https://elderecho.com/feedes490659La aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico será objeto de análisis el próximo jueves 22 de octubre, en la jornada «IA y Derecho. Del potencial a la acción en la práctica», organizada por Lefebvre y el Ilustre Colegio de Abogados de Granada, que tendrá lugar a las 17:00 horas en formato híbrido, presencial en el Salón de Actos de la sede colegial, con retransmisión en directo a través de Microsoft Teams. La sesión analizará la evolución de la inteligencia artificial, los principales avances y novedades que están marcando 2026 y las perspectivas de esta tecnología en relación con el futuro de la abogacía. El encuentro parte de la transformación que la IA está produciendo en la forma de trabajar de los profesionales del Derecho. La jornada que será inaugurada por Alberto Salas Martínez, presidente de NNTT ICAGR, contará con la ponencia de Óscar Casero Miguel, abogado y experto en inteligencia artificial legal, director de KSRO LAW, administrador concursal y formador y divulgador sobre inteligencia artificial aplicada al Derecho; y con la participación de Jesús Giráldez, consultor Legaltech de Lefebvre, y Guadalupe Segura, gerente de la Delegación Sur de Lefebvre. De la evolución tecnológica a su aplicación jurídica Bajo el título «IA y Derecho: del potencial a la acción en la práctica», la jornada pondrá el foco en cómo los avances en inteligencia artificial están modificando el ejercicio profesional y en las posibilidades que ofrecen plataformas como GenIA-L de Lefebvre para el trabajo cotidiano en el ámbito jurídico en un contexto de rigor, seguridad jurídica y criterio profesional. Desde una perspectiva técnico-jurídica, la relevancia de la jornada reside no solo en la capacidad de esta tecnología, sino también la forma en la que los profesionales pueden integrarlas en su actividad. Inscripción  El encuentro abordará la evolución de la IA, las novedades que están marcando 2026 y su impacto en el ejercicio profesional, junto con las últimas novedades de GenIA-L de Lefebvre.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2600803597-1-p490659-m1530323-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-y-el-ilustre-colegio-de-abogados-de-granada-analizan-la-evolucion-de-la-inteligencia-artificial-y-su-impacto-en-la-abogaciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2600803597-1-p490659-m1530323-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-y-el-ilustre-colegio-de-abogados-de-granada-analizan-la-evolucion-de-la-inteligencia-artificial-y-su-impacto-en-la-abogaciahttps://elderecho.com/lefebvre-y-el-ilustre-colegio-de-abogados-de-granada-analizan-la-evolucion-de-la-inteligencia-artificial-y-su-impacto-en-la-abogaciahttps://elderecho.com/lefebvre-y-el-ilustre-colegio-de-abogados-de-granada-analizan-la-evolucion-de-la-inteligencia-artificial-y-su-impacto-en-la-abogacia2026-10-20 15:46:212026-10-20 15:46:21sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490646Entre enero y junio se recibieron 3.027 notificaciones frente a las 1.271 registradas en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 138%. Si se tiene en cuenta el periodo entre enero y agosto de 2026, el incremento asciende al 163%, 4.556 notificaciones respecto a las 1.728 del mismo periodo en 2025. Esta cifra supone, además, que las brechas de datos personales notificadas a la Agencia en el primer semestre de 2026 superan a las recibidas durante todo 2025. Los informes que publica la Agencia mensualmente sobre brechas de datos personales permiten identificar algunos de los fenómenos que han contribuido a este incremento. En marzo, la Agencia detectó que un incidente producido en un único encargado del tratamiento provocó una brecha de datos personales en múltiples responsables. En estos casos, el encargado debe informar sin dilación indebida a los responsables para que puedan cumplir con las obligaciones que les corresponden conforme a la normativa de protección de datos. Asimismo, el informe correspondiente a julio señala que las notificaciones relacionadas con establecimientos hoteleros y sus encargados del tratamiento, generalmente proveedores de software de gestión de reservas, habían contribuido en gran medida al aumento de las notificaciones recibidas por la AEPD en los meses anteriores. En muchas de estas brechas, terceros no legitimados acceden a datos personales de clientes y a información de sus reservas, que posteriormente puede ser utilizada para realizar intentos de fraude. Aunque en menor medida, ya se había advertido de esta situación en el informe sobre notificaciones de brecha de mayo. El incremento de las notificaciones también coincide con la persistencia de amenazas ya observadas en periodos anteriores. El ransomware continúa provocando brechas de datos personales en organizaciones de distintos sectores y puede comprometer tanto la disponibilidad como la confidencialidad de los datos. La Agencia subraya por ello la necesidad de que responsables y encargados cuenten con medidas preventivas adecuadas al nivel de riesgo y con procedimientos que permitan actuar ante una brecha para minimizar sus posibles consecuencias. La AEPD recuerda que el artículo 33 del Reglamento General de Protección de Datos establece la obligación de notificar a la autoridad de control competente las brechas de datos personales cuando sea probable que estas constituyan un riesgo para las personas afectadas. Esta obligación forma parte de la responsabilidad proactiva del responsable del tratamiento. Por otro lado, notificar la brecha de datos personales a la Agencia es tan importante como informar a las personas afectadas. Esta comunicación, sobre todo en casos de riesgo alto, es clave para que las personas afectadas puedan valorar el riesgo de acuerdo con sus circunstancias particulares, y tomar las acciones que consideren apropiadas. En este sentido, los responsables que notificaron una brecha de datos personales a la Agencia emitieron en el primer semestre de 2026 más de 71 millones de comunicaciones a interesados al apreciarse la posibilidad de riesgo alto. Esa comunicación a las personas por parte del responsable del tratamiento es un elemento clave para determinar una respuesta diligente por su parte. La Agencia recuerda a las organizaciones la importancia de implementar medidas de protección de datos antes de que se produzca una brecha de datos personales (minimización de datos, borrado o anonimización temprana, bloqueo, segmentación, etc.), además de estar preparadas para la gestión de la misma si llegase a materializarse.La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha registrado un aumento importante en las brechas de datos personales notificadas por los responsables de tratamiento durante el primer semestre de 2026.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2468094617-1-p490646-m1530284-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-aepd-recibe-mas-de-3-000-notificaciones-de-brechas-de-datos-personales-en-el-primer-semestre-del-anohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2468094617-1-p490646-m1530284-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-aepd-recibe-mas-de-3-000-notificaciones-de-brechas-de-datos-personales-en-el-primer-semestre-del-anohttps://elderecho.com/la-aepd-recibe-mas-de-3-000-notificaciones-de-brechas-de-datos-personales-en-el-primer-semestre-del-anohttps://elderecho.com/la-aepd-recibe-mas-de-3-000-notificaciones-de-brechas-de-datos-personales-en-el-primer-semestre-del-ano2026-10-20 14:59:242026-10-20 14:59:24derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico490633Con estas incorporaciones, BDO Abogados consolida su crecimiento y eleva a 28 el número de socios en España, como parte de una red global que cuenta con más de 700 profesionales en España. "El nombramiento de estos cinco profesionales es el resultado natural de su compromiso y experiencia. Con estos nombramientos, BDO Abogados refuerza su apuesta por el talento interno y da un paso más en su objetivo de ofrecer unos servicios más especializados y de máxima calidad a nuestros clientes", ha señalado Enrique Azorín, presidente de BDO Abogados en España. Diego Herrero Diego Herrero forma parte de BDO Abogados desde 2022 y cuenta con más de 16 años de experiencia en Derecho Mercantil. Está especializado en operaciones de M A, procesos de Due Diligence, acuerdos de inversión, pactos de socios, restructuraciones societarias y contratación mercantil en general. Es licenciado en Derecho y miembro del ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Actualmente es profesor colaborador del Máster de Abogacía Internacional del ISDE en Barcelona. Eric Jové Eric Jové, con más de 15 años de experiencia, ha dirigido el equipo fiscal de Global Private Client Services de BDO Abogados desde 2014. Está especializado en asesoramiento fiscal y planificación patrimonial de grandes patrimonios, empresarios, emprendedores y familias empresarias. Su práctica se centra en la organización y protección del patrimonio, planificación sucesoria, estructuración de inversiones y el asesoramiento en traslados internacionales, entre otras. Es licenciado en Derecho y cuenta con un máster en Asesoramiento Fiscal por ESADE, además de otros programas de posgrado. También cuenta con una titulación en Dirección Ejecutiva (PDD) por el IESE. Lucía Segarra Por su parte, Lucía Segarra cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando en operaciones a nivel nacional e internacional. Se unió a BDO Abogados en 2020 y desde el año 2023 es directora del área Legal. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia y especialista en Derecho de la Competencia Europeo y Español por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). Además, es profesora asociada en el Departamento de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Valencia. Víctor Gisbert Victor se unió a BDO Abogados en 2013, después de haber iniciado su trayectoria profesional en Deloitte Abogados y Asesores Tributarios. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el ámbito de la fiscalidad y el asesoramiento tributario. Está especializado en operaciones de fusiones y adquisiciones (M A) y en procesos de Due Diligence, con experiencia en fiscalidad nacional e internacional, planificación fiscal patrimonial y asesoramiento en procesos de empresa familiar y sucesión generacional. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia y cuenta con un Máster en Tributación por el Centro de Estudios Financieros (CEF). También es profesor en la Universidad Cardenal Herrera CEU. Diosdado López Por último, Diosdado se incorporó a BDO Abogados en 2015 y ha dirigido el área de Business Services Outsourcing, donde ha asesorado a grupos multinacionales y contribuido al crecimiento de la práctica de servicios corporativos de la compañía. Especializado en tecnología, innovación e infraestructuras digitales, asesora a compañías líderes en software, plataformas digitales, ciberseguridad, telecomunicaciones, centros de datos y farmacéuticas, apoyándolas en sus procesos de expansión, transformación contable, financiera y optimización operativa. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con dos másteres: Máster en Auditoría y Contabilidad Avanzada por la Universidad Rey Juan Carlos y Máster en Fiscalidad y Asesoría Tributaria por el Centro de Estudios Financieros (CEF).BDO Abogados ha nombrado a Diego Herrero, Eric Jové, Lucía Segarra y Víctor Gisbert, nuevos socios del área de Legal y Fiscal, y a Diosdado López, nuevo socio de Outsourcing.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/BDO-Abogados_Nuevos-socios-p490633-m1530249-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bdo-abogados-nombra-cinco-nuevos-socioshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/BDO-Abogados_Nuevos-socios-p490633-m1530249-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bdo-abogados-nombra-cinco-nuevos-socioshttps://elderecho.com/bdo-abogados-nombra-cinco-nuevos-socioshttps://elderecho.com/bdo-abogados-nombra-cinco-nuevos-socios2026-10-20 14:48:522026-10-20 14:48:52sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490620Claudia ejerce en M B desde hace más de catorce años. Se incorporó al despacho como becaria coincidiendo prácticamente con la apertura de la oficina de Barcelona y, desde entonces, ha participado activamente en el desarrollo y consolidación del bufete. A lo largo de su trayectoria se ha especializado en M A y transacciones inmobiliarias de carácter transfronterizo. Su práctica comprende reestructuraciones societarias (incluidas fusiones internacionales y escisiones), adquisiciones y transmisiones de empresas y activos inmobiliarios, así como la estructuración y negociación de transacciones complejas, desde la due diligence hasta la formalización de contratos de compraventa y sus garantías. En el ámbito inmobiliario, ha acompañado a algunas de las primeras SCPI francesas en su implantación en España y asesora desde hace años a fondos y otros inversores institucionales en sectores como el industrial y logístico, hotelero, oficinas, sanitario y residencial. Licenciada en Derecho por ESADE (Barcelona), Claudia cuenta con un máster en Derecho Mercantil, un máster en Propiedad Intelectual y Sociedad de la Información, así como un máster en Legal Operations. Habla español, francés, catalán e inglés y está ampliamente familiarizada con los entornos jurídicos y empresariales de Francia y España. Esta competencia y comprensión de los dos entornos jurídicos, profesionales y culturales le permite abordar cada asunto desde una perspectiva especialmente pragmática y adaptada a las particularidades de cada proyecto. Su nombramiento se inscribe en la estrategia de desarrollo del bufete de acompañar, retener y potenciar el talento interno. Asimismo, contribuye a reforzar la posición de M B Avocats / M B Abogados como actor de referencia en materia de operaciones transfronterizas, prestando especial atención a los retos y necesidades de las pequeñas y medianas empresas. «La incorporación de Claudia como socia constituye un merecido reconocimiento a la calidad de su trabajo, al rigor que demuestra a diario en la gestión de los expedientes, a su excelente relación con los clientes, al trabajo de fondo que lleva años realizando en pro de la imagen del bufete y a la formación que ha impartido a los más jóvenes a lo largo de su trayectoria», declara la dirección del bufete. “Este nombramiento supone para mí la continuidad natural de una trayectoria construida junto a nuestros clientes y a M B. Siempre he procurado ejercer la abogacía con rigor, pragmatismo y cercanía, y transmitir estos mismos valores en la formación y el desarrollo de nuestros equipos. Afronto esta nueva etapa como socia con ilusión y responsabilidad, fiel a los principios y a la manera de entender la profesión que me han acompañado desde mis inicios en M B”, comenta Claudia Ambrós Biern.M B Avocats / M B Abogados, despacho especializado en derecho de los negocios y en el asesoramiento de empresas e inversores en sus operaciones entre Francia y España, anuncia el nombramiento de Claudia Ambrós Biern como nueva socia.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Claudia-Ambros-Biern-abogada-socia-MB-Abogados-p490620-m1530208-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/mb-avocats-mb-abogados-anuncia-el-nombramiento-de-claudia-ambros-biern-como-sociahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Claudia-Ambros-Biern-abogada-socia-MB-Abogados-p490620-m1530208-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/mb-avocats-mb-abogados-anuncia-el-nombramiento-de-claudia-ambros-biern-como-sociahttps://elderecho.com/mb-avocats-mb-abogados-anuncia-el-nombramiento-de-claudia-ambros-biern-como-sociahttps://elderecho.com/mb-avocats-mb-abogados-anuncia-el-nombramiento-de-claudia-ambros-biern-como-socia2026-10-20 14:40:382026-10-20 14:40:38sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490535En una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Segoviano, la corte de garantías ha estimado por unanimidad el recurso de una mujer que denunció que se le había inadmitido un recurso contencioso-administrativo por "extemporaneidad" y ha establecido que "la presentación del recurso en el plazo concedido en el acuerdo de corrección de errores supone que se ha presentado dentro de plazo", según ha comunicado el Constitucional. La demandante, funcionaria del Cuerpo de Habilitación Nacional de Secretarios e Interventores de la Administración Local, con plaza en propiedad de secretaria-interventora del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, recurrió en vía contencioso-administrativa el acuerdo del consistorio en el que trabajaba por el que se modificaba la Relación del Puesto de Trabajo, publicado el 30 de marzo de 2017, explica el TC. Posteriormente, el Ayuntamiento dictó un nuevo acuerdo de corrección de errores en la identificación del régimen impugnatorio, publicado el 18 de abril de 2017, añade. Y señala que en la vía judicial se inadmitió su recurso al considerar que la demanda se había presentado "fuera del plazo de dos meses desde la inicial publicación del acuerdo". Se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva Además, el TC recoge que el Tribunal Supremo concluyó que, en este caso, "la circunstancia de que se hubiera presentado el recurso contencioso-administrativo fuera del plazo concedido en el acuerdo inicial pero dentro del concedido en el acuerdo de corrección de errores, supone que se ha presentado fuera de plazo". Ahora, la corte de garantías estima el amparo de la mujer y anula la decisión judicial "razonando que la presentación del recurso en el plazo concedido en el acuerdo de corrección de errores supone que se ha presentado dentro de plazo". El tribunal señala que el contenido rectificado "afecta al derecho de la interesada", destacando que "ello generó una razonable expectativa en los interesados, en este caso la demandante, de que la única, válida y eficaz indicación de recursos era la que había sido publicada el 18 de abril de 2017". "Es a partir de dicha fecha cuando comienza a computar el plazo para interponer el recurso contra el acuerdo inicial del Ayuntamiento de modificación de la relación del puesto de trabajo", concluye, y considera que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente.El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado que el inicio del plazo para recurrir un acuerdo de un órgano administrativo puede comenzar, bajo determinadas circunstancias, a partir de la publicación del acuerdo de rectificación de errores.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Constitucional_EDEIMA20150623_0007_1-p490535-m1529972-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tc-determina-que-el-plazo-para-recurrir-un-acuerdo-administrativo-puede-contar-desde-su-correccion-de-erroreshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Constitucional_EDEIMA20150623_0007_1-p490535-m1529972-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tc-determina-que-el-plazo-para-recurrir-un-acuerdo-administrativo-puede-contar-desde-su-correccion-de-erroreshttps://elderecho.com/el-tc-determina-que-el-plazo-para-recurrir-un-acuerdo-administrativo-puede-contar-desde-su-correccion-de-erroreshttps://elderecho.com/el-tc-determina-que-el-plazo-para-recurrir-un-acuerdo-administrativo-puede-contar-desde-su-correccion-de-errores2026-10-19 13:30:482026-10-19 13:30:48administrativoAdministrativo1Administrativo490536La sentencia relata acreditado que, como proveedora de una empresa, otra mercantil proveedora envió el 29 de noviembre de 2022 una factura proforma de 20.000 euros por correo electrónico. La acusada interceptó el mensaje y suplantó la identidad de la mercantil enviando al día siguiente un correo idéntico con el mismo importe, pero modificando el número de cuenta de destino. Creyendo obrar de buena fe, el administrador de la empresa cliente realizó la transferencia de 20.000 euros a la cuenta falsa el 1 de diciembre, dinero que fue recibido y dispuesto por la acusada. Los magistrados consideran probado que la acusada conocía los movimientos de su cuenta, dado que utilizaba la banca electrónica y se registraron múltiples operaciones (15 en total, incluyendo un ingreso de 20.000 euros). Por ello, al haber facilitado su cuenta y dispuesto de parte de los fondos fraudulentos, concluyen que su actuación fue clave, condenándola como cooperadora necesaria del delito de estafa.La Audiencia Provincial de Huesca ha confirmado la condena de nueve meses de prisión a una mujer por estafar a una mercantil mediante una factura falsificada. Asimismo, la condenada deberá indemnizar a la empresa afectada con la cantidad de 20.000 euros.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Justicia-legal_EDEIMA20110120_0035_1-p490536-m1529993-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-por-estafar-20-000-euros-a-una-empresa-mediante-una-factura-falsahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Justicia-legal_EDEIMA20110120_0035_1-p490536-m1529993-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-por-estafar-20-000-euros-a-una-empresa-mediante-una-factura-falsahttps://elderecho.com/prision-por-estafar-20-000-euros-a-una-empresa-mediante-una-factura-falsahttps://elderecho.com/prision-por-estafar-20-000-euros-a-una-empresa-mediante-una-factura-falsa2026-10-19 12:24:562026-10-19 12:24:56penalPenal9Penal490534La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, ha recogido el premio. Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado: "Es para mí un honor recoger este premio en nombre del Consejo General del Notariado, de los casi 3.000 notarios y más de 18.000 empleados de las notarías. Quiero manifestar nuestra gratitud, no solo por el prestigio de la organización que concede este premio, sino también por los vínculos que nos unen con ATA. Los notarios, además de profesionales del derecho que ejercemos una función pública, que garantizamos la seguridad jurídica y prestamos una función esencial a las personas, somos responsables de gestionar nuestros despachos. Por ello, cuando hablamos de trabajadores autónomos, no estamos hablando de una realidad que nos sea ajena, estamos hablando de nosotros mismos. Los notarios acompañamos y asesoramos a las personas en los momentos más importantes de su vida, y por supuesto también a los autónomos. Cuando deciden constituir una empresa, transmitirla, ampliar su actividad o en la toma de decisiones desde el punto de vista personal y patrimonial. En la actualidad, emprender es un esfuerzo casi heroico y no podemos incrementar los riesgos con incertidumbre e inseguridad jurídica. De ahí la importancia de la intervención notarial y de garantizar la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo económico. España debe muchísimo a sus trabajadores autónomos, personas que con su iniciativa, que con su esfuerzo, colaboran y contribuyen al desarrollo económico y la cohesión social. Por eso desde el Notariado valoramos tanto la labor realizada por ATA y por eso estamos especialmente orgullosos del convenio que hemos suscrito con ellos, porque compartimos la misma cultura de trabajo, de esfuerzo y de la responsabilidad. Recibimos este premio con gratitud, con orgullo, pero también como estímulo para continuar colaborando y contribuyendo, desde nuestra función y con compromiso, a una mayor agilidad y accesibilidad en la asistencia jurídica".El Consejo General del Notariado ha recibido el ‘Premio Fomento del Asociacionismo’ en la 25ª edición de los Premios Autónomo del Año que concede la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Lorenzo-Amor-presidente-de-ATA-Concepcion-Barrio-presidenta-del-Consejo-General-del-Notariado-y-Jose-Maria-Diaz-Gonzalez-director-comercial-de-Flotas-en-MOEVE_img-p490534-m1529951-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/el-consejo-general-del-notariado-recibe-el-premio-fomento-del-asociacionismo-en-la-25a-edicion-de-los-premios-autonomo-del-ano-de-atahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Lorenzo-Amor-presidente-de-ATA-Concepcion-Barrio-presidenta-del-Consejo-General-del-Notariado-y-Jose-Maria-Diaz-Gonzalez-director-comercial-de-Flotas-en-MOEVE_img-p490534-m1529951-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/el-consejo-general-del-notariado-recibe-el-premio-fomento-del-asociacionismo-en-la-25a-edicion-de-los-premios-autonomo-del-ano-de-atahttps://elderecho.com/el-consejo-general-del-notariado-recibe-el-premio-fomento-del-asociacionismo-en-la-25a-edicion-de-los-premios-autonomo-del-ano-de-atahttps://elderecho.com/el-consejo-general-del-notariado-recibe-el-premio-fomento-del-asociacionismo-en-la-25a-edicion-de-los-premios-autonomo-del-ano-de-ata2026-10-19 12:00:462026-10-19 12:00:46sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490538El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha situado este lunes la confianza y la seguridad jurídica en el centro de las relaciones económicas entre Europa e Iberoamérica durante la inauguración del Congreso Iberoamericano 2026. Ante profesionales procedentes de distintos países de la región, Ribón ha subrayado que la previsibilidad jurídica constituye un factor determinante a la hora de decidir una inversión: “La seguridad jurídica no es únicamente un concepto de manual, sino una condición que convierte el capital en infraestructura y la infraestructura en desarrollo”. Organizado por el ICAM junto al Instituto Peruano de Arbitraje (IPA) y con el apoyo del Centro Internacional e Iberoamericano de Arbitraje de Madrid (CIIAM), el Congreso reúne esta semana a más de una treintena de especialistas en arbitraje, inversión y negocios internacionales. Bajo el título ‘Arbitraje y Negocios. Todo lo que se necesita saber’, el programa recorre los mercados de España, Portugal y Andorra, Perú, México, la región andina, el Cono Sur, Brasil y Centroamérica para analizar oportunidades de inversión, riesgos jurídicos y mecanismos de prevención y resolución de controversias. Confianza para invertir, seguridad para crecer Ribón ha articulado su intervención en torno a la confianza como presupuesto tanto de la inversión como del arbitraje. “Confianza es lo que lleva a una empresa a invertir a diez mil kilómetros de su sede”, ha señalado. Una confianza que, según ha explicado, exige certeza sobre el cumplimiento de los contratos y la existencia de mecanismos imparciales, ágiles y especializados cuando surge una controversia. El decano ha situado también esa reflexión dentro de la nueva agenda iberoamericana del Colegio, que en las últimas semanas ha llevado al ICAM a Argentina, Uruguay y Chile para reforzar sus vínculos con colegios de la abogacía, universidades y otras instituciones de la región. “Los vínculos internacionales de la abogacía no son una cortesía diplomática, sino una necesidad profesional. Nuestras empresas y nuestros clientes operan a ambos lados del Atlántico; nosotros debemos hacerlo también”. Ribón enmarcó esta exigencia de seguridad jurídica en el volumen creciente de inversión que recibe la región. Según los datos de la CEPAL citados durante su intervención, América Latina y el Caribe captaron en 2025 más de 194.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, de los que Brasil y México concentraron más del 60%. Ante ese volumen de operaciones e inversiones transfronterizas, el decano reivindicó especialmente la función preventiva de la abogacía. «Una cláusula bien redactada, una negociación bien asesorada, un contrato que anticipa los riesgos: ahí empieza la seguridad jurídica, mucho antes de que se constituya un tribunal arbitral», afirmó. Para Ribón, la prevención de las controversias forma parte del mismo ecosistema que el arbitraje y constituye uno de los ámbitos en los que la abogacía puede aportar mayor valor a empresas e inversores. Una tradición jurídica compartida A partir de esa misma idea de confianza, Carlos A. Soto ha puesto el foco en los vínculos históricos, culturales y jurídicos que conectan a España y América Latina y en su capacidad para facilitar la cooperación entre profesionales de ambos lados del Atlántico. El fundador del Instituto Peruano de Arbitraje ha señalado, entre otros ejemplos, la proximidad entre los marcos arbitrales español y peruano como muestra de una tradición jurídica que permite a abogados y árbitros trabajar conjuntamente en controversias internacionales. Carlos A. Soto Soto ha defendido que esta base compartida sigue teniendo una traducción económica y profesional en el presente y ha situado el Congreso como un espacio para reforzar esos vínculos. Su intervención ha incidido así en una de las ideas que atraviesan el encuentro: la existencia de una comunidad jurídica y empresarial que comparte lengua, referencias y una larga trayectoria de relaciones a ambos lados del Atlántico. El arbitraje como factor de competitividad Díaz-Ambrona ha trasladado el debate al funcionamiento de las instituciones arbitrales y ha defendido que el arbitraje debe contemplarse no solo como un sistema jurídico de resolución de conflictos, sino también como una herramienta de competitividad. En este sentido, ha advertido de que los costes, la duración de los procedimientos o la falta de adaptación a las necesidades de las empresas pueden restar eficacia al arbitraje precisamente cuando debe aportar certeza a las operaciones internacionales. El presidente de la Asociación para el Arbitraje Internacional de Madrid ha destacado, en este marco, el proceso de integración institucional desarrollado en torno al CIIAM y la importancia de seguir construyendo instituciones arbitrales capaces de competir internacionalmente. Para Díaz-Ambrona, la cooperación entre los distintos actores de la comunidad iberoamericana permite crear instituciones más sólidas y, con ellas, generar mayor confianza para la inversión y los negocios. El Congreso continuará hasta mañana martes con sesiones dedicadas a los distintos mercados iberoamericanos y concluirá con un diálogo sobre prevención y resolución de conflictos en los negocios internacionales. El programa culminará con la clausura institucional, en la que participarán representantes del ICAM, el Instituto Peruano de Arbitraje y el CIIAM.Más de una treintena de especialistas de todo Iberoamérica participan durante dos jornadas en siete mesas dedicadas a los principales mercados de la región, con especial atención a la inversión, las infraestructuras, la seguridad jurídica y la resolución de controversias.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Eugenio-Ribon-Carlos-A.-Soto-Jose-Ignacio-Monedero-y-Adolfo-Diaz-Ambrona--p490538-m1530035-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-situa-el-arbitraje-y-la-previsibilidad-juridica-como-factores-clave-para-impulsar-los-negocios-en-iberoamericahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Eugenio-Ribon-Carlos-A.-Soto-Jose-Ignacio-Monedero-y-Adolfo-Diaz-Ambrona--p490538-m1530035-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-situa-el-arbitraje-y-la-previsibilidad-juridica-como-factores-clave-para-impulsar-los-negocios-en-iberoamericahttps://elderecho.com/el-icam-situa-el-arbitraje-y-la-previsibilidad-juridica-como-factores-clave-para-impulsar-los-negocios-en-iberoamericahttps://elderecho.com/el-icam-situa-el-arbitraje-y-la-previsibilidad-juridica-como-factores-clave-para-impulsar-los-negocios-en-iberoamerica2026-10-19 11:30:542026-10-19 11:30:54sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490539Se trata de una posición de nueva creación con la que la firma vasca refuerza su capacidad ejecutiva en el momento en que prepara su salto fuera del País Vasco, después de un periodo de crecimiento sostenido que la ha llevado a ocho oficinas en Gipuzkoa, Bizkaia y Álava y un equipo de ochenta profesionales. La Gerencia nace como una posición de carácter ejecutivo y de apoyo directo a la Dirección. Maeso asumirá la ejecución de los planes y objetivos definidos por la Dirección, la gestión del día a día de la organización, la coordinación de los equipos, el seguimiento del cumplimiento de objetivos y la representación de la firma en determinados ámbitos. Fernando Hidalgo, fundador y socio director, mantiene las funciones de dirección, planificación estratégica y definición del rumbo de la compañía. El nombramiento consolida además la apuesta del despacho por la promoción interna. Economista, colegiada por el Colegio Vasco de Economistas y graduada en Gestión de Negocios por la UPV/EHU, Nagore Maeso ha desarrollado toda su carrera profesional en Hidalgo Abogados y Asesores, donde ha dirigido el Departamento Fiscal-Contable al frente de un equipo repartido entre varias oficinas. Su designación la sitúa en una de las posiciones de mayor responsabilidad de una firma de servicios profesionales del País Vasco. “Hemos pasado de ser un despacho a ser una organización de ochenta personas en ocho oficinas, y eso exige profesionalizar la gestión. Hay cuestiones que necesitan una dedicación que desde Dirección no siempre se puede dar, y para eso creamos la Gerencia”, explica Fernando Hidalgo, socio director de Hidalgo Abogados y Asesores. “Que la ocupe alguien que ha crecido dentro del proyecto dice mucho de la empresa que queremos ser”, añade Hidalgo. Por su parte, Nagore Maeso, matiza que asume el cargo con una idea principal: “Crecer no puede ir en contra de la cercanía con el cliente, que es justamente lo que nos ha traído hasta aquí. El reto es que la organización acompañe a ese crecimiento sin que se note por dentro ni por fuera”. Como consecuencia del nombramiento, el despacho ha reorganizado también la responsabilidad de su Departamento Fiscal-Contable, que pasa a asumir Borja Sarasqueta. Fundada en Eibar en 2008, Hidalgo Abogados y Asesores mantiene abierto un plan de expansión fuera del País Vasco que incluye la integración de otros despachos y asesorías.Hidalgo Abogados y Asesores ha nombrado gerente a Nagore Maeso Ipiña, hasta ahora responsable de su Departamento Fiscal-Contable. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Hidalgo-Maeso-Ipina-Nagore-p490539-m1530056-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/hidalgo-abogados-y-asesores-nombra-gerente-a-nagore-maeso-para-consolidar-su-expansionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Hidalgo-Maeso-Ipina-Nagore-p490539-m1530056-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/hidalgo-abogados-y-asesores-nombra-gerente-a-nagore-maeso-para-consolidar-su-expansionhttps://elderecho.com/hidalgo-abogados-y-asesores-nombra-gerente-a-nagore-maeso-para-consolidar-su-expansionhttps://elderecho.com/hidalgo-abogados-y-asesores-nombra-gerente-a-nagore-maeso-para-consolidar-su-expansion2026-10-19 11:00:582026-10-19 11:00:58sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490537La acusada conseguía que los bancos le concedieran créditos superiores al precio de las viviendas, y una vez se firmaba la compraventa dejaba de pagar las cuotas. Junto a ella, también han sido condenadas otras ocho personas, todas ellas captadas por la principal acusada para que actuaran como compradoras de las viviendas. En su caso, las penas oscilan entre los dos años y los diez meses de prisión, y entre 960 y 600 euros de multa. Todos ellos son autores de delitos continuados de falsedad en documento oficial y mercantil en concurso con un delito de estafa agravada, con la concurrencia de las circunstancias que atenúan su responsabilidad penal de dilaciones indebidas y confesión tardía. En algunos de ellos también concurre la atenuante de reparación del daño debido a los acuerdos a los que han llegado con las entidades bancarias de dación en pago de los inmuebles de los que eran titulares. El hijo de la principal acusada, que estaba acusado de un delito de receptación por recibir los beneficios en sus cuentas bancarias, ha resultado absuelto. No obstante, es partícipe a título lucrativo y deberá responder de forma directa y solidaria, junto a algunos de los acusados, frente a las entidades perjudicadas -Bankinter, Caja Rural y Sabadell- con un total de 56.638 euros. Por su parte, el Banco Santander, que ejercía la acusación particular en este procedimiento y que ha suscrito la conformidad, ha hecho reserva expresa de las acciones civiles para su ejercicio en vía separada. Relato de hechos Según el relato de hechos suscrito por todas las partes y que se llevará a sentencia, la principal acusada se encargaba de buscar los pisos, presentarse ante los vendedores como intermediaria inmobiliaria, guiar a los supuestos compradores -también acusados- en todo el proceso de compra, elaborar la documentación falsa presentada a las entidades bancarias para la obtención de los créditos y administrar los beneficios. Para la obtención de esos créditos, los ahora condenados “aportaban documentación de apariencia veraz”, si bien “no era más que una imitación de nóminas, contratos laborales o informes de vida laboral”, entre otros documentos, que elaboraba la principal condenada. Esos documentos generaban “una imagen de solvencia que no se correspondía con la realidad, lo que provocaba que las entidades bancarias les concedieran una financiación, con el consiguiente desplazamiento patrimonial que nunca les hubiesen concedido de haber contado con sus datos reales”. En las operaciones inmobiliarias formalizaban contratos de compraventa en los que se inflaba el precio de venta, haciendo constar en escritura pública una cifra, pero pagando en realidad a los vendedores una cantidad inferior que la financiación obtenida, con lo que se quedaban con la diferencia. Los vendedores aceptaban que apareciese un precio inflado en el contrato “por la necesidad de vender sus inmuebles” y “eran totalmente desconocedores de las maniobras urdidas por la trama”. Tras adquirir los inmuebles, los destinaban a alquiler y a los pocos meses dejaban de abonar las cuotas del crédito, “quedando las entidades bancarias con la única opción de proceder a la ejecución hipotecaria, con un inmueble sobrevalorado y un resultado incierto”. La principal acusada controlaba las operaciones, mantenía el dominio efectivo de las viviendas adquiridas y distribuía el beneficio obtenido. La mayor parte de ese beneficio llegaba a las cuentas de su hijo, quien desconocía los hechos delictivos, si bien “le generaron un enriquecimiento patrimonial injustificado”. Ese es el motivo por el que es considerado responsable civil a título lucrativo de las cantidades pendientes de abono. Finalmente, el resto de condenados son personas “en situaciones de dificultad económica que aceptaban figurar como compradores y solicitar los préstamos hipotecarios o personales con pleno conocimiento de que iban a obtener un beneficio ilícito”. En total, se han documentado doce operaciones de compraventa de viviendas con garantía hipotecaria por las que obtuvieron 1,3 millones de euros, y siete créditos personales, por los que recibieron 194.000 euros.La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1.440 euros a una mujer por falsificar documentos para lograr préstamos hipotecarios y así adquirir viviendas que luego alquilaba.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2725976717-1-p490537-m1530014-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/falsificacion-de-documentos-para-lograr-hipotecas-que-luego-dejaba-de-pagarhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2725976717-1-p490537-m1530014-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/falsificacion-de-documentos-para-lograr-hipotecas-que-luego-dejaba-de-pagarhttps://elderecho.com/falsificacion-de-documentos-para-lograr-hipotecas-que-luego-dejaba-de-pagarhttps://elderecho.com/falsificacion-de-documentos-para-lograr-hipotecas-que-luego-dejaba-de-pagar2026-10-19 10:24:512026-10-19 10:24:51penalPenal9Penal