https://elderecho.com/feedes486077Concretamente, la ley obliga a los fabricantes a realizar las reparaciones necesarias "en un plazo razonable" y, en caso de que estas no sean de carácter gratuito, también a un "precio razonable", con el objetivo de alentar la opción de la reparación. Este derecho a reparar forma parte de la reforma de las normas de protección del consumidor de la UE, que entró en vigor el martes 30 de julio de 2024 y que establece el "derecho a reparar" para asegurar que, cuando se averían dispositivos como televisores, lavadoras o teléfonos móviles, el cliente pueda exigir la reparación del aparato en lugar de su reemplazo. Ahora, una vez finalizado el plazo para que los Estados miembros incorporasen a su legislación la Directiva (UE) 2024/1799, que hace referencia al derecho a reparar, la norma comienzan a aplicarse en España oficialmente, tal y como se indica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El objetivo es que reparar un dispositivo, por ejemplo un 'smartphone' u ordenador, resulte más fácil y atractivo que adquirir uno nuevo, en muchos casos, promoviendo que esta opción sea más económica que sustituirlo. La directiva cubre principalmente los dispositivos para los que la legislación europea ya obliga a los fabricantes a disponer de servicios de reparación y piezas de recambio, como lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, aspiradoras, pantallas electrónicas o determinados teléfonos y tabletas, entre otros. Así, entre sus novedades, obliga a que los fabricantes ofrezcan la reparación de sus productos siempre que sea técnicamente posible, incluso cuando la garantía legal ya haya expirado. Asimismo, deberá realizarse en un plazo y a un precio razonables. Igualmente, los fabricantes no podrán impedir la reparación mediante cláusulas contractuales, 'software' o 'hardware', salvo cuestiones de seguridad o protección de propiedad intelectual. También deberán facilitar el acceso a piezas de recambio y herramientas cuando así lo exija la normativa. Además, si se opta por la reparación, la garantía del producto se deberá ampliar por 12 meses sobre el bien reparado. La norma establece, asimismo, que los consumidores que opten por la reparación tendrán derecho a recibir un dispositivo de sustitución prestado mientras se arregla el de su propiedad o a elegir una unidad reacondicionada como alternativa. Con todo, los fabricantes podrán entregar un documento estandarizado con información clara sobre el coste, plazo, condiciones y validad de la oferta de reparación, de manera que los usuarios puedan comparar entre presupuestos de distintos servicios de reparación. En la práctica, para los consumidores, esto significa reducir la obsolescencia y los residuos electrónicos, ya que dispondrán de más opciones para reparar, una mayor transparencia de precios y plazos de reparación, mejor acceso a piezas y garantías más favorables. Cabe destacar que la normativa de derecho a reparar es distinta a otra regulación europea que entrará en vigor más adelante en febrero de 2027, como es el Reglamento (UE) 2023/1542 relativo a las pilas y baterías y sus residuos. En este caso, comenzarán a aplicarse los requisitos que obligarán a que las baterías de muchos dispositivos portátiles, como los teléfonos móviles, sean fácilmente sustituibles por el usuario. Compañías como Nintendo ya lo están poniendo en práctica.La llamada ley del derecho a reparar de la Unión Europea empieza a aplicarse desde el pasado viernes 31 de julio de 2026 en España, una vez que expiró el plazo para que los Estados miembros incorporaran a su legislación la Directiva (UE) 2024/1799.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2739343201-1-p486077-m1515994-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-derecho-a-reparar-dispositivos-ya-es-de-obligado-cumplimiento-en-espanahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2739343201-1-p486077-m1515994-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-derecho-a-reparar-dispositivos-ya-es-de-obligado-cumplimiento-en-espanahttps://elderecho.com/el-derecho-a-reparar-dispositivos-ya-es-de-obligado-cumplimiento-en-espanahttps://elderecho.com/el-derecho-a-reparar-dispositivos-ya-es-de-obligado-cumplimiento-en-espana2026-08-03 07:40:362026-08-03 07:40:36sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico486076Así lo ha acordado la Sala de lo Contencioso-Administrativo en una sentencia, recogida por Europa Press, en la que el alto tribunal rechaza el recurso de la Abogacía del Estado contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que avaló que una madre recibiera el subsidio pese a no vivir con la víctima. Según el relato de hechos, la víctima fue asesinada en 2017 tras recibir varias cuchilladas, algunas de ellas en el cuello. La Audiencia Provincial de Murcia condenó al acusado como autor de un delito de asesinato con alevosía. En 2019, la madre de la víctima solicitó la ayuda que pudiera corresponderle como víctima indirecta de un delito violento y doloso con resultado de muerte por el fallecimiento de su hija, una petición que fue rechazada por los órganos encargados de otorgarla alegando que "no había acreditado convivencia" con su hija. La madre interpuso un recurso contencioso-administrativo al TSJ de Murcia, que le dio la razón porque, pese a no convivir con su hija, "ello no significa que no pueda justificar que dependía económicamente de ella", recoge el Supremo de la sentencia. El abogado del Estado pedía al Supremo en su recurso de casación que confirmase la legalidad de la denegación de la ayuda alegando que era necesaria la convivencia para recibir el subsidio. La ayuda puede darse con y sin convivencia El Supremo, no obstante, da la razón a la mujer y señala que "la dependencia económica puede darse tanto si hay convivencia como si no". "Requerir la convivencia supone añadir un nuevo requisito que no está, ni necesaria ni directamente, relacionado con la situación en la que los gastos o las cargas de la persona progenitora se satisfacen en su parte más sustancial por el hijo o la hija", añade. A su juicio, la cohabitación "puede tener lugar sin que haya dependencia económica entre los convivientes y, al contrario, la dependencia económica puede darse sin que exista convivencia". La Sala admite que, como sostiene la Abogacía del Estado, la Ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual "enuncia los requisitos necesarios para acreditar la dependencia económica, no estableciendo una mera presunción de tal dependencia cuando aquellos requisitos concurran". Sin embargo, el Supremo insiste en que el propósito de la ley es el de "paliar los efectos que el delito ha producido", reconociendo que, "en el caso de los delitos violentos, las víctimas sufren, además, las consecuencias de una alteración grave e imprevista de su vida habitual, evaluable en términos económicos". Por ello, aduce, establece "un sistema de ayudas públicas en beneficio de las víctimas directas e indirectas de los delitos dolosos y violentos". "Este sistema quedaría desnaturalizado en lo que respecta a los padres de la persona fallecida si se admitiera que, además de la dependencia económica exigida legalmente, se requiera la convivencia impuesta reglamentariamente, por más que dicha convivencia se quiera conectar con aquella dependencia económica, que, repetimos, no se infiere de la finalidad ni, mucho menos, de las reglas legales", indica. Por tanto, el tribunal concluye que el requisito de la convivencia de los padres con la víctima directa para acreditar la dependencia económica "excede de las disposiciones" de la mencionada ley. Así, el Supremo avala la sentencia del TSJ de Murcia, que reconoció el derecho de la mujer a recibir el subsidio, y anula el inciso "vinieran conviviendo con éste" contenido en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, "debiéndose publicar esta anulación en el Boletín Oficial del Estado".El Tribunal Supremo ha avalado que los padres de vícitmas de asesinatos puedan recibir la ayuda por el fallecimiento de un familiar si dependían económicamente de él, al retirar el precepto que hacía obligatoria la convivencia para percibir el subsidio.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20140822_0006_1-p486076-m1515973-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ts-avala-que-padres-de-victimas-de-asesinato-puedan-recibir-ayuda-por-la-muerte-de-un-familiar-aunque-no-convivieranhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20140822_0006_1-p486076-m1515973-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ts-avala-que-padres-de-victimas-de-asesinato-puedan-recibir-ayuda-por-la-muerte-de-un-familiar-aunque-no-convivieranhttps://elderecho.com/el-ts-avala-que-padres-de-victimas-de-asesinato-puedan-recibir-ayuda-por-la-muerte-de-un-familiar-aunque-no-convivieranhttps://elderecho.com/el-ts-avala-que-padres-de-victimas-de-asesinato-puedan-recibir-ayuda-por-la-muerte-de-un-familiar-aunque-no-convivieran2026-08-03 07:37:272026-08-03 07:37:27administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico486028La sentencia del Tribunal Supremo que prohibió el rechazo en frontera para migrantes que llegasen a Ceuta o Melilla a nado señala que "nada impediría" aplicar las llamadas 'devoluciones en caliente' de establecerse "elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza". Se trata de una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal del pasado 8 de julio, recogida por Europa Press, que dictaminó que a estas personas se les debe aplicar el procedimiento de devolución ordinario y no el de rechazo en frontera. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha insistido en modificar la ley "por todos los medios" pues, a su juicio esta sentencia del Supremo provoca una "laguna" que "hay que remediar", después de la entrada de cientos de personas desde Marruecos a través de la frontera de la ciudad autónoma, donde también se han registrado cruces a nado y por el espigón. El alto tribunal remarcó el interés casacional en "determinar si es aplicable la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería respecto de las personas que son interceptadas en el mar, al pretender entrar a nado en las ciudades de Ceuta y Melilla y por ello es posible aplicarles el procedimiento de rechazo en frontera". Dicha disposición adicional reza: "Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España". Y es que el Supremo recoge que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, entendió que quien entra a nado "no supera un elemento de contención fronterizo", por lo que no era aplicable la disposición adicional décima, un criterio compartido por la Sala. Así, remarca que el rechazo en frontera dentro de Ceuta y Melilla "no está contemplado con carácter general" en la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería "para todos los extranjeros que intentan cruzar irregularmente la frontera, sea terrestre o marítima, sino solo para aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas". Entonces, el alto tribunal precisa que la ley se refiere a elementos de contención fronterizos "y no exclusivamente a los terrestres ni, específicamente, a las vallas". Por ello, indica que "nada impediría que, de establecerse elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza, pudiera ser de aplicación la referida disposición adicional décima a quienes pretendieran cruzar irregularmente la frontera superando esos elementos de contención marítimos". Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han reconocido la necesidad de adoptar medidas ante estas situaciones de crisis, si bien han señalado que sería un "error" obviar el resto de problemas -sociales, políticos, humanitarios y económicos- que envuelven este tipo de crisis y poner el foco en resoluciones judiciales que, precisamente, "sirven para garantizar derechos humanos".El alto tribunal establece que las personas que accedan a Ceuta o Melilla a nado deben someterse al procedimiento ordinario de devolución, aunque admite que el rechazo en frontera podría aplicarse si existieran elementos de contención marítimos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2657931591-scaled-p486028-m1515842-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tribunal-supremo-limita-las-devoluciones-en-caliente-en-el-mar-a-los-cruces-que-superen-elementos-de-contencionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2657931591-scaled-p486028-m1515842-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tribunal-supremo-limita-las-devoluciones-en-caliente-en-el-mar-a-los-cruces-que-superen-elementos-de-contencionhttps://elderecho.com/el-tribunal-supremo-limita-las-devoluciones-en-caliente-en-el-mar-a-los-cruces-que-superen-elementos-de-contencionhttps://elderecho.com/el-tribunal-supremo-limita-las-devoluciones-en-caliente-en-el-mar-a-los-cruces-que-superen-elementos-de-contencion2026-07-31 10:39:522026-07-31 10:39:52administrativoAdministrativo1Administrativo486015La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha destacado el buen comportamiento de la economía española y estima que podría crecer más de lo esperado en 2026, hasta el entorno del 2,5%. La patronal ha ensalzado la evolución económica de España, que mantiene su senda expansiva durante el segundo trimestre del año pese al retroceso de la de la inversión en bienes de equipo y la pérdida de fuerza del sector exterior, que impactan negativamente en la competitividad. De acuerdo con el avance de datos publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la actividad económica se ha acelerado una décima por encima con respecto al trimestre anterior (+0,7%), motivada por el mayor dinamismo de la demanda interna (+0,6 puntos). En tasa interanual, el PIB marca una tendencia de estabilidad, con un crecimiento del 2,7% por cuarto trimestre consecutivo. "Esto se debe a que el impacto del conflicto en Irán no ha sido relevante en el conjunto de la actividad económica", ha señalado la organización que dirige Antonio Garamendi. Todo ello pese a la desaceleración de la inversión bienes de equipo, que retrocede hasta el 0,1%, tres décimas menos que el trimestre anterior y siete que con respecto al cuatro trimestre de 2025. La inversión en vivienda y construcción también permanece estancada en el 0,1% por segundo trimestre consecutivo. Del lado positivo, destaca el repunte de la inversión en productos de propiedad intelectual, hasta el 1,7%, ocho décimas más que en el primer trimestre. Así, la composición del crecimiento repite el mismo patrón del trimestre anterior, siendo el consumo privado y la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) las variables que más han aportado al crecimiento, un 0,7% y un 0,4% trimestral. El sector exterior, por su parte, continúa en mínimos, con tan solo un 0,1% de avance en el trimestre.La patronal destaca la fortaleza de la demanda interna y la aceleración del PIB en el segundo trimestre, aunque advierte del debilitamiento de la inversión en bienes de equipo y de la escasa aportación del sector exterior.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/foto-ceoe-p486015-m1515808-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/ceoe-eleva-al-entorno-del-25-su-prevision-de-crecimiento-para-la-economia-espanola-en-2026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/foto-ceoe-p486015-m1515808-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/ceoe-eleva-al-entorno-del-25-su-prevision-de-crecimiento-para-la-economia-espanola-en-2026https://elderecho.com/ceoe-eleva-al-entorno-del-25-su-prevision-de-crecimiento-para-la-economia-espanola-en-2026https://elderecho.com/ceoe-eleva-al-entorno-del-25-su-prevision-de-crecimiento-para-la-economia-espanola-en-20262026-07-31 10:23:552026-07-31 10:23:55fiscalFiscal6Fiscal486001El decreto que amplía la jubilación anticipada por discapacidad a 11 nuevas patologías entra en vigor este viernes, 31 de julio, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La medida permitirá que en torno a 50.000 trabajadores con una discapacidad reconocida igual o superior al 45% puedan anticipar su edad de jubilación hasta los 56 años. Las nuevas discapacidades o patologías incluidas son: Espina bífida, Amiloidosis por transtiretina variante, Enfermedad de Párkinson, Distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), Enfermedad de Huntington, Esclerosis sistémica, Lesión medular, Degeneración corticobasal, Atrofia multisistémica y Parálisis supranuclear progresiva y Enfermedad Renal Crónica estadio G5. Para beneficiarse de esta medida sin que esto suponga una reducción de la cuantía de su pensión, las personas trabajadoras deben cumplir algunos requisitos como "estar en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha del hecho causante y acreditar 15 años de cotización a lo largo de su vida laboral y, dentro de ese periodo, que al menos durante 5 años se hayan visto afectados por alguna de estas patologías con discapacidad igual o superior al 45 por ciento". En estos casos, el período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador se computará como cotizado para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora, que sirve para el cálculo del importe de la pensión de jubilación. Para el CERMI la entrada en vigor de esta ampliación constituye un avance "relevante en la protección social de las personas trabajadoras con discapacidad, al reconocer situaciones que hasta ahora no estaban consideradas pese a su severidad y a su incidencia sobre la esperanza de vida". El CERMI recuerda que esta reforma responde a una demanda sostenida del movimiento organizado de la discapacidad y ha valorado especialmente que el procedimiento creado en 2025 permita mantener abierto el catálogo de patologías, de modo que puedan seguir incorporándose nuevas discapacidades cuando exista evidencia científica suficiente que lo justifique. Por su parte, COCEMFE ha celebrado esta aprobación ya que se trata de "un avance histórico en la protección de derechos que permitirá que miles de personas puedan anticipar su jubilación en condiciones más justas y adaptadas a la realidad que supone convivir con enfermedades que reducen la esperanza de vida". No obstante, COCEMFE ha subrayado que "este proceso no concluye con la aprobación de este Real Decreto", puesto que la entidad ya ha presentado nuevos informes correspondientes a otras seis patologías --artritis reumatoide, ataxia de Friedrich, lupus eritematoso sistémico, paraparesia espástica familiar, encefalomielitis miálgica y ataxia SCA3-- para continuar ampliando el listado.La reforma permitirá anticipar hasta los 56 años la edad de jubilación de alrededor de 50.000 trabajadores con una discapacidad reconocida igual o superior al 45 %, siempre que cumplan los periodos de cotización y afectación exigidos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2771701003-scaled-p486001-m1515774-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/entra-en-vigor-la-ampliacion-de-la-jubilacion-anticipada-por-discapacidad-a-once-patologias-mashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2771701003-scaled-p486001-m1515774-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/entra-en-vigor-la-ampliacion-de-la-jubilacion-anticipada-por-discapacidad-a-once-patologias-mashttps://elderecho.com/entra-en-vigor-la-ampliacion-de-la-jubilacion-anticipada-por-discapacidad-a-once-patologias-mashttps://elderecho.com/entra-en-vigor-la-ampliacion-de-la-jubilacion-anticipada-por-discapacidad-a-once-patologias-mas2026-07-31 10:01:392026-07-31 10:01:39socialSocial13Social485988La tasa de paro de la eurozona se mantuvo estable el pasado mes de junio en el 6,3%, donde se mantiene anclada desde marzo de 2026, mientras que en el conjunto de la Unión Europea repitió en el 6%, según los datos publicados por Eurostat. La oficina estadística europea calcula que en el sexto mes de 2026 un total de 13,31 millones de personas carecían de empleo en la UE, de los que 11,13 millones se encontraban en la zona euro. Esto supone un aumento mensual de 79.000 desempleados en la UE y de 71.000 en la zona euro, al tiempo que, en comparación con junio del año anterior, el desempleo subió en 112.000 personas en los Veintisiete y en 43.000 en la zona euro. Las mayores tasas de paro en la UE correspondieron a Finlandia, con un 10,5%; España, con un 10,3%; por delante de Suecia, con un 8,7%. Por el contrario, las menores cifras se observaron en Bulgaria y Chequia, con un 3% cada uno, mientras que Polonia registró un 3,1%. En cuanto a los menores de 25 años, la tasa de paro de la UE repuntó al 15,5% desde el 15,4%, mientras que en la zona euro bajó una décima, al 14,8%. En términos absolutos, el número de jóvenes desempleados en la UE alcanzó los 2,98 millones de personas, de los que 2,35 millones residían en la eurozona. En el caso de España, en junio de 2026 se contabilizaron 2,55 millones de personas sin empleo, de las cuales 456.000 eran menores de 25 años. Así, el paro juvenil en el país fue del 23,4%, el segundo más elevado del bloque comunitario por detrás de Suecia (24,9%) y por delante de Finlandia (23,2%).El desempleo se mantuvo en junio en el 6,3 % en la eurozona y en el 6 % en el conjunto de la Unión Europea, según Eurostat. España registró la segunda tasa de paro más elevada de los Veintisiete, con un 10,3 %, y un desempleo juvenil del 23,4 %.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2726386803-scaled-p485988-m1515740-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-tasa-de-paro-de-la-eurozona-se-mantuvo-estable-en-el-63-en-juniohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2726386803-scaled-p485988-m1515740-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-tasa-de-paro-de-la-eurozona-se-mantuvo-estable-en-el-63-en-juniohttps://elderecho.com/la-tasa-de-paro-de-la-eurozona-se-mantuvo-estable-en-el-63-en-juniohttps://elderecho.com/la-tasa-de-paro-de-la-eurozona-se-mantuvo-estable-en-el-63-en-junio2026-07-31 09:50:502026-07-31 09:50:50socialSocial13Social485915 La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), reunida el miércoles, 29 de julio, ha acordado mantener para los días 30 y 31 las medidas organizativas y de protección adoptadas el pasado domingo ante el incendio que afecta a varios municipios de la provincia de Castellón. La Sala acuerda esta nueva prórroga tras la información facilitada por las autoridades de emergencias por la que resulta "procedente mantener las medidas acordadas el domingo con el objetivo de priorizar la seguridad de las personas". En el acuerdo del domingo, la Sala recordaba que no existe obligación alguna de acudir a una sede judicial por una actuación jurisdiccional programada si existe cualquier dificultad. Bastará en estos casos una comunicación al órgano judicial para trasladar la imposibilidad de asistir. Esto incluso, cuando eso no sea posible, se entenderá que la incomparecencia está justificada. Por otra parte, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado la solicitud de medidas 'cautelarísimas' planteada por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) sobre el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que rechazó este lunes la suspensión de los señalamientos y plazos procesales, así como la adopción de medidas extraordinarias en los partidos judiciales afectados por los incendios: Madrid, Toledo, Ávila y Castellón. En el auto, recogido por Europa Press, el Supremo señala que la Sala "no es en absoluto insensible a la tragedia" que suponen los incendios "ni a las enormes dificultades que por causa de ella deben afrontar muchos abogados y otros profesionales y usuarios de la Justicia", por este motivo, aseguran que si fuera necesario adoptarían en un futuro la deccisión con eficacia retroactiva. "Por ello, creemos que es importante señalar algo: si el CGPJ considerase que, en algún momento y lugar, las consecuencias de los gravísimos incendios necesitan ser combatidas mediante la suspensión generalizada de señalamientos y plazos judiciales, nada le impediría dotar a su decisión de eficacia retroactiva", explican en el auto. Así, el tribunal recuerda que los actos administrativos pueden tener eficacia retroactiva "cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas". El TS reconoce en el escrito desestimatorio que aunque "ahora no se suspendan con alcance general todos los señalamientos y plazos procesales no comporta que los daños que pudieran producirse fuesen irremediables, pues siempre quedaría abierta la vía que se acaba de indicar". Este tribunal concreta que "quedan pocos días para el inicio del mes de agosto" que "no es hábil para la mayoría de las actuaciones procesales ni para el cómputo de los plazos". La presidenta de la Audiencia Provincial y de los diferentes Tribunales de Instancia trasladarán a la Sala de Gobierno, en caso de que lo consideren oportuno, la necesidad de suspender la actividad judicial ordinaria, las vistas y/o los plazos procesales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/tribunal-justicia_castellon-p485915-m1515531-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjcv-prorroga-el-acuerdo-que-exime-de-ir-a-sedes-judiciales-a-afectados-por-el-incendiohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/tribunal-justicia_castellon-p485915-m1515531-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjcv-prorroga-el-acuerdo-que-exime-de-ir-a-sedes-judiciales-a-afectados-por-el-incendiohttps://elderecho.com/el-tsjcv-prorroga-el-acuerdo-que-exime-de-ir-a-sedes-judiciales-a-afectados-por-el-incendiohttps://elderecho.com/el-tsjcv-prorroga-el-acuerdo-que-exime-de-ir-a-sedes-judiciales-a-afectados-por-el-incendio2026-07-30 10:00:572026-07-30 10:00:57sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485953El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que contempla un conjunto de medidas extraordinarias en materia de Seguridad Social para atender las necesidades de trabajadores y empresas víctimas de graves incendios, como los que en las últimas semanas han afectado a varias comunidades autónomas. En concreto, la nueva disposición facilita el trámite para el reconocimiento de la prestación por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia y establece exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas. Para la ministra Elma Saiz: “Estas medidas tienen como objetivo dar una respuesta extraordinaria y urgente a trabajadores y empresas de los municipios afectados por esta catástrofe, para que puedan hacer frente las consecuencias inmediata derivadas de la emergencia después de que hayan visto enormemente alteradas sus vidas”. Las medidas de este Real Decreto-ley se dirigen a las personas trabajadoras y a las empresas para las que presten sus servicios, cuando se encuentren afectadas por incendios forestales que den lugar a la adopción de medidas de protección civil que afecten a la población, tales como evacuaciones, restricciones de acceso, confinamientos u otras de naturaleza análoga y hasta que concluya la campaña anual de peligro alto de incendios forestales del año 2026. Medidas para los trabajadores por cuenta propia El Real Decreto-ley contempla que los trabajadores autónomos que cesen total o parcialmente en su actividad, de forma definitiva o temporal, en los municipios afectados podrán solicitar la prestación de cese de actividad sin que sea necesaria la aportación de documentos que acrediten la existencia de fuerza mayor. En concreto, se benefician de estas medidas los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios que cuenten con la cobertura de la contingencia de cese de actividad o, estando acogidos a la reducción de cotización prevista en el Estatuto del Trabajo Autónomo para el inicio de actividad por cuenta propia, cesen de forma definitiva o temporal en ella. Entre las particularidades extraordinarias establecidas en este Real Decreto-ley para esta prestación se encuentran: El reconocimiento se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o por el Instituto Social de la Marina con carácter provisional con efectos económicos de 22 de julio de 2026, o desde la fecha en que efectivamente se produjo el cese de actividad, y no se exigirá la acreditación de la imposibilidad para desarrollarla, sin perjuicio de que el órgano gestor la requiera con posterioridad al beneficiario. El tiempo en que se perciban prestaciones por cese de actividad no se computará a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Se considerará como cumplido el requisito de periodo mínimo de cotización de doce meses comprendidos en los veinticuatro meses inmediatamente anteriores a la situación de cese de actividad, previsto en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Esta prestación por cese de actividad, en cualquiera de sus modalidades, podrá extenderse durante un periodo de hasta cuatro meses. En el supuesto de cese total definitivo, agotada la duración máxima establecida, se podrá percibir, si se reunieran los requisitos exigidos, la prevista con carácter ordinario en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Esta prestación será inembargable, y tampoco podrá ser objeto de compensación con otras prestaciones de Seguridad Social indebidamente percibidas. Aquellos trabajadores por cuenta propia que se encontraran disfrutando de alguna bonificación o reducción en las cuotas a la Seguridad Social previstas en el Estatuto del trabajo autónomo, y que estén percibiendo la prestación de cese de actividad con baja en el régimen correspondiente, no perderán el derecho al acceso a las bonificaciones o reducciones en la cuota por el tiempo que hubiese quedado pendiente de disfrute, siempre y cuando soliciten el alta inmediatamente tras la finalización de la prestación. Exenciones en la Cotización a la Seguridad Social Las empresas con domicilio de actividad en los municipios afectados, a las que se les autorice un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por haber visto impedido o limitado el desarrollo de su actividad normalizada,  podrán beneficiarse de una exención del 100 por ciento de la aportación empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, profesionales y conceptos de recaudación conjunta, con respecto a las cuotas devengadas en los meses de agosto a noviembre de 2026 por trabajadores que tengan sus actividades suspendidas o reducidas y por los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión o reducción.Los autónomos, que hayan cesado total o parcialmente su trabajo en municipios afectados y cuenten con la cobertura por cese de actividad, podrán solicitar esta prestación extraordinaria sin necesidad de acreditar fuerza mayor.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/Seguridad-Social-p485953-m1515630-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-adopta-medidas-extraordinarias-en-materia-de-seguridad-social-para-trabajadores-y-empresas-afectadas-por-los-incendioshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/Seguridad-Social-p485953-m1515630-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-adopta-medidas-extraordinarias-en-materia-de-seguridad-social-para-trabajadores-y-empresas-afectadas-por-los-incendioshttps://elderecho.com/el-gobierno-adopta-medidas-extraordinarias-en-materia-de-seguridad-social-para-trabajadores-y-empresas-afectadas-por-los-incendioshttps://elderecho.com/el-gobierno-adopta-medidas-extraordinarias-en-materia-de-seguridad-social-para-trabajadores-y-empresas-afectadas-por-los-incendios2026-07-30 10:00:382026-07-30 10:00:38socialSocial13Social485927El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Ricardo Bodas ha dimitido de la presidencia de las comisiones de Carrera y de Salud Judicial por discrepancias con el acuerdo sobre los parámetros de cargas de trabajo a efectos de salud judicial. Bodas ha remitido a la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, una carta en la que le comunica que tiene "la obligación de dimitir irrevocablemente de los cargos mencionados", en tanto que "no sería razonable" que dirigiera esas áreas cuando discrepa "radicalmente de las políticas que se impulsarán desde estas". El vocal critica que el acuerdo es "un acto de representación del colectivo judicial, que se aparta de los acuerdos previos del Pleno --del CGPJ-- en materia de salud judicial", en tanto que les atribuye "un deber de seguridad para con los jueces y magistrados, que solo sería asumible" si el órgano de gobierno de los jueces mantuviera con ellos "una relación laboral o funcionarial, lo que no sucede en absoluto". Bodas considera que el acuerdo "desautoriza injustificadamente el trabajo efectuado por los servicios técnicos, quienes han ejecutado ejemplar y objetivamente el mandato encomendado por el propio Pleno y lo sustituye por propuestas voluntaristas y máximas de experiencia, que carecen de cualquier valor científico". "Finalmente, se ha dado traslado del acuerdo al conjunto del colectivo judicial, lo cual comporta que todos sus componentes podrán efectuar las alegaciones, que consideren oportunas, en una especie de referéndum cuyas conclusiones se impondrán inevitablemente y provocarán con toda seguridad una reducción generalizada de nuestra capacidad de respuesta a la demanda de justicia, que ya se encuentra en una situación lamentable", denuncia. Cargas de trabajo A su juicio, además, este proceder tampoco permitirá cumplir adecuadamente la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2023, que condenó al órgano de gobierno de los jueces a regular las cargas de trabajo. En cualquier caso, Bodas remarca que "el CGPJ ha desplazado unilateralmente su responsabilidad a la opinión mayoritaria del colectivo judicial", lo que, en su opinión, demuestra que "no es el empleador de los titulares del poder judicial". "Serán los jueces y magistrados quienes decidirán a la postre cuáles son las cargas de trabajo que están dispuestos a asumir, lo que no sucede en ninguna actividad pública o privada en el mundo. Nadie convoca un referéndum para hacer caso omiso de sus resultados", critica. Y concluye: "Consiguientemente, me veo en la obligación de dimitir irrevocablemente de los cargos mencionados, puesto que no sería razonable que yo dirigiera esas áreas cuando discrepo radicalmente de las políticas que se impulsarán desde estas". El vocal culmina su misiva agradeciendo al Pleno del CGPJ por la confianza, así como a sus compañeros, que le "han acompañado en esa andadura en los últimos dos años".Bodas señala que "son los propios jueces y magistrados, quienes dirigen e inspeccionan todos sus asuntos y deciden el número y calidad de los señalamientos que están dispuestos a acometer".https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/ricardo-bodas-p485927-m1515564-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ricardo-bodas-presidente-de-la-comision-de-salud-del-cgpj-dimite-por-discrepancias-en-los-parametros-aprobados-de-carga-saludablehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/ricardo-bodas-p485927-m1515564-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ricardo-bodas-presidente-de-la-comision-de-salud-del-cgpj-dimite-por-discrepancias-en-los-parametros-aprobados-de-carga-saludablehttps://elderecho.com/ricardo-bodas-presidente-de-la-comision-de-salud-del-cgpj-dimite-por-discrepancias-en-los-parametros-aprobados-de-carga-saludablehttps://elderecho.com/ricardo-bodas-presidente-de-la-comision-de-salud-del-cgpj-dimite-por-discrepancias-en-los-parametros-aprobados-de-carga-saludable2026-07-30 10:00:322026-07-30 10:00:32sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485965Con esta firma, ambas instituciones dan continuidad al convenio firmado en 2022 —que a su vez actualizaba el suscrito por primera vez en 1997— y prorrogan su compromiso de mantener formados e informados a jueces y magistrados en materia de propiedad industrial, y de resolver las cuestiones y dudas que puedan surgirles en el desarrollo de su actividad diaria en lo relativo a esta materia. En este sentido, ANDEMA continuará impulsando la realización de jornadas de formación dirigidas a los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial relacionadas con la lucha contra los delitos de propiedad industrial, así como a la organización de encuentros y jornadas en beneficio de ambas partes. Función jurisdiccional Asimismo, se reafirma la puesta a disposición del Consejo General del Poder Judicial de la base de datos de la asociación de los representantes legales de cientos de marcas, para facilitar el contacto entre los agentes y las marcas en operaciones en las que se intervengan productos presuntamente falsificados, y a la que los jueces y magistrados podrán seguir teniendo acceso en el ejercicio de la función jurisdiccional. Según destaca Gerard Guiu, director general de ANDEMA "este convenio con el CGPJ es una pieza clave en la lucha contra las falsificaciones. La formación continua de jueces y magistrados en materia de propiedad industrial, junto con el acceso a nuestra base de datos de marcas, permite dar una respuesta más ágil y especializada frente a un fenómeno que no deja de crecer y que perjudica tanto a las empresas como a la seguridad de los consumidores."La Asociación para la Defensa de la Marca y el Consejo General del Poder Judicial renuevan el convenio suscrito en 2022 con el objetivo de mantener el marco de colaboración entre ambas instituciones para desarrollar acciones conjuntas en materia de propiedad industrial. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Renovacion-de-Convenio-ANDEMA-CGPJ-p485965-m1515663-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/andema-y-el-cgpj-renuevan-su-convenio-de-colaboracion-en-materia-de-propiedad-industrialhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Renovacion-de-Convenio-ANDEMA-CGPJ-p485965-m1515663-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/andema-y-el-cgpj-renuevan-su-convenio-de-colaboracion-en-materia-de-propiedad-industrialhttps://elderecho.com/andema-y-el-cgpj-renuevan-su-convenio-de-colaboracion-en-materia-de-propiedad-industrialhttps://elderecho.com/andema-y-el-cgpj-renuevan-su-convenio-de-colaboracion-en-materia-de-propiedad-industrial2026-07-30 10:00:312026-07-30 10:00:31penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico