https://elderecho.com/feedes490521El despacho, con sede en el céntrico barrio de Justicia de Madrid, asesorará a empresas, directivos e inversores tanto en España como en asuntos internacionales. Para ello, contará con el respaldo de un consejo asesor académico y empresarial, además de una red de colaboradores y especialistas en distintas jurisdicciones. MAREST LAW nace como una firma internacional diseñada para acompañar a empresas y líderes en sus decisiones y transformaciones más complejas, con un modelo basado en el criterio senior, la visión integral y la implicación personal. Además, la firma combina lo más valioso de la abogacía tradicional —experiencia, confianza y acompañamiento— con una prestación de servicios más tecnológica, ágil, flexible y colaborativa. Bajo el concepto Building Bridges, MAREST LAW conecta el Derecho con el negocio, así como distintas jurisdicciones y especialidades, aunando el corto plazo con la visión de futuro. Para ello, configura equipos internacionales a medida de cada asunto que ayudan a sus clientes a anticipar conflictos, construir acuerdos y tomar mejores decisiones. La firma nace, además, nativa en inteligencia artificial, lo que reduce el trabajo de menor valor añadido y permite concentrar el tiempo de los abogados en aquello que realmente marca la diferencia: el criterio, la estrategia y la relación directa con el cliente. "Durante años hemos demostrado que la excelencia jurídica es imprescindible, pero ya no es suficiente. Las empresas necesitan abogados capaces de comprender el negocio, conectar perspectivas y participar en las decisiones que condicionan su futuro. MAREST nace para responder a esa realidad con un modelo donde la experiencia, el criterio y la implicación personal del socio son irrenunciables. Entiendo la abogacía como una relación de confianza y de largo plazo: pasar de reaccionar ante el problema a anticiparlo, de intervenir cuando el conflicto ya existe a estar presentes cuando la decisión se está tomando. Nuestra misión es construir puentes para ayudar a tomar mejores decisiones, y ahí es donde queremos acompañar a nuestros clientes: en las decisiones", señala Marlen Estévez Sanz, fundadora de MAREST LAW. Una firma liderada desde la experiencia El proyecto está liderado por Marlen Estévez, especialista en litigación, arbitraje y mediación nacional e internacional, con una trayectoria estrechamente vinculada a la resolución de controversias complejas y al gobierno corporativo. A lo largo de su carrera ha asesorado a compañías cotizadas, entidades financieras, fondos e inversores en asuntos complejos y multijurisdiccionales, con especial foco en conflictos derivados de operaciones corporativas, responsabilidad de administradores y disputas entre socios. Su práctica se apoya, además, en un profundo conocimiento del gobierno corporativo. Estévez acompaña a consejos de administración, sus comisiones y primeros ejecutivos en la anticipación y gestión de situaciones de riesgo, el diseño de la toma de decisiones societarias y el cumplimiento de los deberes de diligencia y lealtad, integrando la estrategia procesal en la estrategia de negocio. Su ejercicio profesional se ha desarrollado en paralelo a una intensa labor institucional y académica. Preside el Centro de Mediación Empresarial de Madrid (CMEM) y CIIAM Mediación, es fundadora y preside Women in a Legal World, está vinculada a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y participa en organismos nacionales e internacionales de arbitraje y mediación, entre ellos la International Bar Association (IBA) y la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Forma parte, además, de consejos asesores y órganos de gobierno de diversas organizaciones y desarrolla actividad docente en gobernanza de la inteligencia artificial y Derecho. Su trayectoria ha sido reconocida de forma sostenida por los principales directorios internacionales —Chambers and Partners, The Legal 500, Best Lawyers y Leaders League— y por publicaciones especializadas del sector. Un consejo asesor académico y empresarial La firma completa su estructura con un consejo asesor de perfil académico y empresarial, actualmente en configuración, cuya composición se dará a conocer próximamente. Su cometido será aportar a MAREST LAW y a sus clientes una perspectiva que trasciende el análisis estrictamente jurídico: contrastar estrategias en asuntos de especial complejidad, anticipar el impacto económico y reputacional de cada decisión y sostener la reflexión sobre las materias que están transformando el ejercicio del Derecho, entre ellas el gobierno corporativo, la gobernanza de la inteligencia artificial y los métodos adecuados de solución de controversias. El consejo asesor no interviene en el asesoramiento jurídico, que corresponde en exclusiva a los abogados de la firma, sino que opera como foro de contraste al servicio del criterio con el que MAREST LAW acompaña a sus clientes. Una firma concebida para acompañar las decisiones empresariales Con esta estructura, MAREST LAW prestará asesoramiento en Resolución de Disputas, M A y Derecho Corporativo, Reestructuraciones e Insolvencias, Laboral y Fiscal, mediante equipos configurados en función de las necesidades de cada asunto y con implicación directa de profesionales senior. La firma complementa este modelo con su consejo asesor y con una red internacional de despachos y especialistas cuidadosamente seleccionados, que permitirá coordinar operaciones y controversias multijurisdiccionales manteniendo un único interlocutor para el cliente.Marlen Estévez Sanz ha puesto en marcha MAREST LAW, una nueva firma especializada en abogacía de los negocios que inicia su actividad con cinco áreas de práctica: Resolución de Disputas, M A y Derecho Corporativo, Reestructuraciones e Insolvencias, Laboral y Fiscal.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Marlen-Estevez-MAREST-LAW-scaled-p490521-m1529911-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/marest-law-irrumpe-en-el-sector-legal-con-un-equipo-de-primer-nivel-y-un-consejo-asesor-academico-y-empresarial-liderado-por-marlen-estevezhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Marlen-Estevez-MAREST-LAW-scaled-p490521-m1529911-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/marest-law-irrumpe-en-el-sector-legal-con-un-equipo-de-primer-nivel-y-un-consejo-asesor-academico-y-empresarial-liderado-por-marlen-estevezhttps://elderecho.com/marest-law-irrumpe-en-el-sector-legal-con-un-equipo-de-primer-nivel-y-un-consejo-asesor-academico-y-empresarial-liderado-por-marlen-estevezhttps://elderecho.com/marest-law-irrumpe-en-el-sector-legal-con-un-equipo-de-primer-nivel-y-un-consejo-asesor-academico-y-empresarial-liderado-por-marlen-estevez2026-10-19 10:08:292026-10-19 10:08:29sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490436Las cuatro instituciones han señalado en un comunicado conjunto que el próximo Consejo de Ministros del martes 20 de octubre es una oportunidad idónea para llevar el reglamento a aprobación. Por ello, han insistido en la importancia de aprovechar esta posibilidad para acelerar el proceso y dar respuesta, tras años de reivindicaciones, a los profesionales que esperan una solución. Según han remarcado, el objetivo debe ser el de culminar cuanto antes la tramitación de esta medida y garantizar una regulación que proporcione seguridad jurídica a todos los profesionales afectados. Sobre la viabilidad de la aprobación del Real Decreto de la Pasarela al RETA una vez disueltas las Cortes y convocadas las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, las cuatro organizaciones recuerdan que aún hay margen para avanzar en la tramitación del reglamento y hacerlo posible. La reivindicación de la pasarela al RETA, impulsada desde hace más de tres años por asociaciones, plataformas, colectivos y el sindicato de mutualistas, responde a una necesidad urgente para más de 150.000 profesionales afectados, que deberían tener esta regulación para tomar decisiones sobre su futuro. Mutualidad de procuradores Por su parte, la Mutualidad de Procuradores --entidad de ahorro y previsión de los profesionales del sector-- también ha reclamado al Gobierno que apruebe el reglamento de la pasarela al RETA antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, para garantizar que los mutualistas puedan trasladar sus derechos a la Seguridad Social. Así, la Mutualidad considera que la norma debe tratarse como una "cuestión de Estado" y no verse afectada por el cambio de ciclo político. Además, recuerda que la pasarela afecta especialmente a quienes se acercan a la edad de jubilación y necesitan conocer las condiciones del traslado de sus fondos y la conversión de sus aportaciones en periodos cotizados.El Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, el Consejo General de Procuradores y el Consejo General de la Arquitectura Técnica han trasladado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la necesidad de avanzar con la máxima celeridad en el desarrollo reglamentario de la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2645949517-1-p490436-m1529673-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abogados-arquitectos-y-procuradores-urgen-a-la-ministra-saiz-a-culminar-el-reglamento-de-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2645949517-1-p490436-m1529673-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abogados-arquitectos-y-procuradores-urgen-a-la-ministra-saiz-a-culminar-el-reglamento-de-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/abogados-arquitectos-y-procuradores-urgen-a-la-ministra-saiz-a-culminar-el-reglamento-de-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/abogados-arquitectos-y-procuradores-urgen-a-la-ministra-saiz-a-culminar-el-reglamento-de-la-pasarela-al-reta2026-10-19 07:46:412026-10-19 07:46:41sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social490497El permiso de cinco días se contempla el Estatuto de los Trabajadores para atender a un familiar por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica que precise reposo domiciliario. La sentencia da la razón a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en un conflicto con un grupo empresarial que pretendía limitar este derecho a un máximo de cinco días laborables al año. La empresa quería limitar igualmente este permiso a los días de hospitalización o intervención con ingreso hospitalario, sin contemplar la posibilidad de que el familiar siga necesitando posteriormente cuidados domiciliarios de la persona trabajadora. Como ya hizo en una sentencia similar el pasado mes de febrero, el alto tribunal considera que este permiso puede disfrutarse de manera flexible y no en días naturales con inicio obligatorio desde el hecho causante, dejando margen para una distribución racional que permita una asistencia planificada y más eficaz del familiar. Igualmente, por primera vez, el Tribunal Supremo señala en esta última sentencia que este permiso no tiene por qué estar limitado a un único periodo en cada año natural. Según la sentencia, "cada supuesto de hecho habilitante del permiso da lugar a una duración del mismo de cinco días". Desde CSIF señalan su satisfacción por esta sentencia, "que supone un nuevo éxito de nuestra organización en el ámbito de la empresa privada para evitar abusos y garantizar los derechos de trabajadores". Y afirma que el Supremo hace una interpretación "sociológica, razonable y garantista" de estos permisos "evitando así situaciones de abuso y desprotección".El Tribunal Supremo ha eliminado el límite anual del permiso de cinco días para atender a familiares con enfermedad grave, al tiempo que ha confirmado también la sentencia de la Audiencia Nacional por la que se declara el derecho a disfrutar de estos días de manera flexible.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20131230_0018_1-p490497-m1529857-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-elimina-el-limite-anual-del-permiso-de-cinco-dias-para-atender-a-familiares-con-enfermedad-gravehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20131230_0018_1-p490497-m1529857-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-elimina-el-limite-anual-del-permiso-de-cinco-dias-para-atender-a-familiares-con-enfermedad-gravehttps://elderecho.com/el-supremo-elimina-el-limite-anual-del-permiso-de-cinco-dias-para-atender-a-familiares-con-enfermedad-gravehttps://elderecho.com/el-supremo-elimina-el-limite-anual-del-permiso-de-cinco-dias-para-atender-a-familiares-con-enfermedad-grave2026-10-19 07:41:122026-10-19 07:41:12socialSocial13Social490435Osborne Clarke ha anunciado la incorporación de Guillermo Rodrigo, Paloma Alcón, Lucía García Ovies y Jaime Armijo a su oficina de Madrid para reforzar la práctica de derecho inmobiliario de la firma. El nuevo equipo impulsará el desarrollo del área en la capital y trabajará de forma coordinada con el equipo inmobiliario de Barcelona, liderado por Julián Matos. Guillermo Rodrigo se incorpora como socio, Paloma Alcón como counsel y Lucía García Ovies y Jaime Armijo como asociados. Rodrigo cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector inmobiliario, durante los cuales ha asesorado a los principales actores del mercado en operaciones y proyectos de diversa naturaleza. Por su parte, Paloma Alcón aporta 15 años de trayectoria profesional y una sólida especialización en el asesoramiento inmobiliario. Lucía García Ovies y Jaime Armijo completan el equipo con su recorrido en operaciones y proyectos del sector que requieren un enfoque jurídico especializado. Los cuatro profesionales han desarrollado buena parte de su carrera profesional conjuntamente en Baker McKenzie. Esta experiencia compartida les ha permitido consolidar un equipo cohesionado, con un profundo conocimiento del mercado y una metodología de trabajo común, que constituye una sólida base para ofrecer asesoramiento coordinado e integral a inversores, promotores, operadores y otros participantes del sector. “Nos incorporamos a Osborne Clarke con mucha ilusión y con la convicción de que existe una gran oportunidad para seguir desarrollando la práctica inmobiliaria y transaccional de la firma. Es un proyecto que combina una sólida trayectoria con una clara apuesta por el crecimiento y por el mercado de Madrid. Queremos contribuir a ese desarrollo y potenciar la colaboración con el equipo de Barcelona y con las demás áreas de la firma”, señala Guillermo Rodrigo. Miguel Lorán y Jordi Casas, socios codirectores de Osborne Clarke España, han señalado: “La incorporación de Guillermo y su equipo se enmarca en el plan estratégico de Osborne Clarke y refuerza nuestra apuesta por el crecimiento en Madrid y por el desarrollo de la práctica inmobiliaria en España asesorando a nuestros clientes nacionales e internacionales. Su experiencia, unida a la del equipo de Barcelona, nos permite ampliar nuestras capacidades y ofrecer a nuestros clientes un asesoramiento especializado e integral, apoyado en una estrecha colaboración entre oficinas y áreas de práctica”. La incorporación se enmarca en la estrategia de crecimiento de Osborne Clarke en Madrid y en su apuesta por reforzar sus capacidades transaccionales. Asimismo, permitirá seguir desarrollando una práctica inmobiliaria especializada, capaz de dar respuesta a las necesidades de un mercado cada vez más sofisticado. El trabajo conjunto de los equipos de Madrid y Barcelona ampliará la capacidad de la firma para acompañar a sus clientes en sus proyectos y operaciones inmobiliarias. Asimismo, favorecerá la coordinación con otras áreas de práctica para abordar de forma integral las necesidades jurídicas.Guillermo Rodrigo se incorpora como socio, Paloma Alcón como counsel y Lucía García Ovies y Jaime Armijo como asociados.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Osborne-Clarke-Guillermo-Rodrigo-equipo-p490435-m1529655-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/osborne-clarke-fortalece-su-equipo-de-derecho-inmobiliario-con-la-incorporacion-de-cuatro-abogados-liderados-por-guillermo-rodrigohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Osborne-Clarke-Guillermo-Rodrigo-equipo-p490435-m1529655-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/osborne-clarke-fortalece-su-equipo-de-derecho-inmobiliario-con-la-incorporacion-de-cuatro-abogados-liderados-por-guillermo-rodrigohttps://elderecho.com/osborne-clarke-fortalece-su-equipo-de-derecho-inmobiliario-con-la-incorporacion-de-cuatro-abogados-liderados-por-guillermo-rodrigohttps://elderecho.com/osborne-clarke-fortalece-su-equipo-de-derecho-inmobiliario-con-la-incorporacion-de-cuatro-abogados-liderados-por-guillermo-rodrigo2026-10-16 12:52:072026-10-16 12:52:07sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490438Los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apuntan a que la que la tendencia al alza que comenzó en el tercer trimestre de 2020 se mantiene desde entonces de forma casi continua. Los concursos de personas naturales empresarios fueron los únicos que disminuyeron, y lo hicieron en un 10,8% respecto al año anterior. El resto, por el contrario, mostraron comportamientos al alza: los de personas naturales no empresarios aumentaron un 5,9% y los de personas jurídicas, un 4,6% respecto al segundo trimestre de 2025. Tomando en consideración el número total de concursos presentados, fue Cataluña el territorio en el que más se registraron, 4.631, cantidad que representa el 24,3% del total. Le siguen Madrid, con 3.033; Andalucía, con 2.891 y la Comunidad Valenciana, con 2.002. Durante el segundo trimestre de 2026 se presentaron 1.404 concursos de personas jurídicas, un 4,6% más que en el mismo trimestre de 2025. Cataluña fue la comunidad autónoma donde se registraron más concursos de este tipo: 406, lo que supone el 28,9% del total. Le siguieron Madrid, con 192; Andalucía, con 188 y la Comunidad Valenciana, con 174. Solo bajaron los concursos de personas naturales empresarios De su lado, los concursos presentados por personas naturales empresarios, en total 672, mostraron una disminución del 10,8 % respecto a igual trimestre de 2025. Cataluña fue el territorio con más concursos de esta naturaleza, 423, que representan el 62,9 % del total nacional. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 80 y Madrid, con 34. Los concursos presentados por personas naturales no empresarios sumaron 16.948, lo que ha supuesto un incremento interanual del 5,9%. Cataluña ha sido la comunidad autónoma con un mayor número de concursos de este tipo, 3.802, que representan el 22,4 % del total nacional. Le siguieron Madrid, con 2.807; Andalucía, con 2.700 y la Comunidad Valenciana, con 1.748. Los ERE crecen un 2,1% Respecto a los expedientes relativos a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se presentaron un total de 97, frente a los 95 del mismo trimestre de 2025. De su lado, en el periodo analizado se presentaron 45.230 demandas por despido, un 11,2% más que en el mismo trimestre de 2025. Cataluña, con 9.075 (el 20% del total nacional), fue el territorio con mayor número de demandas de este tipo. Le siguen Madrid, con 8.040; Andalucía, con 7.302 y la Comunidad Valenciana, con 5.885. El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, en total 35.043, fue un 3,4% mayor a las del segundo trimestre de 2025. De ellas, 6.422 se presentaron en Madrid, lo que equivale al 18,32 % del total; 5.995, en Andalucía y 3.907, en Cataluña.El número total de concursos de acreedores presentados en el segundo trimestre de 2026 en los Juzgados de lo Mercantil fue de 19.024, una cifra que supone un incremento del 5,1% respecto al mismo trimestre de 2025.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Deudabancarrotaconcurso_EDEIMA20170512_0002_1-p490438-m1529714-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-concursos-de-acreedores-suben-un-51-en-el-segundo-trimestre-y-las-demandas-de-despido-crecen-un-112https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Deudabancarrotaconcurso_EDEIMA20170512_0002_1-p490438-m1529714-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-concursos-de-acreedores-suben-un-51-en-el-segundo-trimestre-y-las-demandas-de-despido-crecen-un-112https://elderecho.com/los-concursos-de-acreedores-suben-un-51-en-el-segundo-trimestre-y-las-demandas-de-despido-crecen-un-112https://elderecho.com/los-concursos-de-acreedores-suben-un-51-en-el-segundo-trimestre-y-las-demandas-de-despido-crecen-un-1122026-10-16 12:49:202026-10-16 12:49:20mercantilMercantil8sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Mercantil,Sector jurídico,Social490437El 82 por ciento de los directivos en España afirma que un incidente relacionado con la IA, como el fallo de un agente, la exposición de datos, un error en una decisión apoyada por IA o una brecha de seguridad, llegó al consejo de administración o al comité ejecutivo durante el último año. Sin embargo, únicamente el 36 por ciento modificó su política o marco de gobernanza como respuesta. Esta diferencia entre los riesgos identificados y las medidas adoptadas también se refleja en la forma en que las organizaciones gestionan el despliegue de la tecnología, como se recoge en un nuevo estudio de IBM para el que se ha encuestado a 540 directivos de organizaciones en España. En él se indica que cuando el despliegue de la IA supera la preparación de los marcos de gobernanza y cumplimiento, el 65 por ciento de los directivos afirma que continúa dentro de los límites de riesgo acordados mientras adapta la gobernanza, frente al 30 por ciento que opta por retrasarlo hasta contar con los mecanismos adecuados. Esta situación cobra relevancia ante el avance de la IA agéntica, que introduce nuevos desafíos de supervisión a medida que los sistemas adquieren mayor autonomía. Según la encuesta, el 25 por ciento afirma que ya utiliza IA agéntica en producción y el 73 por ciento espera que los agentes tengan algún grado de autonomía en la toma de decisiones para 2027. Pese a ello, solo el 34 por ciento considera que su gobernanza actual está preparada para ampliar este tipo de despliegues. Responsabilidad y rendición de cuentas La práctica totalidad de los directivos encuestados en España (99%) ha asignado formalmente al consejo de administración la responsabilidad sobre el riesgo de la IA, incluido un 27 por ciento que cuenta con un comité específico de IA a ese nivel. Sin embargo, no hay consenso sobre quién debe responder por los resultados adversos de los agentes de IA, aunque el 12 por ciento cita de los encuestados cita al director de Sistemas de Información o al director de Tecnología. También hay distintas opiniones sobre quién debería asumir la responsabilidad legal si un sistema de IA causa daños significativos. El 19 por ciento considera que debería repartirse proporcionalmente entre la organización que despliega la IA y el proveedor, el 18% por ciento apunta a la necesidad de un marco regulatorio más adecuado, y el 14 por ciento cree que la responsabilidad debería recaer en el proveedor de IA o tecnología. Para gestionar agentes de IA cada vez más autónomos, los directivos españoles consideran necesarias medidas como marcos legales o contractuales que definan la responsabilidad del proveedor por los fallos de los agentes (33%), umbrales claros para solicitar intervención humana (31%), supervisión en tiempo real y registros de auditoría de las decisiones y acciones de los agentes (29%) y la capacidad para detener de inmediato su actividad en toda la organización (30%). A ello se suma que el 53 por ciento de los directivos gestiona las herramientas de IA generativa y los sistemas de IA agéntica como categorías de riesgo distintas, con marcos de gobernanza separados. Otro 40 por ciento aplica un marco común, con controles adicionales para la IA agéntica, mientras que solo el 32 por ciento cuenta con una cuantificación formal del riesgo financiero que generan las carencias en la gobernanza de la IA, revisada por el consejo de administración. En lo que respecta a la cadena de suministro, prácticamente la mitad (49%) reconoce carencias o limitaciones en la cobertura que su marco de gobernanza ofrece para los sistemas y modelos de IA utilizados por proveedores, socios tecnológicos y participantes de la cadena de suministro. Solo el 20 por ciento supervisa de forma continua el riesgo de IA de terceros, y el 12 por ciento aplica requisitos independientes de garantía o certificación. Asimismo, en España, el 44 por ciento de los directivos está acelerando la inversión en gobernanza antes de que entren en vigor las obligaciones de alto riesgo de la Ley de IA de la UE en diciembre de 2027. Otro 39 por ciento avanza según lo previsto con planes estructurados de cumplimiento.Los incidentes relacionados con la IA están llegando a los consejos de administración y comités ejecutivos en España, mientras la gobernanza y la rendición de cuentas sobre los riesgos avanzan a un ritmo distinto al de la adopción de la tecnología.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2722920291-1-p490437-m1529690-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-incidentes-por-ia-irrumpen-en-las-cupulas-directivas-pero-no-siempre-se-traducen-en-cambios-en-la-gobernanzahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2722920291-1-p490437-m1529690-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-incidentes-por-ia-irrumpen-en-las-cupulas-directivas-pero-no-siempre-se-traducen-en-cambios-en-la-gobernanzahttps://elderecho.com/los-incidentes-por-ia-irrumpen-en-las-cupulas-directivas-pero-no-siempre-se-traducen-en-cambios-en-la-gobernanzahttps://elderecho.com/los-incidentes-por-ia-irrumpen-en-las-cupulas-directivas-pero-no-siempre-se-traducen-en-cambios-en-la-gobernanza2026-10-16 12:41:412026-10-16 12:41:41derecho-ticDerecho TICDerecho TIC490439"La fiscal general (de Iowa), Brenna Bird, ha anunciado hoy en una rueda de prensa que va a demandar a OpenAI por causar daño a los niños de Iowa, engañar a los padres e infringir la Ley contra el Fraude al Consumidor de Iowa", reza el comunicado difundido por la Fiscalía estatal, con una formulación replicada por sus pares en Arizona, Idaho, Nebraska y Virginia Occidental, que han presentado sendas demandas junto a los estados de Arkansas, Kansas y Montana. El grupo, que incluye a responsables colocados por ambos partidos estadounidenses, alega que OpenAI ha seguido adelante con el desarrollo de sus productos de inteligencia artificial a pesar de saber que estos requerían medidas de seguridad, así como que ha violado las leyes de protección al consumidor de sus respectivos estados y que fabrica un producto que pone en peligro a usuarios vulnerables como los niños. En concreto, son varias las fiscalías que, en sus respectivas comunicaciones acerca de la demanda, alertan del uso de ChatGPT para obtener instrucciones para la autolesión e, incluso, el suicidio. Así lo ha denunciado, entre otros, el fiscal general de Arkansas, el republicano Tim Griffin, que agrega que, en múltiples casos, algunos usuarios "lograron eludir las medidas de seguridad de OpenAI y generar respuestas que, según la propia empresa, sus mecanismos de protección estaban diseñados para evitar". A su vez, la fiscal general de Arizona, la demócrata (aunque republicana hasta 2019) Kris Mayes, que ha manifestado que "OpenAI puso en riesgo la seguridad de los habitantes de Arizona al no implementar protecciones adecuadas para los usuarios ni medidas de transparencia, a pesar de existir claros indicios de que los menores interactuaban habitualmente con su chatbot". Por ello, ha afirmado que su oficina buscará con la demanda en cuestión "proteger a los niños de Arizona y exigir responsabilidades a la empresa por sus reiteradas infracciones". Estas demandas se suman a una serie de desafíos legales que enfrenta OpenAI, mientras los tribunales evalúan si los desarrolladores de IA y sus sistemas son responsables de ciertos episodios relacionados con la salud mental. En Canadá, la familia de una joven gravemente herida en un tiroteo escolar demandó a la empresa de inteligencia artificial, alegando que esta estaba al tanto del tiroteo planeado por el sospechoso pero no alertó a las autoridades. Actualmente, ChatGPT permite el uso a personas mayores de 13 años, pero los menores de 18 requieren el permiso de un padre o tutor. Según OpenAI, la empresa intenta verificar la edad de los usuarios mediante una combinación de la edad declarada por el usuario, señales de comportamiento y, si es necesario, una verificación de edad. El portavoz de la firma, Drew Pusateri, ha afirmado en un comunicado distribuido a medios estadounidenses que la empresa ha incorporado en sus productos "protecciones específicas por edad líderes en el sector", de las cuales carecen otras empresas. "Si bien ningún sistema puede ser perfecto, seguiremos colaborando con expertos para orientar nuestra labor y desarrollar salvaguardias adicionales, como los controles parentales, los recordatorios de descanso y las protecciones del modelo adaptadas a la edad que ya existen", ha defendido el representante de OpenAI, cuyos responsables están, según ha asegurado, "comprometidos a trabajar con los estados para promover políticas pragmáticas sobre IA que se apliquen a toda la industria, y no solo a una empresa".Los fiscales generales de ocho estados de Estados Unidos, dos de ellos gobernados por el partido Republicano, han demandado este miércoles a la empresa de inteligencia artificial OpenAI, acusando a la impulsora de ChatGPT de "causar daño a niños, engañar a padres" e infringir leyes de protección al consumidor.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2769671579-1-p490439-m1529732-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/openai-demandada-por-ocho-estados-de-eeuu-por-causar-danos-a-ninos-e-infringir-la-leyhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2769671579-1-p490439-m1529732-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/openai-demandada-por-ocho-estados-de-eeuu-por-causar-danos-a-ninos-e-infringir-la-leyhttps://elderecho.com/openai-demandada-por-ocho-estados-de-eeuu-por-causar-danos-a-ninos-e-infringir-la-leyhttps://elderecho.com/openai-demandada-por-ocho-estados-de-eeuu-por-causar-danos-a-ninos-e-infringir-la-ley2026-10-16 12:06:202026-10-16 12:06:20derecho-ticDerecho TICDerecho TIC490409El tribunal, tras valorar los hechos probados -que acreditan numerosas retiradas y transferencias realizadas por el sospechoso desde cuentas pertenecientes a su madre, quien padecía demencia y fue declarada incapaz con posterioridad- considera acreditado el hecho delictivo, pero aplica la excusa absolutoria prevista en la redacción vigente al tiempo de los hechos (previsión que eximía de responsabilidad penal entre ascendientes y descendientes sin violencia ni intimidación), por lo que absuelve al acusado de la responsabilidad penal. Explica, asimismo, que la reforma posterior que excluye la excusa en supuestos de vulnerabilidad no es de aplicación retroactiva. La Sala mantiene la responsabilidad civil derivada de las disposiciones acreditadas y fija la indemnización a favor de la comunidad hereditaria de la víctima en 75.846 euros.La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha absuelto a un acusado de un delito continuado de apropiación indebida por disposiciones patrimoniales efectuadas como autorizado o cotitular de cuentas de su madre, pero lo condena al pago de 75.846 euros a la comunidad hereditaria de la víctima.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2834952375-1-p490409-m1529611-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-ourense-condena-a-devolver-a-la-comunidad-hereditaria-de-su-madre-los-75-846-euros-que-retiro-de-sus-cuentashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2834952375-1-p490409-m1529611-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-ourense-condena-a-devolver-a-la-comunidad-hereditaria-de-su-madre-los-75-846-euros-que-retiro-de-sus-cuentashttps://elderecho.com/la-ap-de-ourense-condena-a-devolver-a-la-comunidad-hereditaria-de-su-madre-los-75-846-euros-que-retiro-de-sus-cuentashttps://elderecho.com/la-ap-de-ourense-condena-a-devolver-a-la-comunidad-hereditaria-de-su-madre-los-75-846-euros-que-retiro-de-sus-cuentas2026-10-16 05:30:542026-10-16 05:30:54penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico490410Respecto a los primeros, Alfredo Carmona Salgado, Manuel Jiménez Carmona, Jesús Alcalde Martos, José Antonio Mochón Sánchez, Manuel Rojas García-Creus, Ángel Eduardo Jorge Palacios Aguirre y Pablo Ruiz de Peralta Casallo han sido galardonados con el Botón de Oro por sus 50 años de colegiación, si bien, como ha puntualizado el decano, Leandro Cabrera Mercado, no se trata de una distinción por el mero transcurso del tiempo, sino por su aporte al desarrollo de la abogacía y de la sociedad granadina. “Gracias por haber mantenido vuestro espíritu de colegiado joven, por no haber desistido y por vuestra bonhomía, dedicación y maestrazgo”, ha expresado el máximo representante del colectivo. “Durante estos 50 años hemos intentado ejercer la abogacía desde la rectitud, honestidad y rigor profesional”, ha contestado Mochón Sánchez, responsable de hablar en nombre de su promoción. Asimismo, el Colegio también ha querido premiar el constante apoyo y colaboración de dos figuras destacadas de la provincia. Se trata del rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado Pacheco, y la secretaria coordinadora provincial de Granada, Mª Carlota Gómez Blanco. En este sentido, la Abogacía granadina agradece así la labor de Mercado en el refuerzo del prestigio que la Universidad de Granada confiere a la ciudad, en general, y al sector jurídico, en particular, y su contribución al entendimiento de las instituciones, según ha indicado Cabrera. “La abogacía es algo más que una profesión por su función social al servicio de los derechos de los ciudadanos”, ha asegurado el rector y catedrático de Filosofía del Derecho durante el acto, acompañado por la Junta de Gobierno, los decanos eméritos Rafael López Cantal y José María Rosales de Angulo, y el colegiado de honor, Javier López y García de la Serrana. Sobre Gómez Blanco, el decano ha resaltado la ayuda de la LAJ en la adaptación de los letrados al nuevo sistema judicial en una etapa convulsa, con profundas reformas procesales, y siempre con cercanía, profesionalidad y disponibilidad. “Soy plenamente consciente de las dificultades y problemas a los que se enfrentan los abogados tras la LO 1/2025, pero debiéramos confiar en que la reforma dará sus frutos”, ha apostillado Gómez al recibir la placa, que ha compartido con todos sus compañeros de profesión. 40 y 25 años de ejercicio profesional Previamente, la Corporación también ha impuesto los Lazos de Plata, una insignia creada el pasado año para poner en valor 40 años de ejercicio profesional y que, inspirada en el lazo de oro que lucen los miembros de Junta de Gobierno, puede llevarse encima y, además, cerca del corazón. En esta ocasión, la nueva distinción ha recaído en una treintena de abogados y el empleado del Colegio José Soto Ruiz, al que el decano ha dedicado una especial mención, trasladándole el reconocimiento personal, de la Junta, de los empleados y de todos los integrantes de la abogacía granadina. Estas distinciones se suman a los Botones de Plata a los 25 años de ejercicio profesional entregados ayer durante un acto en la que el decano, igual que hoy, resaltó la importancia del sentido de colectivo en un sector que tiende hacia el individualismo. “Tenemos el deber moral de sentirnos representantes de la profesión y ser conscientes de que nuestro comportamiento tiene trascendencia más allá de nosotros mismos”, ha recordado Cabrera, instando a los Lazos y Botones de Plata a cuidar su relación con los clientes, con los compañeros, con otros profesionales y con cualquier persona dentro y fuera del ámbito jurídico. Por su parte, José Mariano Vargas Aranda, en nombre de los Lazos de Plata, y Jorge Odón Argente del Castillo Álvarez y José Amador Berbel Navarro, en el de los Botones de Plata, ofrecieron unas palabras en las que los orígenes, la evolución, los retos y los valores de la profesión han sido las protagonistas. “El santo y seña de la abogacía debe ser proteger siempre al indefenso, huir del mercantilismo salvaje y mantenernos en la rectitud del ejercicio”, ha aseverado Vargas Aranda. La programación también ha incluido una función religiosa en honor a la patrona celebrada a primera hora en la iglesia de las Carmelitas Descalzas y acompañada por la actuación del Coro Colegial que, además, ha conmemorado el trigésimo aniversario de su fundación.El Colegio de Abogados de Granada ha celebrado el Día de de Santa Teresa, patrona de la institución, con una emotiva jornada dedicada al reconocimiento de la trayectoria profesional de los letrados más veteranos y a la entrega de distinciones a personalidades vinculadas a la Corporación. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Botones-de-Oro-scaled-p490410-m1529573-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-abogacia-granadina-rinde-homenaje-a-los-maestros-del-colectivo-profesionalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Botones-de-Oro-scaled-p490410-m1529573-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-abogacia-granadina-rinde-homenaje-a-los-maestros-del-colectivo-profesionalhttps://elderecho.com/la-abogacia-granadina-rinde-homenaje-a-los-maestros-del-colectivo-profesionalhttps://elderecho.com/la-abogacia-granadina-rinde-homenaje-a-los-maestros-del-colectivo-profesional2026-10-15 14:00:562026-10-15 14:00:56sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490360La reforma introduce algunas correcciones que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) considera necesarias, especialmente en los procedimientos penales de especial complejidad y en la adaptación de los baremos al expediente judicial electrónico. Sin embargo, el Colegio advierte de que esas mejoras no van acompañadas de una revisión económica suficiente y pueden quedarse muy lejos de compensar el trabajo que exigen los asuntos de mayor dificultad. “Han conseguido la cuadratura del círculo: aparentemente se mejora el baremo y, sin embargo, en determinados asuntos podemos terminar cobrando menos”, afirma desde el ICAM el diputado de la Junta de Gobierno responsable de Justicia Gratuita, Juan Manuel Mayllo. A juicio del decano, Eugenio Ribón, la reforma vuelve a poner de manifiesto el principal problema del sistema: “Se reconoce que determinados procedimientos requieren una especial dedicación, pero después esa complejidad no encuentra una correspondencia adecuada en la retribución. El resultado sigue estando muy lejos de lo que supone asumir profesionalmente este tipo de asuntos”. Correcciones necesarias, pero sin una revisión económica de fondo Uno de los cambios introducidos por el Real Decreto afecta precisamente a los procedimientos penales de especial complejidad. El nuevo anexo establece un módulo específico de 600 euros, tanto para estos asuntos con carácter general como para los tramitados ante la Audiencia Nacional, y prevé complementos adicionales en función del volumen del procedimiento, las comparecencias y la duración de la vista. La reforma modifica también la forma de medir ese volumen de trabajo. Frente al anterior sistema basado en el número de folios, el Reglamento pasa a utilizar los “acontecimientos” del expediente electrónico. Con ello se corrige una disfunción que el ICAM había denunciado: en una Justicia crecientemente digitalizada, vincular parte de la compensación al número de páginas hacía difícil trasladar el baremo a la realidad de los actuales expedientes judiciales. Para el Colegio, ambas modificaciones avanzan en la dirección adecuada, pues se reconoce de forma específica la especial complejidad de determinados procedimientos y se adapta el criterio de cómputo al funcionamiento real del expediente digital. El problema está en las cantidades asignadas a esos conceptos. “Cambiar los folios por acontecimientos corrige un problema técnico, pero no resuelve el problema económico. Con estas cuantías, muchos asuntos de especial complejidad siguen estando claramente infrarretribuidos”, señala el diputado responsable de Justicia Gratuita del ICAM, Juan Manuel Mayllo. La publicación del Real Decreto no es algo nuevo, sino cumplir con un acuerdo de febrero de 2026 entre el Ministerio de Justicia y el CGAE para tramitar la reforma y tramitación urgente del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita. La Audiencia Nacional, ejemplo del desajuste El ICAM considera que el efecto del nuevo sistema se aprecia especialmente bien en los procedimientos de especial complejidad tramitados ante la Audiencia Nacional. El Reglamento fija para estos asuntos un módulo de 600 euros y añade 32,15 euros por cada 250 acontecimientos del expediente, además de los complementos que puedan corresponder por comparecencias y días de vista. Mayllo pone como ejemplo los procedimientos de narcotráfico. Según explica el diputado del ICAM, estos asuntos pueden moverse habitualmente entre 2.000 y 3.000 acontecimientos, mientras que algunos procedimientos excepcionales, como determinados asuntos vinculados a la Fiscalía Europea, pueden superar ampliamente los 10.000. “Un procedimiento de especial complejidad ante la Audiencia Nacional parte ahora de 600 euros y se pagan 32 euros por cada 250 acontecimientos. Hay procedimientos excepcionales, por ejemplo algunos vinculados a la Fiscalía Europea, que pueden superar los 10.000 acontecimientos, pero un procedimiento de narcotráfico ante la Audiencia Nacional puede moverse entre 2.000 y 3.000 acontecimientos. Al final estamos hablando de asumir un asunto de enorme complejidad por menos de 1.000 euros brutos”, señala. Tomando únicamente como referencia el módulo base y el complemento por acontecimientos, un procedimiento situado en ese rango alcanzaría entre 857,20 y 985,80 euros brutos, sin contar, en su caso, otros complementos por comparecencias o duración de la vista. Según advierte el Colegio, el cambio de criterio tampoco garantiza que el profesional vaya a percibir más que con el sistema anterior, ya que determinados procedimientos podían obtener una compensación superior cuando el cálculo adicional se realizaba en función de los folios. Baremos todavía muy alejados del trabajo real La crítica del ICAM, no obstante, va más allá de los procedimientos de especial complejidad. El Colegio considera que uno de los principales problemas, como es garantizar el pago de todas las actuaciones realizadas por los profesionales designados por turno de oficio sigue sin resolverse, especialmente al no garantizarse el pago de las actuaciones en aquellos procedimientos en que la solicitud de justicia gratuita ha sido archivada o denegada y el profesional queda obligado a continuar en la defensa del justiciable, e igualmente en muchos de los procedimientos en el ámbito penal en que se nombra profesional para la defensa de persona jurídica. Para Ribón, estas cifras muestran que las mejoras puntuales no sustituyen la revisión de fondo que sigue necesitando el sistema. “No se puede sostener un servicio público esencial sobre baremos que no guardan relación con las horas de trabajo, la preparación, la responsabilidad y la especialización que exige cada asunto”, afirma. El ICAM reclama por ello una actualización más amplia de los módulos de compensación que tenga en cuenta la dedicación efectiva que exige cada procedimiento y evite que las retribuciones vuelvan a quedar desfasadas, así como que se garantice el pago de todas las actuaciones realizadas por los profesionales de turno de oficio. “La reforma modifica algunos aspectos que era necesario corregir, pero sigue sin afrontar el problema principal: una financiación adecuada del Turno de Oficio y una actualización periódica de los baremos que evite que los profesionales sigan perdiendo poder adquisitivo”, concluye Mayllo. Para el Colegio, el objetivo sigue siendo el mismo que recoge la propia legislación de asistencia jurídica gratuita: garantizar que la prestación de este servicio público esté digna y suficientemente remunerada.El nuevo Reglamento de asistencia jurídica gratuita publicado este jueves en el BOE no resuelve el problema de las retribuciones del Turno de Oficio y, en determinados procedimientos de especial complejidad, puede incluso empeorar el resultado económico para los profesionales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Eugenio-Ribon-y-Juan-Manuel-Mayllo-scaled-p490360-m1529514-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-advierte-de-que-el-nuevo-reglamento-de-justicia-gratuita-puede-dejar-peor-retribuidos-los-asuntos-mas-complejoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Eugenio-Ribon-y-Juan-Manuel-Mayllo-scaled-p490360-m1529514-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-advierte-de-que-el-nuevo-reglamento-de-justicia-gratuita-puede-dejar-peor-retribuidos-los-asuntos-mas-complejoshttps://elderecho.com/el-icam-advierte-de-que-el-nuevo-reglamento-de-justicia-gratuita-puede-dejar-peor-retribuidos-los-asuntos-mas-complejoshttps://elderecho.com/el-icam-advierte-de-que-el-nuevo-reglamento-de-justicia-gratuita-puede-dejar-peor-retribuidos-los-asuntos-mas-complejos2026-10-15 13:15:372026-10-15 13:15:37sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico