de-una-trabajadora-y-de-su-bebe-lactante2026-06-22 09:38:412026-06-22 09:38:41socialSocial13Social483696En esta tercera edición, el Premio Sandía ha recaído en Carlos Berbell, mientras que el Premio Melón ha sido otorgado a Beatriz García. Asimismo, el jurado ha concedido la Raja de Sandía a Javier de Antonio y la Raja de Melón a Carlos Capa. Durante el acto de entrega, el presidente del ICOGAM, Fernando Jesús Santiago Ollero, destacó la extraordinaria calidad de las candidaturas presentadas este año y subrayó que la elección de los premiados fue especialmente compleja debido al elevado nivel de los trabajos analizados. “Estos premios no reconocen únicamente un artículo concreto. Reconocen una forma de ejercer el periodismo, una sensibilidad especial hacia los problemas reales de ciudadanos, autónomos, pequeños negocios y familias, y una voluntad constante de explicar la realidad con rigor, independencia y valentía”, señaló. Fernando Santiago recordó que durante las deliberaciones aparecieron numerosos trabajos de gran calidad firmados por profesionales de referencia del periodismo económico, jurídico y social, destacando que “los premiados de este año son los que son porque había que tomar una decisión, pero perfectamente podrían haber sido otros compañeros cuyos trabajos también han contribuido a explicar reformas complejas, denunciar problemas, visibilizar injusticias o dar voz a quienes muchas veces no la tienen”. El presidente de los gestores administrativos quiso insistir en que estos galardones no pretenden reconocer ideologías ni posiciones políticas, sino el ejercicio de un periodismo independiente y comprometido con la sociedad. “Premiamos el trabajo bien hecho. Premiamos la independencia. Premiamos la capacidad de formular preguntas incómodas y de ayudar a los ciudadanos a comprender mejor cómo les afectan las decisiones económicas, jurídicas y administrativas”, afirmó. Los Premios Sandía y Melón nacieron con el objetivo de reconocer la labor de los profesionales de la información que contribuyen a acercar a la ciudadanía asuntos complejos relacionados con la economía, la fiscalidad, la actividad empresarial, la justicia, la administración pública o los derechos de los ciudadanos. Desde su creación, estos galardones se han consolidado como un espacio de encuentro entre periodistas y profesionales, con el propósito de poner en valor la importancia de una información rigurosa, independiente y útil para la sociedad. Galardonados 2026 Premio Sandía 2026 Carlos Berbell (Confilegal), cuenta con una dotación económica de 2.000 euros. Premio Melón 2026 Beatriz García (LibertadDigital), cuenta con una dotación económica de 2.000 euros. Raja de Sandía 2026 Javier de Antonio (La Razón), cuenta con una dotación económica de 500 euros. Raja de Melón 2026 Carlos Capa (CincoDías), cuenta con una dotación económica de 500 euros. El Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM) ha hecho entrega de los Premios Sandía y Melón 2026, unos galardones que reconocen el trabajo de periodistas que, desde distintos medios de comunicación, contribuyen a acercar a los ciudadanos cuestiones económicas, jurídicas y administrativas de especial relevancia social.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/III-Premio-Sandia-y-Melon-ICOGAM-p483696-m1508973-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/carlos-berbell-y-beatriz-garcia-reciben-los-premios-sandia-y-melon-2026-por-su-labor-en-defensa-de-ciudadanos-autonomos-y-pequenas-empresashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/III-Premio-Sandia-y-Melon-ICOGAM-p483696-m1508973-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/carlos-berbell-y-beatriz-garcia-reciben-los-premios-sandia-y-melon-2026-por-su-labor-en-defensa-de-ciudadanos-autonomos-y-pequenas-empresashttps://elderecho.com/carlos-berbell-y-beatriz-garcia-reciben-los-premios-sandia-y-melon-2026-por-su-labor-en-defensa-de-ciudadanos-autonomos-y-pequenas-empresashttps://elderecho.com/carlos-berbell-y-beatriz-garcia-reciben-los-premios-sandia-y-melon-2026-por-su-labor-en-defensa-de-ciudadanos-autonomos-y-pequenas-empresas2026-06-22 09:20:512026-06-22 09:20:51sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483538La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, ha confirmado la sentencia que declaró resuelto un contrato de arrendamiento de vivienda sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1964 y ordenó al inquilino entregar la posesión del inmueble a su propietaria. La resolución desestima íntegramente el recurso de apelación interpuesto por el arrendatario. La controversia se centraba en determinar si concurría la causa legal que permite al arrendador denegar la prórroga forzosa de un contrato de renta antigua cuando necesita la vivienda para sí. El inquilino sostenía que, al tratarse de un arrendamiento vitalicio, la recuperación del inmueble no podía producirse mientras siguiera vivo, además de cuestionar la existencia de una necesidad real y la validez del requerimiento previo. La Sala rechaza estos argumentos y recuerda que la LAU de 1964 contempla expresamente la resolución del contrato cuando concurra alguna de las causas de denegación de la prórroga forzosa, entre ellas la necesidad del propietario de ocupar la vivienda para sí. La sentencia destaca que, aunque estas causas deben interpretarse de forma restrictiva, en el presente supuesto han quedado acreditados todos los requisitos exigidos legalmente. En relación con la necesidad alegada, el Tribunal considera acreditado que la propietaria carece de otra vivienda en propiedad y desea ocupar el inmueble para desarrollar una vida independiente. La resolución recoge doctrina jurisprudencial según la cual la necesidad no debe entenderse únicamente como una situación forzosa o ineludible, sino también como una situación que supera la mera conveniencia y constituye un medio adecuado para satisfacer un fin legítimo. En este sentido, cita resoluciones del Tribunal Supremo que admiten que la voluntad de llevar una vida independiente puede integrar el concepto legal de necesidad. La Audiencia también avala la validez del requerimiento efectuado al arrendatario. Según expone, la comunicación remitida por la propietaria identificaba claramente a la persona que necesitaba la vivienda, explicaba la causa de la necesidad y se realizó con más de un año de antelación, cumpliendo así las exigencias previstas en la legislación arrendaticia de 1964. La Sala añade que el hecho de que la propietaria hubiera obtenido una plaza profesional en otra localidad no elimina su derecho a recuperar la vivienda para utilizarla conforme a sus necesidades personales y laborales. La sentencia subraya además que el conflicto entre el interés del propietario y el del inquilino debe resolverse, en este caso, en favor del titular del dominio, como manifestación del derecho de propiedad reconocido en el artículo 348 del Código Civil, que faculta a su titular para gozar y disponer de sus bienes dentro de los límites establecidos por la ley. Por último, la Audiencia rechaza la pretensión indemnizatoria formulada por el arrendatario. Razona que la LAU de 1964 reconoce determinados derechos económicos al inquilino que abandona la vivienda tras el requerimiento, pero también establece que perderá toda indemnización si deja transcurrir un año sin desalojarla y sin causa justificada. Al no haber abandonado el inmueble dentro de ese plazo, la Sala concluye que el arrendatario perdió cualquier derecho indemnizatorio derivado de la recuperación de la vivienda por necesidad de la propietaria. La resolución confirma íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cartagena. AP de Murcia. Sección 5ª. Sentencia nº 75/2026 de 3 de marzo de 2026.La sentencia recuerda que la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 permite denegar la prórroga forzosa cuando concurre una causa legal.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2599709733-1-p483538-m1508442-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-murcia-avala-que-una-propietaria-recupere-su-vivienda-de-renta-antigua-para-independizarsehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2599709733-1-p483538-m1508442-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-murcia-avala-que-una-propietaria-recupere-su-vivienda-de-renta-antigua-para-independizarsehttps://elderecho.com/la-ap-de-murcia-avala-que-una-propietaria-recupere-su-vivienda-de-renta-antigua-para-independizarsehttps://elderecho.com/la-ap-de-murcia-avala-que-una-propietaria-recupere-su-vivienda-de-renta-antigua-para-independizarse2026-06-19 14:28:562026-06-19 14:28:56civilCivil2inmobiliarioInmobiliarioCivil,Inmobiliario483614La Asociación Española de Consultores de Empresa (AECEM) ha sido reconocida por la Plataforma del Tercer Sector como nueva Embajadora de la Casilla Empresa Solidaria, una iniciativa que permite a las empresas destinar el 0,7% de la cuota íntegra de su Impuesto de Sociedades a proyectos de interés social sin asumir ningún coste adicional. Asesorías y despachos profesionales La Plataforma del Tercer Sector representa a cerca de 28.000 entidades sociales. La entidad ha destacado la capacidad de AECEM para acercar esta iniciativa a miles de empresas a través de sus asociados. Con este nombramiento, AECEM pasa a formar parte de la red de entidades embajadoras. Su encargo es promover la Casilla Empresa Solidaria. También sensibilizar a las empresas sobre la importancia de incorporar la sostenibilidad y el compromiso social en su gestión diaria. Según destacó Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, la incorporación de AECEM supone un avance significativo. Reconoció que los asesores de empresas son aliados estratégicos para trasladar esta iniciativa al conjunto del tejido empresarial, especialmente a las pymes. Cultura empresarial comprometida Durante el acto de reconocimiento, Ana Mato, presidenta de AECEM puso en valor el papel que desempeñan los asesores en la evolución de las empresas hacia modelos más responsables. En este sentido, señaló que los profesionales del asesoramiento no solo acompañan a las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones legales y fiscales. «Los asesores también contribuyen a transmitir valores y cultura empresarial», aseguró. Una visión que encaja plenamente con la misión de AECEM de impulsar un asesoramiento profesional que genere valor para las empresas y para la sociedad. Casilla Empresa Solidaria La Casilla Empresa Solidaria ofrece a todas las empresas que presentan el Impuesto de Sociedades la posibilidad de destinar el 0,7% de su tributación a financiar proyectos sociales desarrollados por entidades del Tercer Sector. Se trata de una decisión voluntaria que no supone ningún coste adicional para la empresa ni incrementa la cantidad a pagar en el impuesto. Para marcarla, basta con seleccionar la opción «Otros caracteres – Fines sociales» en la: Casilla 00073 del modelo 200. Casilla 069 del modelo 220. Los fondos obtenidos se destinan a iniciativas que trabajan por la inclusión social, la lucha contra la pobreza, la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos de las personas más vulnerables. Compromiso con la responsabilidad empresarial Como entidad de referencia del sector del asesoramiento empresarial, AECEM considera que las asesorías desempeñan un papel fundamental a la hora de informar y acompañar a las empresas en la toma de decisiones que generan impacto positivo. La incorporación a la red de Embajadores de la Casilla Empresa Solidaria supone un paso más en el compromiso de la asociación con una empresa más responsable, sostenible y comprometida con la sociedad. Desde AECEM, un año más se seguirá trabajando para que asesorías y empresas conozcan la Casilla Empresa Solidaria. Igualmente, se impulsarán acciones para su difusión. Si quieres más información visita la web: Casilla Empresa SolidariaUn año más se pone en valor la implicación de AECEM en la difusión de una herramienta que contribuye a fortalecer el compromiso social del tejido empresarial español. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/AECEM-Embajadora-de-la-Casilla-Empresa-Solidaria-p483614-m1508670-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aecem-reconocida-como-embajadora-de-la-casilla-empresa-solidariahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/AECEM-Embajadora-de-la-Casilla-Empresa-Solidaria-p483614-m1508670-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aecem-reconocida-como-embajadora-de-la-casilla-empresa-solidariahttps://elderecho.com/aecem-reconocida-como-embajadora-de-la-casilla-empresa-solidariahttps://elderecho.com/aecem-reconocida-como-embajadora-de-la-casilla-empresa-solidaria2026-06-19 14:00:312026-06-19 14:00:31sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483627Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial. Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido: - Resolución, de 8 de junio de 2026, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se nombra Gerente del Instituto de Microelectrónica de Sevilla. (B.O.E. núm. 145 de 15 de junio de 2026). - Resolución, de 5 de junio de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, por la que se nombran Director y Subdirectora Adjunta de la División de Tecnologías de la Información. (B.O.E. núm. 145 de 15 de junio de 2026). - Acuerdo 10/2026, de 13 de junio del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra Consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. (B.O.C.Y.L. núm. 113 de 15 de junio de 2026). - Resolución, de 10 de junio de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, por la que se nombra Consejero Técnico de Transformación Digital en el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (B.O.E. núm. 148 de 18 de junio de 2026). - Resolución, de 15 de junio de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se nombran 3 Jefas de Servicio de Sistemas Informáticos y 1 Jefa de Proyectos Informáticos en el Fondo Español de Garantía Agraria. (B.O.E. núm. 149 de 19 de junio de 2026).   La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).  Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/11/nombramiento-entrada-en-la-administracion-p483627-m1508701-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-15-de-junio-de-2-026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/11/nombramiento-entrada-en-la-administracion-p483627-m1508701-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-15-de-junio-de-2-026https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-15-de-junio-de-2-026https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-15-de-junio-de-2-0262026-06-19 13:17:342026-06-19 13:17:34derecho-ticDerecho TICDerecho TIC483539El INSS denegó la incapacidad permanente a una trabajadora con un 48% de discapacidad tras agotar los 545 días de baja por incapacidad temporal. El dictamen médico ratificó que presenta un cuadro crónico de síndrome de espalda fallida, limitaciones lumbares y motoras severas, además de depresión mayor recurrente. Tras desestimarse su reclamación en vía administrativa y confirmarse la cuantía de una posible prestación con una base reguladora de 924,76 euros mensuales, la representación de la empleada formalizó un recurso de suplicación contra dicha sentencia. El tribunal ha confirmado la denegación de la incapacidad solicitada por la demandante al considerar que sus dolencias no le impiden realizar su trabajo habitual de administrativa. A nivel físico, la sentencia reconoce que la trabajadora padece dolor crónico lumbar tras una cirugía (posible síndrome de espalda fallida), pero destaca que mantiene una vida normalizada, puede caminar y permanecer de pie, y que sus dolencias no son altamente invalidantes, ya que no ha requerido bloqueos ni neuroestimuladores. Las limitaciones que presenta solo le impiden realizar tareas con sobrecarga lumbar o deambulación prolongada, algo que no le exige su puesto actual, el cual permite además la alternancia de posturas. Por otra parte, respecto a la patología psíquica (un cuadro depresivo cronificado derivado de su situación médica), el tribunal determina que los informes médicos no demuestran una limitación funcional que le impida ejercer su profesión u otras tareas con menor carga mental o responsabilidad. En consecuencia, la Sala ratifica la valoración del juzgado de instancia y del médico del INSS, descartando el criterio del perito de la demandante. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Sala de lo Social. Sentencia nº 553/2026 de 23 de marzo de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado la decisión de un juzgado de Cuenca al denegar el recurso de una administrativa de 42 años que reclamaba la incapacidad permanente por su grado de discapacidad.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2554360651-1-p483539-m1508488-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/denegada-la-incapacidad-permanente-a-una-administrativa-con-un-48-de-discapacidadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2554360651-1-p483539-m1508488-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/denegada-la-incapacidad-permanente-a-una-administrativa-con-un-48-de-discapacidadhttps://elderecho.com/denegada-la-incapacidad-permanente-a-una-administrativa-con-un-48-de-discapacidadhttps://elderecho.com/denegada-la-incapacidad-permanente-a-una-administrativa-con-un-48-de-discapacidad2026-06-19 12:25:272026-06-19 12:25:27socialSocial13Social483540El evento ha contado con la presencia de Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Emilio Cuatrecasas, presidente de la Fundación Cuatrecasas, y Jorge Castiñeira, decano de Esade Law School. Dotado con 50.000 euros brutos e integrado en las Becas Manuel Olivencia, el premio se dirige a estudiantes del último curso de grado o doble grado en Derecho, así como a estudiantes de máster en esta disciplina en universidades españolas. Reconoce trayectorias académicas sobresalientes y apoya la continuidad formativa mediante estudios de posgrado o proyectos de investigación en Derecho de los negocios. Después de evaluar 52 candidaturas, el jurado ha otorgado el premio a Estrella María Montes Muñoz, graduada en Derecho por la Universidad de Córdoba, quien ha compatibilizado su formación jurídica con el grado en Geografía e Historia y un máster en Traducción Especializada. El jurado ha valorado su excelente expediente, su vocación investigadora, la solidez de su proyecto doctoral y su perfil internacional y multidisciplinar, con alta proyección académica y profesional. En su intervención, la galardonada ha señalado: «Acepto este premio con sincera gratitud y con plena consciencia de la responsabilidad que entraña llevar asociado el nombre del profesor Manuel Olivencia. Su legado encarna los más altos valores de la universidad y de la ciencia jurídica: rigor intelectual, vocación de servicio y la apertura al mundo. Confío en que mi proyecto doctoral y mi formación internacional contribuyan, modestamente, a honrar esa herencia». Dado el alto nivel de las candidaturas, el jurado ha concedido un accésit a David Rodríguez Alcaraz, graduado en el doble grado en Dirección de Empresas y Derecho por Esade, que ha compaginado sus estudios con el grado en Filosofía, y actualmente está cursando el Máster Universitario en Abogacía y Procura en Esade Law School. De su perfil destaca su excelente expediente, su proyección internacional y su capacidad analítica, así como su vocación por integrar la práctica jurídica con la investigación académica. Sobre este reconocimiento, ha afirmado: «Ser becario Manuel Olivencia constituye un honor y, al mismo tiempo, un compromiso con la mejora del mundo a través del Derecho. Trabajaré por seguir el ejemplo de excelencia que representa su legado». Con este premio, la Fundación Cuatrecasas reafirma su compromiso con el impulso del talento joven, la excelencia académica y la igualdad de oportunidades, al tiempo que rinde homenaje a la figura de Manuel Olivencia, referente del Derecho y de la vida académica y empresarial en España. «Estos reconocimientos trascienden el ámbito académico, son una celebración de los valores que hacen evolucionar a instituciones y organizaciones. Y los premiados son una promesa de contribución al futuro, tributo a Manuel Olivencia, ejemplo de servicio público, del conocimiento a disposición de los demás, del ejercicio del liderazgo desde el rigor intelectual y de la generosidad y voluntad de contribuir al bien común», ha declarado Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. Por su parte, Emilio Cuatrecasas, presidente de la Fundación Cuatrecasas, ha señalado: «Es meritorio destacar la calidad de los expedientes recibidos, el gran volumen de candidaturas y los siete finalistas que se lo han puesto muy difícil al jurado. Tener a Manuel Olivencia como buque insignia nos impulsa a continuar con el proyecto, al tiempo que nos recuerda que el derecho es la arquitectura de la convivencia». Durante el acto también se han entregado los diplomas correspondientes a las Becas Manuel Olivencia 2026, destinadas a estudiantes de grado en Derecho en universidades públicas españolas con excelente rendimiento académico. Las ayudas, de 4.000 euros cada una, han sido concedidas a Núria Fernández Piñeiro (Universidade da Coruña), Laura Pais Fernández (Universidad de Salamanca), Óscar Servia Hermo (Universidade de Vigo) y María del Pilar Pagán García (Universidad Carlos III de Madrid). En el acto, Jorge Castiñeira, decano de Esade Law School, ha subrayado: «La excelencia jurídica empieza por el talento de los estudiantes. La responsabilidad de las Facultades de Derecho, en colaboración con la profesión jurídica, es identificarlo, desarrollarlo y premiarlo a través de una formación exigente, oportunidades internacionales e iniciativas de reconocimiento de la excelencia como el Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria de la Fundación Cuatrecasas». Ante la buena acogida de esta edición, la Fundación trabaja ya en la convocatoria de 2027, cuyo lanzamiento está previsto para el 5 de octubre de 2026.La Fundación Cuatrecasas ha entregado el Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria 2026 en un acto celebrado en Esade Forum (Barcelona), que ha reunido a destacadas personalidades del ámbito académico, institucional y empresarial. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Medios_Jorge-Castineira-David-Rodriguez-Alcaraz-Nuria-Montserrat-Estrella-Maria-Montes-Munoz-y-Emilio-Cuatrecasas-p483540-m1508506-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/una-alumna-de-la-universidad-de-cordoba-gana-el-premio-manuel-olivencia-a-la-excelencia-universitaria-2026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Medios_Jorge-Castineira-David-Rodriguez-Alcaraz-Nuria-Montserrat-Estrella-Maria-Montes-Munoz-y-Emilio-Cuatrecasas-p483540-m1508506-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/una-alumna-de-la-universidad-de-cordoba-gana-el-premio-manuel-olivencia-a-la-excelencia-universitaria-2026https://elderecho.com/una-alumna-de-la-universidad-de-cordoba-gana-el-premio-manuel-olivencia-a-la-excelencia-universitaria-2026https://elderecho.com/una-alumna-de-la-universidad-de-cordoba-gana-el-premio-manuel-olivencia-a-la-excelencia-universitaria-20262026-06-19 11:45:342026-06-19 11:45:34sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483541Esa prohibición fue acordada en diciembre de 2024 por el Comité de Seguridad de la Información del Consistorio alicantino, después de que la sección sindical de CCOO en la corporación remitiera, el 7 de noviembre anterior, un correo electrónico a la lista de distribución municipal con la convocatoria para el día siguiente de una concentración solidaria con las víctimas de la Dana de Valencia. La Sala de lo Social del TSJCV ha desestimado el recurso de suplicación presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia dictada el 30 de junio de 2025 por el Juzgado de lo Social número 1 de Alicante. Los magistrados señalan en su resolución que, a pesar de que existían unas normas generales sobre el uso del correo corporativo o interno del consistorio que datan de 2014 (...), "se había venido haciendo uso del correo electrónico por los sindicatos para felicitaciones de Navidad, remisión de revistas sobre consumo en Navidad, información a los trabajadores, ofertas de ocio, comunicación sobre jubilaciones y comidas de despedida, sin que se hubiese sancionado ni hubiese sido objeto de limitación". "Esto es, que el correo electrónico no se había limitado a información sindical, sino que se había usado también para otros usos generales, adjuntando en algunos casos archivos", precisan a continuación. La Sala coincide con la jueza que dictó la sentencia en primera instancia en que el correo remitido por CCOO el 7 de noviembre de 2024 "no era ofensivo, ni iba a perjudicar a ninguna fuerza política ni organización, ni se ha acreditado, ni siquiera alegado, por el Ayuntamiento que perturbara el normal funcionamiento de la actividad ni implicara carga, gravamen o incremento de costes o bloqueara la intranet". En esas circunstancias, el TSJCV concluye que la limitación del uso del correo al sindicato por un mes "es desproporcionado y no encuentra justificación" en el artículo 25 de la normativa interna aprobada por el Ayuntamiento en 2014. TSJ de la Comunidad Valenciana. Sala de lo Social. Sentencia nº 1354/2026 de 6 de mayo de 2026.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha ratificado una sentencia previa del Juzgado de lo Social 1 de Alicante que condena al Ayuntamiento de Alicante a abonar a Comisiones Obreras 8.500 euros por vulnerar su derecho a la libertad sindical, por prohibirle el uso del correo electrónico corporativo durante un mes. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2480172077-1-p483541-m1508463-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-el-ayuntamiento-de-alicante-a-pagar-8-500-euros-a-ccoo-por-vulnerar-su-derecho-a-la-libertad-sindicalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2480172077-1-p483541-m1508463-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-el-ayuntamiento-de-alicante-a-pagar-8-500-euros-a-ccoo-por-vulnerar-su-derecho-a-la-libertad-sindicalhttps://elderecho.com/condenado-el-ayuntamiento-de-alicante-a-pagar-8-500-euros-a-ccoo-por-vulnerar-su-derecho-a-la-libertad-sindicalhttps://elderecho.com/condenado-el-ayuntamiento-de-alicante-a-pagar-8-500-euros-a-ccoo-por-vulnerar-su-derecho-a-la-libertad-sindical2026-06-19 11:16:182026-06-19 11:16:18socialSocial13Social483639Tras la deliberación del jurado, compuesto por Ofelia Tejerina, presidente de la Asociación de Internautas, Teresa Rodríguez de las Heras, miembro del Grupo de Expertos de la Comisión Europea sobre Responsabilidad y Nuevas Tecnologías y catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III, Susana Solís, eurodiputada, Laura Cuesta, miembro del Grupo de Expertos para la Protección de los Menores en Internet y profesora Adjunta en la Universidad Camilo José Cela, Niéves Ábalos, cofundadora de Monoceros Labs y Women in Voice y Tiziana Tallaro, directora general de Confianza Online, los proyectos galardonados han sido: Ciudadanía— Technovation Girls (Power to Code). Programa de formación tecnológica y emprendimiento dirigido a niñas y adolescentes. Promueve el desarrollo de soluciones digitales a problemas reales del entorno y fomenta vocaciones STEM desde edades tempranas. En España ha contado con más de 7.000 participantes desde su puesta en marcha en 2016. Escalabilidad — Monei. Scaleup fintech fundada en 2015, que ofrece soluciones de pagos digitales para empresas. Ha desarrollado un modelo de crecimiento rentable y sostenible, sin financiación externa. Seleccionada por el BCE como una de las compañias para formar parte del programa de pruebas del euro digital. Tecnologías responsables — Clara 2.0 (Prodigioso Volcán). Solución de inteligencia artificial orientada a mejorar la claridad de textos y la comprensión de la información. Incorpora mecanismos de explicabilidad que permiten entender el funcionamiento del sistema y su aplicación en entornos profesionales. Innovación — Qilimanjaro Quantum Tech. Empresa deep tech especializada en computación cuántica. Desarrolla hardware y software propio con el objetivo de trasladar esta tecnología desde el ámbito experimental hacia aplicaciones en entornos científicos e industriales. Durante la ceremonia, celebrada en la Fundación Giner de los Ríos, la presidenta de Adigital, Susana Voces, destacó el valor transformador de los proyectos premiados: “Startups que crecen con financiación propia , niñas que descubren en la programación una herramienta para construir su futuro, textos que se entienden a la primera y ordenadores que desafían las leyes de la física. Cuatro proyectos y cuatro formas distintas de transformar España desde la tecnología. Eso es lo que hemos reconocido hoy en la V edición de nuestros premios: iniciativas que impulsan el ecosistema digital español y contribuyen a situar a España a la vanguardia de la innovación y la tecnología en Europa.” Talento que transforma Tras cinco ediciones, los Premios Adigital se han posicionado como un referente de la economía digital en España, destacando cada año a los proyectos que impulsan la innovación y la competitividad del país. Iniciativas reconocidas en ediciones anteriores como la herramienta de Inteligencia Artificial de Amazon Web Services y Real Academia Española, el programa de protección y empoderamiento de los derechos digitales de los menores de UNICEF, empresas como Civitatis, Multiverse Computing o el impulso de la IA responsable que realizan desde Infojobs forman parte del núcleo innovador del ecosistema digital español, contribuyendo a su crecimiento y proyección internacional. [ledShortcodes shortcodeId="442941" label="Memento Social 2025 - 442941"]La Asociación Española de la Economía Digital, Adigital, ha celebrado la V edición de los Premios Adigital, unos galardones que tienen por objetivo destacar, en cuatro categorías, a empresas, organizaciones y proyectos que utilizan la tecnología para innovar, crecer y generar impacto positivo en la economía y en la sociedad.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Premios-Adigital-p483639-m1508736-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/adigital-entrega-sus-premios-2026-a-power-to-code-monei-prodigioso-volcan-y-quilimanjarohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Premios-Adigital-p483639-m1508736-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/adigital-entrega-sus-premios-2026-a-power-to-code-monei-prodigioso-volcan-y-quilimanjarohttps://elderecho.com/adigital-entrega-sus-premios-2026-a-power-to-code-monei-prodigioso-volcan-y-quilimanjarohttps://elderecho.com/adigital-entrega-sus-premios-2026-a-power-to-code-monei-prodigioso-volcan-y-quilimanjaro2026-06-19 10:25:332026-06-19 10:25:33derecho-ticDerecho TICDerecho TIC483542La sesión ha tenido un carácter especial al celebrarse por primera vez en la sede colegial de Serrano. El traslado de la Junta General al horario de mañana se ha traducido además en un incremento del 25% de la participación respecto a las convocatorias precedentes en horario vespertino. Las cuentas anuales reflejan un resultado ordinario positivo de 1,35 millones de euros, el mejor resultado ordinario alcanzado por la institución en los últimos ejercicios, fruto del crecimiento de los ingresos, la contención del gasto y una gestión orientada a mejorar la eficiencia sin renunciar a la inversión ni a la ampliación de servicios. Todo ello en un contexto especialmente exigente para la profesión, marcado por la implantación de la Justicia digital, la irrupción de la inteligencia artificial y los cambios normativos que están transformando el ejercicio de la abogacía. El ejercicio se cierra con unos ingresos ordinarios de 33,36 millones de euros, un 3% por encima de lo presupuestado, y unos gastos ordinarios de 32 millones, un 1,2% inferiores a las previsiones iniciales. Este comportamiento permite consolidar la evolución positiva registrada durante los últimos años y alcanzar un superávit ordinario de 1.355.719 euros. No obstante, el resultado final del ejercicio presenta un saldo negativo de 311.907 euros debido a la contabilización de gastos extraordinarios vinculados principalmente al procedimiento judicial mantenido con IBM y a los costes asociados al proceso de optimización de la plantilla desarrollado durante el año. Sin estos impactos extraordinarios, las cuentas del ejercicio habrían cerrado con el mejor resultado ordinario de los últimos años. Durante su intervención ante la Junta General, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, enmarcó estas cuentas dentro de una estrategia más amplia orientada a reforzar el papel de la institución como apoyo efectivo a la profesión. “Un colegio profesional no puede limitarse a gestionar servicios. Debe ejercer una función institucional activa: proteger las garantías, acompañar a quienes ejercen la profesión y contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho”, señaló. Las cuentas del ejercicio han sido sometidas a auditoría externa, reforzando las garantías de control y supervisión de la gestión económica colegial. Más actividad con una estructura más eficiente Uno de los rasgos más significativos puestos de manifiesto ha sido el incremento generalizado de la actividad colegial en prácticamente todas las áreas de servicio desde la toma de posesión de la actual Junta de Gobierno en 2022, acompañado de una reducción progresiva de la estructura organizativa. Los datos de actividad reflejan ese crecimiento. En el ámbito formativo, el Centro de Estudios alcanzó una cifra récord de 37.012 alumnos, de los cuales el 78% accedió gratuitamente a las actividades organizadas por el Colegio. También se registraron máximos históricos tanto en ingresos como en horas de formación impartidas. En el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, el ICAM gestionó 144.981 solicitudes de justicia gratuita, un 7% más que en 2022, mientras que las designaciones del Turno de Oficio aumentaron un 11%, hasta alcanzar las 162.684. Por su parte, las llamadas de asistencia letrada al detenido se incrementaron un 15%, con 278.194 comunicaciones gestionadas. También otros servicios colegiales han experimentado un notable crecimiento en los últimos años. Las Secciones registraron un 41% más de participación, con cerca de 45.000 asistencias a actividades presenciales, en directo o en diferido; los expedientes de honorarios aumentaron un 98%; las consultas deontológicas crecieron un 8%; y las actuaciones de MediaICAM se incrementaron un 39%. Especialmente significativo resulta el aumento de las incidencias gestionadas por el Departamento de Defensa de la Abogacía, que crecieron un 79% respecto a 2022, reflejando la creciente actividad institucional desplegada por el Colegio en defensa de los derechos y garantías profesionales de los colegiados. La Fundación ICAM Cortina también ha visto reforzada su actividad social, con un incremento del 9% en el número de ayudas y prestaciones concedidas, hasta alcanzar las 2.106 actuaciones a favor de colegiados y colegiadas. Transformación digital e inversiones estratégicas Las cuentas aprobadas consolidan igualmente la apuesta del ICAM por la innovación tecnológica como uno de los principales ejes de modernización institucional. Durante 2025 el Colegio destinó un millón de euros a inversiones tecnológicas y avanzó en el desarrollo de su plan de transformación digital, orientado a mejorar la experiencia de los colegiados, reforzar la seguridad de los sistemas y adaptar la organización a los nuevos desafíos derivados de la digitalización de la Justicia y del ejercicio profesional. Esta evolución se refleja también en la composición del gasto colegial. Mientras el peso relativo de los costes de personal continúa reduciéndose, la inversión en tecnología ha triplicado su relevancia respecto a ejercicios anteriores, consolidándose como una de las prioridades estratégicas de la institución. Junto a la transformación digital, el Colegio ejecutó inversiones por valor de 2,1 millones de euros destinadas tanto a la mejora de sus infraestructuras como a la modernización de sus espacios y equipamientos. Entre las actuaciones más relevantes destacan las inversiones realizadas en el edificio de Serrano 9, incluyendo el despliegue de nuevas infraestructuras de red, la adecuación de distintas plantas para mejorar su funcionalidad y accesibilidad, la renovación de instalaciones eléctricas y sistemas de seguridad, modernización de las salas de abogacía con la renovación de todos los equipos informáticos, así como los trabajos vinculados al Museo ICAM. Las inversiones también permitieron avanzar en la modernización del Centro de Procesamiento de Datos y en la renovación de equipamiento informático, reforzando las capacidades tecnológicas del Colegio para afrontar los retos derivados de la creciente digitalización de la actividad jurídica. Un Colegio preparado para los desafíos de la profesión La aprobación de estas cuentas coincide con un periodo de profunda transformación para la abogacía. La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, el despliegue de los mecanismos adecuados de solución de controversias (MASC), la extensión de la Justicia digital y la irrupción de la inteligencia artificial están modificando de forma significativa el entorno en el que ejercen los profesionales del Derecho. Ante este escenario, el ICAM ha reforzado durante el último año sus iniciativas de acompañamiento a la profesión, impulsando nuevas herramientas de apoyo, programas de formación especializada, actuaciones de incidencia legislativa y proyectos destinados a proteger garantías esenciales como el derecho de defensa o el secreto profesional. Asimismo, la institución ha intensificado su actividad en ámbitos como la defensa del Turno de Oficio, el apoyo a la abogacía joven, la atención a la abogacía de empresa, la promoción del emprendimiento jurídico y la mejora del bienestar profesional. Como recordó el decano durante su intervención, el objetivo último de todas estas actuaciones trasciende el ámbito corporativo. “Cuanto más fuerte, más formada, más protegida y más independiente sea la abogacía, mejor defendida estará la sociedad. Cada vez que mejoramos el Turno de Oficio, que defendemos el secreto profesional, que impulsamos la conciliación, que ofrecemos herramientas frente a la inteligencia artificial o que exigimos una Justicia Digital garantista, no estamos defendiendo solo a una profesión. Estamos defendiendo el derecho de defensa de todos”, concluyó.La Junta General Ordinaria del ICAM ha aprobado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025 con el 97% de los votos, respaldando un ejercicio marcado por el incremento de la actividad colegial, el avance de la transformación digital y el refuerzo de los servicios prestados a la profesión.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Junta-General-del-ICAM-celebrada-en-la-sede-de-Serrano-94-1-scaled-p483542-m1508527-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ilustre-colegio-de-la-abogacia-de-madrid-aprueba-las-cuentas-de-2025https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Junta-General-del-ICAM-celebrada-en-la-sede-de-Serrano-94-1-scaled-p483542-m1508527-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ilustre-colegio-de-la-abogacia-de-madrid-aprueba-las-cuentas-de-2025https://elderecho.com/el-ilustre-colegio-de-la-abogacia-de-madrid-aprueba-las-cuentas-de-2025https://elderecho.com/el-ilustre-colegio-de-la-abogacia-de-madrid-aprueba-las-cuentas-de-20252026-06-19 10:12:152026-06-19 10:12:15sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico