https://elderecho.com/feedes488507Para conocer el funcionamiento de las principales amenazas asociadas al uso de la IA y las medidas que pueden adoptar despachos y pymes, Lefebvre Formación organiza el "Curso Ciberseguridad con IA para despachos y PYMES", estructurado en tres sesiones webinar, que se celebrará los días 7, 9 y 14 de octubre, y será impartido por Hugo Ramallo García, formador y divulgador en Inteligencia Artificial. Esta formación tiene como objetivo facilitar la comprensión del funcionamiento básico de la inteligencia artificial y de su impacto en materia de ciberseguridad. El programa aborda tanto la identificación de amenazas asociadas al uso de modelos de lenguaje y otras herramientas de IA como la aplicación de mecanismos de detección y respuesta ante posibles incidentes. Técnicas de ataque y mecanismos de defensa El primer bloque de las sesiones se dedica a analizar cómo ataca la IA: amenazas reales y técnicas ofensivas. Tras una introducción a la arquitectura básica de los grandes modelos de lenguaje (LLM), se mostrarán técnicas de ataque como el Prompt injection, el Jailbreaking y el Data poisoning, junto a casos prácticos relacionados con estas técnicas. Una segunda parte examinará la vertiente defensiva de estas tecnologías. El programa incluye la detección de anomalías mediante IA, el denominado AI blue teaming, cuestiones relacionadas con privacidad y distintos casos prácticos. En el último bloque se tratarán los retos y las medidas de mitigación vinculados al empleo de inteligencia artificial y la gestión de incidentes. Los asistentes podrán identificar amenazas, utilizar herramientas de IA de forma segura y establecer criterios de control y políticas de uso orientados a reducir los riesgos en el ámbito profesional, gracias a esta formación, que incluye también entre sus objetivos la incorporación de criterios de privacidad y protección de datos en el empleo de estas tecnologías. RIA, NIST y OWASP como referencias La dimensión normativa y de gobernanza ocupa igualmente una parte del programa. La formación contempla el marco legal del Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA) y los marcos de referencia NIST y OWASP, además de la definición de políticas internas para el uso de inteligencia artificial en los despachos. De este modo, el contenido combina aspectos técnicos de ciberseguridad con cuestiones de privacidad, protección de datos, gestión de incidentes y establecimiento de reglas organizativas para el empleo de sistemas de IA. Infórmate e inscríbete en el Curso Ciberseguridad con IA para despachos y PYMES  La incorporación de herramientas de IA al entorno profesional implica conocer y abordar las amenazas relacionadas con su utilización, y así poder establecer los mecanismos necesarios para proteger la información y los sistemas de las organizaciones.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2633904983-1-p488507-m1523678-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ciberseguridad-con-ia-para-despachos-y-pymeshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2633904983-1-p488507-m1523678-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ciberseguridad-con-ia-para-despachos-y-pymeshttps://elderecho.com/ciberseguridad-con-ia-para-despachos-y-pymeshttps://elderecho.com/ciberseguridad-con-ia-para-despachos-y-pymes2026-09-16 17:22:092026-09-16 17:22:09ciberseguridadCiberseguridadderecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoCiberseguridad,Derecho TIC,Sector jurídico488460Deloitte Legal consolida su posicionamiento en Andalucía con la incorporación de Juan Urbano como nuevo socio del área Laboral. También se incorpora un equipo de cinco profesionales especializados en Derecho Laboral y Seguridad Social que aporta una sólida experiencia en el asesoramiento a compañías en los sectores más relevantes de la región, así como un profundo conocimiento del tejido empresarial andaluz. Esta operación se enmarca en la estrategia de expansión de Deloitte en Andalucía. Con este paso, la Firma amplía sus capacidades para acompañar a las organizaciones ante los desafíos derivados de la transformación del mercado laboral, los cambios normativos, los procesos de digitalización y la creciente complejidad en la gestión de personas. Juan Urbano se incorpora a un equipo con amplia experiencia en el asesoramiento laboral a compañías nacionales e internacionales, que combina un enfoque multidisciplinar con un profundo conocimiento sectorial para ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente. Con más de 15 años de trayectoria, Juan Urbano ha desarrollado su carrera profesional asesorando a empresas de diversos sectores en materia de Derecho Laboral y Seguridad Social. Cuenta con una amplia experiencia en el acompañamiento a las empresas en la gestión de sus relaciones laborales, así como en el asesoramiento en procesos colectivos y reestructuraciones, relaciones sindicales, previsión social complementaria y relaciones laborales especiales de alta dirección o de deportistas profesionales. Hasta su incorporación a Deloitte Legal, dirigía la oficina de Málaga de uno de los principales despachos especializados en esta disciplina en España, donde lideró el asesoramiento a entidades de los sectores financiero, de consumo y de servicios. Además de su actividad profesional, Juan ha mantenido una estrecha vinculación con el ámbito académico como docente en distintos programas de formación y ha participado en la elaboración de publicaciones especializadas sobre Derecho del Trabajo y Seguridad Social, lo que ha contribuido a consolidar su reconocimiento en este ámbito. Para Juan Urbano, «incorporarme a Deloitte supone una oportunidad extraordinaria para continuar desarrollando un proyecto de crecimiento en Andalucía. La combinación de la experiencia acumulada y el conocimiento del mercado local con las capacidades multidisciplinares de Deloitte nos permitirá seguir acompañando a las empresas en sus principales retos laborales y de negocio». Por su parte, Adolfo Gutiérrez de Gandarilla, socio responsable de Deloitte en Andalucía, y Luis Collado, responsable del área afirman: «La incorporación de Juan permitirá reforzar el crecimiento de Deloitte Legal en Andalucía. Su llegada y la de su equipo supone un paso decisivo en esa hoja de ruta, ya que nos dota de una capacidad diferencial en el ámbito del asesoramiento laboral y de Seguridad Social, reforzando una propuesta de valor única que permite a Deloitte acompañar de manera integral a sus clientes en todas sus necesidades de asesoramiento».También se incorpora un equipo de cinco profesionales especializados en Derecho Laboral y Seguridad Social que aporta una sólida experiencia en el asesoramiento a compañías en los sectores más relevantes de la región, así como un profundo conocimiento del tejido empresarial andaluz.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Juan-Urbano-Deloitte-scaled-p488460-m1523568-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/deloitte-legal-refuerza-su-practica-en-andalucia-con-juan-urbano-como-nuevo-socio-de-laboralhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Juan-Urbano-Deloitte-scaled-p488460-m1523568-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/deloitte-legal-refuerza-su-practica-en-andalucia-con-juan-urbano-como-nuevo-socio-de-laboralhttps://elderecho.com/deloitte-legal-refuerza-su-practica-en-andalucia-con-juan-urbano-como-nuevo-socio-de-laboralhttps://elderecho.com/deloitte-legal-refuerza-su-practica-en-andalucia-con-juan-urbano-como-nuevo-socio-de-laboral2026-09-16 14:40:352026-09-16 14:40:35sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488459La oposición, celebrada en esta ocasión en el Colegio Notarial de Madrid, comenzó en 2025 y finalizó el pasado 23 de julio con la publicación de las puntuaciones. Un total de 847 opositores de toda España iniciaron las pruebas para optar a las 140 plazas convocadas, de las que finalmente se han cubierto 126. La nueva promoción está integrada por 73 mujeres (57,9%) y 53 hombres (42,1%), procedentes de 16 comunidades autónomas. Madrid es la que cuenta con mayor representación, con 30 aprobados, seguida de Andalucía, con 28, y Cataluña, con 22. A continuación se sitúan Castilla y León y Murcia, con ocho nuevos notarios cada una; la Comunidad Valenciana, con siete; Aragón, con seis; Galicia y Canarias, con tres cada una; y Asturias, País Vasco, Baleares y Navarra, con dos cada una. Cantabria, Castilla-La Mancha y La Rioja cuentan con un aprobado por comunidad. En esta promoción, como en las inmediatamente precedentes, el tiempo medio dedicado a preparar la oposición se sitúa en torno a siete años, con jornadas habituales de entre ocho y diez horas de estudio. Muchos de los aprobados se han preparado en las academias de opositores de los colegios notariales, que ofrecen formación gratuita. Además, algunos de ellos han contado con becas destinadas a apoyarles económicamente durante los años de preparación de la oposición. Requisitos para ser notario Para convertirse en notario hay que ser español u ostentar la nacionalidad de cualquier país miembro de la Unión Europea. Además, hay que ser Doctor en Derecho, Graduado en Derecho o título equivalente en Derecho. Según el Reglamento Notarial vigente los ejercicios de la oposición son cuatro: los dos primeros, orales, y los dos segundos, escritos. Tanto los dos primeros como la lectura del tercero y de la primera parte del cuarto son públicos.El BOE publicó ayer la lista de aprobados de la última oposición a notario. Un total de 126 opositores (73 mujeres y 53 hombres) superaron las pruebas y conforman la nueva promoción de notarios que próximamente empezará a ejercer en pueblos y ciudades de toda España.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Notario-firma-documento_EDEIMA20120913_0001_1-p488459-m1523536-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/nueva-promocion-de-notarios-73-mujeres-y-53-hombreshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Notario-firma-documento_EDEIMA20120913_0001_1-p488459-m1523536-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/nueva-promocion-de-notarios-73-mujeres-y-53-hombreshttps://elderecho.com/nueva-promocion-de-notarios-73-mujeres-y-53-hombreshttps://elderecho.com/nueva-promocion-de-notarios-73-mujeres-y-53-hombres2026-09-16 11:55:062026-09-16 11:55:06sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488494El TSJN ratifica el fallo dictado el pasado febrero por la plaza nº 3 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Pamplona. La empresa demandada, que se dedica a la realización de trabajos de carpintería, fijó un calendario anual, en el que se dispusieron las vacaciones conjuntas de la totalidad de los trabajadores. El calendario, que se dio a conocer a la totalidad de los operarios, se colocó en el vestuario a la vista de toda la plantilla. En el año 2025, se fijaron las vacaciones de verano, en el mes de julio del 7 al 18 (viernes) y en agosto del 18 al 29. El demandante, empleado como peón, viajó a Ecuador del 8 de julio al 11 de agosto. El 22 de julio, la empresa inició el expediente sancionador. El periodo vacacional había finalizado el lunes 21 sin que el trabajador se hubiera reincorporado. La empresa, que intentó comunicarse con él sin éxito, sufrió perjuicios organizativos y económicos por su ausencia, ya que se vio obligada a suspender y rechazar trabajos y encargos, con las consiguientes pérdidas. En sus alegaciones, el trabajador arguyó haber pactado con el jefe las vacaciones desde el 7 de julio al 12 de agosto, pero, según subraya el Tribunal, no se ha acreditado dicha autorización. Para la Sala, la sanción de despido es proporcional, ya que el convenio colectivo considera falta muy grave la ausencia injustificada por más de tres días en un mes, y en este caso fueron 17 días. La antigüedad del trabajador y la ausencia de sanciones previas, agregan los magistrados, no justifican una sanción menor, dado el perjuicio causado y la gravedad de la falta.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado el despido de un trabajador que se ausentó de su puesto durante 17 días sin justificación ni autorización debido a que estaba de vacaciones fuera del periodo fijado por la empresa.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2667899491-1-p488494-m1523639-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/despido-de-trabajador-por-disfrutar-de-17-dias-mas-de-vacaciones-sin-permisohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2667899491-1-p488494-m1523639-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/despido-de-trabajador-por-disfrutar-de-17-dias-mas-de-vacaciones-sin-permisohttps://elderecho.com/despido-de-trabajador-por-disfrutar-de-17-dias-mas-de-vacaciones-sin-permisohttps://elderecho.com/despido-de-trabajador-por-disfrutar-de-17-dias-mas-de-vacaciones-sin-permiso2026-09-16 11:45:452026-09-16 11:45:45sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social488434La sentencia detalla que, en junio de 2019, el acusado Fermín sacó a su madre de la residencia donde vivía debido a su deterioro cognitivo, bajo la excusa de unas vacaciones, y desde entonces impidió que sus cinco hermanos la visitaran o contactaran con ella. Meses después, acudió a una notaría de Oviedo junto a él para otorgarle un apoderamiento general, un documento sobre voluntades anticipadas donde lo nombraba tutor legal y, posteriormente, un testamento que lo beneficiaba como principal heredero. Paralelamente, se tramitó una demanda de incapacidad presentada por otro de los hermanos, tras la cual la justicia designó oficialmente a Fermín como tutor de su madre, una decisión que fue recurrida por la familia, pero ratificada por la Audiencia Provincial. En agosto de 2019 se abrió una cuenta en ING a nombre de la anciana con su hijo Fermín como autorizado, donde se ingresaron 10.000 euros procedentes de otra cuenta de la titular y se centralizó su pensión y gastos. Posteriormente, en enero de 2020, la madre realizó un traspaso de 25.000 euros entre cuentas propias de Liberbank (actual Unicaja). Meses más tarde, en junio y julio de 2020, la esposa del acusado, quien estaba autorizada, retiró 28.000 euros en total, cantidad que el acusado se apropió en su propio beneficio. Dicha cuenta fue cancelada en septiembre de 2020, antes de que el acusado asumiera formalmente su cargo de tutor en febrero de 2021, por lo que este saldo no se incluyó en el inventario judicial de bienes. La Sala expresa que la sentencia de instancia está correctamente motivada porque explica de forma razonada sus conclusiones, aunque el recurrente no las comparta. El tribunal considera probado que el acusado, en su calidad de tutor, ocultó en el inventario judicial una cuenta bancaria de la que él y su mujer eran los únicos autorizados, habiendo excluido previamente a otros familiares. Desde esa cuenta, la esposa realizó extracciones por importe de 28.000 euros que el tutor no declaró ni justificó adecuadamente. El tribunal descartó las explicaciones del condenado -como gastos en la adaptación de la vivienda o el supuesto uso libre por parte de la anciana- por carecer de veracidad según los testimonios de los testigos. Por tanto, la sentencia es sólida y cumple con la motivación exigida. TSJ de Asturias. Sala de lo Civil y Penal. Sentencia nº 32/2026 de 11 de junio de 2026.El TSJ de Asturias ha rechazado el recurso de un hombre contra la sentencia que le condenó a tres años y medio de cárcel por apropiarse de 28.000 euros de su madre enferma. Además de restituir el dinero, el tribunal mantiene la multa impuesta de 2.710 euros.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2729112601-1-p488434-m1523496-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/tres-anos-y-medio-de-prision-por-apropiarse-de-28-000-euros-de-su-madre-enfermahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2729112601-1-p488434-m1523496-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/tres-anos-y-medio-de-prision-por-apropiarse-de-28-000-euros-de-su-madre-enfermahttps://elderecho.com/tres-anos-y-medio-de-prision-por-apropiarse-de-28-000-euros-de-su-madre-enfermahttps://elderecho.com/tres-anos-y-medio-de-prision-por-apropiarse-de-28-000-euros-de-su-madre-enferma2026-09-16 10:59:202026-09-16 10:59:20penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico488433Pérez-Llorca continúa avanzando en su estrategia de internacionalización con el traslado de dos de sus socios de Colombia. Juan David Quintero, socio de Corporativo y M A, se incorporará a la oficina de Nueva York desde Bogotá, mientras que Alejandro Sanabria, socio de Tributario, desarrollará su actividad desde Madrid. Ambos continuarán practicando Derecho colombiano desde sus nuevas ubicaciones. Los traslados responden al crecimiento de los flujos de inversión entre América y Europa y a la creciente interrelación de ambas regiones con Asia y Oriente Medio. En este contexto, compañías, fondos e inversores abordan cada vez con mayor frecuencia operaciones que combinan distintas jurisdicciones, fuentes de financiación y centros de decisión. La presencia de abogados colombianos en Nueva York y Madrid permitirá al Despacho conectar de forma más directa estas oportunidades con sus equipos en América Latina y prestar un asesoramiento coordinado desde algunos de los principales centros financieros y empresariales del mundo. Estos movimientos forman parte del Proyecto Scala, la iniciativa interna destinada a aprovechar las oportunidades derivadas del proceso de internacionalización del Despacho y que tiene como objetivos consolidar una plataforma jurídica iberoamericana plenamente integrada, coordinar el asesoramiento a clientes multijurisdiccionales y favorecer la movilidad y el desarrollo profesional de sus abogados. El traslado de Juan David Quintero a Nueva York permitirá fortalecer la relación de Pérez-Llorca con las firmas estadounidenses con las que colabora habitualmente y que asesoran en operaciones e inversiones dirigidas hacia América Latina. Quintero cuenta con más de 15 años de experiencia en fusiones y adquisiciones locales y transfronterizas, fondos de capital privado, joint ventures y reorganizaciones empresariales. Es abogado admitido para ejercer en Colombia y en el estado de Nueva York, y cuenta con una maestría en Derecho Corporativo de New York University School of Law y formación en negocios de NYU Stern School of Business. Por su parte, el traslado de Alejandro Sanabria a Madrid responde al interés sostenido de inversores y compañías españolas y europeas por identificar oportunidades y desarrollar sus negocios en Colombia y en el conjunto de América Latina. Su experiencia en tributación internacional y asesoría fiscal en operaciones de fusiones y adquisiciones, financiación, fondos de inversión, infraestructura, energía e inversión inmobiliaria le permitirá aportar conocimiento de los mercados latinoamericanos a los equipos que acompañan a inversores europeos en sus procesos de entrada, expansión y estructuración en la región. “Nuestra estrategia internacional parte de una realidad: las inversiones ya no se articulan de manera aislada entre dos jurisdicciones, sino que involucran cada vez más a compañías, fondos, financiadores y asesores de diferentes mercados. La incorporación de Juan David y Alejandro a nuestras oficinas de Nueva York y Madrid nos permitirá acercar el conocimiento del Derecho colombiano a los lugares donde se originan y estructuran muchas de estas operaciones, estar más cerca de las firmas estadounidenses con las que trabajamos y acompañar de forma coordinada a nuestros clientes en sus proyectos en América Latina”, señala Iván Delgado, Socio Ejecutivo Internacional de Pérez-Llorca, basado en Nueva York. Esta iniciativa se apoya en una estructura de liderazgo cercana a los principales mercados de la región. Iván Delgado dirige la estrategia internacional de Pérez-Llorca desde Nueva York, mientras que Pedro Pérez-Llorca, socio director del Despacho, se trasladó temporalmente por un año a comienzos de 2026 a Ciudad de México para acompañar al equipo de las Américas y reforzar desde allí el desarrollo de la plataforma iberoamericana.Los traslados se enmarcan en el Proyecto Scala y responden a los crecientes flujos de inversión entre América y Europa, así como a la progresiva conexión de ambas regiones con Asia y Oriente Medio.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Juan-David-Quintero_Alejandro-Sanabria-p488433-m1523457-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/perez-llorca-refuerza-sus-oficinas-de-nueva-york-y-madrid-con-los-socios-colombianos-juan-david-quintero-y-alejandro-sanabriahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Juan-David-Quintero_Alejandro-Sanabria-p488433-m1523457-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/perez-llorca-refuerza-sus-oficinas-de-nueva-york-y-madrid-con-los-socios-colombianos-juan-david-quintero-y-alejandro-sanabriahttps://elderecho.com/perez-llorca-refuerza-sus-oficinas-de-nueva-york-y-madrid-con-los-socios-colombianos-juan-david-quintero-y-alejandro-sanabriahttps://elderecho.com/perez-llorca-refuerza-sus-oficinas-de-nueva-york-y-madrid-con-los-socios-colombianos-juan-david-quintero-y-alejandro-sanabria2026-09-16 10:48:352026-09-16 10:48:35sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488367La sentencia aborda así la posibilidad de que una situación de incapacidad ya reconocida pueda revisarse posteriormente cuando se produzca un agravamiento. La normativa, explica el Tribunal, contempla expresamente que la gran invalidez pueda sobrevenir después de la jubilación por incapacidad permanente, siempre que la declaración se solicite dentro de los límites temporales establecidos legalmente. En este caso, la funcionaria había sido jubilada por incapacidad permanente con efectos desde diciembre de 2019. En mayo de 2023 solicitó a MUFACE el reconocimiento de la gran invalidez al considerar que el avance de su enfermedad había determinado que necesitara asistencia continuada para realizar actos esenciales de la vida. El Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) hizo constar que padecía “esclerosis múltiple en progresión, con necesidad de uso de silla de ruedas para desplazamiento, y necesidad de ayuda para algunas necesidades”, pero concluyó que no necesitaba de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida diaria. Sobre esa valoración, MUFACE rechazó la solicitud. La Sala recuerda, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Supremo, que los dictámenes de los órganos médicos administrativos gozan de una presunción de legalidad y acierto por las garantías derivadas de los conocimientos técnicos de sus integrantes y de su imparcialidad y objetividad. Pero precisa que esa presunción tiene carácter “eventual” y es, “en todo caso, destruible, por prueba en contrario”. En particular, la resolución señala que los informes facultativos aportados por las partes deben valorarse conforme a las reglas de la sana crítica y pueden “servir como prueba suficiente, atendiendo a las circunstancias del caso, para acreditar error en que incurre el dictamen del tribunal médico”. Durante el procedimiento judicial se aportó una pericial que describía una afectación neurológica severa derivada de la enfermedad, con pérdida total de la marcha y una dependencia casi completa para las actividades de la vida diaria. Las especialistas aplicaron dos escalas de valoración que reflejaban dependencia severa y dependencia instrumental muy severa y concluyeron que necesitaba ayuda de una tercera persona para las actividades básicas e instrumentales. Tras valorar conjuntamente esa prueba y el carácter progresivo de la enfermedad, el tribunal concluye que “puede sostenerse que ha llegado a un estadio en que necesita la ayuda de terceras personas para las actividades básicas de la vida diaria y, por tanto, pueda considerarse que se trata de un supuesto de gran invalidez, tal y como instó la recurrente”. La sentencia recuerda que la legislación define la gran invalidez como aquella situación en la que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, resulta necesaria la asistencia de otra persona para realizar los actos más elementales de la vida, como vestirse, desplazarse, comer u otros análogos. Además, subraya que el Reglamento General del Mutualismo Administrativo contempla específicamente los casos en los que esa necesidad aparece después de haberse producido la jubilación por incapacidad permanente. De este modo, el agravamiento posterior puede dar lugar al reconocimiento de la nueva situación cuando concurran los requisitos establecidos. Como consecuencia, el TSJMU anula las resoluciones administrativas que habían rechazado la solicitud y reconoce a la funcionaria la gran invalidez y el correspondiente complemento, equivalente al 50 % de la pensión de jubilación que le corresponda conforme a la cantidad íntegra acreditada en nómina por el Régimen de Clases Pasivas del Estado. TSJ de Murcia. Sala de lo Contencioso. Sentencia nº 325/2026 de 2 de julio de 2026.La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Región de Murcia ha reconocido la gran invalidez a una funcionaria jubilada por incapacidad permanente después de constatar que la evolución de su enfermedad había provocado una pérdida de autonomía que hacía necesaria la ayuda de terceras personas para las actividades básicas de la vida diaria.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2736159947-1-p488367-m1523258-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/reconocida-la-gran-invalidez-a-una-funcionaria-que-empeoro-tras-jubilarse-por-incapacidadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2736159947-1-p488367-m1523258-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/reconocida-la-gran-invalidez-a-una-funcionaria-que-empeoro-tras-jubilarse-por-incapacidadhttps://elderecho.com/reconocida-la-gran-invalidez-a-una-funcionaria-que-empeoro-tras-jubilarse-por-incapacidadhttps://elderecho.com/reconocida-la-gran-invalidez-a-una-funcionaria-que-empeoro-tras-jubilarse-por-incapacidad2026-09-15 15:55:032026-09-15 15:55:03administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Administrativo,Sector jurídico,Social488406Así mismo, se ha dado el visto bueno para la publicación de cuatro convocatorias del Ministerio para este tipo de actuaciones, dotadas con 126,7 millones de euros y dirigidas a los sectores de la construcción, los oficios, el turismo y a las personas en situación de especial vulnerabilidad. Los 107,4 millones de euros de los fondos que se distribuyen a las comunidades autónomas están dirigidos a acciones formativas que se realicen en centros públicos, enfocadas a sectores estratégicos de especial relevancia económica y social y asociadas a programas estatales. También se promueve que se destinen las acciones a aquellos sectores prioritarios que determine cada comunidad autónoma en el marco de sus propios planes estratégicos. Por otra parte, un 30% de esta inversión está dirigida a personas en situación de vulnerabilidad social o económica, en riesgo de pobreza o exclusión, y a las personas migrantes que han participado en el reciente proceso de regularización de 2026. Convocatorias enfocadas a sectores estratégicos El Ejecutivo ha validado también la publicación de cuatro convocatorias de gestión directa del Ministerio, dirigidas igualmente a la formación de los trabajadores y trabajadoras. Estas convocatorias, que suman 126,7 millones de euros, están enfocadas a los sectores estratégicos en los que se ha detectado una falta de profesionales o dificultades para el relevo generacional, así como a los colectivos que presentan especiales necesidades de formación. La primera convocatoria, dotada con 25 millones de euros, está destinada a financiar acciones en el sector de la construcción industrial y sostenible, como instrumento para modernizar el sector, mejorar la eficiencia de los procesos y construir a incrementar y agilizar la oferta de vivienda de calidad, asequible y sostenible. La segunda, con una asignación de 35 millones de euros, está dirigida a formaciones en oficios y desempeños estratégicos. Incluyen actuaciones en una decena de familias de FP consideradas estratégicas por sus necesidades de cualificación y cobertura de puestos de trabajo, como Edificación y Obra Civil, Instalación y Mantenimiento, Electricidad y Electrónica, Seguridad y Medio Ambiente, entre otras familias. La tercera, de 20 millones de euros, se centrará en el sector del turismo patrimonial, cultural y sostenible. Parte de la relevancia del turismo patrimonial y rural como instrumento de desarrollo económico y territorial, destacando su contribución al desarrollo local, la fijación de población en el medio rural, la diversificación económica y la puesta en valor del patrimonio natural, cultural y etnográfico. La cuarta y última convocatoria está dotada con 46,7 millones de euros y tiene por objetivo financiar acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas en situación de especial vulnerabilidad, en particular a las personas migrantes. Esta última convocatoria forma parte, junto al 30% de los 107,4 millones de euros destinados a personas en situación de vulnerabilidad y a la población migrante, del Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030. Tanto los fondos repartidos a las comunidades autónomas como las convocatorias de ámbito estatal gestionadas por el Ministerio incluyen formación acreditable y acumulable correspondiente a Grado A (microacreditaciones), Grado B (módulos profesionales) y Grado C (certificados profesionales), a excepción de la convocatoria destinada a personas en situación de vulnerabilidad; esta última financiará enteramente certificados profesionales completos, que incorporarán hasta un 25% de complementos formativas destinados a competencias básicas lingüísticas y digitales o competencias empresariales.El Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el reparto a las comunidades autónomas de 107,4 millones de euros para la formación de trabajadores y trabajadoras.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2610417143-1-p488406-m1523370-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/fondos-para-la-formacion-de-trabajadores-y-trabajadorashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2610417143-1-p488406-m1523370-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/fondos-para-la-formacion-de-trabajadores-y-trabajadorashttps://elderecho.com/fondos-para-la-formacion-de-trabajadores-y-trabajadorashttps://elderecho.com/fondos-para-la-formacion-de-trabajadores-y-trabajadoras2026-09-15 15:50:152026-09-15 15:50:15socialSocial13Social488366El Ejecutivo comunitario plantea además reducir de una media de 14 meses a cuatro el reconocimiento de títulos obtenidos fuera de la UE y crear una tarjeta europea de Seguridad Social para solicitar por Internet y acreditar desde el móvil documentos como la Tarjeta Sanitaria Europea, además de reforzar la Autoridad Laboral Europea (ELA) frente al empleo ilegal y los abusos laborales, también cuando afecten a trabajadores de terceros países. Bruselas calcula que el conjunto de las medidas, que deberán ser negociadas y aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo, generará unos beneficios de 6.000 millones de euros hasta 2040 por el ahorro derivado de acelerar el reconocimiento de cualificaciones, verificar en tiempo real los documentos de Seguridad Social y reducir el fraude, entre otros factores. "Las personas deberían poder trabajar en toda Europa con sus derechos sociales protegidos y sus cualificaciones reconocidas más rápidamente. Las empresas deberían poder contratar el talento que necesitan con menos papeleo y menos retrasos", ha defendido la vicepresidenta de la Comisión para Derechos Sociales y Capacidades, Empleo de Calidad y Preparación, Roxana Mînzatu. En el caso de médicos, enfermeros de cuidados generales, dentistas, matronas, veterinarios, farmacéuticos y arquitectos, cuyas titulaciones ya cuentan con un sistema de reconocimiento automático en la UE al existir unos requisitos mínimos comunes de formación, Bruselas propone acortar de tres meses a cinco semanas el tiempo para completar el procedimiento. La Comisión quiere extender además este sistema a otras profesiones mediante requisitos comunes de formación y ha adoptado el primer marco de este tipo para los fisioterapeutas, al tiempo que ha elaborado una lista preliminar de otras diez profesiones en las que estudiará avanzar por esta vía. Los profesionales podrán realizar todo el procedimiento por vía digital y presentar la documentación en cualquiera de las lenguas oficiales de la UE, evitando así traducciones certificadas, una simplificación con la que Bruselas calcula que ciudadanos y administraciones podrán ahorrar unos 486 millones de euros en costes administrativos hasta 2040. A ello se suma la creación de un formato digital común para las cualificaciones, desde la educación secundaria hasta los doctorados, que permitirá almacenarlas en la cartera europea de identidad digital y acreditar su autenticidad, junto a una nueva herramienta de Europass para facilitar la comparación de los títulos expedidos en los distintos Estados miembro. De 14 a cuatro meses para los títulos de fuera de la UE El paquete plantea también establecer unas reglas comunes para reconocer las cualificaciones obtenidas fuera de la UE, tanto por ciudadanos comunitarios como por profesionales de terceros países, con requisitos documentales armonizados y plazos definidos que permitirán reducir de una media de 14 meses a cuatro la duración de estos procedimientos. El Ejecutivo comunitario calcula que la simplificación permitirá reducir hasta la mitad los costes administrativos que afrontan las empresas para contratar a estos profesionales y prevé además que determinados títulos extranjeros puedan beneficiarse del reconocimiento automático en las siete profesiones que ya cuentan con requisitos mínimos comunes de formación en la UE, siempre que procedan de programas previamente evaluados a nivel europeo y que cumplan los estándares comunitarios. "Con las nuevas normas, el reconocimiento de cualificaciones será más sencillo y rápido, también para los trabajadores cualificados de fuera de la UE. Además, estamos dando a la Autoridad Laboral Europea las herramientas para combatir el empleo ilegal y la explotación, también cuando afecten a nacionales de terceros países", ha señalado el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner. En todo caso, el reconocimiento de una cualificación obtenida fuera de la UE no dará por sí mismo derecho a entrar, residir o trabajar en territorio comunitario y los Estados miembro mantendrán sus competencias sobre la admisión de trabajadores extranjeros y los requisitos para ejercer cada profesión. Digitalización de documentos de la Seguridad Social Otra de las patas del paquete es la creación de la tarjeta europea de Seguridad Social (ESSPASS), que permitirá solicitar por Internet la Tarjeta Sanitaria Europea, el certificado A1 para trabajadores desplazados temporalmente y otros documentos necesarios para acreditar los derechos sociales y sanitarios al trasladarse a otro país del bloque. Una vez expedidos, podrán almacenarse en la cartera europea de identidad digital y presentarse directamente desde el teléfono móvil para que las autoridades comprueben en tiempo real su autenticidad y validez, aunque seguirá existiendo la posibilidad de utilizarlos en papel y, en el caso de la cobertura sanitaria, Bruselas fija un máximo de 24 horas para su emisión. La implantación será progresiva, de modo que el A1 estará disponible en formato digital un año después de la entrada en vigor del nuevo reglamento, mientras que este sistema se extenderá a la Tarjeta Sanitaria Europea y al resto de documentación de Seguridad Social en un plazo de tres años. Refuerzo de la Autoridad Laboral Europea Bruselas propone por último reforzar la Autoridad Laboral Europea para mejorar la detección de irregularidades en situaciones laborales transfronterizas, con más herramientas para analizar datos e identificar riesgos que permitan orientar las inspecciones y con responsables nacionales específicos para mejorar la coordinación entre las autoridades. La reforma ampliará además su mandato para abordar abusos que afecten a trabajadores de terceros países residentes en la UE, incluidos casos de empleo ilegal o no declarado, salarios inferiores a los debidos y otras formas de explotación, aunque las inspecciones conjuntas seguirán siendo voluntarias y corresponderá a los Estados miembro decidir si participan en ellas. La Confederación Europea de Sindicatos ha valorado como un "paso adelante" los cambios planteados por Bruselas y ha destacado especialmente la posibilidad de que la ELA abra sus propias investigaciones sobre vulneraciones laborales de carácter transfronterizo, así como el mayor acceso a información para localizar posibles incumplimientos y centrar los controles donde exista mayor riesgo. "Dar a la Autoridad Laboral el poder de abrir sus propias investigaciones sobre explotación transfronteriza es una mejora vital", ha defendido su secretaria general, Esther Lynch, que ha señalado que la medida permitirá identificar a empleadores que incumplen las normas sin tener que esperar a que el organismo sea requerido para intervenir. Los sindicatos respaldan también la creación de la tarjeta europea de Seguridad Social y que la ELA pueda financiar servicios de asesoramiento sobre el terreno, al considerar que facilitarán que los trabajadores desplazados acrediten y reclamen sus derechos cuando se encuentren en otro país de la UE. En cuanto a la ampliación de las competencias de la Autoridad a los trabajadores migrantes de fuera de la UE, la agrupación considera que permitirá reforzar su protección frente a los abusos, pero reclama que su actuación quede limitada estrictamente al ámbito laboral y no se extienda al control migratorio.La Comisión Europea ha propuesto este martes reducir de cuatro meses a un máximo de once semanas los trámites para reconocer las cualificaciones necesarias para ejercer profesiones reguladas en otro Estado miembro, dentro de un paquete de medidas con el que Bruselas busca facilitar que los trabajadores puedan trasladarse a otro país de la Unión Europea y ejercer allí su profesión.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2700641725-1-p488366-m1523240-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bruselas-propone-agilizar-la-homologacion-de-titulos-para-facilitar-trabajar-en-otros-paises-de-la-uehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2700641725-1-p488366-m1523240-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bruselas-propone-agilizar-la-homologacion-de-titulos-para-facilitar-trabajar-en-otros-paises-de-la-uehttps://elderecho.com/bruselas-propone-agilizar-la-homologacion-de-titulos-para-facilitar-trabajar-en-otros-paises-de-la-uehttps://elderecho.com/bruselas-propone-agilizar-la-homologacion-de-titulos-para-facilitar-trabajar-en-otros-paises-de-la-ue2026-09-15 15:47:372026-09-15 15:47:37socialSocial13Social488420La iniciativa tiene como objetivo contribuir al mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos derivados de los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio, así como favorecer la recuperación y el relanzamiento de la actividad empresarial en la ciudad. La financiación avalada podrá destinarse tanto a cubrir necesidades de liquidez y capital circulante como a acometer nuevas inversiones. Dos modalidades de financiación según las necesidades de las empresas La línea de avales gestionada por el ICO se canalizará a través de las entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito supervisados por el Banco de España que se adhieran al programa y se articulará mediante dos modalidades: Modalidad de Liquidez y capital circulante: permitirá atender necesidades transitorias vinculadas, entre otros conceptos, al pago de salarios, facturas, obligaciones financieras o tributarias y otros gastos de circulante. Modalidad Inversión: financiará nuevas operaciones destinadas al mantenimiento, la recuperación, la adaptación o el relanzamiento de la actividad económica en Ceuta. La financiación contará con largos plazos de amortización: hasta cinco años para liquidez y siete años para los préstamos destinados a inversión, pudiendo llegar a diez años en proyectos realizados por empresas del sector agrícola. Cobertura pública y condiciones El aval cubrirá hasta el 80 % del importe de la financiación en el caso de las pymes y hasta el 70 % para las grandes empresas. Dadas las circunstancias excepcionales que justifican la medida, los avales serán gratuitos tanto para las empresas como para las entidades financieras. La Línea de Avales está dirigida a las empresas y personas trabajadoras autónomas que tengan su domicilio social o un centro de trabajo, establecimiento mercantil, industrial o de servicios en Ceuta y cumplan los requisitos de elegibilidad establecidos en el Acuerdo de Consejos de Ministros y con la normativa de Ayudas de Estado. Podrán solicitarse avales para las operaciones formalizadas desde el 31 de julio y hasta el 15 de diciembre de 2026, en los términos previstos para cada modalidad. Los avales podrán otorgarse hasta el 31 de diciembre de 2026.El Consejo de Ministros ha aprobado las condiciones de la línea de avales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa por importe de 50 millones de euros para respaldar la financiación de empresas y personas trabajadoras autónomas que desarrollen su actividad económica en la ciudad autónoma de Ceuta.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2757792973-1-p488420-m1523413-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/avales-para-apoyar-la-actividad-economica-de-ceutahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2757792973-1-p488420-m1523413-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/avales-para-apoyar-la-actividad-economica-de-ceutahttps://elderecho.com/avales-para-apoyar-la-actividad-economica-de-ceutahttps://elderecho.com/avales-para-apoyar-la-actividad-economica-de-ceuta2026-09-15 14:00:382026-09-15 14:00:38administrativoAdministrativo1Administrativo