https://elderecho.com/feedes491875Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, y el Cabildo de Gran Canaria han celebrado el I Congreso Nacional de Gestión Pública, un encuentro que ha reunido a destacados expertos del ámbito jurídico, institucional y administrativo para analizar los principales desafíos de las administraciones públicas, en un contexto marcado por la transformación digital, la evolución normativa y la incorporación de las nuevas tecnologías. Celebrado los días 9 y 10 de noviembre en formato híbrido, desde el Auditorio Alfredo Kraus de las Palmas de Gran Canaria, el encuentro ha abordado cuestiones como los instrumentos jurídicos de gestión pública, la modernización de los servicios sanitarios y sociales, la gestión del talento público, la IA y la ciberseguridad. La IA y la digitalización impulsan nuevos modelos de gestión sanitaria La sesión de la tarde del lunes comenzó con una demostración práctica de GenIA-L, la plataforma de IA de confianza de Lefebvre para el trabajo jurídico, en la que se explicó cómo esta tecnología puede aportar mayor agilidad, eficiencia y seguridad jurídica a los profesionales de la Administración Pública. A través de un caso práctico sobre la tramitación de subvenciones, se mostraron sus aplicaciones para agilizar el trabajo jurídico y administrativo, garantizando el acceso a fuentes verificables, la protección de la información sensible y el papel esencial del criterio profesional. La aplicación de soluciones jurídicas y económicas al ámbito sanitario centró la intervención de Pedro Irigoyen, subdirector general de Inspección de Tributos de Madrid, quien examinó los retos de la financiación y la contratación pública, así como la necesidad de adaptar estos instrumentos para impulsar la innovación y la eficiencia en el sector. Además, subrayó que “los sistemas de contratación son un instrumento jurídico para dejar claras las reglas del juego, pero también son un instrumento de política económica”. A continuación, Susana Álvarez Gómez, inspectora médica y anterior subdirectora general del Servicio Madrileño de Salud, y Adasat Goya González, director del Servicio Canario de Salud, debatieron sobre el buen gobierno de los centros sanitarios, la eficiencia y la sostenibilidad, coincidiendo en la necesidad de reforzar la profesionalización de la gestión sanitaria. En este sentido, Álvarez aseguró que “la profesionalización no es un deseo, sino una exigencia de los gestores públicos”. Posteriormente, Natalia de Luis Yanes, Subdirectora de Gestión Responsable de la Unidad técnica de apoyo a la Dirección del Servicio Canario de la Salud, del Gobierno de Canarias; Jenaro Bejarano, Subdirector de Gobierno del Dato e Inteligencia Artificial de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y Noemí Cívicos, Directora general de Salud Digital y Sistemas de Información para el SNS del Ministerio de Sanidad, analizaron el papel de la transformación digital en la modernización y eficiencia de los servicios sanitarios y sociales. Los ponentes destacaron la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones y garantizar una implantación ordenada y equitativa de las nuevas tecnologías. La jornada del lunes concluyó con una sesión dedicada a los retos de la función pública, centrada en la temporalidad y la carrera profesional. En ella, Javier Tapia, jefe de Servicio de régimen jurídico, normativa e incompatibilidades de la Dirección General de la Función Pública, de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, profundizó en el reconocimiento de la experiencia, la formación y el desempeño de los empleados públicos como pilares de la carrera profesional, señalando que “la carrera profesional no se sustenta en el mero abono de una cuantía económica”. Gestión del talento y evaluación del desempeño, retos de la función pública La segunda jornada comenzó con la intervención de Virginia Losa Muniz, secretaria de la Diputación de Palencia, y se centró en las disfunciones y desafíos de la gestión del talento público en la era de la transformación digital. Losa remarcó que “la transformación digital no va de tecnología, sino de personas y diseño organizativo”, e incidió en la necesidad de anticiparse al envejecimiento de las plantillas, preservar el conocimiento experto y apostar por la formación y atracción de nuevo talento en las AAPP. Posteriormente, Gustavo Pérez Martín, director del Instituto Canario de Administración Pública; María José González Hernández, jefe de Servicios Generales del Ayuntamiento de Los Realejos; Luis Alfonso Manero Torres, secretario general del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, y Manuel Alejandro Perera Candil, jefe de Servicio de Transporte aéreo de la Dirección General de Transportes y Movilidad, debatieron sobre la evaluación del desempeño y el rendimiento. Los expertos coincidieron en la necesidad de impulsar sistemas de evaluación justos, objetivos y adaptados a cada organización. Asimismo, destacaron la planificación, la formación y la comunicación interna como claves para mejorar la motivación de los empleados públicos y garantizar servicios de mayor calidad a la ciudadanía. Por su parte, José Antonio Martínez Beltrán, secretario General de la Administración Municipal del Ayuntamiento de Valencia, abordó los retos de la temporalidad y la estabilización, así como la necesidad de reforzar la captación y selección de talento. En este sentido, advirtió que “no podemos construir sin talento, y el talento en la Administración se adquiere tanto con experiencia como con conocimiento puro clásico”. La ciberseguridad y la IA redefinen los procesos administrativos La ciberseguridad fue otro de los temas destacados, con la intervención de Pino Caballero Gil, catedrática de Ciencias de la Computación e IA de la Universidad de La Laguna, quien presentó los principales desafíos de la seguridad integral en la gestión pública. Caballero, alertó sobre la creciente exposición de las AAPP a los ciberataques e insistió en la importancia de la formación continua, recordando que “el factor humano es el eslabón más débil de la cadena de la ciberseguridad”. En esta misma línea, Víctor Almonacid, director de Innovación de la Fundación NovaGob, y Marta Bonnet Parejo, directora de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, analizaron los retos de la IA y la simplificación administrativa. El debate puso de manifiesto la necesidad de rediseñar los procedimientos para mejorar los servicios públicos, situando a la ciudadanía en el centro y garantizando la supervisión humana. Una Administración más cercana a través del lenguaje claro Víctor González, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; José Miguel Hernández López, coordinador de Protección de Datos y Transparencia del Gobierno de Canarias, y Alejandro Parres, coordinador del Área de Presidencia, Modernización e Innovación Administrativa del Cabildo de Gran Canaria, abordaron la importancia del lenguaje claro en la gestión pública. Los expertos defendieron que la digitalización por sí sola no garantiza una comunicación comprensible y destacaron la necesidad de situar a la ciudadanía en el centro para garantizar su derecho a entender. Un espacio de reflexión sobre el futuro de la gestión pública La clausura institucional del Congreso ha contado con las intervenciones de Gustavo Pérez Martín, director del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), y José Montelongo Espinosa, director de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), quienes han destacado la importancia de la formación continua y de aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar los servicios públicos. Por su parte, Juan Pujol, presidente de Lefebvre, ha cerrado el encuentro agradeciendo la participación de los asistentes y poniendo en valor su capacidad de “absorber, preguntar, inquirir, reflexionar y compartir con los ponentes sus inquietudes”. El I Congreso Nacional de Gestión Pública ha contado con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), la Federación Canaria de Islas (FECAI), el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Guaguas Municipales y ANEXPAL. Con esta primera edición, Lefebvre y el Cabildo de Gran Canaria refuerzan su compromiso con la actualización y el intercambio de conocimiento entre los profesionales de la Administración, impulsando un espacio de reflexión sobre la modernización del sector público y la importancia de combinar innovación tecnológica, eficiencia y seguridad jurídica.Lefebvre y el Cabildo de Gran Canaria cierran la primera edición de este encuentro, que ha reunido a expertos del ámbito jurídico, institucional y administrativo para analizar los principales desafíos de las administraciones públicas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Juan-Pujol-Isabel-O.-Gutierrez-Santana-Pilar-Cuesta-de-Lono-Jose-Montelongo-Espinosa-y-Gustavo-Perez-Martin-p491875-m1534262-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ia-la-transformacion-digital-y-el-futuro-de-la-funcion-publica-marcan-el-i-congreso-nacional-de-gestion-publica-de-lefebvrehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Juan-Pujol-Isabel-O.-Gutierrez-Santana-Pilar-Cuesta-de-Lono-Jose-Montelongo-Espinosa-y-Gustavo-Perez-Martin-p491875-m1534262-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ia-la-transformacion-digital-y-el-futuro-de-la-funcion-publica-marcan-el-i-congreso-nacional-de-gestion-publica-de-lefebvrehttps://elderecho.com/la-ia-la-transformacion-digital-y-el-futuro-de-la-funcion-publica-marcan-el-i-congreso-nacional-de-gestion-publica-de-lefebvrehttps://elderecho.com/la-ia-la-transformacion-digital-y-el-futuro-de-la-funcion-publica-marcan-el-i-congreso-nacional-de-gestion-publica-de-lefebvre2026-11-10 18:28:322026-11-10 18:28:32administrativoAdministrativo1derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Derecho TIC,Sector jurídico491873Los magistrados confirman la condena impuesta a una entidad bancaria por el tribunal de primera instancia, que la obliga a devolver 8.874 euros a una clienta víctima de un fraude bancario. Según se recoge en la sentencia, el banco no puede oponerse al reintegro del importe alegando una negligencia grave por parte de la ordenante, ya que eso supondría “privar de eficacia la obligación de devolución inmediata e iría en contra de la finalidad de la directiva europea de garantizar una elevada protección de los consumidores”. En relación con la existencia de fraude por parte de la clienta, el tribunal considera probado que esta fue víctima de un engaño. Para ello, se basa en que la propia entidad bancaria reconoció en la respuesta a la reclamación presentada por la usuaria que las operaciones pudieron realizarse tras el acceso de terceras personas a los datos de la tarjeta. Los magistrados entienden que el banco "actuó en contra de la buena fe” al negar posteriormente en el procedimiento judicial unos hechos que ya había admitido. En la sentencia también se explica que “la responsabilidad de las entidades proveedoras de servicios de pago por las operaciones no autorizadas tiene carácter cuasi objetivo”, por lo que “deben responder una vez que se les comunica su existencia, salvo que acrediten que el usuario cometió fraude”. En este caso, el tribunal señala que el banco no aportó pruebas que justificasen esa excepción. El tribunal concluye que el banco “no ha cumplido con su obligación de devolver de inmediato el dinero a su clienta” y solo cuando lo haga “podrá reclamar su reembolso si considera que ha existido una negligencia grave por parte de la ordenante”.La sección quinta de la Audiencia Provincial de A Coruña acaba de aplicar la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, recogida en la sentencia del 15 de octubre de 2026, que establece que las entidades bancarias no pueden negarse a devolver de inmediato el importe de una operación de pago no autorizada alegando una posible negligencia grave por parte del cliente. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2833441237-1-p491873-m1534134-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-a-coruna-aplica-la-reciente-doctrina-del-tjue-sobre-la-devolucion-inmediata-de-operaciones-bancarias-no-autorizadashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2833441237-1-p491873-m1534134-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-a-coruna-aplica-la-reciente-doctrina-del-tjue-sobre-la-devolucion-inmediata-de-operaciones-bancarias-no-autorizadashttps://elderecho.com/la-ap-de-a-coruna-aplica-la-reciente-doctrina-del-tjue-sobre-la-devolucion-inmediata-de-operaciones-bancarias-no-autorizadashttps://elderecho.com/la-ap-de-a-coruna-aplica-la-reciente-doctrina-del-tjue-sobre-la-devolucion-inmediata-de-operaciones-bancarias-no-autorizadas2026-11-10 15:28:182026-11-10 15:28:18civilCivil2sector-juridicoSector jurídicoCivil,Sector jurídico491874Martín Porras Abogados inicia su actividad en Madrid bajo la dirección de Álvaro Martín Porras. Con sede en la calle Zurbano, la firma centra su práctica en el asesoramiento jurídico y la defensa de empresas, administradores y directivos, especialmente en procedimientos penales económicos de alta complejidad, y cuenta también con áreas de Compliance, Derecho Mercantil y Derecho Digital e Inteligencia Artificial. El lanzamiento se produce en un momento de gran exposición de las empresas al riesgo penal. La responsabilidad penal de la persona jurídica, las nuevas obligaciones en materia de canales internos de información y el aumento de las investigaciones internas han situado el cumplimiento normativo en la agenda de los órganos de administración. A ello se suma un entorno regulatorio cada vez más exigente en materia tecnológica, marcado, entre otras normas, por el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial. La firma sitúa la litigación como eje de su actividad. Su práctica abarca procedimientos penales económicos de especial complejidad (fraudes, blanqueo de capitales, insolvencias punibles o administración desleal), asuntos ante la Audiencia Nacional y recursos de apelación y casación. Junto a la vertiente procesal, el despacho desarrolla también una práctica de asesoramiento preventivo: diseño e implantación de programas de Compliance penal, canales de denuncia, gobierno corporativo, investigaciones internas y asistencia en entradas y registros e inspecciones. El socio fundador, Álvaro Martín Porras, cuenta con 30 años de experiencia en el ámbito empresarial y una trayectoria jurídica vinculada al Derecho Penal y al asesoramiento a empresas. Incorporado al Turno de Oficio del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en 2004, ha intervenido en numerosos procedimientos penales y, desde 2006, compagina la defensa ante los tribunales con el asesoramiento jurídico a empresas. Su experiencia incluye también el asesoramiento a una multinacional con sede en Singapur en materia de compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas. “La empresa necesita abogados que entiendan su negocio, no solo su expediente”, señala. “El riesgo legal se gestiona igual que cualquier otro riesgo empresarial: se anticipa, se mide y se decide. Cuando llega el procedimiento, la estrategia ya debería estar construida”. Álvaro subraya, además, el peso de la vertiente procesal: “Queremos construir una firma en la que la especialización y la participación directa del socio estén presentes en cada asunto. En procedimientos complejos, conocer bien la realidad de la empresa y definir una buena estrategia procesal es fundamental". El despacho dirige su actividad a pymes y compañías del mid-market sin estructura interna de cumplimiento, a órganos de administración y a directivos a título individual, con especial atención a sectores regulados como el financiero, el inmobiliario, el sanitario y el tecnológico. La implicación directa del socio en cada asunto se plantea como una decisión estratégica del modelo de firma.El despacho, fundado por Álvaro Martín Porras, centrará su actividad en el asesoramiento y la defensa de empresas, administradores y directivos, con práctica también en Derecho Mercantil y Derecho Digital e Inteligencia Artificial.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/NdP-Martin-Porras-Abogados-scaled-p491874-m1534152-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/nace-martin-porras-abogados-boutique-especializada-en-derecho-penal-economico-y-compliancehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/NdP-Martin-Porras-Abogados-scaled-p491874-m1534152-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/nace-martin-porras-abogados-boutique-especializada-en-derecho-penal-economico-y-compliancehttps://elderecho.com/nace-martin-porras-abogados-boutique-especializada-en-derecho-penal-economico-y-compliancehttps://elderecho.com/nace-martin-porras-abogados-boutique-especializada-en-derecho-penal-economico-y-compliance2026-11-10 14:00:292026-11-10 14:00:29complianceCompliancesector-juridicoSector jurídicoCompliance,Sector jurídico491871La norma busca dar respuesta a las reivindicaciones de las organizaciones sindicales a través de cuatro objetivos: precisar el cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas, reforzar las facultades de supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), incorporar los principios de la cultura justa en la seguridad de la operación ferroviaria y extender la protección social en materia de coeficientes reductores al personal ferroviario que desempeña las mismas funciones. Clarificación del tiempo de conducción de los maquinistas El proyecto aprobado precisa qué actividades y periodos deben computarse como tiempo de conducción. A estos efectos, se incluyen en este cómputo las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las cuales el maquinista siga siendo responsable del vehículo, con atención a la circulación ferroviaria o a las maniobras. Asimismo, se computará la totalidad de cada periodo inferior a 45 minutos comprendido entre el cese de una actividad de conducción y su reanudación por el mismo maquinista. Estos periodos se contabilizarán íntegramente, incluso cuando el maquinista haya quedado relevado de la responsabilidad del vehículo, no deba prestar atención a la circulación, no realice ninguna actividad o sea destinado a otras tareas. También se considerarán tiempo de conducción las interrupciones de duración igual o superior a 45 minutos que se produzcan durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones. La modificación contempla adicionalmente el cómputo de los periodos de los tiempos de conducción del maquinista realizados en otras redes diferentes a la Red Ferroviaria de Interés General. Por ejemplo, para trabajos realizados por personal que, además de disponer de licencia de conducción, cuente con las habilitaciones de operador de vehículos de maniobras o de operador de maquinaria de infraestructura. Asimismo, en los supuestos excepcionales en los que la conducción se realice por parejas de maquinistas, uno habilitado para el vehículo y otro para la infraestructura, el tiempo de conducción computará simultáneamente y de la misma manera para ambos. Refuerzo de las facultades de supervisión e inspección de la AESF El proyecto propone que toda persona física o jurídica objeto de una acción de supervisión estará obligada a facilitar al personal supervisor el acceso a sus instalaciones y equipos en el ejercicio de sus funciones. Además, las entidades ferroviarias deberán facilitar el acceso a sus instalaciones, material rodante y equipos cuando resulte necesario para desarrollar una actuación de supervisión. Esta medida permitirá a la Agencia desarrollar sus actuaciones con independencia de que las instalaciones, trenes o equipos necesarios para la inspección pertenezcan a la entidad directamente supervisada o a otra entidad ferroviaria. Seguridad en la operación ferroviaria Otro de los elementos centrales del proyecto es la incorporación de los principios de la cultura justa a la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, mediante la creación de un capítulo específico que regula la comunicación de riesgos para la seguridad operacional ferroviaria y la protección del personal. El nuevo marco permitirá que el personal con funciones de seguridad operacional pueda comunicar los riesgos para la seguridad ferroviaria a través de canales internos o sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad de las personas informantes. Asimismo, se establece que no se producirán sanciones cuando la información se comunique previamente, se cese la conducta infractora y exista plena colaboración con la investigación. La regulación reconoce también el derecho de los trabajadores a adoptar las medidas necesarias y proporcionadas ante situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad, con el objetivo de evitarlas o limitarlas. Estas medidas podrán incluir la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciarla, con la obligación de comunicarlo sin demora a los agentes correspondientes. Además, se establece la protección frente a posibles represalias laborales o sanciones para quienes comuniquen riesgos o actúen para preservar la seguridad. Esta protección no será aplicable en los supuestos de actuación dolosa, mala fe o negligencia grave. Extensión de la protección social al personal ferroviario El Real Decreto-ley extiende el régimen de Seguridad Social previsto en el artículo 3 del Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, al personal de las empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables y/o en la Red Ferroviaria de Interés General. Esta medida permite garantizar la igualdad de trato en materia de coeficientes reductores de la edad de jubilación para los profesionales ferroviarios que desempeñan las mismas funciones, en el marco de las actividades excepcionalmente penosas o peligrosas integradas en el Régimen General de la Seguridad Social. Adicionalmente, se iniciará un procedimiento de revisión de los coeficientes reductores, conforme al Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, con el objetivo de estudiar la inclusión de otras categorías profesionales ferroviarias expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres. Este procedimiento contará con participación sindical.El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social de los profesionales del sector.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2536594527-1-p491871-m1534095-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/real-decreto-ley-de-medidas-urgentes-para-el-refuerzo-de-la-seguridad-operacional-en-el-transporte-ferroviariohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2536594527-1-p491871-m1534095-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/real-decreto-ley-de-medidas-urgentes-para-el-refuerzo-de-la-seguridad-operacional-en-el-transporte-ferroviariohttps://elderecho.com/real-decreto-ley-de-medidas-urgentes-para-el-refuerzo-de-la-seguridad-operacional-en-el-transporte-ferroviariohttps://elderecho.com/real-decreto-ley-de-medidas-urgentes-para-el-refuerzo-de-la-seguridad-operacional-en-el-transporte-ferroviario2026-11-10 12:27:582026-11-10 12:27:58administrativoAdministrativo1Administrativo491872El Defensor será una figura diferenciada dentro del Ministerio, con rango de subsecretario. Este rango le dará el peso institucional necesario para coordinar, pedir información y reclamar respuestas a otros organismos. Su objetivo es garantizar a las víctimas una asistencia psicológica, social y jurídica continuada, y proteger así sus derechos, su dignidad y sus necesidades. El Gobierno ha colaborado con las asociaciones de víctimas y ha incorporado al Real Decreto la misión que ellas propusieron: la protección efectiva de los derechos, la dignidad y las necesidades de las víctimas y sus familiares, el acceso a la información, la atención integral y el acompañamiento y seguimiento de los procesos relacionados con los accidentes. El nuevo Defensor, en el plazo de tres meses desde su nombramiento, presentará, con la participación de las asociaciones un proyecto de mejora del marco normativo de atención a las víctimas. Este proyecto abordará, entre otras cuestiones, la estructura institucional de atención y las formas de colaboración entre administraciones y entidades. Así se podrán integrar las lecciones de los recientes accidentes y de otros anteriores en todos los modos de transporte, y estudiar con detalle las cuestiones que exigen una norma con rango de ley. Estructura Se creará una Oficina del Defensor/a, con rango de Dirección General, que prestará el apoyo técnico y de la que dependerán una Secretaría General y una Subdirección General de Atención a las Víctimas; un Gabinete Técnico, con rango de subdirección general, que lo asesorará de forma directa. El Defensor o Defensora será nombrado por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Ámbito de actuación y funciones El Defensor/a actuará en los accidentes de transporte colectivo de viajeros de titularidad o competencia estatal: ferrocarril, aviación comercial, transporte marítimo de pasaje y autobús. Podrá extender su labor a los servicios autonómicos y locales mediante acuerdos de colaboración con las administraciones competentes en cada territorio. El Real Decreto aprobado define a la víctima de forma amplia, no sólo quien fallece, desaparece o resulta herido; sino también quien sufre daños psicológicos, sus familiares y allegados y las personas que dependían de ella, en la medida en que el accidente les afecta directamente. Sus funciones se organizan en diez bloques, desde la coordinación institucional y capacidad de intervención hasta las competencias y garantías para el ejercicio de sus funciones. Entre ellas destacan: Interlocución: será el interlocutor de referencia de las víctimas y sus familiares ante todas las administraciones, organismos y entidades implicadas. La atención a las víctimas se prolongará a medio y largo plazo, también cuando se desmontan los dispositivos de emergencia. Coordinación: establecerá un marco común para una respuesta coordinada, con información clara y asesoramiento continuado. Colaborará además en la elaboración de protocolos de asistencia tras un accidente, con especial atención a las personas vulnerables. Información y asesoramiento: orientará sobre derechos y cómo ejercerlos, ayudas disponibles, reclamación de daños, acceso a la justicia gratuita y derechos económicos, y facilitará el apoyo emocional y terapéutico. Cooperación con la investigación técnica: colaborará de forma particular con la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (AITAT), respetando su independencia. Colaboración con las asociaciones de víctimas y con otras instituciones dedicadas a la atención a las víctimas. Transparencia y rendición de cuentas: elaborará informes sobre la atención prestada en cada accidente y las reclamaciones recibidas, y un código de buenas prácticas con las asociaciones de medios de comunicación para el tratamiento ético de la información sobre estos accidentes. Capacidad de requerimiento: podrá requerir a órganos, organismos y administraciones la información necesaria para ejercer sus funciones. Las asociaciones de víctimas formarán parte activa, consultiva y permanente en todas sus funciones, a través de un grupo de trabajo. El objetivo es trabajar con las víctimas y no solo para ellas. El Defensor no sustituye a ningún organismo, respetará la independencia de la AITAT y la función de los órganos judiciales, así como las competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en sanidad, servicios sociales y transporte. Cuando deba actuar en esos ámbitos, lo hará mediante instrumentos de cooperación entre administraciones.Esta nueva figura será estable y permanente y coordinará la atención a las víctimas y a sus familiares, dando continuidad en el tiempo al trabajo de todos los que intervienen tras un accidente.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2781409589-1-p491872-m1534116-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/defensor-de-victimas-de-accidentes-de-transporte-colectivohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2781409589-1-p491872-m1534116-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/defensor-de-victimas-de-accidentes-de-transporte-colectivohttps://elderecho.com/defensor-de-victimas-de-accidentes-de-transporte-colectivohttps://elderecho.com/defensor-de-victimas-de-accidentes-de-transporte-colectivo2026-11-10 12:25:002026-11-10 12:25:00administrativoAdministrativo1civilCivil2Administrativo,Civil491809Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, y el Cabildo de Gran Canaria han inaugurado este lunes el I Congreso Nacional de Gestión Pública, una cita que reúne durante dos jornadas a destacados expertos del ámbito jurídico, institucional y administrativo para abordar los principales retos normativos, organizativos y tecnológicos que afrontan las administraciones públicas. El Congreso, que se celebra en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria en formato híbrido, ha contado en su inauguración con Antonio Morales Méndez, presidente del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria; Antonio Llorens de la Cruz, viceconsejero de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias; Francisco Hernández Spínola, Concejal de Gobierno del Área de Presidencia, Hacienda, Modernización, RRHH y Aguas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; Esther García Cabrera, Secretaria General Técnica de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y Juan Pujol Jaén, presidente de Lefebvre, quienes han dado paso a un programa centrado en el intercambio de conocimiento y experiencias entre profesionales del sector público y privado. Durante su intervención Antonio Llorens, ha manifestado que “es fundamental trasladar un mensaje de defensa de la democracia, de los valores democráticos y del bien común, además de poner en valor el papel de las administraciones públicas”. Por su parte, Antonio Morales recalcó que “la IA abre grandes oportunidades y plantea nuevos retos para la gestión pública, pero ninguna tecnología puede sustituir el criterio, la ética y la vocación de servicio público de las personas que trabajan en las administraciones”. Los instrumentos jurídicos de gestión pública, a debate La primera sesión se centró en los actuales retos de la gestión pública, de la mano de las directoras académicas del Congreso, Pilar Cuesta de Loño, letrada del Consejo de Estado, e Isabel O. Gutiérrez Santana, directora insular de Contratación del Cabildo de Gran Canaria, así como de Felícitas Benítez Pérez, Letrada del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria. Durante la charla, se destacó la importancia de avanzar en la modernización de las administraciones a través de la innovación tecnológica, la gestión del talento público y la toma de decisiones conforme a la legalidad, con el objetivo de mejorar los servicios a la ciudadanía y garantizar el interés general. En este sentido, Pilar Cuesta subrayó que “la IA, los retos de la sanidad y la ciberseguridad son cuestiones clave para la gestión pública. Debemos avanzar hacia administraciones más eficientes y seguras, sin olvidar que detrás de cada decisión hay personas y, en el ámbito sanitario, pacientes”. A continuación, María José Santiago Fernández, presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y anterior directora jurídica de TRAGSA y TRAGSATEC, ha analizado la naturaleza jurídica de los encargos a medios propios, los requisitos que deben cumplir estas entidades y los mecanismos de control aplicables a esta fórmula de gestión. Gutiérrez Santana; Roberto Reyes Torres, Jefe del Servicio de Asuntos Generales y Política Exterior de la Dirección General de Relaciones con África de la Presidencia del Gobierno de Canarias; Victoria González Trujillo, Jefa del Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Gran Canaria, y Dunnia Rodríguez, Coordinadora General de Hacienda, Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, profundizaron en las subvenciones como instrumento para la gestión de intereses generales, con especial atención a la problemática de los plazos de ejecución de las ayudas concedidas a otros entes públicos. Además, han coincidido en la necesidad de apostar por la plurianualidad de las subvenciones para adaptar su ejecución a los tiempos reales de la gestión administrativa. Posteriormente, Israel Expósito Suárez, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna y coordinador académico del Congreso, ha abordado los convenios como fórmula de cooperación entre administraciones, además de sus características y las herramientas que ofrecen para favorecer la colaboración en el ámbito local, puntualizando que “ambas partes, aunque no tengan el mismo ámbito territorial, deberían participar en una posición de igualdad” a la hora de definir el contenido de los convenios.  Bajo la moderación de Ángeles Ojeda Ojeda, Jefa de Servicio del Órgano de Apoyo del Gobierno Insular, los expertos Antonio Armas Romero, Interventor General del Cabildo Insular de Gran Canaria; Javier Aythami García González, Jefe de Servicio Administrativo de la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma, y María José Santiago Fernández, abordaron las diferencias y puntos de conexión entre subvenciones, convenios y encargos, así como los principales desafíos que plantea su aplicación práctica en la gestión pública. La IA, una oportunidad para la gestión pública A lo largo de la tarde, el Congreso continuará con nuevas sesiones centradas en el buen gobierno de los centros sanitarios, con especial atención a la gestión, la eficiencia y la sostenibilidad; la aplicación de la inteligencia artificial jurídica a la gestión pública; y la implementación de soluciones jurídicas y económicas basadas en IA en el ámbito sanitario. Asimismo, se abordará el papel de la transformación digital en la mejora de la gestión sanitaria y social, a través de las tecnologías de la información y otras herramientas, así como los principales retos de la función pública en materia de temporalidad y carrera profesional. En este contexto, Lefebvre profundizará en las oportunidades que ofrece la IA para el sector público a través de GenIA-L, su plataforma IA de confianza para el trabajo jurídico, y analizará cómo esta tecnología contribuye a agilizar los procesos de trabajo, facilitar el acceso al conocimiento jurídico especializado y reforzar la seguridad jurídica en la actividad de los profesionales de la Administración. El Congreso continuará el 10 de noviembre, con nuevas sesiones centradas en la gestión del talento público, la transformación digital y los principales retos de la función pública, como la evaluación del desempeño, la temporalidad, la estabilización y la carrera profesional. La segunda jornada también abordará los desafíos de la ciberseguridad, las oportunidades que ofrece la IA para simplificar los procedimientos administrativos y reducir cargas burocráticas, así como la importancia de promover un lenguaje claro y accesible en la Administración pública. Esta primera edición ha sido posible gracias a la colaboración del Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), la Federación Canaria de Islas (FECAI), el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Guaguas Municipales y ANEXPAL.Lefebvre y el Cabildo de Gran Canaria inauguran la primera edición del encuentro, que ha reunido a expertos del ámbito jurídico y administrativo para analizar los principales desafíos del sector público.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/FO51FO_B-p491809-m1533979-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/retos-de-la-gestion-publica-la-seguridad-juridica-y-la-transformacion-digital-protagonizan-el-congreso-nacional-de-gestion-publica-de-lefebvrehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/FO51FO_B-p491809-m1533979-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/retos-de-la-gestion-publica-la-seguridad-juridica-y-la-transformacion-digital-protagonizan-el-congreso-nacional-de-gestion-publica-de-lefebvrehttps://elderecho.com/retos-de-la-gestion-publica-la-seguridad-juridica-y-la-transformacion-digital-protagonizan-el-congreso-nacional-de-gestion-publica-de-lefebvrehttps://elderecho.com/retos-de-la-gestion-publica-la-seguridad-juridica-y-la-transformacion-digital-protagonizan-el-congreso-nacional-de-gestion-publica-de-lefebvre2026-11-09 17:27:242026-11-09 17:27:24administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico491806El sindicato impugnó la resolución al considerar que establecía unos servicios mínimos abusivos y excesivos que hacían impracticable el ejercicio del derecho de huelga. Entonces, en primera instancia, la Audiencia Nacional anuló dicha resolución al considerar que los servicios mínimos fijados incurrían en falta de motivación por omitir fijar el número o el porcentaje de trabajadores convocados a la huelga que debían prestar esos servicios, dejando su determinación a la empresa. Posteriormente, fue confirmada en casación por el Tribunal Supremo por ser suficientemente motivada y entender que la concreción del número de trabajadores que habían de cubrir los servicios mínimos, mediante cifra o porcentaje, no correspondía a la autoridad gubernativa, según el texto. Para el Tribunal Constitucional, el alcance subjetivo (trabajadores implicados) de los servicios mínimos se lleva a cabo en la resolución sirviéndose de fórmulas "indeterminadas, faltas de concreción y objetivación". A su juicio, "no circunscriben el ámbito de actuación posterior del empresario a la complementación técnica o funcional que la doctrina constitucional ha considerado admisible delegar en aquél, sino que habilitan un grado de discrecionalidad en esa actuación que supone, en la práctica, un apoderamiento a la parte empresarial en el conflicto laboral que menoscaba el elemento de imparcialidad que es exigible en la determinación de los servicios mínimos". Mismo resultado consiguió recientemente USO también en relación a los servicios mínimos durante una huelga del tripulantes de cabina de Ryanair en 2022. Fue estimado su recurso de amparo al declarar vulnerado el derecho de huelga contra una sentencia del Tribunal Supremo que validaba una resolución del Ministerio de Transportes sobre este tema, también impugnada.El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por USO al declarar vulnerado el derecho de huelga contra una resolución de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que fijaba los servicios mínimos de los servicios públicos esenciales a mantener en Ryanair e Ihandling Aviation durante la huelga del personal de servicios de asistencia en tierra entre octubre de 2022 y enero de 2023.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2750042331-1-p491806-m1533941-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tc-ampara-a-uso-y-declara-vulnerado-el-derecho-de-huelga-en-los-parones-del-handling-de-ryanair-en-2022https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2750042331-1-p491806-m1533941-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tc-ampara-a-uso-y-declara-vulnerado-el-derecho-de-huelga-en-los-parones-del-handling-de-ryanair-en-2022https://elderecho.com/el-tc-ampara-a-uso-y-declara-vulnerado-el-derecho-de-huelga-en-los-parones-del-handling-de-ryanair-en-2022https://elderecho.com/el-tc-ampara-a-uso-y-declara-vulnerado-el-derecho-de-huelga-en-los-parones-del-handling-de-ryanair-en-20222026-11-09 13:16:402026-11-09 13:16:40socialSocial13Social491807La Audiencia Provincial de Zaragoza ha ratificado la sentencia que condena a nueve meses de prisión a una mujer por las lesiones causadas a una trabajadora sanitaria mientras le prestaba asistencia en la vía pública. Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ha confirmado la obligación de la condenada de abonar una multa e indemnización de 600 euros. En su resolución, la Sala ha tenido en cuenta la atenuante de anomalía psíquica. Los hechos ocurrieron cuando una ambulancia del Servicio de Emergencias Sanitarias acudió a auxiliar a la acusada, que se encontraba tendida en una vía pública de Zaragoza. Durante la asistencia, comenzó a insultar a los dos sanitarios y agredió a la técnico de emergencias, a quien sujetó del cuello, propinó golpes y zarandeó repetidamente hasta que su compañero intervino para frenar la agresión. Posteriormente, durante su traslado al hospital en un vehículo policial, la mujer continuó profiriendo insultos, golpeó el interior del coche y agredió a uno de los agentes. En el momento de los hechos, constaban en su historial antecedentes de consumo de tóxicos, así como cuadros de ansiedad y trastornos adaptativos y de conducta.La acusada profirió insultos y agredió a uno de los agentes cuando la trasladaban al hospital en un vehículo policial.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2171093135-1-p491807-m1533959-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/nueve-meses-de-carcel-por-agredir-a-una-sanitaria-en-la-via-publicahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2171093135-1-p491807-m1533959-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/nueve-meses-de-carcel-por-agredir-a-una-sanitaria-en-la-via-publicahttps://elderecho.com/nueve-meses-de-carcel-por-agredir-a-una-sanitaria-en-la-via-publicahttps://elderecho.com/nueve-meses-de-carcel-por-agredir-a-una-sanitaria-en-la-via-publica2026-11-09 12:05:052026-11-09 12:05:05penalPenal9Penal491804En la sentencia, la Audiencia considera probado que, en abril de 2020, el encausado alteró un cheque recibido para pagar una factura a un proveedor por un suministro de madera. El cheque no llegó a manos de la empresa. Según recoge la resolución judicial, el inculpado se hizo con el mismo, alteró el beneficiario y lo cobró de una sucursal sin autorización. En el juicio, celebrado el 27 de octubre, la fiscalía solicitó una pena de 4 años de prisión, mientras que la defensa reclamó la absolución. El procesado se acogió en la vista oral a su derecho a no declarar. La defensa, por su parte, no cuestionó la falsificación y el cobro indebido del cheque. Su argumentación fue en la línea de refutar la participación de su cliente en los hechos. Puntualizó que toda la investigación se basaba en conjeturas y precisó que la investigación no había sido adecuada. Para el tribunal sentenciador, ha quedado acreditado que el acusado, sin poder conocerse la forma, se hizo con el cheque correctamente enviado que una empresa había emitido para abonar los servicios prestados por otra firma. Y, tras alterarlo él mismo, lo presentó al cobro en el banco, “apropiándose de los 77.670,78 euros que conformaban el pago, haciéndose pasar por apoderado de esta última mercantil”, precisa. Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de estafa de en concurso ideal con un delito de falsificación por particular de documento mercantil. “La extensión de la pena finalmente impuesta para la prisión y para la multa encuentra su fundamento en la propia gravedad de los hechos enjuiciados que aquí se manifiesta en que han sido dos los preceptos infringidos (el de estafa y la falsedad), vislumbrándose en la dinámica de la acción del acusado una actividad delictiva profesionalizada que evidencia una predisposición para cometer este tipo de hechos delictivos, lo que viene avalado por la catarata de condenas que se refleja en su hoja de antecedentes penales. Por lo expuesto se descarta una acción puntual derivada de una oportunidad que no ha sabido controlar, sino que nos hallamos ante un modo de vida delictual buscado y muy meditado”, remacha la Audiencia. El tribunal, eso sí, estima en la determinación de la pena la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas. La entidad bancaria indemnizó a la empresa perjudicada, motivo por el cual, según estipula la Audiencia en su sentencia, el condenado deberá ahora resarcir al banco con la citada cantidad estafada.La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a 2 años y 6 meses y una multa de 840 euros a un hombre que estafó 77.670,78 euros a una empresa.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_1765319327-1-p491804-m1533900-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-audiencia-de-navarra-condena-a-prision-a-un-hombre-que-estafo-77-670-euros-a-una-empresahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_1765319327-1-p491804-m1533900-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-audiencia-de-navarra-condena-a-prision-a-un-hombre-que-estafo-77-670-euros-a-una-empresahttps://elderecho.com/la-audiencia-de-navarra-condena-a-prision-a-un-hombre-que-estafo-77-670-euros-a-una-empresahttps://elderecho.com/la-audiencia-de-navarra-condena-a-prision-a-un-hombre-que-estafo-77-670-euros-a-una-empresa2026-11-09 11:50:022026-11-09 11:50:02penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico491805Según sendas resoluciones, recogidas por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza las peticiones de Vox e Iustitia Europea, que habían reclamado extender la suspensión del voto, mientras que la Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, se mostró en contra por "no resultar conformes y ajustadas a derecho". Los magistrados señalan que la suspensión del voto a los nacionalizados por la 'ley de nietos' se adoptó el pasado 10 de septiembre, "mucho antes de la disolución anticipada de las Cortes Generales y de la consiguiente convocatoria de elecciones generales", una decisión que ratificaron el 12 de octubre, "en un tiempo aún hábil, posible, anterior al inicio del periodo electoral". "Por el contrario, la pretensión cautelar que debemos resolver ahora, pudiendo haberse planteado antes, se nos plantea en un momento muy diferente, transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña electoral y, tratándose del voto de los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), a dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los consulados", contraponen. A su juicio, "iniciar ahora un proceso de revisión del CERA, además de los interrogantes que suscita la posibilidad material de ejecución efectiva en el breve lapso temporal existente hasta la fecha de votación y de su escrutinio, resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral". "Por todo ello, en estas circunstancias, la valoración de los diferentes intereses en conflicto debe decantarse por la denegación de la pretensión cautelar, por entender que de su concesión pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales", concluyen. 189.678 hijos, más que los nietos Sin embargo, el alto tribunal discrepa de la alegación de la Abogacía del Estado "sobre la ausencia de incidencia material suficiente, que pretende justificarse basándose en el porcentaje de participación en las últimas elecciones generales electores incluidos en el CERA". "No sólo porque no es un criterio que pueda resultar aplicable --no es posible conocer qué participación puede haber en el próximo proceso electoral--, sino, sobre todo, porque es un colectivo mayor que aquel al que la Sala ha acordado ya la suspensión cautelar", indica. Los magistrados recuerdan que su decisión de suspender el voto a los nacionalizados por esa vía fue al entender que "había un riesgo cierto de alteración del censo electoral por la vía de un incremento excepcional de la cifra de nuevos inscritos en el CERA, lo que afecta a su regularidad jurídica y, por ende, a la pureza del proceso electoral", por lo que --abundan-- "con mayor razón esa apreciación es aplicable a una cifra mayor", que es la que representan los hijos. "Adviértase que, según datos oficiales, la cifra de este colectivo, 189.678 personas, es superior a la de los destinatarios de la suspensión cautelar ya acordada, 162.454 personas (163.355, descontadas las 901 que aportaron certificación consular y no les resulta aplicable la suspensión)", cuantifican. Por otro lado, el magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero ha formulado voto particular contra no suspender el voto para los hijos, indicando que "resulta evidente que la sentencia futura" que resuelva el fondo del asunto "tendrá que afrontar esa cuestión". "Si en el primer caso era necesaria la adopción de la medida cautelar para garantizar la sentencia futura, en el segundo es igualmente necesaria", apostilla, para añadir que "es ineludible si quiere mantenerse una línea de actuación internamente cohesionada". Persisten las razones para continuar la suspensión Lo que el Supremo sí que conserva es la suspensión ya acordada, rechazando en otro auto las alegaciones planteadas por varias asociaciones y particulares afectados personados en el proceso. "Ahora con mayor intensidad, después de conocer la relación nominal de las personas que aparecen afectadas por las medidas cautelares acordadas en nuestros autos anteriores, su considerable cifra y las presuntas irregularidades con que, aparentemente, han podido acceder al CERA, persisten las razones que llevaron a esta Sala a apreciar la existencia de este último requisito", considera. Y como en anteriores ocasiones, la magistrada María Alicia Millán ha formulado un voto particular contra la decisión de mantener la suspensión cautelar para los nacionalizados por esa disposición de la Ley de Memoria Democrática, que permite conseguir la nacionalidad española a descendientes de exiliados. "No comparto la tesis de que la sola invocación del interés general consistente en preservar la pureza o regularidad del censo electoral permita justificar la suspensión cautelar del derecho de sufragio activo de ciudadanos españoles incorporados al censo en virtud de actos plenamente eficaces", argumenta. En su opinión, "aun en la hipótesis" de que la 'ley de nietos' "hubiera ampliado indebidamente" su ámbito de actuación y de que "figuraran en el censo personas que no debieron adquirir la nacionalidad por esa vía, no cabría equiparar esta situación a la provocada por actuaciones fraudulentas dirigidas a alterar la composición del cuerpo electoral". Millán abunda en que "los electores afectados representan, además, una proporción reducida del cuerpo electoral", esto es, "aproximadamente el 0,42 por ciento de los 38.728.356 electores del censo aplicable a estas elecciones". Por ello, señala la magistrada que "el eventual impacto de esos sufragios sobre el resultado electoral no puede erigirse en fundamento autónomo de la medida cautelar".El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos', de forma que podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20110624_0009_1-p491805-m1533918-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-descarta-suspender-el-voto-a-los-hijos-de-los-nacionalizados-por-la-ley-de-nietoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20110624_0009_1-p491805-m1533918-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-descarta-suspender-el-voto-a-los-hijos-de-los-nacionalizados-por-la-ley-de-nietoshttps://elderecho.com/el-supremo-descarta-suspender-el-voto-a-los-hijos-de-los-nacionalizados-por-la-ley-de-nietoshttps://elderecho.com/el-supremo-descarta-suspender-el-voto-a-los-hijos-de-los-nacionalizados-por-la-ley-de-nietos2026-11-09 11:14:022026-11-09 11:14:02administrativoAdministrativo1Administrativo