https://elderecho.com/feedes487581El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha aprobado, en solo 24 horas, el nuevo refuerzo tras la petición trasladada por el Consejo General de la Abogacía Española a solicitud del Colegio de la Abogacía de Ceuta, tras una nueva reunión mantenida ayer entre Abogacía, Colegio y Ministerio. Con la aprobación de estos 10 nuevos refuerzos, el Colegio de la Abogacía de Ceuta estaría preparado para atender el posible aumento de peticiones de profesionales de la abogacía que podría producirse en la ciudad con el inicio de los procedimientos. La medida se suma al primer refuerzo de cinco cuerpos de guardia adicionales autorizado al inicio de esta situación, solicitud que fue trasladada también por Abogacía Española a petición del Colegio ceutí, y responde al aumento de la carga de trabajo previsto a medida que avanza la tramitación de los expedientes. Abogacía Española continuará trabajando junto al Colegio de Ceuta y manteniendo una comunicación constante con el Ministerio de Justicia para trasladarle nuevas soluciones, si fueran necesarias. En unas semanas especialmente exigentes para Ceuta y sus ciudadanos, la abogacía ha querido estar al lado de los ciudadanos, y ha respondido inmediatamente asegurando la asistencia jurídica, protegiendo los derechos y manteniendo en funcionamiento un servicio público esencial incluso ante circunstancias extraordinarias. Una labor que Abogacía Española quiere reconocer especialmente y a la que seguirá prestando todo su apoyo. En palabra de Isabel Valriberas, decana del Colegio de Abogados de Ceuta: “Ceuta está viviendo semanas muy difíciles y creo que es importante reconocer no solo la respuesta de nuestra abogacía, sino la de toda la ciudad. Desde el Colegio estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para estar a la altura de lo que Ceuta necesita. Estoy enormemente orgullosa de nuestra Junta de Gobierno y de los compañeros del Turno de Oficio, que desde el primer momento se han puesto a disposición del Colegio y están respondiendo con una enorme profesionalidad y compromiso”. Desde el primer momento, el Colegio de la Abogacía de Ceuta ha realizado un seguimiento continuo de las necesidades del servicio. Su Junta de Gobierno, encabezada por la decana Isabel Valriberas, mantiene un contacto diario con los profesionales del Turno de Oficio y ha ido reorganizando los recursos y planteando nuevos refuerzos a medida que la situación lo ha requerido. Abogacía Española trabaja estrechamente con el Colegio y mantiene, a su vez, una comunicación constante con el Ministerio de Justicia para agilizar trámites y analizar la evolución de la situación y las necesidades de los profesionales, un trabajo conjunto que continuará mientras sea necesario. El compromiso de la abogacía de Ceuta La respuesta del Colegio ha estado respaldada desde el principio por sus profesionales. Más de 30 abogados y abogadas se pusieron a disposición de la institución en las primeras horas para atender las necesidades que pudieran surgir. A ellos se ha sumado la solidaridad de Colegios de distintos puntos de España, que han ofrecido su apoyo e incluso la posibilidad de desplazar profesionales a Ceuta si fuera necesario, a través de sus decanos. El presidente de la Abogacía Española Salvador González ha expresado que “El trabajo que están realizando desde el Colegio de Ceuta merece todo nuestro reconocimiento. Su decana, su Junta de Gobierno y los abogados y abogadas del Turno de Oficio están demostrando una enorme capacidad de organización y de respuesta en unas circunstancias especialmente exigentes. Desde Abogacía Española vamos a seguir a su lado, apoyando a los profesionales y trabajando para que cuenten con los recursos suficientes”. Mientras tanto, el Colegio, su Junta de Gobierno y los profesionales del Turno de Oficio siguen trabajando cada día al servicio de Ceuta y de sus ciudadanos. Una labor que Abogacía Española seguirá respaldando para que, también en circunstancias excepcionales, el derecho de defensa esté plenamente garantizado.El Turno de Oficio de Ceuta contará con 10 profesionales de la abogacía más para afrontar el aumento de la carga de trabajo en materia de extranjería.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Imagen-Ilustre-Colegio-de-Abogados-de-Ceuta_img-p487581-m1520935-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-impulsa-un-nuevo-refuerzo-del-turno-de-oficio-en-ceutahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Imagen-Ilustre-Colegio-de-Abogados-de-Ceuta_img-p487581-m1520935-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-impulsa-un-nuevo-refuerzo-del-turno-de-oficio-en-ceutahttps://elderecho.com/abogacia-espanola-impulsa-un-nuevo-refuerzo-del-turno-de-oficio-en-ceutahttps://elderecho.com/abogacia-espanola-impulsa-un-nuevo-refuerzo-del-turno-de-oficio-en-ceuta2026-09-01 15:43:302026-09-01 15:43:30sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487621Mediante este real decreto-ley se pone en marcha un plan de choque estructurado en cuatro ejes: refuerzo de servicios esenciales (21 millones de euros), seguridad (90 millones de euros), acogida humanitaria (118 millones de euros) y empresas y trabajadores (80 millones de euros). Refuerzo de servicios esenciales: Sanidad, Educación, Justicia y agua En el ámbito de la justicia, se destina una inversión de 4,5 millones de euros para el refuerzo de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionarios para la agilización de los expedientes de los migrantes, así como la financiación de la asistencia jurídica gratuita, el despliegue de apoyo informático en Ceuta y la automatización de procedimientos. También se financia el refuerzo de recursos sanitarios con 100 nuevos profesionales sanitarios del INGESA, tanto para la atención primaria como hospitalaria, con una inversión de 3,5 millones de euros. En educación, se refuerza la seguridad de los centros docentes y se ponen en marcha actuaciones de acompañamiento psicosocial para toda la comunidad educativa, que implica una inversión de 3,2 millones de euros. Este bloque incluye también una subvención de 2 millones de euros a la ciudad de Ceuta, que se añade a los más de 7 millones de euros aprobados para la planta desalinizadora. Más fondos para seguridad El Real Decreto-ley contempla 90 millones de euros en seguridad. La norma reconoce el esfuerzo con un incentivo al rendimiento de carácter excepcional de 7,1 millones de euros para la Policía Nacional y 8 millones de euros para la Guardia Civil. A ello se suma el refuerzo del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, con una dotación adicional de 74 millones de euros, tras sostener el despliegue y repliegue de personal y medios, el transporte, la logística y el mantenimiento del material empleado en la ciudad autónoma. Acogida humanitaria Aumentan los recursos necesarios para el alojamiento y la atención básica de las personas migrantes (alimentación, salubridad, seguridad, acompañamiento, traducción e interpretación y atención médica), con una inversión de 53,4 millones de euros. La norma presta una atención especial a la infancia, de forma que el gobierno de la Ceuta recibirá una dotación adicional de 63,6 millones de euros para la atención para reforzar la capacidad de acogida y los recursos disponibles ante los 1.500 menores migrantes no acompañados que atiende el sistema de protección de menores, que se suman a los 25 millones de euros aprobados en el pasado Consejo de Ministros. Esta nueva partida económica permitirá financiar la atención y apoyo a la acogida de la infancia migrante no acompañada, así como su asistencia letrada y su atención psicosocial, educativa o sanitaria. Asimismo, en el ámbito de infancia y juventud, se incluye la concesión directa de subvenciones por interés público, social y humanitario a Save the Children y a la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) por importe de 550.000 euros y 160.000 euros, respectivamente. Apoyo a la actividad económica En respuesta a las peticiones trasladadas por las patronales, sindicatos, la Cámara de Comercio y el Gobierno de la ciudad de Ceuta, se impulsan medidas para empresas y trabajadores por 80 millones de euros entre ayudas directas, apoyo al comercio, medidas fiscales y cotizaciones. El plan incluye ayudas directas por más de 50 millones de euros. En concreto, 36,6 millones de euros se destinan a ayudas directas a empresas y autónomos, que prevé unos 5.000 euros por cada autónomo y entre 10.000 y 150.000 euros por empresa, en función del volumen de facturación. Esta iniciativa podría beneficiar a 2.500 autónomos y 1.500 empresas y las ayudas se podrán solicitar a partir del lunes 14 de septiembre, a través de la web de la Agencia Tributaria, con el objetivo de iniciar los pagos a principios de octubre, para lo que las empresas solo tendrán que indicar un número de cuenta donde recibir la ayuda, que están exentas de tributación y son inembargables. Asimismo, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa moviliza 16 millones de euros para apoyar al comercio, el turismo, la restauración y la internacionalización de las empresas de Ceuta. De ellos, 14 millones se canalizarán a través de un convenio entre la Secretaría de Estado de Comercio y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ceuta: 10 millones para dinamizar el comercio local, mediante bonos de consumo, campañas de atracción de compradores y acciones de dinamización de barrios comerciales y mercados; y 4 millones para apoyar al turismo y la hostelería, con bonos turísticos, promociones para visitantes y campañas de comunicación del destino, así como descuentos para reducción del coste del transporte a no residentes,. A esta cantidad se suman un millón de euros para el Plan Ceuta Exporta, que ICEX pondrá en marcha con un acompañamiento personalizado a las empresas ceutíes con actividad exportadora, y un millón de euros para que Turespaña desarrolle una campaña extraordinaria de promoción internacional de Ceuta como destino turístico. Para reforzar de forma inmediata el acceso a financiación de las empresas y autónomos de Ceuta, el Real Decreto-ley pone en marcha una línea de avales por cuenta del Estado de 50 millones de euros, gestionada por el ICO. Los avales cubrirán operaciones de financiación destinadas a atender necesidades de liquidez y capital circulante, así como inversiones para el mantenimiento, la recuperación o el relanzamiento de la actividad económica. De forma complementaria, se impulsa el desarrollo de una actividad estable de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) en Ceuta, con una aportación de dos millones de euros, para ampliar de forma permanente las alternativas de financiación disponibles para las empresas y autónomos de la ciudad. En materia fiscal, se aumenta de forma permanente la bonificación del Impuesto de Sociedades del 50% al 60% para empresas residentes en Ceuta y Melilla, y para las que mantienen actividad y puestos de trabajo en las ciudades autónomas. Por su parte, los autónomos dispondrán de mejores condiciones para su tributación en el IRPF, con mayor posibilidad de deducirse provisiones y gastos de difícil justificación. Ello supone un ahorro de 12 millones de euros al año por ciudad. Medidas laborales y alivio en cotizaciones Por último, en el ámbito laboral se implementan medidas de alivio del coste de las cotizaciones sociales a las empresas. Así, se beneficiarán de exenciones de hasta el 100% en cuotas a la Seguridad Social las empresas que hayan visto interrumpida o limitada su actividad y que, por tanto, se vean obligadas a recurrir a ERTE. A ello se une una prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos y la posibilidad de aplazamientos en los pagos a intereses mínimos del 0,5%. Además, la bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social aumenta de forma permanente del 50% actual hasta el 75%, reforzando los incentivos a la actividad económica en Ceuta y Melilla mediante bonificaciones en las cotizaciones sociales para empresas y trabajadores autónomos de determinados sectores. Esta medida, que será de aplicación a Ceuta y a Melilla, supone un ahorro previsto de unos 12,2 millones de euros para cada ciudad autónoma en los cuatro últimos meses del año (36,6 millones al año por ciudad). El apoyo laboral se completa con ayudas para una convocatoria, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, para la formación de trabajadores de empresas en Ceuta (650.000 euros). Refuerzo permanente ampliado a Melilla A las medidas estructurales de bonificaciones en cuotas y beneficios fiscales se suma la prórroga hasta 2031 de la dotación anual de más de 4,25 millones de euros al año para apoyar la actividad del puerto de Ceuta, una infraestructura estratégica para la economía local. De esta forma, el apoyo presupuestario para Ceuta y Melilla alcanza los 507,5 millones de euros hasta 2031.El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta con objeto de dar respuesta efectiva a los retos que enfrenta la ciudad por la entrada irregular de personas migrantes los días 30 y 31 de julio.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2513279795-1-p487621-m1521056-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/medidas-urgentes-de-caracter-social-y-economico-de-apoyo-a-ceutahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2513279795-1-p487621-m1521056-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/medidas-urgentes-de-caracter-social-y-economico-de-apoyo-a-ceutahttps://elderecho.com/medidas-urgentes-de-caracter-social-y-economico-de-apoyo-a-ceutahttps://elderecho.com/medidas-urgentes-de-caracter-social-y-economico-de-apoyo-a-ceuta2026-09-01 15:00:262026-09-01 15:00:26administrativoAdministrativo1Administrativo487582La incorporación de especialistas de reconocido prestigio permite al Despacho seguir ampliando sus servicios en áreas estratégicas y acompañar a sus clientes en sus operaciones y asuntos más complejos. Importante fortalecimiento del equipo Fiscal en Lima y primeros nombramientos en el Perú tras la integración con Miranda Amado Pérez-Llorca en Perú fortalece y diversifica su práctica tributaria con la incorporación como socios de la Firma de Arturo Tuesta, Paola Saavedra y Ronald Vargas, hasta ahora socios de una Big Four en el Perú. Los tres se unen junto con un equipo compuesto por 13 profesionales entre abogados y especialistas en contabilidad y fiscalidad. Se trata de los primeros nombramientos de socios en Perú tras la integración de Miranda Amado y Pérez-Llorca y permiten al Despacho incrementar los servicios que ofrece a sus clientes en materia tributaria. Arturo Tuesta cuenta con 34 años de experiencia y un amplio reconocimiento por su trayectoria como asesor de las principales empresas del Perú en operaciones de M A y Wealth Management. Hasta su incorporación a Pérez-Llorca en Perú, ocupó el cargo de líder de impuestos en una Big Four en este país. La práctica de Paola Saavedra está enfocada principalmente en la atención a clientes de Wealth Management y en la asesoría en cumplimiento tributario y procedimientos de fiscalización a empresas de los sectores de infraestructura y energía. Ronald Vargas destaca por su asesoría tributaria a empresas de los sectores financiero, inmobiliario y agroindustrial, así como por su experiencia en fiscalidad internacional y en procesos de fiscalización y contencioso tributario. Tuesta, Saavedra y Vargas se suman al socio Pablo Sotomayor, quien cuenta con 25 años de trayectoria profesional, 21 de ellos en la Firma, y juntos conformarán una de las mayores prácticas fiscales del Perú. Pérez-Llorca impulsa su proyecto en Portugal, mercado clave de su plataforma iberoamericana Pérez-Llorca ha nombrado a Luís Roquette Geraldes y Martim Teixeira como nuevos socios de la oficina de Lisboa. La incorporación de Luís Roquette Geraldes consolida la práctica ibérica e iberoamericana de Emerging Companies y Venture Capital (ECVC), mientras que Martim Teixeira refuerza el área de Fiscal del Despacho en Portugal, especialmente en el ámbito contencioso tributario. Luís Roquette Geraldes se une para liderar la nueva área de Emerging Companies y Venture Capital (ECVC) del Despacho en Lisboa. Hasta su incorporación, era socio de Corporate y M A y responsable del equipo especializado en startups y Venture Capital de una destacada firma portuguesa, donde coordinaba también el área de Private Equity. Con especial enfoque en los sectores de tecnología y life sciences, la práctica de Luís se centra en Emerging Companies y Private Capital. A lo largo de su trayectoria, ha liderado cientos de rondas de financiación en más de 20 jurisdicciones y ha asesorado tanto a empresas de alto crecimiento como a fondos internacionales y locales en operaciones transfronterizas. Martim Teixeira se incorpora como socio del área Fiscal en Lisboa. Con 15 años de trayectoria, está especializado en el asesoramiento fiscal a inversores extranjeros y grupos multinacionales, tanto en operaciones de inversión nacional e internacional como en la estructuración fiscal de operaciones de M A, private equity y transacciones financieras de gran complejidad. Cuenta, además, con una sólida experiencia en contencioso tributario, representando a clientes en procedimientos ante la Autoridad Tributaria y los tribunales portugueses.Pérez-Llorca ha anunciado el nombramiento de cinco socios que refuerzan la plataforma jurídica iberoamericana del Despacho y amplían su capacidad para ofrecer un asesoramiento coordinado en Derecho español, portugués, mexicano, colombiano y peruano, conectando Europa, Latinoamérica, Asia y Oriente Medio. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Socios-Perez-Llorca-NOMBRAMIENTO-p487582-m1520957-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/perez-llorca-refuerza-su-plataforma-iberoamericana-con-el-nombramiento-de-cinco-socioshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Socios-Perez-Llorca-NOMBRAMIENTO-p487582-m1520957-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/perez-llorca-refuerza-su-plataforma-iberoamericana-con-el-nombramiento-de-cinco-socioshttps://elderecho.com/perez-llorca-refuerza-su-plataforma-iberoamericana-con-el-nombramiento-de-cinco-socioshttps://elderecho.com/perez-llorca-refuerza-su-plataforma-iberoamericana-con-el-nombramiento-de-cinco-socios2026-09-01 14:57:142026-09-01 14:57:14sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487608Uno de los principales cambios afecta a la ordenación del tiempo de trabajo al disponer que la jornada máxima no podrá superar las 45 horas semanales de trabajo, lo que limita a su vez el número efectivo de guardias semanales a realizar, no pudiendo computar más de una guardia semanal en cómputo trimestral. Además, la jornada de guardia no podrá superar las 17 horas, siendo materia de negociación y ordenación de los servicios de salud de las CCAA la posibilidad de reducir esta jornada a 12h e incluso estableces el trabajo por turnos. Cuando una jornada ordinaria y una guardia sean consecutivas, la suma de ambas tampoco podrá exceder de esas 17 horas. El texto garantiza también que no pueda exigirse la realización de una jornada ordinaria inmediatamente después de una guardia y los periodos de descanso anteriores y posteriores a la guardia restarán de la jornada ordinaria a realizar. A efectos administrativos, ese periodo se considerará jornada realizada y no podrá ser recuperado posteriormente. Asimismo, se introduce por primera vez el concepto de carga horaria excesiva, que permitirá activar medidas organizativas y preventivas cuando exista una sobrecarga continuada y exigirá el refuerzo de las plantillas a las administraciones competentes. Entre otros supuestos, se considerará que existe esta situación cuando se realicen de forma sostenida más de cinco guardias presenciales al mes. Los servicios de salud dispondrán de un plazo de hasta cinco años para realizar los cambios organizativos y de plantilla necesarios para aplicar las nuevas previsiones sobre jornada, evitando que esta adaptación produzca pérdidas retributivas para los profesionales y menoscabo asistencial para los ciudadanos. El proyecto establece también que aquellos servicios de salud cuya jornada ordinaria supere actualmente el equivalente a 35 horas semanales deberán avanzar progresivamente hacia su implantación, teniendo en cuenta la disponibilidad de profesionales y garantizando en todo momento la calidad de la asistencia. La conciliación de la vida personal, familiar y laboral pasa a reconocerse expresamente como un derecho. Las administraciones sanitarias deberán favorecer medidas de flexibilización horaria y planificación anticipada de los turnos y se amplían los supuestos en los que podrá solicitarse la exención de guardias. Podrán solicitarla, entre otros, las profesionales durante el embarazo y la lactancia natural, las personas con reducción de jornada por cuidado de hijos, quienes tengan motivos de salud que imposibiliten la realización de guardias y, en los términos que establezca cada servicio de salud, los mayores de 55 años. La reforma refuerza también las medidas contra la temporalidad estructural en el Sistema Nacional de Salud. Los procesos de selección de personal estatutario fijo deberán convocarse con carácter periódico cada dos años con carácter general, y tendrán un plazo máximo de resolución de 18 meses. El proyecto mantiene además los límites a la duración de los nombramientos temporales y la compensación económica en los casos de abuso de temporalidad. También se modifica el modelo de movilidad voluntaria. Los procedimientos se articularán mediante concurso abierto y permanente, con adjudicaciones al menos una vez al año, y estarán abiertos en igualdad de condiciones al personal estatutario fijo de los diferentes servicios de salud. Los servicios autonómicos dispondrán de un plazo máximo de 24 meses desde la entrada en vigor del Estatuto para implantar este sistema. En cuanto a la movilidad forzosa, el texto refuerza las garantías de los profesionales y establece límites a su duración. El nuevo Estatuto incorpora una regulación específica de las plazas y puestos de difícil cobertura. Cada servicio de salud determinará, previa negociación sindical, los criterios para identificarlos y podrá establecer incentivos y medidas de reconocimiento curricular, profesional y laboral que faciliten su cobertura. Los servicios prestados en estos puestos deberán ser valorados en los procesos de selección y provisión con independencia de la comunidad autónoma en la que se hayan desarrollado. El objetivo es avanzar hacia criterios comunes que permitan reconocer en todo el Sistema Nacional de Salud el esfuerzo de los profesionales que trabajan en plazas con mayores dificultades de cobertura. El proyecto amplía y actualiza el catálogo de derechos del personal estatutario. Entre ellos se incluyen el derecho a conocer con antelación la planificación anual de la jornada, a la desconexión digital, a la conciliación, al reconocimiento de la actividad docente e investigadora y a una protección eficaz de la salud física y mental. La norma refuerza igualmente la prevención frente a las agresiones y reconoce el derecho del personal a disponer de planes específicos de prevención y actuación frente a comportamientos violentos. La salud laboral se convierte en uno de los ejes centrales del nuevo Estatuto. Los servicios de prevención de riesgos laborales adquieren una participación reforzada ante jornadas prolongadas, sobrecargas o situaciones que puedan comprometer la salud de los profesionales. La reforma actualiza también la clasificación profesional para adaptarla al Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU) y a la actual estructura de la formación sanitaria. La nueva clasificación tendrá efectos administrativos y retributivos, pero no alterará la jerarquía funcional ni las competencias de las distintas profesiones sanitarias. El Estatuto apuesta además por la profesionalización de la función directiva de los servicios de salud. Los puestos directivos estarán sometidos a procedimientos transparentes, deberán responder a perfiles y competencias previamente definidos y serán objeto de evaluaciones periódicas de su desempeño y resultados. Por primera vez se regula de manera específica la figura del personal estatutario investigador mediante categorías profesionales propias dentro de los servicios de salud. El acceso a estas categorías requerirá el título de doctor y la actividad investigadora será evaluada periódicamente, favoreciendo además su reconocimiento dentro de la carrera profesional, la movilidad y las retribuciones complementarias que puedan establecer las comunidades autónomas. El proyecto mantiene la unidad del régimen estatutario como principio esencial: los derechos básicos y las garantías laborales serán comunes para los profesionales del Sistema Nacional de Salud, con independencia de su categoría, especialidad o comunidad autónoma. Al mismo tiempo, preserva las competencias autonómicas para desarrollar la normativa básica, organizar sus centros y servicios, planificar sus plantillas y determinar, entre otras cuestiones, las retribuciones complementarias. El nuevo Estatuto Marco sustituirá a la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, y supone una actualización integral del régimen laboral del personal estatutario para adecuarlo a la realidad actual del Sistema Nacional de Salud, reforzar la estabilidad del empleo y avanzar hacia unas condiciones de trabajo más saludables, seguras y compatibles con la vida personal y familiar. Con su aprobación por el Consejo de Ministros, el Proyecto de Ley inicia ahora su tramitación parlamentaria. El texto será remitido a las Cortes Generales para su debate y, en su caso, aprobación definitiva, antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y entrada en vigor.El Consejo de Ministros ha aprobado, para remitir a las Cortes Generales para su debate y aprobación, el proyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, una reforma integral de la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud y que sustituirá al Estatuto Marco vigente desde 2003.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2529762777-1-p487608-m1521014-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/proyecto-de-ley-del-estatuto-marco-del-personal-estatutario-de-los-servicios-de-saludhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2529762777-1-p487608-m1521014-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/proyecto-de-ley-del-estatuto-marco-del-personal-estatutario-de-los-servicios-de-saludhttps://elderecho.com/proyecto-de-ley-del-estatuto-marco-del-personal-estatutario-de-los-servicios-de-saludhttps://elderecho.com/proyecto-de-ley-del-estatuto-marco-del-personal-estatutario-de-los-servicios-de-salud2026-09-01 12:50:062026-09-01 12:50:06administrativoAdministrativo1Administrativo487530PONS IP, consultora global especializada en Propiedad Industrial e Intelectual con cobertura en 180 países, acaba de anunciar el nombramiento de Iván Sempere como nuevo subdirector general. En colaboración directa con la Dirección General, Sempere asume un papel estratégico con especial foco en el desarrollo de negocio y la presencia en mercados clave, la gestión comercial, la representación institucional y la coordinación de equipos multidisciplinares. Su incorporación contribuirá a reforzar la ejecución del plan estratégico corporativo y consolidar la proyección nacional e internacional de la compañía. Sempere se une a una firma de referencia en la gestión y protección de activos intangibles, con una destacada presencia nacional e internacional en el ámbito de las marcas. PONS IP dispone de uno de los mayores equipos especializados en patentes de España y capacidades crecientes en consultoría de innovación tecnológica, gobernanza de la inteligencia artificial y acompañamiento de proyectos vinculados a tecnologías emergentes y deeptech. Más de 30 años de experiencia en Propiedad Industrial e Intelectual Iván Sempere cuenta con más de tres décadas de trayectoria profesional en el ámbito de la Propiedad Industrial e Intelectual. Tras su paso por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), fue socio fundador y Co-CEO de PADIMA entre 1998 y junio de 2026. Doctor en Derecho Mercantil (Universidad de Alicante), desarrolló durante más de una década actividad docente en su Facultad de Derecho y posteriormente, fue nombrado profesor honorífico de la institución. A su experiencia profesional hay que añadir una amplia trayectoria en el ámbito de la representación institucional, empresarial y universitaria. Entre otras responsabilidades, fue presidente de la Confederación Europea de Jóvenes Empresarios y presidente de la Fundación Universidad-Empresa FUNDEUN. A lo largo de su carrera, Sempere ha asesorado a compañías nacionales e internacionales de diferentes sectores y geografías en la toma de decisiones estratégicas relacionadas con sus activos intangibles. Su experiencia está caracterizada por una visión estratégica y transversal de la Propiedad Industrial e Intelectual, orientada a convertir estos activos en una palanca de competitividad, diferenciación y crecimiento empresarial. Su perfil profesional se completa con una intensa actividad institucional, académica y divulgativa. Ha presidido el Comité de Diseño de la International Trademark Association (INTA) y actualmente forma parte de su Board of Directors, así como de su Consejo Asesor de Planificación y Programación. Especializado en el diseño de estrategias globales para la protección y defensa del diseño industrial, Sempere ha sido nombrado miembro del Observatorio Europeo del Diseño, gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Asimismo, es experto designado por la Unión Europea en proyectos de cooperación internacional y coordinador de ASIPI Diseño Estratégico, grupo de trabajo de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual orientado a contribuir a la evolución de los marcos normativos que regulan el diseño en Latinoamérica. En España, forma parte de la Junta Directiva de la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA). En el ámbito académico y divulgativo, participa habitualmente como ponente en congresos, universidades, escuelas de negocio y programas de máster en España, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. A lo largo de su trayectoria acumula más de un centenar de intervenciones y publicaciones centradas en innovación, diseño, protección de activos intangibles y estrategia empresarial. Tras su nombramiento, Sempere destacó que “el sector de la IP está experimentando una profunda transformación que impactará, no solo en el modo en el que protegemos y defendemos la IP, sino también en la forma de asesorar y cuidar a nuestros clientes. Por eso, las firmas de IP debemos evolucionar nuestros servicios y metodologías para elevar nuestra excelencia, incorporando las tecnologías que sean necesarias para ser más eficientes. Para mi es un honor ser parte del equipo de PONS IP y estoy profundamente agradecido a su directora general, Nuria Marcos, por esta oportunidad y el ilusionante proyecto que tenemos en la compañía.” Por su parte, Nuria Marcos, directora general de PONS IP, señaló que "la incorporación de Iván supone un paso más en nuestra apuesta por seguir fortaleciendo el liderazgo de PONS IP y acelerar el desarrollo de nuestro proyecto empresarial. Su experiencia, visión estratégica y capacidad para impulsar el crecimiento de organizaciones complejas serán activos fundamentales para afrontar con éxito los retos que plantea un mercado cada vez más global, competitivo y conectado con la innovación".Iván Sempere fue socio fundador y Co-CEO de PADIMA, firma de referencia internacional en la Propiedad Industrial e Intelectual.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/IvanSempere_SubDG_PONSIP_-scaled-p487530-m1520885-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/pons-ip-refuerza-su-estrategia-global-con-el-nombramiento-de-ivan-sempere-como-subdirector-generalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/IvanSempere_SubDG_PONSIP_-scaled-p487530-m1520885-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/pons-ip-refuerza-su-estrategia-global-con-el-nombramiento-de-ivan-sempere-como-subdirector-generalhttps://elderecho.com/pons-ip-refuerza-su-estrategia-global-con-el-nombramiento-de-ivan-sempere-como-subdirector-generalhttps://elderecho.com/pons-ip-refuerza-su-estrategia-global-con-el-nombramiento-de-ivan-sempere-como-subdirector-general2026-09-01 11:32:122026-09-01 11:32:12sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487543El tribunal reduce a la mitad la petición inicial al apreciarse concurrencia de culpas por parte de la víctima. En su recurso, el demandante señaló que el badén no cumplía con la normativa técnica y que la estructura metálica con la que chocó su vehículo no tenía señalización. Por su parte, la autoridad portuaria sostuvo que el accidente se debió a un exceso de velocidad, al no respetarse el límite de 40 km/h ni adaptarse a las condiciones de lluvia y nocturnidad. Los magistrados concluyen que la falta de señalización vertical y horizontal del badén, junto con su mal estado de conservación y la pérdida de franjas antideslizantes, tuvieron una incidencia decisiva en el accidente, ya que habrían alertado al conductor y ofrecido mayor adherencia en una noche lluviosa. Sin embargo, la Sala aprecia también la existencia de culpa de la víctima, determinando que una conducción más atenta y a menor velocidad habría reducido notablemente los daños sufridos. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. TSJIB. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia nº 307/2026 de 22 de mayo de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears ha estimado parcialmente un recurso y condena a Ports de Balears a indemnizar con 3.053,85 euros a un conductor por los daños sufridos en su vehículo tras colisionar contra la estructura instalada para la colocación de contenedores de basura en una zona del Puerto de Mahón.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2669465033-1-p487543-m1520832-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjib-condena-a-ports-de-balears-a-indemnizar-a-un-conductor-por-un-baden-mal-senalizadohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2669465033-1-p487543-m1520832-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjib-condena-a-ports-de-balears-a-indemnizar-a-un-conductor-por-un-baden-mal-senalizadohttps://elderecho.com/el-tsjib-condena-a-ports-de-balears-a-indemnizar-a-un-conductor-por-un-baden-mal-senalizadohttps://elderecho.com/el-tsjib-condena-a-ports-de-balears-a-indemnizar-a-un-conductor-por-un-baden-mal-senalizado2026-09-01 11:15:542026-09-01 11:15:54administrativoAdministrativo1Administrativo487519Los dos profesionales proceden de Écija, donde han trabajado conjuntamente en la creación y consolidación de la práctica de Derecho Público, teniendo ambos una dilatada trayectoria profesional asesorando en proyectos de elevada complejidad regulatoria para empresas, inversores y frente a administraciones públicas. Elena Michelena cuenta con más de 25 años de experiencia en Derecho Público, regulación y contratación pública. A lo largo de su trayectoria ha asesorado a administraciones públicas, entidades participadas y compañías en sectores altamente regulados en procesos de licitación, adaptación normativa y compliance. Está especializada en contratación pública, urbanismo, medio ambiente y regulación sectorial, combinando un profundo conocimiento técnico con una visión avanzada sobre innovación y transformación tecnológica aplicada al ámbito jurídico. Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, a lo largo de su carrera, Elena ha ocupado posiciones de liderazgo en firmas como Garrigues y Uría Menéndez, además de fundar su propia firma especializada. Antes de incorporarse a Auren, ha sido socia del área de Derecho Público y Regulatorio en Écija. Por su parte, Jordi Bonet, que se incorpora como Of Counsel, cuenta con una amplia trayectoria en Derecho Público y Administrativo, con especial foco en urbanismo, infraestructuras, medio ambiente y ordenación del territorio. Ha desarrollado su carrera asesorando a entidades públicas y privadas en proyectos de gran impacto territorial, especialmente en Cataluña y Baleares, con una sólida experiencia en planeamiento urbanístico, gestión de licencias y procedimientos administrativos, así como en litigación contencioso-administrativa. A lo largo de su carrera ha combinado el ejercicio profesional con responsabilidades institucionales, además de participar en diferentes órganos de gobierno en instituciones públicas y privadas. Bonet además ha formado parte de la Comisión de Expertos para la definición del modelo de organización territorial y administrativa de Cataluña. Ambos profesionales se integran en el área de Derecho Público de Auren Legal, reforzando un equipo ya consolidado y ampliando las capacidades de la firma en este ámbito. Esta doble incorporación fortalece, además, la experiencia de Auren en protección de datos, compliance y regulación de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial aplicadas al sector público. Todo ello desde un modelo de trabajo multidisciplinar, en el que los distintos equipos colaboran de forma coordinada para ofrecer soluciones integrales ante los retos que plantea un entorno normativo cada vez más complejo y digitalizado. Para Mario Alonso, presidente de Auren, “la incorporación de Elena Michelena y Jordi Bonet consolida nuestra apuesta por seguir reforzando áreas estratégicas para la firma. Su reconocida trayectoria y su enfoque multidisciplinar enriquecerán una práctica cada vez más relevante en un entorno regulatorio en constante evolución”. En palabras de Elena Michelena, ha señalado que “nuestra incorporación a Auren supone una oportunidad para desarrollar un proyecto integral en Derecho Público, potenciando áreas vinculadas a la regulación tecnológica y al cumplimiento normativo”. Por su parte, Jordi Bonet ha indicado “es un privilegio incorporarme a Auren para contribuir al refuerzo de una práctica ya existente, con una visión transversal del Derecho Público capaz de conectar la práctica jurídica con la realidad institucional y territorial”. Auren cuenta con oficina en Barcelona con un equipo de 150 profesionales que prestan servicios en las divisiones de legal, auditoría, consultoría y corporate, ofreciendo una cobertura integral a nivel global. Tras esta integración, la división de Auren Legal en la Ciudad Condal alcanza los diez socios: Alfons Companys, José Luis de la Cruz y Carles Ràmirez, en el área económico-financiero, Daniel Aroca, Lluís Basart y Alex Massaguer, en el área fiscal, José María Bargallo, Fina Huelmo y Felicitas Ric, en el área legal, a los que se suma ahora Elena Michelena.Auren continúa reforzando su equipo con la incorporación de Elena Michelena como nueva socia de Auren Legal y Jordi Bonet como Of Counsel, ambos en la oficina de Barcelona, donde liderarán el desarrollo del área de Derecho Público y Regulatorio.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Elena-Michelena-y-Jordi-Bonet-p487519-m1520788-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/auren-refuerza-su-area-de-derecho-publico-en-barcelona-con-elena-michelena-como-socia-y-jordi-bonet-como-of-counselhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Elena-Michelena-y-Jordi-Bonet-p487519-m1520788-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/auren-refuerza-su-area-de-derecho-publico-en-barcelona-con-elena-michelena-como-socia-y-jordi-bonet-como-of-counselhttps://elderecho.com/auren-refuerza-su-area-de-derecho-publico-en-barcelona-con-elena-michelena-como-socia-y-jordi-bonet-como-of-counselhttps://elderecho.com/auren-refuerza-su-area-de-derecho-publico-en-barcelona-con-elena-michelena-como-socia-y-jordi-bonet-como-of-counsel2026-09-01 11:01:342026-09-01 11:01:34sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487506La creación de esta nueva práctica responde a la apuesta estratégica de la firma por ofrecer un asesoramiento integral en operaciones financieras complejas, incorporando una disciplina altamente complementaria a su consolidada práctica de Bancario y Financiero y estrechamente vinculada con las áreas de Corporate M A, Mercantil, Fiscal y Regulatorio. Ignacio Corujo cuenta con más de veinte años de experiencia en mercados de capitales, tanto de renta variable como de renta fija, desarrollada en destacados despachos nacionales e internacionales. A lo largo de su trayectoria ha asesorado a grandes compañías e instituciones financieras en operaciones de salida a bolsa, ampliaciones de capital, emisiones nacionales e internacionales de deuda, programas EMTN y ECP, project bonds, bonos convertibles y otras operaciones de financiación en los mercados de capitales. Asimismo, dispone de una amplia experiencia en el asesoramiento a sociedades cotizadas en materia de gobierno corporativo y cumplimiento de obligaciones regulatorias. Con su incorporación, Fieldfisher amplía sus capacidades para acompañar a clientes nacionales e internacionales en todo el ciclo de las operaciones de acceso a los mercados de capitales, ofreciendo un asesoramiento especializado y plenamente integrado con el resto de las áreas de negocio de la firma. En palabras de Ignacio Corujo: "Me incorporo a Fieldfisher con gran ilusión para liderar la creación de la práctica de Mercado de Capitales en España, apoyándome en la solidez y el reconocido posicionamiento del despacho en el mercado español, su fuerte presencia internacional y el excelente nivel de sus profesionales. Este proyecto nos permitirá seguir ofreciendo un servicio aún más completo y especializado a nuestros clientes. Agradezco la confianza depositada en mí y afronto esta nueva etapa con el compromiso de seguir aportando valor." Por su parte, Rodrigo Martos y Talmac Bel, socios directores de Fieldfisher España, destacan: "La incorporación de Ignacio supone un paso muy importante en nuestra estrategia de crecimiento. Con la creación de la práctica de Capital Markets reforzamos nuestra capacidad para ofrecer un asesoramiento integral en operaciones financieras complejas y ampliamos una oferta de servicios altamente complementaria a nuestra práctica de Derecho Bancario y Financiero. Estamos convencidos de que su experiencia, su profundo conocimiento del mercado y su trayectoria asesorando a compañías e instituciones financieras aportarán un enorme valor tanto a nuestros clientes como al proyecto de crecimiento de Fieldfisher en España. Su incorporación refleja, además, nuestro firme compromiso por seguir incorporando talento de primer nivel y consolidando una firma cada vez más especializada, internacional y preparada para acompañar a nuestros clientes en sus retos más estratégicos." Un año de crecimiento estratégico La incorporación de Ignacio Corujo se enmarca en la estrategia de crecimiento que Fieldfisher está desarrollando en España durante 2026. En los últimos meses, la firma ha reforzado significativamente su equipo con la incorporación de Rafael Durán y de Carlos Blanco como socios de Corporate M A. Asimismo, ha promocionado a la categoría de socio a Javier Fuentes de la Tienda, en el área de Corporate M A, y a Antonio Delgado, en Arbitraje Internacional. Estos nombramientos reflejan la apuesta continuada de Fieldfisher por atraer y desarrollar talento de primer nivel, fortalecer sus áreas estratégicas y seguir consolidando una oferta de asesoramiento multidisciplinar capaz de dar respuesta a las necesidades de empresas e inversores en un entorno económico y regulatorio cada vez más complejo.Fieldfisher continúa impulsando su crecimiento en España con la incorporación de Ignacio Corujo como nuevo socio responsable de la práctica de Capital Markets, una nueva especialidad que amplía la oferta de áreas de práctica del despacho y refuerza su posicionamiento en el asesoramiento a empresas, entidades financieras e inversores. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Ignacio-Corujo-scaled-p487506-m1520716-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/fieldfisher-incorpora-a-ignacio-corujo-como-socio-para-lanzar-su-practica-de-capital-markets-en-espanahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Ignacio-Corujo-scaled-p487506-m1520716-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/fieldfisher-incorpora-a-ignacio-corujo-como-socio-para-lanzar-su-practica-de-capital-markets-en-espanahttps://elderecho.com/fieldfisher-incorpora-a-ignacio-corujo-como-socio-para-lanzar-su-practica-de-capital-markets-en-espanahttps://elderecho.com/fieldfisher-incorpora-a-ignacio-corujo-como-socio-para-lanzar-su-practica-de-capital-markets-en-espana2026-09-01 10:10:042026-09-01 10:10:04sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487557Con esta incorporación, la firma refuerza su área de asesoramiento laboral con un perfil de amplia trayectoria y sólida experiencia técnica en el sector. Patricia Expósito cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión laboral, nóminas y asesoramiento jurídico-laboral. Antes de su llegada a Grupo Brío, desempeñó el cargo de consultora laboral en GRA Consultores (Valencia), donde se encargó de la confección de despidos, sanciones y amonestaciones, así como de la elaboración de nóminas y el asesoramiento jurídico laboral a empresas. Ha desempeñado una larga trayectoria en diferentes compañías. Esta experiencia acumulada en la gestión integral de nóminas, seguros sociales, tramitaciones administrativas y asesoramiento normativo la convierte en un fichaje estratégico para Grupo Brío, que busca consolidar y profesionalizar su Departamento de Gestión Laboral de cara a los próximos retos del sector. Desde la compañía destacan que la incorporación de Patricia Expósito responde al compromiso de Grupo Brío por ofrecer un servicio de asesoramiento laboral riguroso, actualizado y cercano a las necesidades de sus clientes, apostando por profesionales con trayectoria demostrada y capacidad de liderazgo dentro de sus equipos. Con este nombramiento, Grupo Brío reafirma su apuesta por el talento especializado como motor de crecimiento y por la excelencia en la gestión de los servicios laborales que presta a sus clientes. "En Grupo Brío creemos en el talento que crece con nosotros. Patricia ha demostrado durante estos años una gran capacidad técnica, cercanía con los clientes y liderazgo, por lo que este nombramiento es una evolución natural que fortalece nuestro proyecto", en palabras de Rafael Viñals, socio director de Grupo BríoGrupo Brío ha anunciado el nombramiento de Patricia Expósito Ojeda como nueva responsable del Departamento de Gestión Laboral de la compañía. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Patricia-Exposito-p487557-m1520867-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/grupo-brio-nombra-a-patricia-exposito-como-nueva-responsable-del-departamento-de-gestion-laboralhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Patricia-Exposito-p487557-m1520867-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/grupo-brio-nombra-a-patricia-exposito-como-nueva-responsable-del-departamento-de-gestion-laboralhttps://elderecho.com/grupo-brio-nombra-a-patricia-exposito-como-nueva-responsable-del-departamento-de-gestion-laboralhttps://elderecho.com/grupo-brio-nombra-a-patricia-exposito-como-nueva-responsable-del-departamento-de-gestion-laboral2026-09-01 10:01:222026-09-01 10:01:22sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487493El ICAM abre el nuevo curso con una toma de posición clara sobre Ceuta y Melilla: defender ambas ciudades es defender el Estado de Derecho. En un Manifiesto Institucional difundido en vísperas del Día Oficial de Ceuta, la Abogacía de Madrid reivindica su plena integración en España y en la Unión Europea, reclama respaldo para quienes sirven al Estado y rechaza la falsa disyuntiva entre eficacia y garantías. El documento parte de una afirmación inequívoca: “Ceuta y Melilla forman parte plena e indiscutible de España” y no pueden ser tratadas “como una cuestión periférica, secundaria o ajena al conjunto de nuestro país”. El ICAM recuerda que su posición está reconocida expresamente tanto en el orden constitucional español como en el europeo: la Constitución contempla ambas ciudades y el artículo 25 del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas las menciona de forma expresa. “Ceuta y Melilla son España y los desafíos que afrontan afectan al conjunto del Estado. Defenderlas significa proteger a sus ciudadanos, respaldar a quienes sirven en ellas y garantizar que la ley pueda aplicarse con eficacia y con todas las garantías”, señala el decano del ICAM, Eugenio Ribón. El texto aborda de forma especial la realidad fronteriza de ambas ciudades y sostiene que España tiene “el derecho y el deber de proteger y controlar eficazmente sus fronteras”. Una responsabilidad, subraya el Colegio, que debe ejercerse con plena sujeción al ordenamiento jurídico y respeto a los derechos fundamentales. “La fortaleza institucional consiste en poder hacer las dos cosas a la vez” Frente a la idea de que el Estado debe optar entre eficacia y garantías, el ICAM plantea precisamente lo contrario. “No hay contradicción entre eficacia y legalidad. Un Estado que no logra hacer cumplir sus normas se debilita, pero también se debilita aquel que, para hacerlas cumplir, prescinde de las garantías”, señala el documento. Y añade: “La fortaleza institucional consiste precisamente en ser capaz de proteger las fronteras, hacer efectiva la ley y preservar al mismo tiempo los principios propios de una democracia constitucional”. Para Ribón, “el Estado de Derecho no puede medirse únicamente por los límites que impone al poder, sino también por su capacidad para proteger a los ciudadanos y hacer cumplir democráticamente sus normas. No deberíamos aceptar la falsa alternativa entre autoridad y garantías: una democracia sólida necesita ambas”. Respaldo a policías, guardias civiles, militares, sanitarios y servidores públicos El ICAM dedica otro de los ejes del documento a quienes desarrollan su trabajo en Ceuta y Melilla. Expresa su reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, los profesionales sanitarios, los funcionarios públicos, los integrantes de la Administración de Justicia y los profesionales de la Abogacía. Para todos ellos reclama “medios suficientes, reglas claras y plena seguridad jurídica”. El Colegio sostiene que respaldar su actuación legítima no rebaja las exigencias del Estado de Derecho, sino que permite que puedan ejercer sus funciones dentro de él y con todas las garantías. Ese respaldo convive, de forma expresa, con la defensa de los derechos de quienes llegan a nuestras fronteras. El ICAM reclama la plena garantía del derecho de defensa y la asistencia letrada, así como la protección de menores, personas especialmente vulnerables y quienes puedan tener derecho a solicitar protección internacional. “Proteger nuestras fronteras y proteger los derechos no son objetivos enfrentados. Precisamente ahí reside la exigencia del Estado de Derecho: en ser eficaz sin dejar de ser Derecho”, añade el Decano del ICAM. La bandera de Ceuta ondeará en la sede del ICAM el 2 de septiembre La presentación pública del manifiesto tendrá continuidad mañana, 2 de septiembre, Día Oficial de Ceuta, con distintas acciones de respaldo institucional. Durante toda la jornada, la bandera de Ceuta ondeará en la sede del ICAM. A las 19:30 horas, frente a la sede colegial, tendrá lugar una lectura pública del Manifiesto por Ceuta y Melilla. Tras la lectura, una representación del Colegio se desplazará a la concentración convocada en Madrid en apoyo de Ceuta, a la que asistirán el decano, Eugenio Ribón; la vicedecana, Isabel Winkels; y miembros de la Junta de Gobierno. Con esta iniciativa, la Abogacía de Madrid sitúa desde el comienzo del nuevo curso la defensa del Estado de Derecho y el compromiso con Ceuta y Melilla entre sus prioridades institucionales. El texto culmina con una formulación que resume la posición del Colegio: “Defender Ceuta y Melilla es defender el Estado de Derecho”.La bandera de Ceuta ondeará este martes en la sede del Colegio, donde a las 19:30 horas tendrá lugar una lectura pública del texto antes de acudir a la concentración convocada en Madrid.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Imagen-del-decano-del-ICAM-Eugenio-Ribon-p487493-m1520675-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-reivindica-que-ceuta-y-melilla-no-son-una-periferia-constitucionalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Imagen-del-decano-del-ICAM-Eugenio-Ribon-p487493-m1520675-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-reivindica-que-ceuta-y-melilla-no-son-una-periferia-constitucionalhttps://elderecho.com/el-icam-reivindica-que-ceuta-y-melilla-no-son-una-periferia-constitucionalhttps://elderecho.com/el-icam-reivindica-que-ceuta-y-melilla-no-son-una-periferia-constitucional2026-09-01 07:25:432026-09-01 07:25:43sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico