https://elderecho.com/feedes489652El Gobierno ya había retrasado un año, hasta 2027, la entrada en vigor del sistema 'Verifactu', que promueve la digitalización de los procesos de facturación en las empresas. En concreto, estaba estipulado que el sistema fuera obligatorio a partir del 1 de enero de 2027 para empresas declarantes del Impuesto sobre Sociedades y a partir del 1 de julio de 2027 para el resto de autónomos y empresas. Sin embargo, con el objetivo de favorecer la máxima convergencia posible entre los sistemas de facturación electrónica y el Reglamento de sistemas informáticos de facturación (Verifactu), tanto desde el punto de vista normativo como técnico, se ha considerado conveniente alinear los calendarios de implantación de la normativa de facturación electrónica para pymes y autónomos y del Reglamento de sistemas informáticos de facturación. Se ha procedido, por tanto, al aplazamiento de las obligaciones pendientes de aplicación del Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, --que incluye el reglamento de Verifactu-- hasta octubre de 2028, para hacerlas coincidir con la obligatoriedad de la factura electrónica para empresarios y profesionales cuya facturación anual no supere los 8 millones de euros. Según apunta Hacienda en la nota recogida por Europa Press, una vez aprobada dicha alineación de los calendarios de implantación, se abordará una modificación centrada en conseguir la convergencia de los ámbitos de aplicación y ciertos aspectos técnicos de la normativa vigente teniendo en cuenta los futuros requisitos de reporte digital derivados de la directiva europea ViDA (VAT in the Digital Age o IVA en la Era Digital). En todo caso, las exigencias establecidas en el reglamento de 'Verifactu' en materia de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad, así como las restantes garantías técnicas del sistema, se mantendrán en términos sustancialmente equivalentes a los previstos en su desarrollo normativo actual. Los asesores fiscales celebran que el calendario se alinee La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha recordado a través de un comunicado que presentó en junio de este año una propuesta de hoja de ruta para la transición de la factura electrónica - Verifactu - SII y la Directiva VIDA, propuesta elaborada por el grupo de expertos en impuestos indirectos que se presentó tanto a los medios de comunicación como a todos los grupos políticos con representación parlamentaria. "Esta acción de AEDAF derivó en que se debatiera una propuesta de modificación en el Senado, lo que ha propiciado la decisión de la Agencia Tributaria", ha recordado la Asociación. Según fuentes de AEDAF, el objetivo que perseguía la Asociación con su propuesta de hoja de ruta era buscar una transición ordenada hacia un modelo armonizado que redujera costes, evitara duplicidades y reforzara la eficiencia del sistema tributario, objetivo que se ha conseguido. "Esta coordinación permitirá, además, alinear progresivamente el sistema español con el modelo de información digital que será obligatorio en el ámbito de la Unión Europea a partir de 2030 y que hasta ahora no estaba siendo suficientemente contemplado, evitando así sucesivas adaptaciones de los sistemas de facturación en un periodo muy reducido de tiempo", ha destacado la asociación.La Agencia Tributaria ha decidido aplazar la implantación de 'Verifactu' hasta la entrada en vigor de la factura electrónica para todos los obligados tributarios, es decir, en octubre de 2028, según se desprende de una nota informativa publicada por el Ministerio de Hacienda.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2629387559-1-p489652-m1527276-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/hacienda-pospone-a-octubre-de-2028-la-implantacion-de-verifactu-para-empresas-y-autonomoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2629387559-1-p489652-m1527276-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/hacienda-pospone-a-octubre-de-2028-la-implantacion-de-verifactu-para-empresas-y-autonomoshttps://elderecho.com/hacienda-pospone-a-octubre-de-2028-la-implantacion-de-verifactu-para-empresas-y-autonomoshttps://elderecho.com/hacienda-pospone-a-octubre-de-2028-la-implantacion-de-verifactu-para-empresas-y-autonomos2026-10-05 13:52:192026-10-05 13:52:19fiscalFiscal6Fiscal489653La sentencia, dictada el 10 de septiembre de 2026, desestima el recurso de suplicación presentado por el trabajador contra la resolución dictada por el órgano judicial de instancia y confirma íntegramente dicha resolución. El tribunal declara que el despido fue ajustado a derecho y que no procede indemnización ni salarios de tramitación. El trabajador prestaba servicios como dependiente desde julio de 2023. La empresa fundamentó el despido en varios hechos ocurridos entre el 8 de marzo y el 5 de abril de 2025. Concretamente, se negó a realizar determinadas tareas encomendadas por sus superiores, como sacar etiquetas de vino, trasladar un producto a otro establecimiento cercano y desempeñar funciones en la sección de carnicería. En relación con este último episodio, manifestó que no podía trabajar con cuchillos porque había tenido un sueño recurrente en el que, tras ser despedido, mataba con ellos a un apoderado de la empresa y a una encargada de otro centro de trabajo. La empresa decidió reubicarlo en otra sección. También quedó acreditado que, durante una discusión con una compañera sobre la limpieza de las neveras, el trabajador le silbó y la llamó “chihuahua”. Asimismo, cometió un error en el cobro de una compra por importe de 113,21 euros, al cobrar únicamente 13,21 euros. La empresa localizó posteriormente al cliente, que abonó la diferencia. Por último, solicitó a otra compañera que fichara por él, le ofreció su documento nacional de identidad y le pidió que introdujera la palabra “puta” en el registro. La trabajadora no accedió y el trabajador realizó finalmente el fichaje de forma ordinaria. La Sala considera que los hechos no fueron episodios aislados, sino que revelaron una conducta “contumaz, rebelde y tenaz”, orientada a incumplir las órdenes e instrucciones de sus superiores. El tribunal recuerda que la desobediencia laboral puede justificar el despido cuando presenta gravedad, culpabilidad, reiteración, trascendencia e injustificación. En este caso, concluye que los incumplimientos fueron “graves, culpables y reiterados” y que encajaban en la infracción muy grave prevista en el convenio colectivo aplicable. La resolución destaca que no existía una razón válida para que el trabajador se negara a realizar las tareas encomendadas. Respecto a la referencia a los cuchillos, la Sala afirma que dicha manifestación “pudiera considerarse como una amenaza velada” y que, en cualquier caso, resultaba “impropia e inadecuada”. La sentencia también considera acreditadas las faltas graves de respeto hacia dos compañeras. Sobre el episodio en el que llamó 'chihuahua' a una trabajadora, el tribunal afirma que “silbar a una compañera, llamándola chihuahua no es admisible en ningún contexto” y que constituye “una ofensa grave, injuriosa y que afecta a la dignidad de cualquier persona, hombre o mujer”. En cuanto a la solicitud para que otra compañera realizara el fichaje en su nombre y utilizara la palabra “puta”, la Sala considera que se trata de una actuación “absolutamente impropia y contraria al principio de corrección y buena fe que domina la relación laboral”. El tribunal considera que el conjunto de las conductas acreditadas justifica la máxima sanción disciplinaria. La Sala señala que los hechos fueron graves y culpables y que la sanción aplicada resultó proporcionada al comportamiento exteriorizado por el trabajador.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en su sede en Las Palmas ha confirmado la procedencia del despido disciplinario de un trabajador de supermercado que incurrió en varios episodios de desobediencia, faltas de respeto y actuaciones contrarias a las normas de la empresa.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2632215301-1-p489653-m1527258-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/despido-de-un-empleado-de-supermercado-por-desobediencia-y-faltas-de-respeto-a-companerashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2632215301-1-p489653-m1527258-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/despido-de-un-empleado-de-supermercado-por-desobediencia-y-faltas-de-respeto-a-companerashttps://elderecho.com/despido-de-un-empleado-de-supermercado-por-desobediencia-y-faltas-de-respeto-a-companerashttps://elderecho.com/despido-de-un-empleado-de-supermercado-por-desobediencia-y-faltas-de-respeto-a-companeras2026-10-05 12:40:142026-10-05 12:40:14sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social489625El adelanto electoral se produce después de que el Congreso tumbara el viernes los dos reales decretos con medidas para afrontar el problema de la vivienda con el voto en contra de PP, Vox y Junts y el presidente decidiera darse el fin de semana para reflexionar sobre la conveniencia de ir ahora o no a las urnas. Sánchez ha hecho el anuncio tras haber informado previamente de su decisión al Rey Felipe VI, quien este lunes inicia viaje de Estado a Finlandia junto a la Reina Letizia.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/shutterstock_1239829330-p489625-m1527137-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/sanchez-anuncia-elecciones-anticipadas-para-el-29-de-noviembrehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/shutterstock_1239829330-p489625-m1527137-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/sanchez-anuncia-elecciones-anticipadas-para-el-29-de-noviembrehttps://elderecho.com/sanchez-anuncia-elecciones-anticipadas-para-el-29-de-noviembrehttps://elderecho.com/sanchez-anuncia-elecciones-anticipadas-para-el-29-de-noviembre2026-10-05 11:38:172026-10-05 11:38:17sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489654Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la Sala desestima la petición de la Comunidad de Madrid por esta vía de urgencia y acuerda tramitar las actuaciones por el procedimiento ordinario de medidas cautelares, dando audiencia a la Abogacía del Estado, que representa a la Delegación del Gobierno en Madrid. Tras examinar las alegaciones presentados por la defensa de la solicitante, la Sección acuerda que "no ha lugar a acceder a la medida solicitada mediante este concreto cauce procesal, dado que, si bien concurren circunstancias de especial urgencia, para la apreciación de la medida deben darse los presupuestos del artículo 136 LJCA, cuyo examen no se puede acometer y valorar con las debidas garantías sin oír previamente a la Administración General del Estado". La Comunidad había solicitado al TSJM que ordenase al delegado del Gobierno adoptar las medidas necesarias para disolver la acampada, al considerar que no se cumplen los requisitos establecidos en la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión. Derecho de reunión En su resolución, la Sección Sexta considera que sí concurren circunstancias de especial urgencia, pero entiende que no puede acordar el desalojo sin escuchar previamente a la Administración General del Estado, especialmente para determinar si se cumplen los requisitos legales para apreciar una eventual inactividad de la Delegación del Gobierno. La Sala también pone el foco en el derecho de reunión de las personas acampadas y en las consecuencias irreversibles que podría tener para ellas un desalojo acordado directamente mediante una medida cautelarísima. Además, recuerda que debe respetarse el principio de proporcionalidad y que la disolución de reuniones y manifestaciones constituye el "último recurso". El tribunal destaca asimismo que un desalojo podría implicar, en caso de resistencia a los requerimientos verbales, el uso de medidas de compulsión física por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por lo que considera necesario conocer previamente los argumentos de la Delegación del Gobierno para no haber actuado en los términos reclamados por la Comunidad de Madrid. Por ello, el TSJM ha reducido el plazo legal de alegaciones y ha dado a la Abogacía del Estado hasta el miércoles a las 9.00 horas para presentar su escrito, que deberá ser anticipado por correo electrónico a la Sección Sexta. La resolución acuerda así la apertura de una pieza separada para tramitar las medidas cautelares por la vía ordinaria prevista en el artículo 131 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Contra este auto no cabe recurso. Afectaciones a la Administración autonómica La Comunidad de Madrid había argumentado, entre otros motivos, que la permanencia de la acampada estaba afectando al normal funcionamiento de la Administración autonómica, a actividades comerciales y turísticas, y a actos previstos para el 12 de octubre. También alegó daños en la fachada de la Real Casa de Correos y en la estatua del Oso y el Madroño, además de problemas relacionados con las condiciones higiénicas y los accesos sanitarios. La Comunidad de Madrid mantiene que se trata de "una acampada ilegal que está causando daños económicos a los comerciantes de la zona y al patrimonio cultural como la Real Casa de Correos además de a los vecinos". Ante el auto, fuentes regionales destacan a Europa Press que "el juez ha dado a la Delegación del Gobierno hasta el miércoles 7 de octubre para alegar y que esas cautelarísimas solicitadas se reconvertirán en cautelares". "Se trata de un procedimiento habitual para escuchar a ambas partes. Por tanto, el proceso judicial sigue su camino", señalan.El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la medida cautelarísima solicitada por la Comunidad de Madrid para ordenar el desalojo inmediato de la acampada instalada desde el pasado 27 de septiembre frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Superior-Justicia-Madrid_EDEIMA20110511_0011_1-p489654-m1527240-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjm-rechaza-el-desalojo-inmediato-de-la-acampada-de-sol-y-prioriza-el-derecho-de-reunionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Superior-Justicia-Madrid_EDEIMA20110511_0011_1-p489654-m1527240-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjm-rechaza-el-desalojo-inmediato-de-la-acampada-de-sol-y-prioriza-el-derecho-de-reunionhttps://elderecho.com/el-tsjm-rechaza-el-desalojo-inmediato-de-la-acampada-de-sol-y-prioriza-el-derecho-de-reunionhttps://elderecho.com/el-tsjm-rechaza-el-desalojo-inmediato-de-la-acampada-de-sol-y-prioriza-el-derecho-de-reunion2026-10-05 11:00:142026-10-05 11:00:14administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico489691En una carta abierta dirigida a la ministra Elma Saiz, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, reclama al Ministerio que continúe “con carácter urgente” los trabajos necesarios para aprobar el desarrollo reglamentario previsto en la Ley 2/2026, de 29 de julio, y evitar que el calendario electoral prolongue durante meses la incertidumbre de los profesionales afectados. La norma aprobada por las Cortes establece un plazo máximo de tres meses para determinar reglamentariamente los términos y condiciones de la transferencia voluntaria de los derechos económicos acumulados en las mutualidades alternativas y su conversión en periodos cotizados en el RETA. “La convocatoria de unas elecciones no debería convertir un plazo de tres meses fijado por el legislador en una espera de duración incierta, condicionada primero por la campaña electoral y después por los tiempos necesarios para la constitución de las Cámaras, la investidura y la formación de un nuevo Gobierno”, advierte Ribón. Un mandato legal ya aprobado Para el Colegio, culminar el reglamento no implica abrir un nuevo debate político, sino hacer efectivo un mandato que las Cortes Generales ya incorporaron a una ley aprobada y en vigor. “El reglamento de la pasarela al RETA no responde a una iniciativa política nueva ni supone anticipar decisiones que deban corresponder al próximo Ejecutivo. Se trata de dar cumplimiento a una obligación establecida por las propias Cortes Generales en una ley ya aprobada y en vigor, con un plazo concreto para su desarrollo”, señala el decano. El ICAM recuerda que el desarrollo reglamentario resulta imprescindible para que los profesionales puedan conocer las condiciones concretas en las que podrán acogerse a la pasarela. Entre otras cuestiones, deberá establecer los requisitos para solicitar la transferencia de los derechos económicos acumulados y la fórmula para convertirlos en periodos de cotización al sistema público. Su aprobación determinará, por tanto, la aplicación efectiva de una reforma largamente esperada por profesionales que durante años realizaron sus aportaciones a mutualidades de previsión social como alternativa al RETA. “Para muchas de estas personas no estamos hablando de una cuestión teórica ni administrativa. Hablamos de su jubilación, de los años que podrán ver reconocidos como cotizados y de la posibilidad de tomar decisiones que afectan directamente a su futuro”, subraya Ribón. Evitar meses de incertidumbre El Colegio advierte de que posponer la aprobación hasta la formación de un nuevo Ejecutivo podría alargar considerablemente los tiempos previstos por el legislador y mantener sin respuesta cuestiones esenciales para los mutualistas. El ICAM viene defendiendo durante toda la tramitación de la pasarela una regulación amplia, justa y jurídicamente segura, y ha anunciado que seguirá trasladando sus propuestas durante la elaboración del reglamento. Pero considera que, antes de entrar en su contenido definitivo, existe ahora una prioridad inmediata: evitar que el proceso quede paralizado por el adelanto electoral. La aprobación en plazo del reglamento no solo resulta necesaria para los mutualistas, sino también para preservar la seguridad jurídica y la confianza legítima de miles de profesionales en el cumplimiento de los mandatos aprobados por las Cortes Generales. Para el Colegio, la efectividad de las leyes exige que los desarrollos normativos previstos se completen dentro de los plazos fijados por el legislador, especialmente cuando afectan directamente a derechos y expectativas de carácter previsional. La Ley del Gobierno limita la actuación de un Ejecutivo en funciones al despacho ordinario de los asuntos públicos, pero permite adoptar otras medidas en supuestos de urgencia debidamente acreditada o por razones de interés general. El Colegio considera que estas circunstancias concurren en el desarrollo de una norma aprobada por las Cortes y sometida expresamente a plazo. “Sería difícil explicar a los profesionales afectados que una obligación legal expresamente sometida a plazo queda en suspenso precisamente cuando ya se encuentra en marcha su cumplimiento”, afirma el decano. Por ello, el ICAM reclama que los trabajos continúen sin interrupción y que el desarrollo reglamentario se culmine dentro del plazo establecido por el legislador. “No pedimos al Gobierno que abra un nuevo debate político. Pedimos que culmine el mandato que el Parlamento ya le ha encomendado”, concluye Ribón. Porque, si bien los tiempos políticos pueden cambiar, “los derechos y las legítimas expectativas de miles de profesionales no deberían quedar a la espera”.El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha pedido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre no interrumpa la tramitación del reglamento que debe hacer efectiva la pasarela de los mutualistas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Eugenio-Ribon-decano-del-ICAM-scaled-p489691-m1527407-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-pide-al-gobierno-que-las-elecciones-no-dejen-en-suspenso-el-reglamento-de-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Eugenio-Ribon-decano-del-ICAM-scaled-p489691-m1527407-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-pide-al-gobierno-que-las-elecciones-no-dejen-en-suspenso-el-reglamento-de-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/el-icam-pide-al-gobierno-que-las-elecciones-no-dejen-en-suspenso-el-reglamento-de-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/el-icam-pide-al-gobierno-que-las-elecciones-no-dejen-en-suspenso-el-reglamento-de-la-pasarela-al-reta2026-10-05 10:30:482026-10-05 10:30:48sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489692Becas Cuatrecasas La Fundación concederá seis becas de 4.000 euros cada una a estudiantes matriculados en el grado en Derecho o en un doble grado que incluya Derecho en universidades públicas españolas y que acrediten un destacado rendimiento académico. Las ayudas ofrecerán apoyo económico para facilitar la continuidad de sus estudios y reforzar su autonomía personal. La dotación deberá destinarse a sufragar los gastos asociados a la formación académica de las personas beneficiarias. Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria El Premio, dotado con un importe bruto de 50.000 euros, se dirige a estudiantes que cursen en una universidad española, pública o privada, el último año del grado en Derecho, de un doble grado que incluya Derecho o de un máster en Derecho. La iniciativa reconoce la excelencia académica y apoya a candidatos con un expediente sobresaliente y un proyecto de estudios sólido y ambicioso. La dotación permitirá cursar un programa de máster o doctorado o desarrollar un proyecto de investigación en Derecho de los negocios durante el curso 2027-2028, en una universidad española o extranjera. El plazo de presentación de candidaturas para ambas iniciativas permanecerá abierto hasta el 31 de enero de 2027. Sobre la nueva convocatoria, Emilio Cuatrecasas, presidente de la Fundación Cuatrecasas, ha señalado: «Queremos reconocer el esfuerzo y el talento de quienes estudian Derecho y ofrecerles los medios necesarios para que puedan seguir formándose en las mejores condiciones. Apostar por la excelencia de las nuevas generaciones de juristas es también invertir en el futuro de la profesión y contribuir a una sociedad más diversa y justa». Rafael Fontana, vicepresidente de la Fundación Cuatrecasas, ha afirmado: «El talento necesita oportunidades para desarrollarse. Con estas dos iniciativas queremos ofrecer a quienes demuestran una trayectoria académica excelente los medios para seguir formándose y construir su futuro profesional en el ámbito jurídico. Apoyar a las nuevas generaciones de juristas es apostar por el futuro de la profesión». Desde su creación, la Fundación Cuatrecasas ha situado la educación en el centro de su acción social. Parte de la convicción de que el acceso al conocimiento y a una formación de calidad es esencial para avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y preparada para afrontar los desafíos del futuro. Las Becas Cuatrecasas y el Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria convierten este compromiso en oportunidades concretas para estudiantes de Derecho con talento, vocación y capacidad de impacto. Consulta las Bases de las Becas Cuatrecasas. Consultas las Bases del Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria.Ambas iniciativas buscan impulsar la trayectoria académica de estudiantes de Derecho y reflejan el compromiso de la Fundación con la formación como motor de progreso social, diversidad y excelencia.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/De-izquierda-a-derecha_Emilio-Cuatrecasas-Presidente-de-la-Fundacion-Cuatrecasas_Nuria-Montserrat-Consejera-de-Investigacion-y-Universidad-p489692-m1527371-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-fundacion-cuatrecasas-abre-la-convocatoria-de-las-becas-cuatrecasas-y-del-premio-manuel-olivencia-a-la-excelencia-universitaria-2027https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/De-izquierda-a-derecha_Emilio-Cuatrecasas-Presidente-de-la-Fundacion-Cuatrecasas_Nuria-Montserrat-Consejera-de-Investigacion-y-Universidad-p489692-m1527371-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-fundacion-cuatrecasas-abre-la-convocatoria-de-las-becas-cuatrecasas-y-del-premio-manuel-olivencia-a-la-excelencia-universitaria-2027https://elderecho.com/la-fundacion-cuatrecasas-abre-la-convocatoria-de-las-becas-cuatrecasas-y-del-premio-manuel-olivencia-a-la-excelencia-universitaria-2027https://elderecho.com/la-fundacion-cuatrecasas-abre-la-convocatoria-de-las-becas-cuatrecasas-y-del-premio-manuel-olivencia-a-la-excelencia-universitaria-20272026-10-05 10:05:272026-10-05 10:05:27sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489563En concreto, el Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible ha sido rechazado por 172 votos a favor y 178 en contra. Por otra parte, el Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual ha sido rechazado por 166 votos a favor y 184 en contra. Real Decreto-ley 26/2026 El primero de los textos, el Real Decreto-ley 26/2026, incluía medidas como una limitación temporal de determinadas adquisiciones de vivienda, desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2028; un régimen temporal de suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional; el refuerzo de la protección de las personas arrendatarias; la regulación de la acreditación de la condición de gran tenedor; así como medidas fiscales y tributarias que afectan al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre el Valor Añadido, al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Además, abordaba otras materias como el incremento y la protección del parque público de vivienda, así como medidas de fomento de la promoción de vivienda asequible, incluyendo la creación del Fondo de Vivienda de Impacto Social. En esta materia, se establecía una línea de avales de hasta 2.000 millones de euros para facilitar la financiación destinada a incrementar y mejorar el parque de vivienda de alquiler social o asequible. Asimismo, autorizaba otra línea de avales de hasta 280 millones de euros para la cobertura parcial de la financiación del ICO para pymes fabricantes o promotoras que utilicen sistemas de construcción industrializada, y préstamos sin intereses ni comisiones para el acceso a la vivienda por el 20% del valor y 50.000 euros. Real Decreto-ley 27/2026 Por su parte, el Real Decreto-ley 27/2026 modificaba el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para dar continuidad a los contratos de arrendamiento de vivienda habitual más allá de su plazo mínimo. De esta manera, llegado el vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos como mínimo cinco años de duración, o siete si el arrendador es persona jurídica, preveía que este se prorrogase por plazos sucesivos de la misma duración, salvo que alguna de las partes notifique a la otra su voluntad de no prorrogarlo. Además, la norma elevaba de cuatro a seis meses el plazo de preaviso del arrendador. Con carácter general, el arrendador que comunicase válidamente su voluntad de no prorrogar el contrato deberá indemnizar al arrendatario con una cantidad equivalente, al menos, al importe de doce mensualidades de renta de una vivienda de características análogas, salvo que concurra alguno de los supuestos exceptuados por la norma.El Pleno del Congreso ha derogado en su sesión de este viernes dos reales decretos-ley con medidas en materia de vivienda.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2746679253-1-p489563-m1527008-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-congreso-deroga-los-dos-reales-decretos-ley-en-materia-de-viviendahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2746679253-1-p489563-m1527008-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-congreso-deroga-los-dos-reales-decretos-ley-en-materia-de-viviendahttps://elderecho.com/el-congreso-deroga-los-dos-reales-decretos-ley-en-materia-de-viviendahttps://elderecho.com/el-congreso-deroga-los-dos-reales-decretos-ley-en-materia-de-vivienda2026-10-02 15:00:292026-10-02 15:00:29civilCivil2inmobiliarioInmobiliariosector-juridicoSector jurídicoCivil,Inmobiliario,Sector jurídico489562El objetivo es recabar aportaciones de menores, progenitores, tutores, profesores y educadores, así como de las plataformas en línea a las que se refiere la propuesta, a fin de completar la amplia base de datos públicos que respaldó la propuesta, incluido el informe de los copresidentes del Grupo Especial sobre Seguridad Infantil en Línea, las consultas específicas con menores, progenitores y educadores, y el estudio de 2026 sobre las experiencias en línea de los niños. Presentada en septiembre, la EU KIDS ACT mejorará la seguridad en línea de los menores en toda la Unión al posponer el acceso a las redes sociales e introduciendo normas estrictas de seguridad desde el diseño, sistemas de verificación de la edad que protejan la privacidad y una aplicación efectiva. El plazo para presentar comentarios finaliza el 26 de noviembre de 2026. La Comisión Europea elaborará un resumen de todas las respuestas recibidas y lo remitirá al Parlamento Europeo y al Consejo para alimentar el debate legislativo.La Comisión está recabando observaciones sobre la propuesta de Ley de la UE relativa a unos entornos digitales en internet fiables y responsables. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2786664349-2-1-p489562-m1526990-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ce-recaba-observaciones-sobre-la-eu-kids-acthttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2786664349-2-1-p489562-m1526990-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ce-recaba-observaciones-sobre-la-eu-kids-acthttps://elderecho.com/la-ce-recaba-observaciones-sobre-la-eu-kids-acthttps://elderecho.com/la-ce-recaba-observaciones-sobre-la-eu-kids-act2026-10-02 12:05:232026-10-02 12:05:23derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico489560El tribunal mantiene el pago de la multa de 540 euros de la sentencia recurrida y el pago de las costas procesales. La resolución relata que los técnicos de la empresa comprobaron que el usuario tenía en su vivienda un enganche a la luz sin contador y contabilizaron la cantidad defraudada en 2.686,72 euros durante un año. El tribunal rechaza que terceras personas se hayan beneficiado del fraude en calidad de inquilinos. Por el contrario, tal y como señala el magistrado, subraya que el acusado es el único ocupante del inmueble de su propiedad y, consecuentemente, el único beneficiario del suministro irregular detectado. Una conclusión plenamente razonable, coherente y acertada para los juzgadores.La Audiencia Provincial de Zaragoza ha estimado parcialmente el recurso de un ciudadano que fue condenado por un delito leve de defraudación de fluido eléctrico y rebaja de 11.819,29 a 2.686,72 euros la indemnización que deberá pagar a la compañía eléctrica.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2154725465-1-p489560-m1526953-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-zaragoza-rebaja-la-indemnizacion-a-una-electrica-por-fraude-de-luzhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2154725465-1-p489560-m1526953-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-zaragoza-rebaja-la-indemnizacion-a-una-electrica-por-fraude-de-luzhttps://elderecho.com/la-ap-de-zaragoza-rebaja-la-indemnizacion-a-una-electrica-por-fraude-de-luzhttps://elderecho.com/la-ap-de-zaragoza-rebaja-la-indemnizacion-a-una-electrica-por-fraude-de-luz2026-10-02 12:00:182026-10-02 12:00:18penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico489564Criterios homogéneos, públicos y previsibles; una relación estable y bidireccional entre la Administración y la Abogacía; mayor coordinación entre los distintos organismos; automatización de las citas para la toma de huellas y una digitalización que no sacrifique accesibilidad ni garantías. Son algunas de las prioridades con las que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha clausurado este viernes su II Congreso de Extranjería, después de tres jornadas dedicadas a analizar los principales cambios jurídicos y administrativos que están transformando esta materia. Las conclusiones del encuentro trazan una hoja de ruta que combina la mejora de la gestión con el refuerzo de la seguridad jurídica y sitúa la interlocución con la abogacía como una herramienta para detectar problemas de aplicación y plantear soluciones. “La eficacia administrativa y la garantía de los derechos no son objetivos contrapuestos”, ha señalado Emilio Ramírez, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM responsable de Extranjería. “Una Administración ágil, coordinada y capaz de ofrecer respuestas previsibles proporciona seguridad jurídica tanto a las personas extranjeras como a los profesionales que las asisten y a los propios órganos administrativos”. Ramírez ha reivindicado en este sentido el papel del Colegio como interlocutor con las instituciones: “Desde el ICAM queremos seguir siendo un interlocutor leal con las Administraciones, pero también firme en la defensa de los derechos”. Tras tres días de debate con representantes de la Administración, la judicatura, la abogacía y organizaciones especializadas, el responsable colegial ha resumido el objetivo de la siguiente etapa: “Ahora corresponde convertir ese diálogo en mejoras concretas”. Criterios homogéneos y una interlocución permanente Una de las principales conclusiones del Congreso es la necesidad de evitar que una misma situación reciba respuestas diferentes dependiendo del territorio o del órgano que tramite el expediente. El ICAM plantea para ello criterios administrativos más homogéneos, públicos y previsibles, especialmente ante cambios normativos o jurisprudenciales, y pide reforzar la coordinación entre las Oficinas de Extranjería y los servicios centrales. El Colegio considera asimismo necesario consolidar canales permanentes, ágiles y bidireccionales entre la Administración y la Abogacía y dar un nuevo impulso al convenio suscrito entre la Administración General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española en 2020, junto con su adenda de modificación y prórroga de 2024. El objetivo es que este marco se traduzca en una colaboración efectiva que facilite la presentación de expedientes correctamente revisados y permita trasladar con rapidez criterios de presentación y subsanación. La propuesta responde a una idea reiterada durante las jornadas: una mejor comunicación entre quienes resuelven los procedimientos y quienes asesoran diariamente a las personas interesadas puede contribuir a reducir errores, requerimientos innecesarios y diferencias de interpretación. De la resolución favorable a la documentación Entre los problemas prácticos abordados durante el Congreso, las dificultades para obtener cita para la toma de huellas aparecieron reiteradamente. “La obtención de una resolución favorable no debería conducir a un nuevo cuello de botella administrativo”, señalan las conclusiones. El ICAM propone avanzar hacia un sistema en el que la cita quede asignada automáticamente y vinculada a la propia resolución favorable, de forma que la persona extranjera conozca desde ese momento cuándo podrá completar su documentación, evitando intermediaciones, incertidumbre y costes adicionales. La propuesta encontró durante el Congreso una respuesta concreta por parte de la Administración. Pilar González Puente, directora general de la Administración General del Estado en el Territorio, explicó que se está trabajando con Policía y Migraciones para automatizar la asignación de estas citas, un sistema que todavía no está implantado de forma generalizada y que tampoco funciona actualmente en Madrid. El problema de las citas ejemplifica, para el Colegio, otro de los grandes retos detectados: la interoperabilidad entre Administraciones. Un expediente puede implicar a Oficinas de Extranjería, Policía, consulados, Seguridad Social, servicios públicos de empleo y otros organismos. Cuando sus sistemas no intercambian correctamente la información, son el ciudadano y su abogado quienes pueden terminar asumiendo la carga de acreditar datos que ya se encuentran en poder de la propia Administración. En esa misma línea, el ICAM se fija como objetivo establecer canales estables de información, gestión y consulta con los Registros Civiles, tanto con el Registro Civil Central como con los territoriales, en aquellas cuestiones que inciden directamente en la situación jurídica de las personas extranjeras. Anticiparse a las renovaciones de 2027 La necesidad de anticipación ocupa otro lugar central en las conclusiones. El Colegio advierte de que el esfuerzo administrativo desplegado para tramitar la regularización extraordinaria no termina con la concesión de las autorizaciones: a partir de 2027 comenzarán sus modificaciones y prórrogas, y existen todavía cuestiones interpretativas que deben aclararse antes de que esos procedimientos empiecen a llegar a las Oficinas de Extranjería. La dimensión del desafío quedó reflejada durante la primera jornada. González Puente estimó que las Oficinas de Extranjería pueden afrontar el próximo año “un millón o más de renovaciones” derivadas de la regularización y explicó que la Administración trabaja ya en la automatización interna y la simplificación de procesos para hacer frente a ese volumen. Para el ICAM, la experiencia obliga a incorporar la anticipación como principio de gestión: no basta con preparar el procedimiento en el momento en que entra en vigor una reforma, sino que deben evaluarse también de antemano sus consecuencias posteriores, proporcionar criterios claros a profesionales y ciudadanos y dimensionar los recursos necesarios para evitar nuevos cuellos de botella. Digitalización sí, pero con accesibilidad y garantías La transformación digital fue otro de los asuntos transversales de las jornadas. Las conclusiones respaldan continuar avanzando en automatización y simplificación, pero reclaman una Administración digital más sencilla y eficiente y, al mismo tiempo, accesible, que mantenga alternativas cuando las circunstancias personales lo requieran. Esa necesidad de combinar eficiencia y garantías se extiende también a las decisiones administrativas. La jurisprudencia del Tribunal Supremo analizada durante el Congreso puso el foco en la necesidad de evitar respuestas automáticas y valorar individualmente las circunstancias de cada caso, especialmente en materias relacionadas con antecedentes penales, situaciones familiares o la protección del interés superior del menor. Los responsables administrativos participantes reconocieron durante las jornadas que una motivación insuficiente constituye un punto débil de las resoluciones y explicaron que están trabajando para reforzarla. Frente a la automatización de procedimientos, el ICAM reivindica así que las decisiones que lo requieran continúen incorporando el análisis individual de cada situación. La persona, principio y final del Congreso El documento de clausura recupera finalmente la misma idea con la que comenzó el encuentro. “Este Congreso comenzó recordando que detrás de cada expediente hay una persona. Y queremos terminar con esa misma idea”, ha señalado Emilio Ramírez. Para el responsable de Extranjería del ICAM, cuestiones aparentemente técnicas como la digitalización, las citas, la coordinación administrativa, la jurisprudencia, la regularización o el nuevo marco europeo solo adquieren pleno sentido cuando permiten ofrecer a las personas “una respuesta jurídicamente segura, eficaz y previsible”. Con esta premisa, el Congreso cierra tres jornadas de trabajo situando la interlocución institucional, la anticipación, la seguridad jurídica y la mejora práctica de los procedimientos entre sus principales prioridades para una materia en constante cambio. “Estamos y seguiremos en transformación”, concluye Ramírez.Las conclusiones del II Congreso de Extranjería reclaman reforzar la interlocución estable con la Administración, reactivar el convenio con la Abogacía y mejorar la interoperabilidad entre los organismos que intervienen en los procedimientos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Emilio-Ramirez-interviene-en-el-II-Congreso-de-Extranjeria-del-ICAM-scaled-p489564-m1527026-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-pide-criterios-homogeneos-citas-automaticas-y-mayor-coordinacion-para-reforzar-la-seguridad-juridica-en-extranjeriahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Emilio-Ramirez-interviene-en-el-II-Congreso-de-Extranjeria-del-ICAM-scaled-p489564-m1527026-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-pide-criterios-homogeneos-citas-automaticas-y-mayor-coordinacion-para-reforzar-la-seguridad-juridica-en-extranjeriahttps://elderecho.com/el-icam-pide-criterios-homogeneos-citas-automaticas-y-mayor-coordinacion-para-reforzar-la-seguridad-juridica-en-extranjeriahttps://elderecho.com/el-icam-pide-criterios-homogeneos-citas-automaticas-y-mayor-coordinacion-para-reforzar-la-seguridad-juridica-en-extranjeria2026-10-02 11:50:352026-10-02 11:50:35administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico