https://elderecho.com/feedes489625El adelanto electoral se produce después de que el Congreso tumbara el viernes los dos reales decretos con medidas para afrontar el problema de la vivienda con el voto en contra de PP, Vox y Junts y el presidente decidiera darse el fin de semana para reflexionar sobre la conveniencia de ir ahora o no a las urnas. Sánchez ha hecho el anuncio tras haber informado previamente de su decisión al Rey Felipe VI, quien este lunes inicia viaje de Estado a Finlandia junto a la Reina Letizia.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/shutterstock_1239829330-p489625-m1527137-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/sanchez-anuncia-elecciones-anticipadas-para-el-29-de-noviembrehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/shutterstock_1239829330-p489625-m1527137-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/sanchez-anuncia-elecciones-anticipadas-para-el-29-de-noviembrehttps://elderecho.com/sanchez-anuncia-elecciones-anticipadas-para-el-29-de-noviembrehttps://elderecho.com/sanchez-anuncia-elecciones-anticipadas-para-el-29-de-noviembre2026-10-05 11:38:172026-10-05 11:38:17sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489563En concreto, el Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible ha sido rechazado por 172 votos a favor y 178 en contra. Por otra parte, el Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual ha sido rechazado por 166 votos a favor y 184 en contra. Real Decreto-ley 26/2026 El primero de los textos, el Real Decreto-ley 26/2026, incluía medidas como una limitación temporal de determinadas adquisiciones de vivienda, desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2028; un régimen temporal de suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional; el refuerzo de la protección de las personas arrendatarias; la regulación de la acreditación de la condición de gran tenedor; así como medidas fiscales y tributarias que afectan al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre el Valor Añadido, al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Además, abordaba otras materias como el incremento y la protección del parque público de vivienda, así como medidas de fomento de la promoción de vivienda asequible, incluyendo la creación del Fondo de Vivienda de Impacto Social. En esta materia, se establecía una línea de avales de hasta 2.000 millones de euros para facilitar la financiación destinada a incrementar y mejorar el parque de vivienda de alquiler social o asequible. Asimismo, autorizaba otra línea de avales de hasta 280 millones de euros para la cobertura parcial de la financiación del ICO para pymes fabricantes o promotoras que utilicen sistemas de construcción industrializada, y préstamos sin intereses ni comisiones para el acceso a la vivienda por el 20% del valor y 50.000 euros. Real Decreto-ley 27/2026 Por su parte, el Real Decreto-ley 27/2026 modificaba el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para dar continuidad a los contratos de arrendamiento de vivienda habitual más allá de su plazo mínimo. De esta manera, llegado el vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos como mínimo cinco años de duración, o siete si el arrendador es persona jurídica, preveía que este se prorrogase por plazos sucesivos de la misma duración, salvo que alguna de las partes notifique a la otra su voluntad de no prorrogarlo. Además, la norma elevaba de cuatro a seis meses el plazo de preaviso del arrendador. Con carácter general, el arrendador que comunicase válidamente su voluntad de no prorrogar el contrato deberá indemnizar al arrendatario con una cantidad equivalente, al menos, al importe de doce mensualidades de renta de una vivienda de características análogas, salvo que concurra alguno de los supuestos exceptuados por la norma.El Pleno del Congreso ha derogado en su sesión de este viernes dos reales decretos-ley con medidas en materia de vivienda.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2746679253-1-p489563-m1527008-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-congreso-deroga-los-dos-reales-decretos-ley-en-materia-de-viviendahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2746679253-1-p489563-m1527008-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-congreso-deroga-los-dos-reales-decretos-ley-en-materia-de-viviendahttps://elderecho.com/el-congreso-deroga-los-dos-reales-decretos-ley-en-materia-de-viviendahttps://elderecho.com/el-congreso-deroga-los-dos-reales-decretos-ley-en-materia-de-vivienda2026-10-02 15:00:292026-10-02 15:00:29civilCivil2inmobiliarioInmobiliariosector-juridicoSector jurídicoCivil,Inmobiliario,Sector jurídico489562El objetivo es recabar aportaciones de menores, progenitores, tutores, profesores y educadores, así como de las plataformas en línea a las que se refiere la propuesta, a fin de completar la amplia base de datos públicos que respaldó la propuesta, incluido el informe de los copresidentes del Grupo Especial sobre Seguridad Infantil en Línea, las consultas específicas con menores, progenitores y educadores, y el estudio de 2026 sobre las experiencias en línea de los niños. Presentada en septiembre, la EU KIDS ACT mejorará la seguridad en línea de los menores en toda la Unión al posponer el acceso a las redes sociales e introduciendo normas estrictas de seguridad desde el diseño, sistemas de verificación de la edad que protejan la privacidad y una aplicación efectiva. El plazo para presentar comentarios finaliza el 26 de noviembre de 2026. La Comisión Europea elaborará un resumen de todas las respuestas recibidas y lo remitirá al Parlamento Europeo y al Consejo para alimentar el debate legislativo.La Comisión está recabando observaciones sobre la propuesta de Ley de la UE relativa a unos entornos digitales en internet fiables y responsables. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2786664349-2-1-p489562-m1526990-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ce-recaba-observaciones-sobre-la-eu-kids-acthttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2786664349-2-1-p489562-m1526990-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ce-recaba-observaciones-sobre-la-eu-kids-acthttps://elderecho.com/la-ce-recaba-observaciones-sobre-la-eu-kids-acthttps://elderecho.com/la-ce-recaba-observaciones-sobre-la-eu-kids-act2026-10-02 12:05:232026-10-02 12:05:23derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico489560El tribunal mantiene el pago de la multa de 540 euros de la sentencia recurrida y el pago de las costas procesales. La resolución relata que los técnicos de la empresa comprobaron que el usuario tenía en su vivienda un enganche a la luz sin contador y contabilizaron la cantidad defraudada en 2.686,72 euros durante un año. El tribunal rechaza que terceras personas se hayan beneficiado del fraude en calidad de inquilinos. Por el contrario, tal y como señala el magistrado, subraya que el acusado es el único ocupante del inmueble de su propiedad y, consecuentemente, el único beneficiario del suministro irregular detectado. Una conclusión plenamente razonable, coherente y acertada para los juzgadores.La Audiencia Provincial de Zaragoza ha estimado parcialmente el recurso de un ciudadano que fue condenado por un delito leve de defraudación de fluido eléctrico y rebaja de 11.819,29 a 2.686,72 euros la indemnización que deberá pagar a la compañía eléctrica.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2154725465-1-p489560-m1526953-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-zaragoza-rebaja-la-indemnizacion-a-una-electrica-por-fraude-de-luzhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2154725465-1-p489560-m1526953-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-zaragoza-rebaja-la-indemnizacion-a-una-electrica-por-fraude-de-luzhttps://elderecho.com/la-ap-de-zaragoza-rebaja-la-indemnizacion-a-una-electrica-por-fraude-de-luzhttps://elderecho.com/la-ap-de-zaragoza-rebaja-la-indemnizacion-a-una-electrica-por-fraude-de-luz2026-10-02 12:00:182026-10-02 12:00:18penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico489564Criterios homogéneos, públicos y previsibles; una relación estable y bidireccional entre la Administración y la Abogacía; mayor coordinación entre los distintos organismos; automatización de las citas para la toma de huellas y una digitalización que no sacrifique accesibilidad ni garantías. Son algunas de las prioridades con las que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha clausurado este viernes su II Congreso de Extranjería, después de tres jornadas dedicadas a analizar los principales cambios jurídicos y administrativos que están transformando esta materia. Las conclusiones del encuentro trazan una hoja de ruta que combina la mejora de la gestión con el refuerzo de la seguridad jurídica y sitúa la interlocución con la abogacía como una herramienta para detectar problemas de aplicación y plantear soluciones. “La eficacia administrativa y la garantía de los derechos no son objetivos contrapuestos”, ha señalado Emilio Ramírez, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM responsable de Extranjería. “Una Administración ágil, coordinada y capaz de ofrecer respuestas previsibles proporciona seguridad jurídica tanto a las personas extranjeras como a los profesionales que las asisten y a los propios órganos administrativos”. Ramírez ha reivindicado en este sentido el papel del Colegio como interlocutor con las instituciones: “Desde el ICAM queremos seguir siendo un interlocutor leal con las Administraciones, pero también firme en la defensa de los derechos”. Tras tres días de debate con representantes de la Administración, la judicatura, la abogacía y organizaciones especializadas, el responsable colegial ha resumido el objetivo de la siguiente etapa: “Ahora corresponde convertir ese diálogo en mejoras concretas”. Criterios homogéneos y una interlocución permanente Una de las principales conclusiones del Congreso es la necesidad de evitar que una misma situación reciba respuestas diferentes dependiendo del territorio o del órgano que tramite el expediente. El ICAM plantea para ello criterios administrativos más homogéneos, públicos y previsibles, especialmente ante cambios normativos o jurisprudenciales, y pide reforzar la coordinación entre las Oficinas de Extranjería y los servicios centrales. El Colegio considera asimismo necesario consolidar canales permanentes, ágiles y bidireccionales entre la Administración y la Abogacía y dar un nuevo impulso al convenio suscrito entre la Administración General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española en 2020, junto con su adenda de modificación y prórroga de 2024. El objetivo es que este marco se traduzca en una colaboración efectiva que facilite la presentación de expedientes correctamente revisados y permita trasladar con rapidez criterios de presentación y subsanación. La propuesta responde a una idea reiterada durante las jornadas: una mejor comunicación entre quienes resuelven los procedimientos y quienes asesoran diariamente a las personas interesadas puede contribuir a reducir errores, requerimientos innecesarios y diferencias de interpretación. De la resolución favorable a la documentación Entre los problemas prácticos abordados durante el Congreso, las dificultades para obtener cita para la toma de huellas aparecieron reiteradamente. “La obtención de una resolución favorable no debería conducir a un nuevo cuello de botella administrativo”, señalan las conclusiones. El ICAM propone avanzar hacia un sistema en el que la cita quede asignada automáticamente y vinculada a la propia resolución favorable, de forma que la persona extranjera conozca desde ese momento cuándo podrá completar su documentación, evitando intermediaciones, incertidumbre y costes adicionales. La propuesta encontró durante el Congreso una respuesta concreta por parte de la Administración. Pilar González Puente, directora general de la Administración General del Estado en el Territorio, explicó que se está trabajando con Policía y Migraciones para automatizar la asignación de estas citas, un sistema que todavía no está implantado de forma generalizada y que tampoco funciona actualmente en Madrid. El problema de las citas ejemplifica, para el Colegio, otro de los grandes retos detectados: la interoperabilidad entre Administraciones. Un expediente puede implicar a Oficinas de Extranjería, Policía, consulados, Seguridad Social, servicios públicos de empleo y otros organismos. Cuando sus sistemas no intercambian correctamente la información, son el ciudadano y su abogado quienes pueden terminar asumiendo la carga de acreditar datos que ya se encuentran en poder de la propia Administración. En esa misma línea, el ICAM se fija como objetivo establecer canales estables de información, gestión y consulta con los Registros Civiles, tanto con el Registro Civil Central como con los territoriales, en aquellas cuestiones que inciden directamente en la situación jurídica de las personas extranjeras. Anticiparse a las renovaciones de 2027 La necesidad de anticipación ocupa otro lugar central en las conclusiones. El Colegio advierte de que el esfuerzo administrativo desplegado para tramitar la regularización extraordinaria no termina con la concesión de las autorizaciones: a partir de 2027 comenzarán sus modificaciones y prórrogas, y existen todavía cuestiones interpretativas que deben aclararse antes de que esos procedimientos empiecen a llegar a las Oficinas de Extranjería. La dimensión del desafío quedó reflejada durante la primera jornada. González Puente estimó que las Oficinas de Extranjería pueden afrontar el próximo año “un millón o más de renovaciones” derivadas de la regularización y explicó que la Administración trabaja ya en la automatización interna y la simplificación de procesos para hacer frente a ese volumen. Para el ICAM, la experiencia obliga a incorporar la anticipación como principio de gestión: no basta con preparar el procedimiento en el momento en que entra en vigor una reforma, sino que deben evaluarse también de antemano sus consecuencias posteriores, proporcionar criterios claros a profesionales y ciudadanos y dimensionar los recursos necesarios para evitar nuevos cuellos de botella. Digitalización sí, pero con accesibilidad y garantías La transformación digital fue otro de los asuntos transversales de las jornadas. Las conclusiones respaldan continuar avanzando en automatización y simplificación, pero reclaman una Administración digital más sencilla y eficiente y, al mismo tiempo, accesible, que mantenga alternativas cuando las circunstancias personales lo requieran. Esa necesidad de combinar eficiencia y garantías se extiende también a las decisiones administrativas. La jurisprudencia del Tribunal Supremo analizada durante el Congreso puso el foco en la necesidad de evitar respuestas automáticas y valorar individualmente las circunstancias de cada caso, especialmente en materias relacionadas con antecedentes penales, situaciones familiares o la protección del interés superior del menor. Los responsables administrativos participantes reconocieron durante las jornadas que una motivación insuficiente constituye un punto débil de las resoluciones y explicaron que están trabajando para reforzarla. Frente a la automatización de procedimientos, el ICAM reivindica así que las decisiones que lo requieran continúen incorporando el análisis individual de cada situación. La persona, principio y final del Congreso El documento de clausura recupera finalmente la misma idea con la que comenzó el encuentro. “Este Congreso comenzó recordando que detrás de cada expediente hay una persona. Y queremos terminar con esa misma idea”, ha señalado Emilio Ramírez. Para el responsable de Extranjería del ICAM, cuestiones aparentemente técnicas como la digitalización, las citas, la coordinación administrativa, la jurisprudencia, la regularización o el nuevo marco europeo solo adquieren pleno sentido cuando permiten ofrecer a las personas “una respuesta jurídicamente segura, eficaz y previsible”. Con esta premisa, el Congreso cierra tres jornadas de trabajo situando la interlocución institucional, la anticipación, la seguridad jurídica y la mejora práctica de los procedimientos entre sus principales prioridades para una materia en constante cambio. “Estamos y seguiremos en transformación”, concluye Ramírez.Las conclusiones del II Congreso de Extranjería reclaman reforzar la interlocución estable con la Administración, reactivar el convenio con la Abogacía y mejorar la interoperabilidad entre los organismos que intervienen en los procedimientos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Emilio-Ramirez-interviene-en-el-II-Congreso-de-Extranjeria-del-ICAM-scaled-p489564-m1527026-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-pide-criterios-homogeneos-citas-automaticas-y-mayor-coordinacion-para-reforzar-la-seguridad-juridica-en-extranjeriahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Emilio-Ramirez-interviene-en-el-II-Congreso-de-Extranjeria-del-ICAM-scaled-p489564-m1527026-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-pide-criterios-homogeneos-citas-automaticas-y-mayor-coordinacion-para-reforzar-la-seguridad-juridica-en-extranjeriahttps://elderecho.com/el-icam-pide-criterios-homogeneos-citas-automaticas-y-mayor-coordinacion-para-reforzar-la-seguridad-juridica-en-extranjeriahttps://elderecho.com/el-icam-pide-criterios-homogeneos-citas-automaticas-y-mayor-coordinacion-para-reforzar-la-seguridad-juridica-en-extranjeria2026-10-02 11:50:352026-10-02 11:50:35administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico489561De acuerdo con la información más reciente trasladada el pasado miércoles por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, más de 1.200 empresas y autónomos de Ceuta han enviado solicitudes para la recepción de esas ayudas. A principios de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta, que comprende 309 millones de euros en lo que queda de 2026 para apoyar los servicios esenciales, la seguridad, la acogida de menores y la atención humanitaria y ayudar a empresas y trabajadores. Dentro de ese paquete, se dispusieron 80 millones de euros a ayudas directas y otros tipos de apoyo a empresas y trabajadores. En concreto, se incluye un fondo de ayudas directas de 36,6 millones de euros, gestionado por la Agencia Tributaria, con el que los autónomos podrán recibir 5.000 euros y las empresas, entre 10.000 y 150.000 euros en función de su facturación. Esta iniciativa podría beneficiar a 2.500 autónomos y 1.500 empresas. Las ayudas se pueden solicitar desde el pasado 14 de septiembre, a través de la web de la Agencia Tributaria, con el objetivo de iniciar los pagos a principios de este mes de octubre. Para recibir el pago, los autónomos y empresas interesados solo tienen que indicar un número de cuenta donde recibir la ayuda, que están exentas de tributación y son inembargables. A estos 36,6 millones se sumarán 16 millones de euros para apoyar al comercio, el turismo, la restauración y la internacionalización de las empresas de Ceuta. Además, para reforzar el acceso a financiación de las empresas y autónomos de Ceuta, el Real Decreto-ley pone en marcha una línea de avales por cuenta del Estado de 50 millones de euros, gestionada por el ICO. En materia fiscal, se aumenta de forma permanente la bonificación del Impuesto de Sociedades del 50% al 60% para empresas residentes en Ceuta y Melilla, y para las que mantienen actividad y puestos de trabajo en las ciudades autónomas. Por su parte, los autónomos dispondrán de mejores condiciones para su tributación en el IRPF, con mayor posibilidad de deducirse provisiones y gastos de difícil justificación. Ello supone un ahorro de 12 millones de euros al año por ciudad.La Agencia Tributaria empezará a pagar a partir del martes, 6 de octubre, las ayudas directas aprobadas por el Gobierno para que empresas y autónomos de Ceuta puedan hacer frente a las consecuencias económicas tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio en la ciudad autónoma.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2528876099-1-p489561-m1526972-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-agencia-tributaria-empieza-a-pagar-el-martes-las-ayudas-directas-a-empresas-y-autonomos-de-ceutahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2528876099-1-p489561-m1526972-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-agencia-tributaria-empieza-a-pagar-el-martes-las-ayudas-directas-a-empresas-y-autonomos-de-ceutahttps://elderecho.com/la-agencia-tributaria-empieza-a-pagar-el-martes-las-ayudas-directas-a-empresas-y-autonomos-de-ceutahttps://elderecho.com/la-agencia-tributaria-empieza-a-pagar-el-martes-las-ayudas-directas-a-empresas-y-autonomos-de-ceuta2026-10-02 11:00:202026-10-02 11:00:20administrativoAdministrativo1Administrativo489498La ha desarrollado a medida el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes contando con las máximas garantías de seguridad: se basa en sistemas operativos libres propiedad del Estado y está alojada en sus servidores, en entornos aislados dentro de sus propios centros de procesamiento de datos. La nueva herramienta, diseñada y entrenada con la colaboración del gabinete técnico del Supremo, analiza automáticamente los recursos y la documentación presentada y extrae la información más relevante. En segundos, identifica los datos clave (partes implicadas, la materia sobre la que trata el procedimiento, la normativa citada o argumentos jurídicos), y organiza toda la información de forma estructurada para que pueda consultarse de manera rápida y sencilla. También puede asignar grupos de asuntos a distintos equipos de trabajo, conocer el estado de revisión de cada uno de ellos y acceder directamente al expediente electrónico correspondiente, evitando búsquedas manuales y mejorando la coordinación entre profesionales. De esta forma, magistrados y letrados podrán centrarse en el análisis jurídico de los asuntos, gestionar de forma conjunta aquellos que presentan características similares y reducir el tiempo dedicado a tramitar cada recurso. No obstante, en ningún caso la herramienta sustituirá el criterio jurídico de magistrados o letrados. La IA no decide, no resuelve ni propone sentencias, solo organiza la información y automatiza tareas repetitivas. Para facilitar el uso de la IA, el Ministerio ha ofrecido diversas sesiones de formación en el Supremo. Las últimas, el pasado mes de julio, se centraron en la creación de prompts (instrucciones para la IA) y reunieron a más de un centenar de usuarios del Alto Tribunal. Nuevas herramientas para una Justicia más eficiente La nueva herramienta facilitará una gestión más eficiente de los miles de recursos que llegan cada año a la Sala Primera del Alto Tribunal, dedicada a la jurisdicción civil. Solo en el primer semestre de este año, esta Sala ha registrado 7.279 nuevos asuntos. De ellos, 6.881 eran recursos de casación (solicitan la revisión de una resolución judicial porque se considera que se ha aplicado incorrectamente el Derecho) y muchos de ellos compartían características similares. El Ministerio también ha impulsado otras herramientas para descongestionar los tribunales, en especial la jurisdicción civil. Entre ellos, la obligatoriedad de buscar un acuerdo antes de iniciar un proceso judicial civil o mercantil, o el pleito testigo y la extensión de efectos, que permiten resolver de forma rápida y uniforme miles de procedimientos que plantean la misma cuestión jurídica. La digitalización, motor de la mayor transformación de la Justicia en décadas El Supremo ya cuenta con otras soluciones tecnológicas desarrolladas por el Ministerio y que permiten textualizar grabaciones en tiempo real, anonimizar documentos, resumir información y traducirla a un lenguaje sencillo, etc. También opera con un sistema de gestión procesal digital, visores de expedientes, sistemas de firma electrónica que permiten firmar providencias y autos desde el móvil, etc.A partir de este jueves, los equipos jurídicos de la Sala Primera del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) cuentan con una herramienta de inteligencia artificial que agilizará la tramitación de miles de recursos. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2728099113-1-p489498-m1526835-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/justicia-crea-una-herramienta-de-ia-para-el-supremo-que-agilizara-la-gestion-de-miles-de-recursoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2728099113-1-p489498-m1526835-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/justicia-crea-una-herramienta-de-ia-para-el-supremo-que-agilizara-la-gestion-de-miles-de-recursoshttps://elderecho.com/justicia-crea-una-herramienta-de-ia-para-el-supremo-que-agilizara-la-gestion-de-miles-de-recursoshttps://elderecho.com/justicia-crea-una-herramienta-de-ia-para-el-supremo-que-agilizara-la-gestion-de-miles-de-recursos2026-10-01 14:44:532026-10-01 14:44:53sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489497Ambos socios proceden de Uría Menéndez, donde coincidieron durante años asesorando en materia societaria y en operaciones corporativas, así como en procesos de refinanciación y reestructuración de deuda. Esa doble experiencia define el perímetro del nuevo despacho. Desde una estructura de boutique, el despacho combina una elevada especialización técnica con una relación cercana con el cliente y una implicación directa en cada asunto. Rafael Sebastián centra su práctica profesional en operaciones de M A, Derecho societario y Derecho bancario. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento a empresas en situación de dificultad financiera, y ha intervenido en procedimientos de insolvencia y procesos de reestructuración de gran complejidad. Vinculado a Uría Menéndez durante gran parte de su carrera profesional, se incorporó a la firma en 1990 y llegó a ser socio responsable del área mercantil. Desempeñó además la dirección de las oficinas de Nueva York, Barcelona y Madrid. Con anterioridad, ocupó los cargos de director de la Asesoría Jurídica, secretario general y secretario del Consejo de Administración de Citibank España. A lo largo de su carrera ha asesorado en operaciones de M A, reestructuraciones societarias y procedimientos de insolvencia que han involucrado a compañías españolas e internacionales. Su experiencia ha sido reconocida por directorios de referencia como Chambers Global, Who's Who Legal e IFLR1000. “Noguera Sebastián nace de una forma compartida de entender la abogacía: exigencia técnica, implicación directa del socio en cada asunto y una relación de confianza que permita comprender las necesidades de nuestros clientes y de sus negocios para ayudarles en la toma de decisiones”, señala Rafael Sebastián. Por su parte, María Noguera centra su práctica en operaciones de compraventa de empresas, financiación y reestructuración empresarial, con especial presencia en el sector inmobiliario, donde asesora en operaciones sobre activos, sociedades patrimoniales y vehículos de inversión. Completa su práctica con el asesoramiento recurrente en materia de Derecho societario y gobierno corporativo. Antes de fundar Noguera Sebastián, desarrolló su carrera profesional en Uría Menéndez, donde asesoró a empresas nacionales e internacionales en materia societaria y de gobierno corporativo, así como en procesos de reestructuración de deuda y reestructuraciones societarias. “Detrás de una compraventa de empresa, de una operación inmobiliaria o de una reestructuración hay siempre un proyecto empresarial o patrimonial. La estructura de boutique nos permite involucrarnos personalmente en cada operación y dar una respuesta ágil sin perder de vista ese contexto”, explica María Noguera.María Noguera y Rafael Sebastián fundan Noguera Sebastián, un despacho independiente con sede en Madrid especializado en Derecho de los negocios: mercantil y societario —con foco en M A y gobierno corporativo—, inmobiliario y financiero.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Noguera-Sebastian-p489497-m1526814-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/rafael-sebastian-y-maria-noguera-lanzan-noguera-sebastian-despacho-especializado-en-ma-financiacion-y-reestructuracioneshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Noguera-Sebastian-p489497-m1526814-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/rafael-sebastian-y-maria-noguera-lanzan-noguera-sebastian-despacho-especializado-en-ma-financiacion-y-reestructuracioneshttps://elderecho.com/rafael-sebastian-y-maria-noguera-lanzan-noguera-sebastian-despacho-especializado-en-ma-financiacion-y-reestructuracioneshttps://elderecho.com/rafael-sebastian-y-maria-noguera-lanzan-noguera-sebastian-despacho-especializado-en-ma-financiacion-y-reestructuraciones2026-10-01 12:15:342026-10-01 12:15:34sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489496El programa comienza hoy con el primero de sus dos bootcamps, que se celebra en Barcelona. De las 121 candidaturas, el comité de evaluación formado por más de 75 profesionales de Cuatrecasas y 18 de otras corporaciones, ha elegido a las siete startups —seis españolas y una portuguesa— que recibirán asesoramiento de abogados de la Firma especializados en las respectivas áreas vinculadas a cada proyecto. En esta nueva edición, las iniciativas que han sido seleccionadas pertenecen a los sectores de deeptech, energy, fintech y health. En las startups participantes, el comité de evaluación ha valorado criterios como el grado de innovación y diferenciación, su solidez y potencial de crecimiento, la viabilidad de su modelo de negocio, la capacidad de cada proyecto para generar valor, la composición del equipo promotor y su encaje en el programa de aceleración. Este año se ha registrado un 15 % más de inscripciones que en la edición anterior. Además, el 17 % de las startups presentadas procedían de Portugal, cifra que evidencia la proyección internacional que ha alcanzado la convocatoria de Cuatrecasas Acelera tras más de una década de trayectoria. El comité de evaluación ha contado este año con la valoración de destacados abogados de la Firma como Alejandro Auset, Vasco Bivar de Azevedo, Gemma Colomer, Idoya Fernández, Juan Carlos Hernanz, Félix Plasencia, Sónia Queiróz Vaz, Miguel Sánchez Monjo y Joana Silveira Botelho. También ha incorporado la visión de reconocidos expertos externos, entre ellos: Laurent Arens van de Perre, Investment Director de BStartup Banco Sabadell; Jordi Bort, director general de Llopart Cava; Ester Cardús, sexta generación de Llopart Cava; Grisha Domakowski, Director of Commercialization and Communication de Parc Científic de Barcelona; Albert Ferré, CEO de Global LegalTech Hub; Daniel Franco, Business Innovation Manager de Airbus Defence and Space; Nuria Manils, mánager de Barcelona Finance Hub by Aticco; Mireia Mir, directora general de INDPULS; Arantxa Quintana, directora de Innovación en Open Business de Unicaja; Carlos Solana, Innovation Technology Transfer Director de Grupo Mediapro; y Jana Vives Ribera, Chief Marketing Innovation Officer de Vallformosa. «Las startups innovadoras se enfrentan cada vez más a desafíos regulatorios, societarios y de negocio que pueden condicionar su crecimiento. Nuestro objetivo con Cuatrecasas Acelera es ayudarles a anticipar esos retos desde una perspectiva estratégica, poniendo a su disposición el conocimiento jurídico y sectorial de nuestros profesionales para que puedan crecer con mayor seguridad y confianza», ha señalado Francesc Muñoz, CIO de Cuatrecasas. Durante los próximos cinco meses, las startups seleccionadas participarán en un programa de asesoramiento personalizado que combinará acompañamiento jurídico individualizado y dos bootcamps presenciales: el primero, que se celebra hoy en Barcelona, y el segundo, previsto para el 1 de diciembre en Madrid. Cada proyecto contará con el apoyo de mentores legales de Cuatrecasas, que abordarán sus necesidades corporativas específicas y los retos regulatorios vinculados a su tecnología para reforzar el desarrollo y crecimiento de sus modelos de negocio. En esta edición, los mentores serán Alejandro Auset, Gemma Colomer, Íñigo Egea, Juan Carlos Hernanz, Sónia Queiróz Vaz, Cristina Romariz, Juan Antonio Ruiz y Miguel Sánchez Monjo. Asimismo, los proyectos podrán conectar con destacados actores del ecosistema, como corporaciones y fondos de inversión, para ampliar su red de relaciones institucionales y estratégicas. El programa también contará con la colaboración de profesionales externos de referencia que, procedentes del ámbito de la innovación y de sectores estratégicos complementarios, aportarán una visión práctica sobre los principales retos jurídicos asociados a sus modelos empresariales. Startups seleccionadas AGRIN’PULSE (Energy - España): desarrolla AG-X, un robot agrícola eléctrico y autónomo diseñado para cultivos de alto valor, como frutales, viñedos, olivos y frutos secos. La solución permite automatizar tareas agrícolas habituales mediante aperos convencionales y combina robótica, percepción, navegación autónoma e IA para reducir la dependencia de mano de obra, los costes operativos y el impacto ambiental de las explotaciones. AUTHENTIC TEAMZ (Deeptech - Portugal): ayuda a las empresas a entender cómo trabajan juntas las personas. Mediante evaluaciones psicométricas validadas e IA, muestra el estilo de trabajo de cada persona, los roles que asume y el grado de compatibilidad entre compañeros. A continuación, detecta puntos de fricción, riesgos de agotamiento y de rotación en los equipos y propone acciones prácticas para que los líderes puedan mejorar la colaboración, proteger el bienestar y retener el talento. EONSEA (Deeptech - España): tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones de robótica marina e IA para inspección, monitorización y gestión de infraestructuras y activos sumergidos. Combina vehículos marinos autónomos, sistemas de adquisición de datos y una plataforma software basada en visión artificial (io) para digitalizar las operaciones submarinas, reducir costes y riesgos y transformar los datos obtenidos en información útil para la toma de decisiones. FIDEX (Fintech - España): especializada en activos digitales, asesora y gestiona a grandes patrimonios, empresarios y family offices con los estándares de la banca privada. Diseña carteras de inversión líquidas, construidas sobre activos estables y estrategias en finanzas descentralizadas, y orientadas a preservar el patrimonio y generar rendimiento recurrente. GPTADVISOR (Fintech - España): compañía especializada en IA generativa para la gestión de patrimonios y activos. Sus soluciones ayudan a bancos, gestoras y entidades de inversión a optimizar procesos, mejorar la atención al cliente y crear nuevas experiencias digitales, con foco en la seguridad, la trazabilidad y el cumplimiento regulatorio. Actualmente opera en más de 25 entidades financieras de Europa y Latinoamérica. NOBRAC (Energy - España): aplica tecnologías de observación de la Tierra, IA y analítica avanzada para medir, monitorizar y certificar de forma remota créditos de carbono y proyectos ambientales. Su tecnología permite cuantificar carbono y biomasa, verificar procesos de deforestación y monitorizar emisiones de metano y CO₂, generando evidencias trazables para procesos regulatorios y de certificación. POLAR NANOPHARMA (Health - España): desarrolla nanomedicinas oncológicas de nueva generación basadas en nanocápsulas poliméricas ultracompactas. Su plataforma modular de drug delivery permite encapsular distintos activos terapéuticos para mejorar su estabilidad, biodistribución y llegada al tumor, con el objetivo de aumentar la eficacia de los tratamientos y reducir su toxicidad sistémica. Cuatrecasas Acelera, el programa de innovación con el que la Firma acompaña a proyectos emprendedores en la validación de su estrategia legal y de negocio, ha seleccionado las siete startups que participarán en su undécima edición.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Albert-Aguado-NOBRAC-Josep-Rocas-Polar-Nanopharma-Guillermo-Mas-GPT-Advisor-Jordi-Planelles-NOBRAC-Isabel-Fornies-GPT-Advisor-Pau-Palau-Agrinpulse-Dimitri-Orga-Fidex-Camila-Rodrigues--p489496-m1526796-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/cuatrecasas-acelera-elige-siete-startups-entre-121-candidaturas-en-su-11-a-edicionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Albert-Aguado-NOBRAC-Josep-Rocas-Polar-Nanopharma-Guillermo-Mas-GPT-Advisor-Jordi-Planelles-NOBRAC-Isabel-Fornies-GPT-Advisor-Pau-Palau-Agrinpulse-Dimitri-Orga-Fidex-Camila-Rodrigues--p489496-m1526796-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/cuatrecasas-acelera-elige-siete-startups-entre-121-candidaturas-en-su-11-a-edicionhttps://elderecho.com/cuatrecasas-acelera-elige-siete-startups-entre-121-candidaturas-en-su-11-a-edicionhttps://elderecho.com/cuatrecasas-acelera-elige-siete-startups-entre-121-candidaturas-en-su-11-a-edicion2026-10-01 12:00:312026-10-01 12:00:31sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489495La primera parada es La Plata, donde el decano del ICAM, Eugenio Ribón, participa este jueves en la sesión plenaria de apertura de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, organizada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Real Academia Española. La cita abre un recorrido que llevará al Colegio durante los próximos días por Argentina, Uruguay y Chile, con actividades en La Plata, Montevideo, Córdoba y Santiago de Chile. El viaje supone la puesta en práctica sobre el terreno de la nueva estrategia iberoamericana del ICAM, orientada hacia una relación más directa y operativa con los principales actores jurídicos de la región. El objetivo es avanzar desde la interlocución institucional hacia proyectos concretos de cooperación profesional, colaboración formativa y generación de conocimiento compartido. La elección de La Plata como punto de partida incorpora además uno de los ejes que el Colegio considera esenciales para mejorar la relación entre la Justicia y la ciudadanía: la necesidad de que las normas, las resoluciones y las comunicaciones jurídicas puedan ser comprendidas por las personas a las que afectan. Comprender la Justicia para poder ejercer los derechos Durante su intervención en la Convención, Ribón situará el lenguaje claro más allá de una cuestión de estilo o simplificación terminológica. Para el decano, se trata de una condición necesaria para que los ciudadanos conozcan sus derechos, comprendan las decisiones que les afectan y sepan cómo actuar frente a ellas. “Si el ciudadano tiene el deber de conocer la ley, los poderes públicos tienen el deber de hacerla comprensible”, sostiene Ribón, que reivindica el derecho a comprender como parte de una Justicia verdaderamente accesible. Esa exigencia alcanza tanto a las instituciones como a la propia profesión: “Nadie debería necesitar un abogado para entender una notificación; sí para defenderse cuando sus derechos están en juego”. El decano advierte, en este sentido, de que claridad y precisión jurídica deben avanzar juntas. Una explicación sencilla que omita información esencial puede ser tan perjudicial como una comunicación técnicamente rigurosa que el destinatario no consiga entender. Por ello, propone someter las resoluciones y escritos jurídicos a tres preguntas elementales: si la persona sabe qué se ha decidido, entiende por qué y conoce qué puede hacer a continuación y de cuánto tiempo dispone. Esta visión incorpora también la accesibilidad. A partir de la experiencia del ICAM en la formación de profesionales que acompañan a personas con discapacidad en los procesos judiciales, Ribón plantea que el derecho a comprender tiene una segunda vertiente: el derecho a ser entendido. Quien comparece ante un tribunal, señala, debe poder seguir lo que sucede, pero también disponer de las condiciones necesarias para expresarse y ser comprendido. La inteligencia artificial introduce, además, nuevos desafíos. El decano llama la atención sobre el riesgo de confundir una respuesta aparentemente sencilla con una respuesta jurídicamente correcta: las herramientas automatizadas pueden generar explicaciones comprensibles en segundos y, al mismo tiempo, equivocarse en aspectos decisivos como un plazo, una excepción o el alcance de un derecho. La dimensión iberoamericana refuerza este planteamiento. Para el ICAM, compartir una lengua y una amplia tradición jurídica común ofrece una base privilegiada para intercambiar experiencias y avanzar hacia prácticas que permitan que las instituciones se entiendan mejor entre sí y que los ciudadanos comprendan mejor a las instituciones. “La ignorancia de la ley seguirá sin excusar su cumplimiento, y así debe ser. Pero después de Lima, y espero que también después de La Plata, podremos decir con la misma firmeza que la oscuridad de la ley tampoco excusa a quien la escribe”, concluye Ribón. Alianzas académicas y profesionales Tras la Convención, la agenda institucional del ICAM en territorio argentino continuará con una reunión institucional en la Universidad Nacional de La Plata con su presidente, Fernando Tauber, y la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Valeria Moreno. En el encuentro está prevista la firma de un convenio de colaboración con la Universidad y de un memorando de entendimiento con la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Salud (AIDAS). Posteriormente, el decano será recibido por la presidenta del Colegio de Abogados de La Plata, Marina Mongiardino. Estos encuentros forman parte del propósito del ICAM de construir alianzas académicas y profesionales estables en América Latina, facilitar el intercambio de conocimiento y generar nuevas vías de cooperación entre la abogacía madrileña y las instituciones jurídicas de la región. Tras La Plata, la agenda continuará en Montevideo, donde está prevista una reunión con el director de la Secretaría del MERCOSUR, Jimmy Voss Donamarí, y un encuentro con el Colegio de Abogados de Uruguay; en Córdoba, con actividades académicas y profesionales; y posteriormente en Santiago de Chile, con reuniones con universidades y representantes de la abogacía chilena. El recorrido abre así una nueva fase de la proyección iberoamericana del ICAM, como una agenda de cooperación que el Colegio continuará desarrollando durante los próximos meses mediante iniciativas jurídicas, académicas y profesionales en ambos lados del Atlántico.El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) inicia este jueves en Argentina el despliegue de su nueva agenda iberoamericana, una estrategia dirigida a reforzar su presencia institucional y académica en América Latina mediante alianzas directas con universidades, colegios de la abogacía, instituciones jurídicas y organismos regionales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Eugenio-Ribon-decano-del-ICAM-durante-su-participacion-en-un-encuentro-del-Legal-G20-p489495-m1526778-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-arranca-en-argentina-su-nueva-agenda-iberoamericana-para-potenciar-su-presencia-institucional-y-academica-en-america-latinahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Eugenio-Ribon-decano-del-ICAM-durante-su-participacion-en-un-encuentro-del-Legal-G20-p489495-m1526778-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-arranca-en-argentina-su-nueva-agenda-iberoamericana-para-potenciar-su-presencia-institucional-y-academica-en-america-latinahttps://elderecho.com/el-icam-arranca-en-argentina-su-nueva-agenda-iberoamericana-para-potenciar-su-presencia-institucional-y-academica-en-america-latinahttps://elderecho.com/el-icam-arranca-en-argentina-su-nueva-agenda-iberoamericana-para-potenciar-su-presencia-institucional-y-academica-en-america-latina2026-10-01 11:45:222026-10-01 11:45:22sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico