https://elderecho.com/feedes486362El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha puesto en marcha un nuevo sistema de pago de tasas online que supone un avance importante en la digitalización de la Administración de Justicia. El cambio busca ofrecer un servicio más fácil de usar, más seguro y adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía. La principal novedad es la incorporación de un sistema de pago mediante TPV (Terminal Punto de Venta). Se trata de un modelo que permite realizar los pagos en un entorno seguro y fiable, lo que simplifica los trámites (seguros de vida, últimas voluntades, etc) y reduce el tiempo necesario para completarlos. El objetivo es hacer que cualquier persona pueda gestionar sus pagos de forma rápida y sin complicaciones. Uno de los aspectos más importantes de esta mejora es la protección de datos personales. Con el nuevo sistema, el Ministerio no tiene acceso a la información bancaria de los ciudadanos. Los pagos se realizan directamente en la plataforma segura del proveedor del TPV, cumpliendo con la normativa europea de protección de datos, lo que reduce el riesgo y garantiza una mayor tranquilidad para quienes utilizan estos servicios. Además, el sistema cumple con los estándares internacionales de seguridad en pagos con tarjeta, lo que añade una capa extra de protección frente a posibles fraudes. También se ha diseñado para ser más flexible, de modo que cualquier persona puede realizar el pago, aunque no sea quién realiza el trámite. Otra mejora destacada es la incorporación de nuevos métodos de pago como Bizum, una opción que permite pagar en pocos segundos desde el móvil. A ello se suma la posibilidad de utilizar cualquier tarjeta compatible, incluidas tarjetas extranjeras, lo que elimina barreras y facilita el acceso a personas dentro y fuera de España. Bizum ya concentra casi el 35% de los pagos El nuevo sistema ya se utiliza en trámites habituales como la solicitud de certificados de antecedentes penales, seguros de vida, últimas voluntades o la solicitud de nacionalidad. Desde su puesta en marcha, se han realizado más de 15.800 pagos. Los datos muestran que la tarjeta continúa siendo el medio de pago predominante, utilizada en el 65,1% de las transacciones. No obstante, Bizum ya concentra cerca del 35% de los pagos y presenta una adopción significativa en determinados trámites, especialmente en el de solicitud de antecedentes penales, donde supera el 37% de las operaciones, lo que evidencia una rápida aceptación de este medio de pago en los servicios con mayor volumen. En los procedimientos de últimas voluntades y seguros de vida, su uso se sitúa entre el 21% y el 24%; aunque estas cifras son todavía moderadas en comparación con otros trámites, muestran una evolución positiva y un creciente grado de aceptación. Por su parte, en las solicitudes de nacionalidad se mantiene una pauta similar, con preferencia por la tarjeta (71,9%) frente a Bizum (28,1%). En conjunto, estos resultados ponen de manifiesto la importancia de ofrecer distintos medios de pago para adaptarse a las preferencias y necesidades de la ciudadanía.El nuevo sistema se utiliza ya en trámites habituales como la solicitud de certificados de antecedentes penales, seguros de vida, últimas voluntades o nacionalidad.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2479362955-p486362-m1516874-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/justicia-moderniza-el-pago-de-tasas-online-e-incorpora-nuevos-metodoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2479362955-p486362-m1516874-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/justicia-moderniza-el-pago-de-tasas-online-e-incorpora-nuevos-metodoshttps://elderecho.com/justicia-moderniza-el-pago-de-tasas-online-e-incorpora-nuevos-metodoshttps://elderecho.com/justicia-moderniza-el-pago-de-tasas-online-e-incorpora-nuevos-metodos2026-08-06 12:18:202026-08-06 12:18:20derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico486316La resolución explica que el litigio ya había sido abordado por la propia Sala en un procedimiento anterior y que, desde entonces, la cuestión esencial había quedado definitivamente resuelta por la jurisdicción social, competente para determinar la existencia o no de una relación laboral. En concreto, recuerda que el Juzgado de lo Social 4 declaró la naturaleza laboral de la relación entre la empresa y los repartidores afectados y que esa decisión fue posteriormente confirmada por la Sala de lo Social del TSJMU, adquiriendo firmeza. Por ello, la sentencia afirma que “carecería de sentido anular la actuación impugnada, cuando por la Jurisdicción Social se ha pronunciado expresamente respecto de todos los trabajadores a los que se refiere el acta impugnada y con carácter firme”, añadiendo que la modificación de las altas resulta “procedente y obligada” como consecuencia de esa sentencia firme. La Sala recuerda que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la jurisdicción contencioso-administrativa únicamente puede pronunciarse sobre la existencia de la relación laboral “con un alcance meramente prejudicial”, ya que corresponde a la jurisdicción social “la competencia genuina y propia para conocer de la existencia o no de una relación laboral por cuenta ajena”. En este caso, destaca que ese pronunciamiento ya existía y era firme, por lo que considera innecesario revisar nuevamente la cuestión. La resolución también rechaza las alegaciones de la empresa sobre la supuesta nulidad del procedimiento, la falta de motivación de las resoluciones administrativas y la necesidad de examinar individualmente cada uno de los contratos. Respecto a este último extremo, recuerda que la actuación de la Inspección de Trabajo se encontraba respaldada por la sentencia del Tribunal Supremo 805/2020, de 25 de septiembre, que declaró la naturaleza laboral de la relación entre Glovo y sus repartidores, así como por la posterior sentencia firme de la jurisdicción social recaída sobre los trabajadores afectados en este procedimiento. Asimismo, las magistradas reproducen la doctrina consolidada sobre la presunción de veracidad de las actas de la Inspección de Trabajo, precisando que alcanza a “los hechos que por su objetividad hubiera percibido directamente el inspector”, pero no a “las simples apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas”. No obstante, considera que, en este supuesto, la cuestión determinante ya había quedado definitivamente resuelta por la jurisdicción social, lo que hacía innecesario un nuevo examen sobre la naturaleza de la relación entre la empresa y los repartidores. En consecuencia, la Sala desestima íntegramente el recurso contencioso-administrativo y confirma la resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, sin hacer imposición de costas al apreciar la existencia de “dudas jurídicas importantes”. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo si concurre interés casacional. TSJ de Murcia. Sala de lo Contencioso. Sentencia nº 345 / 2026 de 18 de junio de 2026.La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha desestimado el recurso interpuesto por la mercantil Glovoapp23 S.L. contra la resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) que confirmó el alta de oficio en el Régimen General de 140 repartidores, al considerar ajustada a Derecho la actuación administrativa.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2540044333-1-p486316-m1516765-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-murcia-confirma-las-altas-en-la-seguridad-social-de-140-repartidores-de-glovo-como-trabajadores-por-cuenta-ajenahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2540044333-1-p486316-m1516765-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-murcia-confirma-las-altas-en-la-seguridad-social-de-140-repartidores-de-glovo-como-trabajadores-por-cuenta-ajenahttps://elderecho.com/el-tsj-de-murcia-confirma-las-altas-en-la-seguridad-social-de-140-repartidores-de-glovo-como-trabajadores-por-cuenta-ajenahttps://elderecho.com/el-tsj-de-murcia-confirma-las-altas-en-la-seguridad-social-de-140-repartidores-de-glovo-como-trabajadores-por-cuenta-ajena2026-08-06 07:38:422026-08-06 07:38:42administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Administrativo,Sector jurídico,Social486315Entre los panelistas, del evento organizado por Gericó Associates, ya se encuentran confirmados Alejandra Gómez, gerente legal y secretaria general de Oleoducto Central S.A. - OCENSA (Colombia); Andrés Donoso, socio de Robalino Law; Aram Natanael Pérez, Senior Legal Manager de Smart Fit México; Camilo Vásquez, presidente del Comité de Arbitraje de ICC Nueva León (México); Carlos Manuel Díaz, General Counsel de Grupo San Jacinto; Carlos Valenciano, Head of Legal CU Latam North Caribbean de Ericsson (CDMX); Christian Paredes, Field Compliance Officer de SAP México; Daniel Corominas, Legal Deputy Director de Nissan Motor Corporation (CDMX); Edmundo Alcázar, Deputy Director de Propiedad Intelectual, Publicidad y Privacidad de Walmart México; Eduardo Rodríguez, General Counsel de Grupo Cobra (CDMX); Francisco Pinilla, Vice President Legal, North LAC de Mastercard (CDMX); Guillermo Larrea y Juan Francisco Torres-Landa, socios de Hogan Lovells Cadwalader (México); Luis A. Pérez, Chair, Latin America and the Caribbean Practice / Co-Office Managing Partner de Akerman (USA); Omar Guerrero, socio director de Hogan Lovells Cadwalader; Oswaldo Arriaga, LATAM Legal Counsel de H M (CDMX); Óscar Salgado, gerente jurídico Laboral de Smurfit Westrock (CDMX); Patricia Rivas, Latin America Regional Director, Ethics and Compliance Officer de Bausch Health Companies Inc. (CDMX); Rafael López, Regional Head of Legal and Compliance LATAM de Xiaomi Technology (CDMX); Sandra Jiménez, gerente legal de Sinohydro Corporation Limited Sucursal del Perú; Sylvia Sámano, secretaria general del Centro de Arbitraje de México (CAM); y Thomas Herrera-Rambla Taylor, Head of Legal Integrity de Hitachi Energy (Perú). El Panel 1, Reformas constitucionales y nuevo escenario empresarial, se centrará en los cambios normativos clave y su impacto en la seguridad jurídica de las inversiones en México. Los participantes analizarán cómo las reformas recientes afectan la planificación y operación de las empresas, así como la forma en que las gerencias legales deben adaptarse para anticipar riesgos y garantizar cumplimiento. En el Panel 2, ESG judicializado: de la teoría a la corte, se abordarán casos de litigios climáticos y sociales que tienen repercusión regional. Los panelistas discutirán cómo las compañías pueden gestionar de manera proactiva los riesgos ESG, equilibrando la responsabilidad corporativa con la protección de la reputación y los intereses estratégicos de la empresa. El Panel 3, Fintech y el futuro de los servicios financieros en Latam, explorará la regulación mexicana y su influencia en la transformación digital del sector financiero en Latinoamérica. Se analizarán los retos legales de la innovación tecnológica, la digitalización de servicios y cómo las gerencias legales acompañan los procesos de modernización del sector. El Panel 4, Arbitraje comerial e inversión internacional, destacará el papel de México como foro emergente para resolver disputas complejas. Los expertos debatirán sobre las ventajas de elegir México como sede de arbitraje, la eficiencia en la resolución de controversias y la integración de nuevas herramientas legales y tecnológicas en los procedimientos. En el Panel 5, Gobernanza global desde México, se examinarán los nuevos estándares de transparencia, fiscalidad y responsabilidad corporativa que impactan a las empresas latinoamericanas. Se hará hincapié en cómo las gerencias legales alinean la gobernanza interna con las exigencias regulatorias y las mejores prácticas internacionales. Finalmente, el Panel de cierre, Operar en entornos de alto riesgo: estrategias de cumplimiento y resiliencia corporativa, abordará cómo las direcciones legales gestionan operaciones en contextos complejos con altos niveles de riesgo. Los panelistas compartirán estrategias para fortalecer la resiliencia corporativa, garantizar el cumplimiento normativo y anticipar posibles contingencias en entornos volátiles. El evento contará con el patrocinio de Akerman, Hogan Lovells Cadwalader, Robalino, BIGLE y Palomino, Flores, Hernández Rodríguez Abogados, y con el apoyo institucional del Centro de Arbitraje de México. El Foro Gerencias Legales Ciudad de México 2026 reafirma su papel como punto de encuentro para líderes legales del sector corporativo, combinando análisis de regulación, compliance, ESG, fintech y arbitraje internacional con experiencias de general counsel y socios de firmas internacionales. La cita permitirá compartir mejores prácticas, debatir soluciones estratégicas y anticipar los retos legales que afrontan las empresas en México y la región.El XI Foro Gerencias Legales Ciudad de México 2026, que se celebrará el próximo 3 de septiembre en el Campus Santa Fe del Tecnológico de Monterrey, reunirá a líderes jurídicos, general counsel y expertos en compliance y arbitraje de México y Latinoamérica para analizar los principales desafíos del entorno legal regional, incluyendo reformas constitucionales, ESG, fintech y arbitraje internacional.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/foro-gerencias-legales-miami-arbitraje-gerico-7-1-2-scaled-p486315-m1516747-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-xi-foro-gerencias-legales-ciudad-de-mexico-2026-tendra-lugar-el-3-de-septiembrehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/foro-gerencias-legales-miami-arbitraje-gerico-7-1-2-scaled-p486315-m1516747-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-xi-foro-gerencias-legales-ciudad-de-mexico-2026-tendra-lugar-el-3-de-septiembrehttps://elderecho.com/el-xi-foro-gerencias-legales-ciudad-de-mexico-2026-tendra-lugar-el-3-de-septiembrehttps://elderecho.com/el-xi-foro-gerencias-legales-ciudad-de-mexico-2026-tendra-lugar-el-3-de-septiembre2026-08-06 07:30:162026-08-06 07:30:16sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico486314Unas medidas que se han implantado de forma escalonada y "conforme a las necesidades" y que, según ha trasladado este miércoles Justicia en un comunicado, se podrán ampliar o mantener "si la situación lo requiere". Para el desarrollo de las actuaciones de identificación y determinación de las causas y circunstancias de la muerte, el dispositivo ha contado con 19 profesionales. En concreto, nueve médicos forenses, seis técnicos de autopsia, dos profesionales del equipo técnico y dos profesionales de apoyo administrativo y de gestión. De esta forma, el equipo de trabajo activado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Ceuta ha pasado de siete profesionales al inicio de la emergencia a 19, "incrementando su capacidad operativa en más de un 271 por ciento". Profesionales desplazados Además del personal propio del IMLCF de Ceuta, Justicia ha incorporado profesionales desplazados desde los IMLCF de Cáceres, Valladolid y Salamanca, junto con personal de apoyo del Ministerio. Este último ha recordado que el pasado 31 de julio se desplazó a Ceuta la coordinadora de los IMLCF del Ministerio, Marta Grijalba. Dicho personal de refuerzo desplazado será relevado por dos médicos forenses y dos técnicos de autopsia de los IMLCF de Albacete y Toledo para "garantizar la continuidad del servicio", tal y como ha detallado el departamento que dirige el ministro Félix Bolaños. Asimismo, el Ministerio ha autorizado el refuerzo temporal de dos plazas de tramitación procesal durante dos meses y una plaza de médico forense durante seis meses. "Estas medidas podrán ampliarse si la situación lo requiere", remarcan desde Justicia. Más medios para los órganos judiciales En el ámbito judicial, se han incorporado tres profesionales de refuerzo a la Fiscalía de Área de Ceuta: un gestor y dos tramitadores procesales. Su labor se centrará en los procedimientos relacionados con la determinación de edad de menores, los expedientes de protección, las medidas de guarda y tutela y otras actuaciones vinculadas a la crisis migratoria. Justicia también ha dado instrucciones para ampliar el número de efectivos en el servicio de guardia "mientras se mantenga la situación excepcional" y ha establecido el procedimiento para certificar los servicios extraordinarios prestados. Por último, el Ministerio ha autorizado la incorporación de cinco letrados más al turno de oficio especializado, "ante el aumento de las necesidades de asistencia jurídica". Del mismo modo, la Fiscalía General del Estado ha reforzado la Fiscalía de Área de Ceuta con la incorporación de tres fiscales sustitutos, autorizados el 31 de julio, para atender el aumento de procedimientos derivados de la emergencia en Ceuta. "El Ministerio también ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial su total disposición a autorizar jueces de refuerzo si así se solicita por su parte", concluyen.El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha puesto en marcha durante la última semana un conjunto de medidas orientadas a "reforzar" sus servicios forenses y judiciales en Ceuta, con más personal y medios para resolver la crisis migratoria.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/04/shutterstock_2134853383-1-p486314-m1516729-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/justicia-refuerza-los-servicios-judiciales-y-forenses-en-ceutahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/04/shutterstock_2134853383-1-p486314-m1516729-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/justicia-refuerza-los-servicios-judiciales-y-forenses-en-ceutahttps://elderecho.com/justicia-refuerza-los-servicios-judiciales-y-forenses-en-ceutahttps://elderecho.com/justicia-refuerza-los-servicios-judiciales-y-forenses-en-ceuta2026-08-06 07:25:452026-08-06 07:25:45sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico486234Además de la pena privativa de libertad, la Audiencia le prohíbe comunicarse y acercarse a la mujer durante un año y diez meses. En una sentencia que no es firme pues contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la Sección Tercera de la Audiencia le considera autor de un delito de acoso. Concurren en este caso dos circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal del ahora condenado: dilaciones indebidas -la mujer denunció en 2020- y reparación del daño -el hombre consignó judicialmente 3.000 euros antes de la celebración del juicio. Así, la responsabilidad civil fijada en 3.000 euros por daño moral, dada “la intensidad del hostigamiento sufrido y la duración del mismo”, queda ya satisfecha. Por otro lado, la Audiencia absuelve al acusado del delito de agresión sexual por el que fue juzgado, ya que encuentra contradicciones entre la versión sostenida por la mujer y otras pruebas practicadas en la vista. Hechos probados Según los hechos probados que recoge la sentencia, desde que finalizó la relación sentimental y durante casi tres meses, “pese a conocer que ella no deseaba verle, hablar con él, ni retomar la relación que habían mantenido, actuando con el ánimo de doblegar la voluntad de ella e imponerle su presencia, mantuvo una conducta consistente en acudir a su casa prácticamente a diario y llamar al timbre de forma insistente y reiterada”. Añade la sentencia que en alguna ocasión llegó “a introducirse en el portal y esperar la llegada de la mujer sentado en las escaleras del inmueble, insistiéndola en que debían retomar su relación sentimental”. Además, “durante dicho periodo mantuvo una conducta consistente en esperar en las inmediaciones del domicilio y seguirla por la calle cuando esta salía de su casa, controlando el lugar donde estacionaba el vehículo”. Junto a ello, “con la finalidad de imponerle un contacto que ella no deseaba, de forma insistente y reiterada le efectuó numerosas llamadas telefónicas y le envió de forma también reiterada numerosos mensajes de WhatsApp a cualquier hora, en los que le pedía insistentemente que hablaran y que volvieran juntos como pareja”. El tribunal declara probado que tal conducta “alteró de forma notable y grave la vida cotidiana de ella, a la que generó un temor y desasosiego importante, hasta el punto de que la misma, ante el temor de encontrarse con el procesado, se hacía acompañar a casa por amigos, llegando en ocasiones a cambiar sus rutas y mostrar reticencia a coger el coche e incluso a salir de su casa”. Sin embargo, el tribunal señala que no se ha acreditado que el acusado accediera a la casa de la mujer pese a su petición de que se marchase, ni que la arrastrara hasta el dormitorio y la violara. Contradicciones en la versión de la mujer El tribunal considera acreditado el acoso, pues el propio acusado asumió la comisión de este delito. En el juicio manifestó que desde que acabó la relación y hasta que le llegó la carta del juzgado le envió de forma constante mensajes, y reconoció que iba todos los días a las ocho de la mañana a la casa de la denunciante y llamaba al timbre. Sin embargo, negó “rotundamente” la acusación de agresión sexual. Él mantuvo en el juicio que acudió a casa de la mujer, llamó al timbre y ella le abrió, “negando haber franqueado la entrada al domicilio en contra de la voluntad de ella”. Añadió que se sentaron en el salón y luego fueron al dormitorio “donde mantuvieron relaciones sexuales consentidas”. Frente a esas manifestaciones, la mujer sostiene que abrió la puerta pensando que era su hija y que cuando le vio le pidió que se fuera, que luego la arrastró a la habitación, la empujó sobre la cama, le abrió con fuerza las piernas y la penetró. Pero el tribunal señala que “su relato carece de la más mínima corroboración periférica, encontrándose en contradicción” con lo que dijo su prima en el juicio, que era la persona que estaba hablando con la denunciante cuando él llegó a la casa. La prima relató que el hombre se encontraba aporreando la puerta y que ella misma le dijo a la denunciante que no le abriera y que llamara a la policía, pero la mujer le abrió la puerta y colgó. Esta diferencia entre lo mantenido por una y otra “resta credibilidad a la versión incriminatoria de la denunciante”. Además, se han aportado unos mensajes de WhatsApp entre la prima y el acusado, en los que ella le reprocha lo sucedido pero no menciona en ningún momento, como sostiene la denunciante, que la penetrara vaginalmente empleando fuerza física. El tribunal tampoco encuentra corroboración médica -pese a que sostiene que la sujetó fuertemente no consta lesión o hematoma-, y resalta que la acusación particular “ni tan siquiera ha formulado acusación por dicho delito contra la libertad sexual”. En definitiva, para la Audiencia “no pudiendo sostenerse con el grado de certeza exigible en materia penal que el acusado realizara los hechos aquí enjuiciados, debe dictarse un pronunciamiento absolutorio respecto al delito contra la libertad sexual objeto de acusación”. AP de Cantabria. Sección nº 3. Sentencia nº 204/2026 de 1 de julio de 2026.La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a once meses de prisión a un hombre por acosar a su expareja, a la que durante más de dos meses llamó por teléfono y envió mensajes de WhatsApp insistentemente, y a cuyo domicilio acudió prácticamente a diario, llamando al timbre de forma reiterada, con el fin de que la mujer retomara la relación.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2814488197-1-p486234-m1516474-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-cantabria-condena-a-un-hombre-por-acosar-a-su-expareja-con-mensajes-llamadas-y-presencia-constante-en-su-domiciliohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2814488197-1-p486234-m1516474-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-cantabria-condena-a-un-hombre-por-acosar-a-su-expareja-con-mensajes-llamadas-y-presencia-constante-en-su-domiciliohttps://elderecho.com/la-ap-de-cantabria-condena-a-un-hombre-por-acosar-a-su-expareja-con-mensajes-llamadas-y-presencia-constante-en-su-domiciliohttps://elderecho.com/la-ap-de-cantabria-condena-a-un-hombre-por-acosar-a-su-expareja-con-mensajes-llamadas-y-presencia-constante-en-su-domicilio2026-08-04 13:50:352026-08-04 13:50:35penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico486232"De este modo, se evitará que los pequeños negocios asuman obligaciones tecnológicas desproporcionadas y ajenas a su actividad diaria", ha justificado a través de un comunicado el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos. El calendario de implantación de Verifactu establece dos fechas límite obligatorias para adaptar los sistemas de facturación en España: el 1 de enero de 2027 para quienes declaran el Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para autónomos y el resto de obligados. Los Gestores Administrativos han recordado que el 99,8% del tejido empresarial español está constituido por pequeñas y medianas empresas. En estos negocios, la estructura es extremadamente reducida y, por lo general, es el propio empresario quien asume simultáneamente la dirección, la gestión económica, la contratación de personal y el cumplimiento normativo. Según han advertido los Gestores, cada nueva exigencia regulatoria les resta un tiempo valioso que dejan de dedicar a producir, vender, atender clientes o generar puestos de trabajo. "La tecnología permite hoy conocer mucho mejor la realidad de cada contribuyente. Si la Administración dispone de información suficiente para identificar niveles de riesgo diferentes, resulta difícil justificar que un pequeño bar, una peluquería, un autónomo o una multinacional soporten prácticamente las mismas obligaciones administrativas", ha señalado el presidente del Consejo General, Fernando Jesús Santiago. El colectivo ha aclarado que no cuestiona la digitalización ni las medidas contra el fraude fiscal. Al contrario, considera que la inteligencia artificial y el potencial tecnológico de la Administración Tributaria ofrecen una oportunidad única para mejorar la eficacia del control. Por ello, han defendido sustituir el modelo rígido del "café para todos" por una regulación inteligente que diferencie con claridad entre perfiles con riesgos muy distintos. Propuestas Ante esta situación, el Consejo General ha propuesto revisar la normativa para introducir medidas correctoras y solicita tres acciones principales: introducir criterios objetivos en la norma, aplicar exenciones selectivas y realizar un estudio de impacto conjunto. Adicionalmente, el Consejo General ha elaborado un informe técnico detallado que reproduce paso a paso el recorrido por el Informador de la Agencia Tributaria para demostrar cómo una sola operación extraordinaria activa estas obligaciones tecnológicas permanentes en pequeños comercios.El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España ha solicitado al Gobierno una revisión urgente de la implantación de Verifactu y de la futura factura electrónica obligatoria, de cara a adaptar estas normas al tamaño real de autónomos y micropymes mediante criterios de proporcionalidad y riesgo fiscal.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_1845418474-1-p486232-m1516452-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-gestores-administrativos-piden-adaptar-verifactu-y-la-factura-electronica-a-la-realidad-de-las-pymeshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_1845418474-1-p486232-m1516452-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-gestores-administrativos-piden-adaptar-verifactu-y-la-factura-electronica-a-la-realidad-de-las-pymeshttps://elderecho.com/los-gestores-administrativos-piden-adaptar-verifactu-y-la-factura-electronica-a-la-realidad-de-las-pymeshttps://elderecho.com/los-gestores-administrativos-piden-adaptar-verifactu-y-la-factura-electronica-a-la-realidad-de-las-pymes2026-08-04 13:29:082026-08-04 13:29:08derecho-ticDerecho TICfiscalFiscal6Derecho TIC,Fiscal486231La Sala, que dictó sentencia después de que el Ministerio Fiscal y la defensa del condenado alcanzaran un acuerdo de conformidad en el que el hombre reconocía los hechos y aceptaba la pena, le impone una indemnización para el establecimiento de 2.283 euros, más los intereses, dinero que se corresponde con el importe que dejó sin pagar durante los días que estuvo hospedado en el hotel. El hombre acudió al establecimiento, situado en el paraje de la Ermita de San Cristobal de la localidad, el 22 de diciembre de 2023. Tras ofrecer una apariencia de solvencia a sus responsables, se alojó en régimen de pensión completa, pese a que sabía desde ese mismo día que no iba a abonar ninguno de los gastos. Según el relato de hechos probados de la resolución, el huésped permaneció en el hotel todo el periodo de Navidad y Año Nuevo. Dejó el lugar el 15 de enero de 2024, tras generar unos gastos de 2.283 euros por los conceptos de estancia, manutención y limpieza. La sentencia es firme. AP de Castellón. Sección nº 2. Sentencia nº 244/2026 de 11 de junio de 2026.La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a un año de prisión y una multa por un delito de estafa a un hombre que se marchó sin pagar de un hotel de La Vall d’Alba, en el que se había alojado en régimen de pensión completa durante 26 días.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2663128063-1-p486231-m1516434-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-por-alojarse-26-dias-en-pension-completa-en-un-hotel-e-irse-sin-pagarhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2663128063-1-p486231-m1516434-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-por-alojarse-26-dias-en-pension-completa-en-un-hotel-e-irse-sin-pagarhttps://elderecho.com/prision-por-alojarse-26-dias-en-pension-completa-en-un-hotel-e-irse-sin-pagarhttps://elderecho.com/prision-por-alojarse-26-dias-en-pension-completa-en-un-hotel-e-irse-sin-pagar2026-08-04 13:28:012026-08-04 13:28:01penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico486219Según el FBI Internet Crime Complaint Center (IC3), el Business Email Compromise (BEC) —una de las principales tipologías de fraude corporativo relacionadas con la ingeniería social— generó en 2025 más de 3.046 millones de dólares en pérdidas reportadas, consolidándose como uno de los ciberdelitos de mayor impacto económico a nivel global. Tal y como se destaca desde Qualiteasy Internet Solutions, distribuidor exclusivo en España de las soluciones de Faronics, con apenas 30 segundos de audio extraídos de redes sociales, conferencias o entrevistas públicas, las herramientas de IA actuales pueden replicar con gran precisión el tono, las pausas y la entonación de cualquier persona, generando un escenario de engaño altamente convincente. Para los responsables financieros, este tipo de fraude ya no es un riesgo teórico, sino una amenaza operativa real que está creciendo de forma acelerada en todo el mundo. Un fraude cada vez más sofisticado impulsado por IA El modus operandi habitual es directo y se basa en la urgencia. Un empleado recibe una llamada en la que, supuestamente, su superior solicita una transferencia inmediata para cerrar una operación crítica. El mensaje suele ir acompañado de instrucciones adicionales por canales como mensajería instantánea, reforzando la apariencia de legitimidad. Este tipo de ingeniería social explota la jerarquía interna y la presión del tiempo, provocando que en muchos casos se omitan los protocolos de verificación establecidos. Señales técnicas para detectar un deepfake de voz Los expertos recomiendan prestar atención a ciertos indicadores que pueden ayudar a identificar una posible suplantación: Prosodia inconsistente (riesgo alto): entonación plana o poco natural. Silencios sospechosos (riesgo alto): microdemoras de 1–2 segundos en la conversación. Ruido de fondo artificial (riesgo medio): sonidos añadidos para simular entornos reales. Incapacidad para responder preguntas inesperadas (riesgo crítico): ausencia de contexto personal o evasión. La respuesta empresarial: procesos, cultura y seguridad digital Desde Qualiteasy Internet Solutions subrayan que la defensa frente a este tipo de amenazas no depende únicamente de la tecnología, sino de la combinación de procesos, formación y cultura organizativa. “Estamos ante un cambio estructural en el fraude corporativo. La voz, que tradicionalmente era un elemento de confianza, se ha convertido en un vector de ataque. Ya no basta con identificar correos sospechosos: ahora la amenaza puede sonar completamente legítima”, explica Ignasi Nogués Guri, Chief Growth Officer de Qualiteasy Internet Solutions. El experto añade: “Las empresas deben asumir que cualquier instrucción crítica, especialmente las relacionadas con pagos, debe verificarse siempre por un canal alternativo seguro. La clave está en reducir la superficie de exposición y formalizar procesos de doble validación”. Recomendación clave: verificación en doble canal Los expertos recomiendan implantar protocolos de doble verificación obligatoria, de modo que ninguna orden de pago o acceso a información sensible se ejecute basándose únicamente en una llamada o mensaje externo. [ledShortcodes shortcodeId="442941" label="Memento Social 2025 - 442941"]La rápida evolución de la Inteligencia Artificial ha abierto una nueva vía de fraude corporativo especialmente peligrosa para los departamentos de administración y finanzas: la clonación de voz en tiempo real.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/03/Grabacion-llamadas-p486219-m1516397-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/clonacion-de-voz-con-ia-el-nuevo-enemigo-invisible-de-la-tesoreria-de-las-empresashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/03/Grabacion-llamadas-p486219-m1516397-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/clonacion-de-voz-con-ia-el-nuevo-enemigo-invisible-de-la-tesoreria-de-las-empresashttps://elderecho.com/clonacion-de-voz-con-ia-el-nuevo-enemigo-invisible-de-la-tesoreria-de-las-empresashttps://elderecho.com/clonacion-de-voz-con-ia-el-nuevo-enemigo-invisible-de-la-tesoreria-de-las-empresas2026-08-04 12:10:262026-08-04 12:10:26derecho-ticDerecho TICDerecho TIC486180La sentencia mantiene también la multa de 1.890 euros y el pago de una indemnización de 1.500 euros, más los intereses correspondientes, a la entidad bancaria afectada. La mujer acudió a una oficina bancaria en Lugones y, con la intención de lucrarse de forma ilegal, se hizo pasar verbalmente por la titular de la cuenta ante uno de los empleados. Tras facilitar datos personales de la víctima -obtenidos de manera desconocida-, logró retirar 1.500 euros. La procesada cuenta con antecedentes penales por delitos de estafa. Los magistrados desestiman el recurso porque el engaño cometido se considera suficiente conforme al Código Penal y la doctrina del Tribunal Supremo. La recurrente logró realizar un reintegro de dinero en efectivo en una entidad bancaria tras suplantar la identidad de un tercero, facilitando de forma verbal los datos de su DNI y correo electrónico para lucrarse indebidamente. Para el tribunal, la argumentación de la defensa, que atribuía la causa de la disposición patrimonial a una supuesta falta de diligencia o supervisión del empleado del banco al no exigir la documentación física acreditativa, no exime de responsabilidad penal a quien utilizó dicho engaño para obtener un beneficio económico. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.ç TSJ de Asturias. Sala de lo Civil y Penal. Sección nº 1. Sentencia nº 15/2026 de 18 de mayo de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha ratificado la condena de tres años y seis meses de prisión impuesta a una mujer por estafa mediante suplantación de identidad.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2042925449-1-p486180-m1516352-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-para-una-mujer-por-estafar-al-banco-suplantando-a-otra-personahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2042925449-1-p486180-m1516352-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-para-una-mujer-por-estafar-al-banco-suplantando-a-otra-personahttps://elderecho.com/prision-para-una-mujer-por-estafar-al-banco-suplantando-a-otra-personahttps://elderecho.com/prision-para-una-mujer-por-estafar-al-banco-suplantando-a-otra-persona2026-08-03 14:15:382026-08-03 14:15:38penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico486179La integración supone la incorporación a Auren de un equipo de 140 profesionales y un volumen de negocio de 13 millones de euros, reforzando su presencia en Madrid y Barcelona, dos mercados estratégicos, y ampliando su especialización para ofrecer un asesoramiento cada vez más completo y multidisciplinar. Con esta operación, Auren alcanzará en España al final de este ejercicio una facturación conjunta cercana a los 150 millones de euros, un equipo de más de 1.550 profesionales y consolida su red de 15 oficinas en España, fortaleciendo su posición como una de las principales firmas de servicios profesionales del mercado. Como parte de esta operación, Auren incorpora diez nuevos socios que reforzarán sus principales áreas de actividad. En la división de Auditoría se integran Daniel González, Fernando Fernández, Francisco Martínez, Isabel Bermúdez y Luis Manuel Rodríguez; en Legal, Javier Fernández, Pablo Fernández, Mario Ovejero y José María Nubiola; y en la división de Consultoría, Juan Alvado. Esta integración supone la incorporación de una parte muy relevante de la actividad de Moore en España, una firma con una sólida trayectoria y reconocido prestigio en el mercado de los servicios profesionales, reforzando significativamente el posicionamiento de Auren y acelerando la ejecución de su plan estratégico de crecimiento. Moore España ha desarrollado durante años una destacada actividad en los ámbitos de auditoría, asesoramiento legal y consultoría, consolidando un modelo basado en la especialización, la cercanía con el cliente y una marcada vocación internacional. La incorporación de sus oficinas de Madrid y Barcelona une a dos organizaciones que comparten valores, cultura y una misma forma de entender el asesoramiento profesional. En 2027, la oficina de Moore en Madrid cumplirá treinta años formando parte de la red Moore, una trayectoria que no podía celebrarse de mejor manera que incorporándose al proyecto Auren, que permitirá potenciarla y abrir una etapa todavía más fructífera. La operación refuerza también la dimensión internacional de Auren. Moore aporta la experiencia y proyección global de una firma integrada en Moore Global, reconocida como la 12ª mayor red mundial de servicios profesionales, con una facturación de 5.330 millones de dólares y presencia en 119 países. Esta incorporación se suma a la sólida presencia internacional de Auren que opera en más de 70 países a través de ANTEA y cuenta con más de 350 oficinas en todo el mundo. La combinación de ambas trayectorias internacionales amplía la capacidad de la firma para acompañar a empresas con actividad global y responder a proyectos cada vez más complejos y transfronterizos. Mario Alonso, presidente de Auren, ha destacado que: "Esta integración representa un paso muy importante en nuestra estrategia de crecimiento. Compartimos una misma forma de entender la profesión, basada en la cercanía, la excelencia y el compromiso con nuestros clientes. Esta operación nos permite seguir fortaleciendo nuestro proyecto y ampliar nuestras capacidades para responder a los nuevos retos de las empresas”. Por parte de Moore, Isabel Bermúdez, socia de Auditoría, ha señalado que: “El proyecto y los valores de Auren son, en realidad, nuestro proyecto desde hace muchos años. En 2021 unimos la oficina de Moore Madrid a las áreas de Auditoría y Legal de Morison, y en 2025 sumamos también la oficina de Moore Barcelona. Cuando empezamos a hablar con Auren sobre esta integración, supimos que teníamos que unir nuestras fuerzas a este proyecto para seguir mejorando el servicio a nuestros clientes, reteniendo y captando nuevo talento y dando una mejor carrera a aquellos profesionales que comparten nuestros valores de esfuerzo, calidad y trabajo en equipo”. Con esta integración, Auren da un nuevo paso en la ejecución de su estrategia de crecimiento y consolida su posición como una de las principales firmas de servicios profesionales en España, reforzando su presencia territorial, sus capacidades técnicas y su proyección internacional. Esta operación se suma a las incorporaciones realizadas en los últimos meses en oficinas como Alicante, Madrid, Barcelona o Valencia, entre las que destaca la reciente integración de la firma valenciana de consultoría Ifedes, reflejando el firme compromiso de Auren con un crecimiento sostenido basado en la incorporación de talento, especialización y capacidades complementarias.Auren ha formalizado la integración de las oficinas de Moore en Madrid y Barcelona, una operación que refuerza significativamente su posicionamiento en el mercado español de los servicios profesionales y acelera la ejecución de su plan estratégico de crecimiento.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/De-izquierda-a-derecha-Daniel-Gonzalez-Pablo-Fernandez-Mario-Alonso-Javier-Fernandez-y-Fernando-Fernandez-p486179-m1516317-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/auren-refuerza-su-liderazgo-en-espana-con-la-integracion-de-moore-en-madrid-y-barcelonahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/De-izquierda-a-derecha-Daniel-Gonzalez-Pablo-Fernandez-Mario-Alonso-Javier-Fernandez-y-Fernando-Fernandez-p486179-m1516317-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/auren-refuerza-su-liderazgo-en-espana-con-la-integracion-de-moore-en-madrid-y-barcelonahttps://elderecho.com/auren-refuerza-su-liderazgo-en-espana-con-la-integracion-de-moore-en-madrid-y-barcelonahttps://elderecho.com/auren-refuerza-su-liderazgo-en-espana-con-la-integracion-de-moore-en-madrid-y-barcelona2026-08-03 14:00:292026-08-03 14:00:29sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico