https://elderecho.com/feedes487493El ICAM abre el nuevo curso con una toma de posición clara sobre Ceuta y Melilla: defender ambas ciudades es defender el Estado de Derecho. En un Manifiesto Institucional difundido en vísperas del Día Oficial de Ceuta, la Abogacía de Madrid reivindica su plena integración en España y en la Unión Europea, reclama respaldo para quienes sirven al Estado y rechaza la falsa disyuntiva entre eficacia y garantías. El documento parte de una afirmación inequívoca: “Ceuta y Melilla forman parte plena e indiscutible de España” y no pueden ser tratadas “como una cuestión periférica, secundaria o ajena al conjunto de nuestro país”. El ICAM recuerda que su posición está reconocida expresamente tanto en el orden constitucional español como en el europeo: la Constitución contempla ambas ciudades y el artículo 25 del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas las menciona de forma expresa. “Ceuta y Melilla son España y los desafíos que afrontan afectan al conjunto del Estado. Defenderlas significa proteger a sus ciudadanos, respaldar a quienes sirven en ellas y garantizar que la ley pueda aplicarse con eficacia y con todas las garantías”, señala el decano del ICAM, Eugenio Ribón. El texto aborda de forma especial la realidad fronteriza de ambas ciudades y sostiene que España tiene “el derecho y el deber de proteger y controlar eficazmente sus fronteras”. Una responsabilidad, subraya el Colegio, que debe ejercerse con plena sujeción al ordenamiento jurídico y respeto a los derechos fundamentales. “La fortaleza institucional consiste en poder hacer las dos cosas a la vez” Frente a la idea de que el Estado debe optar entre eficacia y garantías, el ICAM plantea precisamente lo contrario. “No hay contradicción entre eficacia y legalidad. Un Estado que no logra hacer cumplir sus normas se debilita, pero también se debilita aquel que, para hacerlas cumplir, prescinde de las garantías”, señala el documento. Y añade: “La fortaleza institucional consiste precisamente en ser capaz de proteger las fronteras, hacer efectiva la ley y preservar al mismo tiempo los principios propios de una democracia constitucional”. Para Ribón, “el Estado de Derecho no puede medirse únicamente por los límites que impone al poder, sino también por su capacidad para proteger a los ciudadanos y hacer cumplir democráticamente sus normas. No deberíamos aceptar la falsa alternativa entre autoridad y garantías: una democracia sólida necesita ambas”. Respaldo a policías, guardias civiles, militares, sanitarios y servidores públicos El ICAM dedica otro de los ejes del documento a quienes desarrollan su trabajo en Ceuta y Melilla. Expresa su reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, los profesionales sanitarios, los funcionarios públicos, los integrantes de la Administración de Justicia y los profesionales de la Abogacía. Para todos ellos reclama “medios suficientes, reglas claras y plena seguridad jurídica”. El Colegio sostiene que respaldar su actuación legítima no rebaja las exigencias del Estado de Derecho, sino que permite que puedan ejercer sus funciones dentro de él y con todas las garantías. Ese respaldo convive, de forma expresa, con la defensa de los derechos de quienes llegan a nuestras fronteras. El ICAM reclama la plena garantía del derecho de defensa y la asistencia letrada, así como la protección de menores, personas especialmente vulnerables y quienes puedan tener derecho a solicitar protección internacional. “Proteger nuestras fronteras y proteger los derechos no son objetivos enfrentados. Precisamente ahí reside la exigencia del Estado de Derecho: en ser eficaz sin dejar de ser Derecho”, añade el Decano del ICAM. La bandera de Ceuta ondeará en la sede del ICAM el 2 de septiembre La presentación pública del manifiesto tendrá continuidad mañana, 2 de septiembre, Día Oficial de Ceuta, con distintas acciones de respaldo institucional. Durante toda la jornada, la bandera de Ceuta ondeará en la sede del ICAM. A las 19:30 horas, frente a la sede colegial, tendrá lugar una lectura pública del Manifiesto por Ceuta y Melilla. Tras la lectura, una representación del Colegio se desplazará a la concentración convocada en Madrid en apoyo de Ceuta, a la que asistirán el decano, Eugenio Ribón; la vicedecana, Isabel Winkels; y miembros de la Junta de Gobierno. Con esta iniciativa, la Abogacía de Madrid sitúa desde el comienzo del nuevo curso la defensa del Estado de Derecho y el compromiso con Ceuta y Melilla entre sus prioridades institucionales. El texto culmina con una formulación que resume la posición del Colegio: “Defender Ceuta y Melilla es defender el Estado de Derecho”.La bandera de Ceuta ondeará este martes en la sede del Colegio, donde a las 19:30 horas tendrá lugar una lectura pública del texto antes de acudir a la concentración convocada en Madrid.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Imagen-del-decano-del-ICAM-Eugenio-Ribon-p487493-m1520675-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-reivindica-que-ceuta-y-melilla-no-son-una-periferia-constitucionalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Imagen-del-decano-del-ICAM-Eugenio-Ribon-p487493-m1520675-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-reivindica-que-ceuta-y-melilla-no-son-una-periferia-constitucionalhttps://elderecho.com/el-icam-reivindica-que-ceuta-y-melilla-no-son-una-periferia-constitucionalhttps://elderecho.com/el-icam-reivindica-que-ceuta-y-melilla-no-son-una-periferia-constitucional2026-09-01 07:25:432026-09-01 07:25:43sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487458La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha confirmado la suspensión de empleo y sueldo durante 15 días impuesta por la Conselleria de Sanidad a un médico especialista del Hospital de Torrevieja por una falta muy grave, por negarse a atender a diversos pacientes. Así se recoge en una sentencia fechada el pasado 7 de julio y que confirma otra anterior, del pasado 27 de octubre, emitida por el Juzgado de lo Social número 1 de Elche. El Alto Tribunal valenciano ha desestimado el recurso interpuesto por el facultativo contra la resolución judicial de instancia, pues no aprecia en la valoración de las pruebas que ésta contiene “error patente, arbitrariedad o irracionalidad”. El juzgado ilicitano confirmó la sanción de suspensión de empleo y sueldo por 15 días que la Conselleria de Sanidad impuso en junio de 2023 al médico, entonces jefe del Servicio de Dermatología del Hospital de Torrevieja. La sentencia declaró probado que entre el 1 de enero y el 9 de marzo de ese año 2023 el Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP) había recibido 47 quejas relacionadas con el servicio atribuidas al mismo especialista, de las que nueve quedaron reflejadas por escrito. En esas quejas se denunciaba de forma reiterada un rechazo injustificado a prestar atención especializada y a propuestas de consultas emitidas por médicos de Atención Primaria y otros especialistas, así como un trato vejatorio o inadecuado a los pacientes. Esos usuarios presentaban problemas y patologías como lesión sangrante, psoriasis pustulosa, tumoraciones de evolución rápida o melanoma nodular, tal y como se recogió en el expediente administrativo incorporado al procedimiento judicial. La sentencia de instancia ahora confirmada refleja asimismo hasta un total de 202 reclamaciones al SAIP tanto verbales como escritas en el periodo de un año, principalmente por el rechazo sistemático de propuestas de consulta por parte del jefe del Servicio de Dermatología. El médico sancionado recurrió en suplicación el fallo con el argumento de que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial y a su presunción de inocencia como trabajador porque no habían quedado acreditadas las infracciones que se le atribuían. Sin embargo, la Sala de lo Social del TSJCV ha rechazado ahora el recurso al concluir que el juzgado de lo Social de Elche ha motivado suficientemente en la sentencia la credibilidad que otorga a la documentación incorporada al expediente. Los magistrados señalan que la existencia de directrices sobre gestión de agendas o priorización asistencial alegada por el recurrente “no le eximía del cumplimiento de los deberes inherentes a su función” y subrayan que el “rechazo reiterado e injustificado” de solicitudes de asistencia especializada afectó al “derecho de los pacientes a recibir una asistencia adecuada en las condiciones de calidad y diligencia debidas”. La sentencia emitida por el Alto Tribunal autonómico puede ser recurrida en casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo. TSJCV. Sala de lo Social. Sentencia nº 2125/2026 de 7 de julio de 2026.El facultativo, especialista de dermatología del hospital de Torrevieja, acumuló hasta 47 quejas de usuarios en poco más de tres meses.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2665247563-1-p487458-m1520573-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/suspension-de-empleo-y-sueldo-a-un-medico-por-negarse-a-atender-a-varios-pacienteshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2665247563-1-p487458-m1520573-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/suspension-de-empleo-y-sueldo-a-un-medico-por-negarse-a-atender-a-varios-pacienteshttps://elderecho.com/suspension-de-empleo-y-sueldo-a-un-medico-por-negarse-a-atender-a-varios-pacienteshttps://elderecho.com/suspension-de-empleo-y-sueldo-a-un-medico-por-negarse-a-atender-a-varios-pacientes2026-08-31 13:32:262026-08-31 13:32:26socialSocial13Social487419Vinculado desde 2022 a la firma, que forma parte del grupo internacional ETL GLOBAL, Dr. Reichmann deja ahora de operar como marca independiente y su equipo pasa a hacerlo plenamente bajo ILIA ETL GLOBAL, dando un nuevo paso en un proceso de evolución que amplía las capacidades de la organización y consolida tanto su posición en Mallorca como su alcance internacional. La integración da continuidad al proyecto desarrollado durante estos años por Marisa Herbrandt y Linda Käser, socias del despacho, que seguirán liderando la oficina y su equipo en esta nueva etapa. Un camino iniciado en 2022 La integración comenzó en 2022, cuando el Dr. Armin Reichmann decidió integrar el despacho en ETL GLOBAL, sentando las bases de la evolución que hoy continúa. Desde entonces, la colaboración entre los profesionales de las distintas oficinas se ha ido intensificando, manteniendo en todo momento la relación directa y cercana con los clientes. El paso anunciado ahora no supone, por tanto, el inicio de una nueva relación, sino una evolución de un proyecto iniciado años atrás. La nueva identidad corporativa refleja ahora también la creciente vinculación entre los distintos equipos y su apuesta por una estructura común. Mismo equipo, mayor capacidad Para los clientes de Dr. Reichmann, el cambio de marca no altera la relación con el despacho: mantienen el mismo equipo, los mismos interlocutores y la misma oficina en Mallorca. La continuidad se mantiene también en la dirección: Linda Käser y Marisa Herbrandt, socias de Dr. Reichmann y figuras clave en el proceso iniciado junto al Dr. Armin Reichmann en 2022, continuarán al frente del equipo y liderando el área germanoparlante dentro de la nueva estructura, además de participar activamente en el desarrollo del International Desk. A esa continuidad se suma el acceso a una estructura más amplia, con profesionales especializados en distintas áreas y mayores recursos para dar respuesta a necesidades cada vez más complejas. La nueva estructura permitirá además seguir avanzando en la implantación de sistemas y herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la eficiencia, la precisión y la capacidad de anticipación en el asesoramiento. «El International Desk nace precisamente con esa filosofía: combinar una atención muy personal y un profundo conocimiento del mercado local con la experiencia y las capacidades de una estructura internacional. Queremos crecer sin perder la cercanía que siempre nos ha caracterizado y acompañar a nuestros clientes de una forma cada vez más completa y proactiva», señala Marisa Herbrandt, socia de Dr. Reichmann. «En el asesoramiento de clientes internacionales nos encontramos con asuntos cada vez más complejos, en los que confluyen cuestiones fiscales, jurídicas y patrimoniales. Esta nueva estructura nos permite contar con más profesionales y un mayor grado de especialización en cada una de estas áreas, reforzando nuestra capacidad para analizar cada situación desde distintas perspectivas y ofrecer soluciones cada vez más completas y precisas», explica Linda Käser, socia de Dr. Reichmann. Crecimiento con vocación internacional La unificación se enmarca en el crecimiento sostenido de ILIA ETL GLOBAL, que en los últimos años ha ido incorporando despachos de referencia —entre ellos Confialia— y ampliando progresivamente su especialización y cobertura territorial. Actualmente, cuenta con presencia en Barcelona, Madrid, Mataró, Palma y Alcúdia, una implantación que le permite combinar el conocimiento de cada mercado local con una estructura profesional cada vez más amplia. Este crecimiento se acompaña de una apuesta creciente por el asesoramiento internacional. En este contexto, se ha creado el International Desk, una unidad especializada que centraliza y coordina el asesoramiento a clientes extranjeros que quieren operar en España y a clientes españoles que buscan expandirse a otros mercados, coordinando desde un único punto de contacto las distintas necesidades jurídicas, fiscales, contables y empresariales de cada cliente. El objetivo es combinar conocimiento local, experiencia internacional y atención personal dentro de una misma estructura multidisciplinar. La experiencia del equipo de Dr. Reichmann, y especialmente su trayectoria en el asesoramiento a clientes germanoparlantes, refuerza esta vocación internacional y amplía la capacidad de ILIA ETL GLOBAL para acompañar a clientes con intereses en distintos mercados. Con este nuevo paso, ILIA ETL GLOBAL continúa avanzando en su posicionamiento como firma de referencia en España, combinando la cercanía y el conocimiento de sus equipos locales con la capacidad de acompañar a empresas y particulares en operaciones y proyectos más allá de sus mercados de origen.Dr. Reichmann, despacho de abogados y asesores fiscales especializado en el asesoramiento a clientes nacionales e internacionales, especialmente de habla alemana, culmina su integración en ILIA ETL GLOBAL y pasa a operar plenamente bajo su marca.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/Foto-linda-y-marisa-p487419-m1520473-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/etl-global-consolida-su-presencia-en-mallorca-con-la-integracion-de-dr-reichmann-bajo-la-marca-ilia-etl-globalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/Foto-linda-y-marisa-p487419-m1520473-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/etl-global-consolida-su-presencia-en-mallorca-con-la-integracion-de-dr-reichmann-bajo-la-marca-ilia-etl-globalhttps://elderecho.com/etl-global-consolida-su-presencia-en-mallorca-con-la-integracion-de-dr-reichmann-bajo-la-marca-ilia-etl-globalhttps://elderecho.com/etl-global-consolida-su-presencia-en-mallorca-con-la-integracion-de-dr-reichmann-bajo-la-marca-ilia-etl-global2026-08-31 10:56:392026-08-31 10:56:39sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487418En una sentencia que no es firme porque contra la misma cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial considera a la mujer autora de un delito de estafa, ya que no ha acreditado la veracidad de ninguna de las historias que utilizó para engañar a la víctima, que se dio cuenta del engaño cuando comprobó en la red social de la procesada que donde iba era a Marbella con su pareja. Además de la pena de prisión, en concepto de responsabilidad civil la condena a indemnizar a la víctima en la cantidad estafada más los intereses legales. Según los hechos probados que recoge la sentencia, la acusada fue profesora en dos colegios de Torrelavega durante los cursos 2022/2023 y 2023/2024. En esos años, "amparándose en la amistad y relación profesional" que tenía con la docente perjudicada, "fue contándole que necesitaba urgentemente dinero por tener a su hijo en el extranjero gravemente enfermo, luego fallecido". También, se lo reclamó por haber muerto su hermano y su sobrino, y por tener "numerosas deudas" derivadas de su divorcio, a lo que añadió que tenía "congeladas" sus cuentas corrientes, circunstancias todas "inexistentes o no acreditadas". Ante tales argumentos, la compañera de trabajo de la ahora condenada, y "creyendo que todo lo que le contaba era verdad, le fue entregando distintas cantidades de dinero", que le envió por Bizum y también en mano. La sentencia explica que la acusada "empieza a pedir dinero dando razones sencillas", y más adelante le va pidiendo más. Al principio, la víctima le entrega dinero y continúa haciéndolo varios meses, hasta que llega un punto en que deja de darle esas cantidades y empieza a reclamárselas. La procesada le decía "que en cuanto pudiera le devolvería el dinero", extremo que nunca ocurrió, a pesar de las "reclamaciones continuas" que le hizo esta en ese sentido. Y "el mismo proceder intentó con otras profesoras compañeras de trabajo, que también llegaron a entregarle cantidades de dinero en menor importe, que tampoco fueron devueltas", añade la sentencia. Concurre engaño y es orquestado Para el tribunal, la acusada es autora de un delito de estafa, dado que reconoció haber recibido el dinero que le reclama la víctima y, además, "en modo alguno ha acreditado ser ciertas todas las afirmaciones sobre las que sustentaba sus pedimentos económicos". En este sentido, la Audiencia indica que bastaba con aportar certificaciones de los fallecimientos de su hijo, hermano y sobrino, copia de las diligencias judiciales de su divorcio o certificaciones bancarias que acreditaran el supuesto bloqueo de sus cuentas, "pruebas fáciles de obtener que, de ser ciertos los hechos, habrían podido cuestionar el engaño". Pero "ninguno de esos eventos ha sido mínimamente acreditado", lo que "revela que todas esas historias fueron utilizadas por la acusada para engañar a su compañera, aprovechando su buena fe y la amistad que esta creía existente entre ambas para sacarle la mayor cantidad de dinero posible". Constatado el engaño, elemento esencial de delito de estafa, explica la sentencia que este debe ser bastante para provocar el desplazamiento patrimonial y consiguiente perjuicio de tercero. Pues bien, en este caso, y según los magistrados, no se trata de engaños "burdos, groseros o esperpénticos", sino "engaños orquestados aprovechando la relación de compañerismo profesional, la amistad y la buena fe de los sujetos pasivos, que actuaron del modo que lo hicieron creyendo que lo que se les decía era cierto y por solidaridad humana".La AP de Cantabria ha condenado a un año y medio de prisión a una mujer que estafó a una compañera en el colegio donde ambas trabajaban 4.630 euros, dinero que obtuvo a lo largo de varios meses con excusas como que su hijo estaba enfermo en el extranjero, luego que había fallecido, que ella se estaba divorciando o que tenía congeladas sus cuentas corrientes.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2598297061-1-p487418-m1520455-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/carcel-para-una-profesora-que-estafo-4-600-euros-a-una-companera-de-trabajohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2598297061-1-p487418-m1520455-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/carcel-para-una-profesora-que-estafo-4-600-euros-a-una-companera-de-trabajohttps://elderecho.com/carcel-para-una-profesora-que-estafo-4-600-euros-a-una-companera-de-trabajohttps://elderecho.com/carcel-para-una-profesora-que-estafo-4-600-euros-a-una-companera-de-trabajo2026-08-31 10:51:392026-08-31 10:51:39penalPenal9Penal487459En concreto, Bruselas designa ChatGPT como Motor de Búsqueda de Muy Gran Tamaño (VLOSE, por sus siglas en inglés) y a Roblox y Reddit como Plataformas online de Muy Gran Tamaño (VLOP), por lo que ahora las compañías tienen un plazo de cuatro meses para ponerse al día con las normas más duras. Así, por ejemplo, deberán "evaluar y mitigar los riesgos sistémicos derivados de sus servicios y sistemas algorítmicos relacionados con la difusión de contenidos ilícitos", así como los efectos negativos que puedan tener en los menores de edad, en el bienestar físico y mental de los usuarios en general y en el respeto de los Derechos fundamentales, los procesos electorales y la seguridad pública. Con esta decisión, el Ejecutivo comunitario adquiere competencias de investigación para evaluar las funcionalidades que subyacen a estos servicios y, en su caso, a cualquier sistema conexo. "ChatGPT, Reddit y Roblox tendrán ahora un nivel más alto de control y rendición de cuentas en la Unión Europea, en línea con su gran impacto en nuestros ciudadanos y la sociedad", ha celebrado la vicepresidenta comunitaria para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen. Virkkunen también ha avisado de que Bruselas "sigue vigilando de cerca el panorama digital" y "no dudará" en designar como compañía sometida a este marco a toda plataforma que alcance el umbral para una supervisión reforzada en virtud de la Ley de Servicios Digitales.La Comisión Europea ha designado a ChatGPT y a la plataforma de videojuegos online Roblox como modelos de "muy gran tamaño" dado que sus servicios alcanzan al menos 45 millones de usuarios mensuales en la Unión Europea, lo que supone que deberán someterse a las reglas más duras de la Ley europea de Servicios Digitales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2655287343-1-p487459-m1520633-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bruselas-sometera-a-chatgpt-y-roblox-a-las-reglas-mas-estrictas-de-la-ley-de-servicios-digitales-de-la-uehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2655287343-1-p487459-m1520633-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bruselas-sometera-a-chatgpt-y-roblox-a-las-reglas-mas-estrictas-de-la-ley-de-servicios-digitales-de-la-uehttps://elderecho.com/bruselas-sometera-a-chatgpt-y-roblox-a-las-reglas-mas-estrictas-de-la-ley-de-servicios-digitales-de-la-uehttps://elderecho.com/bruselas-sometera-a-chatgpt-y-roblox-a-las-reglas-mas-estrictas-de-la-ley-de-servicios-digitales-de-la-ue2026-08-31 10:15:272026-08-31 10:15:27derecho-ticDerecho TICDerecho TIC487380Las pensiones de jubilación flexible iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva regulación se seguirán rigiendo por la normativa que les fuera aplicable anteriormente. La norma, que fue aprobada en mayo por el Consejo de Ministros, establece que a esta modalidad de jubilación podrán acceder también los autónomos, que antes tenían vetado el acceso, pues sólo se le permitía a los asalariados. Esta nueva regulación se enmarca en la reforma de pensiones acordada por Gobierno, sindicatos y empresarios y aprobada en 2024. Esta reforma contemplaba diferentes incentivos para mejorar la transición del empleo a la jubilación y favorecer la compatibilidad del trabajo con la pensión, la demora voluntaria o el retorno a la actividad laboral. La jubilación flexible ofrece la posibilidad voluntaria a los jubilados de reincorporarse a la actividad, y compatibilizar el cobro de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o, como novedad, con la realización de una actividad por cuenta propia. Esta modalidad de jubilación podrá ser solicitada por las personas que ya hayan accedido a una pensión contributiva de jubilación y deseen volver a desarrollar una actividad laboral compatible con el cobro parcial de la pensión. Una de las principales novedades de la reforma es que la jubilación flexible ya no se limita únicamente al trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial. También podrán acogerse quienes quieran desarrollar una actividad por cuenta propia, siempre que no hayan estado dados de alta como autónomos en los tres años anteriores a la fecha de jubilación. Además, no será necesario esperar un periodo mínimo desde la jubilación para solicitar la jubilación flexible. Se podrá acceder en cualquier momento, una vez reconocida la pensión. Mejora de los incentivos económicos En el caso de los pensionistas que compatibilicen con una actividad por cuenta ajena a tiempo parcial, la horquilla para la realización de esta jornada sube del 33% al 80%. Antes de esta mejora, el jubilado podía realizar una jornada de entre el 25% y el 75%. La cuantía de la pensión, con relación a la de un trabajador a tiempo completo, se reducirá en proporción inversa a la disminución de la jornada de trabajo. Con el objetivo de incentivar el retorno al mercado de trabajo, cuando se acceda a la jubilación flexible pasados al menos seis meses desde la jubilación, el pensionista percibirá un porcentaje adicional de pensión. Así, las jornadas a tiempo parcial que se encuentren entre el 55% y el 80% incrementarán el importe de la pensión en un 25% adicional; mientras que las que sean iguales o superiores al 33% pero inferiores al 55% subirán un 15% adicional. En el caso del trabajo autónomo, el pensionista podrá percibir hasta 25% de la pensión mientras desarrolla la actividad compatible. Durante el periodo de jubilación flexible, el trabajador seguirá teniendo la condición de pensionista a efectos de asistencia sanitaria y protección social. Además, el pensionista que haya accedido de forma involuntaria a una jubilación anticipada, cuando regrese a la jubilación plena desde la jubilación flexible, verá mejorada su pensión inicial al recalcularse su base reguladora y el porcentaje aplicable, según el periodo de cotización acreditado. La nueva regulación, que mejora las condiciones para las jubilaciones demoradas, se aplicará a todos los regímenes de Seguridad Social, a excepción de los regímenes especiales de los funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del personal al servicio de la Administración de Justicia.El Real Decreto que reforma el régimen jurídico de la jubilación flexible para facilitar a los jubilados seguir activos laboralmente sin perder completamente su pensión entra en vigor este viernes, 28 de agosto.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2760476143-1-p487380-m1520350-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/entra-en-vigor-el-real-decreto-416-2026-que-regula-el-regimen-juridico-de-la-jubilacion-flexiblehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2760476143-1-p487380-m1520350-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/entra-en-vigor-el-real-decreto-416-2026-que-regula-el-regimen-juridico-de-la-jubilacion-flexiblehttps://elderecho.com/entra-en-vigor-el-real-decreto-416-2026-que-regula-el-regimen-juridico-de-la-jubilacion-flexiblehttps://elderecho.com/entra-en-vigor-el-real-decreto-416-2026-que-regula-el-regimen-juridico-de-la-jubilacion-flexible2026-08-28 11:54:522026-08-28 11:54:52sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social487379Las capacidades en ciberseguridad de la IA son un arma de doble filo: por un lado, están ayudando a identificar y corregir brechas existentes en el código de los sistemas de importantes empresas de la industria, en muchos casos desconocidas para los equipos humanos, además de reforzar las medidas de detección, bloqueo y mitigación frente a ataques. Por otro, esas mismas capacidades se utilizan para automatizar, perfeccionar y acelerar los ataques, y con el salto a la IA agéntica, es la propia IA la que pone en riesgo los sistemas con una actuación autónoma que ya se ha visto en el caso de OpenAI y Hugging Face. Precisamente, ante la amenaza que suponen para la sociedad en general los ataques impulsados por IA, más de cien empresas, entre las que se encuentran OpenIA, IBM, Google, CrowdStrike, Cloudflare, Xbox, AWS, Cisco, Dell, NTT DATA y Check Point, han hecho un llamamiento a "todas las organizaciones, empresas de ciberseguridad, socios tecnológicos, gobiernos y empresas líderes en IA", para reducir el riesgo ahora que todavía se está a tiempo. El objetivo es dar una respuesta colectiva que permita "acelerar las prioridades de los defensores con herramientas, financiación y apoyo práctico, especialmente para las organizaciones de infraestructuras críticas con presupuestos limitados". Para ello, entienden que es "fundamental" reconocer que la seguridad como se entendía hasta ahora ha quedado obsoleta, y que los sistemas, especialmente los críticos, no pueden permitirse "errores persistentes, permisos excesivos, configuraciones incorrectas, software inseguro y sin parchear, autenticación débil y deuda técnica en sistemas heredados". También consideran que el papel de IA para la defensa es clave, ya que esta tecnología "hace que las tareas de seguridad esenciales sean más rápidas, económicas y eficaces", pero inciden en la necesidad de compartir "herramientas, conocimientos prácticos y soluciones verificadas" para que muchas más organizaciones puedan beneficiarse de la protección. Y, dado que "las capacidades cibernéticas están avanzando a nivel mundial", se requiere "una respuesta global", con nuevas alianzas que contribuyan a "elevar los estándares de seguridad y encontrar nuevas soluciones a las amenazas cibernéticas emergentes". "Corrijamos las vulnerabilidades más peligrosas, verifiquemos las soluciones y compartamos las que funcionan para que otros puedan aprovecharlas. Juntos, podemos convertir los avances actuales en IA en mejoras duraderas en la seguridad que beneficien a todos", concluyen en la carta abierta.OpenAI, IBM, Google, CrowdStrike, Cloudflare y Check Point, junto a docenas de empresas tecnológicas y del sector de la ciberseguridad, han respaldado una carta abierta que insta a mejorar las defensas frente a la amenaza que suponen los ataques impulsados por la inteligencia artificial.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2826779967-1-p487379-m1520385-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/mas-de-100-empresas-tecnologicas-piden-una-respuesta-colectiva-para-garantizar-la-ciberseguridad-global-con-la-iahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2826779967-1-p487379-m1520385-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/mas-de-100-empresas-tecnologicas-piden-una-respuesta-colectiva-para-garantizar-la-ciberseguridad-global-con-la-iahttps://elderecho.com/mas-de-100-empresas-tecnologicas-piden-una-respuesta-colectiva-para-garantizar-la-ciberseguridad-global-con-la-iahttps://elderecho.com/mas-de-100-empresas-tecnologicas-piden-una-respuesta-colectiva-para-garantizar-la-ciberseguridad-global-con-la-ia2026-08-28 11:47:192026-08-28 11:47:19ciberseguridadCiberseguridadderecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoCiberseguridad,Derecho TIC,Sector jurídico487378En una nota de prensa, el CGPJ ha detallado que Torres ejercerá labores de apoyo a las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción de este órgano judicial ante la crisis migratoria en la ciudad autónoma y durante un plazo de seis meses prorrogables. La designación se ha hecho a propuesta de la presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, Ceuta y Melilla, Beatriz Pérez, a la vista de que Torres es, de los siete peticionarios, "el que cuenta con más antigüedad en la carrera judicial y dada su experiencia en las jurisdicciones civil y penal", detalla. Y señala que Torres reforzará la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia ceutí por un periodo de medio año, "prorrogable en el supuesto de que se considere precisa la renovación de la medida, ante el incremento de la carga de trabajo por la crisis migratoria sufrida por la ciudad autónoma los pasados días 30 y 31 de julio". Además, este viernes se encuentra en tramitación una segunda comisión de servicio para reforzar el tribunal de instancia de Ceuta, "en este caso para prestar apoyo a la plaza con competencia en materia de violencia sobre la mujer", indica. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a las 23:59 horas. Asimismo, la entidad señala que el pasado día 25 la presidenta del TSJ de Andalucía acordó establecer el refuerzo del servicio de guardia en el tribunal de instancia de Ceuta por un segundo juez del partido judicial "mientras dure la situación extraordinaria generada por la crisis migratoria".El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha designado a Miguel Ángel Torres, magistrado de la la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla, para reforzar las seis plazas del tribunal de instancia de Ceuta.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2827979901-1-p487378-m1520330-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-designa-a-un-magistrado-de-la-ap-de-malaga-en-melilla-para-reforzar-los-juzgados-de-ceutahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2827979901-1-p487378-m1520330-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-designa-a-un-magistrado-de-la-ap-de-malaga-en-melilla-para-reforzar-los-juzgados-de-ceutahttps://elderecho.com/el-cgpj-designa-a-un-magistrado-de-la-ap-de-malaga-en-melilla-para-reforzar-los-juzgados-de-ceutahttps://elderecho.com/el-cgpj-designa-a-un-magistrado-de-la-ap-de-malaga-en-melilla-para-reforzar-los-juzgados-de-ceuta2026-08-28 11:32:022026-08-28 11:32:02sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487339El 27 de octubre de 2017, la paciente acudió a urgencias por dolor en el abdomen y le recetaron antibióticos por una sospecha de infección urinaria. Cuatro días después regresó por persistencia del dolor, pero fue dada de alta tras dar negativo en el urinocultivo. El 6 de noviembre fue derivada a ginecología, donde mediante ecografía y analítica se le diagnosticó enfermedad inflamatoria pélvica con abscesos tubo-ováricos en ambos lados y leucocitosis. Durante la intervención quirúrgica por laparoscopia realizada el 15 de noviembre, sufrió una perforación intestinal que requirió una segunda operación de urgencia. Un año más tarde se le diagnosticó una eventración abdominal, por la cual tuvo que ser intervenida nuevamente mediante eventroplastia. Los magistrados determinan que un fallo en el diagnóstico no implica automáticamente una mala práctica médica si se han realizado de forma adecuada los exámenes y pruebas correspondientes. Sin embargo, en este caso, la presencia de un dolor abdominal inespecífico acompañado de infección exigía profundizar en la investigación, situando la Enfermedad Infecciosa Pélvica (EIP) como una sospecha clara, aunque fuera por descarte. Así, aunque el error inicial resulta comprensible, la falta de diagnóstico en la segunda visita hospitalaria constituye un fallo reprochable. En ese momento, la EIP debía considerarse una posibilidad real que requería un tratamiento antibiótico específico en ginecología, el cual habría tenido elevadas probabilidades de éxito, evitando la cirugía y sus posteriores complicaciones graves. De igual modo, haber intervenido al menos cinco días antes -cuando la paciente ya presentaba problemas de coagulación por septicemia- habría mejorado el pronóstico y reducido sensiblemente el riesgo de sufrir una perforación intestinal. La sentencia no es firme y pude ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia nº 218/2026 de 25 de mayo de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha condenado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha a indemnizar con 70.000 euros a una paciente al considerar deficiente la atención sanitaria que recibió en el Servicio de Urgencias y de Ginecología del Hospital General de Albacete al que acudió por una molestia abdominal.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2736159949-1-p487339-m1520227-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/indemnizacion-de-70-000-euros-a-una-paciente-a-la-que-no-le-diagnosticaron-a-tiempo-una-infeccion-pelvicahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2736159949-1-p487339-m1520227-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/indemnizacion-de-70-000-euros-a-una-paciente-a-la-que-no-le-diagnosticaron-a-tiempo-una-infeccion-pelvicahttps://elderecho.com/indemnizacion-de-70-000-euros-a-una-paciente-a-la-que-no-le-diagnosticaron-a-tiempo-una-infeccion-pelvicahttps://elderecho.com/indemnizacion-de-70-000-euros-a-una-paciente-a-la-que-no-le-diagnosticaron-a-tiempo-una-infeccion-pelvica2026-08-28 10:14:442026-08-28 10:14:44administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico487338Sin embargo, según ha podido saber Europa Press, la compañía no implementará estas nuevas medidas de seguridad fuera de Estados Unidos por el momento. La compañía, que ya cuenta con protección para los adolescentes y ofrece controles a los padres (las denominadas cuentas para adolescentes) supervisará cómo funcionan estos cambios en Estados Unidos y mantendrá un diálogo constructivo con los gobiernos para favorecer experiencias adecuadas a la edad en sus plataformas. La compañía tecnológica alcanzó este miércoles un acuerdo con 52 fiscales generales de todo el territorio estadounidense cuando afronta la segunda semana del juicio sobre el diseño adictivo de su redes sociales, Facebook e Instagram, en el que se analiza el papel que tienen mecánicas como la navegación sin límite por publicaciones, las notificaciones y las recomendaciones de contenido, en el bienestar de los adolescentes. Según explicó en un comunicado, el acuerdo refiere la implementación de medidas de seguridad destinadas a los usuarios menores de 18 años, que incluye controles estrictos sobre el tiempo que pasan los adolescentes en las redes sociales que no puedan desactivarse, bloqueos predeterminados durante la noche y notificaciones silenciadas en horario escolar. También contempla el pago de unos 18.000 millones de dólares, que se distribuirá en cuotas anuales a lo largo de un período de diez años. De esa cantidad, el 70% --un total de 12.700 millones de dólares (unos 11.000 millones de euros)-- se entregará a los estados participantes, para la promoción de iniciativas de seguridad juvenil. El otro 30% --unos 5.300 millones de dólares (4.550 millones de euros)-- restante estará vinculado a la participación de YouTube y TikTok en la implementación de medidas de seguridad que limiten el tiempo de uso de los menores y en la aportación de una cantidad equivalente a esa cifra por parte de ambas compañías. Se trata de una cifra notablemente menor que los 1,4 billones de dólares (1,2 billones de euros) que al inicio del juicio se estimaba que podían reclamar los fiscales generales a Meta y que ya entonces calificó de "descabellada" y sin precedentes. No obstante, el acuerdo necesita la aprobación del juez. Por su parte, el fiscal general de California, Rob Bonta, también informó del acuerdo extrajudicial por valor de 16.700 millones de dólares (14.330 millones de euros), al incluir la cifra proporcionada de Meta otro acuerdo únicamente con el estado de Texas. "Nuestra investigación bipartidista ha llegado a una conclusión contundente: Meta ha estado perjudicando a nuestros niños y adolescentes, fomentando la adicción para aumentar las ganancias corporativas. Con la demanda de hoy, marcamos un límite. Debemos proteger a nuestros niños y no cejaremos en esta lucha. Agradezco la colaboración de mis colegas fiscales generales estatales por defender a nuestros niños y exigirle responsabilidades a Meta", ha sostenido Bonta.Meta anunció este miércoles que ha llegado a un acuerdo con un grupo de fiscales generales de Estados Unidos para evitar continuar con el juicio por el diseño adictivo de las redes sociales, por el que se compromete a pagar cerca de 15.400 millones de euros y a incorporar medidas por defecto que protejan a los adolescentes que se conviertan en un estándar para la industria. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2652715669-1-p487338-m1520209-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/meta-no-implementara-las-nuevas-medidas-de-seguridad-para-menores-fuera-de-eeuu-por-el-momentohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2652715669-1-p487338-m1520209-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/meta-no-implementara-las-nuevas-medidas-de-seguridad-para-menores-fuera-de-eeuu-por-el-momentohttps://elderecho.com/meta-no-implementara-las-nuevas-medidas-de-seguridad-para-menores-fuera-de-eeuu-por-el-momentohttps://elderecho.com/meta-no-implementara-las-nuevas-medidas-de-seguridad-para-menores-fuera-de-eeuu-por-el-momento2026-08-28 10:09:462026-08-28 10:09:46derecho-ticDerecho TICDerecho TIC