https://elderecho.com/feedes488748Esta incorporación refuerza significativamente el área de Litigación de BDO Abogados y amplía su capacidad de asesoramiento en materias de derecho de seguros y responsabilidad civil. La integración aporta a BDO Abogados un equipo de abogados con una amplia experiencia en la gestión de asuntos relacionados con el sector asegurador, tanto en el ámbito procesal como en la prestación de asesoramiento jurídico recurrente a compañías, mediadores, empresas y particulares. El equipo, liderado por Emili Moragas Freixa como Of Counsel y Antonio Gallardo Muñoz como director, cuenta con una solida trayectoria en defensa y gestión de reclamaciones de responsabilidad civil, resolución de conflictos y asesoramiento especializado en derecho del seguro. Con esta operación, BDO Abogados avanza en su estrategia de crecimiento y especialización, y refuerza su propuesta de valor para ofrecer un servicio integral y altamente especializado a sus clientes. La incorporación de Moragas Legal permitirá ampliar las capacidades de la Firma en litigios complejos, seguros y responsabilidad civil, y consolida su posicionamiento como referente en el asesoramiento jurídico a empresas y particulares.BDO Abogados ha integrado, con efectos desde el 1 de julio de 2026, el despacho Moragas Legal, firma especializada en la prestación de servicios jurídicos a empresas, particulares y entidades del sector asegurador. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/BDO-y-Moragas-Legal_img-scaled-p488748-m1524452-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bdo-abogados-integra-moragas-legal-y-refuerza-su-practica-de-litigacion-seguros-y-responsabilidad-civilhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/BDO-y-Moragas-Legal_img-scaled-p488748-m1524452-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bdo-abogados-integra-moragas-legal-y-refuerza-su-practica-de-litigacion-seguros-y-responsabilidad-civilhttps://elderecho.com/bdo-abogados-integra-moragas-legal-y-refuerza-su-practica-de-litigacion-seguros-y-responsabilidad-civilhttps://elderecho.com/bdo-abogados-integra-moragas-legal-y-refuerza-su-practica-de-litigacion-seguros-y-responsabilidad-civil2026-09-21 15:50:062026-09-21 15:50:06sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488747Este convenio coincide con los aniversarios de dos normativas que han contribuido a reformar profundamente nuestro Derecho Civil y Privado en materias como la capacidad jurídica o el sistema de apoyos: la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas de 2006 y la Ley 8/2021. El despliegue y aplicación efectiva de estas disposiciones ha sido un objetivo fundamental para ambas Fundaciones en este período, un fin compartido que se potenciará con la firma de este convenio. Las dos fundaciones impulsarán el desarrollo y seguimiento de la aplicación del nuevo artículo 49 de la Constitución Española, aprobado en 2024, que consagraba los derechos de las personas con discapacidad y los adecuaba a los principios de dicha Convención (“Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, sin que pueda producirse discriminación. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la autonomía personal y la inclusión plena de las personas con discapacidad en entornos de accesibilidad universal. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”). En cuanto a las acciones concretas llevadas a cabo conjuntamente a partir de ahora, cabe destacar: la elaboración de publicaciones conjuntas y la difusión recíproca de trabajos y estudios elaborados por cada entidad; la colaboración en proyectos de investigación, estudios doctrinales, informes técnicos o documentos de análisis jurídico; o la organización de actividades de carácter académico, como congresos, jornadas, seminarios, cursos o encuentros científicos. Las partes se comprometen a ampliar la proyección y desarrollo de estas materias al Derecho de la Unión Europea y el espacio jurídico iberoamericano. Asimismo, se prestará especial atención al ámbito universitario, con vistas a incorporar el Derecho de la Discapacidad en: programas superiores de distinta naturaleza, ciclos formativos, foros de debate, mesas redondas, conferencias especializadas, actividades de sensibilización, iniciativas académicas o proyectos de especialización. Por último, se prestará una especial atención a los programas de posgrado, títulos propios especializados e iniciativas dirigidas al reconocimiento académico formal de esta nueva disciplina como asignatura específica dentro de los planes de estudio universitarios.Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta de la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado, y Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de la Fundación Derecho y Discapacidad, han firmado esta mañana un acuerdo de colaboración institucional.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Firma-Convenio-2-p488747-m1524417-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/las-fundaciones-aequitas-y-derecho-y-discapacidad-suscriben-un-convenio-para-la-difusion-de-la-normativa-sobre-discapacidadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Firma-Convenio-2-p488747-m1524417-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/las-fundaciones-aequitas-y-derecho-y-discapacidad-suscriben-un-convenio-para-la-difusion-de-la-normativa-sobre-discapacidadhttps://elderecho.com/las-fundaciones-aequitas-y-derecho-y-discapacidad-suscriben-un-convenio-para-la-difusion-de-la-normativa-sobre-discapacidadhttps://elderecho.com/las-fundaciones-aequitas-y-derecho-y-discapacidad-suscriben-un-convenio-para-la-difusion-de-la-normativa-sobre-discapacidad2026-09-21 15:37:102026-09-21 15:37:10sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488749El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado la actuación de la Junta de Andalucía en relación con el derecho a recibir enseñanza religiosa islámica y ha confirmado que la sentencia dictada en 2022 ha sido correctamente ejecutada. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Granada, ha desestimado el recurso de apelación presentado contra el auto que ya había declarado ejecutada aquella resolución judicial. La resolución explica que el centro educativo en el que estaba matriculada la menor es un colegio de carácter católico y que, de acuerdo con su carácter propio y con el artículo 10 del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, no era posible impartir en él enseñanza religiosa islámica. Por este motivo, el tribunal concluye que el centro no cumplía los requisitos establecidos en la sentencia de 2022. La sentencia de 2022 había reconocido el derecho a recibir enseñanza religiosa islámica en aquellos centros donde se cumplieran los requisitos acordados, pero, según recuerda ahora el TSJA, no establecía que dicha enseñanza tuviera que impartirse en cualquier centro ni señalaba expresamente el colegio en el que debía recibirla la menor. Tres centros próximos como alternativa Ante la imposibilidad de impartir esta enseñanza en dicho centro, la Junta de Andalucía ofreció a la familia la posibilidad de que la menor recibiera enseñanza religiosa islámica en tres centros docentes próximos al colegio en el que estaba matriculada. El TSJA considera que esta actuación permitió dar cumplimiento efectivo al fallo judicial y concluye que la Administración llevó la sentencia «a puro y debido efecto», al adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho reconocido. La Sala descarta además que la ausencia de una oposición expresa del centro a impartir religión islámica sea suficiente para considerar que la enseñanza debía ofrecerse en ese colegio. Según el tribunal, lo determinante es que el centro reuniera los requisitos establecidos en el fallo, circunstancia que no concurría en el que estaba matriculada la menor. La Sala rechaza además el argumento de que la falta de una oposición expresa del centro justificara la obligación de impartir allí religión islámica. Según el TSJA, lo relevante para la ejecución de la sentencia era que se tratara de un centro en el que se cumplieran los requisitos establecidos en el fallo. De este modo, el tribunal concluye que la Administración «ha llevado» la sentencia a «puro y debido efecto» y declara correctamente ejecutada la resolución judicial.El tribunal concluye que el colegio donde estaba matriculada la menor no cumplía los requisitos para impartir esta enseñanza por su carácter católico y considera suficiente el ofrecimiento de tres centros próximos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2603533667-1-p488749-m1524484-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-andalucia-avala-la-actuacion-de-la-junta-y-confirma-la-ejecucion-de-una-sentencia-sobre-ensenanza-islamicahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2603533667-1-p488749-m1524484-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-andalucia-avala-la-actuacion-de-la-junta-y-confirma-la-ejecucion-de-una-sentencia-sobre-ensenanza-islamicahttps://elderecho.com/el-tsj-de-andalucia-avala-la-actuacion-de-la-junta-y-confirma-la-ejecucion-de-una-sentencia-sobre-ensenanza-islamicahttps://elderecho.com/el-tsj-de-andalucia-avala-la-actuacion-de-la-junta-y-confirma-la-ejecucion-de-una-sentencia-sobre-ensenanza-islamica2026-09-21 10:33:222026-09-21 10:33:22administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico488731Por ese motivo, las consejeras y consejeros de Abogacía Española han aprobado una declaración institucional con la que reafirman su apoyo al Colegio de la Abogacía de Ceuta, a su decana y a su Junta, y a la abogacía ceutí. En el documento se reconoce el trabajo de los profesionales del Turno de Oficio, que han trabajado desde el primer día para garantizar la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía. La decana del Colegio de la Abogacía de Ceuta, Isabel Valriberas, durante su intervención en el Pleno, ha explicado el trabajo que están desarrollando desde el primer día los compañeros y compañeras de la abogacía ceutí, y la respuesta organizada que se ha dado, y que ha contado con la colaboración de todos. Desde el inicio de esta situación, el Consejo General de la Abogacía Española ha mantenido una coordinación permanente con el Colegio, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y las administraciones competentes para atender las necesidades planteadas y contribuir al refuerzo de los servicios de asistencia jurídica. Fruto de este trabajo conjunto, se impulsó un primer refuerzo extraordinario del Turno de Oficio, con cinco profesionales, y posteriormente se logró la autorización de 10 nuevos compañeros para atender el incremento de procedimientos en materia de extranjería, reforzando así la capacidad de respuesta del servicio. La actuación de la abogacía ceutí ha contado, además, con el respaldo de profesionales de toda España. Decanos y decanas de Abogacía Española se pusieron a disposición del Colegio de Ceuta desde los primeros momentos, mientras que numerosos Colegios de la Abogacía ofrecieron su colaboración ante las necesidades que pudieran surgir. El presidente de Abogacía Española, Salvador González, se desplazó a Ceuta la semana pasada, acompañado por Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social, para conocer la realidad que viven los compañeros y compañeras ceutíes, y reconocer su trabajo. Acompañados de Valriberas, se reunieron con los miembros de la Junta de Gobierno, que también forman parte del Turno de Oficio, en un encuentro en el que hablaron sobre el desarrollo y aumento de las guardias que les ha tocado cubrir para garantizar el derecho de defensa en un contexto especialmente complejo. Urgencia parlamentaria por una Pasarela al RETA El Pleno de la Abogacía también ha abordado la situación de la Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), detallando los últimos encuentros entre representantes de Abogacía Española y asociaciones, colectivos y sindicato de mutualistas, así como con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. En uno de los encuentros, Abogacía Española y los mutualistas coincidieron en la necesidad de acelerar el desarrollo reglamentario de la Pasarela para que se haga efectiva cuanto antes y ofrecer una respuesta adecuada a los profesionales que quieran acogerse a ella. Esta tarde tiene lugar, en la sede del Consejo General, una nueva reunión para poner en común todas las propuestas enviadas esta semana por parte de los grupos de trabajo para conseguir una tramitación que responda a las necesidades de los mutualistas. Seguimiento de iniciativas En este sentido, las consejeras y consejeros de Abogacía Española han deliberado y votado propuestas presentadas por los miembros, como la propuesta de modificación del Estatuto General de la abogacía sobre composición del Pleno del CGAE. Además, en el Pleno ha sido informado de las actuaciones impulsadas por la Abogacía Española en materia de formación, así como de los proyectos estratégicos del periodo 2026-2027. También se ha realizado un seguimiento de las actuaciones desarrolladas por la institución con motivo de los incendios registrados este verano y de la petición de la suspensión de plazos procesales en los partidos judiciales afectados, que más tarde fue aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado.El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha analizado este viernes la evolución de la situación en Ceuta y las actuaciones impulsadas durante las últimas semanas para reforzar el servicio de asistencia jurídica gratuita y garantizar el derecho de defensa.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Pleno-de-la-Abogacia-y-crisis-de-Ceuta_img-p488731-m1524352-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-pleno-de-abogacia-espanola-reconoce-la-respuesta-del-turno-de-oficio-en-ceuta-y-reafirma-su-apoyo-al-colegiohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Pleno-de-la-Abogacia-y-crisis-de-Ceuta_img-p488731-m1524352-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-pleno-de-abogacia-espanola-reconoce-la-respuesta-del-turno-de-oficio-en-ceuta-y-reafirma-su-apoyo-al-colegiohttps://elderecho.com/el-pleno-de-abogacia-espanola-reconoce-la-respuesta-del-turno-de-oficio-en-ceuta-y-reafirma-su-apoyo-al-colegiohttps://elderecho.com/el-pleno-de-abogacia-espanola-reconoce-la-respuesta-del-turno-de-oficio-en-ceuta-y-reafirma-su-apoyo-al-colegio2026-09-18 14:00:442026-09-18 14:00:44sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488651“La persona es la razón de ser del Notariado. Trabajamos con y para las personas, y por eso estas jornadas se denominan ‘Ante mí. La persona ante el notario’ y se articulan en torno al principio de inmediación”, señaló la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, en la inauguración de las Jornadas Notariales Poblet-La Palma que se celebran del 17 al 19 de septiembre en el Parador Nacional de La Palma, con motivo del quinto aniversario de la erupción del volcán de Tajogaite. Un encuentro que tiene como objetivo reflexionar sobre cuestiones directamente relacionadas con el ejercicio de la función notarial, desde la escucha y la indagación de la voluntad, hasta la protección jurídica de las personas vulnerables y el uso de la tecnología y la inteligencia artificial. “En el Notariado conservamos la tradición, pero miramos siempre hacia el futuro. Debemos profundizar en el valor añadido que aporta la función notarial a una sociedad cada vez más compleja, más rápida; sobre qué parte de nuestra función tiene que seguir siendo esencialmente humana en una sociedad cada vez más digital”, añadió Barrio Del Olmo. La experiencia adquirida y la ayuda prestada a los afectados La elección de La Palma como escenario de estas jornadas tiene un significado especial por la estrecha vinculación del Notariado con la isla tras la erupción volcánica de 2021 y la labor desarrollada entonces por los notarios para prestar apoyo a las personas afectadas. Los decanos del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé, y de Cataluña, José Alberto Marín, y el exdecano del Colegio Notarial de Valencia, Francisco Cantos, expusieron las lecciones extraídas de su propia experiencia en La Palma. Ellos tres fueron los primeros notarios en trasladarse a la isla en noviembre de 2021 para abrir las tres notarías provisionales habilitadas, que se instalaron en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. Por estas notarías pasaron 55 notarios voluntarios procedentes de toda España, que prestaron sus servicios de forma gratuita a los damnificados, “facilitaron la prueba documental necesaria para poder acceder a ayudas e indemnizaciones o rehacer su vida con una nueva casa”, explicó Marín. En total, se autorizaron 1.066 actas de notoriedad, en las tres notarías provisionales, a las que hay que añadir las que se autorizaron en las otras cinco notarías demarcadas en la isla. Cantos señaló “la importancia de la labor de custodia del protocolo de los notarios, que permitió la expedición de 2.959 copias de escrituras públicas”. Así, la actuación notarial permitió ayudar “a quienes habían visto desaparecer bajo la lava viviendas, fincas o negocios, a acreditar la titularidad y los derechos que tenían sobre esos bienes, especialmente en aquellos casos en los que no existía escritura pública, las propiedades no estaban inscritas o la documentación disponible no reflejaba adecuadamente la realidad”, apuntó. Todos ellos destacaron la solidaridad, la rapidez y la coordinación del Notariado para articular una respuesta frente a la catástrofe y se refirieron particularmente a la dimensión humana de la actuación: “Lo fundamental fue el contacto personal con los afectados. No solamente se trataba de aportar una solución jurídica, sino de prestarles también ese acogimiento por parte de la Administración, de la que los notarios formamos parte como funcionarios públicos”, afirmó Cavallé. Asimismo, pusieron en valor el trabajo realizado por los equipos de emergencia, el soporte y desarrollo tecnológico facilitado por el Centro Tecnológico del Notariado y la cooperación institucional entre organismos públicos, destacando la colaboración con el Catastro y el Ministerio de Justicia. A las jornadas han asistido numerosos notarios, entre ellos los miembros del Consejo General del Notariado, así como casi un centenar de los integrantes de la nueva promoción de notarios. El BOE publicó recientemente la lista de aprobados de la última oposición a notario. Un total de 126 opositores (73 mujeres y 53 hombres) superaron las pruebas y conforman la nueva promoción de notarios que próximamente empezará a ejercer en pueblos y ciudades de toda España.La elección de La Palma como escenario de estas jornadas tiene un significado especial por la estrecha vinculación del Notariado con la isla tras la erupción volcánica de 2021 y la labor desarrollada por los notarios para prestar apoyo a las personas afectadas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/De-izda.-a-dcha.-en-la-mesa-Jose-Alberto-Marin-Concepcion-Pilar-Barrio-y-Alfonso-Cavalle-scaled-p488651-m1524228-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-notariado-se-da-cita-en-la-palma-cinco-anos-despues-de-la-erupcion-del-volcanhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/De-izda.-a-dcha.-en-la-mesa-Jose-Alberto-Marin-Concepcion-Pilar-Barrio-y-Alfonso-Cavalle-scaled-p488651-m1524228-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-notariado-se-da-cita-en-la-palma-cinco-anos-despues-de-la-erupcion-del-volcanhttps://elderecho.com/el-notariado-se-da-cita-en-la-palma-cinco-anos-despues-de-la-erupcion-del-volcanhttps://elderecho.com/el-notariado-se-da-cita-en-la-palma-cinco-anos-despues-de-la-erupcion-del-volcan2026-09-18 12:30:222026-09-18 12:30:22sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488652Lefebvre ha presentado la obra «Claves Prácticas. Estrategia procesal del abogado en sala», de Óscar Fernández León, abogado y decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, en la Librería Jurídica Lex Nova. El acto contó entre otros con la asistencia de diferentes decanos de colegios de abogados de España, así como con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española Salvador González, y con la participación del autor Óscar Fernández León y de Juan Pujol, presidente de Lefebvre, quien recordó el origen de la colaboración: «Tuvimos el flechazo editorial con Óscar para hacer una colección en la que poder ir desgranando aquellos aspectos de la profesión del abogado contando con el bagaje de Óscar Fernández León». Durante su intervención, Fernández León destacó que el ejercicio del abogado litigante exige combinar conocimientos y distintas capacidades profesionales. «La actividad que desarrolla el abogado que litiga es mucho más que asesorar. El protagonista de esta obra es el abogado litigante que debe contar con unas habilidades, competencias, virtudes, etc.». Entre ellas citó la seguridad, paciencia, perseverancia, capacidad de negociación, aptitudes de comunicación y psicología: «Es un conjunto de todo. Tiene que tener un elenco de capacidades». La preparación del juicio ocupa un lugar central en este planteamiento. El abogado debe analizar las limitaciones y conocer las resistencias antes de afrontar el juicio, mediante un trabajo previo de investigación. En este contexto, Fernández León resumió la importancia de anticiparse a lo que pueda suceder en sala: «Si hay improvisación, que sea una improvisación preparada con todo lo ya aprendido. El azar va muy mal con los juicios». La obra dedica también un capítulo a la inteligencia emocional, que aborda aspectos como el autocontrol, el autoconocimiento y la empatía del abogado en su relación con el juez, el cliente y el compañero contrario. Además, incorpora un capítulo sobre inteligencia artificial y herramientas de carácter práctico que permiten, entre otros aspectos, evaluar los juicios realizados. Con este enfoque, la obra plantea la abogacía como una «profesión de conciencia estratégica» y propone abordar la actuación del litigante desde la planificación, integrando habilidades profesionales, negociación, preparación del juicio e intervención en sala. Más información sobre la obra  La presentación de la obra puso el foco en la planificación del juicio, las capacidades del abogado litigante y la inteligencia emocional como elementos de la estrategia procesalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shared-image-69-p488652-m1524307-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/claves-practicas-estrategia-procesal-del-abogado-en-salahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shared-image-69-p488652-m1524307-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/claves-practicas-estrategia-procesal-del-abogado-en-salahttps://elderecho.com/claves-practicas-estrategia-procesal-del-abogado-en-salahttps://elderecho.com/claves-practicas-estrategia-procesal-del-abogado-en-sala2026-09-18 11:15:252026-09-18 11:15:25procesalProcesalsector-juridicoSector jurídicoProcesal,Sector jurídico488650La propuesta prohíbe que las plataformas de redes sociales permitan el acceso a los menores de 13 años y establece una edad mínima a escala de la UE de 15 años para que los menores abran una cuenta propia, garantizando así un enfoque gradual. La EU KIDS ACT también invierte la carga de la prueba: ahora, los proveedores de servicios tendrán que demostrar que sus servicios están adaptados a la edad de los menores y son seguros desde el diseño. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha declarado: «Actualmente, nuestros menores interactúan con las tecnologías más sofisticadas jamás creadas. Unas tecnologías que nunca se crearon pensando en su bienestar. Nuestra EU KIDS ACT invierte la carga de la prueba: corresponde a las plataformas demostrar que son seguras desde su diseño. Y devolvemos el control a los progenitores, proporcionándoles las herramientas necesarias para ayudar a sus hijos e hijas a navegar por un mundo en línea más seguro». La propuesta EU KIDS ACT se estructura en torno a cuatro pilares: 1. Posponer el acceso a las redes sociales La EU KIDS ACT propone que los menores solo puedan crear cuentas autónomas en los servicios de redes sociales a partir de los 15 años. En el caso de los menores de entre 13 y 15 años, la propuesta prevé el control parental, lo que permite a los tutores crear «minicuentas» a las que los menores puedan acceder a través de la cuenta del tutor. Esto les permitiría acceder a redes sociales y plataformas de intercambio de vídeos adecuadas a su edad. Además, los servicios disponibles en las minicuentas deben diseñarse con medidas de protección, como un número restringido de contactos sociales y un tiempo frente a la pantalla limitado hasta una hora al día, reconociendo el papel de los tutores a la hora de apoyar el desarrollo autónomo y seguro de sus hijos en línea. Los menores de entre 3 y 13 años no pueden acceder a las redes sociales, pero sí a servicios de intercambio de vídeos especialmente diseñados para ellos a través de cuentas gestionadas por su tutor. A tal fin, las plataformas deben ofrecer a los progenitores o tutores una herramienta fácil de utilizar para restringir el uso del dispositivo del adulto a dichos servicios adaptados a los menores cuando se lo cedan, y limitar la exposición del menor a un máximo de una hora al día. 2. Seguridad desde el diseño La EU KIDS ACT impone una serie de obligaciones a todos los servicios en línea que ofrezcan servicios de redes sociales, intercambio de vídeos, videojuegos en línea, compañeros de IA y chatbots a usuarios menores de 18 años. Entre ellas se incluyen la prohibición de características adictivas y de recomendaciones basadas en los perfiles que atrapan a los menores en espirales de contenido nocivo. También se incluye la prohibición del desplazamiento infinito sin puntos de parada, de las estrategias de recompensa y de las notificaciones automáticas durante las horas de sueño, así como el contacto no solicitado por parte de desconocidos. Además, los compañeros de IA y los chatbots deben estar desactivados por defecto y no pueden simular relaciones interpersonales de manera que creen dependencia emocional. Los perfiles de los menores deben ser privados por defecto, con acceso a geolocalización, cámaras y micrófonos desactivados. Los servicios en línea también deben ofrecer formas sencillas de bloquear y silenciar a otros usuarios, herramientas eficaces de gestión del tiempo y sistemas de recomendación seguros que los menores puedan controlar, ajustar y restablecer. 3. Verificación de la edad que respeta la privacidad En virtud de la EU KIDS ACT, los servicios en línea y las tiendas de aplicaciones deben utilizar herramientas de verificación de la edad. Pueden, por ejemplo, utilizar la aplicación de verificación de la edad de la UE, que no almacena documentos de identidad ni datos biométricos, cumpliendo así las garantías más estrictas de protección de la privacidad. Los Estados miembros participarán estrechamente en la creación de este ecosistema. Además, se pedirá a los proveedores de servicios de redes sociales y plataformas de intercambio de vídeos que verifiquen la edad cuando un usuario abra una cuenta nueva. En el caso de las cuentas ya existentes, los proveedores deberán estimar la edad del usuario basándose en indicadores razonables (por ejemplo, la fecha de creación de la cuenta o los datos de la tarjeta de crédito). 4. Aplicación efectiva La propuesta invierte la «carga de la prueba», haciendo que los prestadores de plataformas en línea de muy gran tamaño sean responsables de demostrar que sus servicios son «seguros desde su diseño». Estarán obligados a presentar un plan de cumplimiento a la Comisión y a un auditor independiente, que deberá evaluar exhaustivamente el nuevo servicio, característica o funcionalidad. La Comisión puede solicitar al proveedor que proponga medidas correctoras si, sobre la base del informe del auditor, considera que el plan de cumplimiento presenta alguna deficiencia. El marco de aplicación se basa en las estructuras ya existentes en virtud del Reglamento de Servicios Digitales y del Reglamento de Inteligencia Artificial, haciendo uso de los mecanismos establecidos y de los conocimientos especializados existentes. La propuesta introduce procedimientos de ejecución acelerados contra los proveedores en caso de incumplimiento de la EU KIDS ACT, en cuyo caso la Comisión deberá concluir las investigaciones en un plazo de 90 días. La propuesta se basa en el informe y las recomendaciones de los copresidentes del Grupo Especial sobre Seguridad Infantil en Línea, la Dra. María Melchior y el Prof. Dr. Jorg M Fegert.La CE ha adoptado la EU KIDS ACT(Ley de la UE relativa a unos entornos digitales en internet fiables y responsables) para mejorar la seguridad en línea de los menores en toda la Unión.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2736292671-1-p488650-m1524173-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-eu-kids-act-restringira-el-acceso-de-los-menores-a-las-plataformas-de-redes-sociales-en-la-uehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2736292671-1-p488650-m1524173-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-eu-kids-act-restringira-el-acceso-de-los-menores-a-las-plataformas-de-redes-sociales-en-la-uehttps://elderecho.com/la-eu-kids-act-restringira-el-acceso-de-los-menores-a-las-plataformas-de-redes-sociales-en-la-uehttps://elderecho.com/la-eu-kids-act-restringira-el-acceso-de-los-menores-a-las-plataformas-de-redes-sociales-en-la-ue2026-09-18 11:00:122026-09-18 11:00:12derecho-ticDerecho TICDerecho TIC488649Desde su creación en 2001, este grupo transversal y multidisciplinar ha actuado como puente entre culturas y mercados, ofreciendo un servicio integral de máxima calidad a empresas, inversores y despachos de habla alemana. Para conmemorar este aniversario, la Firma ha celebrado un especial evento en su oficina de Madrid al que han asistido cerca de 150 personas procedentes de España, Portugal, México, Alemania, Austria y Suiza, entre clientes, business partners y representantes de instituciones de la región DACH en España, como Ingo Stender, ministro de la Embajada de Alemania en el país. El encuentro ha permitido poner en valor la trayectoria del grupo y reforzar los vínculos con las empresas que han confiado en su servicio a lo largo de todos estos años. Apuesta pionera del modelo de desks internacionales de Cuatrecasas, el German Desk ha sido referencia para la creación de otros equipos multidisciplinares dentro del Despacho. En la actualidad, está integrado por más de 35 abogados que dominan el idioma alemán y operan desde las oficinas de Cuatrecasas en España, Portugal y México. Un servicio multijurisdiccional que permite a la Firma ofrecer un asesoramiento cercano y altamente especializado, adaptado a las particularidades de cada mercado. A lo largo de este cuarto de siglo, el German Desk ha asesorado a cientos de empresas de habla alemana en operaciones transfronterizas, disputas internacionales y en asuntos laborales y fiscales, acompañándolas en todas las fases de su actividad. Sobre este relevante aniversario, Kai Christian Fischer, socio responsable del German Desk, ha destacado: «La apuesta por la creación del German Desk en 2001 refleja fielmente el espíritu emprendedor e innovador del Despacho. En estos 25 años, Cuatrecasas se ha consolidado como Firma de referencia para bufetes, empresas e inversores de la región DACH, y se ha convertido en la primera opción para el talento jurídico hispano-alemán». El German Desk pone de manifiesto el éxito del modelo de los desks internacionales de Cuatrecasas, basado en la integración de equipos, prácticas y territorios, con un conocimiento profundo del idioma, del mercado y de la cultura de negocio de sus clientes.El German Desk de Cuatrecasas celebra sus 25 años de actividad como referente en el asesoramiento jurídico y acompañamiento de clientes de la región DACH (Alemania, Austria y Suiza) en sus diversas operaciones e inversiones en España, Portugal y Latinoamérica.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Equipo-completo-del-German-Desk-p488649-m1524141-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/german-desk-de-cuatrecasas-25-anos-de-actividad-como-referente-juridico-para-empresas-de-habla-alemanahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Equipo-completo-del-German-Desk-p488649-m1524141-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/german-desk-de-cuatrecasas-25-anos-de-actividad-como-referente-juridico-para-empresas-de-habla-alemanahttps://elderecho.com/german-desk-de-cuatrecasas-25-anos-de-actividad-como-referente-juridico-para-empresas-de-habla-alemanahttps://elderecho.com/german-desk-de-cuatrecasas-25-anos-de-actividad-como-referente-juridico-para-empresas-de-habla-alemana2026-09-18 10:51:092026-09-18 10:51:09sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488551El TSJPV acoge una de las alegaciones presentadas por Vox que denunció vicio procedimental en el citado decreto por ausencia o insuficiencia de estudio económico. El tribunal concluye, en una sentencia que no es firme, que la preceptiva memoria económica que debe acompañar a la norma recurrida “adolece de insuficiencia sustancial, es decir, no cumple con su propia razón de ser, esto es, no cumple con la evaluación y fundamentación objetiva y técnica de las exigencias y repercusiones económico financieras de la regulación proyectada, ni justifica tampoco que la nueva regulación respete las imprescindibles estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. Para llegar a esta conclusión, el TSJPV tiene en cuenta el informe elaborado por la Oficina de Control Económico, “un informe técnico” emitido por un “órgano independiente cuya finalidad es precisamente controlar, desde el enfoque propio de su conocimiento técnico, que en la elaboración de las disposiciones de carácter general se lleven a cabo las justificaciones y se respeten los principios” vinculados con las exigencias y repercusiones económico-financieras de la regulación proyectada, recuerda la Sala. El tribunal considera que este informe es “decisivo” y prevalece sobre los restantes que se han emitido en el desarrollo de este decreto, que según precisa “adolecen de una falta de motivación que les priva de credibilidad y es que ratifican, tras una consideración muy breve a los aspectos propios de la memoria económica, la bondad del proyecto pero sin hacer mención alguna, ni crítica (…) al informe de la Oficina de Control Económico, informe que es precisamente el que muestra todos y cada uno de los reparos que presenta la regulación proyectada”. “Es un informe amplio, detallado, muy elaborado y desde luego razonablemente convincente incluso para un profano”, indica el tribunal que en su resolución recoge una transcripción de una parte del mismo en el que la Oficina de Control Económico advierte de “la ausencia de una efectiva estimación de costes derivados de la implementación de la extensión de los instrumentos de planificación lingüística” y de una “ausencia de ponderación o estimación económica singularizada para el proyecto en el que se analice su evidente impacto económico”. El tribunal rechaza por otro lado otros motivos de impugnación presentados por Vox, entre ellos la petición de la nulidad de todo el decreto por vulneración de artículos de la Constitución vinculados con la cooficialidad de las lenguas y el principio de igualdad ante la ley. El TSJPV considera que el contenido de ese motivo es “genérico” y “difuso”, ya que se presentan los preceptos constitucionales vulnerados, pero no se especifica qué artículos del decreto los lesionan. Antes de resolver sobre este recurso de Vox, el TSJPV elevó una cuestión de inconstitucional al TC respecto del artículo 187.5 de la Ley de Empleo Público Vasco sobre perfiles lingüísticos al estimar que era necesario el pronunciamiento previo del Constitucional sobre si ese precepto se ajustaba o no a la Carta Magna. El TC acordó el pasado 23 de junio inadmitir la citada cuestión de inconstitucionalidad al considerar que el auto de planteamiento elevado no cumplía con el requisito legal que exige al órgano judicial que especifique o justifique en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. TSJPV. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia nº 316/2026 de 16 de septiembre de 2026.La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV ha anulado el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso del euskera en el sector público vasco por “insuficiencia de la memoria económica” tras estimar el recurso interpuesto por Vox contra esa norma. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2761250705-1-p488551-m1523881-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjpv-anula-el-decreto-19-2024-regulador-de-la-normalizacion-del-uso-del-euskera-en-el-sector-publico-vascohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2761250705-1-p488551-m1523881-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjpv-anula-el-decreto-19-2024-regulador-de-la-normalizacion-del-uso-del-euskera-en-el-sector-publico-vascohttps://elderecho.com/el-tsjpv-anula-el-decreto-19-2024-regulador-de-la-normalizacion-del-uso-del-euskera-en-el-sector-publico-vascohttps://elderecho.com/el-tsjpv-anula-el-decreto-19-2024-regulador-de-la-normalizacion-del-uso-del-euskera-en-el-sector-publico-vasco2026-09-18 07:41:592026-09-18 07:41:59administrativoAdministrativo1Administrativo488536En el informe que emita, el Servicio de Inspección también deberá valorar la posible especialización de plazas judiciales de las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia en ejecución -como sucede en los Tribunales de Instancia de Barcelona o Valencia- o en otras clases de asuntos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 96 LOPJ, teniendo en cuenta las plazas de nueva creación y su entrada en funcionamiento previstas en el Real Decreto 559/2026. Este real decreto incluye 46 plazas en Secciones de lo Social de Tribunales de Instancia -lo que supone un incremente del 11,5 % respecto al número actual- que entrarán en funcionamiento a lo largo de 2027. La Comisión Permanente ha aprobado este acuerdo a la vista de un primer informe del Servicio de Inspección que señala que los tiempos de respuesta en estos órganos se han incrementado ligeramente comparando el primer trimestre de 2025 y el de 2026, pasando de 13 a 16,2 meses en los órganos sin ejecución y de 10,8 a 13,3 meses en las plazas con ejecución. El Servicio de Inspección señala también la situación de las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia a nivel nacional y en su conjunto está fuertemente condicionada por la elevada carga de trabajo. Solo en el primer trimestre de 2026 el número de asuntos ingresados ha ascendido a 98.002, lo que supone un 149 % del indicador de entrada fijado por el CGPJ.La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado pedir al Servicio de Inspección que identifique los órganos de las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia con mayor pendencia y/o retraso en los señalamientos por si hubiere lugar a reforzarlos siguiendo los trámites del artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Consejo-General-Poder-Judicial_EDEIMA20150109_0012_1-p488536-m1523818-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-identificara-los-organos-de-lo-social-con-mayor-pendencia-o-retraso-en-los-senalamientos-para-posibles-medidas-de-refuerzohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Consejo-General-Poder-Judicial_EDEIMA20150109_0012_1-p488536-m1523818-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-identificara-los-organos-de-lo-social-con-mayor-pendencia-o-retraso-en-los-senalamientos-para-posibles-medidas-de-refuerzohttps://elderecho.com/el-cgpj-identificara-los-organos-de-lo-social-con-mayor-pendencia-o-retraso-en-los-senalamientos-para-posibles-medidas-de-refuerzohttps://elderecho.com/el-cgpj-identificara-los-organos-de-lo-social-con-mayor-pendencia-o-retraso-en-los-senalamientos-para-posibles-medidas-de-refuerzo2026-09-17 17:00:232026-09-17 17:00:23sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico