https://elderecho.com/feedes487219Los hechos ocurrieron entre julio y septiembre de 2021 en la provincia de Valladolid, donde el acusado actuó como intermediario en la prestación de servicios agrícolas para la recogida de patata. Durante ese periodo, contrató a varios jornaleros sin formalizar ningún contrato laboral ni darlos de alta en la Seguridad Social. Tras analizar las declaraciones de los testigos, el tribunal concluye que el acusado, de origen rumano, contrató “de forma consciente y reiterada” al menos a un ciudadano serbio, a tres argelinos y a uno colombiano, a pesar de saber que eran extranjeros y no tenían permiso de trabajo en España. Por este motivo, la Sala ratifica la decisión del juzgado anterior y rechaza que se haya violado la presunción de inocencia del acusado, ya que se presentaron pruebas válidas, legales y suficientes que demuestran los hechos, sin que existan errores en cómo el juez evaluó dichas pruebas. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el TSJ de Castilla y León. TSJ de Castilla y León. Sala de lo Civil y Penal. Sentencia nº 78/2026 de 2 de junio de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso interpuesto por un empresario que fue condenado a pagar una multa de 4.860 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2250188131-1-p487219-m1519894-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-un-empresario-en-valladolid-por-contratar-irregularmente-a-jornaleros-extranjeroshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2250188131-1-p487219-m1519894-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-un-empresario-en-valladolid-por-contratar-irregularmente-a-jornaleros-extranjeroshttps://elderecho.com/condenado-un-empresario-en-valladolid-por-contratar-irregularmente-a-jornaleros-extranjeroshttps://elderecho.com/condenado-un-empresario-en-valladolid-por-contratar-irregularmente-a-jornaleros-extranjeros2026-08-26 14:03:332026-08-26 14:03:33penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico487218La compañía tecnológica ha alcanzado este miércoles una cuerdo con 52 fiscales generales de todo el territorio estadounidese cuando afronta la segunda semana del juicio sobre el diseño adictivo de su redes sociales, Facebook e Instagram, en el que se analiza el papel que tienen mecánicas como la navegación sin límite por publicaciones, las notificaciones y las recomendaciones de contenido, en el bienestar de los adolescentes. Según explica en un comunicado, el acuerdo refiere la implementación de medidas de seguridad destinadas a los usuarios menores de 18 años, que incluye controles estrictos sobre el tiempo que pasan los adolescentes en las redes sociales que no puedan desactivarse, bloqueos predeterminados durante la noche y notificaciones silenciadas en horario escolar. También contempla el pago de unos 18.000 millones de euros, que se distribuirá en cuotas anuales a lo largo de un período de diez años. De esa cantidad, el 70 por ciento se entregará a los estados participantes, para la promoción de iniciativas de seguridad juvenil. El 30 por ciento restante estará vinculado a la participación de YouTube y TikTok en la implementación de medidas de seguridad que limiten el tiempo de uso de los menores y en la aportación de una cantidad equivalente a esa cifra por parte de ambas compañías. Se trata de una cifra notablemente menor que los 1,4 billones de dólares que al inicio del juicio se estimaba que podían reclamar los fiscales generales a Meta y que ya entonces calificó de "descabellada" y sin precedentes. No obstante, el acuerdo necesita la aprobación del juez. Meta pide a TikTok y YouTube que se sumen al acuerdo para proteger a los adolescentes Meta ha publicado una carta abierta pidiendo a TikTok y YouTube que se sumen al acuerdo que ha alcanzado con 52 fiscales generales de Estados Unidos para aplicar una serie de medidas que protejan a los adolescentes en las redes sociales. La compañía propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp ha detallado en su anuncio que el acuerdo conlleva la introducción, para los adolescentes, de diferentes medidas, pero no puede asegurar que estas protecciones funcionen si el resto de las plataformas no se suman, ya que cuando a un adolescente se le restringe una 'app', se pasa a otra. "Estas protecciones solo serán realmente efectivas si trabajamos con nuestros pares, TikTok y YouTube, para aplicar las mismas medidas", afirma Meta en su carta abierta de este miércoles, en la que insta a sus homólogos a que se unan a ellos. La demanda de los estados alegaba que Meta diseñó a sabiendas plataformas como Instagram y Facebook para generar adición en los menores, pese a conocer los daños que podían causarles, y que recopiló datos de menores sin conocimiento de los padres, vulnerando la ley de protección de la privacidad infantil en internet (COPPA). El acuerdo llega mientras Meta afronta en los tribunales otros frentes por el mismo asunto. Justo esta semana, un excientífico de datos de la compañía declaró que Meta evitó activar por defecto una protección para adolescentes en Instagram para no dañar sus "métricas clave". Medidas de seguridad para adolescentes a las que se compromete Meta en Facebook e Instagram La lista incluye nuevas medidas y controles parentales más estrictos, que se unen a las ya existentes, para gestionar de manera más afectiva el tiempo que pasan en las redes sociales y el contenido al que acceden. La primera que se cita es el establecimiento de un límite de tiempo predeterminado de dos horas al día para el uso conjunto de las Facebook e Instagram que solo podrá desactivarse con el permiso de los padres. También se establece un modo nocturno que impida, de manera predeterminada, el uso de las plataformas entre la medianoche y las 6 de la mañana, además de un modo escolar que bloquee silencie las notificaciones entre las 8 y las 15 horas. Estas restricciones se acompañarán de avisos sobre el tiempo de uso, que aparecerán cada 15 minutos o cuando los menores alcancen los 60 o 90 minutos de navegación continua. En lo que respecta a los contenidos, los menores podrán configurar como predeterminado un 'feed' que no esté gestionado por el algoritmo de recomendaciones y desactivar la reproducción automática de los vídeos, para que tengan que tocarlos de manera deliberada si quieren verlos. Tampoco verán los 'Me gusta' ni las reacciones en las publicaciones públicas. Además, se impide que los menores puedan utilizar filtros de maquillaje extremo, que se une a la prohibición de uso de los filtros de cirugía estética. Los menores tendrán acceso a contenidos adecuados para su edad, que se determinan en base a criterios de clasificación de películas y a los comentarios de los padres. Las estar configuradas las cuentas de los adolescentes como privadas por defecto, se restringe el contacto con adultos potencialmente sospechosos y se limita la posibilidad de que los adultos los puedan encontrar. Los adolescentes seguirán teniendo herramientas para denunciar contenido, aunque Meta se ha comprometido a mejorar los tiempos de respuesta. Además, los padres contarán con nuevos controles, como las notificaciones que se mostrarán cuando un adolescente vincule una cuenta secundaria o interactúe con cuentas potencialmente sospechosas. Todas estas medidas están supeditadas a un sistema de verificación de edad, que elimina de manera proactiva aquellas que detecta que pueden pertenecer a menores de 13 años --edad mínima que establece Meta para acceder a sus redes sociales--. Al respecto, la compañía ha incidido una vez en las que este control requiere que las tiendas de aplicaciones también proporcionen a los desarrolladores información de edad verificada, para que el trabajo no dependa únicamente de las aplicaciones. Meta se ha comprometido a implementar estas medidas y a mantenerlas en un plazo de diez años.Meta ha llegado a un acuerdo con un grupo de fiscales generales de Estados Unidos para evitar continuar con el juicio por el diseño adictivo de las redes sociales, por el que se compromete a pagar cerca de 18.000 millones de dólares (unos 15.400 millones de euros) y a incorporar medidas por defecto que protejan a los adolescentes que se conviertan en un estándar para la industria.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2786664369-1-p487218-m1519876-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/meta-acuerda-pagar-18-000-millones-de-dolares-para-resolver-el-juicio-sobre-el-dano-de-las-redes-sociales-a-adolescenteshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2786664369-1-p487218-m1519876-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/meta-acuerda-pagar-18-000-millones-de-dolares-para-resolver-el-juicio-sobre-el-dano-de-las-redes-sociales-a-adolescenteshttps://elderecho.com/meta-acuerda-pagar-18-000-millones-de-dolares-para-resolver-el-juicio-sobre-el-dano-de-las-redes-sociales-a-adolescenteshttps://elderecho.com/meta-acuerda-pagar-18-000-millones-de-dolares-para-resolver-el-juicio-sobre-el-dano-de-las-redes-sociales-a-adolescentes2026-08-26 12:10:472026-08-26 12:10:47derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico487217Así lo establece el Real Decreto-ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, aprobado por el Consejo de Ministros y publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La entrada en vigor general de esta norma se producirá mañana, salvo en el caso de algunas disposiciones, que arrancarán su vigencia más adelante. La norma introduce una modificación en la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo para fijar este régimen de incompatibilidades posterior al cese con el objetivo de reforzar la integridad pública y prevenir posibles conflictos de intereses en la toma de decisiones del sector público. En el marco de esta nueva regulación, la legislación tipifica como infracción grave la celebración de cualquier reunión o contacto con grupos de interés que no se encuentren debidamente inscritos en el nuevo registro estatal obligatorio de 'lobbies'. La norma contempla únicamente una excepción a esta prohibición: cuando concurran circunstancias excepcionales y las personas representantes del grupo de interés no inscrito asuman por escrito el compromiso de solicitar su alta en el plazo de los tres días hábiles siguientes al encuentro, trámite que el alto cargo deberá notificar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Publicación obligatoria de agendas en un mes Asimismo, los altos cargos estarán legalmente obligados a hacer públicas en el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado todas las reuniones y contactos mantenidos con los grupos de interés en el plazo máximo de un mes desde su celebración. El incumplimiento de esta obligación se sancionará como falta grave, mientras que la publicación extemporánea o con retraso se tipifica como falta leve, sancionada con amonestación y la obligación de subsanación. De forma complementaria, las entidades que ejerzan actividades de influencia deberán mostrar si cuentan en su equipo con personas que hayan desempeñado puestos como altos cargos en los últimos cinco años, publicando su nombre, cargo ocupado, entidad de procedencia y fechas de toma de posesión y cese. Registro público y obligatorio de 'Lobbies' Esta norma fue aprobada ayer por el Consejo de Ministros por decreto-ley, decisión que el Gobierno ha adoptado después de que el proyecto de ley de 'lobbies' haya encallado en el Congreso ante la dificultad para reunir el consenso necesario entre los grupos parlamentarios. "La regulación sustancial incluida en este Real Decreto-ley parte del trabajo realizado durante la tramitación del proyecto de ley de lobbies que se encuentra en el Congreso. Así, incorpora enmiendas presentadas por los grupos durante esa tramitación", explicó el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública. El texto establece la creación de un registro "público y obligatorio" de 'lobbies' con el que garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas, que estará gestionado y supervisado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Grupos de interés Este decreto-ley, promovido por el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, regula en la Administración del Estado la relación entre los grupos de interés y el personal público susceptible de recibir influencia. En este sentido, la norma detalla quiénes tienen la consideración de grupos de interés, qué es la actividad de influencia y quiénes son susceptibles de recibirla. Así, según esta norma, son grupos de interés las personas físicas y jurídicas y las agrupaciones sin personalidad jurídica, incluidas las plataformas, foros, redes u otras formas de actividad colectiva, tanto si actúan por cuenta propia como ajena, con independencia de la forma que adopten o de su estatuto jurídico, y que lleven a cabo actividades de influencia sobre el personal y/o cargo público. Por ejemplo, las empresas, consultoras, despachos y las ONG que pretendan ejercer la función de lobby ante la Administración General del Estado (AGE). Quedan excluidos expresamente de la consideración de grupos de interés las Administraciones Públicas y las entidades u organismos de su sector público institucional; organismos y organizaciones públicas internacionales, así como autoridades públicas extranjeras (incluidas embajadas y misiones diplomáticas siempre que no actúen a través de entidades jurídicas, redes sin estatuto diplomático o intermediarios); partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores, y colegios profesionales y corporaciones de derecho público cuando realicen sus funciones públicas legalmente encomendadas. Sin embargo, las entidades creadas o financiadas por los partidos políticos sí pueden tener la consideración de grupos de interés. La norma considera actividad de influencia toda comunicación directa o indirecta de un grupo de interés con el personal y/o cargo público susceptible de influencia, realizada por cualquier medio o canal, con la finalidad de incidir en la toma de decisiones públicas, en el diseño o aplicación de políticas públicas, o en la elaboración, modificación o aprobación de proyectos normativos, en beneficio de intereses propios o de terceros. Por otro lado, el texto determina que son susceptibles de recibir influencia el personal y/o cargo público que desempeñe funciones públicas con la capacidad de intervenir en la formulación, ejecución o supervisión de políticas públicas, elaboración normativa o procesos de decisión administrativa, dentro de la AGE y su sector público institucional. Entre ellos se encuentran los altos cargos (hasta el nivel de director general) y, por primera vez en una norma aprobada en el ámbito de la integridad y ética públicas, también el personal de confianza, asesores y personal eventual.Los ex altos cargos de la Administración General del Estado (AGE) no podrán realizar actividades profesionales de influencia para entidades privadas en ninguna materia relacionada con las competencias del departamento, organismo o entidad en el que prestaron servicios durante los dos años siguientes a la fecha de su cese.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2761220745-1-p487217-m1519858-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-prohibe-a-ex-altos-cargos-trabajar-para-lobbies-durante-los-dos-anos-tras-su-cesehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2761220745-1-p487217-m1519858-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-prohibe-a-ex-altos-cargos-trabajar-para-lobbies-durante-los-dos-anos-tras-su-cesehttps://elderecho.com/el-gobierno-prohibe-a-ex-altos-cargos-trabajar-para-lobbies-durante-los-dos-anos-tras-su-cesehttps://elderecho.com/el-gobierno-prohibe-a-ex-altos-cargos-trabajar-para-lobbies-durante-los-dos-anos-tras-su-cese2026-08-26 11:50:022026-08-26 11:50:02administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico487216Según han precisado fuentes municipales a Europa Press, la asociación buscaba con esta acción paralizar la ejecución de estas infraestructuras hasta que se resuelva el procedimiento judicial sobre el fondo del asunto. El tribunal rechaza adoptar la suspensión cautelar al considerar que provocaría "una perturbación grave de los intereses generales" al "impedir la asistencia" al evento "a un elevado número de personas aficionadas al automovilismo" y que se darán cita del 11 al 13 de septiembre en el circuito Madring, en el entorno de IFEMA Madrid. Sobre este asunto, desde el Ayuntamiento destacan que el Gran Premio de España se celebrará ese fin de semana con "garantías" y con "confort jurídico" tras la emisión de las licencias definitivas.La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid ha denegado las medidas cautelares solicitadas por la Asociación para la Defensa del Medio Ambiente y por un Urbanismo Sostenible para suspender la licencia del Gran Premio de Fórmula 1 que incluye la ejecución de las instalaciones de hospitalidad, las gradas y las pasarelas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2507139905-1-p487216-m1519840-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/un-juzgado-rechaza-suspender-cautelarmente-la-licencia-de-gradas-y-pasarelas-para-la-f1-en-el-circuito-madringhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2507139905-1-p487216-m1519840-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/un-juzgado-rechaza-suspender-cautelarmente-la-licencia-de-gradas-y-pasarelas-para-la-f1-en-el-circuito-madringhttps://elderecho.com/un-juzgado-rechaza-suspender-cautelarmente-la-licencia-de-gradas-y-pasarelas-para-la-f1-en-el-circuito-madringhttps://elderecho.com/un-juzgado-rechaza-suspender-cautelarmente-la-licencia-de-gradas-y-pasarelas-para-la-f1-en-el-circuito-madring2026-08-26 11:00:072026-08-26 11:00:07administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico487172Mejorar la atención a los profesionales se ha convertido en uno de los objetivos de la nueva Guía de Buenas Prácticas para la Organización de los Tribunales de Instancia elaborada por el Consejo General del Poder Judicial. El documento propone canales específicos de comunicación y fija objetivos concretos de respuesta ante dificultades que abogadas y abogados vienen encontrando en su día a día y que Abogacía Española ha reclamado solucionar de forma reiterada durante los últimos meses. La guía reconoce problemas de falta de información, dificultades para localizar los procedimientos y obstáculos crecientes para contactar con funcionarios y letrados de la Administración de Justicia. Para afrontarlos, plantea correos electrónicos específicos, ventanillas especializadas, atención telefónica diferenciada y canales digitales preferentes para los profesionales. Además, fija como objetivo que más del 90% de sus consultas se resuelvan en una primera respuesta y en menos de 24 horas. Son problemas que Abogacía Española conoce de primera mano, ya que ha venido recabando las experiencias de los Consejos Autonómicos y los Colegios de la Abogacía de todo el territorio y trasladándolas a las instituciones responsables de la reforma. El informe elaborado a partir de estas aportaciones constató, junto a algunas mejoras, graves dificultades de comunicación con los órganos judiciales, además de otras incidencias en la implantación de los Tribunales de Instancia. Esta falta de atención e interlocución fue precisamente una de las cuestiones que el presidente de Abogacía Española, Salvador González, puso sobre la mesa en su reciente reunión con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, junto a los presidentes de Procuradores y Graduados Sociales. Los tres Consejos reclamaron una solución urgente a una situación que afecta diariamente el ejercicio profesional y pidieron también la constitución de la Comisión Mixta de Calidad prevista en la Ley Orgánica 1/2025 para detectar incidencias, medir resultados y adoptar soluciones. Abogacía Española ha mantenido esta misma posición ante el Poder Judicial. Salvador González ha participado en el grupo de trabajo liderado por la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, creado como espacio de interlocución con las instituciones que trabajan en la implantación de los Tribunales de Instancia. La nueva guía supone ahora un avance en esa dirección. En La Rioja, uno de los territorios piloto, ya se han habilitado ventanillas diferenciadas para profesionales y ciudadanía para evitar esperas innecesarias y agilizar la atención. El documento establece además que la evaluación del nuevo modelo deberá incorporar la experiencia de quienes se relacionan con él diariamente. Para Abogacía Española, convertir estos problemas cotidianos en medidas concretas es un paso necesario para que la reforma alcance los objetivos para los que fue concebida. Como resume la propia guía del CGPJ, “la calidad de la comunicación es tan importante como la calidad de la organización interna”. El Consejo General de Abogacía Española continuará trasladando las incidencias detectadas por los Colegios y reclamando los recursos y ajustes necesarios para que el cambio organizativo se traduzca en una mejora real del servicio público de Justicia.La nueva Guía de Buenas Prácticas del CGPJ recoge medidas concretas para mejorar esta atención, con canales específicos para profesionales y respuestas en menos de 24 horashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/Guia-Tribunales-de-Instancia-del-CGPJ_img-p487172-m1519678-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/guia-de-buenas-practicas-para-la-organizacion-de-los-tribunales-de-instanciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/Guia-Tribunales-de-Instancia-del-CGPJ_img-p487172-m1519678-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/guia-de-buenas-practicas-para-la-organizacion-de-los-tribunales-de-instanciahttps://elderecho.com/guia-de-buenas-practicas-para-la-organizacion-de-los-tribunales-de-instanciahttps://elderecho.com/guia-de-buenas-practicas-para-la-organizacion-de-los-tribunales-de-instancia2026-08-25 15:55:312026-08-25 15:55:31sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487174En mayo de 2024, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (en adelante, PEMA), con el fin de diseñar un nuevo sistema de gestión de la migración y del asilo que fuera común a todos los Estados miembros. El PEMA se ha traducido en diez textos legislativos adoptados formalmente el 14 de mayo de 2024 y que se aplican desde el pasado 12 de junio de 2026. Uno de esos textos es la Directiva (UE) 2024/1346 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, que fija las normas de acogida de los solicitantes de protección internacional y que debe ser traspuesta a las legislaciones nacionales. La adaptación al PEMA a la legislación española requiere la modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Los objetivos perseguidos con esta norma son: - Adaptar la normativa española al PEMA. - Regular las medidas relativas a la libertad de circulación contenidas en la Directiva del PEMA para asegurar el cumplimiento del deber de permanecer a disposición de las autoridades competentes por parte de las personas solicitantes de protección internacional y de las que estén sujetas a los procedimientos de determinación del Estado miembro responsable o de reubicación en el territorio español. Con ello, se garantiza la efectividad de las resoluciones recaídas en el ámbito administrativo y judicial. Para cumplir con estos objetivos, las principales novedades aportadas son las siguientes: - La reforma incorpora la figura del triaje de las personas extranjeras que cruzan las fronteras exteriores de la Unión Europea sin cumplir las condiciones de entrada y que incluye un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado. - El anteproyecto regula la obligación impuesta por el PEMA de no autorizar la entrada al territorio español hasta que se complete el triaje. El reglamento europeo permite que este procedimiento dure hasta siete días, pero en la norma española seguirá siendo de 72 horas (prorrogables sólo por decisión judicial en casos individuales justificados) para limitar al mínimo imprescindible el tiempo durante el cual la persona extranjera debe permanecer en instalaciones policiales. - El anteproyecto recoge el procedimiento fronterizo de retorno previsto en el PEMA para agilizar el retorno de las personas extranjeras que llegan de manera irregular al país y no tienen derecho a protección internacional, retorno que debe ser ejecutado en un plazo de doce semanas de forma tan eficaz como garantista. - Para los solicitantes de protección internacional, la reforma regula un derecho de permanencia en el país que no da derecho a obtener una autorización de residencia en caso de que esa persona incurra en alguna de las figuras jurídicas que le harían acreedor de una denegación de entrada o de una orden de devolución. - Si una solicitud de protección internacional es rechazada, la persona solicitante recibirá la notificación junto a la denegación de entrada que le impone la obligación de abandonar el país.El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2820886199-1-p487174-m1519716-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/modificacion-de-la-lo-4-2000-sobre-derechos-y-libertades-de-los-extranjeros-en-espana-y-su-integracion-socialhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2820886199-1-p487174-m1519716-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/modificacion-de-la-lo-4-2000-sobre-derechos-y-libertades-de-los-extranjeros-en-espana-y-su-integracion-socialhttps://elderecho.com/modificacion-de-la-lo-4-2000-sobre-derechos-y-libertades-de-los-extranjeros-en-espana-y-su-integracion-socialhttps://elderecho.com/modificacion-de-la-lo-4-2000-sobre-derechos-y-libertades-de-los-extranjeros-en-espana-y-su-integracion-social2026-08-25 14:17:472026-08-25 14:17:47administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico487175La Directiva (UE) 2024/1346 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, fija las normas de acogida de los solicitantes de protección internacional y debe ser traspuesta a las legislaciones nacionales. Para adaptar el ordenamiento jurídico español a la nueva normativa europea, se ha descartado una modificación parcial de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, y se ha optado en la reunión del Consejo de Ministros de este martes a tramitar un anteproyecto de nueva ley de asilo. Los objetivos perseguidos con este anteproyecto de ley son: - Adaptar la legislación española al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. - Establecer un marco jurídico integral sobre la protección internacional que evite la dispersión normativa en la materia y facilite su mejor comprensión y conocimiento por la ciudadanía. - Renovar los procedimientos en materia de protección internacional para que sean más ágiles y eficaces. - Reforzar las garantías jurídicas para las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. - Introducir la utilización de medios electrónicos en estos procedimientos. Para cumplir con estos objetivos, las principales novedades aportadas son las siguientes: - Incrementa las garantías para las personas solicitantes y mejora el abordaje de situaciones de vulnerabilidad mediante la evaluación individual sobre la necesidad de aplicar garantías especiales en el procedimiento y en las condiciones de acogida. - Las garantías y previsiones respecto de los menores desamparados incluyen la regulación de la figura del representante de los que soliciten protección internacional y clarifican aspectos como la tutela, búsqueda de familiares y presunción de minoría de edad mientras se realiza la evaluación. - El anteproyecto incluye disposiciones orientadas a clarificar los distintos actos que componen el acceso al procedimiento (la formulación, el registro y la formalización de la solicitud) y concretar los plazos para realizarlos, que se reducen, en especial mediante la introducción de un nuevo procedimiento acelerado que ha de estar resuelto en tres meses. - El anteproyecto incorpora el procedimiento de frontera previsto en el Reglamento (UE) 2024/1348, de aplicación obligatoria en determinados supuestos, con un plazo máximo de doce semanas, durante el cual el solicitante deberá permanecer en instalaciones policiales a disposición de las autoridades, cautela que se aplica antes de que se autorice la entrada formal al país y facilita su retorno en caso de denegación de la protección internacional. - El texto actualiza los conceptos básicos del sistema de asilo y precisa las definiciones de protección internacional, estatuto de refugiado y protección subsidiaria, e incorpora realidades que ya son relevantes en la práctica como la persecución relacionada con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad. - En la protección subsidiaria, se precisan los daños graves que pueden justificarla, incluidas las amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de civiles en contextos de conflicto armado. - El anteproyecto ordena con más detalle cómo deben examinarse las solicitudes y regula con mayor precisión la acogida de las personas solicitantes, incluidas la atención a necesidades particulares, la escolarización de menores, la autorización para trabajar, la asistencia sanitaria, las condiciones materiales de acogida y su posible reducción o retirada en determinados supuestos. - La regulación de las personas beneficiarias se completa con una ordenación más clara de su residencia, circulación y documentación, amplía las medidas de integración y prevé atención específica para personas con necesidades especiales como menores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o víctimas de tortura, violencia o trata. - El texto desarrolla los conceptos de primer país de asilo, tercer país seguro y país de origen seguro, que pueden influir en la admisión o en la forma de tramitar las solicitudes e introduce la posibilidad de integrar en la resolución denegatoria una decisión de retorno. - La norma simplifica el régimen de recursos: refuerza la vía contencioso-administrativa y elimina, con carácter general, el recurso administrativo previo. - Por último, el Ministerio del Interior queda configurado como autoridad decisoria y se actualizan las funciones de los órganos y entidades que intervienen en el sistema. El anteproyecto refuerza la confidencialidad de todos los procedimientos, la formación del personal y la modernización de las comunicaciones con las personas interesadas, incorporando el uso de medios electrónicos.El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de asilo a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2438065389-1-p487175-m1519734-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/anteproyecto-de-ley-de-asilohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2438065389-1-p487175-m1519734-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/anteproyecto-de-ley-de-asilohttps://elderecho.com/anteproyecto-de-ley-de-asilohttps://elderecho.com/anteproyecto-de-ley-de-asilo2026-08-25 14:00:492026-08-25 14:00:49administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico487127De esta forma, estima el recurso presentado contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Ferrol que lo declaró procedente. En el fallo, los magistrados explican que el afectado tuvo una discusión con un compañero y abandonó su puesto sin avisar a nadie, lo que motivó que el encargado asumiera sus funciones y el resto de la plantilla permaneciera más horas. Como consecuencia, la empresa abrió trámite de audiencia y le comunicó el despido disciplinario por dos faltas muy graves del artículo 82 del convenio colectivo de aplicación -sector de la industria siderometalúrgica de la provincia de A Coruña-. El TSXG explica que, si bien el abandono del servicio o del puesto de trabajo sin causa justificada constituye una infracción grave, “no justifica el despido si el perjuicio para la empresa o para la plantilla no está especialmente cualificado”. En este caso, entiende que “no se ha acreditado que haya supuesto un riesgo para la salud de la plantilla, ni que causara un accidente de trabajo, ni que el perjuicio ocasionado a la empresa sea equivalente”. Por lo tanto, concluye que, “atendiendo a un criterio racional de proporcionalidad”, no se justifica la máxima sanción de despido disciplinario. Tampoco la Sala aprecia que la conducta del trabajador encaje en la infracción muy grave recogida en el convenio colectivo sobre “fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas”, pues subraya que su actuación “se podrá tildar de errática o caprichosa, pero no es constitutiva de infracción disciplinaria”. En consecuencia, el TSXG estima el recurso, por lo que condena a la empresa a que readmita al demandante, con abono de los salarios dejados de percibir hasta su readmisión o hasta que hubiera encontrado otro empleo, o a que, a su elección, la compañía opte, dentro del plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia y sin esperar a su firmeza, por el abono de una indemnización de 11.462,27 euros. La resolución no es firme, pues cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Sala de lo Social. Sentencia nº 3074/2026 de 2 de julio de 2026.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declara la improcedencia de un despido disciplinario de un trabajador que prestaba servicio en un astillero y, por tanto, lo revoca.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2742968573-1-p487127-m1519558-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/despido-disciplinario-improcedente-de-un-trabajador-que-abandono-su-puesto-de-trabajo-sin-avisarhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2742968573-1-p487127-m1519558-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/despido-disciplinario-improcedente-de-un-trabajador-que-abandono-su-puesto-de-trabajo-sin-avisarhttps://elderecho.com/despido-disciplinario-improcedente-de-un-trabajador-que-abandono-su-puesto-de-trabajo-sin-avisarhttps://elderecho.com/despido-disciplinario-improcedente-de-un-trabajador-que-abandono-su-puesto-de-trabajo-sin-avisar2026-08-25 11:24:402026-08-25 11:24:40sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social487148"La ratificación del protocolo, que fue firmado en 2019, permitiría agilizar la adopción de dichas medidas y evitar demoras en su aplicación, especialmente en aquellos supuestos que revisten carácter urgente como el que afecta a la ciudad autónoma de Ceuta", ha informado el órgano de gobierno de los jueces en una nota, tras la reunión extraordinaria de la Comisión Permanente de este martes para evaluar la situación de los órganos judiciales ceutíes tras la crisis migratoria. Además, la Comisión Permanente ha tomado conocimiento las medidas de refuerzo adoptadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla para el Tribunal de Instancia de Ceuta, que incluye un calendario de doble guardia de jueces y una oferta de comisión de servicio para reforzar plazas judiciales de instrucción, guardia y violencia sobre la mujer, entre otras. El refuerzo, anunciado a última hora de la tarde de ayer, lunes, por el CGPJ, se produjo después del envío de una carta por parte del secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, al secretario general del órgano de gobierno de los jueces, Miguel Hernández, en la que el Gobierno urgía al Poder Judicial a tramitar la solicitud para el refuerzo de los tribunales de la ciudad autónoma. De hecho, la Comisión Permanente también ha tomado conocimiento formal de la comunicación remitida por el secretario de Estado de Justicia al secretario general del CGPJ. Asimismo, el órgano de gobierno de los jueces ha trasladado que la comisión de servicio para el refuerzo de las plazas 1 a 6 de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta cuenta, hasta ahora, con cuatro peticiones.El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reclamado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la convocatoria de la Comisión Mixta entre ambos órganos para "ultimar" el texto del protocolo de medidas de apoyo y refuerzo de los tribunales, con el objetivo de "evitar demoras" en situaciones de carácter "urgente" como las de Ceuta.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Consejo-General-Poder-JudicialCGPJ_EDEIMA20150109_0014_1-p487148-m1519608-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-pide-a-justicia-renovar-el-protocolo-de-refuerzo-de-tribunales-para-evitar-demoras-como-en-ceutahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Consejo-General-Poder-JudicialCGPJ_EDEIMA20150109_0014_1-p487148-m1519608-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-pide-a-justicia-renovar-el-protocolo-de-refuerzo-de-tribunales-para-evitar-demoras-como-en-ceutahttps://elderecho.com/el-cgpj-pide-a-justicia-renovar-el-protocolo-de-refuerzo-de-tribunales-para-evitar-demoras-como-en-ceutahttps://elderecho.com/el-cgpj-pide-a-justicia-renovar-el-protocolo-de-refuerzo-de-tribunales-para-evitar-demoras-como-en-ceuta2026-08-25 11:15:552026-08-25 11:15:55sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico487082Según la resolución, la trabajadora estuvo en baja por enfermedad común desde septiembre de 2022 hasta agotar los 545 días máximos. Aunque la Seguridad Social determinó inicialmente en abril de 2024 que no sufría ninguna incapacidad permanente, ella impugnó la decisión tras ser rechazada su reclamación por silencio administrativo. Su cuadro clínico incluye ‘enfermedad de Meniere’ bilateral grave (con vértigos, crisis de inestabilidad, caídas e hipoacusia), temblor en el brazo derecho y un trastorno ansioso-depresivo. Finalmente, la sentencia de la sección estimó su demanda de forma subsidiaria, declarándola en situación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común, lo que le da derecho a percibir una pensión equivalente al 55% de su base reguladora de 1.327,67 euros mensuales con efectos a partir del 27 de junio de 2024. La parte recurrente argumenta que el riesgo de sufrir crisis de vértigo y caídas súbitas es inherente a la profesión de logopeda, basándose en su interpretación de la sentencia de instancia. Sin embargo, una lectura detallada de la resolución demuestra que el magistrado no fundamenta el compromiso laboral en el riesgo de caídas, sino en el déficit auditivo. Es esta dolencia la que, al impedir la comunicación, afecta de manera directa y grave el desempeño de las funciones esenciales de una logopeda. El Tribunal Superior de Justicia determina que la trabajadora tiene derecho a la incapacidad permanente total (IPT) para su profesión de logopeda, pero no a la absoluta. La Sala argumenta que la hipoacusia (pérdida auditiva) que padece afecta directamente a su capacidad de comunicación, la cual es un requisito indispensable y de máxima exigencia en su trabajo. Por lo tanto, la declaración de IPT está totalmente justificada por la Seguridad Social. Concluye la demandante conserva su capacidad laboral para otros empleos que no requieran estas exigencias comunicativas ni impliquen riesgos físicos, como la exposición a entornos peligrosos o el uso de maquinaria pesada. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. TSJ de Asturias. Sala de lo Social. Sentencia nº 862/2026 de 19 de mayo de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha avalado la incapacidad permanente total para ejercer su profesión dictaminada por un juzgado Social de Gijón a una logopeda.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2310519311-1-p487082-m1519243-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/avalada-la-incapacidad-permanente-total-de-una-logopeda-por-su-perdida-auditivahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2310519311-1-p487082-m1519243-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/avalada-la-incapacidad-permanente-total-de-una-logopeda-por-su-perdida-auditivahttps://elderecho.com/avalada-la-incapacidad-permanente-total-de-una-logopeda-por-su-perdida-auditivahttps://elderecho.com/avalada-la-incapacidad-permanente-total-de-una-logopeda-por-su-perdida-auditiva2026-08-25 11:00:092026-08-25 11:00:09socialSocial13Social