https://elderecho.com/feedes487776Tras agotar el plazo de 545 días de baja laboral debido a un trastorno adaptativo con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido, el interesado solicitó el reconocimiento de la incapacidad permanente el 17 de julio de 2024. Dicha petición fue desestimada inicialmente por la entidad gestora, y la resolución negativa fue posteriormente confirmada por un Juzgado de lo Social de Badajoz. El tribunal determina que las exigencias laborales del recurrente -caracterizadas por una alta carga mental, constante comunicación, toma de decisiones y atención directa al público- le impiden desempeñar su puesto. Por este motivo, declara su incapacidad para esta función, sin perjuicio de que el expediente pueda revisarse en el futuro si experimenta una mejoría clínica favorable. La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. TSJ de Extremadura. Sala de lo Social. Sentencia nº 252/2026 de 24 de marzo de 2026.El TSJ de Extremadura ha estimado el recurso de un director de seguros al que ha declarado afecto a una incapacidad permanente para ejercer su profesión derivada de enfermedad común.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2186538071-1-p487776-m1521505-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/reconocida-la-incapacidad-permanente-a-un-director-de-seguros-por-ansiedad-y-estres-laboralhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2186538071-1-p487776-m1521505-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/reconocida-la-incapacidad-permanente-a-un-director-de-seguros-por-ansiedad-y-estres-laboralhttps://elderecho.com/reconocida-la-incapacidad-permanente-a-un-director-de-seguros-por-ansiedad-y-estres-laboralhttps://elderecho.com/reconocida-la-incapacidad-permanente-a-un-director-de-seguros-por-ansiedad-y-estres-laboral2026-09-04 14:02:222026-09-04 14:02:22socialSocial13Social487777España y México han acordado estrechar su colaboración en IA, supercomputación, conectividad y ciberseguridad. Así se establece en el acuerdo que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha firmado con el director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de México, José Antonio Peña Merino. El acuerdo incorpora un amplio listado de áreas de colaboración, desde la IA, la supercomputación y los centros de datos a la conectividad, la ciberseguridad, el uso de tecnologías digitales para la gestión de desastres naturales y el cambio climático, pasando por la digitalización de los servicios públicos, la identidad digital y la formación en capacidades digitales. "México y España podemos y debemos ser la tercera vía digital. La vía que colabora y apuesta por los datos interoperables, los modelos abiertos y la cooperación en supercomputación, como ya lo hace el Barcelona Supercomputing Center con la supercomputadora Coatlicue que está construyendo México", ha valorado el ministro Óscar López tras la firma del MOU. El memorando cuenta con un plan de acción y un cronograma que servirá para concretar la cooperación, que podrá consistir en desarrollo de programas conjuntos; intercambio de información y buenas prácticas; visitas mutuas; organización y participación conjunta en conferencias, simposios o cursos, entre otros. Este acuerdo supone un paso más en la línea de colaboración que España y México venían manteniendo en los últimos años, contemplada en el memorando de entendimiento firmado en 2024 entre Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México o los acuerdos firmados por el Barcelona Supercomputing Center (BSC), por un lado, con instituciones científicas mexicanas para impulsar la supercomputación y la IA en México, y por otro con el Instituto Politécnico Nacional de México, que sentó las bases para integrar el sistema de supercómputo de América Latina en el ecosistema europeo (EuroHPC). Empresas españolas en México Durante su visita a Ciudad de México, el ministro Óscar López ha aprovechado para visitar las instalaciones de dos empresas españolas instaladas en la ciudad, Veridas, especializada en identidad digital, biometría y prevención del fraude y el Centro de Ciberseguridad de Indra, el segundo centro de operaciones de ciberseguridad de la compañía a nivel mundial.El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha rubricado un memorando de entendimiento (MoU) que cuenta con un plan de acción y un cronograma que servirá para concretar la cooperación y el intercambio de información y buenas prácticas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2796939615-1-p487777-m1521523-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/acuerdo-de-colaboracion-entre-espana-y-mexico-en-materia-de-ia-conectividad-y-ciberseguridadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2796939615-1-p487777-m1521523-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/acuerdo-de-colaboracion-entre-espana-y-mexico-en-materia-de-ia-conectividad-y-ciberseguridadhttps://elderecho.com/acuerdo-de-colaboracion-entre-espana-y-mexico-en-materia-de-ia-conectividad-y-ciberseguridadhttps://elderecho.com/acuerdo-de-colaboracion-entre-espana-y-mexico-en-materia-de-ia-conectividad-y-ciberseguridad2026-09-04 13:58:242026-09-04 13:58:24ciberseguridadCiberseguridadderecho-ticDerecho TICCiberseguridad,Derecho TIC487778Según han explicado fuentes de Trabajo, el objetivo es limitar la duración del periodo de prueba a los seis meses --como ya establece el Estatuto de los Trabajadores-- y que sólo pueda ser ampliado este periodo máximo por convenio colectivo en los casos en que se justifique de manera razonada. De este modo, la norma persigue 'causalizar' el periodo de prueba y obliga a dejar constancia en los contratos laborales de su duración y de en qué consiste tal periodo, es decir, qué pruebas ha de pasar el trabajador para considerar que ha superado o no el periodo de prueba. Los convenios colectivos que establezcan la posibilidad de ampliar el periodo de prueba a más de seis meses tendrán que especificar en qué situaciones podría producirse tal ampliación. Se trata de dos garantías más que introducirá España en su legislación laboral con las que el Ministerio de Trabajo, promotor de esta norma, pretende combatir la precariedad que rodea al periodo de prueba, muchas veces alargado para enmascarar un contrato temporal. Estas obligaciones servirían además de palanca en reclamaciones individuales del trabajador contra la empresa. La norma endurece también las obligaciones de información de las empresas en los contratos de trabajo y el derecho individual de los trabajadores a que sus condiciones laborales esté recogida de manera clara y previsible en sus contratos. En este punto, los trabajadores tendrán derecho a ser informados en sus contratos de las reglas y pautas de funcionamiento de los algoritmos con los que trabaje la empresa cuando éstos se empleen en materia laboral (para despedir, para asignar tareas, para rebajar la jornada, para promocionar, entre otros ejemplos). Además, la norma obligará a que la empresa informe por escrito al trabajador de las modificaciones de los elementos esenciales de la relación laboral. Un contrato más transparente El Real Decreto, que entrará en vigor de manera inmediata, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mandata a que los elementos centrales de una relación laboral tengan que estar especificados en el contrato de trabajo: la identidad de las partes, contenido de la prestación laboral, grupo o categoría profesional, distribución de la jornada, el salario (sueldo base, complementos, periodicidad, método de pago) y el tiempo de cuidado, entre otros elementos. Cuando no se esté en condiciones de concretar en el contrato determinados aspectos (como por ejemplo el tiempo de trabajo en empleos con horarios irregulares) se tendrá que dar cierta previsibilidad, es decir, una información alternativa como preavisos o jornadas mínimas. Esta nueva regulación que aprobará el Gobierno el martes derogará un Real Decreto de 1998 sobre el derecho de información de los trabajadores y lo sustituirá por esta nueva norma, que a su vez es una transposición de la directiva europea sobre el tema, pendiente de adaptar al ordenamiento español desde hace cuatro años. Esto ha provocado el inicio de un expediente sancionador por parte de Bruselas, aunque fuentes de Trabajo creen que el trabajo realizado ayudará a atenuar la correspondiente multa. 30 días para adaptarse a los cambios si lo pide el trabajador El nuevo texto legal afectará a todas las relaciones laborales de más de cuatro semanas, incluidas las de carácter especial, y contempla además tres supuestos específicos que cuentan con una regulación propia: los contratados en España para trabajar en el extranjero, el sector pesquero, y el de la marina mercante. A estos tres supuestos se les aplicará la regulación general pero también medidas específicas. Así, en el caso de la pesca y la marina mercante se refuerza la información que debe recibir el trabajador sobre periodos de descanso o las condiciones de repatriación y, por ejemplo, en el caso de los trabajadores que se contraten para trabajar fuera de España deberá especificarse en el contrato en qué moneda se le va a pagar. El Real Decreto que, según Trabajo recoge aportaciones de los agentes sociales, afectará de lleno a los nuevos contratos que se firmen tras su entrada en vigor, pero también a los vigentes anteriormente, pues se dispone un plazo de 30 días para que el trabajador pueda solicitar a la empresa la información a la que ésta está obligada que no esté recogida en su contrato. Los datos adicionales a incluir en el contrato en caso de que falten aspectos de obligada información tendrán que complementarse a través de un documento escrito o por un sistema telemático al que tenga acceso el trabajador. Toda la información obligada por esta norma tendrá que entregarse antes del inicio de la relación laboral en el caso de los nuevos contratos. Y todas las variaciones de las condiciones laborales en contratos vigentes antes de esta norma habrán de comunicarse por escrito.El Consejo de Ministros del próximo martes aprobará un Real Decreto con el que transpone la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, y en el que, entre otras medidas, obligará a que la ampliación del periodo de prueba más allá del límite actual de seis meses esté justificado.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_1402142495-1-p487778-m1521541-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-obligara-a-justificar-la-ampliacion-del-periodo-de-prueba-mas-alla-del-limite-de-6-meseshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_1402142495-1-p487778-m1521541-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-obligara-a-justificar-la-ampliacion-del-periodo-de-prueba-mas-alla-del-limite-de-6-meseshttps://elderecho.com/el-gobierno-obligara-a-justificar-la-ampliacion-del-periodo-de-prueba-mas-alla-del-limite-de-6-meseshttps://elderecho.com/el-gobierno-obligara-a-justificar-la-ampliacion-del-periodo-de-prueba-mas-alla-del-limite-de-6-meses2026-09-04 13:30:322026-09-04 13:30:32socialSocial13Social487763Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial. Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido: - Resolución, de 7 de Agosto de 2026, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por el que se nombra, Jefe de Área, de la Subdirección de Sistemas Tecnológicos Informáticos y Competencia (B.O.E. núm. 219 de 4 de Septiembre de 2026). - Resolución, de 7 Agosto de 2026, de la Comisión de los Mercados y la Competencia, por el que se nombra, Jefe de Servicio de Proyectos e Inspecciones Tecnológicas de la Competencia, de la Subdirección de Sistemas Tecnológicos Informáticos y Competencia  (B.O.E. núm. 219 de 4 de Septiembre de 2026). -  Resolución, de 7 de Agosto de 2026, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por el que se nombra, Analista Programador, de la Subdirección de Sistemas Tecnológicos Informáticos y Competencia (B.O.E. núm. 219 de 4 de Septiembre de 2026).   La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com). [ledShortcodes shortcodeId="442941" label="Memento Social 2025 - 442941"]  Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/05/shutterstock_577460224-p487763-m1521464-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-31-de-agosto-a-4-de-septiembre-de-2-026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/05/shutterstock_577460224-p487763-m1521464-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-31-de-agosto-a-4-de-septiembre-de-2-026https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-31-de-agosto-a-4-de-septiembre-de-2-026https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-31-de-agosto-a-4-de-septiembre-de-2-0262026-09-04 12:58:382026-09-04 12:58:38derecho-ticDerecho TICDerecho TIC487779El acuerdo contempla que las comunidades autónomas reciban casi 21.000 millones de euros adicionales para financiar la sanidad, la educación, los servicios sociales y las políticas de vivienda, lo que, según España, permitirá "incrementar significativamente" los recursos disponibles para mejorar la gestión de estos servicios públicos. Modelo común y de adhesión voluntaria El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido que el modelo aprobado es "común para todas las comunidades y ciudades autónomas de régimen común". A su juicio, trata de ser una "síntesis razonable" de las necesidades, peticiones y singularidades de los distintos territorios. Además, ha resaltado que la adhesión al modelo será voluntaria, de forma que las comunidades autónomas podrán no adherirse y continuar con el actual si el Congreso de los Diputados aprueba el nuevo sistema. El modelo permitirá corregir diferencias de financiación entre territorios España ha explicado que el nuevo modelo parte de la capacidad tributaria de las comunidades para avanzar en una mayor autonomía, seguida de una nivelación horizontal y una nivelación vertical, que incorpora la aportación del Estado al conjunto del sistema. Esta última supone casi 21.000 millones de euros adicionales. Estos tres elementos representan el 99% de los recursos que se distribuyen. El 1,4% restante corresponde al mecanismo de IVA-Pymes y al Fondo Climático, ambos voluntarios, mientras que el modelo incorpora también el mantenimiento del 'statu quo' para garantizar que ninguna comunidad pierda recursos respecto al sistema actual. El ministro ha señalado que el modelo permitirá corregir las diferencias de financiación entre territorios, que actualmente alcanzan los 1.500 euros por habitante entre la comunidad mejor y peor financiada, y hacerlo de forma "más equitativa", "más igualitaria", "más solidaria" y "más transparente". Asimismo, ha explicado que el Fondo de Dinamismo, destinado a equiparar a la media a las comunidades que estén por debajo de ella, ya estaba contemplado en la propuesta y cuenta con 3.000 millones de euros. El acuerdo incorpora además la reforma del Fondo de Compensación Interterritorial y de los incentivos regionales, así como la creación de un nuevo fondo para tener en cuenta otros factores relevantes para la convergencia regional, como la población flotante derivada del turismo, la despoblación, la masa forestal o la reindustrialización. La cuantía de este nuevo fondo todavía no está cerrada. Fecha de entrada en vigor en 2027 España ha señalado que la aprobación del CPFF supone "una etapa muy relevante" del proceso, pero ha recordado que todavía debe pasar por el Consejo de Ministros y llegar como proyecto de ley al Congreso de los Diputados, donde los grupos parlamentarios tendrán "la última palabra". En cuanto a los plazos, ha afirmado que la voluntad del Gobierno es que el nuevo modelo pueda estar vigente el 1 de enero de 2027, aunque ha reconocido que dependerá de la tramitación parlamentaria. Respecto a la posibilidad de introducir cambios durante esa tramitación, España ha señalado que el Gobierno trabajará "partiendo de la propuesta y del proyecto elaborado y hoy acordado" y que se hablará de los distintos temas durante la negociación parlamentaria.El Ministerio de Hacienda ha sacado adelante este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2699487297-1-p487779-m1521559-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/hacienda-saca-adelante-la-propuesta-del-nuevo-modelo-de-financiacion-autonomicahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2699487297-1-p487779-m1521559-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/hacienda-saca-adelante-la-propuesta-del-nuevo-modelo-de-financiacion-autonomicahttps://elderecho.com/hacienda-saca-adelante-la-propuesta-del-nuevo-modelo-de-financiacion-autonomicahttps://elderecho.com/hacienda-saca-adelante-la-propuesta-del-nuevo-modelo-de-financiacion-autonomica2026-09-04 12:00:342026-09-04 12:00:34administrativoAdministrativo1Administrativo487726Durante la reunión se ha decidido crear grupos de trabajo integrados por representantes de Abogacía Española, asociaciones, colectivos y sindicato, para concretar una propuesta común que contribuya a una tramitación ágil, segura y que dé respuesta a las necesidades de los mutualistas. Por ello, el Consejo General de la Abogacía Española ha abierto el nuevo curso con una reunión convocada por su presidente, Salvador González, junto al presidente de la Comisión de Previsión Social de Abogacía Española, Ignacio Gally; con representantes de los distintos colectivos. El encuentro ha tenido como principal objetivo escuchar sus planteamientos y analizar las cuestiones que consideran prioritarias de cara al desarrollo reglamentario de la ley aprobada el pasado 23 de julio. Durante la reunión, representantes de ANAMA, DEFENDA, Plataforma Pasarela al RETA, sindicato VENIA, ALA, Mutualistas sin Pensiones, ALTODO, Movimiento J2, Mutualistas Obligatorios y Complementarios, Mutualistas por el Futuro y Otro J2, han coincidido en la necesidad de que el reglamento avance con la máxima celeridad posible. Las conclusiones del encuentro de hoy serán trasladadas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El presidente de Abogacía Española, Salvador González, ya abordó el desarrollo del reglamento con la ministra Elma Saiz el pasado 30 de julio, apenas una semana después de que el Congreso aprobara definitivamente la Pasarela, y el día anterior a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En aquella reunión, González pidió que la tramitación fuera ágil y que los colectivos afectados tuvieran voz en la elaboración del reglamento. Saiz se comprometió a tramitarlo con urgencia. El encuentro de este miércoles supone un paso más en ese proceso: escuchar ahora las prioridades de quienes llevan años reclamando una solución y trasladarlas al Ministerio en un momento decisivo para la aplicación de la ley. “La aprobación de la ley fue un paso fundamental, y ahora queremos que la Pasarela sea una realidad cuanto antes. Los mutualistas llevan mucho tiempo esperando, por lo que el desarrollo reglamentario no debe generar nuevas demoras. Queremos escuchar a todos los colectivos, recoger sus prioridades y trasladarlas al Ministerio para contribuir a un reglamento ágil, seguro y que de respuesta a las necesidades de los profesionales afectados”, ha expresado Salvador González, presidente de Abogacía Española. Un trabajo sostenido con los colectivos La llegada de la Pasarela al RETA pone fin a una larga etapa de reivindicación, pero no al trabajo pendiente. Hace más de tres años, asociaciones, plataformas, sindicatos y profesionales comenzaron a movilizarse ante la situación de mutualistas que, después de décadas de ejercicio y cotización, afrontaban su jubilación con prestaciones insuficientes. Lo que entonces parecía una reforma difícil de alcanzar, fue sumando apoyos y acabó entrando de lleno en la agenda política. Abogacía Española ha acompañado ese recorrido manteniendo la interlocución con los colectivos y llevando sus reivindicaciones ante los grupos parlamentarios, el Gobierno y las instituciones europeas. En el Parlamento Europeo defendió una Pasarela voluntaria, sin pérdidas y con garantías; y durante la tramitación de la ley reclamó reiteradamente mejorar el texto y ampliar su alcance. El amplio consenso sobre la necesidad de encontrar una solución permitió finalmente sacar adelante la reforma el pasado 23 de julio. Ahora el desafío es conseguir que la Pasarela pueda ponerse en marcha cuanto antes. Queda además una cuestión pendiente, Abogacía Española mantiene su compromiso de seguir trabajando para encontrar una respuesta para los profesionales que han quedado fuera de la Pasarela.El Consejo General de la Abogacía Española y las principales asociaciones, colectivos y sindicato de mutualistas han coincidido este miércoles en la necesidad de agilizar al máximo la tramitación del reglamento que permitirá hacer efectiva la Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/DSC00016-p487726-m1521390-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-y-los-colectivos-de-mutualistas-coinciden-en-la-urgencia-de-acelerar-el-reglamento-de-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/DSC00016-p487726-m1521390-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-y-los-colectivos-de-mutualistas-coinciden-en-la-urgencia-de-acelerar-el-reglamento-de-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/abogacia-espanola-y-los-colectivos-de-mutualistas-coinciden-en-la-urgencia-de-acelerar-el-reglamento-de-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/abogacia-espanola-y-los-colectivos-de-mutualistas-coinciden-en-la-urgencia-de-acelerar-el-reglamento-de-la-pasarela-al-reta2026-09-03 16:00:112026-09-03 16:00:11sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487725En esta ocasión, centrarán el debate las operaciones inmobiliarias, cuya fiscalidad será analizada por algunos de los expertos tributarios más importantes del país en el Palacio de la Magdalena. El Curso de Verano 2026 constará de cinco sesiones técnicas en las que se tratarán aspectos de plena actualidad en relación con las operaciones inmobiliarias: políticas fiscales de las Administraciones públicas para incentivar el mercado inmobiliario y el acceso a la vivienda; la fiscalidad directa e indirecta de las operaciones inmobiliarias y su jurisprudencia; el tratamiento fiscal de las nuevas realidades inmobiliarias: flex living (coliving, temporada...), coworking, vivienda asequible, etc; actividad de las empresas familiares que se dedican al arrendamiento de inmuebles y el blanqueo de capitales en las operaciones inmobiliarias. Además del intenso programa técnico, los más de 150 asistentes al curso visitarán la Bodega Bahía de Santander. El acto de inauguración del jueves 18 contará con la presencia de Bernardo Bande, presidente de AEDAF, junto a Juan Manuel Herrero de Egaña, vocal responsable de Estudios e Investigación y de Relaciones Institucionales de AEDAF y a Manuel Torreiro, delegado territorial de AEDAF en Cantabria.La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, celebrará los días 17 y 18 de septiembre una nueva edición de su Curso de Verano en Santander. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2698327555-1-p487725-m1521369-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-fiscalidad-inmobiliaria-a-debate-en-la-nueva-edicion-del-curso-de-verano-aedafhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2698327555-1-p487725-m1521369-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-fiscalidad-inmobiliaria-a-debate-en-la-nueva-edicion-del-curso-de-verano-aedafhttps://elderecho.com/la-fiscalidad-inmobiliaria-a-debate-en-la-nueva-edicion-del-curso-de-verano-aedafhttps://elderecho.com/la-fiscalidad-inmobiliaria-a-debate-en-la-nueva-edicion-del-curso-de-verano-aedaf2026-09-03 11:15:462026-09-03 11:15:46fiscalFiscal6sector-juridicoSector jurídicoFiscal,Sector jurídico487724En la sentencia, consultada por Europa Press, el tribunal europeo considera que las penas de prisión impuestas "no fueron proporcionadas a los fines legítimos de proteger la seguridad pública y los derechos y libertades de los demás, o de prevenir el desorden". Protesta En el marco del movimiento 15-M, entre el 14 y 15 de junio de 2011 se convocó la protesta 'Aturem el Parlament' en Barcelona, a la que asistieron unas 1.000 personas, con el objetivo de impedir la aprobación de recortes presupuestarios. Para ello, los asistentes se concentraron alrededor del Parlament de Cataluña y trataron de impedir el acceso a los diputados, de forma que la sesión empezó con 70 diputados presentes, --que lograron acceder de forma excepcional, como en helicóptero y vehículos policiales-- de un total de 135, lo que obligó a cambiar el orden del día. Según recoge la sentencia, algunos de los diputados fueron perseguidos, empujados y zarandeados, también les escupieron, los insultaron y les arrojaron líquidos, y algunos de ellos recibieron patadas y golpes. Condena En 2014, la Audiencia Nacional absolvió a los cuatro demandantes, al entender que habían actuado dentro del ejercicio de sus derechos fundamentales de reunión y manifestación, y que las acciones atribuidas no revestían de la gravedad suficiente como para constituir un delito. Sin embargo, un año después el Tribunal Supremo revocó la absolución y los condenó a 3 años de cárcel por un delito contra las instituciones del Estado y, posteriormente, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de amparo interpuesto por los condenados. Ahora, el TEDH sostiene que, si bien los tribunales nacionales consideraron que la conducta de los demandantes pudo contribuir a un ambiente "intimidatorio", no les atribuyeron acciones violentas específicas. En este sentido, recuerda que una persona no deja de gozar del derecho a la libertad de reunión pacífica por los actos de violencia cometidos por terceros en el curso de una manifestación. Así, prosigue, la conducta de los demandantes consistió principalmente en seguir a los diputados, gritar eslóganes y, en algunos casos, levantar los brazos o reprochar acciones a diputados, unas acciones que, aunque pudieran resultar molestas, no constituyen en sí mismo un acto de violencia. Por eso, considera que las penas de prisión impuestas, que no llegaron a cumplirse porque su ejecución quedó suspendida durante la tramitación de la solicitud de indulto y prescribieron antes de que se dictara una decisión definitiva, fueron "desproporcionadas". Se basa en que la suspensión de las mismas se basó únicamente en una falta de respuesta a su solicitud de indulto durante más de 9 años, y no en una decisión de las autoridades nacionales. El tribunal también recuerda que los demandantes participaban en una protesta que había sido comunicada, de la cual no eran los organizadores, que no consta que hubiesen desempeñado un papel destacado ni incumplido las instrucciones de la policía, y reprocha al Tribunal Supremo que los motivos expuestos para condenarlos "resultan insuficientes" como para justificar la pena de prisión. Además, a tenor de la gravedad de las penas impuestas, el tribunal interpreta que lo que se buscaba era un efecto de "disuasión", no solo hacia los demandantes, sino hacia el conjunto de la sociedad para asistir a manifestaciones y participar en un debate político abierto.El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por vulnerar el derecho a la libertad de reunión, recogido en el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de cuatro manifestantes de 'Aturem el Parlament', una protesta que tuvo lugar en 2011 en el marco del movimiento del 15-M, por condenarlos a 3 años de prisión.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/01/shutterstock_1170999274-p487724-m1521350-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tedh-condena-a-espana-por-vulnerar-el-derecho-de-reunionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/01/shutterstock_1170999274-p487724-m1521350-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tedh-condena-a-espana-por-vulnerar-el-derecho-de-reunionhttps://elderecho.com/el-tedh-condena-a-espana-por-vulnerar-el-derecho-de-reunionhttps://elderecho.com/el-tedh-condena-a-espana-por-vulnerar-el-derecho-de-reunion2026-09-03 10:51:432026-09-03 10:51:43sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487640De esta forma, confirma la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Ferrol que declaró extinguida la relación laboral entre la mujer y la compañía, a la cual le impuso el pago de una indemnización de 38.081 euros por el despido improcedente y de 3.750 euros por daños y perjuicios -único extremo recurrido por la empresa-. El tribunal considera acreditado que la compañía incumplió de forma reiterada y prolongada su propio protocolo de prevención del acoso, al demorar la constitución de la comisión investigadora y la tramitación de la denuncia presentada por la trabajadora a través de su canal ético. En la sentencia, los magistrados destacan que la falta de diligencia en la gestión de la denuncia vulneró obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos laborales y afectó a un elemento esencial de cualquier protocolo antiacoso: la urgencia en la actuación. “En primer lugar, la empresa ha incumplido un elemento fundamental de su protocolo antiacoso, como es la urgencia, cometiendo una acción u omisión culposa o negligente, constitutiva de una vulneración de derechos fundamentales, con una doble dimensión: individual, sobre la salud laboral de la propia trabajadora, así como colectiva, dado que, desde la perspectiva del personal de la propia empresa, ese incumplimiento despertará razonables sospechas con respecto al cumplimiento del protocolo”, recalca el TSXG en el fallo, en el que añade que “con independencia de la situación de la incapacidad temporal de la trabajadora demandante, ese incumplimiento ha generado un daño moral susceptible de ser indemnizado”. La Sala rechaza los argumentos de la compañía sobre la inexistencia de daño moral y concluye que la tardanza en la tramitación de la denuncia generó un perjuicio indemnizable, con independencia de que la trabajadora estuviese en situación de incapacidad temporal durante parte del procedimiento. “La circunstancia de estar la trabajadora fuera de la empresa durante la tramitación del expediente no excluye un daño moral derivado de la tardanza en la tramitación del protocolo antiacoso, que es independiente de si la trabajadora está trabajando o fuera de la empresa”, advierten los magistrados. Además, subrayan que la cuantía de 3.750 euros fijada en la sentencia de primera instancia resulta proporcionada, al tiempo que recuerdan que es habitual tomar como referencia orientativa las sanciones previstas para las infracciones muy graves por vulneración empresarial de derechos fundamentales de las personas trabajadoras. Por ello, el TSXG desestima el recurso de la empresa. La sentencia no es firme, pues contra ella cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Sala de lo Social. Sentencia nº 3073/2026 de 2 de julio de 2026.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratifica que una empresa debe indemnizar a una trabajadora por el daño moral causado por tardar en tramitar el protocolo antiacoso. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2592472659-1-p487640-m1521197-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/una-empresa-debe-indemnizar-a-una-trabajadora-por-el-dano-moral-causado-por-tardar-en-tramitar-el-protocolo-antiacosohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2592472659-1-p487640-m1521197-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/una-empresa-debe-indemnizar-a-una-trabajadora-por-el-dano-moral-causado-por-tardar-en-tramitar-el-protocolo-antiacosohttps://elderecho.com/una-empresa-debe-indemnizar-a-una-trabajadora-por-el-dano-moral-causado-por-tardar-en-tramitar-el-protocolo-antiacosohttps://elderecho.com/una-empresa-debe-indemnizar-a-una-trabajadora-por-el-dano-moral-causado-por-tardar-en-tramitar-el-protocolo-antiacoso2026-09-02 12:57:002026-09-02 12:57:00sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social487638La operación refuerza la división de Regulatory Affairs de ClarkeModet y amplía sus capacidades para prestar servicios a compañías farmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos médicos, así como a los sectores de alimentación, nutrición y cosmética. El Grupo incorpora un equipo de 40 profesionales altamente especializados, reforzando su capacidad para acompañar a clientes en Europa, Estados Unidos y América Latina, donde ClarkeModet ya cuenta con presencia directa en 13 países. Fundado en Brasil en 2009, Passarini Group aporta una sólida trayectoria internacional y ante organismos como la FDA en Estados Unidos, ANVISA en Brasil, en Europa y en procedimientos vinculados al marcado CE. Presta asesoramiento a casi 300 clientes y opera en más de 20 países. Passarini Group cuenta además con GRINN, su propia CRO, para prestar servicios de investigación clínica y ensayos, con la que ClarkeModet amplía su oferta de patentes y asuntos regulatorios a otras fases clave de la entrada al mercado de medicamentos y productos sanitarios. De acuerdo con María Garaña, CEO Global de ClarkeModet «esta adquisición supone un paso más en nuestra estrategia de crecimiento y fortalece nuestro objetivo de convertirnos en el socio global líder para gestionar la propiedad intelectual de las organizaciones innovadoras. Con Passarini Group elevamos nuestras capacidades en Regulatory Affairs y ampliamos nuestra propuesta de valor para acompañar a nuestros clientes durante todo el ciclo de su innovación». (Clara Pombo, Global Head of Regulatory Affairs de ClarkeModet; Claudio Castanheira, Regional Managing Director Brazil de ClarkeModet; y María Garaña, CEO Global de ClarkeModet) Un modelo integral para las empresas innovadoras Esta adquisición se enmarca en la estrategia de crecimiento de ClarkeModet, enfocada en ampliar sus capacidades en servicios integrales de innovación. Con más de 145 años de trayectoria, el Grupo ofrece una gestión integral de activos intangibles y digitales, además de servicios especializados de Consultoría en Propiedad Intelectual e Industrial, Regulatory Affairs y Funding Incentives. El Grupo estudia actualmente otras operaciones para reforzar sus distintas líneas de negocio en Europa Como señala Clara Pombo, Global Head of Regulatory Affairs de ClarkeModet, «las compañías de Life Sciences operan en un entorno regulatorio cada vez más complejo y global, en el que cada día de retraso en la comercialización de un producto o dispositivo supone pérdidas millonarias. Con esta integración, continuamos nuestra apuesta por un asesoramiento regulatorio global altamente especializado y basado en el conocimiento local. Esto facilitará a nuestros clientes la llegada al mercado, especialmente en entornos regulatorios complejos como los de Estados Unidos, Europa y Latam». Por su parte, Lucas M. Rodrigues, CEO de Passarini Group, añade que «la unión con ClarkeModet nos permitirá acelerar nuestro crecimiento, ampliar nuestro alcance internacional y ofrecer a nuestros clientes un servicio aún más completo. Compartimos una misma visión: acompañar a las organizaciones innovadoras con el máximo rigor técnico y una perspectiva verdaderamente internacional». Passarini Group se integrará en la división de Regulatory Affairs de ClarkeModet y en la estructura del Grupo en Brasil, liderada por Claudio Castanheira. Sus fundadores —Lucas M. Rodrigues, Paulo H. Passarini y Clarissa Rodrigues— continuarán formando parte del equipo directivo.ClarkeModet adquiere Passarini Group, consultora global especializada en asuntos regulatorios para el sector salud, con presencia directa en Brasil, Portugal y Estados Unidos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Lucas-Clarissa-y-Paulo-Passarini-Group-p487638-m1521176-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/clarkemodet-refuerza-su-area-de-regulatory-affairs-con-la-adquisicion-de-passarini-grouphttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Lucas-Clarissa-y-Paulo-Passarini-Group-p487638-m1521176-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/clarkemodet-refuerza-su-area-de-regulatory-affairs-con-la-adquisicion-de-passarini-grouphttps://elderecho.com/clarkemodet-refuerza-su-area-de-regulatory-affairs-con-la-adquisicion-de-passarini-grouphttps://elderecho.com/clarkemodet-refuerza-su-area-de-regulatory-affairs-con-la-adquisicion-de-passarini-group2026-09-02 12:45:222026-09-02 12:45:22sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico