https://elderecho.com/feedes487286La decisión llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla haya remitido este jueves la documentación relativa a los siete jueces que finalmente han solicitado la comisión de servicio, según han informado fuentes del CGPJ a Europa Press. El CGPJ ha emitido los preceptivos informes y se ha recabado la autorización económica previa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Por otro lado, según las mismas fuentes, el plazo para solicitar la segunda de las comisiones de servicio convocadas, en este caso para reforzar la plaza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta con competencia en violencia sobre la mujer, finalizará este viernes. En un mensaje en la red social X, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha publicado que el Ministerio ha recibido ya la petición del CGPJ y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para aprobar el primer juez de refuerzo en Ceuta. El ministro ha señalado que han recibido este jueves la petición a las 13.38 horas y que Justicia ha dado su autorización a las 14.08 horas. Así lo harán "con todas las peticiones" que lleguen, ha concluido. Durante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional celebrada en el Congreso de los Diputados este jueves para abordar la crisis derivada de la entrada de cientos de miles de personas en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, Bolaños, ha asegurado que autorizará y financiará más refuerzos en la ciudad autónoma en cuanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realice la "petición formal". Bolaños ha prometido que el Ministerio financiará y autorizará "de manera inmediata" los refuerzos que soliciten el CGPJ y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá este viernes en una sesión extraordinaria para aprobar un refuerzo para las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_1975742054-1-p487286-m1520079-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-espera-aprobar-este-viernes-un-refuerzo-para-los-juzgados-de-ceuta-por-la-crisis-migratoriahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_1975742054-1-p487286-m1520079-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-espera-aprobar-este-viernes-un-refuerzo-para-los-juzgados-de-ceuta-por-la-crisis-migratoriahttps://elderecho.com/el-cgpj-espera-aprobar-este-viernes-un-refuerzo-para-los-juzgados-de-ceuta-por-la-crisis-migratoriahttps://elderecho.com/el-cgpj-espera-aprobar-este-viernes-un-refuerzo-para-los-juzgados-de-ceuta-por-la-crisis-migratoria2026-08-27 11:45:362026-08-27 11:45:36sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487285El recurrente, nacido en 1981 y vendedor de la ONCE, solicitó la incapacidad permanente tras agotar una baja laboral. El INSS se la denegó el 30/05/2024 tras el dictamen del Equipo de Evaluación de Incapacidades (EVI), considerando que sus lesiones no alcanzaban los grados legales. A pesar de interponer una reclamación administrativa que no fue contestada y presentar dolencias como glaucoma juvenil, amaurosis bilateral, trastorno de adaptación mixto con ansiedad y ánimo depresivo, además de un grado de discapacidad del 92% reconocido por el Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura, la sentencia dictada desestimó su demanda. Frente a dicha resolución interpuso recurso de suplicación donde solicitó el reconocimiento de la gran invalidez o, de manera subsidiaria, de la incapacidad permanente absoluta, argumentando que padece un trastorno depresivo mayor grave con riesgo psicótico que requiere la ayuda de terceros y le impide trabajar con normalidad. Sin embargo, el tribunal señala que dicha afección no figura en los hechos probados de la resolución judicial ni fue acreditada durante el proceso. La sentencia únicamente reconoce que padece patologías oftalmológicas y un trastorno de adaptación mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo. Al no demostrarse la necesidad de asistencia de otra persona para las actividades básicas de la vida diaria ni limitaciones psíquicas suficientes para el desempeño laboral, la Sala procede a desestimar este motivo del recurso. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo en casación. TSJ de Extremadura. Sala de lo Social. Sentencia nº 449/2026 de 12 de junio de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha avalado denegar la incapacidad permanente a un vendedor de la ONCE con un trastorno de adaptación mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2801856671-1-p487285-m1520061-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/denegada-la-incapacidad-permanente-a-un-vendedor-de-la-once-por-falta-de-acreditacion-medicahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2801856671-1-p487285-m1520061-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/denegada-la-incapacidad-permanente-a-un-vendedor-de-la-once-por-falta-de-acreditacion-medicahttps://elderecho.com/denegada-la-incapacidad-permanente-a-un-vendedor-de-la-once-por-falta-de-acreditacion-medicahttps://elderecho.com/denegada-la-incapacidad-permanente-a-un-vendedor-de-la-once-por-falta-de-acreditacion-medica2026-08-27 11:40:342026-08-27 11:40:34sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social487287La organización, que colabora con la Secretaría de Estado de Empleo a través de una vía de comunicación técnica permanente entablada en abril de 2026, ha advertido de que la futura regulación exigirá soluciones digitales, trazables e inmutables que resulten accesibles en remoto para la Inspección de Trabajo. Esta medida supondrá el fin definitivo del uso del papel y de las hojas de cálculo para más de un millón de empresas en el territorio nacional. Desde la entidad han subrayado que la efectividad del registro depende de su fiabilidad a la hora de acreditar la identidad de la persona que ficha para evitar suplantaciones, así como el momento exacto mediante una fecha cierta y oponible. Asimismo, el CERJ ha alertado de la asimetría que sufren las pequeñas empresas al no disponer de capacidad técnica para auditar por sí mismas las herramientas complejas del mercado, por lo que el observatorio difundirá criterios periódicos para facilitar la elección de programas conformes a la normativa. "El registro de jornada digital no es una carga burocrática. Nace de la directiva europea de tiempo de trabajo y de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto CCOO contra Deutsche Bank, y su función es proteger la salud y la seguridad de quien trabaja", ha afirmado el secretario general del CERJ, José Ramón Urtubi. "Bien implantado, además, ordena la gestión del tiempo, mejora la planificación y reduce conflictos. Con el Observatorio queremos que empresas y profesionales lleguen a tiempo, con criterio y sin sobresaltos", ha añadido.El Consejo Español para el Registro de Jornada (CERJ) ha puesto en marcha el 'Observatorio del Registro de Jornada', un espacio de divulgación destinado a orientar a empresas, despachos laboralistas y asesorías ante la aprobación por real decreto del nuevo sistema prevista para el mes de septiembre.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2812285085-1-p487287-m1520097-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-consejo-espanol-para-el-registro-de-jornada-crea-un-observatorio-ante-su-inminente-aprobacion-legislativahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2812285085-1-p487287-m1520097-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-consejo-espanol-para-el-registro-de-jornada-crea-un-observatorio-ante-su-inminente-aprobacion-legislativahttps://elderecho.com/el-consejo-espanol-para-el-registro-de-jornada-crea-un-observatorio-ante-su-inminente-aprobacion-legislativahttps://elderecho.com/el-consejo-espanol-para-el-registro-de-jornada-crea-un-observatorio-ante-su-inminente-aprobacion-legislativa2026-08-27 11:00:402026-08-27 11:00:40socialSocial13Social487288El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) gestionó 122.223 incidentes de ciberseguridad en España durante 2025, un 26% más que el año anterior. El fraude online representó cuatro de cada diez incidentes, con 45.445 casos, un 19% más que en 2024, mientras que el phishing alcanzó los 25.133 casos. Además, se registraron 3.849 incidentes relacionados con el acceso o sustracción no autorizada de información digital o confidencial. En el ámbito empresarial, los datos de la Línea de Ayuda en Ciberseguridad 017 reflejan también el peso de la ingeniería social. La suplantación de identidad por imitación representó el 18% de las consultas realizadas por empresas, seguida del phishing (12%) y el fraude del CEO (9%). En este escenario, Qualiteasy Internet Solutions advierte que la vuelta de vacaciones es un momento especialmente indicado para revisar la protección digital de las organizaciones y reforzar la concienciación de sus empleados. Durante el verano, los dispositivos corporativos pueden haberse conectado a redes públicas, algunas actualizaciones pueden haber quedado pendientes y los trabajadores regresan con una elevada cantidad de comunicaciones por revisar. “Los ciberdelincuentes no siempre necesitan superar grandes barreras tecnológicas. En muchas ocasiones buscan simplemente el momento adecuado para conseguir que una persona haga clic, introduzca una contraseña o autorice una transferencia. La vuelta de vacaciones reúne varios factores que pueden favorecer precisamente ese tipo de errores”, explica Ignasi Nogués, Chief Growth Officer de Qualiteasy Internet Solutions. Extremar la precaución Entre los riesgos más habituales, según Qualiteasy Internet Solutions, se encuentra el phishing escondido entre los correos acumulados. Una falsa notificación de Microsoft 365, un supuesto aviso bancario, un documento compartido o un mensaje de una empresa de mensajería pueden pasar más fácilmente desapercibidos cuando el empleado intenta vaciar rápidamente su bandeja de entrada. Otro engaño habitual es el aviso de que ‘la contraseña ha caducado durante las vacaciones’. El mensaje dirige al usuario hacia una página que imita al servicio original para conseguir sus credenciales. También deben despertar sospechas los mensajes de WhatsApp del supuesto jefe que asegura haber ‘cambiado de número’ y termina solicitando una transferencia urgente, así como las facturas que aparentemente quedaron pendientes antes del verano. Especialmente delicados son los cambios inesperados de cuentas bancarias de proveedores. Los fraudes conocidos como Business Email Compromise (BEC) pueden utilizar información real sobre proveedores, empleados o facturas anteriores para conseguir que una transferencia termine en una cuenta controlada por los atacantes. A ellos se suman los falsos documentos compartidos que conducen a páginas fraudulentas de inicio de sesión y las solicitudes inesperadas de autenticación multifactor (MFA). En este último caso, Qualiteasy Internet Solutions recomienda no aprobar nunca una petición de acceso que el propio usuario no haya iniciado y comunicar inmediatamente el incidente al responsable correspondiente. “Ante cualquier petición relacionada con dinero, contraseñas o información confidencial, invertir treinta segundos en comprobarla puede evitar un problema importante. Si existe un cambio de cuenta bancaria o una petición económica inesperada, lo recomendable es verificarla siempre mediante un segundo canal que ya conozcamos”, señala Ignasi Nogués. Diez comprobaciones necesarias Además de reforzar la atención de los empleados, Ignasi Nogués recomienda a las empresas realizar una pequeña puesta a punto de su ciberseguridad coincidiendo con la vuelta al trabajo. La primera medida es comprobar que ordenadores, smartphones, tablets, servidores, navegadores y aplicaciones corporativas están correctamente actualizados, incluidas las herramientas de seguridad. También resulta conveniente revisar los accesos recientes a las cuentas corporativas para detectar ubicaciones desconocidas, nuevos dispositivos, intentos fallidos repetidos o inicios de sesión en horarios poco habituales. La compañía aconseja además verificar que la autenticación multifactor continúa activa, especialmente en el correo corporativo, Microsoft 365, Google Workspace, CRM, VPN, aplicaciones financieras y herramientas de administración. A ello se suma la revisión de las contraseñas y credenciales, evitando reutilizarlas entre servicios o compartirlas entre empleados y utilizando, siempre que sea posible, gestores de contraseñas. Otro punto fundamental son las copias de seguridad. No basta con comprobar que se están realizando, sino que las empresas deberían verificar que contienen la información necesaria, están protegidas frente a modificaciones, conservan versiones anteriores y, sobre todo, pueden restaurarse correctamente. Los portátiles y smartphones corporativos que hayan viajado durante las vacaciones requieren también una atención especial después de haberse conectado potencialmente a redes WiFi de hoteles, aeropuertos, apartamentos turísticos, espacios de coworking o redes domésticas. Septiembre puede aprovecharse igualmente para eliminar cuentas, aplicaciones y privilegios que ya no sean necesarios, revisar si permanecen activos usuarios de antiguos trabajadores y limitar los permisos de administrador. Qualiteasy Internet Solutions recomienda, además, comprobar si existen credenciales corporativas expuestas como consecuencia de filtraciones de datos, ya que pueden circular por Internet durante meses antes de ser utilizadas para intentar acceder a los sistemas de una organización. Concienciación de los empleados Junto a las medidas tecnológicas, la compañía considera fundamental recuperar la concienciación de los equipos después del periodo vacacional. No es necesario esperar a realizar una gran formación anual. Un recordatorio breve sobre phishing, contraseñas, solicitudes MFA, transferencias o suplantaciones de identidad puede ayudar a prevenir incidentes precisamente cuando los empleados vuelven a enfrentarse a un elevado volumen de comunicaciones. Para Qualiteasy Internet Solutions, una estrategia eficaz debe combinar cuatro capas: prevención, mediante empleados formados y sistemas actualizados; protección, con medidas como MFA y seguridad de los dispositivos; detección, mediante la monitorización de credenciales y amenazas; y recuperación, a través de copias de seguridad verificadas. “Crear una cultura en la que detenerse, comprobar y preguntar ante algo extraño sea algo normal es una de las mejores defensas frente a la ingeniería social. La tecnología es imprescindible, pero un empleado que sabe reconocer cuándo algo no encaja puede evitar muchos incidentes”, concluye Ignasi Nogués.España registró más de 122.000 incidentes de ciberseguridad en 2025, un 26% más, mientras el phishing superó los 25.000 casos, según datos de INCIBE.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2731644899-1-p487288-m1520167-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/las-ciberestafas-que-ponen-a-prueba-a-los-empleados-en-septiembrehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2731644899-1-p487288-m1520167-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/las-ciberestafas-que-ponen-a-prueba-a-los-empleados-en-septiembrehttps://elderecho.com/las-ciberestafas-que-ponen-a-prueba-a-los-empleados-en-septiembrehttps://elderecho.com/las-ciberestafas-que-ponen-a-prueba-a-los-empleados-en-septiembre2026-08-27 10:15:422026-08-27 10:15:42ciberseguridadCiberseguridadderecho-ticDerecho TICCiberseguridad,Derecho TIC487219Los hechos ocurrieron entre julio y septiembre de 2021 en la provincia de Valladolid, donde el acusado actuó como intermediario en la prestación de servicios agrícolas para la recogida de patata. Durante ese periodo, contrató a varios jornaleros sin formalizar ningún contrato laboral ni darlos de alta en la Seguridad Social. Tras analizar las declaraciones de los testigos, el tribunal concluye que el acusado, de origen rumano, contrató “de forma consciente y reiterada” al menos a un ciudadano serbio, a tres argelinos y a uno colombiano, a pesar de saber que eran extranjeros y no tenían permiso de trabajo en España. Por este motivo, la Sala ratifica la decisión del juzgado anterior y rechaza que se haya violado la presunción de inocencia del acusado, ya que se presentaron pruebas válidas, legales y suficientes que demuestran los hechos, sin que existan errores en cómo el juez evaluó dichas pruebas. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el TSJ de Castilla y León. TSJ de Castilla y León. Sala de lo Civil y Penal. Sentencia nº 78/2026 de 2 de junio de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso interpuesto por un empresario que fue condenado a pagar una multa de 4.860 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2250188131-1-p487219-m1519894-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-un-empresario-en-valladolid-por-contratar-irregularmente-a-jornaleros-extranjeroshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2250188131-1-p487219-m1519894-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-un-empresario-en-valladolid-por-contratar-irregularmente-a-jornaleros-extranjeroshttps://elderecho.com/condenado-un-empresario-en-valladolid-por-contratar-irregularmente-a-jornaleros-extranjeroshttps://elderecho.com/condenado-un-empresario-en-valladolid-por-contratar-irregularmente-a-jornaleros-extranjeros2026-08-26 14:03:332026-08-26 14:03:33penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico487218La compañía tecnológica ha alcanzado este miércoles una cuerdo con 52 fiscales generales de todo el territorio estadounidese cuando afronta la segunda semana del juicio sobre el diseño adictivo de su redes sociales, Facebook e Instagram, en el que se analiza el papel que tienen mecánicas como la navegación sin límite por publicaciones, las notificaciones y las recomendaciones de contenido, en el bienestar de los adolescentes. Según explica en un comunicado, el acuerdo refiere la implementación de medidas de seguridad destinadas a los usuarios menores de 18 años, que incluye controles estrictos sobre el tiempo que pasan los adolescentes en las redes sociales que no puedan desactivarse, bloqueos predeterminados durante la noche y notificaciones silenciadas en horario escolar. También contempla el pago de unos 18.000 millones de euros, que se distribuirá en cuotas anuales a lo largo de un período de diez años. De esa cantidad, el 70 por ciento se entregará a los estados participantes, para la promoción de iniciativas de seguridad juvenil. El 30 por ciento restante estará vinculado a la participación de YouTube y TikTok en la implementación de medidas de seguridad que limiten el tiempo de uso de los menores y en la aportación de una cantidad equivalente a esa cifra por parte de ambas compañías. Se trata de una cifra notablemente menor que los 1,4 billones de dólares que al inicio del juicio se estimaba que podían reclamar los fiscales generales a Meta y que ya entonces calificó de "descabellada" y sin precedentes. No obstante, el acuerdo necesita la aprobación del juez. Meta pide a TikTok y YouTube que se sumen al acuerdo para proteger a los adolescentes Meta ha publicado una carta abierta pidiendo a TikTok y YouTube que se sumen al acuerdo que ha alcanzado con 52 fiscales generales de Estados Unidos para aplicar una serie de medidas que protejan a los adolescentes en las redes sociales. La compañía propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp ha detallado en su anuncio que el acuerdo conlleva la introducción, para los adolescentes, de diferentes medidas, pero no puede asegurar que estas protecciones funcionen si el resto de las plataformas no se suman, ya que cuando a un adolescente se le restringe una 'app', se pasa a otra. "Estas protecciones solo serán realmente efectivas si trabajamos con nuestros pares, TikTok y YouTube, para aplicar las mismas medidas", afirma Meta en su carta abierta de este miércoles, en la que insta a sus homólogos a que se unan a ellos. La demanda de los estados alegaba que Meta diseñó a sabiendas plataformas como Instagram y Facebook para generar adición en los menores, pese a conocer los daños que podían causarles, y que recopiló datos de menores sin conocimiento de los padres, vulnerando la ley de protección de la privacidad infantil en internet (COPPA). El acuerdo llega mientras Meta afronta en los tribunales otros frentes por el mismo asunto. Justo esta semana, un excientífico de datos de la compañía declaró que Meta evitó activar por defecto una protección para adolescentes en Instagram para no dañar sus "métricas clave". Medidas de seguridad para adolescentes a las que se compromete Meta en Facebook e Instagram La lista incluye nuevas medidas y controles parentales más estrictos, que se unen a las ya existentes, para gestionar de manera más afectiva el tiempo que pasan en las redes sociales y el contenido al que acceden. La primera que se cita es el establecimiento de un límite de tiempo predeterminado de dos horas al día para el uso conjunto de las Facebook e Instagram que solo podrá desactivarse con el permiso de los padres. También se establece un modo nocturno que impida, de manera predeterminada, el uso de las plataformas entre la medianoche y las 6 de la mañana, además de un modo escolar que bloquee silencie las notificaciones entre las 8 y las 15 horas. Estas restricciones se acompañarán de avisos sobre el tiempo de uso, que aparecerán cada 15 minutos o cuando los menores alcancen los 60 o 90 minutos de navegación continua. En lo que respecta a los contenidos, los menores podrán configurar como predeterminado un 'feed' que no esté gestionado por el algoritmo de recomendaciones y desactivar la reproducción automática de los vídeos, para que tengan que tocarlos de manera deliberada si quieren verlos. Tampoco verán los 'Me gusta' ni las reacciones en las publicaciones públicas. Además, se impide que los menores puedan utilizar filtros de maquillaje extremo, que se une a la prohibición de uso de los filtros de cirugía estética. Los menores tendrán acceso a contenidos adecuados para su edad, que se determinan en base a criterios de clasificación de películas y a los comentarios de los padres. Las estar configuradas las cuentas de los adolescentes como privadas por defecto, se restringe el contacto con adultos potencialmente sospechosos y se limita la posibilidad de que los adultos los puedan encontrar. Los adolescentes seguirán teniendo herramientas para denunciar contenido, aunque Meta se ha comprometido a mejorar los tiempos de respuesta. Además, los padres contarán con nuevos controles, como las notificaciones que se mostrarán cuando un adolescente vincule una cuenta secundaria o interactúe con cuentas potencialmente sospechosas. Todas estas medidas están supeditadas a un sistema de verificación de edad, que elimina de manera proactiva aquellas que detecta que pueden pertenecer a menores de 13 años --edad mínima que establece Meta para acceder a sus redes sociales--. Al respecto, la compañía ha incidido una vez en las que este control requiere que las tiendas de aplicaciones también proporcionen a los desarrolladores información de edad verificada, para que el trabajo no dependa únicamente de las aplicaciones. Meta se ha comprometido a implementar estas medidas y a mantenerlas en un plazo de diez años.Meta ha llegado a un acuerdo con un grupo de fiscales generales de Estados Unidos para evitar continuar con el juicio por el diseño adictivo de las redes sociales, por el que se compromete a pagar cerca de 18.000 millones de dólares (unos 15.400 millones de euros) y a incorporar medidas por defecto que protejan a los adolescentes que se conviertan en un estándar para la industria.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2786664369-1-p487218-m1519876-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/meta-acuerda-pagar-18-000-millones-de-dolares-para-resolver-el-juicio-sobre-el-dano-de-las-redes-sociales-a-adolescenteshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2786664369-1-p487218-m1519876-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/meta-acuerda-pagar-18-000-millones-de-dolares-para-resolver-el-juicio-sobre-el-dano-de-las-redes-sociales-a-adolescenteshttps://elderecho.com/meta-acuerda-pagar-18-000-millones-de-dolares-para-resolver-el-juicio-sobre-el-dano-de-las-redes-sociales-a-adolescenteshttps://elderecho.com/meta-acuerda-pagar-18-000-millones-de-dolares-para-resolver-el-juicio-sobre-el-dano-de-las-redes-sociales-a-adolescentes2026-08-26 12:10:472026-08-26 12:10:47derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico487217Así lo establece el Real Decreto-ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, aprobado por el Consejo de Ministros y publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La entrada en vigor general de esta norma se producirá mañana, salvo en el caso de algunas disposiciones, que arrancarán su vigencia más adelante. La norma introduce una modificación en la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo para fijar este régimen de incompatibilidades posterior al cese con el objetivo de reforzar la integridad pública y prevenir posibles conflictos de intereses en la toma de decisiones del sector público. En el marco de esta nueva regulación, la legislación tipifica como infracción grave la celebración de cualquier reunión o contacto con grupos de interés que no se encuentren debidamente inscritos en el nuevo registro estatal obligatorio de 'lobbies'. La norma contempla únicamente una excepción a esta prohibición: cuando concurran circunstancias excepcionales y las personas representantes del grupo de interés no inscrito asuman por escrito el compromiso de solicitar su alta en el plazo de los tres días hábiles siguientes al encuentro, trámite que el alto cargo deberá notificar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Publicación obligatoria de agendas en un mes Asimismo, los altos cargos estarán legalmente obligados a hacer públicas en el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado todas las reuniones y contactos mantenidos con los grupos de interés en el plazo máximo de un mes desde su celebración. El incumplimiento de esta obligación se sancionará como falta grave, mientras que la publicación extemporánea o con retraso se tipifica como falta leve, sancionada con amonestación y la obligación de subsanación. De forma complementaria, las entidades que ejerzan actividades de influencia deberán mostrar si cuentan en su equipo con personas que hayan desempeñado puestos como altos cargos en los últimos cinco años, publicando su nombre, cargo ocupado, entidad de procedencia y fechas de toma de posesión y cese. Registro público y obligatorio de 'Lobbies' Esta norma fue aprobada ayer por el Consejo de Ministros por decreto-ley, decisión que el Gobierno ha adoptado después de que el proyecto de ley de 'lobbies' haya encallado en el Congreso ante la dificultad para reunir el consenso necesario entre los grupos parlamentarios. "La regulación sustancial incluida en este Real Decreto-ley parte del trabajo realizado durante la tramitación del proyecto de ley de lobbies que se encuentra en el Congreso. Así, incorpora enmiendas presentadas por los grupos durante esa tramitación", explicó el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública. El texto establece la creación de un registro "público y obligatorio" de 'lobbies' con el que garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas, que estará gestionado y supervisado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Grupos de interés Este decreto-ley, promovido por el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, regula en la Administración del Estado la relación entre los grupos de interés y el personal público susceptible de recibir influencia. En este sentido, la norma detalla quiénes tienen la consideración de grupos de interés, qué es la actividad de influencia y quiénes son susceptibles de recibirla. Así, según esta norma, son grupos de interés las personas físicas y jurídicas y las agrupaciones sin personalidad jurídica, incluidas las plataformas, foros, redes u otras formas de actividad colectiva, tanto si actúan por cuenta propia como ajena, con independencia de la forma que adopten o de su estatuto jurídico, y que lleven a cabo actividades de influencia sobre el personal y/o cargo público. Por ejemplo, las empresas, consultoras, despachos y las ONG que pretendan ejercer la función de lobby ante la Administración General del Estado (AGE). Quedan excluidos expresamente de la consideración de grupos de interés las Administraciones Públicas y las entidades u organismos de su sector público institucional; organismos y organizaciones públicas internacionales, así como autoridades públicas extranjeras (incluidas embajadas y misiones diplomáticas siempre que no actúen a través de entidades jurídicas, redes sin estatuto diplomático o intermediarios); partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores, y colegios profesionales y corporaciones de derecho público cuando realicen sus funciones públicas legalmente encomendadas. Sin embargo, las entidades creadas o financiadas por los partidos políticos sí pueden tener la consideración de grupos de interés. La norma considera actividad de influencia toda comunicación directa o indirecta de un grupo de interés con el personal y/o cargo público susceptible de influencia, realizada por cualquier medio o canal, con la finalidad de incidir en la toma de decisiones públicas, en el diseño o aplicación de políticas públicas, o en la elaboración, modificación o aprobación de proyectos normativos, en beneficio de intereses propios o de terceros. Por otro lado, el texto determina que son susceptibles de recibir influencia el personal y/o cargo público que desempeñe funciones públicas con la capacidad de intervenir en la formulación, ejecución o supervisión de políticas públicas, elaboración normativa o procesos de decisión administrativa, dentro de la AGE y su sector público institucional. Entre ellos se encuentran los altos cargos (hasta el nivel de director general) y, por primera vez en una norma aprobada en el ámbito de la integridad y ética públicas, también el personal de confianza, asesores y personal eventual.Los ex altos cargos de la Administración General del Estado (AGE) no podrán realizar actividades profesionales de influencia para entidades privadas en ninguna materia relacionada con las competencias del departamento, organismo o entidad en el que prestaron servicios durante los dos años siguientes a la fecha de su cese.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2761220745-1-p487217-m1519858-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-prohibe-a-ex-altos-cargos-trabajar-para-lobbies-durante-los-dos-anos-tras-su-cesehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2761220745-1-p487217-m1519858-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-prohibe-a-ex-altos-cargos-trabajar-para-lobbies-durante-los-dos-anos-tras-su-cesehttps://elderecho.com/el-gobierno-prohibe-a-ex-altos-cargos-trabajar-para-lobbies-durante-los-dos-anos-tras-su-cesehttps://elderecho.com/el-gobierno-prohibe-a-ex-altos-cargos-trabajar-para-lobbies-durante-los-dos-anos-tras-su-cese2026-08-26 11:50:022026-08-26 11:50:02administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico487216Según han precisado fuentes municipales a Europa Press, la asociación buscaba con esta acción paralizar la ejecución de estas infraestructuras hasta que se resuelva el procedimiento judicial sobre el fondo del asunto. El tribunal rechaza adoptar la suspensión cautelar al considerar que provocaría "una perturbación grave de los intereses generales" al "impedir la asistencia" al evento "a un elevado número de personas aficionadas al automovilismo" y que se darán cita del 11 al 13 de septiembre en el circuito Madring, en el entorno de IFEMA Madrid. Sobre este asunto, desde el Ayuntamiento destacan que el Gran Premio de España se celebrará ese fin de semana con "garantías" y con "confort jurídico" tras la emisión de las licencias definitivas.La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid ha denegado las medidas cautelares solicitadas por la Asociación para la Defensa del Medio Ambiente y por un Urbanismo Sostenible para suspender la licencia del Gran Premio de Fórmula 1 que incluye la ejecución de las instalaciones de hospitalidad, las gradas y las pasarelas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2507139905-1-p487216-m1519840-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/un-juzgado-rechaza-suspender-cautelarmente-la-licencia-de-gradas-y-pasarelas-para-la-f1-en-el-circuito-madringhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2507139905-1-p487216-m1519840-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/un-juzgado-rechaza-suspender-cautelarmente-la-licencia-de-gradas-y-pasarelas-para-la-f1-en-el-circuito-madringhttps://elderecho.com/un-juzgado-rechaza-suspender-cautelarmente-la-licencia-de-gradas-y-pasarelas-para-la-f1-en-el-circuito-madringhttps://elderecho.com/un-juzgado-rechaza-suspender-cautelarmente-la-licencia-de-gradas-y-pasarelas-para-la-f1-en-el-circuito-madring2026-08-26 11:00:072026-08-26 11:00:07administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico487172Mejorar la atención a los profesionales se ha convertido en uno de los objetivos de la nueva Guía de Buenas Prácticas para la Organización de los Tribunales de Instancia elaborada por el Consejo General del Poder Judicial. El documento propone canales específicos de comunicación y fija objetivos concretos de respuesta ante dificultades que abogadas y abogados vienen encontrando en su día a día y que Abogacía Española ha reclamado solucionar de forma reiterada durante los últimos meses. La guía reconoce problemas de falta de información, dificultades para localizar los procedimientos y obstáculos crecientes para contactar con funcionarios y letrados de la Administración de Justicia. Para afrontarlos, plantea correos electrónicos específicos, ventanillas especializadas, atención telefónica diferenciada y canales digitales preferentes para los profesionales. Además, fija como objetivo que más del 90% de sus consultas se resuelvan en una primera respuesta y en menos de 24 horas. Son problemas que Abogacía Española conoce de primera mano, ya que ha venido recabando las experiencias de los Consejos Autonómicos y los Colegios de la Abogacía de todo el territorio y trasladándolas a las instituciones responsables de la reforma. El informe elaborado a partir de estas aportaciones constató, junto a algunas mejoras, graves dificultades de comunicación con los órganos judiciales, además de otras incidencias en la implantación de los Tribunales de Instancia. Esta falta de atención e interlocución fue precisamente una de las cuestiones que el presidente de Abogacía Española, Salvador González, puso sobre la mesa en su reciente reunión con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, junto a los presidentes de Procuradores y Graduados Sociales. Los tres Consejos reclamaron una solución urgente a una situación que afecta diariamente el ejercicio profesional y pidieron también la constitución de la Comisión Mixta de Calidad prevista en la Ley Orgánica 1/2025 para detectar incidencias, medir resultados y adoptar soluciones. Abogacía Española ha mantenido esta misma posición ante el Poder Judicial. Salvador González ha participado en el grupo de trabajo liderado por la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, creado como espacio de interlocución con las instituciones que trabajan en la implantación de los Tribunales de Instancia. La nueva guía supone ahora un avance en esa dirección. En La Rioja, uno de los territorios piloto, ya se han habilitado ventanillas diferenciadas para profesionales y ciudadanía para evitar esperas innecesarias y agilizar la atención. El documento establece además que la evaluación del nuevo modelo deberá incorporar la experiencia de quienes se relacionan con él diariamente. Para Abogacía Española, convertir estos problemas cotidianos en medidas concretas es un paso necesario para que la reforma alcance los objetivos para los que fue concebida. Como resume la propia guía del CGPJ, “la calidad de la comunicación es tan importante como la calidad de la organización interna”. El Consejo General de Abogacía Española continuará trasladando las incidencias detectadas por los Colegios y reclamando los recursos y ajustes necesarios para que el cambio organizativo se traduzca en una mejora real del servicio público de Justicia.La nueva Guía de Buenas Prácticas del CGPJ recoge medidas concretas para mejorar esta atención, con canales específicos para profesionales y respuestas en menos de 24 horashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/Guia-Tribunales-de-Instancia-del-CGPJ_img-p487172-m1519678-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/guia-de-buenas-practicas-para-la-organizacion-de-los-tribunales-de-instanciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/Guia-Tribunales-de-Instancia-del-CGPJ_img-p487172-m1519678-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/guia-de-buenas-practicas-para-la-organizacion-de-los-tribunales-de-instanciahttps://elderecho.com/guia-de-buenas-practicas-para-la-organizacion-de-los-tribunales-de-instanciahttps://elderecho.com/guia-de-buenas-practicas-para-la-organizacion-de-los-tribunales-de-instancia2026-08-25 15:55:312026-08-25 15:55:31sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487174En mayo de 2024, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (en adelante, PEMA), con el fin de diseñar un nuevo sistema de gestión de la migración y del asilo que fuera común a todos los Estados miembros. El PEMA se ha traducido en diez textos legislativos adoptados formalmente el 14 de mayo de 2024 y que se aplican desde el pasado 12 de junio de 2026. Uno de esos textos es la Directiva (UE) 2024/1346 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, que fija las normas de acogida de los solicitantes de protección internacional y que debe ser traspuesta a las legislaciones nacionales. La adaptación al PEMA a la legislación española requiere la modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Los objetivos perseguidos con esta norma son: - Adaptar la normativa española al PEMA. - Regular las medidas relativas a la libertad de circulación contenidas en la Directiva del PEMA para asegurar el cumplimiento del deber de permanecer a disposición de las autoridades competentes por parte de las personas solicitantes de protección internacional y de las que estén sujetas a los procedimientos de determinación del Estado miembro responsable o de reubicación en el territorio español. Con ello, se garantiza la efectividad de las resoluciones recaídas en el ámbito administrativo y judicial. Para cumplir con estos objetivos, las principales novedades aportadas son las siguientes: - La reforma incorpora la figura del triaje de las personas extranjeras que cruzan las fronteras exteriores de la Unión Europea sin cumplir las condiciones de entrada y que incluye un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado. - El anteproyecto regula la obligación impuesta por el PEMA de no autorizar la entrada al territorio español hasta que se complete el triaje. El reglamento europeo permite que este procedimiento dure hasta siete días, pero en la norma española seguirá siendo de 72 horas (prorrogables sólo por decisión judicial en casos individuales justificados) para limitar al mínimo imprescindible el tiempo durante el cual la persona extranjera debe permanecer en instalaciones policiales. - El anteproyecto recoge el procedimiento fronterizo de retorno previsto en el PEMA para agilizar el retorno de las personas extranjeras que llegan de manera irregular al país y no tienen derecho a protección internacional, retorno que debe ser ejecutado en un plazo de doce semanas de forma tan eficaz como garantista. - Para los solicitantes de protección internacional, la reforma regula un derecho de permanencia en el país que no da derecho a obtener una autorización de residencia en caso de que esa persona incurra en alguna de las figuras jurídicas que le harían acreedor de una denegación de entrada o de una orden de devolución. - Si una solicitud de protección internacional es rechazada, la persona solicitante recibirá la notificación junto a la denegación de entrada que le impone la obligación de abandonar el país.El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2820886199-1-p487174-m1519716-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/modificacion-de-la-lo-4-2000-sobre-derechos-y-libertades-de-los-extranjeros-en-espana-y-su-integracion-socialhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2820886199-1-p487174-m1519716-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/modificacion-de-la-lo-4-2000-sobre-derechos-y-libertades-de-los-extranjeros-en-espana-y-su-integracion-socialhttps://elderecho.com/modificacion-de-la-lo-4-2000-sobre-derechos-y-libertades-de-los-extranjeros-en-espana-y-su-integracion-socialhttps://elderecho.com/modificacion-de-la-lo-4-2000-sobre-derechos-y-libertades-de-los-extranjeros-en-espana-y-su-integracion-social2026-08-25 14:17:472026-08-25 14:17:47administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico