https://elderecho.com/feedes483412La Sala de lo Social destaca en la sentencia que dicha ayuda está destinada a sufragar gastos relacionados con la preparación de las pruebas selectivas, por lo que no debe ser considerada en el cómputo de ingresos para el IMV, cuyo objetivo es prevenir la pobreza y la exclusión social. La entidad gestora alegó que estas becas deben computarse como ingresos, basándose en la normativa del impuesto sobre la renta. Sin embargo, el TSXG concluye que esa interpretación podría llevar a una “discriminación institucional por motivos socioeconómicos sobre las familias con bajas rentas, proscrita en la cláusula abierta del artículo 14 de la Constitución Española”. A ello, añade que “se llegaría al absurdo de que una persona integrada en una familia con rentas superiores al umbral de acceso al IMV podría acceder a una de esas becas, mientras que una persona integrada en una familia con rentas inferiores al umbral de acceso al IMV podría acceder a una de esas becas, pero sería un acceso meramente formal o aparente, dado que no se aprovecharía efectivamente de la finalidad que persigue la concesión de la beca, pues expulsaría a su familia del IMV”. “En términos reales, se estaría situando a las familias y a las personas integradas en ellas al dilema de solicitar las becas o el IMV y, a la postre, se estaría perpetuando desde las instituciones la situación de vulnerabilidad que se supone que tanto las becas como el IMV pretenden superar, lo que es algo frontalmente contrario al artículo 9.2 de la Constitución”. Así, la Sala de lo Social recalca que “las instituciones, en este caso las entidades gestoras de la Seguridad Social, estarían tratando de manera desigual, penalizando o excluyendo de los derechos a las personas por su falta de recursos económicos”. Los magistrados destacan que no hay “problema insalvable” en asimilar las becas para la preparación de oposiciones para el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y Cuerpo de Abogados del Estado al concepto de enseñanzas regladas, “si consideramos que son ayudas para el estudio concedidas por el Gobierno del Estado, con la finalidad de fortalecerse atrayendo talento hacia sus cuerpos jurídicos”. Por lo tanto, el TSXG desestima el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y confirma íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de A Coruña. La resolución no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo. TSXG. Sala de lo Social. Sentencia nº 2754/2026 de 11 de junio de 2026.El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) reconoce el derecho de una mujer a percibir la prestación de ingreso mínimo vital (IMV) que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le extinguió porque su hija obtuvo una beca para la preparación de oposiciones para el ingreso en las Carreras Judicial, Fiscal, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y en el de Abogados del Estado.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2366396397-1-p483412-m1508015-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/reconocido-el-derecho-a-cobrar-el-imv-que-le-extinguio-la-seguridad-social-porque-su-hija-obtuvo-una-beca-para-opositarhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2366396397-1-p483412-m1508015-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/reconocido-el-derecho-a-cobrar-el-imv-que-le-extinguio-la-seguridad-social-porque-su-hija-obtuvo-una-beca-para-opositarhttps://elderecho.com/reconocido-el-derecho-a-cobrar-el-imv-que-le-extinguio-la-seguridad-social-porque-su-hija-obtuvo-una-beca-para-opositarhttps://elderecho.com/reconocido-el-derecho-a-cobrar-el-imv-que-le-extinguio-la-seguridad-social-porque-su-hija-obtuvo-una-beca-para-opositar2026-06-18 08:53:482026-06-18 08:53:48socialSocial13Social483191Muchos de los riesgos que comprometen la seguridad de esta información sin embargo no provienen de amenazas externas, sino de prácticas cotidianas que pasan desapercibidas en la operativa diaria. El uso de accesos compartidos, el almacenamiento de documentos en ubicaciones no controladas, el envío de información por canales inseguros o la falta de trazabilidad sobre quién accede a cada expediente son algunas de las situaciones más habituales. Aunque puedan parecer prácticas inofensivas, pueden generar importantes riesgos en materia de confidencialidad, cumplimiento normativo y reputación profesional. La importancia de implantar buenas prácticas en el despacho En un entorno cada vez más digitalizado, la protección de la información va más allá del cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Se ha convertido en un elemento clave para garantizar la confianza de los clientes y reforzar la seguridad de los procesos internos del despacho. Aspectos como la correcta gestión de usuarios y permisos, la centralización de la documentación, el control de accesos a los expedientes o la trazabilidad de las actuaciones realizadas sobre cada documento permiten reducir riesgos y mejorar el control de la información. La tecnología desempeña un papel fundamental en este proceso, ayudando a los profesionales a implantar procedimientos seguros y a incorporar la protección de datos como parte de su actividad diaria. Webinar gratuito para abogados y despachos profesionales Con el objetivo de ayudar a los profesionales jurídicos a identificar estos riesgos y conocer las medidas más eficaces para prevenirlos, Lefebvre organiza el webinar gratuito “RGPD práctico para despachos: cómo evitar errores cotidianos y proteger la información”. La sesión contará con la participación de PONS IP, firma internacional especializada en propiedad industrial, intelectual e innovación, referente en el asesoramiento estratégico, jurídico y tecnológico para la protección y gestión de activos intangibles. Asimismo, intervendrá Jose Carlos Erdozain, abogado y doctor en Derecho, especialista en propiedad industrial, intelectual y privacidad, quien compartirá su experiencia sobre los principales desafíos que afrontan los despachos en materia de protección de datos y las medidas que pueden adoptar para reforzar la seguridad jurídica en el tratamiento de la información. Durante el webinar se abordarán cuestiones como: Los riesgos RGPD más habituales en el día a día de un abogado. Las malas prácticas más frecuentes en la gestión de expedientes e información sensible. Las buenas prácticas que permiten reforzar la seguridad y el cumplimiento normativo. La gestión de usuarios, accesos y permisos. La centralización y protección de la documentación del despacho. La trazabilidad y el control sobre el acceso a los expedientes. Cómo la tecnología puede ayudar a implantar una gestión más segura y eficiente de la información. Además, se mostrará cómo LexON ayuda a incorporar estas buenas prácticas en la operativa diaria del despacho, reforzando la seguridad, el cumplimiento y la confianza en la gestión de la información jurídica. Inscripción El webinar está dirigido a abogados, socios de despacho y profesionales jurídicos interesados en mejorar la protección de la información, minimizar riesgos y reforzar la seguridad de sus procesos. La inscripción es gratuita y las plazas son limitadas. Más información e inscripciones  La protección de datos se ha convertido en una prioridad para los despachos profesionales, que gestionan diariamente información especialmente sensible de sus clientes.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2127943964-1-p483191-m1507109-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/rgpd-en-despachos-profesionales-como-evitar-errores-cotidianos-y-proteger-la-informacion-de-los-clienteshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2127943964-1-p483191-m1507109-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/rgpd-en-despachos-profesionales-como-evitar-errores-cotidianos-y-proteger-la-informacion-de-los-clienteshttps://elderecho.com/rgpd-en-despachos-profesionales-como-evitar-errores-cotidianos-y-proteger-la-informacion-de-los-clienteshttps://elderecho.com/rgpd-en-despachos-profesionales-como-evitar-errores-cotidianos-y-proteger-la-informacion-de-los-clientes2026-06-17 13:50:392026-06-17 13:50:39derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico483325La nueva regulación, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el viernes 12 de junio, entrará en vigor el próximo 15 de septiembre de 2026, y establece que los recursos de amparo se presentarán a través de la sede electrónica del Tribunal Constitucional. Con este nuevo sistema de redacción y presentación telemática de las demandas de amparo, los profesionales podrán acceder mediante un proceso de identificación con certificado digital a la aplicación donde los abogados generan y los procuradores presentan las demandas de amparo, un sistema que "facilitará la actuación de los profesionales jurídicos que intervienen en el proceso", destaca el Tribunal Constitucional. Del mismo modo, los profesionales también podrán consultar en su carpeta digital propia todas las demandas de amparo presentadas o en proceso de redacción. La presentación en la sede electrónica del Tribunal se llevará a cabo mediante la cumplimentación telemática de un modelo normalizado, con una extensión máxima de 50.000 caracteres con espacios, que será elaborado por la Secretaría General, fijando la extensión máxima de los diferentes campos. Sin embargo, por concurrir circunstancias excepcionales, el demandante podrá solicitar motivadamente al Tribunal autorización para superar el límite de extensión. En todo caso, si el recurso de amparo es admitido a trámite, se abrirá un trámite de alegaciones para todas las partes, en el que el demandante podrá presentar escrito de alegaciones en defensa de su pretensión, sin límite de extensión. El Tribunal Constitucional ha elaborado una nueva "Guía para la presentación de las demandas de amparo", de carácter informativo, destinada a orientar a los profesionales en la elaboración y presentación telemática de estos recursos. La guía explica el acceso al registro telemático, las opciones disponibles para abogados y procuradores, las reglas de cumplimentación del formulario y los requisitos de admisibilidad de la demanda. Este acuerdo deroga el anterior de 2023, que ya había regulado la presentación de las demandas de amparo acompañadas de un formulario y con limitación en su extensión, en línea con otros tribunales como el de Justicia de la Unión Europea o el Supremo de Estados Unidos.El Pleno Gubernativo del Tribunal Constitucional ha aprobado un nuevo sistema de redacción y presentación telemática de los recursos de amparo que, a partir del 15 de septiembre, simplificará estos procesos mediante la integración en un único documento 'online' del actual formulario y la demanda.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Constitucional_EDEIMA20110119_0009_1-p483325-m1507907-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tc-aprueba-un-nuevo-sistema-de-presentacion-telematica-de-los-recursos-de-amparo-que-simplifica-el-procesohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Constitucional_EDEIMA20110119_0009_1-p483325-m1507907-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tc-aprueba-un-nuevo-sistema-de-presentacion-telematica-de-los-recursos-de-amparo-que-simplifica-el-procesohttps://elderecho.com/el-tc-aprueba-un-nuevo-sistema-de-presentacion-telematica-de-los-recursos-de-amparo-que-simplifica-el-procesohttps://elderecho.com/el-tc-aprueba-un-nuevo-sistema-de-presentacion-telematica-de-los-recursos-de-amparo-que-simplifica-el-proceso2026-06-17 12:45:292026-06-17 12:45:29derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico483363La presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, Lorenzo Amor Acedo, han firmado un convenio de colaboración destinado a reforzar la cooperación entre ambas instituciones y a desarrollar iniciativas conjuntas. Entre las principales líneas de actuación destaca el acceso de los emprendedores a la Sede Electrónica del Notariado, a través de https://www.portalnotarial.es/, donde podrán elegir al notario que prefieran y solicitarle la prestación online de actos societarios, desde la constitución de sociedades, al nombramiento de cargos, ceses, apoderamientos mercantiles, ampliaciones y reducciones de capital, modificaciones de estatutos, cambios de domicilio o liquidaciones, entre otros. También podrán realizar online otros actos como pólizas mercantiles, el otorgamiento de determinados poderes y sus revocaciones, cartas de pago, cancelaciones de garantías y testimonios de legitimación de firmas. Asimismo, explica Concepción Barrio, “podrán saber qué escrituras públicas han otorgado en los últimos veinte años y ante qué notarios y solicitarnos copias electrónicas de las mismas. Todo ello con la mayor garantía, ya que hemos obtenido el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en categoría alta, que acredita el máximo nivel de protección de nuestros sistemas de información, bases de datos, plataformas y portales digitales”. El convenio contempla igualmente la prestación de asesoramiento e información especializada a los notarios a través de la Oficina Virtual del Autónomo de ATA. Los notarios que lo soliciten podrán acceder a orientación y resolución de consultas en materias laborales, fiscales y contables, así como a información actualizada sobre ayudas públicas nacionales, autonómicas, locales y europeas relacionadas con el inicio de actividad, el autoempleo, la contratación de trabajadores, la consolidación empresarial, la modernización y la digitalización. Para Lorenzo Amor “un notario es certeza, tranquilidad y seguridad para cualquier autónomo y pequeño empresario. En los momentos más delicados contar con el respaldo de estos profesionales es un bote salvavidas para muchos autónomos. Sin los notarios habría mucha burocracia que sería insalvable. Pero no nos olvidemos, que también son autónomos y que necesitan que su voz se oiga en las Administraciones. Esta colaboración con el Consejo es necesaria y desde ATA asumimos el compromiso con toda la responsabilidad”. Otro de los aspectos relevantes del acuerdo es la participación del Consejo General del Notariado en grupos de trabajo y comisiones de CEOE relacionados con la actividad profesional, así como la interlocución con otras organizaciones y entidades de interés integradas en la patronal empresarial. Del mismo modo, ATA facilitará al CGN canales de interlocución a nivel europeo a través de su participación en SMEunited, la organización empresarial que representa los intereses de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores autónomos ante las instituciones de la Unión Europea.El Consejo General del Notariado y la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA firman un convenio para impulsar iniciativas conjuntas, promover servicios de interés para los autónomos y los notarios y reforzar su interlocución institucional en España y Europa.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/DSC01705-p483363-m1507871-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/el-notariado-y-ata-estrechan-su-colaboracion-institucionalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/DSC01705-p483363-m1507871-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/el-notariado-y-ata-estrechan-su-colaboracion-institucionalhttps://elderecho.com/el-notariado-y-ata-estrechan-su-colaboracion-institucionalhttps://elderecho.com/el-notariado-y-ata-estrechan-su-colaboracion-institucional2026-06-17 12:00:562026-06-17 12:00:56sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483324Tras sucesivas votaciones, entre las 32 candidaturas presentadas al Premio Pelayo este año, el Jurado en pleno ha elegido a Manuel Aragón Reyes, por su dedicación al mundo del Derecho Constitucional a lo largo de su amplia trayectoria profesional Según el presidente del Jurado, Eduardo Torres-Dulce Lifante, la elección de Manuel Aragón Reyes en esta trigésimo segunda edición consolida aún más, si cabe, los objetivos que pretende resaltar esta iniciativa, en la que se potencian los valores de las profesiones jurídicas en cualquiera de sus ámbitos, apreciando tanto la dedicación de los juristas, como los valores que, desde la Universidad, la sociedad, la empresa, las Instituciones Judiciales o el ejercicio liberal, se consideren de interés para la Comunidad. La ceremonia de entrega del Premio, dotado con 30.000 euros, exentos de impuestos, tendrá lugar el próximo mes de noviembre de 2026 en un Acto que contará con la presencia de los ilustres miembros del Jurado, así como de destacadas personalidades vinculadas con el mundo de la Justicia.El Jurado del Premio Pelayo se ha reunido y ha otorgado el galardón de la XXXII edición a Manuel Aragón Reyes por su larga y fructífera trayectoria en el ámbito jurídico y su gran contribución a la sociedad española.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Fallo-XXXII-Premio-Pelayo-scaled-p483324-m1507832-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/manuel-aragon-reyes-premio-pelayo-para-juristas-de-reconocido-prestigiohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Fallo-XXXII-Premio-Pelayo-scaled-p483324-m1507832-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/manuel-aragon-reyes-premio-pelayo-para-juristas-de-reconocido-prestigiohttps://elderecho.com/manuel-aragon-reyes-premio-pelayo-para-juristas-de-reconocido-prestigiohttps://elderecho.com/manuel-aragon-reyes-premio-pelayo-para-juristas-de-reconocido-prestigio2026-06-17 11:00:272026-06-17 11:00:27sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483376Elaborado por el Grupo de Expertos en Impuestos Indirectos de AEDAF, el documento analiza la compatibilidad de los actuales sistemas españoles de facturación y reporte con la directiva europea VAT in the Digital Age (ViDA). El objetivo que persigue AEDAF con este documento es buscar una transición ordenada hacia un modelo armonizado que reduzca costes, evite duplicidades y refuerce la eficiencia del sistema tributario. En la presentación, el presidente de AEDAF, Bernardo Bande, ha hecho referencia al aplazamiento de la entrada en vigor de Verifactu a finales de 2026 para dejar claro que: “las empresas pueden asumir el coste de adaptarse; lo que no deben asumir es el coste de la improvisación. AEDAF está pidiendo más coherencia, más planificación, más coordinación y más respeto por el esfuerzo que tienen que realizar las empresas para adaptarse a los cambios normativos.” Por su parte, el coordinador del grupo autor de la hoja de ruta, Fernando Matesanz, ha explicado que los sistemas de facturación y reporting electrónico deberán converger hacia un sistema estandarizado para toda la Unión Europea en 2030, por lo que “es necesario establecer un calendario concreto, en el que el año 2027 sea de reflexión y preparación, porque todo lo que se lleve a cabo antes de 2028 será precipitado”. Y ha continuado: “porque no olvidemos que esta directiva afectará a todas las empresas de todos los tamaños, independientemente de su facturación”. La directiva ViDA, cuya aplicación comenzará en 2030, obligará a los estados europeos a adaptar los sistemas de facturación electrónica actualmente existentes. En España, el Sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) y VERIFACTU representan dos modelos de reporte con características diferentes. Según los expertos de AEDAF, ambos modelos deberán evolucionar para garantizar su plena adecuación al modelo comunitario. Albert Folguera, miembro del Grupo de Expertos que ha elaborado el documento, ha defendido: “la idea no es posponer la entrada en vigor de Verifactu, sino construir una arquitectura completa adaptada a ViDA, establecer un programa de suministro de información en tiempo real que no haya que cambiar otra vez en dos años. Hay que replantear el calendario con una visión 360º, porque la coexistencia a largo plazo de varios mecanismos de reporte causará mayores costes y complejidad para los contribuyentes”. La factura electrónica suministra un flujo único de datos que permitiría atender simultáneamente las necesidades de control tributario, software, libros registro, morosidad y archivo, para evitar envíos redundantes y mejorar la trazabilidad de la información. Para AEDAF, una planificación anticipada y una convergencia progresiva hacia un sistema único compatible con el marco europeo “dotará de mayor seguridad jurídica y estabilidad al sistema tributario español”. El documento establece un calendario de hitos clave para que el modelo definitivo quede perfilado antes de octubre de 2028 y así alcanzar una plena alineación con ViDA antes de julio de 2030.La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, ha presentado una hoja de ruta para integrar los sistemas españoles de facturación y reporte con la directiva europea ViDA. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/AEDAF-HOJA-DE-RUTA-VIDA-Y-VERIFACTU-p483376-m1507979-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aedaf-plantea-una-hoja-de-ruta-para-la-transicion-hacia-el-nuevo-modelo-europeo-de-informacion-del-ivahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/AEDAF-HOJA-DE-RUTA-VIDA-Y-VERIFACTU-p483376-m1507979-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aedaf-plantea-una-hoja-de-ruta-para-la-transicion-hacia-el-nuevo-modelo-europeo-de-informacion-del-ivahttps://elderecho.com/aedaf-plantea-una-hoja-de-ruta-para-la-transicion-hacia-el-nuevo-modelo-europeo-de-informacion-del-ivahttps://elderecho.com/aedaf-plantea-una-hoja-de-ruta-para-la-transicion-hacia-el-nuevo-modelo-europeo-de-informacion-del-iva2026-06-17 10:55:552026-06-17 10:55:55fiscalFiscal6Fiscal483388El texto, que asume íntegramente las conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), ratifica que el sistema actual de despido en España vulnera la Carta Social Europea Revisada. Así, la resolución, que tiene su origen en una reclamación colectiva presentada por CCOO en noviembre de 2022, confirma el incumplimiento por parte de España del artículo 24.b de la Carta Social Europea en tres vertientes: el cálculo de las indemnizaciones, el papel de la readmisión y la desprotección de los trabajadores temporales en fraude de ley. La reforma laboral de 2012 redujo la indemnización por despido improcedente injustificado de 45 a 33 días por año trabajado, rebajando además el tope máximo de 42 a 24 mensualidades. En su resolución, el Consejo de Europa emplaza a España a revisar y modificar su legislación para garantizar que la indemnización concedida en los casos de despido improcedente, así como cualquier baremo utilizado para calcularla, tenga en cuenta el perjuicio real sufrido por el trabajador despedido y las circunstancias particulares de su caso. Asimismo, pide al Gobierno español que adopte medidas para garantizar que los tribunales nacionales puedan evaluar la idoneidad de la reincorporación al puesto de trabajo, previa consulta con las partes en el procedimiento. Finalmente, el Consejo de Europa emplaza a las autoridades españolas a remitir un informe detallado en el próximo periodo de seguimiento para verificar el cumplimiento real de estas demandas. Recomendación similar a finales de 2024 Ésta no es la primera recomendación que hace el Consejo de Europa a España para que reforme el despido improcedente. En noviembre de 2024, entonces en respuesta a una reclamación de UGT, emitió otra resolución con las mismas recomendaciones que efectúa ahora, y todo ello tras hacer suyas las consideraciones del Comité Europeo de Derechos Sociales. Tanto UGT como CCOO presentaron una reclamación contra España ante el CEDS, con algunos meses de diferencia, por la insuficiencia de la indemnización por el despido injustificado. El Comité Europeo de Derechos Sociales dio la razón a los sindicatos y falló contra España por su regulación de la indemnización por despido improcedente, ya que considera que ésta "viola" el artículo 24 de la Carta Social Europea. Las resoluciones del CEDS establecen que la indemnización por despido improcedente debe ser disuasoria para que el empresario no incumpla la ley y ser resarcitoria para el trabajador despedido. En España, el límite máximo de la indemnización en caso de despido improcedente no puede exceder de 33 días de salario por año de servicio, con un límite máximo de 24 mensualidades. En caso de despido por causas objetivas y despido colectivo por causas económicas, organizativas, técnicas o productivas, el tope máximo no puede superar los 20 días de salario por año trabajado, con un límite máximo de 12 mensualidades. Aunque el Gobierno español defendió ante el CEDS que uno de los objetivos de establecer en la legislación límites máximos de remuneración es el de proporcionar una mayor seguridad jurídica a ambas partes del contrato de trabajo, el organismo europeo señaló en su fallo que "no puede excluirse que la indemnización predeterminada pueda servir más bien como un incentivo para que el empleador despida a los trabajadores de manera injusta". "De hecho, en ciertos casos, los límites máximos de indemnización podrían inducir a los empleadores a realizar una estimación pragmática de la carga financiera de un despido improcedente sobre la base de un análisis de costes y beneficios. En algunas situaciones, esto podría fomentar despidos improcedentes", subrayaba el CEDS en sus resoluciones. Al mismo tiempo, el CEDS considera que los límites máximos fijados por la legislación española "no son lo suficientemente elevados para reparar el daño sufrido por la víctima en todos los casos y para disuadir al empleador". "Es posible que no se tenga debidamente en cuenta el perjuicio real sufrido por el trabajador afectado en relación con las características específicas del caso, entre otras cosas porque la posibilidad de una indemnización adicional es muy limitada", apuntaba el CEDS. Por consiguiente, el organismo europeo considera que el derecho a una indemnización adecuada u otra reparación apropiada en el sentido que establece el artículo 24.b de la Carta Social Europea "no está suficientemente garantizado" en la legislación española.El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha adoptado una resolución formal en la que insta a España a modificar su legislación laboral para garantizar que la cuantía de la indemnización por despido improcedente sin causa justificada, incluidos los trabajadores temporales contratados de forma fraudulenta, resulte realmente disuasoria para el empresario.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/05/Despido-en-Espana-p483388-m1507944-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-consejo-de-europa-insta-a-espana-a-reformar-el-despido-para-que-las-indemnizaciones-sean-disuasoriashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/05/Despido-en-Espana-p483388-m1507944-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-consejo-de-europa-insta-a-espana-a-reformar-el-despido-para-que-las-indemnizaciones-sean-disuasoriashttps://elderecho.com/el-consejo-de-europa-insta-a-espana-a-reformar-el-despido-para-que-las-indemnizaciones-sean-disuasoriashttps://elderecho.com/el-consejo-de-europa-insta-a-espana-a-reformar-el-despido-para-que-las-indemnizaciones-sean-disuasorias2026-06-17 10:50:092026-06-17 10:50:09socialSocial13Social483323Los actos reunieron a clientes, colaboradores, representantes institucionales y profesionales en un ambiente de celebración y encuentro, marcado por el reconocimiento a la trayectoria de ambas firmas. Menéndez Asociados Abogados celebra este año tres décadas de trayectoria como firma de referencia en España en Derecho Ambiental, Público y Regulatorio. Fundado en Barcelona, el despacho cuenta actualmente con cinco socios y ha acompañado durante treinta años a empresas e instituciones en algunos de los asuntos más relevantes en materia de aguas, energía, actividades con incidencia ambiental, urbanismo y contratación pública. Por su parte, MO Estudio Legal cumple su primer año de actividad como boutique especializada en Derecho Público, Regulatorio, Corporate, Gobierno Corporativo y Arbitraje. La firma fue fundada por Pablo Mayor y Lucas Osorio: el primero, exsocio de Clifford Chance y exdirector del departamento de Derecho Público y Sectores Regulados de A O Shearman; y el segundo, exsocio de Corporate de Hogan Lovells en Madrid y director de la oficina durante siete años. MO Estudio Legal nació con el objetivo de ofrecer un asesoramiento jurídico personalizado de alto valor añadido en asuntos de complejidad empresarial y regulatoria. Durante las celebraciones, ambas firmas pusieron en valor los resultados obtenidos desde el inicio de su colaboración estratégica, una alianza que les ha permitido reforzar capacidades, ampliar el alcance de sus servicios y ofrecer una respuesta más completa y especializada a sus clientes. Lucas Osorio destacó que “la alianza entre ambas firmas nos permite combinar experiencia, conocimiento y visión estratégica, siempre con el objetivo de aportar valor añadido diferencial y poner nuestra trayectoria al servicio de la búsqueda de soluciones pragmáticas.” Carlos Menéndez, socio director de Menéndez Asociados Abogados, destacó que “cumplir treinta años solo puede explicarse por la confianza de nuestros clientes y el compromiso de las personas que han formado parte del despacho durante todo este tiempo. Estamos extraordinariamente agradecidos a todos los que nos han acompañado estos años y lo siguen haciendo, ahora con la nueva etapa de alianza con MO. Para nosotros es un privilegio personal y profesional trabajar junto con Pablo Mayor y Lucas Osorio”. Por su parte, Pablo Mayor señaló que “este primer año ha superado nuestras expectativas y nos ha permitido consolidar un proyecto basado en la experiencia, la cercanía y la confianza de nuestros clientes”.Barcelona y Madrid acogieron los pasados 3 y 10 de junio, respectivamente, dos encuentros organizados por Menéndez Asociados Abogados y MO Estudio Legal para celebrar el 30º aniversario de Menéndez Asociados Abogados, el primer año de actividad de MO Estudio Legal y la consolidación de la alianza estratégica que mantienen ambas firmas desde 2025.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Evento-BCN-David-Nunez-Menendez-Nuria-Vila-i-Villaronga-Menendez-Lucas-Osorio-MO-Carlos-Menendez-Menendez-Pablo-Mayor-MO-Isabel-Caro-Paton-Menendez-y-Jordi-Arteaga-Menendez-scaled-p483323-m1507796-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/mo-estudio-legal-y-menendez-asociados-abogados-celebran-la-consolidacion-de-su-alianza-estrategicahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Evento-BCN-David-Nunez-Menendez-Nuria-Vila-i-Villaronga-Menendez-Lucas-Osorio-MO-Carlos-Menendez-Menendez-Pablo-Mayor-MO-Isabel-Caro-Paton-Menendez-y-Jordi-Arteaga-Menendez-scaled-p483323-m1507796-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/mo-estudio-legal-y-menendez-asociados-abogados-celebran-la-consolidacion-de-su-alianza-estrategicahttps://elderecho.com/mo-estudio-legal-y-menendez-asociados-abogados-celebran-la-consolidacion-de-su-alianza-estrategicahttps://elderecho.com/mo-estudio-legal-y-menendez-asociados-abogados-celebran-la-consolidacion-de-su-alianza-estrategica2026-06-17 10:45:252026-06-17 10:45:25sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483322Más de seis millones de actuaciones después, la Justicia Gratuita cumple treinta años. Desde la entrada en vigor de la Ley 1/1996, el Turno de Oficio de Madrid ha gestionado más de 3,47 millones de designaciones de letrado y ha prestado más de 2,55 millones de asistencias al detenido, en una trayectoria que ha llevado al servicio a triplicar su actividad y alcanzar en los dos últimos años los niveles más altos de toda su historia. Coincidiendo con este aniversario, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha elaborado el informe ‘Tres décadas de justicia gratuita en Madrid’, un estudio que analiza la evolución del servicio a partir de las solicitudes de asistencia jurídica gratuita tramitadas desde 1996, la actividad desarrollada por los letrados y letradas del Turno de Oficio y las transformaciones que ha experimentado el sistema desde la aprobación de la ley. Los datos reflejan la consolidación de la justicia gratuita como uno de los principales instrumentos de acceso a la justicia. Solo en 2025, el Turno de Oficio del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid tramitó cerca de 145.000 solicitudes de justicia gratuita, realizó 162.673 designaciones de letrado/a, prestó 120.184 asistencias a personas detenidas y víctimas y organizó 37.125 guardias de veinticuatro horas, el valor más alto de toda la serie histórica. La evolución resulta especialmente visible en los servicios de guardia y asistencia al detenido, que prácticamente se han triplicado desde el año 1996. Para el decano del ICAM, Eugenio Ribón, la principal conclusión del estudio es que el sistema ha demostrado su capacidad para responder a una demanda creciente sin renunciar a los estándares de calidad exigibles a un servicio esencial para el Estado de derecho. “Treinta años después de la aprobación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el Turno de Oficio sigue siendo una de las principales garantías de acceso a la justicia en nuestro país. Pero también debemos ser capaces de adaptarlo a una realidad social, económica y jurídica muy distinta a la de 1996 para asegurar su sostenibilidad y seguir prestando un servicio de excelencia a la ciudadanía”. El informe destaca la capacidad del servicio para mantener elevados estándares de calidad pese al incremento continuado de la actividad. Durante todo el período analizado, la tasa de quejas formuladas por los usuarios en relación con las designaciones efectuadas nunca superó el 1,3 % y descendió progresivamente hasta situarse en el 0,7 % en 2025, pese a que la actividad del servicio alcanzó ese año máximos históricos. Juan Manuel Mayllo, diputado del ICAM responsable del Turno de Oficio pone el foco en las precarias condiciones en las que se ha venido prestado este servicio: “Treinta años después de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el Turno de Oficio no puede seguir funcionando a costa del sacrificio silencioso de miles de abogados y abogadas. La justicia gratuita es un derecho de la ciudadanía, no una carga que deba sostenerse sobre retribuciones insuficientes, actuaciones sin pagar y condiciones que no se corresponden con la responsabilidad que asumen estos profesionales”, subraya. Y añade: “Si las administraciones quieren un sistema sólido, digno y de calidad, deben financiarlo como lo que es: un servicio público esencial. No basta con reconocer la labor del Turno de Oficio; hay que garantizar medios, baremos justos, actualización automática de las compensaciones y pago efectivo de todo el trabajo realizado. Defender condiciones justas para el Turno de Oficio no es una reivindicación corporativa: es una exigencia democrática.” La evolución del Turno de Oficio en tres décadas El informe distingue cuatro grandes etapas en la evolución del servicio durante las últimas tres décadas. Tras una primera fase de implantación y consolidación entre 1996 y 2001, el Turno de Oficio vivió entre 2002 y 2009 el período de crecimiento más intenso de toda la serie, favorecido por la expansión económica, los cambios demográficos, el aumento de la litigiosidad y la ampliación progresiva de los ámbitos de protección jurídica. La crisis económica abrió posteriormente la única etapa de descenso sostenido de las designaciones registrada en estos treinta años. Desde 2015, sin embargo, la tendencia volvió a invertirse y, superado el impacto temporal de la pandemia, la actividad ha alcanzado en 2024 y 2025 los máximos históricos de toda la serie. El documento pone de relieve asimismo las profundas transformaciones que ha experimentado la asistencia jurídica gratuita desde la aprobación de la Ley 1/1996. Según el informe, el crecimiento del servicio durante estas tres décadas no puede explicarse únicamente por el aumento de la población. En un contexto de mayor litigiosidad, la demanda de justicia gratuita ha evolucionado en paralelo a profundas transformaciones sociales, económicas y jurídicas, así como a la ampliación progresiva de los ámbitos de protección y acceso a la justicia reconocidos por el ordenamiento jurídico y a la incorporación al sistema de colectivos que históricamente encontraban mayores dificultades para acceder a la justicia. Entre los ejemplos más significativos de esta evolución figura la consolidación de la violencia de género como ámbito específico de actuación. Las designaciones vinculadas a esta materia han pasado de 2.793 en 2003 a 13.874 en 2025, reflejando tanto la especialización creciente del servicio como el desarrollo de nuevos mecanismos de protección jurídica para las víctimas. Los desafíos de los próximos treinta años El informe identifica importantes desafíos en materia de sostenibilidad. Mientras la actividad alcanza máximos históricos, el censo de letrados adscritos al Turno de Oficio ha descendido un 11,9 % desde el máximo registrado en 2016, lo que ha incrementado la carga media de trabajo por profesional en un 51 % durante la última década. La evolución de las retribuciones constituye otro de los aspectos analizados. El estudio concluye que las actualizaciones aplicadas durante las últimas décadas no han permitido mantener íntegramente el poder adquisitivo de referencia de numerosos módulos. En el ámbito estatal, por ejemplo, la guardia de asistencia al detenido ante la Audiencia Nacional ha pasado de 150 euros en 2003 a 170,25 euros en 2026, mientras que la inflación acumulada en ese mismo período supera el 65 %. El informe destaca asimismo que los baremos de la Comunidad de Madrid se sitúan por encima de los estatales y que en los últimos años han experimentado una evolución más favorable gracias a las mejoras incorporadas al Plan de Mejora 2024-2027 acordado entre la Comunidad de Madrid, el ICAM, el Colegio de la Abogacía de Alcalá de Henares y el Colegio de Procuradores de Madrid. El estudio dedica además un apartado específico a la situación del turno especial de la Audiencia Nacional, donde la creciente complejidad de los procedimientos y la limitada evolución de determinados módulos retributivos desembocaron en 2025 en la renuncia de un número significativo de letrados adscritos al servicio y en diversas iniciativas impulsadas por el ICAM para reclamar una actualización de las compensaciones asociadas a este turno especializado. Una ley para una nueva realidad A partir de este balance, el Colegio considera necesario abordar una actualización profunda de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, una norma que ha permitido la consolidación y expansión del sistema, pero que apenas ha experimentado modificaciones sustanciales en sus treinta años de vigencia. Para Juan Manuel Mayllo, la evolución reflejada por el informe evidencia la necesidad de adaptar el marco legal a la realidad actual del servicio. “Nuestra sociedad ha sufrido una gran transformación y con ella las instituciones jurídicas que la rigen y, sin embargo, esta ley apenas ha sufrido modificaciones”, destaca. Entre las principales líneas de reforma planteadas por el ICAM figuran la garantía de retribución de todas las actuaciones realizadas por los letrados designados, la actualización periódica de los baremos, la revisión de los umbrales de acceso al beneficio de justicia gratuita, la incorporación de nuevas actuaciones actualmente no retribuidas y el refuerzo del marco de derechos de los profesionales adscritos al Turno de Oficio. Un mes para acercar el Turno de Oficio a la ciudadanía La presentación del informe marca además el inicio de un programa especial de actividades organizado por el ICAM con motivo del 30 aniversario de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio. Durante las próximas semanas, el Colegio desarrollará diversas iniciativas destinadas a reclamar mejoras en las condiciones de los profesionales de la abogacía de oficio, acercar a la ciudadanía y a los medios de comunicación la realidad cotidiana del servicio. Entre ellas figuran visitas guiadas y acompañamientos a letrados de guardia en los juzgados madrileños para conocer de primera mano cómo funciona la asistencia jurídica gratuita y cuál es la labor que desempeñan los abogados del Turno de Oficio en ámbitos como la asistencia al detenido, la atención a víctimas o la orientación jurídica. Las actividades culminarán el próximo 10 de julio con un acto institucional de reconocimiento a los profesionales del Turno de Oficio y de reivindicación de un servicio que, tres décadas después de la aprobación de la Ley de Justicia Gratuita, continúa siendo una de las principales garantías de acceso a la justicia para miles de ciudadanos.El Colegio de Madrid dedicará las próximas semanas al Turno de Oficio con actividades reivindicativas, acompañamientos para medios y un acto institucional el próximo 10 de julio.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Sede-del-ICAM-en-Serrano-9-scaled-p483322-m1507748-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/treinta-anos-de-justicia-gratuita-el-turno-de-oficio-del-icam-supera-los-seis-millones-de-actuaciones-y-abre-el-debate-sobre-su-futurohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Sede-del-ICAM-en-Serrano-9-scaled-p483322-m1507748-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/treinta-anos-de-justicia-gratuita-el-turno-de-oficio-del-icam-supera-los-seis-millones-de-actuaciones-y-abre-el-debate-sobre-su-futurohttps://elderecho.com/treinta-anos-de-justicia-gratuita-el-turno-de-oficio-del-icam-supera-los-seis-millones-de-actuaciones-y-abre-el-debate-sobre-su-futurohttps://elderecho.com/treinta-anos-de-justicia-gratuita-el-turno-de-oficio-del-icam-supera-los-seis-millones-de-actuaciones-y-abre-el-debate-sobre-su-futuro2026-06-17 10:05:322026-06-17 10:05:32sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483270Esta transposición de la Directiva comunitaria ViDA se inscribe dentro del Plan de Acción del IVA, que presentó la Comisión Europea en el año 2016, y que tiene por objeto modernizar el sistema del IVA comunitario, adaptando el IVA a un mundo cada vez más digital. Plan de Acción del IVA El Plan de Acción del IVA tiene como finalidad dotar al sistema tributario de nuevas herramientas para combatir el fraude, al tiempo que reduce las cargas administrativas que soportan empresarios y profesionales. Con ello se pretende favorecer el desarrollo del comercio electrónico y de la economía digital. Su implementación se articuló en distintas fases. La primera de ellas entró en vigor el 1 de julio de 2021 con el denominado paquete de comercio electrónico, que introdujo por primera vez una regulación exhaustiva del IVA aplicable a la economía digital. Esta reforma adaptó la normativa a la generalización de las compras por internet y al auge de las plataformas digitales. Entre sus principales novedades, se estableció que los Estados miembros recaudarían el IVA correspondiente a las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por sus consumidores, con independencia del lugar de establecimiento del proveedor o del origen de los bienes. Asimismo, se amplió y generalizó el uso de los sistemas de ventanilla única -régimen de la Unión, régimen exterior de la Unión y régimen de importación- para la liquidación del impuesto derivado de estas operaciones, reduciendo significativamente las obligaciones de registro para las empresas que operan en Estados miembros en los que no están establecidas. Además, para reforzar la recaudación, se atribuyó a los titulares de interfaces digitales que facilitan el comercio electrónico un papel activo como colaboradores en la gestión y control del impuesto. Posteriormente, la Directiva (UE) 2025/516 del Consejo, de 11 de marzo de 2025, modificó la Directiva 2006/112/CE en lo relativo a las normas del IVA en la era digital. Esta norma, conocida como Directiva ViDA (VAT in the Digital Age), profundiza en la adaptación del impuesto a la economía digital dentro del marco del Plan de Acción del IVA. Directiva ViDA La directiva ViDA avanza en la adaptación del sistema IVA al entorno digital en tres ámbitos esenciales: Lucha contra el fraude intracomunitario, mediante la implantación de la obligación de suministro inmediato de información digitalizada para las operaciones intracomunitarias, basada en el uso de una factura electrónica estructurada y armonizada. Reducción de cargas administrativas y de registro, con el objetivo de evitar múltiples registros a efectos del IVA dentro de la Unión. Se avanza así hacia un sistema en el que los sujetos pasivos dispongan de un único registro asignado por la Administración tributaria de su Estado miembro de establecimiento. Refuerzo del papel de las plataformas digitales en la gestión y recaudación del impuesto, extendiendo la figura del proveedor asimilado -ya aplicable en determinados supuestos de comercio electrónico- a sectores en los que se han detectado distorsiones competitivas, como el alquiler de alojamientos de corta duración y el transporte de pasajeros. La transposición de la Directiva ViDA se llevará a cabo en varias fases, siendo las más relevantes las que entrarán en vigor el 1 de julio de 2028 y el 1 de julio de 2030. No obstante, algunas modificaciones de carácter técnico serán aplicables desde el 1 de enero de 2027, y son precisamente las que aborda este anteproyecto de ley. Principales modificaciones Las modificaciones propuestas buscan clarificar y mejorar la aplicación de los tres regímenes especiales de ventanilla única en el IVA. Entre los cambios más destacados se encuentran: La ampliación del ámbito del régimen exterior de la Unión para incluir los servicios prestados a consumidores no establecidos en la UE. La obligación de nombrar un representante para los empresarios o profesionales no establecidos en la Unión que soliciten la devolución del IVA soportado en operaciones declaradas a través de los regímenes especiales de ventanilla única. Diversos ajustes técnicos menores destinados a perfeccionar el funcionamiento de dichos regímenes. El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA, por la que se transpone parcialmente la Directiva (UE) 2025/516 del Consejo, de 11 de marzo de 2025, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las normas del IVA en la era digital (Directiva ViDA 'VAT in the Digital Age').https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2283147079-1-p483270-m1507549-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/iva-en-el-ambito-de-la-economia-digitalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2283147079-1-p483270-m1507549-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/iva-en-el-ambito-de-la-economia-digitalhttps://elderecho.com/iva-en-el-ambito-de-la-economia-digitalhttps://elderecho.com/iva-en-el-ambito-de-la-economia-digital2026-06-17 06:46:202026-06-17 06:46:20derecho-ticDerecho TICfiscalFiscal6Derecho TIC,Fiscal