https://elderecho.com/feedes481168Esto es debido a que se vulnerarían la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público y se impediría el acceso al empleo público de los restantes ciudadanos. Las medidas adecuadas para prevenir y reparar el abuso en la temporalidad y garantizar la eficacia de la Cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada son el abono de una indemnización calculada conforme a los criterios fijados en la citada sentencia del TJUE y la remisión del testimonio de la sentencia en la que se constate que se ha producido un abuso en la temporalidad a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para que inicie el correspondiente procedimiento sancionador. Solamente cuando una persona haya participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo y la haya superado pero no haya obtenido plaza porque el número de aspirantes que ha demostrado su capacitación sea superior al número de plazas ofertadas, si posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad, no resulta contra legem (contra ley) la conversión de ese contrato en una relación laboral fija porque esa persona ha participado en una prueba de acceso al empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad y la ulterior vulneración de la Cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, que evidencia una necesidad estructural de trabajadores, obliga a dicha conversión. La aplicación de la citada doctrina al caso concreto, en el que la actora había superado dicho proceso selectivo y posteriormente se había producido un abuso en la temporalidad, conlleva que se declare que su relación laboral es fija.La sentencia del Pleno de la Sala Social del TS de 11 de mayo de 2026, de conformidad con la sentencia del TJUE de 14 de abril de 2026 (asunto Obadal), argumenta que la contratación temporal de personal laboral por parte de las Administraciones públicas sin superar un procedimiento de acceso al empleo público, no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos como consecuencia directa del abuso en la temporalidad.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20131230_0019_1-p481168-m1500388-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ts-fija-criterio-contra-el-abuso-en-la-contratacion-temporal-de-personal-laboral-en-las-administraciones-publicas-tras-la-sentencia-de-tjuehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20131230_0019_1-p481168-m1500388-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ts-fija-criterio-contra-el-abuso-en-la-contratacion-temporal-de-personal-laboral-en-las-administraciones-publicas-tras-la-sentencia-de-tjuehttps://elderecho.com/el-ts-fija-criterio-contra-el-abuso-en-la-contratacion-temporal-de-personal-laboral-en-las-administraciones-publicas-tras-la-sentencia-de-tjuehttps://elderecho.com/el-ts-fija-criterio-contra-el-abuso-en-la-contratacion-temporal-de-personal-laboral-en-las-administraciones-publicas-tras-la-sentencia-de-tjue2026-05-13 10:15:492026-05-13 10:15:49socialSocial13Social481134Para calificar los rendimientos obtenidos por un contribuyente  persona física provenientes de una entidad en cuyo capital participa como rendimientos del trabajo o de una actividad económica, la LIRPF considera que tales rendimientos proceden de una actividad económica cuando derivan de la realización de actividades incluidas en la Sección Segunda de las Tarifas del IAE, siempre que el contribuyente esté incluido, a tal efecto, en el RETA o en una mutualidad de previsión social que actúe como alternativa al citado régimen especial (LIRPF art.27.1, tercer párrafo). El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre cómo debe interpretarse el requisito de que el contribuyente esté incluido en el RETA a efectos de calificar tales rendimientos como procedentes de una actividad económica: se debate si la LIRPF exige solo que la persona física esté incluida de manera obligatoria por imperativo legal dentro de los supuestos de cotización en el RETA (LGSS art.305.2.b), o si además es necesario que cumpla el requisito formal de estar dada de alta efectivamente en este régimen especial (LGSS art.307). Es decir, se trata de determinar si puede calificarse como rendimiento de actividad económica los rendimientos percibidos por una persona que, estando de manera obligatoria incluida en el RETA, formalmente no está dada de alta en este régimen, incumpliendo lo dispuesto en la LGSS art.307. En el caso que plantea la sentencia, el contribuyente obtuvo rendimientos procedentes de una entidad en cuyo capital participa al 57% derivados de la realización de actividades incluidas en la Sección Segunda de las Tarifas del IAE, por lo que tenía la obligación legal de estar incluido en el RETA, pese a incumplir su obligación y no estar dado formalmente de alta en dicho régimen. La distinción entre inclusión y afiliación en el RETA se desprende de la lectura conjunta de la LGSS art.305 y 307. Mientras que la LGSS art.305hace mención a la inclusión obligatoria en el RETA de las personas físicas que cumplan ciertos requisitos, la LGSS art.307 recoge la obligación de tales personas de solicitar su afiliación al sistema de la Seguridad Social y a comunicar las altas, bajas y variaciones de datos en el RETA en los plazos y condiciones exigidos. De lo anterior se desprende que la afiliación en el RETA tiene efectos meramente declarativos y no constitutivos. El Alto Tribunal señala que el término “incluido” a que hace mención el tercer párrafo de la LIRPF art.27.1 según el sentido propio de sus palabras, puesto en conexión con lo dispuesto en los artículos señalados de la LGSS, se refiere a la catalogación del trabajador en el RETA y no a su afiliación. Si el legislador hubiera querido exigir la afiliación podría haber redactado el tercer párrafo del referido artículo estableciendo que el contribuyente esté afiliado (no incluido), a tal efecto, en el RETA. Además, si no se tuviera en cuenta el dato formal del alta en el RETA, la naturaleza jurídica del rendimiento seguiría siendo la de rendimiento de una actividad económica,  al no poderse calificar como rendimiento del trabajo por no existir una relación laboral ya que faltan las notas de ajenidad y dependencia. Adicionalmente, la consecuencia prevista por el ordenamiento jurídico (RDLeg 5/2000 art.22) para los supuestos de no afiliación al RETA es la imposición de una sanción, e incluso, la obligación de cotizar en dicho régimen, no la calificación de la actividad en el Régimen General de la Seguridad Social o que en el ámbito tributario se califique de otro modo los rendimientos percibidos. Por tanto, el Tribunal Supremo concluye que el término «incluido» a que hace mención el tercer párrafo de la LIRPF art.27.1 exige única y exclusivamente que el contribuyente esté comprendido o catalogado de manera obligatoria por imperativo legal dentro de los supuestos de cotización en el RETA (LGSS art.305.2.b), no siendo necesario que además cumpla el requisito formal de estar dado de alta efectivamente en este régimen especial al amparo de la LGSS art.307.   TS 8-10-25, EDJ 723989   Más información en el Memento IRPF 2026  A los efectos de calificar como rendimientos de la actividad económica los rendimientos percibidos por el socio por la prestación de servicios profesionales a la sociedad, el término «incluido» a que hace mención la LIRPF art.27.1, tercer párrafo exige única y exclusivamente que el contribuyente esté incluido de manera obligatoria por imperativo legal dentro de los supuestos de cotización en el RETA de la Seguridad Social, no siendo necesario que además cumpla el requisito formal de estar dado de alta efectivamente en este régimen especial.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2409450345-1-p481134-m1500299-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/calificacion-de-la-prestacion-de-servicios-profesionales-del-socio-a-la-sociedadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2409450345-1-p481134-m1500299-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/calificacion-de-la-prestacion-de-servicios-profesionales-del-socio-a-la-sociedadhttps://elderecho.com/calificacion-de-la-prestacion-de-servicios-profesionales-del-socio-a-la-sociedadhttps://elderecho.com/calificacion-de-la-prestacion-de-servicios-profesionales-del-socio-a-la-sociedad2026-05-13 08:49:062026-05-13 08:49:06fiscalFiscal6Fiscal481133El encuentro reunió a más de 130 de profesionales del sector de asesorías para analizar los principales desafíos que están redefiniendo la actividad de los despachos profesionales, desde la irrupción de la inteligencia artificial hasta la evolución de los modelos de negocio y el relevo generacional. En la apertura institucional Ana Mato, presidenta de AECEM, puso en valor tres grandes hitos de la entidad y el sector: la publicación de la Norma UNE 420001, la campaña de difusión e información de Verifactu (a pesar del aplazamiento) y el fortalecimiento institucional. Reconoció que “AECEM seguirá acompañando a los despachos en esta transformación, impulsando un modelo más profesional, más sólido y mejor preparado para el futuro.” Por su parte, Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME, señaló la grave situación que atraviesan las pymes, especialmente las microempresas, derivada de los constantes incrementos de costes y el exceso de burocracia, que reducen la capacidad de estas empresas para impulsar el crecimiento y la inversión en sus compañías. En este sentido, destacó la labor de los asesores y consultores reconociendo que “son el acompañamiento cotidiano de miles de pequeñas y medianas empresas, el puente entre la complejidad normativa y la realidad empresarial, y en muchos casos, la primera línea de apoyo para que una pyme pueda abrir, crecer y mantenerse”. Tres mesas redondas y cuatro ponencias El V Congreso de AECEM contó con varias mesas redondas y ponencias que abordaron, desde una perspectiva práctica, los principales retos del sector. En la primera mesa, centrada en la continuidad del despacho y los nuevos liderazgos, se habló sobre cómo están evolucionando los modelos de dirección, qué estrategias están funcionando en el contexto actual y qué cambios están introduciendo las nuevas generaciones en la forma de gestionar y hacer crecer las asesorías. Intervinieron los asociados de AECEM: Carmen Paredes, directora de GESTEM Consulting; Javier Rodríguez, director de MZG Asesores; Noemí Toledo, responsable de operaciones en Asesoría Toledo; y José Luis Garrudo, socio director Dpto. Laboral en Garper Consultores y Abogados. La segunda mesa redonda estuvo centrada en la responsabilidad de los asesores frente a la inteligencia artificial. Moisés Barrio Andrés, letrado del Consejo de Estado, enfatizó en la necesidad de alfabetizar a los equipos de trabajo en el uso de la IA, incorporar herramientas seguras y apostar por su gobernanza. Por su parte, Cristina San Román, Head of Professional Indemnity en AON Spain y Especialista en RC profesional, reconoció que la IA es un medio para facilitar el trabajo del asesor, pero que el profesional debe siempre verificarlo porque es el último responsable. En la tercera mesa redonda, sobre el futuro del sector de asesorías y despachos, en la que intervinieron Ana Gómez Hernández, presidenta de Asnala y socia en CECA MAGÁN ABOGADOS, Lourdes Santisteban, Chief Country Officer en Talenom y Pedro Heras, presidente de iusTime, destacaron que el despacho del futuro estará conectado (con clientes, trabajadores y administración), será colaborativo, tecnológico, ético y humano. Además de las mesas redondas, Genís Roca, experto en transformación digital, ofreció una ponencia sobre cómo los cambios tecnológicos, y en particular la IA, están redefiniendo el entorno empresarial y qué oportunidades generan para el sector de la asesoría. También expusieron en esta jornada Mª José Juanes, directora ejecutiva Plataforma del Tercer Sector; Rafael Suñer, CEO de Grupo SG; e Iker Beraza Pérez, vocal asesor Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Fernando Nuñez, presidente de Honor de AECEM y presidente de Grupo Ibérica, clausuró el congreso destacando la figura del asesor para que las empresas puedan tomar buenas decisiones. “El asesor aporta criterio, ayuda a interpretar la realidad e introduce pausa”. Esta jornada, que llega ya a su quinta edición, se consolida como una cita de referencia para asesorías y despachos profesionales que buscan adaptarse a un entorno cada vez más exigente y en constante transformación.La Asociación Española de Consultores de Empresa (AECEM) celebró el V Congreso anual de la entidad bajo el lema “El despacho que queremos: nuevos liderazgos, IA y futuro del sector”.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/V-Congreso-AECEM-p481133-m1500277-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aecem-reune-al-sector-de-asesorias-para-abordar-sus-retos-actuales-ia-cambio-de-modelo-y-nuevos-liderazgoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/V-Congreso-AECEM-p481133-m1500277-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aecem-reune-al-sector-de-asesorias-para-abordar-sus-retos-actuales-ia-cambio-de-modelo-y-nuevos-liderazgoshttps://elderecho.com/aecem-reune-al-sector-de-asesorias-para-abordar-sus-retos-actuales-ia-cambio-de-modelo-y-nuevos-liderazgoshttps://elderecho.com/aecem-reune-al-sector-de-asesorias-para-abordar-sus-retos-actuales-ia-cambio-de-modelo-y-nuevos-liderazgos2026-05-13 08:38:442026-05-13 08:38:44sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico481097Tras incorporar las aportaciones de la fase de información pública, se impulsa este proyecto legislativo para garantizar la prioridad de la gestión pública. La norma procede a la derogación expresa de la Ley 15/1997. La gestión indirecta de servicios sanitarios pasa a tener un carácter estrictamente excepcional. Para recurrir a ella, las administraciones deberán motivar objetivamente que no es posible la prestación directa y acreditar que la fórmula elegida es sostenible y eficiente. Entre los mecanismos de control destacan: Evaluación previa obligatoria: Se crearán órganos con expertos, profesionales sanitarios y representantes de la sociedad civil. Estos órganos elaborarán un informe sobre si la gestión indirecta cumple con lo previsto en la ley, y la administración deberá tenerlo en cuenta antes de tomar una decisión. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordará las directrices para garantizar criterios homogéneos en la elaboración de estos informes. Informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE): Será obligatorio en contratos de concesión para asegurar la sostenibilidad financiera y evitar que estimaciones irreales perjudiquen la prestación sanitaria. Preferencia por el sector social: En caso de empate en licitaciones, se priorizará a las entidades sin ánimo de lucro. Transparencia y apoyo a la reversión El proyecto de ley introduce medidas de buen gobierno, exigiendo la publicación anual de indicadores de resultados en salud para todos los centros, independientemente de su modelo de gestión. Además, la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad asesorará técnicamente a las administraciones que deseen recuperar servicios para la gestión pública directa. Asimismo, el Ministerio de Sanidad elaborará, en el plazo de un año, un informe de evaluación sobre las distintas experiencias de gestión desarrolladas en España desde 1997. El informe será realizado por un grupo de trabajo integrado por representantes de las administraciones públicas y personas expertas en este tipo de evaluaciones, y contará además con la participación de organizaciones de pacientes. Seguridad jurídica El proyecto de ley incluye un régimen transitorio para garantizar la seguridad jurídica: los contratos y concesiones que ya estén en ejecución o iniciados se seguirán rigiendo por la normativa anterior hasta su vencimiento. Una vez aprobada definitivamente por las Cortes, la ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE.El Consejo de Ministros ha aprobado, en segunda vuelta, el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS).https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2718319895-1-p481097-m1500169-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/proyecto-de-ley-de-gestion-publica-e-integridad-del-sistema-nacional-de-saludhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2718319895-1-p481097-m1500169-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/proyecto-de-ley-de-gestion-publica-e-integridad-del-sistema-nacional-de-saludhttps://elderecho.com/proyecto-de-ley-de-gestion-publica-e-integridad-del-sistema-nacional-de-saludhttps://elderecho.com/proyecto-de-ley-de-gestion-publica-e-integridad-del-sistema-nacional-de-salud2026-05-13 06:53:542026-05-13 06:53:54administrativoAdministrativo1Administrativo481083Durante dos días, Madrid se convirtió en el punto de encuentro nacional del debate sobre privacidad e inteligencia artificial con la celebración del XII Congreso Internacional de Privacidad e Inteligencia Artificial, organizado por la Asociación Profesional Española de Privacidad e Inteligencia Artificial (APEP·IA). Bajo el lema "Gobierno y gestión de la IA y protección de datos. Del cumplimiento a la innovación tecnológica", el congreso reunió a más de 400 profesionales del sector en torno a una premisa clara: aprovechar el potencial transformador de la tecnología de forma ética, segura y responsable. La jornada inaugural contó con la participación de Lorenzo Cotino Hueso, Presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), y Luis Bermúdez Odriozola, Secretario General de Mutua Madrileña, junto a Miguel Recio, presidente de APEP·IA, que situaron el congreso en el contexto de una transformación sin precedentes para el sector. Tecnología proactiva El pulso normativo dominó buena parte de la primera jornada. Cotino Hueso, en su conferencia inaugural, abordó los retos específicos que plantea la IA agéntica -sistemas capaces de actuar de forma autónoma- desde la perspectiva de la protección de datos, defendiendo un enfoque garantista que no renuncie a la innovación responsable: "Ya no estamos ante un simple instrumento, sino ante una tecnología proactiva que toma iniciativas. Lo que proyectábamos a 30, 40 o 50 años ya es inminente, y frente a peligros exponenciales solo hay una respuesta: gobernanza, gobernanza y gobernanza." Beatriz de Anchorena, Chair del Consejo Consultivo del Convenio 108+ del Consejo de Europa, reivindicó este instrumento como referente global en materia de privacidad y situó el debate en el terreno de la responsabilidad institucional frente al avance de la IA. Esa misma idea de construcción normativa y adaptación regulatoria atravesó la intervención de Aleida Alcaide García, Directora General de Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que detalló el estado de aplicación del Reglamento de IA en España y avanzó elementos clave del Anteproyecto de Ley  para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial , que iniciará próximamente su tramitación parlamentaria y que introduce dos novedades relevantes para la Administración General del Estado: el inventario de sistemas de IA y la figura del delegado de inteligencia artificial, inspirada en el ya consolidado delegado de protección de datos. En este escenario de evolución regulatoria, la sesión sirvió también para avanzar algunos de los aspectos del acuerdo alcanzado en el trílogo sobre el paquete Ómnibus de IA, que introduce novedades relevantes, a propuesta española,  incorporados sistemas prohibidos  a)  aquellos capaces de generar o manipular imágenes, vídeos o audios realistas (‘deepfakes’) de partes íntimas o que identifiquen a personas en actividades sexuales sin consentimiento expreso del afectado, y b) aquellos capaces de generar o manipular pornografía infantil. La reforma incluye también la actualización de los plazos de aplicación y la simplificación del registro para sistemas que no sean considerados de alto riesgo. La dimensión europea del debate se enriqueció con la participación de las asociaciones de privacidad de Francia e Italia -AFCDP y ASSO DPO-, que trasladaron las implicaciones de los paquetes Ómnibus para la práctica diaria de los profesionales del sector, con el foco en  la redefinición del concepto de dato personal, las novedades relativas a la notificación de brechas de seguridad o el alcance del derecho de acceso apoyándose en los resultados del CEDPO Omnibus Survey. El reto regulatorio La segunda parte del programa puso el foco en la aplicación práctica de la IA dentro de las organizaciones, con un mensaje que se repitió en distintas mesas y desde distintos ángulos: el verdadero reto no es regulatorio, sino cultural y organizativo. Andrea Simándi, Assistant General Counsel de Microsoft, reflexionó sobre cómo construir confianza digital en Europa en un momento marcado por la rápida evolución tecnológica y las tensiones geopolíticas, articulando su intervención en torno a los cinco Compromisos Digitales Europeos de la compañía: inversión en el ecosistema europeo de IA y cloud, resiliencia digital, protección de la privacidad, ciberseguridad e impulso a la competitividad, Ana Regidor, Head of Privacy Regulatory de Amadeus, llevó precisamente la competitivdad al terreno concreto con un modelo de gobernanza construido sobre tres ejes: cumplimiento regulatorio, integración de la IA en productos para clientes y aceleración interna, y advirtió: "El cumplimiento es solo una de las patas: nos quedamos cortos si nos limitamos a eso. La verdadera transformación va mucho más allá." La gobernanza de datos centró también la mesa protagonizada por Ángela Manceñido Fernández, de KPMG, y Pablo Díaz Ortiz, DPO de CaixaBank. El diagnóstico fue preciso: alinear la gestión del riesgo con los objetivos de negocio exige coordinación real entre áreas jurídicas, tecnológicas, de privacidad y negocio, una coordinación que, reconocieron, sigue siendo una asignatura pendiente en muchas organizaciones. En su intervención, Cecilia Alvarez, Data and Privacy Policy Director de Meta, destacó que la UE “ha construido un marco regulatorio digital complejo y a veces incoherente que puede suponer un freno a sus propias aspiraciones de empleo, competitividad y progreso social. El Digital Omnibus, ofrece una oportunidad para recuperar el equilibrio que consagra la Carta de Derechos Fundamentales: proteger a la persona en su conjunto -intimidad, libertad de empresa, educación, salud, etc.- en lugar de perpetuar interpretaciones maximalistas que elevan un único derecho a categoría absoluta y utilizan el RGPD como respuesta a todo problema digital. Innovación con protección es posible cuando la regulación es proporcionada y predecible, y cuando los reguladores apoyan la innovación contribuyendo a que la UE genere riqueza en el marco de los derechos fundamentales." Esa misma tensión entre cumplimiento e innovación recorrió la mesa con participantes del Grupo Mutua Madrileña, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y TrustWorks. Su conclusión desmontó uno de los lugares comunes del sector: los principales frenos a la innovación no son regulatorios, sino culturales y organizativos. Una IA bien diseñada, coincidieron, no solo es compatible con la protección de datos, sino que puede contribuir a reforzarla. El rol del DPO La figura del delegado de protección de datos centró también un debate propio. En un entorno cada vez más condicionado por la inteligencia artificial, los participantes coincidieron en que la función del DPO atraviesa un momento de redefinición: el reto consiste en evolucionar hacia modelos de supervisión capaces de garantizar el cumplimiento normativo sin convertirse en un freno para la adopción responsable de la IA dentro de las organizaciones. Una idea que el congreso elevó a conclusión general: el delegado de protección de datos no es una figura de control, sino un actor estratégico e insustituible en el camino hacia una innovación sostenible. El congreso reservó también espacio para los retos que plantea la IA en las Administraciones Públicas y en el ámbito laboral. Las autoridades de protección de datos del País Vasco, Cataluña y Andalucía, así como la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial, coincidieron en tres imperativos para las administraciones: transparencia y explicabilidad de los sistemas de IA, evaluación rigurosa del riesgo antes de su implantación, e incertidumbre jurídica derivada de un marco normativo todavía en construcción. El mundo del trabajo aportó otra perspectiva igualmente urgente. Expertos en derecho laboral debatieron sobre discriminación algorítmica, biometría, neurodatos y los riesgos de las herramientas de IA no autorizadas en las empresas, con una conclusión compartida: la IA en la gestión del talento debe desplegarse de forma justa, transparente y respetuosa con los derechos fundamentales. El congreso cerró con una mesa sobre transferencias internacionales de datos y usos de IA, que abordó los modelos de garantía disponibles cuando intervienen sistemas de inteligencia artificial y las implicaciones del lugar de ejecución de los modelos. Un cierre apropiado para dos jornadas que dejaron una certeza: la gobernanza de la IA no es una opción, sino la condición para una innovación sostenible. Una comunidad que lidera la transformación Esta XII edición ha reafirmado el papel de APEP·IA como principal punto de encuentro para los profesionales de la privacidad y la inteligencia artificial en España. En palabras de su presidente, Miguel Recio “APEP·IA está preparada y comprometida con liderar una nueva etapa en la que privacidad e inteligencia artificial avancen juntas, con el delegado de protección de datos como figura clave para convertir el cumplimiento en confianza, gobernanza e innovación responsable”.El XII Congreso Internacional de Privacidad e Inteligencia Artificial de APEP·IA sitúa la gobernanza del dato y los algoritmos como palanca de innovación, confianza digital y competitividad.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/Congreso-Internacional-de-Privacidad-e-IA-de-APEP·IA-p481083-m1500131-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/apep%c2%b7ia-reune-en-madrid-a-mas-de-400-expertos-para-definir-el-futuro-de-la-privacidad-en-la-era-de-la-iahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/Congreso-Internacional-de-Privacidad-e-IA-de-APEP·IA-p481083-m1500131-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/apep%c2%b7ia-reune-en-madrid-a-mas-de-400-expertos-para-definir-el-futuro-de-la-privacidad-en-la-era-de-la-iahttps://elderecho.com/apep%c2%b7ia-reune-en-madrid-a-mas-de-400-expertos-para-definir-el-futuro-de-la-privacidad-en-la-era-de-la-iahttps://elderecho.com/apep%c2%b7ia-reune-en-madrid-a-mas-de-400-expertos-para-definir-el-futuro-de-la-privacidad-en-la-era-de-la-ia2026-05-12 17:30:292026-05-12 17:30:29derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico481024Este acuerdo tiene como objetivo reforzar la profesionalización del sector, ofreciendo a las socias de MIA asesoramiento legal especializado en un ámbito tan estratégico como el audiovisual. En concreto, Auren acompañará a las profesionales de la asociación en aspectos clave como la negociación de derechos de sus creaciones, así como la protección y desarrollo de sus proyectos. De igual modo, asesorará en estructuración financiera y modelos de negocio, en un sector en el que la IA irrumpe con fuerza. MIA es una asociación abierta y multidisciplinar que agrupa a más de 250 profesionales en España y Latinoamérica, y que trabaja activamente para fomentar un sector más equitativo, diverso y sostenible. A través de su actividad, representa y defiende los intereses de sus asociadas en los ámbitos cultural, profesional, docente, económico, empresarial, social y mediático. En palabras de Daysi Cruz, presidenta de MIA, “Este acuerdo representa un paso fundamental para nuestra comunidad. Las mujeres de la industria de la animación crean proyectos con un enorme potencial, pero muchas veces carecen del respaldo jurídico necesario para proteger y desarrollar su trabajo. Contar con el asesoramiento especializado de Auren nos permite fortalecer nuestra capacidad de negociación, defender nuestros derechos y construir proyectos más sólidos. Es exactamente el tipo de alianza que MIA busca: una que aporte valor real a nuestras asociadas y contribuya a un sector más equitativo y profesionalizado” Por su parte, Pilar Sánchez-Bleda, socia directora del área de Media Tech de Auren Legal, destaca que “la industria de la animación vive un momento de gran crecimiento y transformación, y es clave que el talento cuente con el acompañamiento adecuado para proteger sus creaciones y desarrollar proyectos sólidos. Desde Auren queremos aportar nuestro conocimiento en el ámbito audiovisual para contribuir a un sector más profesionalizado, diverso y competitivo”. El área de Media Tech de Auren Legal asesora a empresas y creadores en propiedad intelectual e industrial, tecnología y sector audiovisual, acompañándolos en la protección, gestión y explotación de sus activos intangibles. El equipo presta asesoramiento en proyectos de entretenimiento y contenidos, desarrollo tecnológico, contratación y transferencia de tecnología, así como en la implantación de soluciones de inteligencia artificial, además de la planificación, registro y defensa de marcas, patentes y derechos de autor. Con esta colaboración, Auren refuerza su posicionamiento como firma especializada en el sector audiovisual, aportando su experiencia jurídica y su conocimiento del mercado para acompañar a las creadoras en el desarrollo y protección de sus proyectos. El acuerdo se enmarca en el compromiso de ambas organizaciones con el impulso del talento, la igualdad de oportunidades y la generación de un ecosistema profesional más sólido y competitivo dentro de la industria de la animación.Auren ha firmado un acuerdo de colaboración con MIA (Mujeres en la Industria de la Animación), asociación sin ánimo de lucro que promueve la visibilidad, representación y liderazgo de las mujeres en el sector de la animación en Iberoamérica.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/Daysi-Cruz-y-Pilar-Sanchez-Bleda-p481024-m1500011-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/auren-firma-un-acuerdo-con-mia-para-ofrecer-asesoramiento-legal-a-las-mujeres-en-la-industria-de-la-animacionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/Daysi-Cruz-y-Pilar-Sanchez-Bleda-p481024-m1500011-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/auren-firma-un-acuerdo-con-mia-para-ofrecer-asesoramiento-legal-a-las-mujeres-en-la-industria-de-la-animacionhttps://elderecho.com/auren-firma-un-acuerdo-con-mia-para-ofrecer-asesoramiento-legal-a-las-mujeres-en-la-industria-de-la-animacionhttps://elderecho.com/auren-firma-un-acuerdo-con-mia-para-ofrecer-asesoramiento-legal-a-las-mujeres-en-la-industria-de-la-animacion2026-05-12 15:46:242026-05-12 15:46:24sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico481023Estas son las bases para la posición negociadora que los Estados miembro defenderán en las negociaciones con el Parlamento Europeo del nuevo programa 'AgoraEU', el marco de la Unión Europea para apoyar la cultura, los medios de comunicación y la sociedad civil en Europa, y que formará parte del próximo presupuesto del bloque comunitario para el periodo de 2028 a 2034. Aunque aun se desconoce qué asignación monetaria tendrá en el también conocido como Marco Financiero Plurianual (MFP), el Consejo sí ha presentado algunas disposiciones adicionales a la propuesta presentada por la Comisión Propuesta el mes de febrero, y que busca fusionar bajo un mismo paraguas todos los programa de promoción de la diversidad cultural, mediático y de la defensa de los valores democráticos. Concretamente, los Veintisiete subrayan que la creatividad humana sigue siendo "insustituible" frente al impacto de los avances digitales y por ello apuesta por promover "el uso ético, sostenible y responsable de la IA y otras herramientas innovadoras", por ejemplo, fomentando la protección de los datos culturales y creativos. En este sentido, el mandato del Consejo estipula que el nuevo programa 'AgoraEU' debe apoyar el desarrollo de tecnologías y plataformas de medios que promuevan activamente la diversidad lingüística y la resiliencia de las democracias europeas. Los Estados miembro refuerzan su control En su revisión, el Consejo también ha aportado "aclaraciones adicionales" sobre la propuesta presentada por el Ejecutivo comunitario, reforzando el papel de los Estados miembro en este programa y teniendo en cuenta a su vez las "diferencias nacionales" en ámbitos como los medios audiovisuales. También ha reforzado el papel de los gobiernos nacionales mediante la creación de un 'Comité AgoraEU', un órgano que permitirá a los Estados miembro debatir y votar decisiones clave sobre la implementación de cada uno de los ejes del programa. Asimismo, los Veintisiete han actualizado la definición de los sectores culturales para incluir apoyos específicos a la música, la edición de libros y las bibliotecas. El mandato también reclama un enfoque adaptado a la realidad de cada mercado audiovisual nacional para garantizar una competencia justa. Por último, la propuesta de la Comisión prevé la creación de "oficinas", órganos independientes que cada país de la UE podrá establecer para ofrecer orientación y asistencia sobre oportunidades de financiación y colaboración transfronteriza, y ahora el Consejo insta a denominarlas como "Oficinas AgoraEU" para aportar más claridad. Tras este acuerdo, la posición común de los Veintisiete servirá como mandato para iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre el reglamento definitivo de 'AgoraEU'. No obstante, el presupuesto final del programa quedará en suspenso hasta que se cierre un pacto sobre las próximas cuentas públicas de la Unión Europea.Los Veintisiete abogan por promover un uso "ético, sostenible y responsable" de la IA para proteger la cultura y la creatividad tras subrayar que la autoría humana es "insustituible", al tiempo que proponen apoyar el desarrollo de tecnologías que garanticen la diversidad lingüística y la democracia en el sector de los medios de comunicación.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2505319575-1-p481023-m1499989-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-veintisiete-abogan-por-un-uso-etico-y-responsable-de-la-ia-para-proteger-la-cultura-y-creatividad-en-la-uehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2505319575-1-p481023-m1499989-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-veintisiete-abogan-por-un-uso-etico-y-responsable-de-la-ia-para-proteger-la-cultura-y-creatividad-en-la-uehttps://elderecho.com/los-veintisiete-abogan-por-un-uso-etico-y-responsable-de-la-ia-para-proteger-la-cultura-y-creatividad-en-la-uehttps://elderecho.com/los-veintisiete-abogan-por-un-uso-etico-y-responsable-de-la-ia-para-proteger-la-cultura-y-creatividad-en-la-ue2026-05-12 13:55:412026-05-12 13:55:41derecho-ticDerecho TICDerecho TIC481022El letrado fue condenado como autor de un delito de apropiación indebida agravada por aprovecharse de su credibilidad profesional y por la entidad del perjuicio causado y, además de la pena de prisión, la Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia le inhabilitó para ejercer como abogado durante tres años. Según los hechos declarados probados por el tribunal vizcaíno, el letrado llevó la demanda civil interpuesta por un matrimonio que reclamaba la nulidad de la cláusula de interés IRPH en un préstamo hipotecario que estos habían suscrito con Kutxabank. Un juzgado de Primera Instancia de Bilbao dio la razón al matrimonio y reconoció su derecho a percibir 91.912 euros. El letrado instó la ejecución estimatoria dictada por ese juzgado y este emitió un mandamiento de pago a favor del matrimonio por esa cantidad que fue cobrado por el letrado. Sin embargo, el acusado “aprovechándose de la confianza que habían depositado en él” sus clientes, les ocultó la cuantía real y les trasladó que lo se les había reconocido eran 60.000 euros a lo que había que restar sus honorarios (6.300 euros). De esta manera incorporó a su patrimonio un total de 38.212 euros (la diferencia entre la cantidad reconocida en la sentencia y la comunicada a sus clientes, 31.912 euros, más los 6.300 euros de sus honorarios). Además, el letrado ocultó a sus clientes que esa sentencia no era firme y que la cantidad percibida podría estar sujeta a reversión, como así sucedió porque Kutxabank recurrió, y la Sección Cuarta de la Audiencia de Bizkaia le dio la razón y ordenó la devolución de las cantidades consignadas, según se recuerda en la resolución. De ahí que la sentencia de la Audiencia vizcaína que condenó en primera instancia al letrado fijara que este en concepto de responsabilidad civil debía abonar a esa entidad bancaría 38.212 euros, el monto total que, según se declaró probado, se apropió el abogado. El letrado recurrió ante el TSJPV solicitando la revocación de la sentencia argumentando, principalmente, que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y error en la apreciación de la prueba. El abogado se prevalió de la confianza que en él depositaron sus clientes Ahora, el TSJPV rechaza su recurso y mantiene que ha existido prueba de cargo testifical y documental que denota que este “ocultó la cifra reconocida en la sentencia” del juzgado de Primera Instancia de Bilbao y que “la actuación efectuada estuvo presidida por la voluntad consciente de incorporar a su propio patrimonio un dinero que hubiera debido ingresar en el acervo patrimonial de sus clientes”. El TSJPV añade que el acusado se prevalió de la confianza que en él depositaron sus clientes y que existió un desvalor adicional en su actuación porque para llevar a cabo la encomienda profesional efectuada por sus clientes no era preciso que estos le otorgaran un poder específico para cobrar en su nombre las cantidades que se reconocieran en el procedimiento judicial. “La atribución al abogado de este específico poder, del que se valió para cometer el delito, únicamente descansó en la especial credibilidad profesional que el letrado inspiró a los clientes”, un dato, añade el TSJPV, que “desvela un desvalor adicional” para justificar que se grave la pena. El TSJPV también considera acreditado que el acusado conocía en el momento del “desvío del dinero” la frágil situación económica de sus clientes y el “significativo quebranto económico” que suponía para ellos “verse privados de una cantidad superior a los 30.000 euros con su maniobra de distracción”. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.La Sala de lo Civil y Penal del TSJPV confirma la condena de tres años de cárcel impuesta por la Audiencia de Bizkaia a un abogado por apropiarse de 38.212 euros que debía haber entregado a unos clientes en el marco de una demanda civil de nulidad de la cláusula de interés IRPH en un préstamo hipotecario que estos suscribieron con Kutxabank.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2672685269-1-p481022-m1499970-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-para-un-abogado-por-apropiarse-de-38-000-euros-que-debia-haber-abonado-a-unos-clienteshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2672685269-1-p481022-m1499970-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-para-un-abogado-por-apropiarse-de-38-000-euros-que-debia-haber-abonado-a-unos-clienteshttps://elderecho.com/prision-para-un-abogado-por-apropiarse-de-38-000-euros-que-debia-haber-abonado-a-unos-clienteshttps://elderecho.com/prision-para-un-abogado-por-apropiarse-de-38-000-euros-que-debia-haber-abonado-a-unos-clientes2026-05-12 13:44:452026-05-12 13:44:45penalPenal9Penal481021En un comunicado, Aedaf ha explicado que no tenía previsto recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), "precisamente para evitar que las devoluciones quedaran paralizadas respecto de los contribuyentes que sí impugnaron sus liquidaciones". Sin embargo, "y a la vista del recurso planteado por el Ayuntamiento de Madrid", la asociación ha decidido también interponer recurso de casación "para solicitar no solo que se confirme la nulidad de la ordenanza sino además que los efectos de dicha nulidad se extiendan también a aquellos ciudadanos que no recurrieron en su día sus liquidaciones".La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la tasa de basuras del Ayuntamiento, como ya anunciara el Consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2537055141-1-p481021-m1499951-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aedaf-recurre-en-casacion-la-tasa-de-basuras-del-ayuntamiento-de-madridhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/shutterstock_2537055141-1-p481021-m1499951-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aedaf-recurre-en-casacion-la-tasa-de-basuras-del-ayuntamiento-de-madridhttps://elderecho.com/aedaf-recurre-en-casacion-la-tasa-de-basuras-del-ayuntamiento-de-madridhttps://elderecho.com/aedaf-recurre-en-casacion-la-tasa-de-basuras-del-ayuntamiento-de-madrid2026-05-12 13:39:592026-05-12 13:39:59administrativoAdministrativo1Administrativo481007This new edition represents a substantial update of one of the most technically rigorous and complete reference works available on VAT applied to international trade. It provides in-depth analysis of the full spectrum of cross-border transactions — imports, exports, intra-Community operations, and e-commerce — both within and outside the European Union, and addresses with particular thoroughness the two most significant developments currently reshaping the VAT landscape: the ViDA reform and the post-Brexit framework. The ViDA reform — VAT in the Digital Age — is covered comprehensively, including mandatory e-invoicing, real-time digital reporting obligations, and the new rules affecting the platform economy. The book also delivers a dedicated and detailed treatment of the VAT implications of Brexit, resolving the key uncertainties arising from the UK's withdrawal from the EU framework, and examines simplification mechanisms of critical importance for multinational groups, including the reformed stock transfer regime and the domestic reverse charge. Built under the Memento system, the work combines technical depth with the clarity and reliability that practitioners need when seeking a quick, authoritative answer under real working conditions. It is an indispensable tool for tax advisors, in-house counsel, finance professionals, and anyone whose work regularly involves assessing VAT exposure across jurisdictions. Presentation event The 2nd edition will be officially presented on 18 May 2025, 16:00–17:30 CET, in an online session entitled VAT and International Trade: A Heatmap Approach, moderated by Fernando Matesanz, Director of Spanish VAT Services at Global VAT Compliance and one of the most recognised VAT specialists in Europe. The session will introduce the International VAT Heatmap, an original analytical framework developed by the authors in the context of the book. The Heatmap identifies and categorises the key VAT friction points arising in cross-border trade by reference to the variables that determine VAT treatment: place of supply rules, the status of the parties involved, the nature of the transaction, and the applicable compliance obligations in each jurisdiction. The framework offers practitioners a structured and practical tool for assessing and comparing VAT exposure across different regulatory environments. Attendance is free. Registration  Lefebvre is pleased to announce the publication of the 2nd edition of Memento VAT and International Trade, authored by Gorka Echevarria and Francisco Javier Sánchez Gallardo, two of the leading specialists in VAT and international trade in the Spanish and European markets.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/Memento-VAT-p481007-m1499888-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-publishes-2nd-edition-of-memento-vat-and-international-tradehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/05/Memento-VAT-p481007-m1499888-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-publishes-2nd-edition-of-memento-vat-and-international-tradehttps://elderecho.com/lefebvre-publishes-2nd-edition-of-memento-vat-and-international-tradehttps://elderecho.com/lefebvre-publishes-2nd-edition-of-memento-vat-and-international-trade2026-05-12 07:11:172026-05-12 07:11:17fiscalFiscal6sector-juridicoSector jurídicoFiscal,Sector jurídico