https://elderecho.com/feedes490409El tribunal, tras valorar los hechos probados -que acreditan numerosas retiradas y transferencias realizadas por el sospechoso desde cuentas pertenecientes a su madre, quien padecía demencia y fue declarada incapaz con posterioridad- considera acreditado el hecho delictivo, pero aplica la excusa absolutoria prevista en la redacción vigente al tiempo de los hechos (previsión que eximía de responsabilidad penal entre ascendientes y descendientes sin violencia ni intimidación), por lo que absuelve al acusado de la responsabilidad penal. Explica, asimismo, que la reforma posterior que excluye la excusa en supuestos de vulnerabilidad no es de aplicación retroactiva. La Sala mantiene la responsabilidad civil derivada de las disposiciones acreditadas y fija la indemnización a favor de la comunidad hereditaria de la víctima en 75.846 euros.La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha absuelto a un acusado de un delito continuado de apropiación indebida por disposiciones patrimoniales efectuadas como autorizado o cotitular de cuentas de su madre, pero lo condena al pago de 75.846 euros a la comunidad hereditaria de la víctima.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2834952375-1-p490409-m1529611-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-ourense-condena-a-devolver-a-la-comunidad-hereditaria-de-su-madre-los-75-846-euros-que-retiro-de-sus-cuentashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2834952375-1-p490409-m1529611-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-ourense-condena-a-devolver-a-la-comunidad-hereditaria-de-su-madre-los-75-846-euros-que-retiro-de-sus-cuentashttps://elderecho.com/la-ap-de-ourense-condena-a-devolver-a-la-comunidad-hereditaria-de-su-madre-los-75-846-euros-que-retiro-de-sus-cuentashttps://elderecho.com/la-ap-de-ourense-condena-a-devolver-a-la-comunidad-hereditaria-de-su-madre-los-75-846-euros-que-retiro-de-sus-cuentas2026-10-16 05:30:542026-10-16 05:30:54penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico490410Respecto a los primeros, Alfredo Carmona Salgado, Manuel Jiménez Carmona, Jesús Alcalde Martos, José Antonio Mochón Sánchez, Manuel Rojas García-Creus, Ángel Eduardo Jorge Palacios Aguirre y Pablo Ruiz de Peralta Casallo han sido galardonados con el Botón de Oro por sus 50 años de colegiación, si bien, como ha puntualizado el decano, Leandro Cabrera Mercado, no se trata de una distinción por el mero transcurso del tiempo, sino por su aporte al desarrollo de la abogacía y de la sociedad granadina. “Gracias por haber mantenido vuestro espíritu de colegiado joven, por no haber desistido y por vuestra bonhomía, dedicación y maestrazgo”, ha expresado el máximo representante del colectivo. “Durante estos 50 años hemos intentado ejercer la abogacía desde la rectitud, honestidad y rigor profesional”, ha contestado Mochón Sánchez, responsable de hablar en nombre de su promoción. Asimismo, el Colegio también ha querido premiar el constante apoyo y colaboración de dos figuras destacadas de la provincia. Se trata del rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado Pacheco, y la secretaria coordinadora provincial de Granada, Mª Carlota Gómez Blanco. En este sentido, la Abogacía granadina agradece así la labor de Mercado en el refuerzo del prestigio que la Universidad de Granada confiere a la ciudad, en general, y al sector jurídico, en particular, y su contribución al entendimiento de las instituciones, según ha indicado Cabrera. “La abogacía es algo más que una profesión por su función social al servicio de los derechos de los ciudadanos”, ha asegurado el rector y catedrático de Filosofía del Derecho durante el acto, acompañado por la Junta de Gobierno, los decanos eméritos Rafael López Cantal y José María Rosales de Angulo, y el colegiado de honor, Javier López y García de la Serrana. Sobre Gómez Blanco, el decano ha resaltado la ayuda de la LAJ en la adaptación de los letrados al nuevo sistema judicial en una etapa convulsa, con profundas reformas procesales, y siempre con cercanía, profesionalidad y disponibilidad. “Soy plenamente consciente de las dificultades y problemas a los que se enfrentan los abogados tras la LO 1/2025, pero debiéramos confiar en que la reforma dará sus frutos”, ha apostillado Gómez al recibir la placa, que ha compartido con todos sus compañeros de profesión. 40 y 25 años de ejercicio profesional Previamente, la Corporación también ha impuesto los Lazos de Plata, una insignia creada el pasado año para poner en valor 40 años de ejercicio profesional y que, inspirada en el lazo de oro que lucen los miembros de Junta de Gobierno, puede llevarse encima y, además, cerca del corazón. En esta ocasión, la nueva distinción ha recaído en una treintena de abogados y el empleado del Colegio José Soto Ruiz, al que el decano ha dedicado una especial mención, trasladándole el reconocimiento personal, de la Junta, de los empleados y de todos los integrantes de la abogacía granadina. Estas distinciones se suman a los Botones de Plata a los 25 años de ejercicio profesional entregados ayer durante un acto en la que el decano, igual que hoy, resaltó la importancia del sentido de colectivo en un sector que tiende hacia el individualismo. “Tenemos el deber moral de sentirnos representantes de la profesión y ser conscientes de que nuestro comportamiento tiene trascendencia más allá de nosotros mismos”, ha recordado Cabrera, instando a los Lazos y Botones de Plata a cuidar su relación con los clientes, con los compañeros, con otros profesionales y con cualquier persona dentro y fuera del ámbito jurídico. Por su parte, José Mariano Vargas Aranda, en nombre de los Lazos de Plata, y Jorge Odón Argente del Castillo Álvarez y José Amador Berbel Navarro, en el de los Botones de Plata, ofrecieron unas palabras en las que los orígenes, la evolución, los retos y los valores de la profesión han sido las protagonistas. “El santo y seña de la abogacía debe ser proteger siempre al indefenso, huir del mercantilismo salvaje y mantenernos en la rectitud del ejercicio”, ha aseverado Vargas Aranda. La programación también ha incluido una función religiosa en honor a la patrona celebrada a primera hora en la iglesia de las Carmelitas Descalzas y acompañada por la actuación del Coro Colegial que, además, ha conmemorado el trigésimo aniversario de su fundación.El Colegio de Abogados de Granada ha celebrado el Día de de Santa Teresa, patrona de la institución, con una emotiva jornada dedicada al reconocimiento de la trayectoria profesional de los letrados más veteranos y a la entrega de distinciones a personalidades vinculadas a la Corporación. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Botones-de-Oro-scaled-p490410-m1529573-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-abogacia-granadina-rinde-homenaje-a-los-maestros-del-colectivo-profesionalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Botones-de-Oro-scaled-p490410-m1529573-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-abogacia-granadina-rinde-homenaje-a-los-maestros-del-colectivo-profesionalhttps://elderecho.com/la-abogacia-granadina-rinde-homenaje-a-los-maestros-del-colectivo-profesionalhttps://elderecho.com/la-abogacia-granadina-rinde-homenaje-a-los-maestros-del-colectivo-profesional2026-10-15 14:00:562026-10-15 14:00:56sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490360La reforma introduce algunas correcciones que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) considera necesarias, especialmente en los procedimientos penales de especial complejidad y en la adaptación de los baremos al expediente judicial electrónico. Sin embargo, el Colegio advierte de que esas mejoras no van acompañadas de una revisión económica suficiente y pueden quedarse muy lejos de compensar el trabajo que exigen los asuntos de mayor dificultad. “Han conseguido la cuadratura del círculo: aparentemente se mejora el baremo y, sin embargo, en determinados asuntos podemos terminar cobrando menos”, afirma desde el ICAM el diputado de la Junta de Gobierno responsable de Justicia Gratuita, Juan Manuel Mayllo. A juicio del decano, Eugenio Ribón, la reforma vuelve a poner de manifiesto el principal problema del sistema: “Se reconoce que determinados procedimientos requieren una especial dedicación, pero después esa complejidad no encuentra una correspondencia adecuada en la retribución. El resultado sigue estando muy lejos de lo que supone asumir profesionalmente este tipo de asuntos”. Correcciones necesarias, pero sin una revisión económica de fondo Uno de los cambios introducidos por el Real Decreto afecta precisamente a los procedimientos penales de especial complejidad. El nuevo anexo establece un módulo específico de 600 euros, tanto para estos asuntos con carácter general como para los tramitados ante la Audiencia Nacional, y prevé complementos adicionales en función del volumen del procedimiento, las comparecencias y la duración de la vista. La reforma modifica también la forma de medir ese volumen de trabajo. Frente al anterior sistema basado en el número de folios, el Reglamento pasa a utilizar los “acontecimientos” del expediente electrónico. Con ello se corrige una disfunción que el ICAM había denunciado: en una Justicia crecientemente digitalizada, vincular parte de la compensación al número de páginas hacía difícil trasladar el baremo a la realidad de los actuales expedientes judiciales. Para el Colegio, ambas modificaciones avanzan en la dirección adecuada, pues se reconoce de forma específica la especial complejidad de determinados procedimientos y se adapta el criterio de cómputo al funcionamiento real del expediente digital. El problema está en las cantidades asignadas a esos conceptos. “Cambiar los folios por acontecimientos corrige un problema técnico, pero no resuelve el problema económico. Con estas cuantías, muchos asuntos de especial complejidad siguen estando claramente infrarretribuidos”, señala el diputado responsable de Justicia Gratuita del ICAM, Juan Manuel Mayllo. La publicación del Real Decreto no es algo nuevo, sino cumplir con un acuerdo de febrero de 2026 entre el Ministerio de Justicia y el CGAE para tramitar la reforma y tramitación urgente del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita. La Audiencia Nacional, ejemplo del desajuste El ICAM considera que el efecto del nuevo sistema se aprecia especialmente bien en los procedimientos de especial complejidad tramitados ante la Audiencia Nacional. El Reglamento fija para estos asuntos un módulo de 600 euros y añade 32,15 euros por cada 250 acontecimientos del expediente, además de los complementos que puedan corresponder por comparecencias y días de vista. Mayllo pone como ejemplo los procedimientos de narcotráfico. Según explica el diputado del ICAM, estos asuntos pueden moverse habitualmente entre 2.000 y 3.000 acontecimientos, mientras que algunos procedimientos excepcionales, como determinados asuntos vinculados a la Fiscalía Europea, pueden superar ampliamente los 10.000. “Un procedimiento de especial complejidad ante la Audiencia Nacional parte ahora de 600 euros y se pagan 32 euros por cada 250 acontecimientos. Hay procedimientos excepcionales, por ejemplo algunos vinculados a la Fiscalía Europea, que pueden superar los 10.000 acontecimientos, pero un procedimiento de narcotráfico ante la Audiencia Nacional puede moverse entre 2.000 y 3.000 acontecimientos. Al final estamos hablando de asumir un asunto de enorme complejidad por menos de 1.000 euros brutos”, señala. Tomando únicamente como referencia el módulo base y el complemento por acontecimientos, un procedimiento situado en ese rango alcanzaría entre 857,20 y 985,80 euros brutos, sin contar, en su caso, otros complementos por comparecencias o duración de la vista. Según advierte el Colegio, el cambio de criterio tampoco garantiza que el profesional vaya a percibir más que con el sistema anterior, ya que determinados procedimientos podían obtener una compensación superior cuando el cálculo adicional se realizaba en función de los folios. Baremos todavía muy alejados del trabajo real La crítica del ICAM, no obstante, va más allá de los procedimientos de especial complejidad. El Colegio considera que uno de los principales problemas, como es garantizar el pago de todas las actuaciones realizadas por los profesionales designados por turno de oficio sigue sin resolverse, especialmente al no garantizarse el pago de las actuaciones en aquellos procedimientos en que la solicitud de justicia gratuita ha sido archivada o denegada y el profesional queda obligado a continuar en la defensa del justiciable, e igualmente en muchos de los procedimientos en el ámbito penal en que se nombra profesional para la defensa de persona jurídica. Para Ribón, estas cifras muestran que las mejoras puntuales no sustituyen la revisión de fondo que sigue necesitando el sistema. “No se puede sostener un servicio público esencial sobre baremos que no guardan relación con las horas de trabajo, la preparación, la responsabilidad y la especialización que exige cada asunto”, afirma. El ICAM reclama por ello una actualización más amplia de los módulos de compensación que tenga en cuenta la dedicación efectiva que exige cada procedimiento y evite que las retribuciones vuelvan a quedar desfasadas, así como que se garantice el pago de todas las actuaciones realizadas por los profesionales de turno de oficio. “La reforma modifica algunos aspectos que era necesario corregir, pero sigue sin afrontar el problema principal: una financiación adecuada del Turno de Oficio y una actualización periódica de los baremos que evite que los profesionales sigan perdiendo poder adquisitivo”, concluye Mayllo. Para el Colegio, el objetivo sigue siendo el mismo que recoge la propia legislación de asistencia jurídica gratuita: garantizar que la prestación de este servicio público esté digna y suficientemente remunerada.El nuevo Reglamento de asistencia jurídica gratuita publicado este jueves en el BOE no resuelve el problema de las retribuciones del Turno de Oficio y, en determinados procedimientos de especial complejidad, puede incluso empeorar el resultado económico para los profesionales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Eugenio-Ribon-y-Juan-Manuel-Mayllo-scaled-p490360-m1529514-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-advierte-de-que-el-nuevo-reglamento-de-justicia-gratuita-puede-dejar-peor-retribuidos-los-asuntos-mas-complejoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Eugenio-Ribon-y-Juan-Manuel-Mayllo-scaled-p490360-m1529514-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-advierte-de-que-el-nuevo-reglamento-de-justicia-gratuita-puede-dejar-peor-retribuidos-los-asuntos-mas-complejoshttps://elderecho.com/el-icam-advierte-de-que-el-nuevo-reglamento-de-justicia-gratuita-puede-dejar-peor-retribuidos-los-asuntos-mas-complejoshttps://elderecho.com/el-icam-advierte-de-que-el-nuevo-reglamento-de-justicia-gratuita-puede-dejar-peor-retribuidos-los-asuntos-mas-complejos2026-10-15 13:15:372026-10-15 13:15:37sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490359La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en su sede de Las Palmas ha desestimado el recurso presentado por una empresa de catering isleña contra la Tesorería General de la Seguridad Social, y ha confirmado la denegación de la devolución de 104.081,15 euros abonados en concepto de cuotas empresariales y de recaudación conjunta durante los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) tramitados por causa de fuerza mayor derivada de la pandemia de Covid-19. La sentencia, dictada el pasado 24 de septiembre por la Sección Segunda de la Sala palmense, considera conforme a derecho que la empresa, al contar con más de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020, se beneficiara de unas exoneraciones inferiores a las previstas para las empresas con menos de 50 trabajadores. La entidad recurrente sostenía que la diferencia de trato establecida durante la pandemia era discriminatoria y reclamaba la devolución de las cantidades ingresadas, junto con los intereses legales. De forma subsidiaria, solicitaba que se planteara una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto de las normas que regularon las exoneraciones de cuotas vinculadas a los ERTE por Covid-19. La Sala rechaza esta pretensión y declara que no existió un ingreso indebido, ya que la Tesorería General de la Seguridad Social aplicó a la empresa las exoneraciones correspondientes según el número de trabajadores previsto en la legislación extraordinaria aprobada durante la pandemia. La resolución examina el régimen de devolución de ingresos indebidos previsto en el artículo 26 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en el artículo 44 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. Ambas normas reconocen el derecho a la devolución de las cantidades ingresadas por error, circunstancia que, según la Sala, no concurrió en este caso. La sentencia señala que la empresa no acreditó que la Tesorería hubiera aplicado incorrectamente la normativa. En este sentido, afirma que la Administración aplicó de forma estricta las exoneraciones previstas para las empresas de 50 o más trabajadores, por lo que las cantidades abonadas no podían considerarse indebidas. La Sala también analiza la diferencia establecida por la normativa entre las empresas de menor y mayor tamaño. La legislación aprobada durante la crisis sanitaria fijó distintos porcentajes de exoneración en función del número de trabajadores en alta a 29 de febrero de 2020. La recurrente consideraba que este criterio vulneraba el derecho a la igualdad y el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Los magistrados concluyen que la diferencia de trato estaba justificada por razones objetivas y razonables. La sentencia afirma que la menor exoneración aplicada a las empresas de 50 o más trabajadores respondía a criterios de capacidad económica y sostenibilidad del sistema, al entender que las empresas de mayor tamaño tenían una mayor capacidad económica y una menor necesidad de apoyo público. Inconstitucionalidad En relación con la cuestión de inconstitucionalidad solicitada por la empresa, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias recuerda que su planteamiento corresponde exclusivamente al órgano judicial. La sentencia precisa que solo procede elevarla cuando el propio tribunal alberga dudas sobre la validez constitucional de una norma con rango de ley y cuando esa validez resulta determinante para resolver el litigio. La Sala concluye que no tenía dudas sobre la constitucionalidad de las normas aplicadas y que la diferencia de exoneraciones establecida durante la pandemia no vulneraba el derecho a la igualdad. Por este motivo, rechaza tanto la petición principal de devolución de las cuotas como la solicitud subsidiaria de planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad.La sentencia ratifica la legitimidad de la política de la Seguridad Social durante el Covid-19.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2734704829-1-p490359-m1529496-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-canarias-avala-las-diferencias-en-la-exoneracion-de-cuotas-de-los-erte-durante-la-pandemiahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2734704829-1-p490359-m1529496-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-canarias-avala-las-diferencias-en-la-exoneracion-de-cuotas-de-los-erte-durante-la-pandemiahttps://elderecho.com/el-tsj-de-canarias-avala-las-diferencias-en-la-exoneracion-de-cuotas-de-los-erte-durante-la-pandemiahttps://elderecho.com/el-tsj-de-canarias-avala-las-diferencias-en-la-exoneracion-de-cuotas-de-los-erte-durante-la-pandemia2026-10-15 13:00:242026-10-15 13:00:24administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico490358La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, a través de sus demarcaciones territoriales, programa este mes de octubre cuatro interesantes eventos en las localidades de Alpuente, Veruela, Burgos y Benidorm. En Alpuente, villa situada en la sierra de Valencia, los expertos de AEDAF debatirán sobre la fiscalidad de la empresa familiar este fin de semana, 17 de octubre. En el Monasterio de Veruela (Zaragoza) el jueves 22 de octubre se tratarán los distintos aspectos de la derivación de la responsabilidad y los derechos fundamentales. Burgos acogerá los días 22 y 23 de octubre una jornada dedicada temas críticos como el recurso de casación en el ámbito tributario, la prueba en el procedimiento contencioso – tributario o las garantías del contribuyente frente a la hacienda pública. Por último, la tercera edición de las jornadas de Benidorm abordará la petición de información a terceros e informes de Due Diligence en el procedimiento de inspección; la IA vs las garantías y derechos de los contribuyentes; la fiscalidad de las aportaciones no dinerarias (jurisprudencia y doctrina), la compraventa de participaciones sociales y la fiscalidad de la empresa familiar. Todos los encuentros contarán con los mayores expertos tributarios del país como ponentes: asesores fiscales, miembros de la carrera judicial, junto con académicos y catedráticos, provenientes de todo el territorio español. Las sesiones técnicas se complementan con programas sociales que descubren los atractivos de las zonas donde se celebran las jornadas. Las demarcaciones territoriales de AEDAF ponen en valor la riqueza cultural y gastronómica local, organizando encuentros enológicos, visitas a monumentos y enclaves representativos, degustaciones de productos típicos y otras actividades que enriquecen el programa y fomentan el espíritu asociativo.La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, celebra cuatro jornadas de debate y análisis tributario sobre los temas y aspectos más relevantes de la actualidad fiscal española. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_1567667161-1-p490358-m1529463-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aedaf-lleva-el-analisis-de-la-actualidad-fiscal-a-distintos-puntos-de-la-geografia-espanolahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_1567667161-1-p490358-m1529463-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aedaf-lleva-el-analisis-de-la-actualidad-fiscal-a-distintos-puntos-de-la-geografia-espanolahttps://elderecho.com/aedaf-lleva-el-analisis-de-la-actualidad-fiscal-a-distintos-puntos-de-la-geografia-espanolahttps://elderecho.com/aedaf-lleva-el-analisis-de-la-actualidad-fiscal-a-distintos-puntos-de-la-geografia-espanola2026-10-15 12:00:202026-10-15 12:00:20fiscalFiscal6sector-juridicoSector jurídicoFiscal,Sector jurídico490357Los cinco nombramientos refuerzan las capacidades de la firma en las áreas de Innovación y Emprendimiento, Derecho Administrativo y Urbanismo y Derecho Laboral. Estas promociones reconocen la trayectoria de profesionales que han desarrollado su carrera en RCD y reflejan la apuesta de la firma por el talento interno y el desarrollo profesional, en línea con una cultura basada en el mérito y el compromiso con el cliente. Los nombramientos se producen en un contexto de crecimiento de RCD, que recientemente ha incorporado a Javier Martínez y Carolina Revenga como socios de Litigación y Seguros, a Francisco de Asís García como socio de Procedimiento Tributario y a Jordi Diosdado como director en el área de Derecho Laboral. La firma combina así la promoción de sus profesionales con la incorporación de talento externo para consolidar sus equipos y ampliar sus capacidades de asesoramiento especializado. Adolf Rousaud, socio codirector de RCD, destaca: “Estas promociones reconocen la trayectoria y el compromiso de profesionales que han crecido con el despacho y que hoy asumen nuevas responsabilidades. El desarrollo del talento interno es una parte esencial de nuestra cultura y una de las bases sobre las que construimos el futuro de la firma”. Por su parte, Ignasi Costas, socio codirector de la firma, añade: “El hecho de que estos profesionales asuman nuevas responsabilidades nos permite ampliar capacidades en áreas estratégicas y afrontar con mayor solidez las necesidades de nuestros clientes. Su conocimiento de la firma y su visión de futuro contribuyen a consolidar la forma de entender el asesoramiento que nos define y a seguir avanzando en nuestro proyecto de crecimiento”.El despacho de abogados RCD ha nombrado socio a David Pintos en el área de Innovación y Emprendimiento y ha promocionado a cuatro profesionales a la categoría de Director: Ismael Peralta, Marina Ramos, Claudio del Castillo y Albert López. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/David-Pintos_foto-prensa-p490357-m1529427-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/rcd-nombra-a-david-pintos-socio-de-innovacion-y-emprendimientohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/David-Pintos_foto-prensa-p490357-m1529427-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/rcd-nombra-a-david-pintos-socio-de-innovacion-y-emprendimientohttps://elderecho.com/rcd-nombra-a-david-pintos-socio-de-innovacion-y-emprendimientohttps://elderecho.com/rcd-nombra-a-david-pintos-socio-de-innovacion-y-emprendimiento2026-10-15 10:50:182026-10-15 10:50:18sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490302Según declara probado la sentencia, el acusado asumió el cargo de administrador de los comuneros el 15 de julio de 2016, gestionando un total de 188 viviendas y plazas de garaje. Sus funciones incluían el envío de los recibos aprobados por la Junta a los copropietarios y la realización de los pagos a proveedores. En este marco, el 13 de octubre de 2016 se suscribió un contrato de mantenimiento de ascensores con la empresa Kone Elevadores por una cuota mensual de 1.252,35 euros. A pesar de contar con los fondos recaudados para este fin, el administrador omitió el pago de las mensualidades correspondientes al periodo entre el 1 de noviembre y el 20 de diciembre de 2017, apropiándose indebidamente de dicho dinero. Ante las reclamaciones de la compañía, el procesado firmó un reconocimiento de deuda comprometiéndose a realizar los pagos mediante domiciliación en su cuenta personal, poco antes de ser cesado de sus funciones en la comunidad el 14 de febrero de 2018. Debido al incumplimiento de dicho calendario de pagos, Kone Elevadores demandó a la comunidad el 9 de junio de 2021 reclamando 29.674,77 euros por los servicios adeudados. Finalmente, ambas partes evitaron el procedimiento judicial mediante un acuerdo extrajudicial por el cual la comunidad abonó 22.174,77 euros el 9 de agosto de 2021 para cancelar la deuda. La sentencia rechaza la prescripción del delito porque, aunque el plazo es de cinco años y los hechos ocurrieron entre el 31 de octubre y el 20 de diciembre de 2017, la querella se presentó el 31 de octubre de 2022 y se admitió a trámite el 7 de noviembre de 2022, lo que interrumpió el plazo a tiempo para los hechos cometidos en ese periodo. Por último, el Tribunal confirma la condena por apropiación indebida porque el propio acusado reconoció por escrito y por correo electrónico haber usado fondos de la comunidad para sus propios pagos, descartando que sea un asunto meramente civil. Además, señala que el reconocimiento de la deuda no contradice la existencia del delito, sino que refleja el perjuicio económico causado a la comunidad. TSJ de Madrid. Sala de lo Civil y Penal. Sentencia nº 370/2026 de 17 de septiembre de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial que condenó a doce meses de prisión un administrador de fincas por apropiación indebida, debiendo indemnizar a la comunidad de propietarios con 7.606 euros.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_230428708-1-p490302-m1529268-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-un-administrador-de-fincas-que-desvio-dinero-de-una-comunidad-de-propietarioshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_230428708-1-p490302-m1529268-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-un-administrador-de-fincas-que-desvio-dinero-de-una-comunidad-de-propietarioshttps://elderecho.com/condenado-un-administrador-de-fincas-que-desvio-dinero-de-una-comunidad-de-propietarioshttps://elderecho.com/condenado-un-administrador-de-fincas-que-desvio-dinero-de-una-comunidad-de-propietarios2026-10-14 17:42:502026-10-14 17:42:50penalPenal9Penal490301Más de un siglo de transformaciones se esconde tras la fachada del Palacio del Marqués de Portago, cuya historia reconstruye ahora el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en una publicación impulsada por la Junta de Gobierno y fruto de más de un año de investigación. El Colegio presenta el próximo martes 20 de octubre El palacio del Marqués de Portago, obra del historiador y bibliotecario del ICAM Mario Barabino, que sigue el rastro del inmueble desde sus antecedentes en el siglo XIX hasta su configuración actual y recupera documentos, planos y episodios poco conocidos de su trayectoria. La publicación aparece además en un momento especialmente significativo para la institución: en 2026 se cumplen cuarenta años desde que el ICAM se trasladó a Serrano 9 y dos desde que culminó la adquisición de la totalidad del edificio. “Es nuestra intención, a través de este libro, abrir las puertas y ventanas de la Casa de la Abogacía madrileña, para que los abogados conozcan este singular edificio, patrimonio arquitectónico de la ciudad que nos cobija, que alberga entre sus muros la historia reciente de esta corporación centenaria», señala el decano del ICAM, Eugenio Ribón. El proyecto surgió en 2024, a propuesta del decano, después de que el Colegio completara la adquisición del inmueble. La nueva situación ofrecía la oportunidad de estudiar con mayor profundidad una sede estrechamente ligada desde hace cuatro décadas a la vida colegial, pero sobre cuya historia existían todavía lagunas, referencias dispersas e incluso algunas informaciones inexactas. Además del trabajo de Mario Barabino, el volumen incorpora una presentación del decano, Eugenio Ribón, y los prólogos de Isabel Winkels, Emilio Ramírez y Luis Martí Mingarro, que abordan el palacio desde su dimensión institucional, histórica y colegial. A ellos se suma el escritor Javier Puebla, autor de El sabor del último beso: Alfonso de Portago, el marqués sin miedo, con «Volver a casa», una evocación literaria de Alfonso de Portago —«Fon»— y de su vínculo familiar con el edificio. “Conocer la historia de esta sede es también conocer una parte de la historia de la abogacía madrileña. Serrano 9 ha sido durante cuarenta años escenario de la vida del Colegio y hoy, ya plenamente incorporado a su patrimonio, queremos preservarlo, abrirlo y compartirlo con la profesión y con la ciudad”, destaca Eugenio Ribón. Un palacio anterior al palacio El libro del ICAM sobre su sede permite remontar la historia de Serrano 9 más allá del edificio que hoy conocen los madrileños. Entre la documentación localizada figura el proyecto conservado en el Archivo de la Villa de un palacio anterior, más pequeño y de menor altura, que ocupó la parcela antes de la gran transformación acometida a comienzos del siglo XX. Fue entonces cuando Vicente Cabeza de Vaca, marqués de Portago, encargó al arquitecto Joaquín Saldaña una profunda reforma y ampliación. Saldaña, uno de los nombres destacados de la arquitectura madrileña de la época, dio al inmueble buena parte de la configuración que ha llegado hasta nuestros días: amplió el edificio, elevó sus alturas y articuló cuatro crujías en torno a un patio central, entonces abierto. El libro sigue después la vida del palacio a través de sus sucesivos propietarios, habitantes y usos. Durante décadas acogió viviendas, oficinas y estudios profesionales y fue escenario de episodios que conectan su historia con la vida social y cultural de Madrid. Allí nació José Luis de Vilallonga, nieto de Vicente Cabeza de Vaca, cuando su familia residía en el inmueble, y allí tuvo su estudio durante los años treinta el escultor Emilio Aladrén, estrechamente vinculado a Federico García Lorca. El edificio que estuvo a punto de desaparecer Uno de los episodios más decisivos se produjo en los años setenta. La sociedad propietaria llegó a proyectar la demolición del palacio para levantar en su lugar un inmueble de mayor altura. En 1976, sin embargo, el edificio fue declarado Bien de Interés Cultural y quedó preservado de aquella operación. Más tarde pasó a manos del Banco del País, que acometió nuevas reformas y transformaciones interiores. La liquidación de la entidad, a comienzos de los años ochenta, abrió una oportunidad que acabaría cambiando también la historia del Colegio de la Abogacía de Madrid. Por entonces, el fuerte crecimiento de la corporación había hecho insuficientes los espacios de los que disponía en el Palacio de Justicia. El Colegio buscaba una sede propia que reuniera capacidad, representatividad y proximidad a los tribunales. El 10 de julio de 1984, una Junta General Extraordinaria acordó adquirir Serrano 9. El precio total del inmueble ascendía a 460 millones de pesetas y, al no poder asumir entonces la compra completa, el Colegio planteó a la Mutualidad General de Previsión de la Abogacía compartir la operación. El ICAM adquirió inicialmente la planta baja, la primera y medio sótano, con una superficie total de 2.305 metros cuadrados. La llegada efectiva del Colegio al edificio se produjo en 1986, culminando una búsqueda que venía de mucho más atrás. Ribón recuerda en la presentación del libro que, ya en 1852, el decano Manuel Cortina lamentaba que “al Colegio no se le podía encontrar en ninguna parte”, en referencia a la ausencia de un espacio propio para reunir a los colegiados, celebrar juntas o instalar adecuadamente la Biblioteca. Serrano 9 acabaría resolviendo, más de un siglo después, aquella vieja aspiración. Una historia reconstruida a partir de los archivos El libro es el resultado de más de un año de investigación documental. Mario Barabino ha rastreado planos, expedientes, proyectos arquitectónicos y otras fuentes históricas para reconstruir una trayectoria que hasta ahora aparecía dispersa y, en algunos aspectos, incompleta o mal documentada. Ese trabajo permite ordenar por primera vez las distintas etapas del inmueble, desde el palacio anterior que ocupó la parcela hasta las sucesivas reformas, cambios de propiedad y transformaciones que terminaron configurando el edificio actual. El diputado-bibliotecario del ICAM, Emilio Ramírez, destaca en su prólogo precisamente esa capacidad para hacer legible una historia hasta ahora fragmentaria. A su juicio, se trata “de una investigación que combina el trabajo de archivo con la reconstrucción de las huellas dejadas por quienes lo proyectaron, lo reformaron y lo habitaron”. El resultado es una biografía del palacio que permite seguir, a través de más de un siglo, no solo la evolución de su arquitectura, sino también los cambios sociales, urbanos e institucionales que han acompañado su historia. Una exposición para leer el edificio Como complemento al libro, la Junta de Gobierno ha impulsado en el Museo ICAM una exposición centrada en la evolución histórica y arquitectónica del edificio. La muestra reproduce una selección de imágenes y documentos incluidos en la publicación, entre ellos planos históricos y materiales que permiten seguir las distintas transformaciones experimentadas por el palacio desde sus antecedentes hasta la configuración actual. La exhibición permite seguir algunas de las principales transformaciones del Palacio del Marqués de Portago. Entre los materiales expuestos figuran proyectos históricos que muestran el paso del primitivo palacio, más pequeño y de tres plantas, al inmueble ampliado a comienzos del siglo XX. La intervención de Joaquín Saldaña constituye uno de los ejes del recorrido. La documentación expuesta permite observar cómo las distintas épocas fueron modificando Serrano 9 y cómo las necesidades de sus propietarios y ocupantes dejaron huella en un edificio que ha conservado, pese a sucesivas reformas, buena parte de su identidad arquitectónica. La exposición se integra en la labor de recuperación y difusión del patrimonio histórico y documental que promueve la Junta de Gobierno. Además, la sede colegial volverá además a formar parte del programa Madrid Otra Mirada, con visitas que permitirán conocer la sede y acercarse a parte de los fondos conservados por la institución. Libro y exposición ofrecen así dos formas complementarias de recorrer una misma historia. La de un palacio que ha acompañado las transformaciones de Madrid durante más de un siglo y que, desde hace cuarenta años, forma parte también de la historia de su abogacía.Antes de convertirse en la sede de la abogacía madrileña, el número 9 de la calle Serrano fue residencia aristocrática, albergó viviendas, oficinas y estudios profesionales, pasó por manos de una entidad bancaria y estuvo incluso amenazado de demolición.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Eugenio-Ribon-consulta-la-obra-en-el-Museo-ICAM-p490301-m1529247-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-saca-a-la-luz-la-historia-de-su-casa-un-libro-reconstruye-mas-de-un-siglo-de-vida-del-palacio-del-marques-de-portagohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Eugenio-Ribon-consulta-la-obra-en-el-Museo-ICAM-p490301-m1529247-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-saca-a-la-luz-la-historia-de-su-casa-un-libro-reconstruye-mas-de-un-siglo-de-vida-del-palacio-del-marques-de-portagohttps://elderecho.com/el-icam-saca-a-la-luz-la-historia-de-su-casa-un-libro-reconstruye-mas-de-un-siglo-de-vida-del-palacio-del-marques-de-portagohttps://elderecho.com/el-icam-saca-a-la-luz-la-historia-de-su-casa-un-libro-reconstruye-mas-de-un-siglo-de-vida-del-palacio-del-marques-de-portago2026-10-14 16:30:472026-10-14 16:30:47sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490280La Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) y la Ertzaintza han celebrado los días 13 y 14 de octubre, en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute, una formación dirigida a los agentes en relación con los delitos contra la propiedad industrial. Se trata de la primera formación que ANDEMA imparte a la policía autónoma vasca y forma parte de los compromisos del convenio de colaboración que ambas entidades firmaron el pasado 17 de marzo. La formación ha contado con intervenciones de representantes del departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Bizkaia; policías locales de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, y Madrid; la Fiscalía de la Comunidad de Madrid; la Policía Nacional; el Servicio de Vigilancia Aduanera y de la propia ANDEMA. Durante la jornada se ha abordado la importancia de la propiedad industrial para la economía, los delitos recogidos en el Código Penal y el comercio online de falsificaciones, entre otros. El encuentro también ha contado con dos mesas redondas de carácter práctico; una sobre la investigación de las redes de distribución y el papel de las empresas logísticas, y otra sobre el atestado, los informes periciales y la destrucción de la mercancía intervenida. Para la parte práctica se ha contado con la participación de representantes de marcas relevantes de los sectores de lujo, marroquinería, complementos y textil deportivo, que han mostrado cómo detectar los productos falsos para facilitar el trabajo diario de los agentes. "Esta jornada es la primera formación que ANDEMA realiza para la Ertzaintza y supone un hito en la relación entre ambas entidades. El convenio que firmamos en marzo nació con la voluntad de ayudar a los agentes a reconocer los productos ilegales y a detectar los delitos contra la propiedad industrial, y hoy empezamos a hacerlo realidad. Nuestro objetivo es poner a disposición de la Ertzaintza el conocimiento de las marcas para facilitar su trabajo en la lucha contra las falsificaciones, que perjudican a los ciudadanos y al comercio local", afirma Gerard Guiu, director general de ANDEMA. Las jornadas celebradas en Arkaute se enmarcan en un convenio firmado el pasado mes de marzo donde se establecía una colaboración entre la Ertzaintza y ANDEMA en materia de formación y para desarrollar actividades de concienciación, encuentros y jornadas de interés para ambas partes. Para ello dicha asociación ponía a disposición de los ertzainas su extensa base de datos de representantes legales de miles de marcas, con el objetivo de facilitar el contacto con los titulares de las marcas implicadas en operaciones en las que se intervengan productos que infrinjan sus derechos. La Asociación para la Defensa de la Marca cuenta con acuerdos firmados con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad nacionales y locales, como la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Municipal de Madrid o los Mossos d`Esquadra.Esta jornada se enmarca en el convenio de colaboración entre la Asociación para la Defensa de la Marca y la policía autónoma del País Vasco.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Formacion-con-Ertaintza_13-y-14.10.26-I-p490280-m1529172-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/andema-y-la-ertzaintza-celebran-su-primera-formacion-en-materia-de-propiedad-industrialhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Formacion-con-Ertaintza_13-y-14.10.26-I-p490280-m1529172-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/andema-y-la-ertzaintza-celebran-su-primera-formacion-en-materia-de-propiedad-industrialhttps://elderecho.com/andema-y-la-ertzaintza-celebran-su-primera-formacion-en-materia-de-propiedad-industrialhttps://elderecho.com/andema-y-la-ertzaintza-celebran-su-primera-formacion-en-materia-de-propiedad-industrial2026-10-14 16:10:002026-10-14 16:10:00sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490295La recurrente reclamaba una compensación económica de 116.271,54 euros al atribuir su cuadro clínico -caracterizado por algias postraumáticas con compromiso radicular y paresia, así como una lesión incompleta del nervio peroneo común- a una supuesta deficiente asistencia sanitaria, pretensión que ha sido desestimada por los tribunales. La apelante alega la existencia de mala praxis argumentando que, antes de la intervención quirúrgica, presentaba una lumbalgia con irradiación hacia el pie derecho, mientras que tras la operación los síntomas se trasladaron al lado izquierdo. Sin embargo, en el presente supuesto, la paresia del nervio peroneo (o ciático poplíteo externo) derivada de una cirugía lumbar constituye una complicación frecuente. Dicho riesgo se encuentra debidamente reflejado en el documento de consentimiento informado firmado por la apelante, por lo que se trata de una secuela previsible e inherente a la intervención que la paciente estaba obligada a soportar. TSJ de Andalucía. Sala de lo Contencioso. Sentencia nº 1867/2026 de 23 de julio de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado la denegación de la indemnización solicitada por una paciente en relación con las secuelas derivadas de la intervención quirúrgica practicada el 20 de febrero de 2018 (fijación MIS transpedicular L5-S1). https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2436860271-1-p490295-m1529227-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/desestimada-la-reclamacion-de-una-paciente-por-una-secuela-lumbar-tras-una-intervencion-quirurgicahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2436860271-1-p490295-m1529227-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/desestimada-la-reclamacion-de-una-paciente-por-una-secuela-lumbar-tras-una-intervencion-quirurgicahttps://elderecho.com/desestimada-la-reclamacion-de-una-paciente-por-una-secuela-lumbar-tras-una-intervencion-quirurgicahttps://elderecho.com/desestimada-la-reclamacion-de-una-paciente-por-una-secuela-lumbar-tras-una-intervencion-quirurgica2026-10-14 12:38:422026-10-14 12:38:42administrativoAdministrativo1Administrativo