https://elderecho.com/feedes490435Osborne Clarke ha anunciado la incorporación de Guillermo Rodrigo, Paloma Alcón, Lucía García Ovies y Jaime Armijo a su oficina de Madrid para reforzar la práctica de derecho inmobiliario de la firma. El nuevo equipo impulsará el desarrollo del área en la capital y trabajará de forma coordinada con el equipo inmobiliario de Barcelona, liderado por Julián Matos. Guillermo Rodrigo se incorpora como socio, Paloma Alcón como counsel y Lucía García Ovies y Jaime Armijo como asociados. Rodrigo cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector inmobiliario, durante los cuales ha asesorado a los principales actores del mercado en operaciones y proyectos de diversa naturaleza. Por su parte, Paloma Alcón aporta 15 años de trayectoria profesional y una sólida especialización en el asesoramiento inmobiliario. Lucía García Ovies y Jaime Armijo completan el equipo con su recorrido en operaciones y proyectos del sector que requieren un enfoque jurídico especializado. Los cuatro profesionales han desarrollado buena parte de su carrera profesional conjuntamente en Baker McKenzie. Esta experiencia compartida les ha permitido consolidar un equipo cohesionado, con un profundo conocimiento del mercado y una metodología de trabajo común, que constituye una sólida base para ofrecer asesoramiento coordinado e integral a inversores, promotores, operadores y otros participantes del sector. “Nos incorporamos a Osborne Clarke con mucha ilusión y con la convicción de que existe una gran oportunidad para seguir desarrollando la práctica inmobiliaria y transaccional de la firma. Es un proyecto que combina una sólida trayectoria con una clara apuesta por el crecimiento y por el mercado de Madrid. Queremos contribuir a ese desarrollo y potenciar la colaboración con el equipo de Barcelona y con las demás áreas de la firma”, señala Guillermo Rodrigo. Miguel Lorán y Jordi Casas, socios codirectores de Osborne Clarke España, han señalado: “La incorporación de Guillermo y su equipo se enmarca en el plan estratégico de Osborne Clarke y refuerza nuestra apuesta por el crecimiento en Madrid y por el desarrollo de la práctica inmobiliaria en España asesorando a nuestros clientes nacionales e internacionales. Su experiencia, unida a la del equipo de Barcelona, nos permite ampliar nuestras capacidades y ofrecer a nuestros clientes un asesoramiento especializado e integral, apoyado en una estrecha colaboración entre oficinas y áreas de práctica”. La incorporación se enmarca en la estrategia de crecimiento de Osborne Clarke en Madrid y en su apuesta por reforzar sus capacidades transaccionales. Asimismo, permitirá seguir desarrollando una práctica inmobiliaria especializada, capaz de dar respuesta a las necesidades de un mercado cada vez más sofisticado. El trabajo conjunto de los equipos de Madrid y Barcelona ampliará la capacidad de la firma para acompañar a sus clientes en sus proyectos y operaciones inmobiliarias. Asimismo, favorecerá la coordinación con otras áreas de práctica para abordar de forma integral las necesidades jurídicas.Guillermo Rodrigo se incorpora como socio, Paloma Alcón como counsel y Lucía García Ovies y Jaime Armijo como asociados.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Osborne-Clarke-Guillermo-Rodrigo-equipo-p490435-m1529655-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/osborne-clarke-fortalece-su-equipo-de-derecho-inmobiliario-con-la-incorporacion-de-cuatro-abogados-liderados-por-guillermo-rodrigohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Osborne-Clarke-Guillermo-Rodrigo-equipo-p490435-m1529655-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/osborne-clarke-fortalece-su-equipo-de-derecho-inmobiliario-con-la-incorporacion-de-cuatro-abogados-liderados-por-guillermo-rodrigohttps://elderecho.com/osborne-clarke-fortalece-su-equipo-de-derecho-inmobiliario-con-la-incorporacion-de-cuatro-abogados-liderados-por-guillermo-rodrigohttps://elderecho.com/osborne-clarke-fortalece-su-equipo-de-derecho-inmobiliario-con-la-incorporacion-de-cuatro-abogados-liderados-por-guillermo-rodrigo2026-10-16 12:52:072026-10-16 12:52:07sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490438Los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apuntan a que la que la tendencia al alza que comenzó en el tercer trimestre de 2020 se mantiene desde entonces de forma casi continua. Los concursos de personas naturales empresarios fueron los únicos que disminuyeron, y lo hicieron en un 10,8% respecto al año anterior. El resto, por el contrario, mostraron comportamientos al alza: los de personas naturales no empresarios aumentaron un 5,9% y los de personas jurídicas, un 4,6% respecto al segundo trimestre de 2025. Tomando en consideración el número total de concursos presentados, fue Cataluña el territorio en el que más se registraron, 4.631, cantidad que representa el 24,3% del total. Le siguen Madrid, con 3.033; Andalucía, con 2.891 y la Comunidad Valenciana, con 2.002. Durante el segundo trimestre de 2026 se presentaron 1.404 concursos de personas jurídicas, un 4,6% más que en el mismo trimestre de 2025. Cataluña fue la comunidad autónoma donde se registraron más concursos de este tipo: 406, lo que supone el 28,9% del total. Le siguieron Madrid, con 192; Andalucía, con 188 y la Comunidad Valenciana, con 174. Solo bajaron los concursos de personas naturales empresarios De su lado, los concursos presentados por personas naturales empresarios, en total 672, mostraron una disminución del 10,8 % respecto a igual trimestre de 2025. Cataluña fue el territorio con más concursos de esta naturaleza, 423, que representan el 62,9 % del total nacional. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 80 y Madrid, con 34. Los concursos presentados por personas naturales no empresarios sumaron 16.948, lo que ha supuesto un incremento interanual del 5,9%. Cataluña ha sido la comunidad autónoma con un mayor número de concursos de este tipo, 3.802, que representan el 22,4 % del total nacional. Le siguieron Madrid, con 2.807; Andalucía, con 2.700 y la Comunidad Valenciana, con 1.748. Los ERE crecen un 2,1% Respecto a los expedientes relativos a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se presentaron un total de 97, frente a los 95 del mismo trimestre de 2025. De su lado, en el periodo analizado se presentaron 45.230 demandas por despido, un 11,2% más que en el mismo trimestre de 2025. Cataluña, con 9.075 (el 20% del total nacional), fue el territorio con mayor número de demandas de este tipo. Le siguen Madrid, con 8.040; Andalucía, con 7.302 y la Comunidad Valenciana, con 5.885. El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, en total 35.043, fue un 3,4% mayor a las del segundo trimestre de 2025. De ellas, 6.422 se presentaron en Madrid, lo que equivale al 18,32 % del total; 5.995, en Andalucía y 3.907, en Cataluña.El número total de concursos de acreedores presentados en el segundo trimestre de 2026 en los Juzgados de lo Mercantil fue de 19.024, una cifra que supone un incremento del 5,1% respecto al mismo trimestre de 2025.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Deudabancarrotaconcurso_EDEIMA20170512_0002_1-p490438-m1529714-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-concursos-de-acreedores-suben-un-51-en-el-segundo-trimestre-y-las-demandas-de-despido-crecen-un-112https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Deudabancarrotaconcurso_EDEIMA20170512_0002_1-p490438-m1529714-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-concursos-de-acreedores-suben-un-51-en-el-segundo-trimestre-y-las-demandas-de-despido-crecen-un-112https://elderecho.com/los-concursos-de-acreedores-suben-un-51-en-el-segundo-trimestre-y-las-demandas-de-despido-crecen-un-112https://elderecho.com/los-concursos-de-acreedores-suben-un-51-en-el-segundo-trimestre-y-las-demandas-de-despido-crecen-un-1122026-10-16 12:49:202026-10-16 12:49:20mercantilMercantil8sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Mercantil,Sector jurídico,Social490437El 82 por ciento de los directivos en España afirma que un incidente relacionado con la IA, como el fallo de un agente, la exposición de datos, un error en una decisión apoyada por IA o una brecha de seguridad, llegó al consejo de administración o al comité ejecutivo durante el último año. Sin embargo, únicamente el 36 por ciento modificó su política o marco de gobernanza como respuesta. Esta diferencia entre los riesgos identificados y las medidas adoptadas también se refleja en la forma en que las organizaciones gestionan el despliegue de la tecnología, como se recoge en un nuevo estudio de IBM para el que se ha encuestado a 540 directivos de organizaciones en España. En él se indica que cuando el despliegue de la IA supera la preparación de los marcos de gobernanza y cumplimiento, el 65 por ciento de los directivos afirma que continúa dentro de los límites de riesgo acordados mientras adapta la gobernanza, frente al 30 por ciento que opta por retrasarlo hasta contar con los mecanismos adecuados. Esta situación cobra relevancia ante el avance de la IA agéntica, que introduce nuevos desafíos de supervisión a medida que los sistemas adquieren mayor autonomía. Según la encuesta, el 25 por ciento afirma que ya utiliza IA agéntica en producción y el 73 por ciento espera que los agentes tengan algún grado de autonomía en la toma de decisiones para 2027. Pese a ello, solo el 34 por ciento considera que su gobernanza actual está preparada para ampliar este tipo de despliegues. Responsabilidad y rendición de cuentas La práctica totalidad de los directivos encuestados en España (99%) ha asignado formalmente al consejo de administración la responsabilidad sobre el riesgo de la IA, incluido un 27 por ciento que cuenta con un comité específico de IA a ese nivel. Sin embargo, no hay consenso sobre quién debe responder por los resultados adversos de los agentes de IA, aunque el 12 por ciento cita de los encuestados cita al director de Sistemas de Información o al director de Tecnología. También hay distintas opiniones sobre quién debería asumir la responsabilidad legal si un sistema de IA causa daños significativos. El 19 por ciento considera que debería repartirse proporcionalmente entre la organización que despliega la IA y el proveedor, el 18% por ciento apunta a la necesidad de un marco regulatorio más adecuado, y el 14 por ciento cree que la responsabilidad debería recaer en el proveedor de IA o tecnología. Para gestionar agentes de IA cada vez más autónomos, los directivos españoles consideran necesarias medidas como marcos legales o contractuales que definan la responsabilidad del proveedor por los fallos de los agentes (33%), umbrales claros para solicitar intervención humana (31%), supervisión en tiempo real y registros de auditoría de las decisiones y acciones de los agentes (29%) y la capacidad para detener de inmediato su actividad en toda la organización (30%). A ello se suma que el 53 por ciento de los directivos gestiona las herramientas de IA generativa y los sistemas de IA agéntica como categorías de riesgo distintas, con marcos de gobernanza separados. Otro 40 por ciento aplica un marco común, con controles adicionales para la IA agéntica, mientras que solo el 32 por ciento cuenta con una cuantificación formal del riesgo financiero que generan las carencias en la gobernanza de la IA, revisada por el consejo de administración. En lo que respecta a la cadena de suministro, prácticamente la mitad (49%) reconoce carencias o limitaciones en la cobertura que su marco de gobernanza ofrece para los sistemas y modelos de IA utilizados por proveedores, socios tecnológicos y participantes de la cadena de suministro. Solo el 20 por ciento supervisa de forma continua el riesgo de IA de terceros, y el 12 por ciento aplica requisitos independientes de garantía o certificación. Asimismo, en España, el 44 por ciento de los directivos está acelerando la inversión en gobernanza antes de que entren en vigor las obligaciones de alto riesgo de la Ley de IA de la UE en diciembre de 2027. Otro 39 por ciento avanza según lo previsto con planes estructurados de cumplimiento.Los incidentes relacionados con la IA están llegando a los consejos de administración y comités ejecutivos en España, mientras la gobernanza y la rendición de cuentas sobre los riesgos avanzan a un ritmo distinto al de la adopción de la tecnología.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2722920291-1-p490437-m1529690-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-incidentes-por-ia-irrumpen-en-las-cupulas-directivas-pero-no-siempre-se-traducen-en-cambios-en-la-gobernanzahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2722920291-1-p490437-m1529690-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-incidentes-por-ia-irrumpen-en-las-cupulas-directivas-pero-no-siempre-se-traducen-en-cambios-en-la-gobernanzahttps://elderecho.com/los-incidentes-por-ia-irrumpen-en-las-cupulas-directivas-pero-no-siempre-se-traducen-en-cambios-en-la-gobernanzahttps://elderecho.com/los-incidentes-por-ia-irrumpen-en-las-cupulas-directivas-pero-no-siempre-se-traducen-en-cambios-en-la-gobernanza2026-10-16 12:41:412026-10-16 12:41:41derecho-ticDerecho TICDerecho TIC490409El tribunal, tras valorar los hechos probados -que acreditan numerosas retiradas y transferencias realizadas por el sospechoso desde cuentas pertenecientes a su madre, quien padecía demencia y fue declarada incapaz con posterioridad- considera acreditado el hecho delictivo, pero aplica la excusa absolutoria prevista en la redacción vigente al tiempo de los hechos (previsión que eximía de responsabilidad penal entre ascendientes y descendientes sin violencia ni intimidación), por lo que absuelve al acusado de la responsabilidad penal. Explica, asimismo, que la reforma posterior que excluye la excusa en supuestos de vulnerabilidad no es de aplicación retroactiva. La Sala mantiene la responsabilidad civil derivada de las disposiciones acreditadas y fija la indemnización a favor de la comunidad hereditaria de la víctima en 75.846 euros.La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha absuelto a un acusado de un delito continuado de apropiación indebida por disposiciones patrimoniales efectuadas como autorizado o cotitular de cuentas de su madre, pero lo condena al pago de 75.846 euros a la comunidad hereditaria de la víctima.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2834952375-1-p490409-m1529611-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-ourense-condena-a-devolver-a-la-comunidad-hereditaria-de-su-madre-los-75-846-euros-que-retiro-de-sus-cuentashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2834952375-1-p490409-m1529611-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-ourense-condena-a-devolver-a-la-comunidad-hereditaria-de-su-madre-los-75-846-euros-que-retiro-de-sus-cuentashttps://elderecho.com/la-ap-de-ourense-condena-a-devolver-a-la-comunidad-hereditaria-de-su-madre-los-75-846-euros-que-retiro-de-sus-cuentashttps://elderecho.com/la-ap-de-ourense-condena-a-devolver-a-la-comunidad-hereditaria-de-su-madre-los-75-846-euros-que-retiro-de-sus-cuentas2026-10-16 05:30:542026-10-16 05:30:54penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico490410Respecto a los primeros, Alfredo Carmona Salgado, Manuel Jiménez Carmona, Jesús Alcalde Martos, José Antonio Mochón Sánchez, Manuel Rojas García-Creus, Ángel Eduardo Jorge Palacios Aguirre y Pablo Ruiz de Peralta Casallo han sido galardonados con el Botón de Oro por sus 50 años de colegiación, si bien, como ha puntualizado el decano, Leandro Cabrera Mercado, no se trata de una distinción por el mero transcurso del tiempo, sino por su aporte al desarrollo de la abogacía y de la sociedad granadina. “Gracias por haber mantenido vuestro espíritu de colegiado joven, por no haber desistido y por vuestra bonhomía, dedicación y maestrazgo”, ha expresado el máximo representante del colectivo. “Durante estos 50 años hemos intentado ejercer la abogacía desde la rectitud, honestidad y rigor profesional”, ha contestado Mochón Sánchez, responsable de hablar en nombre de su promoción. Asimismo, el Colegio también ha querido premiar el constante apoyo y colaboración de dos figuras destacadas de la provincia. Se trata del rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado Pacheco, y la secretaria coordinadora provincial de Granada, Mª Carlota Gómez Blanco. En este sentido, la Abogacía granadina agradece así la labor de Mercado en el refuerzo del prestigio que la Universidad de Granada confiere a la ciudad, en general, y al sector jurídico, en particular, y su contribución al entendimiento de las instituciones, según ha indicado Cabrera. “La abogacía es algo más que una profesión por su función social al servicio de los derechos de los ciudadanos”, ha asegurado el rector y catedrático de Filosofía del Derecho durante el acto, acompañado por la Junta de Gobierno, los decanos eméritos Rafael López Cantal y José María Rosales de Angulo, y el colegiado de honor, Javier López y García de la Serrana. Sobre Gómez Blanco, el decano ha resaltado la ayuda de la LAJ en la adaptación de los letrados al nuevo sistema judicial en una etapa convulsa, con profundas reformas procesales, y siempre con cercanía, profesionalidad y disponibilidad. “Soy plenamente consciente de las dificultades y problemas a los que se enfrentan los abogados tras la LO 1/2025, pero debiéramos confiar en que la reforma dará sus frutos”, ha apostillado Gómez al recibir la placa, que ha compartido con todos sus compañeros de profesión. 40 y 25 años de ejercicio profesional Previamente, la Corporación también ha impuesto los Lazos de Plata, una insignia creada el pasado año para poner en valor 40 años de ejercicio profesional y que, inspirada en el lazo de oro que lucen los miembros de Junta de Gobierno, puede llevarse encima y, además, cerca del corazón. En esta ocasión, la nueva distinción ha recaído en una treintena de abogados y el empleado del Colegio José Soto Ruiz, al que el decano ha dedicado una especial mención, trasladándole el reconocimiento personal, de la Junta, de los empleados y de todos los integrantes de la abogacía granadina. Estas distinciones se suman a los Botones de Plata a los 25 años de ejercicio profesional entregados ayer durante un acto en la que el decano, igual que hoy, resaltó la importancia del sentido de colectivo en un sector que tiende hacia el individualismo. “Tenemos el deber moral de sentirnos representantes de la profesión y ser conscientes de que nuestro comportamiento tiene trascendencia más allá de nosotros mismos”, ha recordado Cabrera, instando a los Lazos y Botones de Plata a cuidar su relación con los clientes, con los compañeros, con otros profesionales y con cualquier persona dentro y fuera del ámbito jurídico. Por su parte, José Mariano Vargas Aranda, en nombre de los Lazos de Plata, y Jorge Odón Argente del Castillo Álvarez y José Amador Berbel Navarro, en el de los Botones de Plata, ofrecieron unas palabras en las que los orígenes, la evolución, los retos y los valores de la profesión han sido las protagonistas. “El santo y seña de la abogacía debe ser proteger siempre al indefenso, huir del mercantilismo salvaje y mantenernos en la rectitud del ejercicio”, ha aseverado Vargas Aranda. La programación también ha incluido una función religiosa en honor a la patrona celebrada a primera hora en la iglesia de las Carmelitas Descalzas y acompañada por la actuación del Coro Colegial que, además, ha conmemorado el trigésimo aniversario de su fundación.El Colegio de Abogados de Granada ha celebrado el Día de de Santa Teresa, patrona de la institución, con una emotiva jornada dedicada al reconocimiento de la trayectoria profesional de los letrados más veteranos y a la entrega de distinciones a personalidades vinculadas a la Corporación. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Botones-de-Oro-scaled-p490410-m1529573-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-abogacia-granadina-rinde-homenaje-a-los-maestros-del-colectivo-profesionalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Botones-de-Oro-scaled-p490410-m1529573-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-abogacia-granadina-rinde-homenaje-a-los-maestros-del-colectivo-profesionalhttps://elderecho.com/la-abogacia-granadina-rinde-homenaje-a-los-maestros-del-colectivo-profesionalhttps://elderecho.com/la-abogacia-granadina-rinde-homenaje-a-los-maestros-del-colectivo-profesional2026-10-15 14:00:562026-10-15 14:00:56sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490360La reforma introduce algunas correcciones que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) considera necesarias, especialmente en los procedimientos penales de especial complejidad y en la adaptación de los baremos al expediente judicial electrónico. Sin embargo, el Colegio advierte de que esas mejoras no van acompañadas de una revisión económica suficiente y pueden quedarse muy lejos de compensar el trabajo que exigen los asuntos de mayor dificultad. “Han conseguido la cuadratura del círculo: aparentemente se mejora el baremo y, sin embargo, en determinados asuntos podemos terminar cobrando menos”, afirma desde el ICAM el diputado de la Junta de Gobierno responsable de Justicia Gratuita, Juan Manuel Mayllo. A juicio del decano, Eugenio Ribón, la reforma vuelve a poner de manifiesto el principal problema del sistema: “Se reconoce que determinados procedimientos requieren una especial dedicación, pero después esa complejidad no encuentra una correspondencia adecuada en la retribución. El resultado sigue estando muy lejos de lo que supone asumir profesionalmente este tipo de asuntos”. Correcciones necesarias, pero sin una revisión económica de fondo Uno de los cambios introducidos por el Real Decreto afecta precisamente a los procedimientos penales de especial complejidad. El nuevo anexo establece un módulo específico de 600 euros, tanto para estos asuntos con carácter general como para los tramitados ante la Audiencia Nacional, y prevé complementos adicionales en función del volumen del procedimiento, las comparecencias y la duración de la vista. La reforma modifica también la forma de medir ese volumen de trabajo. Frente al anterior sistema basado en el número de folios, el Reglamento pasa a utilizar los “acontecimientos” del expediente electrónico. Con ello se corrige una disfunción que el ICAM había denunciado: en una Justicia crecientemente digitalizada, vincular parte de la compensación al número de páginas hacía difícil trasladar el baremo a la realidad de los actuales expedientes judiciales. Para el Colegio, ambas modificaciones avanzan en la dirección adecuada, pues se reconoce de forma específica la especial complejidad de determinados procedimientos y se adapta el criterio de cómputo al funcionamiento real del expediente digital. El problema está en las cantidades asignadas a esos conceptos. “Cambiar los folios por acontecimientos corrige un problema técnico, pero no resuelve el problema económico. Con estas cuantías, muchos asuntos de especial complejidad siguen estando claramente infrarretribuidos”, señala el diputado responsable de Justicia Gratuita del ICAM, Juan Manuel Mayllo. La publicación del Real Decreto no es algo nuevo, sino cumplir con un acuerdo de febrero de 2026 entre el Ministerio de Justicia y el CGAE para tramitar la reforma y tramitación urgente del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita. La Audiencia Nacional, ejemplo del desajuste El ICAM considera que el efecto del nuevo sistema se aprecia especialmente bien en los procedimientos de especial complejidad tramitados ante la Audiencia Nacional. El Reglamento fija para estos asuntos un módulo de 600 euros y añade 32,15 euros por cada 250 acontecimientos del expediente, además de los complementos que puedan corresponder por comparecencias y días de vista. Mayllo pone como ejemplo los procedimientos de narcotráfico. Según explica el diputado del ICAM, estos asuntos pueden moverse habitualmente entre 2.000 y 3.000 acontecimientos, mientras que algunos procedimientos excepcionales, como determinados asuntos vinculados a la Fiscalía Europea, pueden superar ampliamente los 10.000. “Un procedimiento de especial complejidad ante la Audiencia Nacional parte ahora de 600 euros y se pagan 32 euros por cada 250 acontecimientos. Hay procedimientos excepcionales, por ejemplo algunos vinculados a la Fiscalía Europea, que pueden superar los 10.000 acontecimientos, pero un procedimiento de narcotráfico ante la Audiencia Nacional puede moverse entre 2.000 y 3.000 acontecimientos. Al final estamos hablando de asumir un asunto de enorme complejidad por menos de 1.000 euros brutos”, señala. Tomando únicamente como referencia el módulo base y el complemento por acontecimientos, un procedimiento situado en ese rango alcanzaría entre 857,20 y 985,80 euros brutos, sin contar, en su caso, otros complementos por comparecencias o duración de la vista. Según advierte el Colegio, el cambio de criterio tampoco garantiza que el profesional vaya a percibir más que con el sistema anterior, ya que determinados procedimientos podían obtener una compensación superior cuando el cálculo adicional se realizaba en función de los folios. Baremos todavía muy alejados del trabajo real La crítica del ICAM, no obstante, va más allá de los procedimientos de especial complejidad. El Colegio considera que uno de los principales problemas, como es garantizar el pago de todas las actuaciones realizadas por los profesionales designados por turno de oficio sigue sin resolverse, especialmente al no garantizarse el pago de las actuaciones en aquellos procedimientos en que la solicitud de justicia gratuita ha sido archivada o denegada y el profesional queda obligado a continuar en la defensa del justiciable, e igualmente en muchos de los procedimientos en el ámbito penal en que se nombra profesional para la defensa de persona jurídica. Para Ribón, estas cifras muestran que las mejoras puntuales no sustituyen la revisión de fondo que sigue necesitando el sistema. “No se puede sostener un servicio público esencial sobre baremos que no guardan relación con las horas de trabajo, la preparación, la responsabilidad y la especialización que exige cada asunto”, afirma. El ICAM reclama por ello una actualización más amplia de los módulos de compensación que tenga en cuenta la dedicación efectiva que exige cada procedimiento y evite que las retribuciones vuelvan a quedar desfasadas, así como que se garantice el pago de todas las actuaciones realizadas por los profesionales de turno de oficio. “La reforma modifica algunos aspectos que era necesario corregir, pero sigue sin afrontar el problema principal: una financiación adecuada del Turno de Oficio y una actualización periódica de los baremos que evite que los profesionales sigan perdiendo poder adquisitivo”, concluye Mayllo. Para el Colegio, el objetivo sigue siendo el mismo que recoge la propia legislación de asistencia jurídica gratuita: garantizar que la prestación de este servicio público esté digna y suficientemente remunerada.El nuevo Reglamento de asistencia jurídica gratuita publicado este jueves en el BOE no resuelve el problema de las retribuciones del Turno de Oficio y, en determinados procedimientos de especial complejidad, puede incluso empeorar el resultado económico para los profesionales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Eugenio-Ribon-y-Juan-Manuel-Mayllo-scaled-p490360-m1529514-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-advierte-de-que-el-nuevo-reglamento-de-justicia-gratuita-puede-dejar-peor-retribuidos-los-asuntos-mas-complejoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Eugenio-Ribon-y-Juan-Manuel-Mayllo-scaled-p490360-m1529514-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-advierte-de-que-el-nuevo-reglamento-de-justicia-gratuita-puede-dejar-peor-retribuidos-los-asuntos-mas-complejoshttps://elderecho.com/el-icam-advierte-de-que-el-nuevo-reglamento-de-justicia-gratuita-puede-dejar-peor-retribuidos-los-asuntos-mas-complejoshttps://elderecho.com/el-icam-advierte-de-que-el-nuevo-reglamento-de-justicia-gratuita-puede-dejar-peor-retribuidos-los-asuntos-mas-complejos2026-10-15 13:15:372026-10-15 13:15:37sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490359La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en su sede de Las Palmas ha desestimado el recurso presentado por una empresa de catering isleña contra la Tesorería General de la Seguridad Social, y ha confirmado la denegación de la devolución de 104.081,15 euros abonados en concepto de cuotas empresariales y de recaudación conjunta durante los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) tramitados por causa de fuerza mayor derivada de la pandemia de Covid-19. La sentencia, dictada el pasado 24 de septiembre por la Sección Segunda de la Sala palmense, considera conforme a derecho que la empresa, al contar con más de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020, se beneficiara de unas exoneraciones inferiores a las previstas para las empresas con menos de 50 trabajadores. La entidad recurrente sostenía que la diferencia de trato establecida durante la pandemia era discriminatoria y reclamaba la devolución de las cantidades ingresadas, junto con los intereses legales. De forma subsidiaria, solicitaba que se planteara una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto de las normas que regularon las exoneraciones de cuotas vinculadas a los ERTE por Covid-19. La Sala rechaza esta pretensión y declara que no existió un ingreso indebido, ya que la Tesorería General de la Seguridad Social aplicó a la empresa las exoneraciones correspondientes según el número de trabajadores previsto en la legislación extraordinaria aprobada durante la pandemia. La resolución examina el régimen de devolución de ingresos indebidos previsto en el artículo 26 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en el artículo 44 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. Ambas normas reconocen el derecho a la devolución de las cantidades ingresadas por error, circunstancia que, según la Sala, no concurrió en este caso. La sentencia señala que la empresa no acreditó que la Tesorería hubiera aplicado incorrectamente la normativa. En este sentido, afirma que la Administración aplicó de forma estricta las exoneraciones previstas para las empresas de 50 o más trabajadores, por lo que las cantidades abonadas no podían considerarse indebidas. La Sala también analiza la diferencia establecida por la normativa entre las empresas de menor y mayor tamaño. La legislación aprobada durante la crisis sanitaria fijó distintos porcentajes de exoneración en función del número de trabajadores en alta a 29 de febrero de 2020. La recurrente consideraba que este criterio vulneraba el derecho a la igualdad y el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Los magistrados concluyen que la diferencia de trato estaba justificada por razones objetivas y razonables. La sentencia afirma que la menor exoneración aplicada a las empresas de 50 o más trabajadores respondía a criterios de capacidad económica y sostenibilidad del sistema, al entender que las empresas de mayor tamaño tenían una mayor capacidad económica y una menor necesidad de apoyo público. Inconstitucionalidad En relación con la cuestión de inconstitucionalidad solicitada por la empresa, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias recuerda que su planteamiento corresponde exclusivamente al órgano judicial. La sentencia precisa que solo procede elevarla cuando el propio tribunal alberga dudas sobre la validez constitucional de una norma con rango de ley y cuando esa validez resulta determinante para resolver el litigio. La Sala concluye que no tenía dudas sobre la constitucionalidad de las normas aplicadas y que la diferencia de exoneraciones establecida durante la pandemia no vulneraba el derecho a la igualdad. Por este motivo, rechaza tanto la petición principal de devolución de las cuotas como la solicitud subsidiaria de planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad.La sentencia ratifica la legitimidad de la política de la Seguridad Social durante el Covid-19.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2734704829-1-p490359-m1529496-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-canarias-avala-las-diferencias-en-la-exoneracion-de-cuotas-de-los-erte-durante-la-pandemiahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2734704829-1-p490359-m1529496-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-canarias-avala-las-diferencias-en-la-exoneracion-de-cuotas-de-los-erte-durante-la-pandemiahttps://elderecho.com/el-tsj-de-canarias-avala-las-diferencias-en-la-exoneracion-de-cuotas-de-los-erte-durante-la-pandemiahttps://elderecho.com/el-tsj-de-canarias-avala-las-diferencias-en-la-exoneracion-de-cuotas-de-los-erte-durante-la-pandemia2026-10-15 13:00:242026-10-15 13:00:24administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico490358La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, a través de sus demarcaciones territoriales, programa este mes de octubre cuatro interesantes eventos en las localidades de Alpuente, Veruela, Burgos y Benidorm. En Alpuente, villa situada en la sierra de Valencia, los expertos de AEDAF debatirán sobre la fiscalidad de la empresa familiar este fin de semana, 17 de octubre. En el Monasterio de Veruela (Zaragoza) el jueves 22 de octubre se tratarán los distintos aspectos de la derivación de la responsabilidad y los derechos fundamentales. Burgos acogerá los días 22 y 23 de octubre una jornada dedicada temas críticos como el recurso de casación en el ámbito tributario, la prueba en el procedimiento contencioso – tributario o las garantías del contribuyente frente a la hacienda pública. Por último, la tercera edición de las jornadas de Benidorm abordará la petición de información a terceros e informes de Due Diligence en el procedimiento de inspección; la IA vs las garantías y derechos de los contribuyentes; la fiscalidad de las aportaciones no dinerarias (jurisprudencia y doctrina), la compraventa de participaciones sociales y la fiscalidad de la empresa familiar. Todos los encuentros contarán con los mayores expertos tributarios del país como ponentes: asesores fiscales, miembros de la carrera judicial, junto con académicos y catedráticos, provenientes de todo el territorio español. Las sesiones técnicas se complementan con programas sociales que descubren los atractivos de las zonas donde se celebran las jornadas. Las demarcaciones territoriales de AEDAF ponen en valor la riqueza cultural y gastronómica local, organizando encuentros enológicos, visitas a monumentos y enclaves representativos, degustaciones de productos típicos y otras actividades que enriquecen el programa y fomentan el espíritu asociativo.La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, celebra cuatro jornadas de debate y análisis tributario sobre los temas y aspectos más relevantes de la actualidad fiscal española. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_1567667161-1-p490358-m1529463-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aedaf-lleva-el-analisis-de-la-actualidad-fiscal-a-distintos-puntos-de-la-geografia-espanolahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_1567667161-1-p490358-m1529463-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aedaf-lleva-el-analisis-de-la-actualidad-fiscal-a-distintos-puntos-de-la-geografia-espanolahttps://elderecho.com/aedaf-lleva-el-analisis-de-la-actualidad-fiscal-a-distintos-puntos-de-la-geografia-espanolahttps://elderecho.com/aedaf-lleva-el-analisis-de-la-actualidad-fiscal-a-distintos-puntos-de-la-geografia-espanola2026-10-15 12:00:202026-10-15 12:00:20fiscalFiscal6sector-juridicoSector jurídicoFiscal,Sector jurídico490357Los cinco nombramientos refuerzan las capacidades de la firma en las áreas de Innovación y Emprendimiento, Derecho Administrativo y Urbanismo y Derecho Laboral. Estas promociones reconocen la trayectoria de profesionales que han desarrollado su carrera en RCD y reflejan la apuesta de la firma por el talento interno y el desarrollo profesional, en línea con una cultura basada en el mérito y el compromiso con el cliente. Los nombramientos se producen en un contexto de crecimiento de RCD, que recientemente ha incorporado a Javier Martínez y Carolina Revenga como socios de Litigación y Seguros, a Francisco de Asís García como socio de Procedimiento Tributario y a Jordi Diosdado como director en el área de Derecho Laboral. La firma combina así la promoción de sus profesionales con la incorporación de talento externo para consolidar sus equipos y ampliar sus capacidades de asesoramiento especializado. Adolf Rousaud, socio codirector de RCD, destaca: “Estas promociones reconocen la trayectoria y el compromiso de profesionales que han crecido con el despacho y que hoy asumen nuevas responsabilidades. El desarrollo del talento interno es una parte esencial de nuestra cultura y una de las bases sobre las que construimos el futuro de la firma”. Por su parte, Ignasi Costas, socio codirector de la firma, añade: “El hecho de que estos profesionales asuman nuevas responsabilidades nos permite ampliar capacidades en áreas estratégicas y afrontar con mayor solidez las necesidades de nuestros clientes. Su conocimiento de la firma y su visión de futuro contribuyen a consolidar la forma de entender el asesoramiento que nos define y a seguir avanzando en nuestro proyecto de crecimiento”.El despacho de abogados RCD ha nombrado socio a David Pintos en el área de Innovación y Emprendimiento y ha promocionado a cuatro profesionales a la categoría de Director: Ismael Peralta, Marina Ramos, Claudio del Castillo y Albert López. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/David-Pintos_foto-prensa-p490357-m1529427-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/rcd-nombra-a-david-pintos-socio-de-innovacion-y-emprendimientohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/David-Pintos_foto-prensa-p490357-m1529427-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/rcd-nombra-a-david-pintos-socio-de-innovacion-y-emprendimientohttps://elderecho.com/rcd-nombra-a-david-pintos-socio-de-innovacion-y-emprendimientohttps://elderecho.com/rcd-nombra-a-david-pintos-socio-de-innovacion-y-emprendimiento2026-10-15 10:50:182026-10-15 10:50:18sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490302Según declara probado la sentencia, el acusado asumió el cargo de administrador de los comuneros el 15 de julio de 2016, gestionando un total de 188 viviendas y plazas de garaje. Sus funciones incluían el envío de los recibos aprobados por la Junta a los copropietarios y la realización de los pagos a proveedores. En este marco, el 13 de octubre de 2016 se suscribió un contrato de mantenimiento de ascensores con la empresa Kone Elevadores por una cuota mensual de 1.252,35 euros. A pesar de contar con los fondos recaudados para este fin, el administrador omitió el pago de las mensualidades correspondientes al periodo entre el 1 de noviembre y el 20 de diciembre de 2017, apropiándose indebidamente de dicho dinero. Ante las reclamaciones de la compañía, el procesado firmó un reconocimiento de deuda comprometiéndose a realizar los pagos mediante domiciliación en su cuenta personal, poco antes de ser cesado de sus funciones en la comunidad el 14 de febrero de 2018. Debido al incumplimiento de dicho calendario de pagos, Kone Elevadores demandó a la comunidad el 9 de junio de 2021 reclamando 29.674,77 euros por los servicios adeudados. Finalmente, ambas partes evitaron el procedimiento judicial mediante un acuerdo extrajudicial por el cual la comunidad abonó 22.174,77 euros el 9 de agosto de 2021 para cancelar la deuda. La sentencia rechaza la prescripción del delito porque, aunque el plazo es de cinco años y los hechos ocurrieron entre el 31 de octubre y el 20 de diciembre de 2017, la querella se presentó el 31 de octubre de 2022 y se admitió a trámite el 7 de noviembre de 2022, lo que interrumpió el plazo a tiempo para los hechos cometidos en ese periodo. Por último, el Tribunal confirma la condena por apropiación indebida porque el propio acusado reconoció por escrito y por correo electrónico haber usado fondos de la comunidad para sus propios pagos, descartando que sea un asunto meramente civil. Además, señala que el reconocimiento de la deuda no contradice la existencia del delito, sino que refleja el perjuicio económico causado a la comunidad. TSJ de Madrid. Sala de lo Civil y Penal. Sentencia nº 370/2026 de 17 de septiembre de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial que condenó a doce meses de prisión un administrador de fincas por apropiación indebida, debiendo indemnizar a la comunidad de propietarios con 7.606 euros.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_230428708-1-p490302-m1529268-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-un-administrador-de-fincas-que-desvio-dinero-de-una-comunidad-de-propietarioshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_230428708-1-p490302-m1529268-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-un-administrador-de-fincas-que-desvio-dinero-de-una-comunidad-de-propietarioshttps://elderecho.com/condenado-un-administrador-de-fincas-que-desvio-dinero-de-una-comunidad-de-propietarioshttps://elderecho.com/condenado-un-administrador-de-fincas-que-desvio-dinero-de-una-comunidad-de-propietarios2026-10-14 17:42:502026-10-14 17:42:50penalPenal9Penal