https://elderecho.com/feedes486831En una sentencia recogida por Europa Press, los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo sientan jurisprudencia a partir de una resolución por un caso de violencia de género ocurrido en abril de 2022 en Castellón, que fue recurrida por la persona que fue condenada. La sentencia recurrida ante el Supremo, que fue dictada por un juzgado de lo penal de Castellón y posteriormente ratificada por la Audiencia Provincial, consideró probado que el 20 de abril de 2022, el acusado acudió a las inmediaciones del domicilio de su expareja sentimental para ejercer el derecho de visitas con la hija de 8 años que ambos tenían en común. El relato de hechos añade que, en un ambiente tenso, el hombre cogió fuertemente del brazo a su hija con la intención de hacerle daño. Seguidamente, el varón le dio a la madre un puñetazo en la cintura, así como varios golpes y arañazos en el cuello, cuando ésta acudió en auxilio de la niña. 18 meses de prisión por violencia machista y doméstica Por estos hechos, el hombre fue condenado a nueve meses de prisión por un delito de violencia de género sobre su expareja, y a la misma pena por un delito de violencia doméstica sobre su hija. En su recurso ante el Supremo contra la sentencia, el acusado, que se había cambiado de sexo en 2023, alegó que era una mujer y no un hombre, por lo que no podía ser condenado por el delito de violencia de género sobre su expareja. Ahora, los magistrados contestan que no puede aplicarse el cambio de sexo para neutralizar una condena por un delito de violencia de género cuando los hechos, como fue el caso, hayan ocurrido cuando el autor del delito era varón, ya que el cambio de sexo no tiene efectos retroactivos. El tribunal remarca que los hechos enjuiciados ocurrieron el 20 de abril de 2022, y el auto de cambio de sexo del Registro Civil de Castellón es del 1 de junio de 2023. En él se recoge que el expediente comienza con una comparecencia del interesado llevada a cabo el 24 de abril de 2023, según la resolución. Condenado como hombre La sentencia indica que el recurrente fue condenado como hombre y autor de un delito de violencia sobre la mujer, que era su expareja sentimental, por lo que el cambio de registro de sexo "no podría desplegar efectos retroactivos a hechos anteriores que fueron realizados, juzgados y sentenciados siendo el recurrente un hombre a todos los efectos jurídicos y legales". Por otro lado, la sentencia indica que el cambio de registro de sexo realizado con carácter previo al delito no puede servir para neutralizar una condena por violencia de género si se prueba que se llevó a efecto con la intencionalidad de defraudar la ley. El tribunal indica que el mero cambio registral no implica automáticamente fraude, y que la prueba de que se ha hecho con intención de fraude de ley debe ser plena y sin lugar a duda alguna, determinación que corresponde a los tribunales y debe basarse en las circunstancias concretas del caso. El alto tribunal rechaza también que la sentencia condenatoria vulnerara la presunción de inocencia del acusado. Asimismo, también desestima el recurso planteado por una mujer que le acompañaba en el momento de los hechos, que quedó probado que tiró del pelo de la expareja del acusado y que intentó coger a la hija, y que fue condenada al pago de una multa por delito leve de lesiones.El Tribunal Supremo ha dejado claro que el cambio de sexo no tiene efectos retroactivos que permitan anular una condena previa por violencia machista, en el supuesto de que los hechos hayan ocurrido cuando el autor del delito era hombre.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20110624_0010_1-p486831-m1518413-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-fija-que-el-cambio-de-sexo-no-tiene-efecto-retroactivo-para-anular-una-condena-previa-por-violencia-machistahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20110624_0010_1-p486831-m1518413-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-fija-que-el-cambio-de-sexo-no-tiene-efecto-retroactivo-para-anular-una-condena-previa-por-violencia-machistahttps://elderecho.com/el-supremo-fija-que-el-cambio-de-sexo-no-tiene-efecto-retroactivo-para-anular-una-condena-previa-por-violencia-machistahttps://elderecho.com/el-supremo-fija-que-el-cambio-de-sexo-no-tiene-efecto-retroactivo-para-anular-una-condena-previa-por-violencia-machista2026-08-18 13:50:242026-08-18 13:50:24penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico486782El Consejo de Ministros aprobó el 16 de mayo de 2023 un real decreto que mejora el acceso a la jubilación anticipada para las personas con una discapacidad superior al 45%. Para este colectivo se reducen los años de cotización exigidos de 15 a 5 desde el diagnóstico de la discapacidad. Otra novedad es que las personas que tengan más de una patología discapacitante podrán optar a la jubilación anticipada si la suma de sus dolencias supera el 45% de discapacidad. Beneficiarios de la medida Los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia incluidos en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social que acrediten: Estar de alta o en situación asimilada a la de alta. Que a lo largo de su vida laboral haya trabajado un tiempo efectivo equivalente, al menos, al período mínimo de cotización que se exige para poder acceder a la pensión de jubilación estando afectado por alguna de las patologías generadoras de discapacidad y, dentro de ese período, durante al menos cinco años, con un grado de discapacidad igual o superior al 45%. Acreditar la discapacidad Mediante un informe médico que indique la fecha en que se ha iniciado o se ha manifestado la patología, ya sea esta la fecha de nacimiento o una posterior. La acreditación de que la discapacidad ha sido igual o superior al 45% durante al menos cinco años tiene que efectuarse mediante un certificado del Instituto de Mayores y Servicios Sociales o del órgano correspondiente de cada comunidad autónoma. Debe indicar la fecha en la que se ha iniciado o manifestado la discapacidad. Valoración del grado de discapacidad del 45% Mediante certificados que acrediten estas condiciones: Que de la suma de los porcentajes de discapacidad alcanzados en las diferentes dolencias que figuren en el certificado, así como del porcentaje correspondiente a los "baremos complementarios", de ser el caso, resulte un porcentaje de discapacidad total igual o superior al 45%. .Que al menos una de las dolencias reflejadas en el certificado de discapacidad aparezca en el listado de patologías y suponga como mínimo el 33% del total del grado de discapacidad acreditado. Listado de patologías generadoras de discapacidad El listado se actualizó mediante el Real Decreto que el Consejo de Ministros aprobó el 28 de julio de 2026, con nuevas patologías que pueden dar lugar a la reducción de la edad de jubilación de las personas trabajadoras con discapacidad en grado igual o superior al 45%. Edad mínima de jubilación de las personas con un 45% de discapacidad La edad mínima de jubilación de las personas afectadas, en un grado igual o superior al 45%, por una discapacidad de las enumeradas en el listado será, excepcionalmente, la de 56 años. Si el trabajador tiene una discapacidad igual o superior al 65% podría jubilarse a partir de los 52 años. ¿Es posible jubilarse anticipadamente con un 33% de discapacidad? No. Los trabajadores que acrediten un grado de discapacidad por debajo del 45% accederán a la jubilación en la edad ordinaria fijada para cada caso.Los trabajadores que tengan una discapacidad igual o superior al 45% y hayan cotizado cinco años con la discapacidad reconocida pueden optar a la jubilación anticipada.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2765641559-1-p486782-m1518243-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/jubilacion-anticipada-para-trabajadores-con-discapacidad-igual-o-superior-al-45https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2765641559-1-p486782-m1518243-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/jubilacion-anticipada-para-trabajadores-con-discapacidad-igual-o-superior-al-45https://elderecho.com/jubilacion-anticipada-para-trabajadores-con-discapacidad-igual-o-superior-al-45https://elderecho.com/jubilacion-anticipada-para-trabajadores-con-discapacidad-igual-o-superior-al-452026-08-18 13:00:372026-08-18 13:00:37socialSocial13Social486830En una nota tras la reunión de la Comisión Permanente del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces expresa la necesidad del mencionado refuerzo y traslada que lo ha puesto en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y del presidente del Tribunal de Instancia de Ceuta para que formulen la solicitud. Asimismo, y teniendo en cuenta el contexto actual, la comisión ha acordado aplazar el cese de un juez con expectativa de cambio de lugar que se encuentra destinado como apoyo en la plaza con competencia en materia de violencia sobre la mujer. El CGPJ ha tomado conocimiento de un informe que había solicitado el pasado 5 de agosto sobre la situación actual de la sección civil y de instrucción del tribunal ceutí "a la vista de la crisis migratoria ocurrida". La Sección Civil y de Instrucción, afectadas "El informe advierte de que lo sucedido esos días ha afectado de manera extraordinaria al desarrollo del servicio público de justicia, especialmente a la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia y, particularmente, a la prestación del servicio de guardia", señala el CGPJ. Según datos del informe recogidos por el órgano de gobierno de los jueces, entre el 30 de julio y el 5 de agosto se han incoado 96 diligencias previas por fallecimiento, 23 diligencias previas derivadas de personas detenidas y puestas a disposición judicial y 15 diligencias urgentes por hechos acontecidos durante esos días. En la semana del 5 al 11 de agosto se han recibido otros 72 atestados con detenidos o citados, añade. El CGPJ indica que aunque el tribunal superior de justicia y otras autoridades ya adoptan "medidas efectivas para la continuidad del servicio", tales como la incorporación de magistrados al turno de guardia, el informe subraya que la prolongación de la crisis "requiere la adopción de medidas de mayor duración y estabilidad", tales como comisiones de servicio "con o sin relevación de funciones", en el caso de magistrados o funcionarios. El informe destaca la situación del Tribunal de Instancia de Ceuta con competencia en materia de violencia sobre la mujer "debido al incremento de la carga de trabajo recibida como consecuencia de la crisis migratoria, especialmente de asuntos relativos a presuntas agresiones sexuales, y ante el próximo cese del juez en expectativa de destino que presta servicios de refuerzo", según la nota. Más personal experimentado El órgano de gobierno de los jueces también traslada la "necesidad" de "incrementar" el "personal experimentado" en los juzgados de manera temporal, tanto de funcionarios como de un letrado de la administración de la justicia, "hasta la superación de la crisis". En concreto, el refuerzo sería de un gestor, dos tramitadores y un auxilio judicial. El CGPJ indica que ha trasladado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la necesidad de "incorporar dos intérpretes y un servicio urgente de tasación pericial para el servicio de guardia". Además, señala que el vocal José Antonio Montero visitará los órganos judiciales ceutíes para analizar la situación sobre el terreno.El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera "necesario" que se refuerce el turno de guardia en los juzgados de instrucción de Ceuta y los juzgados de violencia sobre la mujer para la tramitación de casos por presuntos delitos sexuales, todo ello con el objetivo de "hacer frente a la crisis migratoria" que enfrenta la ciudad autónoma tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos del pasado 30 y 31 de julio.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/CGPJ_EDEIMA20101222_0002_1-p486830-m1518378-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-pide-reforzar-la-seccion-civil-y-de-instruccion-del-tribunal-de-instancia-de-ceuta-para-hacer-frente-a-la-crisis-migratoriahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/CGPJ_EDEIMA20101222_0002_1-p486830-m1518378-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-pide-reforzar-la-seccion-civil-y-de-instruccion-del-tribunal-de-instancia-de-ceuta-para-hacer-frente-a-la-crisis-migratoriahttps://elderecho.com/el-cgpj-pide-reforzar-la-seccion-civil-y-de-instruccion-del-tribunal-de-instancia-de-ceuta-para-hacer-frente-a-la-crisis-migratoriahttps://elderecho.com/el-cgpj-pide-reforzar-la-seccion-civil-y-de-instruccion-del-tribunal-de-instancia-de-ceuta-para-hacer-frente-a-la-crisis-migratoria2026-08-18 12:59:222026-08-18 12:59:22penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico486783La afectada sufre secuelas a raíz de una operación, padeciendo disfagia persistente, desnutrición severa, limitación de la movilidad cervical y de miembros superiores asociada a dolor, inestabilidad en la marcha y trastorno mixto ansioso-depresivo, precisando de supervisión y ayuda para el baño, vestido, uso del baño y movilidad, así como ayuda para ir de compras, cocinar, lavado de ropa, tareas del hogar y utilización de medios de transporte. A pesar de que el 3 de noviembre de 2023 se le otorgó la incapacidad permanente absoluta con una base reguladora de 3.401,23 euros, un juzgado de lo Social le reconoció el grado de gran invalidez por enfermedad común, fijando su retribución con la misma base reguladora además de un complemento de 1.788,03 euros. El INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social anunciaron recurso de suplicación. La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia anterior porque, tal como establece la ley, la demandante se encuentra en situación de gran invalidez: necesita la asistencia de otra persona para los actos esenciales de la vida (como vestirse, desplazarse, asearse o comer) y ayuda externa para las tareas domésticas y de movilidad. Además, explica que los argumentos sobre el informe forense no pueden tenerse en cuenta en esta instancia, ya que no se solicitó la revisión de los hechos probados establecidos por el juez mediante la valoración de todas las pruebas. La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. TSJ de Madrid. Sala de lo Social. Sentencia nº 534/2026 de 18 de junio de 2026.El TSJ de Madrid ha avalado mantener la situación de gran invalidez concedida a una higienista dental por sus graves secuelas físicas y psicológicas tras una operación que le impiden realizar las actividades básicas de la vida diaria y precisan de la ayuda de terceras personas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2476888627-1-p486783-m1518261-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/situacion-de-gran-invalidez-a-higienista-dental-por-precisar-de-ayuda-para-los-actos-mas-esenciales-de-la-vidahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2476888627-1-p486783-m1518261-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/situacion-de-gran-invalidez-a-higienista-dental-por-precisar-de-ayuda-para-los-actos-mas-esenciales-de-la-vidahttps://elderecho.com/situacion-de-gran-invalidez-a-higienista-dental-por-precisar-de-ayuda-para-los-actos-mas-esenciales-de-la-vidahttps://elderecho.com/situacion-de-gran-invalidez-a-higienista-dental-por-precisar-de-ayuda-para-los-actos-mas-esenciales-de-la-vida2026-08-18 10:58:522026-08-18 10:58:52sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social486781Entre los 21 países del euro, las quiebras de empresas aumentaron entre abril y junio un 6,9% respecto del primer trimestre, cuando habían bajado un 2,3%. En el caso de las empresas registradas, se observó una caída trimestral del 0,1%, después del -1,3% de los tres primeros meses de 2026. Según la oficina estadística comunitaria, entre abril y junio, las inscripciones de empresas disminuyeron en 5 de los 8 sectores de la economía. En concreto, la industria registró la mayor caída (-3,6%), seguida de los servicios de alojamiento y alimentación (-3,4%) y los servicios sociales y educativos (-3,2%). De su lado, el registro de empresas aumentó notablemente en el sector de la información y las comunicaciones (+8,8%) y también se registró un incremento en el sector de la construcción (+1%), mientras que los servicios financieros se mantuvieron estables. En cuando a las quiebras, estas aumentaron en 5 de los 8 sectores. Los mayores incrementos correspondieron a educación y actividades sociales (+21,1%), transporte (+11,4%) y servicios financieros (+6,8%), mientras que se observaron descensos en alojamiento y servicios de alimentación (-2,6%), construcción (-1,7%) y comercio (-1,2%). Entre los Veintisiete, Malta (-50%), Chipre (-41,7%) y Eslovaquia (-33,5%) registraron las mayores caídas en las quiebras de empresas, mientras que los aumentos más significativos se observaron en Estonia (+31,8%), Grecia (+31,6%) y Croacia (+20,5%). En el caso de la creación de empresas, Irlanda (+20,4%) lideró el registro de sociedades, por delante de Bélgica (+8,2%) y Suecia (+7,6%). En el extremo opuesto, Luxemburgo sufrió la mayor caída del registro de empresas en el segundo trimestre (-24,2%), así como Lituania (-12,4%) y Dinamarca (-8,2%). En el caso de España, el registro de empresas en el segundo trimestre retrocedió un 5,8%, tras caer un 6,5% en el primer trimestre de 2026. Asimismo, el número de quiebras de empresas aumentó un 2%, después de retroceder un 5,2% entre enero y marzo.El número de empresas declaradas en quiebra en la Unión Europea (UE) experimentó en el segundo trimestre un incremento del 5,7% respecto de los tres meses anteriores, cuando habían caído un 2,4%, mientras que las empresas registradas disminuyeron un 0,5% trimestral, según los datos publicados por Eurostat.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2745619155-1-p486781-m1518223-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-creacion-de-empresas-en-la-ue-retrocedio-en-el-segundo-trimestre-mientras-que-aumentaron-las-quiebrashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2745619155-1-p486781-m1518223-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-creacion-de-empresas-en-la-ue-retrocedio-en-el-segundo-trimestre-mientras-que-aumentaron-las-quiebrashttps://elderecho.com/la-creacion-de-empresas-en-la-ue-retrocedio-en-el-segundo-trimestre-mientras-que-aumentaron-las-quiebrashttps://elderecho.com/la-creacion-de-empresas-en-la-ue-retrocedio-en-el-segundo-trimestre-mientras-que-aumentaron-las-quiebras2026-08-18 10:40:262026-08-18 10:40:26mercantilMercantil8Mercantil486757La Sala explica que antes de responder a los argumentos del recurso, quería hacer una observación “que no tiene más relevancia que la de reflejar una impresión sobre un aspecto ya no tan novedoso pero que requiere cierta atención”. Así, respecto al uso de Inteligencia artificial en un recurso, la sentencia explica que “no cabe objeción alguna por parte de este tribunal a que las partes se auxilien de tales herramientas a fin de mejorar, concretar, afilar y organizar la exposición de los motivos de discrepancia con la sentencia apelada”. En este sentido, alaba que cuanto mejor y más profesional sea su uso, más contribuirá a una mejora de la argumentación jurídica no sólo de la parte recurrente, sino también del tribunal que haya de resolver, pues “enfrentarse a argumentos bien construidos fuerza a motivar más exigentemente la respuesta”. En alguna ocasión, continúa, “los miembros de este tribunal han tenido ya la oportunidad de apreciar cómo el uso de IA puede mejorar y afinar la calidad de las alegaciones”. Pero, explican, sí es procedente “advertir sobre la ligereza en el uso de tales sistemas, en la medida en que, por la comodidad que propician, y por la fascinación que sobre todo inicialmente producen sus habilidades sintácticas, de redacción y discursivas, pueden acabar dando como resultado un texto salpicado de frases brillantes que no dicen mucho, que se alejan de la cuestión concretamente controvertida en el caso, envolviéndola en consideraciones y razonamientos sólo aparentemente referidos al caso y cuya brillantez sintáctica encubre un vacío de densidad jurídica. A cualquiera le gusta suscribir un texto bien escrito, pero lo importante es cuidar de que ese escrito sea eficaz para el objetivo que le es propio”. Aun cuando no es fácil determinar cuándo un texto ha sido concebido, preparado y/o redactado con IA, no tiene sentido esforzarse en investigarlo cuando se trata de una alegación de parte, pues su uso es “absolutamente legítimo”. Así, consideran que la premisa es que el letrado “asume personalmente el texto en todos sus puntos y referencias”. Sin embargo, señala, hay determinados patrones expresivos perfectamente identificables como indicios de redacción por IA. Ante tales indicios perceptibles, llaman la atención “de que una redacción más cuidada y personalizada muy probablemente hubiera reducido a como mucho la mitad la extensión del escrito, ganando fuerza argumentativa y sin desmayarse en circularidades que, en general, simplemente sobran, y en particular, en algún caso, comportan falacias, sofismas o simple énfasis de palabras, inhábil desde el punto de vista de la finalidad de convencer a un tribunal de una tesis determinada”.La Sala Civil y Penal del TSJ de Andalucía ha advertido en una sentencia del uso indiscriminado de la inteligencia artificial en la construcción y redacción de los recursos de apelación, una práctica cada vez más frecuente y respecto a la que no cabe ninguna objeción pero que en muchas ocasiones, indica la resolución, “la brillantez sintáctica encubre un vacío de densidad jurídica”. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2711411253-p486757-m1518151-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-andalucia-advierte-de-la-ligereza-en-el-uso-de-la-ia-en-la-construccion-y-redaccion-de-los-recursos-de-apelacionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2711411253-p486757-m1518151-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-andalucia-advierte-de-la-ligereza-en-el-uso-de-la-ia-en-la-construccion-y-redaccion-de-los-recursos-de-apelacionhttps://elderecho.com/el-tsj-de-andalucia-advierte-de-la-ligereza-en-el-uso-de-la-ia-en-la-construccion-y-redaccion-de-los-recursos-de-apelacionhttps://elderecho.com/el-tsj-de-andalucia-advierte-de-la-ligereza-en-el-uso-de-la-ia-en-la-construccion-y-redaccion-de-los-recursos-de-apelacion2026-08-17 10:51:372026-08-17 10:51:37derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico486732Los datos proceden de una investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicada en 2023, que señala además que la exposición ocupacional a la radiación ultravioleta solar es el tercer carcinógeno ocupacional más importante, por detrás del amianto y el polvo de sílice. El estudio constata que las muertes por cáncer de piel no melanoma atribuibles a la exposición solar durante el trabajo aumentaron un 88% entre 2000 y 2019, al pasar de 10.088 a 18.960 fallecimientos. CCOO recuerda que el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) cataloga la radiación solar como cancerígeno de categoría 1 y considera la sobreexposición a esta radiación la principal causa evitable del cáncer de piel. Por ello, el sindicato reclama reforzar la prevención de los riesgos derivados de la exposición solar, especialmente entre quienes trabajan al aire libre, como agricultores, trabajadores de la construcción y carreteras, pescadores, jardineros y personal de limpieza viaria o recogida de residuos. Entre las medidas preventivas, CCOO plantea limitar la exposición durante las horas de mayor radiación, habilitar zonas de sombra, proporcionar ropa y equipos de protección adecuados y garantizar la formación e información de las personas trabajadoras, además de una vigilancia específica de la salud que permita diagnósticos precoces. Asimismo, el sindicato señala que las empresas deben identificar y evaluar el riesgo de exposición a la radiación ultravioleta y planificar el trabajo teniendo en cuenta los niveles de radiación solar. CCOO asegura que ya ha trasladado al grupo técnico de enfermedades profesionales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) su reclamación para que el cáncer de piel derivado de la exposición solar laboral sea reconocido como enfermedad profesional.Una de cada tres muertes por cáncer de piel no melanoma está relacionada con la exposición a la radiación solar durante la jornada laboral, según un informe elaborado por la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, que reclama que el cáncer de piel derivado de la exposición solar laboral sea reconocido como enfermedad profesional.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2447699847-1-p486732-m1518113-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ccoo-reclama-reconocer-como-enfermedad-profesional-el-cancer-de-piel-por-exposicion-solar-laboralhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2447699847-1-p486732-m1518113-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ccoo-reclama-reconocer-como-enfermedad-profesional-el-cancer-de-piel-por-exposicion-solar-laboralhttps://elderecho.com/ccoo-reclama-reconocer-como-enfermedad-profesional-el-cancer-de-piel-por-exposicion-solar-laboralhttps://elderecho.com/ccoo-reclama-reconocer-como-enfermedad-profesional-el-cancer-de-piel-por-exposicion-solar-laboral2026-08-17 10:34:252026-08-17 10:34:25socialSocial13Social486731Según afirma, "la cirugía puramente estética", que no guarde relación con enfermedad, accidente o malformación congénita, está excluida del sistema de la sanidad pública y no se le reconoce derecho a subsidio por IT. De esta forma, el TSJPV confirma la sentencia de instancia y desestima el recurso de suplicación interpuesto por la demandante. La mujer inició el 21 de mayo de 2025 Incapacidad Temporal bajo contingencia común y diagnóstico de intervención quirúrgica, con necesidad de reposo, tras una operación a la que se sometió en una clínica privada de Bilbao para realizarse una abdominoplastia y liposucción. La demandante había acudido a una clínica privada de Bilbao para someterse a la abdominoplastia convencional con liposucción de flancos, caderas y espalda, y se le aspiraron 3.500 cc (3,5 litros) de grasa, sin diagnóstico médico por la intervención, según el primer informe que se le realizó. En un segundo informe, tras la denegación de los efectos económicos de la IT, se señala como diagnóstico "diástasis de la musculatura de rectos abdominales con tendencia a la eventración". No está acreditado que, antes de la intervención quirúrgica, tuviera dolores abdominales previos, ni hay "informe médico alguno de la sanidad pública que prescriba la intervención ni el diagnóstico de diastasis", porque "no hay consultas asistenciales por dolor abdominal", afirma el informe. Reclamación de la prestación La trabajadora reclamó el abono de la prestación desde el 21 de mayo de 2025 hasta el 18 de julio ese mismo año a la Mutua contratada por la empresa en la que trabajaba de administrativa. La mutua había denegado su solicitud el 15 de junio, al considerar que la demandante no se encontraba en el supuesto protegido por el artículo 169 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), que define el concepto y las situaciones determinantes de la incapacidad temporal. Posteriormente, en septiembre, la mujer acudió al médico de cabecera, al que refirió que padecía molestias en pared abdominal. Por su parte, la plaza número 3 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Bilbao dictó sentencia el 27 de abril de 2026 desestimando la demanda, pero la demandante la recurrió en suplicación. Sin patologías previas En la resolución del recurso, el TSJPV destaca que la cuestión discutida es si la demandante tiene o no derecho a percibir el subsidio de IT por intervención quirúrgica realizada para abdominoplastia y liposucción, sin que conste la existencia de ningún dolor abdominal previo ni otros trastornos de la salud relacionados con esta intervención, es decir, "sin ninguna patología previa". El Tribunal Superior de Justicia vasco apunta que el Tribunal Supremo, en una sentencia, determinó que en una operación de cirugía estética, al no tratarse de un proceso patológico derivado de enfermedad, accidente o malformación congénita, "no se dan las condiciones para la percepción del subsidio de IT". "Y ello porque se encuentra excluida del sistema de la sanidad pública, y no se recibe, por lo tanto, atención sanitaria de la seguridad social", añade. En referencia a los principios que configuran la protección dispensada por el sistema de Seguridad Social, el TS recordaba que las cirugías por razones meramente estéticas, aunque pueden generar una suspensión del contrato de trabajo, "no puede estimarse que entren dentro de las indicadas contingencias que determinan la situación e incapacidad temporal", como pueden ser una enfermedad o un accidente. También apunta que, si el estado social, a través de la Seguridad Social, y los empresarios en cuanto al pago del subsidio de incapacidad temporal que pone a su cargo el artículo 131.1 de la LGSS, "estuvieran obligados a financiar proyectos puramente personales de mejora de la apariencia física, que no constituyan una situación de necesidad -interpretada con amplitud- para el desenvolvimiento normal de la persona", se "desbordaría" la protección que el legislador establece para tales situaciones, "cubriendo intereses desde el punto de vista personal, pero que afectan únicamente a las personas que adoptan tales decisiones". Por ello, el TSJPV señala que de todo ello se desprende que "la cirugía puramente estética, asumida de forma voluntaria y que no guarde relación con accidente, enfermedad o malformación congénita, no solo se encuentra excluida del sistema de la sanidad pública, sin recibir atención sanitaria de la Seguridad Social, sino que en principio tampoco genera el reconocimiento del derecho a obtener un subsidio que cubra el defecto de ingresos producido por la baja temporal en el trabajo". La razón concreta es que "no satisface el requisito constitutivo de derivarse de una contingencia de enfermedad, común o profesional, o de accidente". Por consiguiente, "al margen de situaciones especiales que en cada caso pudieran ser tomadas en consideración", el TSJPV defiende que, en este caso, "en el que la incapacidad para el trabajo obedece a un mero proceso de reposo y de recuperación después de una intervención quirúrgica mínimamente agresiva, decidida por pura conveniencia personal de la persona afectada, sin la menor referencia a un proceso patológico debido a enfermedad o accidente o a una malformación congénita, no es posible reconocer el derecho a la prestación de incapacidad temporal".El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha denegado la percepción de prestación por Incapacidad Temporal (IT) a una mujer que se cogió la baja tras hacerse una abdominoplastia y liposucción por razones estéticas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2645161599-1-p486731-m1518078-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/denegada-la-incapacidad-temporal-a-una-mujer-que-se-cogio-la-baja-tras-una-abdominoplastia-y-liposuccionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2645161599-1-p486731-m1518078-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/denegada-la-incapacidad-temporal-a-una-mujer-que-se-cogio-la-baja-tras-una-abdominoplastia-y-liposuccionhttps://elderecho.com/denegada-la-incapacidad-temporal-a-una-mujer-que-se-cogio-la-baja-tras-una-abdominoplastia-y-liposuccionhttps://elderecho.com/denegada-la-incapacidad-temporal-a-una-mujer-que-se-cogio-la-baja-tras-una-abdominoplastia-y-liposuccion2026-08-17 10:29:432026-08-17 10:29:43socialSocial13Social486705En una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el alto tribunal da la razón a los demandantes tras un litigio con el Consistorio zaragozano que comenzó en 2019, cuando los hijos del trabajador fallecido interpusieron un recurso contra una resolución de Ayuntamiento que desestimó la reclamación de daños y perjuicios ocasionados a su padre, todo ello en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración municipal. Los hijos solicitaron una indemnización de 350.000 euros por "daños y perjuicios" a su padre, además de una indemnización independiente por los "daños morales" sufridos tras la muerte de su progenitor. Antes de fallecer, el hombre había quedado incapacitado permanentemente por una enfermedad relacionada con el amianto. En 2022, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Zaragoza estimó parcialmente el recurso de los hijos, condenando al Ayuntamiento al abono de una indemnización por importe de 286.126 euros, correspondiendo el 50% a cada uno de ellos. Reducción de indemnización por el tabaquismo del padre Esa resolución fue recurrida, a su vez, por el Consistorio zaragozano y la aseguradora que debía satisfacer el pago, alegando que se había producido una doble indemnización por la misma causa, puesto que, decía, ya había pagado 264.562 euros, a lo que la nueva sentencia añadía otros 286.126 euros. Un año más tarde, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) estimó parcialmente el recurso y acordó, de ese modo, reducir la cuantía de la indemnización al restarle las cantidades que ya había abonado el Consistorio "como recargo de prestaciones de la Seguridad Social". Aquella resolución, recogida en la sentencia del Supremo, reducía en un 25% la cantidad resultante "por haber concurrido el tabaquismo en la evolución de la enfermedad" sufrida por el padre de los demandantes. En concreto, argumentó que "la cuantía procedente era de 286.126 euros, pero hizo abstracción de lo ya percibido, 264.562 euros". "Consideramos que no puede ser así en cuanto, de aceptarse tal criterio, la muerte del padre de los recurrentes sería casi doblemente indemnizada", agregó. No hay duplicidad indemnizatoria De nuevo, los hijos del trabajador fallecido impugnaron esa sentencia mediante un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que, a la postre, fue admitido. Finalmente, el Ayuntamiento recurrió a su vez la sentencia del Supremo, que ha dado lugar a esta nueva sentencia del alto tribunal. Ahora, en la resolución que resuelve el litigio, el Tribunal Supremo "reconoce el derecho de los recurrentes a ser indemnizados por el Ayuntamiento de Zaragoza, en la cantidad de 214.594, más los intereses legales procedentes, por mitad para cada uno de ellos". El alto tribunal argumenta que "no puede compartirse la afirmación" de que el fallecimiento "ya habría sido indemnizado" con el primer ingreso de dinero "y que el reconocimiento de la indemnización fijada en la sentencia de primera instancia determinaría una duplicidad indemnizatoria". "Tal conclusión parte de una premisa errónea, pues los recurrentes nunca percibieron cantidad alguna correspondiente al ingreso efectuado por el Ayuntamiento, que no tuvo como destinatario al trabajador ni a sus causahabientes", incide. Y añade: "Antes, al contrario, si se tiene en cuenta que el fallecimiento del trabajador se produjo pocos meses después del reconocimiento de la pensión y de la correspondiente mejora, resulta aún más evidente que el presupuesto del que parte la sentencia de apelación carece de fundamento, por lo que la conclusión alcanzada no puede ser compartida". Derecho a la pensión del 100% El Supremo da por probado que el trabajador obtuvo el derecho general a la pensión del 100% al declararse su incapacidad permanente absoluta y que, habiéndose apreciado que en la enfermedad profesional causante de la baja "había colaborado la omisión de medidas de seguridad, dicha pensión debía incrementarse en un 50%". Considera, de esta forma, que el Consistorio, "en su condición de empleador, había omitido los medios de protección reglamentarios al trabajador". Por ese motivo, indica el alto tribunal, el Ayuntamiento fue obligado a ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social la suma de 264.562 euros, destinada a la capitalización del recargo de prestaciones. El Supremo remarca que esa cantidad "no fue abonada directamente al trabajador, sino ingresada en la Tesorería con la finalidad de garantizar financieramente el incremento de la pensión reconocido". "El beneficiario percibe dicho recargo a través de las sucesivas mensualidades de la prestación; sin embargo, extinguida la pensión por fallecimiento del titular, y sin perjuicio de los efectos que pudieran proyectarse sobre determinadas prestaciones derivadas, cesa igualmente la percepción del recargo, permaneciendo el capital ingresado integrado en el patrimonio de la Seguridad Social", explica. El Supremo concluye que la indemnización reconocida en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración "es plenamente compatible con el recargo de prestaciones por incumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, sin que proceda efectuar compensación o deducción alguna entre ambos conceptos dada su diferente naturaleza y finalidad jurídica". En suma, el alto tribunal reconoce el derecho de los hijos a percibir la indemnización fijada en la primera sentencia del TSJA o con la única reducción del 25 % apreciada por la Sala de Apelación. "Dicha indemnización deberá ser satisfecha por el Ayuntamiento demandado, con absolución de la entidad aseguradora, y devengará los intereses legalmente procedentes", finaliza.El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado el pago de una indemnización de 214.594 euros que el Ayuntamiento de Zaragoza tendrá que realizar a los dos hijos de un fontanero municipal que falleció a causa de su exposición prolongada al amianto.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2460785217-1-p486705-m1517997-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ts-obliga-al-ayuntamiento-de-zaragoza-a-pagar-214-000-euros-a-los-hijos-de-un-fontanero-que-murio-por-amiantohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2460785217-1-p486705-m1517997-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ts-obliga-al-ayuntamiento-de-zaragoza-a-pagar-214-000-euros-a-los-hijos-de-un-fontanero-que-murio-por-amiantohttps://elderecho.com/el-ts-obliga-al-ayuntamiento-de-zaragoza-a-pagar-214-000-euros-a-los-hijos-de-un-fontanero-que-murio-por-amiantohttps://elderecho.com/el-ts-obliga-al-ayuntamiento-de-zaragoza-a-pagar-214-000-euros-a-los-hijos-de-un-fontanero-que-murio-por-amianto2026-08-17 07:39:572026-08-17 07:39:57administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico486704Una postura que defienden tanto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en el sector, como el Foro Judicial Independiente (FJI), al ser consultadas por Europa Press sobre la situación de los solicitantes de asilo en España en el contexto de la crisis migratoria de Ceuta. Dos semanas después de la entrada masiva en Ceuta de 80.000 personas procedentes de Marruecos entre el 30 y el 31 de julio, en la que 83 personas perdieron la vida, el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, pidió al Gobierno central que desestime las solicitudes para obtener el derecho al asilo de los migrantes que lo hayan pedido. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) indica que el ordenamiento jurídico permite endurecer y acelerar la tramitación de las solicitudes de protección internacional en frontera. "Lo que no permite nuestro ordenamiento es decidir de antemano que toda persona que haya entrado irregularmente verá denegado el asilo. Cada solicitud debe poder ser examinada, porque detrás de una entrada irregular puede existir una persona que reúna realmente los requisitos para obtener protección internacional", subrayan fuentes de la asociación a Europa Press. Entrar irregularmente no elimina el derecho a pedir asilo Así, recuerdan que "una cosa es que entrar irregularmente en España no otorgue ningún derecho a permanecer y otra distinta es que esa entrada irregular elimine el derecho a pedir protección internacional". "Son dos planos jurídicos diferentes", rematan. Por su parte, el presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Roberto García Ceniceros, incide en que aunque las peticiones de asilo las tiene que resolver el Ejecutivo, se trata de "una figura pensada para estudiarla caso a caso". "Sólo habría de concederse asilo a quien cumpla los requisitos, pero sin que parezca procedente acordar denegaciones en masa", detalla García Ceniceros en conversación con Europa Press.Asociaciones de jueces y magistrados han señalado que las solicitudes de asilo se tienen que estudiar de forma individualizada, esto es, "caso a caso", deslizando que el hecho de haber ingresado de forma irregular en España no justifica la posibilidad de realizar "denegaciones en masa" ni elimina el derecho a pedir protección internacional.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2636396651-1-p486704-m1518015-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/jueces-rechazan-denegaciones-en-masa-de-solicitudes-de-asilo-y-recuerdan-que-se-tienen-que-estudiar-caso-a-casohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2636396651-1-p486704-m1518015-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/jueces-rechazan-denegaciones-en-masa-de-solicitudes-de-asilo-y-recuerdan-que-se-tienen-que-estudiar-caso-a-casohttps://elderecho.com/jueces-rechazan-denegaciones-en-masa-de-solicitudes-de-asilo-y-recuerdan-que-se-tienen-que-estudiar-caso-a-casohttps://elderecho.com/jueces-rechazan-denegaciones-en-masa-de-solicitudes-de-asilo-y-recuerdan-que-se-tienen-que-estudiar-caso-a-caso2026-08-17 07:30:302026-08-17 07:30:30administrativoAdministrativo1Administrativo