https://elderecho.com/feedes486180La sentencia mantiene también la multa de 1.890 euros y el pago de una indemnización de 1.500 euros, más los intereses correspondientes, a la entidad bancaria afectada. La mujer acudió a una oficina bancaria en Lugones y, con la intención de lucrarse de forma ilegal, se hizo pasar verbalmente por la titular de la cuenta ante uno de los empleados. Tras facilitar datos personales de la víctima -obtenidos de manera desconocida-, logró retirar 1.500 euros. La procesada cuenta con antecedentes penales por delitos de estafa. Los magistrados desestiman el recurso porque el engaño cometido se considera suficiente conforme al Código Penal y la doctrina del Tribunal Supremo. La recurrente logró realizar un reintegro de dinero en efectivo en una entidad bancaria tras suplantar la identidad de un tercero, facilitando de forma verbal los datos de su DNI y correo electrónico para lucrarse indebidamente. Para el tribunal, la argumentación de la defensa, que atribuía la causa de la disposición patrimonial a una supuesta falta de diligencia o supervisión del empleado del banco al no exigir la documentación física acreditativa, no exime de responsabilidad penal a quien utilizó dicho engaño para obtener un beneficio económico. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.ç TSJ de Asturias. Sala de lo Civil y Penal. Sección nº 1. Sentencia nº 15/2026 de 18 de mayo de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha ratificado la condena de tres años y seis meses de prisión impuesta a una mujer por estafa mediante suplantación de identidad.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2042925449-1-p486180-m1516352-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-para-una-mujer-por-estafar-al-banco-suplantando-a-otra-personahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2042925449-1-p486180-m1516352-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-para-una-mujer-por-estafar-al-banco-suplantando-a-otra-personahttps://elderecho.com/prision-para-una-mujer-por-estafar-al-banco-suplantando-a-otra-personahttps://elderecho.com/prision-para-una-mujer-por-estafar-al-banco-suplantando-a-otra-persona2026-08-03 14:15:382026-08-03 14:15:38penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico486179La integración supone la incorporación a Auren de un equipo de 140 profesionales y un volumen de negocio de 13 millones de euros, reforzando su presencia en Madrid y Barcelona, dos mercados estratégicos, y ampliando su especialización para ofrecer un asesoramiento cada vez más completo y multidisciplinar. Con esta operación, Auren alcanzará en España al final de este ejercicio una facturación conjunta cercana a los 150 millones de euros, un equipo de más de 1.550 profesionales y consolida su red de 15 oficinas en España, fortaleciendo su posición como una de las principales firmas de servicios profesionales del mercado. Como parte de esta operación, Auren incorpora diez nuevos socios que reforzarán sus principales áreas de actividad. En la división de Auditoría se integran Daniel González, Fernando Fernández, Francisco Martínez, Isabel Bermúdez y Luis Manuel Rodríguez; en Legal, Javier Fernández, Pablo Fernández, Mario Ovejero y José María Nubiola; y en la división de Consultoría, Juan Alvado. Esta integración supone la incorporación de una parte muy relevante de la actividad de Moore en España, una firma con una sólida trayectoria y reconocido prestigio en el mercado de los servicios profesionales, reforzando significativamente el posicionamiento de Auren y acelerando la ejecución de su plan estratégico de crecimiento. Moore España ha desarrollado durante años una destacada actividad en los ámbitos de auditoría, asesoramiento legal y consultoría, consolidando un modelo basado en la especialización, la cercanía con el cliente y una marcada vocación internacional. La incorporación de sus oficinas de Madrid y Barcelona une a dos organizaciones que comparten valores, cultura y una misma forma de entender el asesoramiento profesional. En 2027, la oficina de Moore en Madrid cumplirá treinta años formando parte de la red Moore, una trayectoria que no podía celebrarse de mejor manera que incorporándose al proyecto Auren, que permitirá potenciarla y abrir una etapa todavía más fructífera. La operación refuerza también la dimensión internacional de Auren. Moore aporta la experiencia y proyección global de una firma integrada en Moore Global, reconocida como la 12ª mayor red mundial de servicios profesionales, con una facturación de 5.330 millones de dólares y presencia en 119 países. Esta incorporación se suma a la sólida presencia internacional de Auren que opera en más de 70 países a través de ANTEA y cuenta con más de 350 oficinas en todo el mundo. La combinación de ambas trayectorias internacionales amplía la capacidad de la firma para acompañar a empresas con actividad global y responder a proyectos cada vez más complejos y transfronterizos. Mario Alonso, presidente de Auren, ha destacado que: "Esta integración representa un paso muy importante en nuestra estrategia de crecimiento. Compartimos una misma forma de entender la profesión, basada en la cercanía, la excelencia y el compromiso con nuestros clientes. Esta operación nos permite seguir fortaleciendo nuestro proyecto y ampliar nuestras capacidades para responder a los nuevos retos de las empresas”. Por parte de Moore, Isabel Bermúdez, socia de Auditoría, ha señalado que: “El proyecto y los valores de Auren son, en realidad, nuestro proyecto desde hace muchos años. En 2021 unimos la oficina de Moore Madrid a las áreas de Auditoría y Legal de Morison, y en 2025 sumamos también la oficina de Moore Barcelona. Cuando empezamos a hablar con Auren sobre esta integración, supimos que teníamos que unir nuestras fuerzas a este proyecto para seguir mejorando el servicio a nuestros clientes, reteniendo y captando nuevo talento y dando una mejor carrera a aquellos profesionales que comparten nuestros valores de esfuerzo, calidad y trabajo en equipo”. Con esta integración, Auren da un nuevo paso en la ejecución de su estrategia de crecimiento y consolida su posición como una de las principales firmas de servicios profesionales en España, reforzando su presencia territorial, sus capacidades técnicas y su proyección internacional. Esta operación se suma a las incorporaciones realizadas en los últimos meses en oficinas como Alicante, Madrid, Barcelona o Valencia, entre las que destaca la reciente integración de la firma valenciana de consultoría Ifedes, reflejando el firme compromiso de Auren con un crecimiento sostenido basado en la incorporación de talento, especialización y capacidades complementarias.Auren ha formalizado la integración de las oficinas de Moore en Madrid y Barcelona, una operación que refuerza significativamente su posicionamiento en el mercado español de los servicios profesionales y acelera la ejecución de su plan estratégico de crecimiento.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/De-izquierda-a-derecha-Daniel-Gonzalez-Pablo-Fernandez-Mario-Alonso-Javier-Fernandez-y-Fernando-Fernandez-p486179-m1516317-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/auren-refuerza-su-liderazgo-en-espana-con-la-integracion-de-moore-en-madrid-y-barcelonahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/De-izquierda-a-derecha-Daniel-Gonzalez-Pablo-Fernandez-Mario-Alonso-Javier-Fernandez-y-Fernando-Fernandez-p486179-m1516317-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/auren-refuerza-su-liderazgo-en-espana-con-la-integracion-de-moore-en-madrid-y-barcelonahttps://elderecho.com/auren-refuerza-su-liderazgo-en-espana-con-la-integracion-de-moore-en-madrid-y-barcelonahttps://elderecho.com/auren-refuerza-su-liderazgo-en-espana-con-la-integracion-de-moore-en-madrid-y-barcelona2026-08-03 14:00:292026-08-03 14:00:29sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico486155 La DSA de la Unión Europea recoge un conjunto de normas de obligado cumplimiento para las grandes empresas que ofrezcan servicios digitales. Con ella se busca garantizar la protección de los derechos de los usuarios de los países miembros, así como favorecer la innovación, el crecimiento y la competitividad de estas plataformas en el mercado único. En este marco, según ha trasladado una fuente cercana a las compañías en declaraciones a Bloomberg, tanto ChatGPT de OpenAI como la compañía de videojuegos Roblox Corp. entrarán a formar parte de las VLOP en agosto, al igual que sucedió anteriormente con otras plataformas como Google Maps, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp, X y YouTube, entre otras. Si bien la DSA exige a todas las redes sociales y motores de búsqueda medidas drásticas contra el contenido ilegal y nocivo en sus plataformas, las denominadas como VLOP deben además presentar informes de transparencia, detallar sus planes de mitigación de riesgos y pagar una cuota anual a la Comisión Europea. Es decir, que en los cuatro meses posteriores a su designación han de ser parte activa no solo al identificar riesgos en sus servicios relacionados con contenido ilegal, los procesos electorales o la libertad de expresión, entre otros, sino también al establecer un punto de contacto con autoridades y usuarios, desplegar términos y condiciones fáciles de usar y ser transparentes en su publicidad, sistemas de recomendación y decisiones de moderación de contenido. Igualmente, han de someterse a auditorías anuales para garantizar que han adoptado las medidas recomendadas por los auditores, compartir sus datos con la Comisión Europea y permitir el acceso a estos a investigadores acreditados. Asimismo, aquellas que incumplan la DSA se arriesgan a recibir multas de hasta el 6 por ciento de sus ventas globales. De hecho, entre los más de una docena de casos que se han abierto, el más destacado de una VLOP sancionada fue el de X (antes Twitter) con una multa que alcanzó la cifra de 120 millones de euros y que la Comisión impuso el 5 de diciembre del año pasado. Cabe destacar igualmente que la DSA tiene como uno de sus objetivos principales que las tecnológicas protejan a los menores en sus plataformas. No obstante, la propia Roblox, que ha sido objeto de críticas por la falta de controles de seguridad para la protección de los niños, recientemente integró medidas que controlan los espacios donde los usuarios pueden contactar con otros y qué tipos de juegos pueden disfrutar. Por el momento, ni el portavoz de la Comisión Europea ni OpenAI o Roblox se han pronunciado al respecto. La Unión Europea prevé clasificar a ChatGPT y Roblox como "Plataformas en línea muy grandes" (VLOP) a partir de agosto, conforme a la ley de Servicios Digitales (DSA), tras superar los 45 millones de usuarios mensuales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/UE-Tribunal-Europeo-Europea-Europa_EDEIMA20110708_0008_1-p486155-m1516199-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ue-planea-incluir-en-agosto-a-chatgpt-y-roblox-entre-las-plataformas-en-linea-muy-grandes-vlop-de-la-dsahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/UE-Tribunal-Europeo-Europea-Europa_EDEIMA20110708_0008_1-p486155-m1516199-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ue-planea-incluir-en-agosto-a-chatgpt-y-roblox-entre-las-plataformas-en-linea-muy-grandes-vlop-de-la-dsahttps://elderecho.com/la-ue-planea-incluir-en-agosto-a-chatgpt-y-roblox-entre-las-plataformas-en-linea-muy-grandes-vlop-de-la-dsahttps://elderecho.com/la-ue-planea-incluir-en-agosto-a-chatgpt-y-roblox-entre-las-plataformas-en-linea-muy-grandes-vlop-de-la-dsa2026-08-03 12:59:262026-08-03 12:59:26derecho-ticDerecho TICDerecho TIC486178Kreston Iberaudit continúa reforzando su práctica legal con la creación de un área especializada en Derecho Regulatorio y la integración de profesionales con una sólida trayectoria en el ámbito regulatorio, una apuesta estratégica con la que la firma amplía su capacidad de asesoramiento en un entorno marcado por una creciente complejidad normativa y por la transformación del sector financiero. La nueva área estará dirigida por David Olivares, socio del área Legal de la oficina de Madrid de Kreston Iberaudit, especializado en derecho mercantil, societario, M A, bancario y regulatorio. Contará además con la participación de Juan Antonio López Rodríguez, senior manager con más de treinta años de experiencia en regulación bancaria y financiera, los cuales aportarán su experiencia en el sector bancario y financiero y conocimiento en el asesoramiento a entidades supervisadas y proyectos sujetos a autorización administrativa. La creación de esta nueva área se enmarca en la estrategia de fortalecimiento del Global Legal Group (GLG) de Kreston Global, codirigido por Pedro Pizá socio del área Legal de la oficina de Madrid de Kreston Iberaudit, y refuerza la apuesta de la firma por ampliar sus capacidades en áreas de alta especialización para ofrecer un asesoramiento jurídico cada vez más transversal, integrado e internacional. La práctica nace para dar respuesta al incremento de operaciones y proyectos que requieren un profundo conocimiento del marco regulatorio, especialmente en ámbitos como los servicios financieros, las fintech, la inversión colectiva, los mercados de valores, la financiación alternativa o la prevención del blanqueo de capitales. Entre otros ámbitos, el equipo asesorará a entidades supervisadas por la CNMV y el Banco de España, gestoras y vehículos de inversión, entidades de capital riesgo, ERIR, proveedores de servicios de financiación participativa, entidades de pago y dinero electrónico, así como a compañías inmersas en operaciones corporativas o procesos de autorización y supervisión regulatoria. La creación de esta práctica responde a la evolución que está experimentando el mercado financiero, impulsada por la digitalización, la aparición de nuevos modelos de negocio y un marco regulatorio cada vez más exigente, con normativas como MiFID II o DORA, que obligan a las organizaciones a integrar la regulación como un elemento estratégico de su actividad. Para David Olivares, socio del área legal de la oficina de Madrid de Kreston Iberaudit "la regulación ha dejado de ser un requisito de cumplimiento para convertirse en un factor estratégico que condiciona el crecimiento, la innovación y la confianza del mercado. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a integrar ese marco regulatorio en sus decisiones de negocio, anticipando riesgos y generando seguridad en operaciones cada vez más complejas. Por su parte, Juan Antonio López, senior manager responsable de la nueva área explica "cada vez más proyectos empresariales incorporan un importante componente regulatorio. Nuestro objetivo es acompañar a los clientes desde una perspectiva muy próxima al negocio, ayudándoles a anticipar riesgos, cumplir con las exigencias supervisoras y estructurar sus proyectos de forma sólida y eficiente". La firma identifica además una creciente demanda de asesoramiento especializado por parte de grupos internacionales que quieren operar en España, inversores interesados en adquirir, crear o desarrollar entidades o actividades reguladas, gestores de vehículos de inversión, empresas fintech y organizaciones que necesitan adaptar sus modelos de gobierno y cumplimiento normativo a un entorno regulatorio en constante evolución. Con esta nueva práctica, Kreston refuerza su posicionamiento como asesor multidisciplinar para compañías, inversores y entidades reguladas, integrando el conocimiento jurídico con las capacidades de la firma en materia fiscal, auditoría, consultoría y corporate, para ofrecer un asesoramiento coordinado en operaciones de elevada complejidad.La nueva práctica, dirigida por David Olivares, asesorará a entidades reguladas, fintech, vehículos de inversión y compañías que operan en sectores sujetos a supervisión de la CNMV y el Banco de España.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/David-Olivares_socio-Kreston-Iberaudit_horizontal2-p486178-m1516278-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/kreston-iberaudit-crea-una-nueva-area-de-derecho-regulatoriohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/David-Olivares_socio-Kreston-Iberaudit_horizontal2-p486178-m1516278-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/kreston-iberaudit-crea-una-nueva-area-de-derecho-regulatoriohttps://elderecho.com/kreston-iberaudit-crea-una-nueva-area-de-derecho-regulatoriohttps://elderecho.com/kreston-iberaudit-crea-una-nueva-area-de-derecho-regulatorio2026-08-03 12:05:282026-08-03 12:05:28sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico486078Según el calendario publicado por la Comisión Europea, en esta fase se activan específicamente las normas de transparencia del artículo 50 y las medidas de apoyo a la innovación, que refuerzan el sistema de supervisión y cumplimiento en todos los Estados miembros, así como la aplicación de la Ley de IA en ámbitos como los modelos de propósito general, las prohibiciones y los requisitos de alfabetización en inteligencia artificial (IA). La Comisión Europea comenzará a aplicar las obligaciones que exigirán identificar los contenidos generados o manipulados mediante esta tecnología, incluidos los conocidos como 'deepfakes', y obligarán a los 'chatbots' y otros sistemas a advertir a los usuarios de que están interactuando con una IA, al tiempo que Bruselas asumirá por primera vez las competencias para velar por el cumplimiento de la norma. En la práctica, las herramientas capaces de crear imágenes, vídeos, audios o textos deberán incorporar marcas que permitan reconocer esas producciones, mientras que su uso con fines profesionales exigirá indicar de forma clara que han sido alteradas mediante inteligencia artificial y los asistentes conversacionales informar de que el usuario está hablando con una máquina y no con una persona. Primeras obligaciones de transparencia La entrada en vigor de estas medidas permitirá además a Bruselas empezar a supervisar los denominados modelos de IA de propósito general, es decir, aquellos capaces de realizar múltiples tareas y que sirven de base para una amplia gama de herramientas y servicios. La Oficina Europea de IA podrá requerir información a las empresas responsables de estos sistemas, acceder a ellos para evaluarlos, ordenar medidas correctoras e incluso restringir su disponibilidad cuando detecte incumplimientos. Ese control se ejercerá de forma compartida con las autoridades nacionales, de modo que este organismo se encargará de sus proveedores y de los sistemas cuya competencia corresponde a la Comisión, mientras que los Estados miembros vigilarán el resto de herramientas desplegadas en su territorio y el Supervisor Europeo de Protección de Datos hará lo propio con las utilizadas por las instituciones, organismos y agencias de la UE. Como apoyo a ese sistema, Bruselas ha constituido un panel científico integrado por 60 expertos independientes, ha designado un asesor científico jefe y ha puesto en marcha distintos canales para comunicar posibles incumplimientos, entre ellos un mecanismo de denuncias abierto a ciudadanos y empresas y otro dirigido a quienes desarrollan aplicaciones a partir de modelos de terceros. La aplicación de la ley continuará de forma escalonada. El siguiente cambio llegará el 2 de diciembre de este año, cuando entren en vigor las nuevas prohibiciones incorporadas por el paquete 'AI Omnibus' para impedir el uso de sistemas capaces de generar contenido sexual explícito sin consentimiento o material de abuso sexual infantil, y finalizará el periodo transitorio concedido a determinados modelos de IA ya comercializados para adaptarse a la obligación de incorporar mecanismos que permitan identificar los contenidos generados mediante esta tecnología. El calendario seguirá el 2 de diciembre de 2027, con la entrada en vigor de las normas aplicables a la IA considerada de alto riesgo, como la utilizada en ámbitos como la sanidad, la educación o el empleo, y concluirá el 2 de agosto de 2028, cuando empezarán a aplicarse las disposiciones para los sistemas de inteligencia artificial integrados en productos sujetos a otra legislación europea, como determinados dispositivos médicos o vehículos. En relación con los sistemas de alto riesgo, el Reglamento establece que "los sistemas de IA que sean componentes de seguridad de productos, o productos en sí mismos, incluidos en determinadas leyes de armonización de la Unión" se clasificarán como "de alto riesgo" cuando el producto deba someterse a un procedimiento de evaluación de conformidad por un organismo tercero conforme a la legislación de armonización pertinente. En particular, esta categoría comprende maquinaria, juguetes, ascensores, equipos y sistemas de protección destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas, equipos de radio, equipos a presión, equipos para embarcaciones de recreo, instalaciones de teleféricos, aparatos que queman combustibles gaseosos, dispositivos médicos, dispositivos médicos de diagnóstico in vitro y productos de automoción y aviación, que quedan sujetos a requisitos reforzados de evaluación de conformidad y control en el marco de la Ley de IA. La AI Act de la UE es la primera norma integral sobre esta tecnología a nivel mundial y tiene por objeto promover la innovación y la adopción de la IA, garantizando al mismo tiempo un alto nivel de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales, incluida la democracia y el Estado de derecho. ¿Qué cambia para las empresas con el artículo 50? Los proveedores de sistemas de IA -incluidos los de propósito general capaces de generar o manipular texto, imágenes, audio o vídeo- deberán garantizar que esos contenidos incorporen un marcado en formato legible por máquina que permita detectar que han sido generados o manipulados mediante IA. Asimismo, quienes desplieguen sistemas de IA que generen o manipulen texto destinado a informar al público sobre asuntos de interés público deberán revelar que dicho contenido ha sido generado o manipulado por IA. El Reglamento exime de esta obligación cuando exista un proceso de revisión humana o control editorial y una persona física o jurídica asuma la responsabilidad editorial de la publicación. No obstante, la Comisión Europea aclara que las revisiones meramente formales -como la corrección ortográfica o gramatical- no se consideran revisión humana ni control editorial a estos efectos. La Comisión concreta que la obligación afecta a contenidos sobre política, procesos democráticos, administración y servicios públicos, justicia, derechos fundamentales, seguridad pública, salud pública, protección ambiental, seguridad del consumidor y cualquier materia económica, financiera, científica o cultural susceptible de debate público. El cumplimiento de estas obligaciones será supervisado por las autoridades nacionales de vigilancia del mercado. Su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones previstas en el reglamento, que para determinadas infracciones pueden alcanzar hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación anual total del ejercicio anterior, aplicándose la cifra que sea más elevada. Al imponer las sanciones, las autoridades podrán tener en cuenta el principio de proporcionalidad en el caso de pymes y pequeñas empresas de mediana capitalización.La Unión Europea (UE) afronta desde ayer, 2 de agosto, un nuevo hito en la implementación del Reglamento europeo de inteligencia artificial (AI Act), con la entrada en vigor de las primeras obligaciones de transparencia y el inicio de la aplicación de las disposiciones aplicables a nivel nacional y comunitario.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2741501025-1-p486078-m1516012-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/primeras-obligaciones-de-transparencia-de-la-ley-de-iahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2741501025-1-p486078-m1516012-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/primeras-obligaciones-de-transparencia-de-la-ley-de-iahttps://elderecho.com/primeras-obligaciones-de-transparencia-de-la-ley-de-iahttps://elderecho.com/primeras-obligaciones-de-transparencia-de-la-ley-de-ia2026-08-03 07:46:272026-08-03 07:46:27derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico486077Concretamente, la ley obliga a los fabricantes a realizar las reparaciones necesarias "en un plazo razonable" y, en caso de que estas no sean de carácter gratuito, también a un "precio razonable", con el objetivo de alentar la opción de la reparación. Este derecho a reparar forma parte de la reforma de las normas de protección del consumidor de la UE, que entró en vigor el martes 30 de julio de 2024 y que establece el "derecho a reparar" para asegurar que, cuando se averían dispositivos como televisores, lavadoras o teléfonos móviles, el cliente pueda exigir la reparación del aparato en lugar de su reemplazo. Ahora, una vez finalizado el plazo para que los Estados miembros incorporasen a su legislación la Directiva (UE) 2024/1799, que hace referencia al derecho a reparar, la norma comienzan a aplicarse en España oficialmente, tal y como se indica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El objetivo es que reparar un dispositivo, por ejemplo un 'smartphone' u ordenador, resulte más fácil y atractivo que adquirir uno nuevo, en muchos casos, promoviendo que esta opción sea más económica que sustituirlo. La directiva cubre principalmente los dispositivos para los que la legislación europea ya obliga a los fabricantes a disponer de servicios de reparación y piezas de recambio, como lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, aspiradoras, pantallas electrónicas o determinados teléfonos y tabletas, entre otros. Así, entre sus novedades, obliga a que los fabricantes ofrezcan la reparación de sus productos siempre que sea técnicamente posible, incluso cuando la garantía legal ya haya expirado. Asimismo, deberá realizarse en un plazo y a un precio razonables. Igualmente, los fabricantes no podrán impedir la reparación mediante cláusulas contractuales, 'software' o 'hardware', salvo cuestiones de seguridad o protección de propiedad intelectual. También deberán facilitar el acceso a piezas de recambio y herramientas cuando así lo exija la normativa. Además, si se opta por la reparación, la garantía del producto se deberá ampliar por 12 meses sobre el bien reparado. La norma establece, asimismo, que los consumidores que opten por la reparación tendrán derecho a recibir un dispositivo de sustitución prestado mientras se arregla el de su propiedad o a elegir una unidad reacondicionada como alternativa. Con todo, los fabricantes podrán entregar un documento estandarizado con información clara sobre el coste, plazo, condiciones y validad de la oferta de reparación, de manera que los usuarios puedan comparar entre presupuestos de distintos servicios de reparación. En la práctica, para los consumidores, esto significa reducir la obsolescencia y los residuos electrónicos, ya que dispondrán de más opciones para reparar, una mayor transparencia de precios y plazos de reparación, mejor acceso a piezas y garantías más favorables. Cabe destacar que la normativa de derecho a reparar es distinta a otra regulación europea que entrará en vigor más adelante en febrero de 2027, como es el Reglamento (UE) 2023/1542 relativo a las pilas y baterías y sus residuos. En este caso, comenzarán a aplicarse los requisitos que obligarán a que las baterías de muchos dispositivos portátiles, como los teléfonos móviles, sean fácilmente sustituibles por el usuario. Compañías como Nintendo ya lo están poniendo en práctica.La llamada ley del derecho a reparar de la Unión Europea empieza a aplicarse desde el pasado viernes 31 de julio de 2026 en España, una vez que expiró el plazo para que los Estados miembros incorporaran a su legislación la Directiva (UE) 2024/1799.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2739343201-1-p486077-m1515994-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-derecho-a-reparar-dispositivos-ya-es-de-obligado-cumplimiento-en-espanahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2739343201-1-p486077-m1515994-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-derecho-a-reparar-dispositivos-ya-es-de-obligado-cumplimiento-en-espanahttps://elderecho.com/el-derecho-a-reparar-dispositivos-ya-es-de-obligado-cumplimiento-en-espanahttps://elderecho.com/el-derecho-a-reparar-dispositivos-ya-es-de-obligado-cumplimiento-en-espana2026-08-03 07:40:362026-08-03 07:40:36sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico486076Así lo ha acordado la Sala de lo Contencioso-Administrativo en una sentencia, recogida por Europa Press, en la que el alto tribunal rechaza el recurso de la Abogacía del Estado contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que avaló que una madre recibiera el subsidio pese a no vivir con la víctima. Según el relato de hechos, la víctima fue asesinada en 2017 tras recibir varias cuchilladas, algunas de ellas en el cuello. La Audiencia Provincial de Murcia condenó al acusado como autor de un delito de asesinato con alevosía. En 2019, la madre de la víctima solicitó la ayuda que pudiera corresponderle como víctima indirecta de un delito violento y doloso con resultado de muerte por el fallecimiento de su hija, una petición que fue rechazada por los órganos encargados de otorgarla alegando que "no había acreditado convivencia" con su hija. La madre interpuso un recurso contencioso-administrativo al TSJ de Murcia, que le dio la razón porque, pese a no convivir con su hija, "ello no significa que no pueda justificar que dependía económicamente de ella", recoge el Supremo de la sentencia. El abogado del Estado pedía al Supremo en su recurso de casación que confirmase la legalidad de la denegación de la ayuda alegando que era necesaria la convivencia para recibir el subsidio. La ayuda puede darse con y sin convivencia El Supremo, no obstante, da la razón a la mujer y señala que "la dependencia económica puede darse tanto si hay convivencia como si no". "Requerir la convivencia supone añadir un nuevo requisito que no está, ni necesaria ni directamente, relacionado con la situación en la que los gastos o las cargas de la persona progenitora se satisfacen en su parte más sustancial por el hijo o la hija", añade. A su juicio, la cohabitación "puede tener lugar sin que haya dependencia económica entre los convivientes y, al contrario, la dependencia económica puede darse sin que exista convivencia". La Sala admite que, como sostiene la Abogacía del Estado, la Ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual "enuncia los requisitos necesarios para acreditar la dependencia económica, no estableciendo una mera presunción de tal dependencia cuando aquellos requisitos concurran". Sin embargo, el Supremo insiste en que el propósito de la ley es el de "paliar los efectos que el delito ha producido", reconociendo que, "en el caso de los delitos violentos, las víctimas sufren, además, las consecuencias de una alteración grave e imprevista de su vida habitual, evaluable en términos económicos". Por ello, aduce, establece "un sistema de ayudas públicas en beneficio de las víctimas directas e indirectas de los delitos dolosos y violentos". "Este sistema quedaría desnaturalizado en lo que respecta a los padres de la persona fallecida si se admitiera que, además de la dependencia económica exigida legalmente, se requiera la convivencia impuesta reglamentariamente, por más que dicha convivencia se quiera conectar con aquella dependencia económica, que, repetimos, no se infiere de la finalidad ni, mucho menos, de las reglas legales", indica. Por tanto, el tribunal concluye que el requisito de la convivencia de los padres con la víctima directa para acreditar la dependencia económica "excede de las disposiciones" de la mencionada ley. Así, el Supremo avala la sentencia del TSJ de Murcia, que reconoció el derecho de la mujer a recibir el subsidio, y anula el inciso "vinieran conviviendo con éste" contenido en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, "debiéndose publicar esta anulación en el Boletín Oficial del Estado".El Tribunal Supremo ha avalado que los padres de vícitmas de asesinatos puedan recibir la ayuda por el fallecimiento de un familiar si dependían económicamente de él, al retirar el precepto que hacía obligatoria la convivencia para percibir el subsidio.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20140822_0006_1-p486076-m1515973-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ts-avala-que-padres-de-victimas-de-asesinato-puedan-recibir-ayuda-por-la-muerte-de-un-familiar-aunque-no-convivieranhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20140822_0006_1-p486076-m1515973-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ts-avala-que-padres-de-victimas-de-asesinato-puedan-recibir-ayuda-por-la-muerte-de-un-familiar-aunque-no-convivieranhttps://elderecho.com/el-ts-avala-que-padres-de-victimas-de-asesinato-puedan-recibir-ayuda-por-la-muerte-de-un-familiar-aunque-no-convivieranhttps://elderecho.com/el-ts-avala-que-padres-de-victimas-de-asesinato-puedan-recibir-ayuda-por-la-muerte-de-un-familiar-aunque-no-convivieran2026-08-03 07:37:272026-08-03 07:37:27administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico486079El nombramiento refuerza la presencia de profesionales españoles en los mecanismos institucionales de resolución de conflictos comerciales internacionales en un momento de creciente actividad económica entre España, Latinoamérica y China, donde cada vez más empresas mantienen relaciones comerciales, proyectos de inversión o alianzas estratégicas con compañías del mercado asiático. Con sede en Shenzhen, uno de los principales centros financieros, tecnológicos y logísticos de China, el SQICMC es una institución oficial de mediación comercial vinculada a la Zona de Cooperación Shenzhen-Hong Kong. Registrada ante la Oficina de Asuntos Civiles de Shenzhen y supervisada por diferentes organismos públicos de la ciudad, la entidad promueve la resolución extrajudicial de controversias comerciales nacionales e internacionales en ámbitos como comercio exterior, inversión, financiación, propiedad intelectual, construcción, inmobiliario o asuntos marítimos. Su modelo reúne a profesionales de diferentes jurisdicciones para facilitar la resolución de conflictos entre empresas que operan en distintos mercados, consolidándose como uno de los principales mecanismos de mediación comercial impulsados por China para reforzar la seguridad jurídica en las relaciones comerciales internacionales. Una vía cada vez más relevante para las empresas internacionales La mediación comercial internacional se ha consolidado como una alternativa cada vez más utilizada para resolver controversias derivadas de operaciones transfronterizas, al ofrecer procedimientos más ágiles, confidenciales y eficientes que el litigio judicial o, en determinados supuestos, el arbitraje. Para las empresas españolas y latinoamericanas con intereses en Asia, contar con profesionales conocedores tanto del entorno jurídico europeo como del ecosistema institucional chino puede facilitar la gestión de conflictos comerciales y contribuir a preservar las relaciones empresariales. "Las relaciones económicas entre España, Latinoamérica y China son hoy mucho más intensas y complejas que hace apenas unos años. En ese contexto, disponer de mecanismos eficaces para resolver disputas comerciales resulta esencial para generar confianza y ofrecer seguridad jurídica a las empresas que operan internacionalmente. Formar parte del panel internacional de mediadores del SQICMC supone una oportunidad para contribuir a ese objetivo y seguir acercando dos entornos jurídicos con modelos y culturas empresariales diferentes", afirma Álvaro de Luis Andrés, socio director del Asian Desk de NET CRAMAN Abogados. Licenciado en Derecho por la Universidad CEU San Pablo, Álvaro de Luis Andrés cuenta con más de una década de experiencia asesorando a empresas en procesos de internacionalización y desarrollo de negocio en Asia. Desde NET CRAMAN dirige el Asian Desk de la firma, que cuenta con oficinas en Guangzhou, Hong Kong y Singapur y presta asesoramiento jurídico a compañías con intereses comerciales en la región.Álvaro de Luis Andrés, socio director del Asian Desk de NET CRAMAN Abogados, ha sido nombrado miembro del panel internacional de mediadores del Shenzhen Qianhai International Commercial Mediation Center (SQICMC), uno de los principales centros oficiales de mediación comercial de China especializado en la resolución de disputas transfronterizas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/Alvaro-de-Luis-Andres-socio-director-Asian-Desk-p486079-m1516084-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/alvaro-de-luis-andres-nuevo-mediador-comercial-del-panel-de-mediadores-de-chinahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/Alvaro-de-Luis-Andres-socio-director-Asian-Desk-p486079-m1516084-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/alvaro-de-luis-andres-nuevo-mediador-comercial-del-panel-de-mediadores-de-chinahttps://elderecho.com/alvaro-de-luis-andres-nuevo-mediador-comercial-del-panel-de-mediadores-de-chinahttps://elderecho.com/alvaro-de-luis-andres-nuevo-mediador-comercial-del-panel-de-mediadores-de-china2026-08-03 05:29:352026-08-03 05:29:35sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico486028La sentencia del Tribunal Supremo que prohibió el rechazo en frontera para migrantes que llegasen a Ceuta o Melilla a nado señala que "nada impediría" aplicar las llamadas 'devoluciones en caliente' de establecerse "elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza". Se trata de una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal del pasado 8 de julio, recogida por Europa Press, que dictaminó que a estas personas se les debe aplicar el procedimiento de devolución ordinario y no el de rechazo en frontera. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha insistido en modificar la ley "por todos los medios" pues, a su juicio esta sentencia del Supremo provoca una "laguna" que "hay que remediar", después de la entrada de cientos de personas desde Marruecos a través de la frontera de la ciudad autónoma, donde también se han registrado cruces a nado y por el espigón. El alto tribunal remarcó el interés casacional en "determinar si es aplicable la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería respecto de las personas que son interceptadas en el mar, al pretender entrar a nado en las ciudades de Ceuta y Melilla y por ello es posible aplicarles el procedimiento de rechazo en frontera". Dicha disposición adicional reza: "Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España". Y es que el Supremo recoge que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, entendió que quien entra a nado "no supera un elemento de contención fronterizo", por lo que no era aplicable la disposición adicional décima, un criterio compartido por la Sala. Así, remarca que el rechazo en frontera dentro de Ceuta y Melilla "no está contemplado con carácter general" en la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería "para todos los extranjeros que intentan cruzar irregularmente la frontera, sea terrestre o marítima, sino solo para aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas". Entonces, el alto tribunal precisa que la ley se refiere a elementos de contención fronterizos "y no exclusivamente a los terrestres ni, específicamente, a las vallas". Por ello, indica que "nada impediría que, de establecerse elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza, pudiera ser de aplicación la referida disposición adicional décima a quienes pretendieran cruzar irregularmente la frontera superando esos elementos de contención marítimos". Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han reconocido la necesidad de adoptar medidas ante estas situaciones de crisis, si bien han señalado que sería un "error" obviar el resto de problemas -sociales, políticos, humanitarios y económicos- que envuelven este tipo de crisis y poner el foco en resoluciones judiciales que, precisamente, "sirven para garantizar derechos humanos".El alto tribunal establece que las personas que accedan a Ceuta o Melilla a nado deben someterse al procedimiento ordinario de devolución, aunque admite que el rechazo en frontera podría aplicarse si existieran elementos de contención marítimos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2657931591-scaled-p486028-m1515842-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tribunal-supremo-limita-las-devoluciones-en-caliente-en-el-mar-a-los-cruces-que-superen-elementos-de-contencionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2657931591-scaled-p486028-m1515842-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tribunal-supremo-limita-las-devoluciones-en-caliente-en-el-mar-a-los-cruces-que-superen-elementos-de-contencionhttps://elderecho.com/el-tribunal-supremo-limita-las-devoluciones-en-caliente-en-el-mar-a-los-cruces-que-superen-elementos-de-contencionhttps://elderecho.com/el-tribunal-supremo-limita-las-devoluciones-en-caliente-en-el-mar-a-los-cruces-que-superen-elementos-de-contencion2026-07-31 10:39:522026-07-31 10:39:52administrativoAdministrativo1Administrativo486015La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha destacado el buen comportamiento de la economía española y estima que podría crecer más de lo esperado en 2026, hasta el entorno del 2,5%. La patronal ha ensalzado la evolución económica de España, que mantiene su senda expansiva durante el segundo trimestre del año pese al retroceso de la de la inversión en bienes de equipo y la pérdida de fuerza del sector exterior, que impactan negativamente en la competitividad. De acuerdo con el avance de datos publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la actividad económica se ha acelerado una décima por encima con respecto al trimestre anterior (+0,7%), motivada por el mayor dinamismo de la demanda interna (+0,6 puntos). En tasa interanual, el PIB marca una tendencia de estabilidad, con un crecimiento del 2,7% por cuarto trimestre consecutivo. "Esto se debe a que el impacto del conflicto en Irán no ha sido relevante en el conjunto de la actividad económica", ha señalado la organización que dirige Antonio Garamendi. Todo ello pese a la desaceleración de la inversión bienes de equipo, que retrocede hasta el 0,1%, tres décimas menos que el trimestre anterior y siete que con respecto al cuatro trimestre de 2025. La inversión en vivienda y construcción también permanece estancada en el 0,1% por segundo trimestre consecutivo. Del lado positivo, destaca el repunte de la inversión en productos de propiedad intelectual, hasta el 1,7%, ocho décimas más que en el primer trimestre. Así, la composición del crecimiento repite el mismo patrón del trimestre anterior, siendo el consumo privado y la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) las variables que más han aportado al crecimiento, un 0,7% y un 0,4% trimestral. El sector exterior, por su parte, continúa en mínimos, con tan solo un 0,1% de avance en el trimestre.La patronal destaca la fortaleza de la demanda interna y la aceleración del PIB en el segundo trimestre, aunque advierte del debilitamiento de la inversión en bienes de equipo y de la escasa aportación del sector exterior.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/foto-ceoe-p486015-m1515808-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/ceoe-eleva-al-entorno-del-25-su-prevision-de-crecimiento-para-la-economia-espanola-en-2026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/foto-ceoe-p486015-m1515808-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/ceoe-eleva-al-entorno-del-25-su-prevision-de-crecimiento-para-la-economia-espanola-en-2026https://elderecho.com/ceoe-eleva-al-entorno-del-25-su-prevision-de-crecimiento-para-la-economia-espanola-en-2026https://elderecho.com/ceoe-eleva-al-entorno-del-25-su-prevision-de-crecimiento-para-la-economia-espanola-en-20262026-07-31 10:23:552026-07-31 10:23:55fiscalFiscal6Fiscal