https://elderecho.com/feedes483699Así lo recoge el XX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Departamento de datos del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), sobre el servicio prestado en 2025 y que confirma un año más la demanda creciente de un servicio "esencial para garantizar el acceso a la Justicia y la tutela judicial efectiva de las personas más vulnerables". Las comunidades autónomas con el mayor número de solicitudes fueron Cataluña, con 267.002, lo que supone un 23,1% del total; seguida de Andalucía, con 232.766 solicitudes, el 20,1 por ciento), Madrid (158.945 solicitudes, el 13,8 por ciento) y Comunidad Valenciana (126.233, el 10,9 por ciento). Durante la presentación del observatorio, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha destacado "el importante trabajo de los profesionales de la abogacía y su compromiso diario con la defensa de los derechos de la ciudadanía y el acceso efectivo a la Justicia". González ha subrayado que el esfuerzo de miles de abogadas y abogados "constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho". En ese sentido, ha reclamado una nueva ley reguladora de Justicia Gratuita y una mejora urgente de sus condiciones laborales y retributivas. A pesar del aumento de las solicitudes, cada vez son menos los abogados adscritos al turno de oficio y mientras que el número total de abogados aumenta de 148.867 a 149.515 (648 profesionales más, un crecimiento del 0,4% por ciento), los adscritos al turno de oficio disminuyen. En 2025 continuó la tendencia descendente del número de abogados y abogadas inscritos al mismo, hasta los mencionados 38.871. El descenso acumulado desde 2020, cuando había 45.275 adscritos es del 14,1 por ciento. De los profesionales adscritos al turno de oficio, el 52 por ciento son hombres y el 48 por ciento, mujeres. Las comunidades autónomas con más abogados adscritos al turno fueron Andalucía (8.279), Cataluña (5.722), Madrid (5.631), Comunidad Valenciana (4.475) y Galicia (2.614). "La baja remuneración por la asistencia jurídica gratuita es una de las principales quejas de los profesionales que ofrecen este servicio esencial. Por ello, y con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema, la Abogacía lleva años reclamando en primer lugar la subida de los baremos y el pago de todas las actuaciones", ha destacado el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, Ángel Méndez. Evolución de los importes La inversión global en justicia gratuita aumentó en 2025 un 3,2 por ciento, hasta superar los 355 millones de euros. Este aumento se debe al aumento de las solicitudes y a que algunas comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco, subieron sus baremos de retribución a lo largo del año. La comunidad autónoma que más invirtió en este servicio fue de nuevo Cataluña (48,4 millones), seguida de Madrid (42 millones), Valencia (36 millones) y Andalucía (30 millones). Los mayores crecimientos se encuentran en Aragón, con un 17,8 por ciento, seguida de La Rioja, con un 12,3 por ciento; Ceuta con 11,7 por ciento y Asturias, con 8,5 por ciento. La inversión media por ciudadano fue de 7,25 euros al año, cantidad que varía mucho de unas comunidades a otras. Esta cifra se ve afectada por el número de solicitudes y por del volumen de asuntos de extranjería. Las comunidades con mayor inversión fueron Ceuta (19,13 euros); Canarias, (11,41 euros) y Melilla, (11,32 euros). Méndez ha destacado la necesidad de una nueva ley: "Tras 30 años, la ley está obsoleta. El sistema necesita una reforma profunda que garantice su futuro: los baremos que retribuyen a los profesionales del Turno de Oficio deben revisarse y actualizarse de forma adecuada. No es razonable exigir un servicio público esencial del siglo XXI con una financiación anclada en parámetros del pasado". Distribución de importes por concepto En turno de oficio crece un 2,2%. Los incrementos más destacados son Aragón (26,1 por ciento), seguido de Ceuta (14,1 por ciento), País Vasco (8,5 por ciento) y Galicia (6,5 por ciento). La asistencia letrada al detenido aumenta un 5,9 por ciento y es la partida que más crece entre las grandes áreas operativas. Las mayores subidas son en La Rioja (21 por ciento), Castilla y León (17,3 por ciento), Valencia (12,3 por ciento) y Castilla-La Mancha (11,3 por ciento). En violencia de género aumenta un 1,1 por ciento a nivel nacional, siendo las más grandes Galicia (18,4 por ciento), Asturias (14,7 por ciento), Cataluña (12,2 por ciento) y País Vasco (10,8 por ciento). Las designaciones de abogados subieron un 0,02 por ciento. En materia de violencia de género suben un 5,1 por ciento, mientras que en extranjería bajan un 12,6 por ciento. En relación con los procedimientos judiciales, la diferencia entre territorios resulta especialmente significativa. Por ejemplo, la compensación prevista para un procedimiento abreviado en el territorio Ministerio (zona común) asciende a 291 euros, mientras que por la misma actuación se abonan 782 euros en el País Vasco, 442,21 euros en Galicia, 440 euros en la Comunidad Valenciana y 427,51 euros en Cataluña. Asimismo, en materia de violencia de género los datos del observatorio observan importantes disparidades retributivas. Mientras que en el territorio Ministerio la asistencia individualizada en un procedimiento penal se remunera con 87,63 euros, en otras comunidades autónomas los importes son sensiblemente superiores, hasta 139,65 euros; en Galicia, 128 euros en la Comunidad Valenciana; 122 euros en Canarias y 110 euros, en Cantabria. La Abogacía ha recordado que el acceso a la justicia gratuita en España se basa en la valoración conjunta de la situación económica, patrimonial, personal y familiar del solicitante, para determinar si dispone de recursos suficientes para afrontar los costes de un procedimiento judicial. Esta revisión la realizan las comisiones de asistencia jurídica gratuita. Tienen derecho a la justicia gratuita las personas que acrediten carecer de medios económicos suficientes conforme a los límites establecidos por la ley. Con independencia de su nivel de ingresos, también pueden acceder a ella víctimas de violencia de género, terrorismo o trata de seres humanos en los procedimientos relacionados con su condición de víctimas, trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social cuando actúan en defensa de sus derechos laborales, además de menores de edad y personas con discapacidad intelectual o psíquica que hayan sido víctimas de situaciones de abuso o maltrato. "La fortaleza de una democracia se mide por cómo protege a los más vulnerables. Esa protección la garantizan cada día los abogados y abogadas del turno de oficio. Si queremos preservar nuestro Estado de derecho, ha llegado el momento de pasar del reconocimiento a la acción. En este desafío, España no puede permitirse fallar", ha concluido el presidente de la Abogacía Española.Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita realizadas por los ciudadanos a lo largo de 2025 alcanzaron los 1,15 millones, lo que supone un aumento del 1,7 por ciento con respecto al año anterior, mientras que los abogados adscritos al turno de oficio fueron 38.871, un 2,7 por ciento menos que en 2024.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2790982137-1-p483699-m1509085-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/las-solicitudes-de-justicia-gratuita-aumentan-un-17-en-2025-y-los-abogados-de-turno-de-oficio-disminuyen-un-27https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2790982137-1-p483699-m1509085-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/las-solicitudes-de-justicia-gratuita-aumentan-un-17-en-2025-y-los-abogados-de-turno-de-oficio-disminuyen-un-27https://elderecho.com/las-solicitudes-de-justicia-gratuita-aumentan-un-17-en-2025-y-los-abogados-de-turno-de-oficio-disminuyen-un-27https://elderecho.com/las-solicitudes-de-justicia-gratuita-aumentan-un-17-en-2025-y-los-abogados-de-turno-de-oficio-disminuyen-un-272026-06-22 10:02:112026-06-22 10:02:11sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483698La operación refuerza la apuesta de Afianza Legal por áreas de alta especialización técnica y sensibilidad humana, y sitúa a Winkels al frente de una nueva vertical dedicada a asuntos de familia, sucesiones y procedimientos transfronterizos. Junto a Isabel Winkels se incorporan ocho profesionales con experiencia en la gestión de casos que requieren un enfoque técnico y humano. Isabel Winkels ha desarrollado una trayectoria especializada en Derecho de Familia y Sucesiones, con especial atención a asuntos de alta complejidad, procedimientos internacionales y situaciones que requieren una combinación de solvencia técnica, sensibilidad personal y capacidad negociadora. Su práctica se ha centrado en la protección de menores, personas vulnerables y patrimonios familiares en contextos nacionales e internacionales. Winkels Abogados aporta, así, su especialización en áreas como divorcios, separaciones y nulidades matrimoniales, modificaciones de medidas, violencia de género, filiación y jurisdicción voluntaria, herencias y sucesiones, guardas y curatelas, capitulaciones matrimoniales y regímenes económicos matrimoniales. En el ámbito internacional, el despacho está altamente especializado en áreas tan específicas como procedimientos transfronterizos, sustracciones internacionales, divorcios y sucesiones internacionales, el tratamiento de los distintos regímenes económicos matrimoniales o extranjería. Isabel Winkels, socia directora de Winkels Abogados, ha destacado que, “nuestra integración en Afianza nos permite escalar una forma de ejercer el Derecho de Familia basada en el rigor técnico, la especialización y el acompañamiento humano. Supone una oportunidad para seguir desarrollando nuestro trabajo en familia y sucesiones dentro de una estructura con mayor capacidad para ofrecer a nuestros clientes un servicio integral. Mantendremos el modelo que nos caracteriza, centrado en encontrar soluciones que protejan especialmente a los menores y a las personas más vulnerables, ahora con el respaldo de una organización más amplia”. Por su parte, Víctor Torrico, director general de Afianza ha valorado la operación y ha señalado que, “incorporar a Winkels Abogados significa sumar un equipo con conocimiento técnico muy profundo en un área tan sensible como el Derecho de Familia. Isabel Winkels representa exactamente el tipo de liderazgo jurídico que queremos incorporar: especialización, criterio técnico y una forma de acompañar al cliente especialmente valiosa. El despacho cuenta con una trayectoria consolidada en la resolución de casos complejos, tanto nacionales como internacionales, que encajan con nuestro objetivo de ampliar servicios jurídicos de alto nivel”. Winkels Abogados formará parte de la división legal de Afianza, que ha alcanzado en 2025 una facturación de 21,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 73% respecto al año anterior, con más de 220 profesionales. Con esta incorporación, Afianza Legal abre una nueva vertical dentro del departamento legal, ofreciendo a sus clientes un asesoramiento especializado y humano en una materia tan sensible como es el Derecho de Familia y Sucesiones.Afianza Legal, la división jurídica de Afianza, ha cerrado la incorporación de Winkels Abogados, despacho madrileño especializado en Derecho de Familia y Sucesiones, nacional e internacional, liderado por Isabel Winkels.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Afianza_Winkels-Abogados-3-p483698-m1509022-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/afianza-legal-incorpora-winkels-abogados-a-su-division-juridicahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Afianza_Winkels-Abogados-3-p483698-m1509022-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/afianza-legal-incorpora-winkels-abogados-a-su-division-juridicahttps://elderecho.com/afianza-legal-incorpora-winkels-abogados-a-su-division-juridicahttps://elderecho.com/afianza-legal-incorpora-winkels-abogados-a-su-division-juridica2026-06-22 09:45:332026-06-22 09:45:33sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483697La Sala de lo Social del TSJC en su sede de Las Palmas revoca parcialmente la sentencia de instancia que había desestimado la demanda de la trabajadora, declara la “nulidad radical” del acto empresarial, ordena restituir el permiso de la trabajadora y condena a la empresa a abonar 84,12 euros más 1.500 euros para la madre y 1.500 euros para el bebé en concepto de daño moral, al entender que el niño está legitimado para ser parte en el pleito por aplicación al caso de la perspectiva de infancia. La resolución aborda un conflicto derivado de la negativa de la empresa Aeromédica Canaria a conceder a una trabajadora madre de un bebé de 15 meses el permiso retribuido previsto en el artículo 37.3.b del Estatuto de los Trabajadores. La sentencia razona que el caso debe analizarse con perspectiva de género y de infancia, y considera que la denegación empresarial, basada en una lectura estricta del justificante médico, no fue conforme con la finalidad protectora del permiso. Según los hechos probados, la trabajadora venía prestando servicios para la empresa con antigüedad desde septiembre de 2020 y tenía a su cargo un hijo de 15 meses. El 7 de febrero de 2025, una facultativa del Servicio Canario de Salud emitió un informe en el que se hacía constar: “Lactante requiere de cuidado por la madre durante 3 días. A los efectos oportunos”. Con esa base, la trabajadora pidió a la empresa la concesión del permiso retribuido de cinco días por enfermedad grave y necesidad de cuidados del menor. La empresa respondió que no procedía reconocer el permiso del artículo 37.3.b del Estatuto de los Trabajadores porque la documentación aportada solo justificaba, en su criterio, la ausencia de ese mismo día o, en su caso, una situación encuadrable en otros supuestos distintos del permiso reclamado. Después, la trabajadora no acudió a su puesto los días 10 y 11 de febrero de 2025, y la empresa descontó 84,12 euros de su nómina por absentismo. El juzgado de instancia desestimó la demanda, pero el TSJ revoca ahora esa decisión en parte. La Sala sostiene que el permiso de cuidadores, tras la reforma introducida por el Real Decreto-ley 5/2023, debe interpretarse atendiendo a su finalidad de conciliación y a la necesidad efectiva de cuidados, no desde una óptica excesivamente formalista. La resolución afirma que “la trabajadora dispone de un informe o certificación pública, de especialista médico, que justifica la necesidad de cuidado importante del familiar” y que en este caso el documento no fue impugnado por la demandada. Carga probatoria desproporcionada El tribunal da relevancia a la corta edad del menor y razona que, tratándose de un bebé lactante, la exigencia de acreditar la gravedad de su dolencia, argumento de Aeromédica para denegar el permiso, no puede traducirse en una carga probatoria desproporcionada que obligue a revelar datos de salud especialmente sensibles. La sentencia subraya que “para un bebé puede ser grave, un padecimiento puntual, que sería anodino para una persona adulta” y añade que el concepto de enfermedad grave, en este contexto, “debe ser siempre interpretado de forma flexible, nunca restrictiva o excluyente, ni con una perspectiva adultocéntrica”. La Sala también aprecia un impacto de género desproporcionado en el conflicto y considera que la negativa empresarial puede constituir una discriminación por razón de género respecto de la madre, además de una discriminación por asociación respecto del menor. Por ello declara la nulidad radical del acto empresarial y fija una indemnización por daño moral, aunque en una cuantía inferior a la pedida en la demanda al entender que las vulneraciones se circunscribieron a un período breve y sin constancia de reiteración. La resolución incluye además un voto particular, en el que se sostiene que no concurre el presupuesto habilitante del permiso porque no se acredita accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica con reposo domiciliario, y que la interpretación con perspectiva de género no puede crear un régimen jurídico distinto del previsto legalmente. TSJ de Canarias. Sala de lo Social. Sentencia nº 848/2026 de 11 de junio de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declara vulnerado el derecho fundamental a la no discriminación por razón de género de una mujer trabajadora y de su hijo lactante, al entender que la empresa le denegó injustificadamente un permiso de cinco días para atender al menor. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2765059077-1-p483697-m1509004-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenada-una-empresa-por-vulnerar-derechos-de-una-trabajadora-y-de-su-bebe-lactantehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2765059077-1-p483697-m1509004-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenada-una-empresa-por-vulnerar-derechos-de-una-trabajadora-y-de-su-bebe-lactantehttps://elderecho.com/condenada-una-empresa-por-vulnerar-derechos-de-una-trabajadora-y-de-su-bebe-lactantehttps://elderecho.com/condenada-una-empresa-por-vulnerar-derechos-de-una-trabajadora-y-de-su-bebe-lactante2026-06-22 09:38:412026-06-22 09:38:41socialSocial13Social483696En esta tercera edición, el Premio Sandía ha recaído en Carlos Berbell, mientras que el Premio Melón ha sido otorgado a Beatriz García. Asimismo, el jurado ha concedido la Raja de Sandía a Javier de Antonio y la Raja de Melón a Carlos Capa. Durante el acto de entrega, el presidente del ICOGAM, Fernando Jesús Santiago Ollero, destacó la extraordinaria calidad de las candidaturas presentadas este año y subrayó que la elección de los premiados fue especialmente compleja debido al elevado nivel de los trabajos analizados. “Estos premios no reconocen únicamente un artículo concreto. Reconocen una forma de ejercer el periodismo, una sensibilidad especial hacia los problemas reales de ciudadanos, autónomos, pequeños negocios y familias, y una voluntad constante de explicar la realidad con rigor, independencia y valentía”, señaló. Fernando Santiago recordó que durante las deliberaciones aparecieron numerosos trabajos de gran calidad firmados por profesionales de referencia del periodismo económico, jurídico y social, destacando que “los premiados de este año son los que son porque había que tomar una decisión, pero perfectamente podrían haber sido otros compañeros cuyos trabajos también han contribuido a explicar reformas complejas, denunciar problemas, visibilizar injusticias o dar voz a quienes muchas veces no la tienen”. El presidente de los gestores administrativos quiso insistir en que estos galardones no pretenden reconocer ideologías ni posiciones políticas, sino el ejercicio de un periodismo independiente y comprometido con la sociedad. “Premiamos el trabajo bien hecho. Premiamos la independencia. Premiamos la capacidad de formular preguntas incómodas y de ayudar a los ciudadanos a comprender mejor cómo les afectan las decisiones económicas, jurídicas y administrativas”, afirmó. Los Premios Sandía y Melón nacieron con el objetivo de reconocer la labor de los profesionales de la información que contribuyen a acercar a la ciudadanía asuntos complejos relacionados con la economía, la fiscalidad, la actividad empresarial, la justicia, la administración pública o los derechos de los ciudadanos. Desde su creación, estos galardones se han consolidado como un espacio de encuentro entre periodistas y profesionales, con el propósito de poner en valor la importancia de una información rigurosa, independiente y útil para la sociedad. Galardonados 2026 Premio Sandía 2026 Carlos Berbell (Confilegal), cuenta con una dotación económica de 2.000 euros. Premio Melón 2026 Beatriz García (LibertadDigital), cuenta con una dotación económica de 2.000 euros. Raja de Sandía 2026 Javier de Antonio (La Razón), cuenta con una dotación económica de 500 euros. Raja de Melón 2026 Carlos Capa (CincoDías), cuenta con una dotación económica de 500 euros. El Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM) ha hecho entrega de los Premios Sandía y Melón 2026, unos galardones que reconocen el trabajo de periodistas que, desde distintos medios de comunicación, contribuyen a acercar a los ciudadanos cuestiones económicas, jurídicas y administrativas de especial relevancia social.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/III-Premio-Sandia-y-Melon-ICOGAM-p483696-m1508973-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/carlos-berbell-y-beatriz-garcia-reciben-los-premios-sandia-y-melon-2026-por-su-labor-en-defensa-de-ciudadanos-autonomos-y-pequenas-empresashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/III-Premio-Sandia-y-Melon-ICOGAM-p483696-m1508973-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/carlos-berbell-y-beatriz-garcia-reciben-los-premios-sandia-y-melon-2026-por-su-labor-en-defensa-de-ciudadanos-autonomos-y-pequenas-empresashttps://elderecho.com/carlos-berbell-y-beatriz-garcia-reciben-los-premios-sandia-y-melon-2026-por-su-labor-en-defensa-de-ciudadanos-autonomos-y-pequenas-empresashttps://elderecho.com/carlos-berbell-y-beatriz-garcia-reciben-los-premios-sandia-y-melon-2026-por-su-labor-en-defensa-de-ciudadanos-autonomos-y-pequenas-empresas2026-06-22 09:20:512026-06-22 09:20:51sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483538La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, ha confirmado la sentencia que declaró resuelto un contrato de arrendamiento de vivienda sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1964 y ordenó al inquilino entregar la posesión del inmueble a su propietaria. La resolución desestima íntegramente el recurso de apelación interpuesto por el arrendatario. La controversia se centraba en determinar si concurría la causa legal que permite al arrendador denegar la prórroga forzosa de un contrato de renta antigua cuando necesita la vivienda para sí. El inquilino sostenía que, al tratarse de un arrendamiento vitalicio, la recuperación del inmueble no podía producirse mientras siguiera vivo, además de cuestionar la existencia de una necesidad real y la validez del requerimiento previo. La Sala rechaza estos argumentos y recuerda que la LAU de 1964 contempla expresamente la resolución del contrato cuando concurra alguna de las causas de denegación de la prórroga forzosa, entre ellas la necesidad del propietario de ocupar la vivienda para sí. La sentencia destaca que, aunque estas causas deben interpretarse de forma restrictiva, en el presente supuesto han quedado acreditados todos los requisitos exigidos legalmente. En relación con la necesidad alegada, el Tribunal considera acreditado que la propietaria carece de otra vivienda en propiedad y desea ocupar el inmueble para desarrollar una vida independiente. La resolución recoge doctrina jurisprudencial según la cual la necesidad no debe entenderse únicamente como una situación forzosa o ineludible, sino también como una situación que supera la mera conveniencia y constituye un medio adecuado para satisfacer un fin legítimo. En este sentido, cita resoluciones del Tribunal Supremo que admiten que la voluntad de llevar una vida independiente puede integrar el concepto legal de necesidad. La Audiencia también avala la validez del requerimiento efectuado al arrendatario. Según expone, la comunicación remitida por la propietaria identificaba claramente a la persona que necesitaba la vivienda, explicaba la causa de la necesidad y se realizó con más de un año de antelación, cumpliendo así las exigencias previstas en la legislación arrendaticia de 1964. La Sala añade que el hecho de que la propietaria hubiera obtenido una plaza profesional en otra localidad no elimina su derecho a recuperar la vivienda para utilizarla conforme a sus necesidades personales y laborales. La sentencia subraya además que el conflicto entre el interés del propietario y el del inquilino debe resolverse, en este caso, en favor del titular del dominio, como manifestación del derecho de propiedad reconocido en el artículo 348 del Código Civil, que faculta a su titular para gozar y disponer de sus bienes dentro de los límites establecidos por la ley. Por último, la Audiencia rechaza la pretensión indemnizatoria formulada por el arrendatario. Razona que la LAU de 1964 reconoce determinados derechos económicos al inquilino que abandona la vivienda tras el requerimiento, pero también establece que perderá toda indemnización si deja transcurrir un año sin desalojarla y sin causa justificada. Al no haber abandonado el inmueble dentro de ese plazo, la Sala concluye que el arrendatario perdió cualquier derecho indemnizatorio derivado de la recuperación de la vivienda por necesidad de la propietaria. La resolución confirma íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cartagena. AP de Murcia. Sección 5ª. Sentencia nº 75/2026 de 3 de marzo de 2026.La sentencia recuerda que la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 permite denegar la prórroga forzosa cuando concurre una causa legal.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2599709733-1-p483538-m1508442-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-murcia-avala-que-una-propietaria-recupere-su-vivienda-de-renta-antigua-para-independizarsehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2599709733-1-p483538-m1508442-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-murcia-avala-que-una-propietaria-recupere-su-vivienda-de-renta-antigua-para-independizarsehttps://elderecho.com/la-ap-de-murcia-avala-que-una-propietaria-recupere-su-vivienda-de-renta-antigua-para-independizarsehttps://elderecho.com/la-ap-de-murcia-avala-que-una-propietaria-recupere-su-vivienda-de-renta-antigua-para-independizarse2026-06-19 14:28:562026-06-19 14:28:56civilCivil2inmobiliarioInmobiliarioCivil,Inmobiliario483614La Asociación Española de Consultores de Empresa (AECEM) ha sido reconocida por la Plataforma del Tercer Sector como nueva Embajadora de la Casilla Empresa Solidaria, una iniciativa que permite a las empresas destinar el 0,7% de la cuota íntegra de su Impuesto de Sociedades a proyectos de interés social sin asumir ningún coste adicional. Asesorías y despachos profesionales La Plataforma del Tercer Sector representa a cerca de 28.000 entidades sociales. La entidad ha destacado la capacidad de AECEM para acercar esta iniciativa a miles de empresas a través de sus asociados. Con este nombramiento, AECEM pasa a formar parte de la red de entidades embajadoras. Su encargo es promover la Casilla Empresa Solidaria. También sensibilizar a las empresas sobre la importancia de incorporar la sostenibilidad y el compromiso social en su gestión diaria. Según destacó Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, la incorporación de AECEM supone un avance significativo. Reconoció que los asesores de empresas son aliados estratégicos para trasladar esta iniciativa al conjunto del tejido empresarial, especialmente a las pymes. Cultura empresarial comprometida Durante el acto de reconocimiento, Ana Mato, presidenta de AECEM puso en valor el papel que desempeñan los asesores en la evolución de las empresas hacia modelos más responsables. En este sentido, señaló que los profesionales del asesoramiento no solo acompañan a las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones legales y fiscales. «Los asesores también contribuyen a transmitir valores y cultura empresarial», aseguró. Una visión que encaja plenamente con la misión de AECEM de impulsar un asesoramiento profesional que genere valor para las empresas y para la sociedad. Casilla Empresa Solidaria La Casilla Empresa Solidaria ofrece a todas las empresas que presentan el Impuesto de Sociedades la posibilidad de destinar el 0,7% de su tributación a financiar proyectos sociales desarrollados por entidades del Tercer Sector. Se trata de una decisión voluntaria que no supone ningún coste adicional para la empresa ni incrementa la cantidad a pagar en el impuesto. Para marcarla, basta con seleccionar la opción «Otros caracteres – Fines sociales» en la: Casilla 00073 del modelo 200. Casilla 069 del modelo 220. Los fondos obtenidos se destinan a iniciativas que trabajan por la inclusión social, la lucha contra la pobreza, la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos de las personas más vulnerables. Compromiso con la responsabilidad empresarial Como entidad de referencia del sector del asesoramiento empresarial, AECEM considera que las asesorías desempeñan un papel fundamental a la hora de informar y acompañar a las empresas en la toma de decisiones que generan impacto positivo. La incorporación a la red de Embajadores de la Casilla Empresa Solidaria supone un paso más en el compromiso de la asociación con una empresa más responsable, sostenible y comprometida con la sociedad. Desde AECEM, un año más se seguirá trabajando para que asesorías y empresas conozcan la Casilla Empresa Solidaria. Igualmente, se impulsarán acciones para su difusión. Si quieres más información visita la web: Casilla Empresa SolidariaUn año más se pone en valor la implicación de AECEM en la difusión de una herramienta que contribuye a fortalecer el compromiso social del tejido empresarial español. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/AECEM-Embajadora-de-la-Casilla-Empresa-Solidaria-p483614-m1508670-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aecem-reconocida-como-embajadora-de-la-casilla-empresa-solidariahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/AECEM-Embajadora-de-la-Casilla-Empresa-Solidaria-p483614-m1508670-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aecem-reconocida-como-embajadora-de-la-casilla-empresa-solidariahttps://elderecho.com/aecem-reconocida-como-embajadora-de-la-casilla-empresa-solidariahttps://elderecho.com/aecem-reconocida-como-embajadora-de-la-casilla-empresa-solidaria2026-06-19 14:00:312026-06-19 14:00:31sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483627Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial. Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido: - Resolución, de 8 de junio de 2026, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se nombra Gerente del Instituto de Microelectrónica de Sevilla. (B.O.E. núm. 145 de 15 de junio de 2026). - Resolución, de 5 de junio de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, por la que se nombran Director y Subdirectora Adjunta de la División de Tecnologías de la Información. (B.O.E. núm. 145 de 15 de junio de 2026). - Acuerdo 10/2026, de 13 de junio del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra Consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. (B.O.C.Y.L. núm. 113 de 15 de junio de 2026). - Resolución, de 10 de junio de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, por la que se nombra Consejero Técnico de Transformación Digital en el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (B.O.E. núm. 148 de 18 de junio de 2026). - Resolución, de 15 de junio de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se nombran 3 Jefas de Servicio de Sistemas Informáticos y 1 Jefa de Proyectos Informáticos en el Fondo Español de Garantía Agraria. (B.O.E. núm. 149 de 19 de junio de 2026).   La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).  Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/11/nombramiento-entrada-en-la-administracion-p483627-m1508701-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-15-de-junio-de-2-026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/11/nombramiento-entrada-en-la-administracion-p483627-m1508701-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-15-de-junio-de-2-026https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-15-de-junio-de-2-026https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-15-de-junio-de-2-0262026-06-19 13:17:342026-06-19 13:17:34derecho-ticDerecho TICDerecho TIC483539El INSS denegó la incapacidad permanente a una trabajadora con un 48% de discapacidad tras agotar los 545 días de baja por incapacidad temporal. El dictamen médico ratificó que presenta un cuadro crónico de síndrome de espalda fallida, limitaciones lumbares y motoras severas, además de depresión mayor recurrente. Tras desestimarse su reclamación en vía administrativa y confirmarse la cuantía de una posible prestación con una base reguladora de 924,76 euros mensuales, la representación de la empleada formalizó un recurso de suplicación contra dicha sentencia. El tribunal ha confirmado la denegación de la incapacidad solicitada por la demandante al considerar que sus dolencias no le impiden realizar su trabajo habitual de administrativa. A nivel físico, la sentencia reconoce que la trabajadora padece dolor crónico lumbar tras una cirugía (posible síndrome de espalda fallida), pero destaca que mantiene una vida normalizada, puede caminar y permanecer de pie, y que sus dolencias no son altamente invalidantes, ya que no ha requerido bloqueos ni neuroestimuladores. Las limitaciones que presenta solo le impiden realizar tareas con sobrecarga lumbar o deambulación prolongada, algo que no le exige su puesto actual, el cual permite además la alternancia de posturas. Por otra parte, respecto a la patología psíquica (un cuadro depresivo cronificado derivado de su situación médica), el tribunal determina que los informes médicos no demuestran una limitación funcional que le impida ejercer su profesión u otras tareas con menor carga mental o responsabilidad. En consecuencia, la Sala ratifica la valoración del juzgado de instancia y del médico del INSS, descartando el criterio del perito de la demandante. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Sala de lo Social. Sentencia nº 553/2026 de 23 de marzo de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado la decisión de un juzgado de Cuenca al denegar el recurso de una administrativa de 42 años que reclamaba la incapacidad permanente por su grado de discapacidad.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2554360651-1-p483539-m1508488-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/denegada-la-incapacidad-permanente-a-una-administrativa-con-un-48-de-discapacidadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2554360651-1-p483539-m1508488-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/denegada-la-incapacidad-permanente-a-una-administrativa-con-un-48-de-discapacidadhttps://elderecho.com/denegada-la-incapacidad-permanente-a-una-administrativa-con-un-48-de-discapacidadhttps://elderecho.com/denegada-la-incapacidad-permanente-a-una-administrativa-con-un-48-de-discapacidad2026-06-19 12:25:272026-06-19 12:25:27socialSocial13Social483540El evento ha contado con la presencia de Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Emilio Cuatrecasas, presidente de la Fundación Cuatrecasas, y Jorge Castiñeira, decano de Esade Law School. Dotado con 50.000 euros brutos e integrado en las Becas Manuel Olivencia, el premio se dirige a estudiantes del último curso de grado o doble grado en Derecho, así como a estudiantes de máster en esta disciplina en universidades españolas. Reconoce trayectorias académicas sobresalientes y apoya la continuidad formativa mediante estudios de posgrado o proyectos de investigación en Derecho de los negocios. Después de evaluar 52 candidaturas, el jurado ha otorgado el premio a Estrella María Montes Muñoz, graduada en Derecho por la Universidad de Córdoba, quien ha compatibilizado su formación jurídica con el grado en Geografía e Historia y un máster en Traducción Especializada. El jurado ha valorado su excelente expediente, su vocación investigadora, la solidez de su proyecto doctoral y su perfil internacional y multidisciplinar, con alta proyección académica y profesional. En su intervención, la galardonada ha señalado: «Acepto este premio con sincera gratitud y con plena consciencia de la responsabilidad que entraña llevar asociado el nombre del profesor Manuel Olivencia. Su legado encarna los más altos valores de la universidad y de la ciencia jurídica: rigor intelectual, vocación de servicio y la apertura al mundo. Confío en que mi proyecto doctoral y mi formación internacional contribuyan, modestamente, a honrar esa herencia». Dado el alto nivel de las candidaturas, el jurado ha concedido un accésit a David Rodríguez Alcaraz, graduado en el doble grado en Dirección de Empresas y Derecho por Esade, que ha compaginado sus estudios con el grado en Filosofía, y actualmente está cursando el Máster Universitario en Abogacía y Procura en Esade Law School. De su perfil destaca su excelente expediente, su proyección internacional y su capacidad analítica, así como su vocación por integrar la práctica jurídica con la investigación académica. Sobre este reconocimiento, ha afirmado: «Ser becario Manuel Olivencia constituye un honor y, al mismo tiempo, un compromiso con la mejora del mundo a través del Derecho. Trabajaré por seguir el ejemplo de excelencia que representa su legado». Con este premio, la Fundación Cuatrecasas reafirma su compromiso con el impulso del talento joven, la excelencia académica y la igualdad de oportunidades, al tiempo que rinde homenaje a la figura de Manuel Olivencia, referente del Derecho y de la vida académica y empresarial en España. «Estos reconocimientos trascienden el ámbito académico, son una celebración de los valores que hacen evolucionar a instituciones y organizaciones. Y los premiados son una promesa de contribución al futuro, tributo a Manuel Olivencia, ejemplo de servicio público, del conocimiento a disposición de los demás, del ejercicio del liderazgo desde el rigor intelectual y de la generosidad y voluntad de contribuir al bien común», ha declarado Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. Por su parte, Emilio Cuatrecasas, presidente de la Fundación Cuatrecasas, ha señalado: «Es meritorio destacar la calidad de los expedientes recibidos, el gran volumen de candidaturas y los siete finalistas que se lo han puesto muy difícil al jurado. Tener a Manuel Olivencia como buque insignia nos impulsa a continuar con el proyecto, al tiempo que nos recuerda que el derecho es la arquitectura de la convivencia». Durante el acto también se han entregado los diplomas correspondientes a las Becas Manuel Olivencia 2026, destinadas a estudiantes de grado en Derecho en universidades públicas españolas con excelente rendimiento académico. Las ayudas, de 4.000 euros cada una, han sido concedidas a Núria Fernández Piñeiro (Universidade da Coruña), Laura Pais Fernández (Universidad de Salamanca), Óscar Servia Hermo (Universidade de Vigo) y María del Pilar Pagán García (Universidad Carlos III de Madrid). En el acto, Jorge Castiñeira, decano de Esade Law School, ha subrayado: «La excelencia jurídica empieza por el talento de los estudiantes. La responsabilidad de las Facultades de Derecho, en colaboración con la profesión jurídica, es identificarlo, desarrollarlo y premiarlo a través de una formación exigente, oportunidades internacionales e iniciativas de reconocimiento de la excelencia como el Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria de la Fundación Cuatrecasas». Ante la buena acogida de esta edición, la Fundación trabaja ya en la convocatoria de 2027, cuyo lanzamiento está previsto para el 5 de octubre de 2026.La Fundación Cuatrecasas ha entregado el Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria 2026 en un acto celebrado en Esade Forum (Barcelona), que ha reunido a destacadas personalidades del ámbito académico, institucional y empresarial. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Medios_Jorge-Castineira-David-Rodriguez-Alcaraz-Nuria-Montserrat-Estrella-Maria-Montes-Munoz-y-Emilio-Cuatrecasas-p483540-m1508506-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/una-alumna-de-la-universidad-de-cordoba-gana-el-premio-manuel-olivencia-a-la-excelencia-universitaria-2026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/Medios_Jorge-Castineira-David-Rodriguez-Alcaraz-Nuria-Montserrat-Estrella-Maria-Montes-Munoz-y-Emilio-Cuatrecasas-p483540-m1508506-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/una-alumna-de-la-universidad-de-cordoba-gana-el-premio-manuel-olivencia-a-la-excelencia-universitaria-2026https://elderecho.com/una-alumna-de-la-universidad-de-cordoba-gana-el-premio-manuel-olivencia-a-la-excelencia-universitaria-2026https://elderecho.com/una-alumna-de-la-universidad-de-cordoba-gana-el-premio-manuel-olivencia-a-la-excelencia-universitaria-20262026-06-19 11:45:342026-06-19 11:45:34sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico483541Esa prohibición fue acordada en diciembre de 2024 por el Comité de Seguridad de la Información del Consistorio alicantino, después de que la sección sindical de CCOO en la corporación remitiera, el 7 de noviembre anterior, un correo electrónico a la lista de distribución municipal con la convocatoria para el día siguiente de una concentración solidaria con las víctimas de la Dana de Valencia. La Sala de lo Social del TSJCV ha desestimado el recurso de suplicación presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia dictada el 30 de junio de 2025 por el Juzgado de lo Social número 1 de Alicante. Los magistrados señalan en su resolución que, a pesar de que existían unas normas generales sobre el uso del correo corporativo o interno del consistorio que datan de 2014 (...), "se había venido haciendo uso del correo electrónico por los sindicatos para felicitaciones de Navidad, remisión de revistas sobre consumo en Navidad, información a los trabajadores, ofertas de ocio, comunicación sobre jubilaciones y comidas de despedida, sin que se hubiese sancionado ni hubiese sido objeto de limitación". "Esto es, que el correo electrónico no se había limitado a información sindical, sino que se había usado también para otros usos generales, adjuntando en algunos casos archivos", precisan a continuación. La Sala coincide con la jueza que dictó la sentencia en primera instancia en que el correo remitido por CCOO el 7 de noviembre de 2024 "no era ofensivo, ni iba a perjudicar a ninguna fuerza política ni organización, ni se ha acreditado, ni siquiera alegado, por el Ayuntamiento que perturbara el normal funcionamiento de la actividad ni implicara carga, gravamen o incremento de costes o bloqueara la intranet". En esas circunstancias, el TSJCV concluye que la limitación del uso del correo al sindicato por un mes "es desproporcionado y no encuentra justificación" en el artículo 25 de la normativa interna aprobada por el Ayuntamiento en 2014. TSJ de la Comunidad Valenciana. Sala de lo Social. Sentencia nº 1354/2026 de 6 de mayo de 2026.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha ratificado una sentencia previa del Juzgado de lo Social 1 de Alicante que condena al Ayuntamiento de Alicante a abonar a Comisiones Obreras 8.500 euros por vulnerar su derecho a la libertad sindical, por prohibirle el uso del correo electrónico corporativo durante un mes. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2480172077-1-p483541-m1508463-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-el-ayuntamiento-de-alicante-a-pagar-8-500-euros-a-ccoo-por-vulnerar-su-derecho-a-la-libertad-sindicalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2480172077-1-p483541-m1508463-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-el-ayuntamiento-de-alicante-a-pagar-8-500-euros-a-ccoo-por-vulnerar-su-derecho-a-la-libertad-sindicalhttps://elderecho.com/condenado-el-ayuntamiento-de-alicante-a-pagar-8-500-euros-a-ccoo-por-vulnerar-su-derecho-a-la-libertad-sindicalhttps://elderecho.com/condenado-el-ayuntamiento-de-alicante-a-pagar-8-500-euros-a-ccoo-por-vulnerar-su-derecho-a-la-libertad-sindical2026-06-19 11:16:182026-06-19 11:16:18socialSocial13Social