https://elderecho.com/feedes479743Lefebvre, compañía líder en software y contenido jurídico pionera en la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector legal, celebra un año más el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Desde el año 1995 en que la UNESCO fija esta fecha para dar relevancia a todos los escritores que contribuyen a la literatura universal, la compañía no ha dejado de participar y contribuir en una fiesta que es un homenaje a la cultura, la lectura y escritura, y promueve la protección de los derechos de autor a través de la propiedad intelectual. Como en fechas anteriores en este único día Lefebvre ofrece un descuento del 10% en sus obras en papel, incluidos los dosieres y los manuales de Indicator. Los Boletines Indicator de Lefebvre se publican periódicamente e incluyen las últimas novedades sobre normativas y funcionamiento de los temas tratados con información actualizada y verificada. La elaboración de estas obras corresponde a redactores que son expertos en distintos ámbitos jurídicos y cuyo objetivo es facilitar la gestión de los temas fiscales de cada empresa. Apuntes Consejos de Indicator es la solución especializada de Lefebvre que ofrece un asesoramiento completo sobre fiscalidad, derecho laboral y temas jurídicos en general. Esta solución se encarga de analizar con un enfoque práctico todos los asuntos clave para cada empresa como gestión de sanciones, inspecciones de trabajo y reducción de gastos con datos actualizados y revisados por especialistas en la materia. Apuntes Consejos de Indicator es una herramienta clave para poder optimizar el funcionamiento legal de las start-ups y pymes. Mementos de Lefebvre, herramientas imprescindibles Lefebvre siempre ha mantenido un firme compromiso con la cultura y de ahí su apoyo a esta celebración, inspirada en la riqueza cultural y lingüística de reconocidos escritores.  Cada 23 de abril es un día significativo en el mundo editorial. Celebrar este día significa cumplir con el compromiso de fomentar la lectura, apoyar la industria de los libros y apostar por la diversidad de las letras tanto a nivel nacional como internacional. El inicio de esa fiesta de la cultura coincide con la publicación de los primeros Mementos de Lefebvre, guías prácticas, verificadas y actualizadas que ofrecen una visión completa sobre distintas áreas del derecho. Los Mementos son obras jurídicas reconocidas que recopilan normativas aplicables y jurisprudencia relevante, siendo un recurso esencial en el sector jurídico español. En el amplio catálogo destacan el Memento Fiscal y el Memento Social, y el Memento IRPF obras sumamente valoradas por su exhaustivo análisis y utilidad práctica. El Memento IRPF 2026 proporciona un acceso estructurado, claro y práctico a toda la información fiscal relevante, integrando normativa, doctrina administrativa y jurisprudencia reciente en una única obra. De esta manera, permite a los profesionales no solo cumplir con las obligaciones fiscales, sino también anticipar riesgos, identificar oportunidades y tomar decisiones informadas en un entorno de creciente complejidad normativa. El Memento Fiscal 2026  es la obra de referencia para asesores, despachos, empresas y responsables financieros que necesitan estar al día en el marco tributario. Esta nueva edición incorpora un análisis exhaustivo de las reformas normativas, los últimos Reales Decretos-leyes, la actualización doctrinal y la jurisprudencia más reciente, El Memento Social es un manual de referencia que proporciona el análisis exhaustivo de las leyes y reformas legislativas más relevantes para los profesionales jurídicos especializados en Derecho Laboral y Seguridad SocialLos descuentos son del 10% que se aplicará en la compra de las obras en papel.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/diadellibro_email_1200X600-p479743-m1495840-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-se-suma-a-la-celebracion-del-dia-del-libro-2026-con-descuentos-en-publicacioneshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/diadellibro_email_1200X600-p479743-m1495840-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-se-suma-a-la-celebracion-del-dia-del-libro-2026-con-descuentos-en-publicacioneshttps://elderecho.com/lefebvre-se-suma-a-la-celebracion-del-dia-del-libro-2026-con-descuentos-en-publicacioneshttps://elderecho.com/lefebvre-se-suma-a-la-celebracion-del-dia-del-libro-2026-con-descuentos-en-publicaciones2026-04-22 23:35:282026-04-22 23:35:28sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico479680Este plan movilizará una inversión de 7.000 millones de euros en 5 años para avanzar en la ampliación del parque público de vivienda y garantizar el derecho a la vivienda. La inversión irá destinada al desarrollo de políticas públicas de vivienda que garanticen la asequibilidad y protección permanente de todas las viviendas movilizadas con fondos del nuevo PEV. Además, al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten. El PEV incorpora mecanismos para blindar la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude. Asimismo, el Plan impulsará un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información. Más construcción, más rehabilitación y más protección El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 persigue cinco objetivos estratégicos para incidir de forma estructural en el mercado de la vivienda: Vivienda pública, protegida y asequible. Vivienda: rehabilitación bajo criterios de eficiencia y accesibilidad. Adelantar la edad de emancipación de los jóvenes. Reducir la tasa de esfuerzo para pagar una vivienda. Revertir las zonas tensionadas y poner especial atención al mundo rural. Para la consecución de esos objetivos, el PEV contiene 10 destacados en tres ámbitos concretos de actuación: construcción para impulsar la edificación y adquisición de viviendas; rehabilitación para movilizar vivienda vacía y dignificar viviendas; y protección para no dejar a nadie atrás y garantizar el derecho por encima del negocio. Construcción: Impulso a la construcción de nuevas viviendas. Industrialización del sector de la vivienda. Medidas para la reversión de las zonas de mercado tensionado. Ayudas para acelerar la ampliación del parque público Rehabilitación: Ayudas para obra de mejora. Ayudas adicionales para rehabilitaciones en cascos históricos. Impulso a la movilización de vivienda vacía. Protección: Ayudas para la emancipación de jóvenes. Ayudas para víctimas de violencia machista. Ayudas a personas y colectivos vulnerables. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2580556685-1-p479680-m1495800-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/plan-estatal-de-vivienda-2026-2030https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2580556685-1-p479680-m1495800-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/plan-estatal-de-vivienda-2026-2030https://elderecho.com/plan-estatal-de-vivienda-2026-2030https://elderecho.com/plan-estatal-de-vivienda-2026-20302026-04-22 06:54:242026-04-22 06:54:24inmobiliarioInmobiliarioInmobiliario479706En las próximas semanas se concluirá la documentación contractual y el acuerdo será sometido a las respectivas juntas de socios. La integración de ambas firmas, que son altamente complementarias tanto por su enfoque de asesoramiento como por su posicionamiento en el mercado, supondrá la consolidación de un despacho de referencia en Chile, con un equipo de más de 130 abogados (incluidos 24 socios) y capacidad para prestar asesoramiento integral en todas las áreas del derecho de los negocios. Asimismo, la operación generará importantes sinergias derivadas de la combinación de la fortaleza internacional de Garrigues con el profundo conocimiento del mercado chileno, la visión estratégica y la experiencia técnica de BSVV. Los 11 socios de BSVV pasarán a integrarse en el partnership de Garrigues. Con esta integración, Garrigues refuerza su apuesta por Chile en un contexto de recuperación económica del país, marcado por un crecimiento moderado pero sustentado en sólidos fundamentos y buenas perspectivas. La operación permitirá, además, consolidar la posición del despacho en Latinoamérica, facilitando a sus clientes una plataforma única para el asesoramiento regional y transfronterizo. La apuesta de Garrigues por Latinoamérica es estratégica. Con oficinas en Chile, Colombia, México y Perú, el despacho acumula más de 50 años de relación con la región. Su modelo one-stop shop le permite coordinar proyectos y operaciones transfronterizas con el respaldo de una red internacional en 12 países de 4 continentes. En 2025, Garrigues ingresó 527,69 millones de euros. Su negocio internacional, que representa más del 17% sobre el total, creció un 44,5% respecto al año anterior. El principal hito del ejercicio fue la integración de Sánchez Devanny en Garrigues México. Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues, afirma que “estamos profundamente satisfechos con esta integración que, tras la operación en México el año pasado, confirma el interés de Garrigues por seguir siendo un referente en Latinoamérica. A los socios de Garrigues y de BSVV nos unen los mismos valores y objetivos de excelencia en el servicio al cliente. Estamos convencidos del éxito del proyecto común que iniciamos”. Luis Felipe Merino, socio responsable de la oficina de Garrigues en Chile, asegura que “es un privilegio poder integrar BSVV, una firma de profesionales jóvenes que ha destacado por un importante crecimiento en los últimos años. La complementariedad de prácticas y la similitud de culturas que hemos identificado en nuestras conversaciones nos sitúan en una excelente posición para liderar juntos el mercado chileno, desde el compromiso con nuestros profesionales y los clientes”. Fernando Barros Vial, socio de Barros, Silva, Varela Vigil, señala que “al integrarnos con Garrigues damos un paso estratégico fundamental que se alinea plenamente con los objetivos que nos hemos trazado en BSVV. La operación nos permite potenciar el liderazgo en Chile, dar un salto definitivo en institucionalización, fortalecer el desarrollo de nuestros talentos, e impulsar la innovación para enfrentar los desafíos que hoy presenta el mercado. Nos integramos a un grupo humano y profesional de primer nivel, lo que nos llena de orgullo y nos motiva a seguir en el camino de servicio a nuestros clientes y colaboradores”.La firma internacional de servicios legales y fiscales Garrigues y el despacho chileno Barros, Silva, Varela Vigil (BSVV), estudio jurídico multiservicio con más de una década de trayectoria en el mercado legal chileno, han llegado a un acuerdo para la integración de sus prácticas en Chile, que operarán bajo la marca Garrigues.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/04/torres-colon-Garrigues-scaled-p479706-m1495727-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/garrigues-integra-la-firma-chilena-barros-silva-varela-vigil-bsvvhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/04/torres-colon-Garrigues-scaled-p479706-m1495727-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/garrigues-integra-la-firma-chilena-barros-silva-varela-vigil-bsvvhttps://elderecho.com/garrigues-integra-la-firma-chilena-barros-silva-varela-vigil-bsvvhttps://elderecho.com/garrigues-integra-la-firma-chilena-barros-silva-varela-vigil-bsvv2026-04-22 06:38:202026-04-22 06:38:20sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico479693El objetivo es garantizar una mayor protección de aquellos datos personales contenidos en los procedimientos judiciales que puedan afectar directamente a los menores. La colaboración entre el CGPJ y la Agencia Española de Protección de Datos, junto con la propuesta realizada por la Asociación Española de Abogados de Familia, han permitido detectar la necesidad de establecer medidas que garanticen el cumplimiento del principio de minimización de datos por parte de los órganos judiciales cuando se vean afectados intereses de los menores, dada su situación de especial vulnerabilidad. En la práctica, la aplicación de este principio, recogido el art. 5 del Reglamento General de Protección de Datos y según el cual el tratamiento de los datos debe ser “adecuado, pertinente y limitado en lo necesario (…)”, es exigible en aquellos casos en los que los progenitores solicitan al órgano judicial información sobre determinados aspectos contemplados en una sentencia, convenio regulador u otro documento judicial con el fin de facilitarla a terceros, como puede ser el centro escolar. El cumplimiento de este principio, tal y como se señala en las directrices, evitaría entregar íntegros a terceros documentos judiciales que pueden contener información sensible para los menores, como es la relacionada con la atribución de la patria potestad; el régimen de guarda y custodia de los menores; el régimen de visitas, estancias y comunicación; el régimen de recogidas en el centro escolar o en el lugar donde se desarrollen las actividades extraescolares; la atribución de facultades decisorias sobre distintas cuestiones (uso del comedor o transporte escolar, entre otras); órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación de padres y madres respecto de los hijos; distribución de los costes económicos relacionados con el centro escolar, etc. Las solicitudes de información al órgano judicial podrán realizarse por medios electrónicos, bien con la intervención de un procurador bien directamente por los progenitores, para lo que se habilitarán unos formularios específicos en los que podrán indicarse los datos requeridos. El CGPJ dará traslado de las directrices y de los formularios a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia para su distribución entre los órganos jurisdiccionales de sus respectivos territorios; al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para su entrega a los letrados/as de la Administración de Justicia; y al comité Técnico Estatal de la Administración electrónica (CTEAJE) para su distribución a las administraciones autonómicas con competencias en materia de justicia.La Comisión Permanente del CGPJ ha tomado conocimiento de las directrices, elaboradas por la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos, que se pondrán en conocimiento de los miembros de la Carrera Judicial, así como de los letrados/as de la Administración de Justicia.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2507136575-1-p479693-m1495690-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/directrices-para-garantizar-una-mayor-proteccion-de-los-datos-personales-de-menoreshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2507136575-1-p479693-m1495690-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/directrices-para-garantizar-una-mayor-proteccion-de-los-datos-personales-de-menoreshttps://elderecho.com/directrices-para-garantizar-una-mayor-proteccion-de-los-datos-personales-de-menoreshttps://elderecho.com/directrices-para-garantizar-una-mayor-proteccion-de-los-datos-personales-de-menores2026-04-22 06:34:162026-04-22 06:34:16derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico479678Con ello alcanza por primera vez los 3 millones de euros de facturación. Un crecimiento, en el caso de Devesa, plenamente orgánico y atendido desde sus oficinas en Madrid, Alicante y Valencia. Con este resultado, la firma consolida una trayectoria de expansión sostenida que la posiciona como uno de los despachos de mayor dinamismo del mercado legal español. “Aunque el resultado de 2025 ha sido magnífico, la facturación puede fluctuar mucho en nuestro sector en función de cuantas operaciones especiales cierres durante el ejercicio. Lo importante al final es que la cartera de clientes sea cada vez más sólida, que el equipo para atenderla sea excelente y que tengas una cultura de empresa realmente compartida. Y esos ingredientes los tenemos para seguir creciendo con paso firme. Nuestra estrategia es seguir apostando por el crecimiento orgánico, ya que es la mejor manera de garantizar la continuidad de la cultura de la compañía y que el servicio al cliente no se vea resentido” ha manifestado David Devesa, socio fundador y CEO de la firma. Entre los servicios más demandados por las empresas a Devesa destacan el asesoramiento en adquisiciones y fusiones de compañías, las reestructuraciones societarias, los litigios de orden mercantil, laboral y contencioso-tributario, los concursos de acreedores, las salidas a mercados de capital y el acompañamiento jurídico en operaciones de financiación alternativa con fondos de inversión.Devesa, firma de ámbito nacional y origen alicantino especializado en la abogacía de los negocios para el middle market, ha cerrado el ejercicio 2025 con un crecimiento del 19% en su cifra de negocios. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/David-Devesa-p479678-m1495651-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/devesa-incrementa-un-19-su-facturacion-y-alcanza-los-3-millones-de-euroshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/David-Devesa-p479678-m1495651-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/devesa-incrementa-un-19-su-facturacion-y-alcanza-los-3-millones-de-euroshttps://elderecho.com/devesa-incrementa-un-19-su-facturacion-y-alcanza-los-3-millones-de-euroshttps://elderecho.com/devesa-incrementa-un-19-su-facturacion-y-alcanza-los-3-millones-de-euros2026-04-22 06:27:512026-04-22 06:27:51sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico479679Los hechos probados de la sentencia exponen que el acusado, en su calidad de administrador y recurso preventivo de una empresa de limpieza, incurrió en una grave negligencia al ordenar la desinfección de un aljibe de 8 metros de profundidad en un hotel de Palma. El 21 de junio de 2021 instó a José Pedro -un trabajador sin contrato- a descender al depósito mientras el otro empleado, Aureliano, grababa la maniobra, ausentándose el gerente del lugar a pesar de que su presencia era obligatoria por tratarse de un espacio confinado. La operación se realizó con una precariedad de medios, utilizando una escalera enrollable sin fijación y sustituyendo los sistemas de seguridad reglamentarios por una cuerda atada entre los cinturones de ambos trabajadores, sin arneses, líneas de vida ni equipos de protección adecuados. Durante el proceso, José Pedro perdió el pie y cayó en una primera ocasión, lesionándose el brazo, y posteriormente volvió a caer de espaldas desde una altura superior a los 2 metros al intentar salir del aljibe debido al dolor y a la falta de un sistema de frenado o anclaje independiente. Como consecuencia, el trabajador sufrió diversas contusiones que requirieron 93 días de tratamiento médico y rehabilitador. La sentencia concluye que el acusado no garantizó la seguridad de sus empleados al no proporcionar formación, instrucciones ni los equipos de protección individual necesarios, creando un riesgo grave para la vida e integridad física de los trabajadores al obligarles a utilizar métodos de contrapeso manual totalmente inseguros. La resolución judicial confirma la sentencia de instancia al considerar acreditado que el acusado es responsable de un delito contra la seguridad de los trabajadores. Tras analizar las versiones contradictorias, la Sala determina que existe una base lógica y racional para concluir que el empresario no cumplió con sus deberes básicos de prevención, omitiendo tanto la formación técnica como la información sobre los riesgos específicos del puesto a sus empleados. La prueba de cargo, sustentada principalmente en el testimonio coherente de la víctima y en el informe de Inspección de Trabajo, revela deficiencias de seguridad críticas. Entre ellas destaca la ausencia de un recurso preventivo durante la operación en el aljibe, la falta de puntos de anclaje seguros para las escaleras y el suministro de equipos de protección individual totalmente insuficientes e inadecuados, ya que solo se facilitaron elementos básicos como botas y casco, pero no arneses anticaída ni las líneas de vida necesarias para trabajos en altura. Finalmente, el tribunal subraya la gravedad de la situación al constatar que uno de los operarios carecía incluso de contrato laboral. Al considerar que el relato de los hechos probados se ajusta estrictamente a la prueba practicada en el juicio oral, se desestima el recurso del acusado y se ratifica íntegramente la condena original por haber puesto en riesgo la vida y la integridad física de sus trabajadores. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Audiencia Provincial de Illes Balears. Sección nº 2. Sentencia nº 74/2026 de 17 de febrero de 2026.La AP de Illes Balears avala la condena de 21 meses de prisión impuesta al gerente de una empresa por un delito contra el derecho de los trabajadores en concurso ideal con otro de lesiones por imprudencia, así como el pago de una multa de 2.710 euros e indemnización de 5.094,54 euros a un empleado por su responsabilidad en el accidente que sufrió durante la limpieza del aljibe de un hotel.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2126841446-1-p479679-m1495760-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-un-empresario-por-descuidar-la-seguridad-de-un-trabajador-sin-contratohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2126841446-1-p479679-m1495760-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-un-empresario-por-descuidar-la-seguridad-de-un-trabajador-sin-contratohttps://elderecho.com/condenado-un-empresario-por-descuidar-la-seguridad-de-un-trabajador-sin-contratohttps://elderecho.com/condenado-un-empresario-por-descuidar-la-seguridad-de-un-trabajador-sin-contrato2026-04-22 05:24:282026-04-22 05:24:28penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico479620En una audiencia preliminar celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial para valorar una posible conformidad, la acusada ha reconocido los hechos y ha admitido la pena propuesta por el ministerio fiscal como autora de un delito de apropiación indebida. Según los hechos que se han considerado probados, la acusada, que era la única disponente de la cuenta bancaria de sus padres, “con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito” llevó a cabo varios reintegros, que suman 22.000 euros, sin el consentimiento de los progenitores. Los dos últimos, de 3.000 euros cada uno, tuvieron lugar el mismo día en que el padre falleció. Añade la sentencia que la mujer “dispuso del dinero, que incorporó de manera ilícita a su patrimonio”, ya que “no consta que se haya destinado a gastos y necesidades” de los padres. Tras denuncia presentada por su hermana, la acusada consignó judicialmente 22.000 euros, dándose la perjudicada por resarcida. Ahora, el tribunal ordena que ese dinero sea entregado a la denunciante. Tras declarar la firmeza de la sentencia, el tribunal acordó suspender la pena de prisión a la condenada a condición de que no vuelva a delinquir en un periodo de tres años.La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a nueve meses de prisión y al pago de una multa de 540 euros a una mujer que dispuso de 22.000 euros de la cuenta de sus padres sin contar con el consentimiento de estos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2682917195-1-p479620-m1495477-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-por-apropiarse-de-22-000-euros-de-la-cuenta-de-sus-padreshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2682917195-1-p479620-m1495477-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-por-apropiarse-de-22-000-euros-de-la-cuenta-de-sus-padreshttps://elderecho.com/prision-por-apropiarse-de-22-000-euros-de-la-cuenta-de-sus-padreshttps://elderecho.com/prision-por-apropiarse-de-22-000-euros-de-la-cuenta-de-sus-padres2026-04-20 15:53:112026-04-20 15:53:11penalPenal9Penal479619Así lo establece Bruselas en las conclusiones preliminares remitidas al gigante tecnológico como parte del expediente incoado en enero contra Google por restringir el acceso a estos datos por parte de terceros, lo que en la práctica mina la competencia a juicio de los servicios comunitarios. En un comunicado remitido a Europa Press, la compañía avisa de que considera la petición de Bruselas una "extralimitación" de la que se seguirá "defendiendo", porque a ojos de Google supera "con creces el mandato de la DMA y pone en peligro la privacidad y la seguridad de las personas". En este sentido, la tecnológica sostiene que los cambios sugeridos le obligarían a "ceder" los datos privados de millones de usuarios europeos que "confían en Google" a buscadores terceros con "medidas de protección de privacidad peligrosamente ineficaces". En todo caso, las medidas propuestas por la Comisión serán ahora sometidas a la consulta de la propia compañía y otros actores relevantes hasta el 1 de mayo, cuando el Ejecutivo comunitario iniciará su examen para una decisión final y definitiva a más tardar en julio de este año. De confirmarse los cargos sin cambios por parte de Google, la compañía se expondrá a una multa millonaria. Así, el Ejecutivo comunitario espera de Google que permita que los motores de búsqueda competidores accedan a los datos en condiciones "justas, razonables y no discriminatorias", para que pueda optimizar sus servicios y rivalizar en pie de igualdad con la oferta del gigante estadounidense. "Los datos son una aportación clave para la búsqueda online y para el desarrollo de nuevos servicios, incluida la Inteligencia Artificial (IA). El acceso a estos datos no debe restringirse de manera que pueda perjudicar a la competencia", ha declarado al vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de competencia, Teresa Ribera. "En los mercados en rápido movimiento, los pequeños cambios pueden tener rápidamente un gran impacto. No permitiremos prácticas que arriesguen el cierre de mercados o limiten las opciones", ha remachado, en un comunicado difundido para explicar la decisión. En concreto, entre los cambios que reclama Bruselas figura la admisibilidad de los motores rivales recibir datos de búsqueda, incluido el de los chatbots de inteligencia artificial (IA) con funcionalidades de búsqueda, y aclara el alcance de los datos de búsqueda que Google debe compartir. También pide medidas sobre los medios y la frecuencia con la que Google debe compartir los datos de búsqueda, sobre cómo garantizar la anonimización de los datos personales y parámetros para establecer precios justos, razonables y no discriminatorios para los datos de búsqueda.La Comisión Europea ha pedido a Google que permita a los motores de búsqueda de terceros acceder a sus datos de búsqueda, como los de clasificación, visualización y chatbots, para asegurar que los rivales pueden competir en pie de igualdad con Google Search, tal y como exige la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés).https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2725886531-1-p479619-m1495455-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bruselas-reclama-a-google-compartir-datos-con-motores-de-busqueda-rivaleshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2725886531-1-p479619-m1495455-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bruselas-reclama-a-google-compartir-datos-con-motores-de-busqueda-rivaleshttps://elderecho.com/bruselas-reclama-a-google-compartir-datos-con-motores-de-busqueda-rivaleshttps://elderecho.com/bruselas-reclama-a-google-compartir-datos-con-motores-de-busqueda-rivales2026-04-20 15:41:562026-04-20 15:41:56derecho-ticDerecho TICDerecho TIC479581Las designaciones se han producido en el transcurso de la Junta General de Socios que ha celebrado la Firma el 16 de abril en Madrid. Durante el encuentro, también se ha hecho pública la designación de cuatro nuevos consejeros: Javier Calle (Fiscal – España), Javier Díaz (Público – España), Estefanía Portillo (Litigación – España) y Cristina Vila (Competencia – España). Borja Álvarez es experto en litigios complejos con componente internacional, arbitraje comercial y arbitraje de inversiones. Cuenta con una sólida trayectoria en disputas derivadas de operaciones de M A, así como en los sectores energético, de infraestructuras, construcción e inmobiliario. Tiene amplia experiencia en procedimientos de reconocimiento y ejecución de laudos y resoluciones internacionales, así como en la adopción de medidas cautelares. Es miembro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y la New York Bar Association. Vanessa Castelló cuenta con una amplia experiencia en derecho tributario español y de la Unión Europea, con especialización en fiscalidad contenciosa. Asesora de forma habitual en la preparación y tramitación de reclamaciones administrativas y recursos judiciales, así como en procedimientos de gestión, recaudación e inspección tributaria. Asimismo, asesora a grandes patrimonios en tributación personal y patrimonial, especialmente en los ámbitos del deporte y el entretenimiento. Es miembro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF). Amory Heine es una reconocida especialista en derecho tributario, con una sólida trayectoria en firmas internacionales, donde ha codirigido prácticas tributarias multijurisdiccionales en Latinoamérica. Cuenta con una amplia experiencia en fiscalidad, litigios tributarios y wealth planning, así como en liderazgo y coordinación de equipos especializados. Asimismo, ha participado activamente en programas de formación avanzada en tributación y en el debate técnico de la disciplina. Francisco Iso es especialista en operaciones de private equity, capital riesgo y adquisiciones apalancadas, asesorando a fondos nacionales e internacionales en operaciones privadas y public-to-private. Cuenta con una dilatada experiencia en M A, así como en el diseño de joint ventures y acuerdos estratégicos, con especial foco en la industria aeroespacial y de defensa. Es miembro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Xavier Morera cuenta con una contrastada experiencia en operaciones de M A, inversiones de private equity y venture capital, así como en el diseño de planes de incentivos y estructuras de roll-over. Asesora a fondos, corporaciones, fundadores y startups tecnológicas en inversiones en distintos sectores, con especial foco en el ámbito tecnológico. Asimismo, presta asesoramiento recurrente en derecho mercantil y societario y ejerce como secretario del consejo de administración de diversas sociedades. Consejeros Javier Calle es especialista en asesoramiento fiscal corporativo en operaciones financieras y con deuda. Cuenta con una consolidada experiencia en transacciones de gran envergadura, incluyendo financiaciones, refinanciaciones, emisiones, titulizaciones y reestructuraciones de deuda, así como en la adquisición de carteras distressed. Asimismo, asesora a grandes empresas e inversores de los sectores financiero e inmobiliario en materias de tributación directa e indirecta. Es miembro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Javier Díaz asesora a empresas y administraciones públicas en derecho administrativo, contratación pública, urbanismo, medioambiente y derecho sancionador. Está especializado en contratación civil y pública, interviniendo de forma habitual en la elaboración de pliegos e instrucciones internas, así como en recursos precontractuales, contractuales y procedimientos contencioso-administrativos. Es miembro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia. Estefanía Portillo es especialista en práctica procesal civil, arbitraje y mediación. Cuenta con una sólida trayectoria en acciones colectivas y litigios vinculados a la contratación civil y mercantil, asesorando a clientes de los sectores de consumo, inmobiliario, construcción e ingeniería. Es miembro del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje y del Chartered Institute of Arbitrators (CIArb). Cristina Vila es experta en economía y defensa de la competencia. Asesora a clientes nacionales e internacionales en investigaciones ante autoridades de competencia, operaciones de concentración y cuestiones regulatorias, así como en procedimientos ante la Comisión Europea, la CNMC y los tribunales de la Unión Europea. Cuenta asimismo con una amplia experiencia en cumplimiento normativo en materia de derecho de la competencia. Es miembro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Los nuevos socios y consejeros reflejan el talento, la alta especialización y la excelencia técnica que caracterizan a la Firma, así como la diversidad de especialidades y territorios que la integran. Su aportación reforzará la calidad del servicio y contribuirá al posicionamiento de liderazgo de Cuatrecasas en áreas clave de la abogacía de los negocios, en constante evolución.Tres de ellos son abogados que promocionan dentro de la Firma: Borja Álvarez (Arbitraje – España), Vanessa Castelló (Litigación Tributaria – España) y Xavier Morera (Corporate – España); y dos son de nueva incorporación: Amory Heine (Fiscal – Chile) y Francisco Iso (Corporate – España). https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Cuatrecasas-refuerza-su-estructura-con-cinco-nuevos-socios_3-scaled-p479581-m1495419-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/cuatrecasas-refuerza-su-estructura-con-cinco-nuevos-socioshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Cuatrecasas-refuerza-su-estructura-con-cinco-nuevos-socios_3-scaled-p479581-m1495419-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/cuatrecasas-refuerza-su-estructura-con-cinco-nuevos-socioshttps://elderecho.com/cuatrecasas-refuerza-su-estructura-con-cinco-nuevos-socioshttps://elderecho.com/cuatrecasas-refuerza-su-estructura-con-cinco-nuevos-socios2026-04-20 15:31:432026-04-20 15:31:43sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico479580El agente ha sido condenado al pago de una multa de 2.700 euros, una indemnización de 643,82 euros y la retirada del permiso de conducir durante un año y nueve meses. Según los hechos probados, el incidente ocurrió el 15 de diciembre de 2024. El recurrente se dirigía en un vehículo oficial de la Guardia Civil hacia el Centro Penitenciario de Cáceres cuando, al intentar detenerse en la zona de acceso, engranó por error la marcha atrás y colisionó con un vehículo de la Policía Nacional. Los agentes locales que acudieron a realizar el atestado detectaron síntomas evidentes de embriaguez. En ese momento, el acusado admitió haber consumido alcohol en una churrería y manifestó su intención de solicitar una "baja psicológica de dos años". Las pruebas de alcoholemia arrojaron resultados de 0,73 y 0,71 mg/l, triplicando la tasa permitida. La defensa basaba su recurso en que el consumo de alcohol se había producido entre el choque y la realización del test, hecho que rebate la Sala al relacionar el momento de la colisión, las 9:25, y la personación de la policía local, a las 10:30. “En ese transcurso de una hora es materialmente imposible, como se afirma en la sentencia de instancia, que saliera del centro penitenciario y volviera”, señalan los magistrados, especialmente a la vista de la declaración del agente de seguridad del recinto, pues le hubiera visto salir y regresar. Por ello, el tribunal considera que no existe ninguna vulneración de carga de la prueba, practicada con todas las garantías legales y fundamentada en la sentencia de instancia. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. TSJ de Extremadura. Sala de lo Civil y lo Penal. Sección nº1. Sentencia nº 13/2026 de 24 de febrero de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por un guardia civil, ratificando así la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres que le condenó por un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2574212135-1-p479580-m1495341-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-un-guardia-civil-por-conducir-ebriohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2574212135-1-p479580-m1495341-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-un-guardia-civil-por-conducir-ebriohttps://elderecho.com/condenado-un-guardia-civil-por-conducir-ebriohttps://elderecho.com/condenado-un-guardia-civil-por-conducir-ebrio2026-04-20 15:20:492026-04-20 15:20:49penalPenal9Penal