https://elderecho.com/feedes491753Según se detalla en una nota de prensa el departamento liderado por Félix Bolaños, la cesión se ha regulado mediante convenios de colaboración: el primero, que se firmó con el Gobierno del Principado de Asturias en febrero de 2025, y el último, con el de Andalucía, el pasado 27 de octubre. Justicia ha precisado que esos convenios permitirán además a las comunidades "enriquecer los desarrollos tecnológicos conforme a sus necesidades organizativas" y adoptar en el futuro nuevas herramientas digitales diseñadas por el propio Ministerio. Las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias judiciales son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja, 'Carpeta Justicia, LexNet y Dicireg' Entre las herramientas compartidas destaca 'Carpeta Justicia', la plataforma online que permite consultar resoluciones, comprobar el estado de los expedientes judiciales, descargar certificaciones y solicitar cita previa en los registros civiles y los órganos judiciales. Asimismo, el Ministerio también ha compartido 'LexNet', la herramienta de comunicación electrónica entre tribunales y operadores jurídicos, y 'DICIREG', otra plataforma que permite tramitar online los expedientes del Registro Civil. Además, se ha facilitado el acceso al 'Hub de Interoperabilidad', que permite remitir expedientes judiciales electrónicos entre distintos órganos judiciales y comunidades de manera segura; al Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), que permite la consulta automática de antecedentes penales y la gestión de la protección de las víctimas; y también al Escritorio Virtual de Inmediación Digital (EVID), para realizar comparecencias virtuales "con todas las garantías". El Ministerio detalla seis programas en el listado de herramientas cedidas de manera gratuita que recoge la nota, aunque ha asegurado poner a disposición cincuenta. Robotización e inteligencia artificial Además, según la nota, se han compartido aplicaciones para agilizar procesos gracias a la robotización o la inteligencia artificial. Justicia respalda también que cada comunidad haya podido adoptar las herramientas "en función de sus necesidades", y la transferencia, según el Ministerio, se ha realizado "con soporte técnico y total garantía de seguridad".El Ministerio de Justicia ha cedido medio centenar de soluciones tecnológicas a las doce comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de gestión de medios personales y materiales de la Administración de Justicia, con el objetivo de reforzar su digitalización.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/04/shutterstock_2134853383-1-p491753-m1533839-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/justicia-cede-50-soluciones-tecnologicas-propias-a-las-12-comunidades-con-competencias-judiciales-transferidashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/04/shutterstock_2134853383-1-p491753-m1533839-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/justicia-cede-50-soluciones-tecnologicas-propias-a-las-12-comunidades-con-competencias-judiciales-transferidashttps://elderecho.com/justicia-cede-50-soluciones-tecnologicas-propias-a-las-12-comunidades-con-competencias-judiciales-transferidashttps://elderecho.com/justicia-cede-50-soluciones-tecnologicas-propias-a-las-12-comunidades-con-competencias-judiciales-transferidas2026-11-06 15:39:372026-11-06 15:39:37derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico491752El decano del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera, ha recibido esta tarde la Gran Cruz al Mérito en el Ejercicio de la Abogacía, la máxima distinción que otorga el Consejo General de la Abogacía Española con la que se reconocen los “servicios realmente extraordinarios prestados a la abogacía y sus instituciones” tras más de cuatro décadas de ejercicio profesional como abogado, académico y docente y casi veinte años de representación institucional a nivel provincial, autonómico y nacional. “Estar hoy aquí, recibiendo el reconocimiento de quienes son mis iguales, mis compañeros de fatigas y mis referentes, representa no solo un motivo de inmenso orgullo, sino también el momento más emotivo y relevante de toda mi carrera profesional”, ha expresado Cabrera. En este sentido, como ha añadido el presidente de Abogacía Española, Salvador González, “esta distinción es algo más, mucho más, que un simple objeto que se entrega y se recibe; es un símbolo, y lo que hoy simbolizamos aquí es lo que transmite esta distinción: respeto, afecto, orgullo y, sobre todo, agradecimiento hacia Leandro”. En este sentido, el máximo representante del colectivo profesional ha recordado que el decano granadino ha encarnado siempre una “voz necesaria, responsable, íntegra y, sobre todo, coherente”, capaz de inspirar “con su ejemplo y con su compromiso personal, profesional e institucional con la Abogacía, con sus principios, con sus valores y con su defensa”. Unos principios y valores entre los que destacan “la mesura, la serenidad, el respeto, la distinción y la excelencia” de los que hace gala este “hombre de paz”, según lo ha calificado el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, Federico Fernández. “Hoy reconocemos una cualidad extraordinaria: la de quien sabe que las diferencias no tienen por qué convertirse en enfrentamientos, que el dialogo no debilita las convicciones, sino que puede fortalecerlas, y que la concordia no consiste en pensar todos lo mismo, sino en saber convivir, respetarse y encontrar caminos comunes cuando las posiciones son distintas”, ha asegurado el también decano del Colegio de Abogados de Jerez, tras repasar los sobrados méritos profesionales e institucionales del también vicepresidente de la Abogacía española y andaluza. Y es que, como ha apuntado el homenajeado, “la Abogacía, por encima de un cuerpo de conocimientos técnicos, es una profesión humana y de trinchera” basada en “la confianza, la ética, el secreto profesional y la pasión por la justicia”. “Quienes abrazamos el Derecho lo hacemos movidos por una vocación, a veces difícil de explicar, pero imposible de acallar: la fascinación por la justicia, la defensa del indefenso y el compromiso inequívoco con el Estado de Derecho”, ha afirmado el colegiado granadino número 2.304. De ahí que, en su discurso, haya resaltado el carácter de la abogacía como servicio público esencial, con el Turno de Oficio como máxima expresión, haya recordado la función social de la profesión y haya reivindicado una justicia más ágil, moderna y eficiente para que para que, “de una vez por todas, se haga justicia con la Justicia”, además de compartir el reconocimiento con todos los funcionarios de la Administración de Justicia, sus homólogos andaluces -muchos presentes en el acto-, sus compañeros de despacho y colaboradores, el resto de miembros de Junta de Gobierno -que también han arropado a Cabrera en este señalado día-, amigos y, sobre todo, -visiblemente emocionado- con su familia, especialmente su mujer, Maite, sus hijas Rocío y Teresa, sus hermanos Menchu, Rafael, Beatriz y Nuria y sus padres, desafortunadamente ya ausentes. De hecho, aunque la concesión de la Gran Cruz coincide con el final de su mandato, Cabrera ha reafirmado su compromiso con los valores que juró defender al acceder a la profesión en 1985. “Seguiré trabajando por una Abogacía digna, independiente y comprometida; seguiré defendiendo la vigencia hoy más que nunca del Estado de Derecho, la sacrosanta separación de poderes y los derechos de los ciudadanos con la misma pasión de aquel joven que empezaba hace ya más de cuarenta años; y seguiré apoyando a las nuevas generaciones de abogados que hoy recogen el testigo en un mundo cada vez más complejo”, ha aseverado ante los numerosos asistentes presentes en el acto. En concreto, aunque la ceremonia ha estado organizada por y para la abogacía, entre las autoridades invitadas se encontraban representantes del ámbito jurídico, político y social, encabezadas por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río; la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago; la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el primer teniente de alcalde, Jorge Saavedra; el presidente de Diputación de Granada, Francis Rodríguez; el delegado del Gobierno en Granada, Antonio Granados; el delegado de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte en Granada, Luis Recuerda; el presidente del Consejo Social de Granada, Javier de Teresa; el diputado por Granada en el Congreso Pablo Hispán; la senadora por Granada María Eva Martín; y los decanos eméritos del Colegio de Abogados de Granada, Rafael López Cantal y José María Rosales de Angulo; entre otros. Leandro Cabrera Mercado Nacido en Granada en 1959, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada desde 1982. Hizo la pasantía en el despacho de Rafael Álvarez de Morales Ruiz-Matas, ejerciendo desde 1985 como abogado con despacho propio en los ámbitos Civil y Mercantil, con especial dedicación al Derecho médico-sanitario y al Derecho de seguros. Casado, con dos hijas y tres nietos (más un cuarto en camino), el letrado número 2.304 del Colegio de Abogados de Granada ha compatibilizado su vida profesional y familiar con los cargos de Secretario (2005-2009) y Diputado Segundo (2014-2018) de la Junta de Gobierno de la Corporación, de la que es decano desde el 28 de diciembre de 2018, siendo reelegido sin oposición en octubre de 2022. Además, Cabrera es consejero del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y de Abogacía Española desde 2019, siendo elegido vicepresidente del CADECA en 2024 y del CGAE en 2026. También es miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, al que se incorporó en 2020 por elección unánime de los decanos de Andalucía; académico de número -desde 2023- y vocal de Junta de Gobierno -desde 2025- de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada; y pertenece al Consejo Asesor del Granada C.F. desde octubre de 2025. También ha sido profesor colaborador de Derecho Civil en la Universidad de Granada y ostenta los cargos de presidente y profesor de la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas y vicepresidente de la Fundación Concursal y Mercantil, ambas de Granada. Entre otras distinciones, le ha sido impuesta la Cruz del Mérito con Distintivo Blanco de la Guardia Civil en 2016 y la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco de la Policía Nacional en 2024.El decano del Colegio de Abogados de Granada recibe la Gran Cruz al Mérito en el Ejercicio de la Abogacía de manos del presidente del Consejo general de la Abogacía Española, Salvador González.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Leandro-Cabrera-medalla_img-scaled-p491752-m1533767-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/leandro-cabrera-condecorado-con-la-maxima-distincion-de-la-abogacia-espanolahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Leandro-Cabrera-medalla_img-scaled-p491752-m1533767-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/leandro-cabrera-condecorado-con-la-maxima-distincion-de-la-abogacia-espanolahttps://elderecho.com/leandro-cabrera-condecorado-con-la-maxima-distincion-de-la-abogacia-espanolahttps://elderecho.com/leandro-cabrera-condecorado-con-la-maxima-distincion-de-la-abogacia-espanola2026-11-06 12:45:352026-11-06 12:45:35sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico491751Esta distancia entre la evolución de la realidad familiar y las previsiones del Código Civil ha sido una de las principales disfunciones señaladas por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en el balance de su II Congreso de Familia y Sucesiones, celebrado durante los días 5 y 6 de noviembre. La vicedecana del Colegio, Isabel Winkels, ha reclamado una actualización legislativa que permita corregir las deficiencias que todavía afectan a los procedimientos de familia, infancia y capacidad, especialmente cuando la falta de previsiones normativas específicas obliga a los tribunales a resolver mediante criterios jurisprudenciales situaciones cada vez más frecuentes. Uno de los ejemplos más evidentes es la custodia compartida. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 este régimen se acordó en el 50,8% de los divorcios entre cónyuges de diferente sexo en los que se decidió sobre la custodia de hijos menores, frente al 49,7% del año anterior. Sin embargo, el artículo 96 del Código Civil, que regula la atribución del uso de la vivienda familiar tras la ruptura, no contempla expresamente una solución específica para los supuestos de custodia compartida. La vivienda familiar, entre la falta de regulación y el encarecimiento del mercado Winkels ha señalado que esta falta de adaptación normativa resulta especialmente problemática en una materia en la que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha tenido que ir estableciendo criterios para resolver situaciones que no encuentran una respuesta expresa en la legislación. La atribución del uso de la vivienda familiar constituye uno de los principales focos de controversia, tanto por su vinculación con los regímenes de guarda y custodia como por las consecuencias patrimoniales para los progenitores. La relevancia de esta problemática ha llevado al Congreso a dedicar una de sus sesiones a examinar, desde dos instancias judiciales y el Tribunal Supremo, las dificultades que plantea la atribución y extinción del derecho de uso de la vivienda familiar. Magistrados y especialistas han analizado las soluciones jurisprudenciales aplicables a estos conflictos mediante la resolución de un caso práctico, poniendo de manifiesto la complejidad de una cuestión en la que confluyen los derechos de los menores, las necesidades habitacionales de los progenitores y la titularidad de los inmuebles. A esta dificultad jurídica se suma una realidad económica que está agravando las consecuencias de las rupturas familiares. La presidenta de la Sección de Familia y Sucesiones del ICAM, Paloma Zabalgo, ha advertido de que el incremento de los precios de compra y alquiler en Madrid está complicando especialmente las situaciones de custodia compartida, que requieren organizar la convivencia de los hijos entre dos hogares. "Tenemos un verdadero problema en este momento porque en Madrid han subido sustancialmente tanto los alquileres como los precios de compra de las viviendas", ha señalado Zabalgo, quien ha advertido de las dificultades que supone para muchas familias asumir el coste de dos domicilios después de una separación o divorcio. "Y eso no es sostenible ante un divorcio", ha afirmado. Según ha explicado, esta situación está trasladando a los juzgados nuevos conflictos relacionados tanto con la atribución inicial de la vivienda como con la extinción del derecho de uso. Una problemática que evidencia cómo las dificultades de acceso a la vivienda se proyectan directamente sobre los procedimientos de familia y obligan a buscar soluciones jurídicas para situaciones que afectan a la estabilidad económica y personal de los progenitores y de sus hijos. Reformas pendientes y nuevas necesidades de protección Las dificultades relacionadas con la vivienda forman parte de una problemática más amplia que, según ha señalado Winkels, exige revisar distintos aspectos de la regulación del Derecho de Familia. Entre las reformas pendientes, la vicedecana ha vuelto a situar la extensión de la especialización judicial en familia, infancia y capacidad a todo el territorio nacional. Aunque la implantación de los Tribunales de Instancia ha supuesto avances en el reconocimiento de esta especialidad, persisten diferencias territoriales que determinan que los ciudadanos puedan acceder o no a órganos judiciales especializados en función de su lugar de residencia. Otra de las cuestiones que continúan generando dificultades es la obligatoriedad de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) en determinados procedimientos de familia. Winkels ha reiterado que este requisito está provocando dilaciones e inseguridad jurídica que pueden perjudicar especialmente a los menores y a las personas en situación de vulnerabilidad. En este sentido, ha recordado el compromiso del Colegio de seguir reclamando su supresión en los procedimientos afectados, una reforma cuya tramitación parlamentaria quedó interrumpida por la convocatoria electoral. Frente a estas deficiencias, la vicedecana ha defendido la necesidad de impulsar cambios legislativos que acompasen la regulación con las necesidades reales de las familias y con los criterios que están desarrollando los tribunales. Desde el Colegio, ha afirmado, "seguiremos impulsando la modificación legislativa precisa para corregir cada una de las disfunciones que siguen operando en el derecho de familia, infancia y capacidad". Especialización y prevención: otros desafíos del Derecho de Familia El Congreso también ha puesto de relieve la importancia de anticipar determinadas situaciones jurídicas para evitar conflictos futuros, especialmente en el ámbito de la discapacidad y el envejecimiento. En este sentido, Winkels ha destacado la necesidad de promover instrumentos como los poderes preventivos y las medidas voluntarias de apoyo, que permiten a las personas establecer anticipadamente quiénes desean que les presten asistencia y cómo quieren que se articulen esos apoyos si en el futuro los necesitan. La vicedecana ha subrayado asimismo la creciente complejidad de los procedimientos familiares con elementos internacionales, que exige un conocimiento especializado de las normas de Derecho internacional privado, los convenios internacionales y los criterios para determinar la competencia judicial y la legislación aplicable en cada caso.La custodia compartida ya es mayoritaria en los divorcios con hijos en los que debe decidirse sobre su guarda, pero la legislación sigue sin ofrecer una regulación específica sobre una de las cuestiones que más conflictos genera tras una ruptura: el uso de la vivienda familiar.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Paloma-Zabalgo-scaled-p491751-m1533749-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-pide-reformar-el-codigo-civil-para-regular-expresamente-el-uso-de-la-vivienda-en-los-casos-de-custodia-compartidahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Paloma-Zabalgo-scaled-p491751-m1533749-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-pide-reformar-el-codigo-civil-para-regular-expresamente-el-uso-de-la-vivienda-en-los-casos-de-custodia-compartidahttps://elderecho.com/el-icam-pide-reformar-el-codigo-civil-para-regular-expresamente-el-uso-de-la-vivienda-en-los-casos-de-custodia-compartidahttps://elderecho.com/el-icam-pide-reformar-el-codigo-civil-para-regular-expresamente-el-uso-de-la-vivienda-en-los-casos-de-custodia-compartida2026-11-06 11:55:252026-11-06 11:55:25sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico491749Dirigida por la historiadora del arte griega Maria Stavrinaki, profesora de Historia del Arte de la Edad Contemporánea en la Universidad de Lausana, esta edición propone un recorrido por la relación entre la creación artística y la historia del arte, analizando cómo los propios artistas han contribuido a interpretar, construir y transformar los relatos sobre el pasado artístico. En el acto de inauguración, celebrado en el auditorio del Museo del Prado, participaron Javier Solana, presidente del Real Patronato del Museo; Javier Arnaldo, jefe de su Centro de Estudios; y Raimundo Fortuñy, director general de Fundación Notariado. Durante su intervención, Raimundo Fortuñy estableció un paralelismo entre el artista como historiador del arte y la función notarial, destacando el valor de los protocolos notariales como testimonio de la sociedad a lo largo del tiempo. “Los protocolos son un testigo impagable de la realidad de cada tiempo”, señaló, y subrayó que constituyen “una fuente inagotable de conocimiento que permite reconstruir la historia de personas y colectivos que con frecuencia quedan fuera de los relatos oficiales”. Fortuñy recordó también que, al igual que los artistas han contribuido a escribir la historia de su disciplina, los propios notarios han participado en la evolución de su función a través de sus escritos y tratados. En este sentido, destacó que tanto las obras artísticas como los documentos notariales constituyen un legado que permite estudiar e investigar el pasado. Asimismo, agradeció al Museo del Prado la continuidad de esta colaboración, que permite a Fundación Notariado contribuir al desarrollo cultural de la sociedad. Conferencias La conferencia inaugural, celebrada ayer jueves 5 de noviembre bajo el título El artista como historiador del arte. De la norma a lo global, se centró en la evolución de los discursos sobre el pasado artístico, desde el Renacimiento hasta la Segunda Guerra Mundial. A través de un recorrido por figuras como Giorgio Vasari, las Academias Reales, los artistas historiadores del siglo XIX y el primer modernismo, Maria Stavrinaki abordó los antecedentes de una nueva figura surgida después de 1945: la del artista como historiador del arte, que incorpora a su práctica creativa los métodos y recursos propios de la investigación histórica. La segunda conferencia, Los posthistoriadores del arte, tendrá lugar el jueves 12 de noviembre y analizará cómo artistas como Ad Reinhardt, Sherrie Levine y Louise Lawler han utilizado distintas técnicas de apropiación para desdibujar las fronteras entre el arte y su propia historia. El 19 de noviembre, en Los inventores del arte del pasado, Stavrinaki explorará las complejas relaciones de los artistas modernos con el legado artístico, a través de figuras como Asger Jorn, Frank Stella y Sigmar Polke. El ciclo concluirá el jueves 26 de noviembre con Los museógrafos, una sesión dedicada a la relación de los artistas con el museo, entendido tanto como espacio de conservación y exhibición como instrumento de conocimiento y creación artística. La conferencia recorrerá distintas prácticas artísticas, desde Lina Bo Bardi y Marcel Broodthaers hasta Andrea Fraser, Fred Wilson y Juan Muñoz. 20 alumnos becados por Fundación Notariado Además de las conferencias, la XIV Cátedra del Prado se completa con un ciclo de seminarios exclusivos para los 20 alumnos becados por Fundación Notariado, seleccionados por el Museo Nacional del Prado tras analizar el expediente académico, el perfil formativo y el interés por el curso de todos los solicitantes. Se celebrarán durante las mañanas de los viernes del mes de noviembre y los alumnos abordarán el tema que da título a la Cátedra con ejercicios prácticos de análisis historiográfico. Esta iniciativa, en la que ya han participado 160 jóvenes investigadores, les ofrece una oportunidad única de aprendizaje en un contexto de excelencia académica y de contacto directo con el Museo. Un proyecto conjunto de arte y conocimiento La Cátedra del Prado, fruto del convenio suscrito en 2019 entre el Museo Nacional del Prado y Fundación Notariado, se ha consolidado como un espacio de prestigio para la reflexión sobre la historia del arte. Desde el inicio de esta colaboración, Fundación Notariado, con la participación del Museo Nacional del Prado, ha desarrollado también proyectos culturales con una mirada social, como Acoger es un bien para todos, La vejez como experiencia humana o Los jóvenes y el arte: el atrevimiento de mirar, que han contribuido a fomentar una mirada inclusiva hacia la cultura.El Museo Nacional del Prado inauguró ayer la XV edición de su Cátedra, patrocinada por Fundación Notariado. Una cita ya consolidada en su programación cultural que este año lleva por título El artista como historiador del arte.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2756048827-1-p491749-m1533713-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/fundacion-notariado-patrocina-la-xv-catedra-del-prado-el-artista-como-historiador-del-artehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2756048827-1-p491749-m1533713-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/fundacion-notariado-patrocina-la-xv-catedra-del-prado-el-artista-como-historiador-del-artehttps://elderecho.com/fundacion-notariado-patrocina-la-xv-catedra-del-prado-el-artista-como-historiador-del-artehttps://elderecho.com/fundacion-notariado-patrocina-la-xv-catedra-del-prado-el-artista-como-historiador-del-arte2026-11-06 10:39:202026-11-06 10:39:20sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico491663El Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación presentado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la norma que regulaba la tasa de residuos del Ayuntamiento de Madrid. Dicha sentencia estimó en marzo el recurso presentado por AEDAF y declaró la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza Fiscal 8/2024, reguladora de la tasa de residuos del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, el TSJM rechazó la pretensión de la Asociación de que se prohibiera el mantenimiento de los actos firmes, al amparo del artículo 19.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. AEDAF recurrió ese pronunciamiento que establecía que la nulidad de la norma solo beneficiaría a quienes hubieran impugnado sus liquidaciones y ahora, el Tribunal Supremo ha admitido el recurso de AEDAF, ya que no constan pronunciamientos específicos sobre la motivación exigible cuando un tribunal decide no extender la nulidad a los actos firmes. Entre otras consideraciones, el Tribunal Supremo afirma que “la interpretación de ese precepto se enmarca en el debate actual entre la idea clásica de seguridad jurídica que se centra en la estabilidad de las relaciones jurídicas propugnando que las liquidaciones firmes no son revisables pese a la declaración de inconstitucionalidad de la norma de cobertura o a que sea declarada contraria al derecho de la Unión Europea o anulada la ordenanza fiscal en que se sustenta, y, una concepción más moderna que aboga por que en un Estado de Derecho no se puede exigir que el ciudadano pague tributos contrarios a la Constitución, al derecho de la Unión Europea o sustentados en ordenanzas declaradas nulas”. Según fuentes de la Asociación, “con esta actuación, AEDAF reafirma su compromiso con el interés general y con la defensa de todos los contribuyentes, para que la anulación de un tributo beneficie a quienes lo pagaron y no solo a quienes lo recurrieron”. El Tribunal ha acordado, además, su tramitación y resolución preferente. La doctrina que se fije podrá aplicarse a cualquier ordenanza fiscal que resulte anulada, en un contexto de generalización de las tasas de residuos tras la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.El Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación de AEDAF contra la sentencia del TSJ de Madrid que anuló la tasa de residuos, pero no extendió la nulidad a las liquidaciones firmes.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2514845847-1-p491663-m1533448-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ts-decidira-si-quienes-pagaron-la-tasa-de-residuos-y-no-recurrieron-tendran-derecho-a-devolucionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2514845847-1-p491663-m1533448-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-ts-decidira-si-quienes-pagaron-la-tasa-de-residuos-y-no-recurrieron-tendran-derecho-a-devolucionhttps://elderecho.com/el-ts-decidira-si-quienes-pagaron-la-tasa-de-residuos-y-no-recurrieron-tendran-derecho-a-devolucionhttps://elderecho.com/el-ts-decidira-si-quienes-pagaron-la-tasa-de-residuos-y-no-recurrieron-tendran-derecho-a-devolucion2026-11-05 14:05:282026-11-05 14:05:28administrativoAdministrativo1fiscalFiscal6sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Fiscal,Sector jurídico491667El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) ha nombrado a Susana Ferrer Delgadillo nueva presidenta de la institución. Ferrer se convierte así en la primera mujer que preside el TAB y encabeza una Junta Directiva renovada que inicia esta nueva etapa con el compromiso de continuar impulsando la actividad del Tribunal y el papel del arbitraje como mecanismo especializado de resolución de controversias. La nueva presidenta ha querido reconocer el trabajo realizado por las personas que la han precedido en el cargo y por las diferentes juntas directivas que, a lo largo de los años, han contribuido a consolidar el Tribunal y su actividad. En esta nueva etapa, el TAB quiere continuar impulsando el arbitraje y ampliar su conocimiento y utilización en el ámbito empresarial, institucional y del tercer sector, promoviendo un mecanismo de resolución de controversias ágil y eficaz, con un alto grado de especialización y con profesionales con una sólida experiencia en las materias objeto de controversia. En palabras de Susana Ferrer Delgadillo: “Asumo esta responsabilidad con un firme compromiso con la institución y con la ilusión de afrontar los retos que tenemos por delante. Queremos continuar trabajando para dar a conocer e impulsar el arbitraje como una herramienta útil, ágil y especializada para la resolución de controversias”. Una Junta Directiva renovada La nueva Junta Directiva del Tribunal Arbitral de Barcelona queda integrada por: Presidenta: Susana Ferrer Delgadillo. Vicepresidentes: Xavier Coronas Guinart y María García-Valdecasas Alguacil. Secretario: Antoni Bosch Carrera. Vocales: Joan Martínez García y Natalia Martí Picó. Miembros del TAB: Sandra Peirón García, Luz Sunyer de la Puente, Adriana Ramos Laina, Marta Martínez Gellida y Luis Ferrer Gaya. Una trayectoria vinculada al derecho público y al ámbito institucional Susana Ferrer Delgadillo es actualmente socia responsable de un despacho especializado en Derecho Público, Regulatorio y Compliance de Barcelona, desde donde asesora a entidades públicas y privadas en diferentes ámbitos del derecho público y regulatorio. Licenciada en Derecho, preparó las oposiciones al Cuerpo de Abogados del Estado entre 1998 y 2003 y es máster oficial en Estudios Jurídicos Avanzados, con especialización en Derecho Público, por la Universidad de Barcelona. Cuenta, además, con un Diploma de Especialización en Arbitraje obtenido en 2019. Su trayectoria profesional combina una amplia actividad institucional y docente. Ha sido vicedecana y miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), donde también ha asumido, entre otras responsabilidades, la dirección de la revista Món Jurídic y la presidencia de la Comisión de Objetivos de Desarrollo Sostenible. También ha sido docente en el Máster de Acceso a la Abogacía de ISDE y en el Máster de Contratación Pública Avanzada de la Universidad de Barcelona. A nivel diplomático, entre 2022 y 2026 ejerció, asimismo, como cónsul honoraria de Irlanda en Barcelona. Rigor, especialización y proximidad Las líneas de trabajo de esta nueva etapa se definirán conjuntamente con la nueva Junta Directiva. La presidenta ha señalado, sin embargo, la voluntad de que este periodo esté marcado por el rigor, la proximidad y la apertura a nuevas ideas e iniciativas. Entre los retos de esta nueva etapa estará el de ampliar el conocimiento y la utilización del arbitraje en aquellos ámbitos en los que puede ofrecer una respuesta especializada, ágil y eficaz para la resolución de controversias, tanto en el ámbito empresarial como en el institucional y el tercer sector. En este sentido, el TAB quiere mantener una relación abierta con el tejido jurídico, empresarial e institucional, escuchar propuestas y explorar nuevas vías de colaboración que contribuyan a reforzar la cultura arbitral y el papel del Tribunal Arbitral de Barcelona.La abogada y exvicedecana del Colegio de la Abogacía de Barcelona se convierte en la primera mujer que asume la presidencia del Tribunal Arbitral de Barcelona. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/TAB-Susana-Ferrer_img-scaled-p491667-m1533595-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/susana-ferrer-delgadillo-nombrada-nueva-presidenta-del-tribunal-arbitral-de-barcelona-tabhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/TAB-Susana-Ferrer_img-scaled-p491667-m1533595-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/susana-ferrer-delgadillo-nombrada-nueva-presidenta-del-tribunal-arbitral-de-barcelona-tabhttps://elderecho.com/susana-ferrer-delgadillo-nombrada-nueva-presidenta-del-tribunal-arbitral-de-barcelona-tabhttps://elderecho.com/susana-ferrer-delgadillo-nombrada-nueva-presidenta-del-tribunal-arbitral-de-barcelona-tab2026-11-05 13:55:062026-11-05 13:55:06sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico491665Bajo el lema “The Next Move”, se debatió y analizó cómo usar la inteligencia artificial para reforzar el criterio legal, qué nuevas capacidades profesionales necesitan los abogados y cómo cambia la forma de prestar el asesoramiento jurídico. El secretario del Consejo de Administración y Director General de Asuntos Legales de Repsol, Pablo Blanco, ha destacado la vocación de InnMinds de contribuir a la transformación del sector desde el intercambio de conocimiento y experiencias, y ha subrayado la importancia de compartir las nuevas iniciativas y tendencias con el conjunto de la profesión. A su juicio, la inteligencia artificial está cambiando no solo las herramientas con las que cuenta el abogado, sino también su perfil profesional. Además, ha anticipado que la combinación de conocimiento jurídico y capacidades tecnológicas dejarán de ser un rasgo diferencial para formar parte del ejercicio habitual de la profesión. En su opinión, los próximos avances para el sector estarán en los sistemas de IA agéntica y en la conexión de información y análisis. Esa evolución, ha explicado, requiere formación, pero también espacios para experimentar y compartir soluciones. La responsable de New Law Digital de Repsol, María Pedrosa, ha profundizado en el nuevo perfil profesional del abogado, donde cobra cada vez más importancia la figura del legal engineer, que combina conocimiento jurídico y capacidades tecnológicas para rediseñar cómo se presta el asesoramiento jurídico. En esta concepción, el abogado no se limita a utilizar herramientas de IA, sino que participa en el diseño de sistemas, la automatización de procesos y la construcción de soluciones que incorporan su conocimiento profesional. Por su parte, el profesor y director del programa de inteligencia artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, Tim Duncan, ha abordado cómo integrar la IA en la práctica jurídica para reforzar el razonamiento y el criterio profesional. “No solo les enseño a pensar, sino a pensar en cómo piensan”, ha explicado al describir su enfoque formativo, que invita a los abogados a analizar cómo llegan a sus conclusiones y a cuestionar las respuestas de la tecnología antes de aceptarlas. Duncan ha advertido del riesgo de delegar en la IA no solo tareas, sino también capacidades esenciales para el ejercicio de la profesión. “La cuestión es encontrar un equilibrio entre cuánto utilizar la IA para que nos sea útil, pero no perder nuestras capacidades”, ha señalado. Para ello, ha defendido un aprendizaje práctico que permita comprender las limitaciones de estas herramientas, contrastar sus resultados y mantener el control sobre las decisiones jurídicas. También han participado en el evento distintos profesionales del equipo jurídico de Repsol que han mostrado casos prácticos con IA , así como Idoya Fernandez, socia y directora del Área de Conocimiento e Innovación de Cuatrecasas, que ha explicado la importancia del conocimiento jurídico y su organización antes de la IA, y Paul Handal, socio responsable del área de Legaltech en EMEA de Deloitte Legal, que compartió sus ideas sobre cómo la IA agéntica será parte indiscutible en el futuro de la profesión. A ellos se sumó Teresa Hutson, vicepresidenta corporativa y General Counsel de Tecnología y Servicios de Microsoft, que mantuvo un diálogo con Pablo Blanco sobre los cambios que exige en la cultura, la formación y la forma de aportar valor de los abogados.El equipo jurídico de Repsol celebró ayer en su sede en Madrid la tercera edición de InnMinds, un encuentro sobre innovación y tecnología que reúne al sector legal para compartir experiencias y explorar cómo la inteligencia artificial está transformando la práctica legal.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/RepsolInnMinds_fotodefamilia-p491665-m1533484-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/repsol-impulsa-el-debate-sobre-la-ia-y-los-nuevos-perfiles-profesionales-en-el-sector-juridico-en-la-tercera-edicion-de-innmindshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/RepsolInnMinds_fotodefamilia-p491665-m1533484-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/repsol-impulsa-el-debate-sobre-la-ia-y-los-nuevos-perfiles-profesionales-en-el-sector-juridico-en-la-tercera-edicion-de-innmindshttps://elderecho.com/repsol-impulsa-el-debate-sobre-la-ia-y-los-nuevos-perfiles-profesionales-en-el-sector-juridico-en-la-tercera-edicion-de-innmindshttps://elderecho.com/repsol-impulsa-el-debate-sobre-la-ia-y-los-nuevos-perfiles-profesionales-en-el-sector-juridico-en-la-tercera-edicion-de-innminds2026-11-05 13:00:152026-11-05 13:00:15derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico491666El acceso a una justicia especializada en asuntos de familia sigue dependiendo del lugar de residencia, mientras las exigencias formales de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) están dificultando, en determinados casos, la presentación de demandas judiciales. Así lo ha advertido este jueves el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) durante la inauguración de su II Congreso de Familia y Sucesiones, que ha reunido a representantes de la judicatura, la abogacía y otras disciplinas para examinar los problemas pendientes del sistema y la evolución de los criterios judiciales en materias que afectan directamente a las familias. Desigualdades territoriales y obstáculos de acceso a la justicia Durante la apertura del Congreso, la vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, ha reivindicado nuevamente que la especialización judicial en familia, infancia y capacidad se extienda a todo el territorio nacional para evitar las diferencias que actualmente existen entre quienes pueden acudir a órganos especializados y quienes deben plantear sus asuntos ante tribunales con competencias en distintas materias. La previsión de creación de secciones de Familia, infancia y capacidad en los nuevos tribunales de instancia ha reconocido la reivindicación de la abogacía de familia pero al no estar implantado en todo el territorio nacional, "Sigue habiendo ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, según dónde vivan", ha advertido, al defender una organización judicial que garantice una atención especializada a todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia. Asimismo, ha reiterado la reivindicación de un código de familia específico para el territorio de Derecho común. Winkels también ha alertado de que la obligación de acreditar documentalmente los intentos de negociación previa está provocando inadmisiones de demandas, por defectos formales, incluso en situaciones familiares especialmente delicadas, porque no siempre los tribunales admiten solicitudes de 158 del código civil. En este sentido, ha reiterado la voluntad del Colegio de seguir reclamando la supresión de este requisito en materia de familia, y muy especialmente en los procedimientos internacionales, por constituir un obstáculo para el acceso a la justicia. La vicedecana ha recordado que la negociación ya forma parte de la práctica habitual de la abogacía de familia y ha cuestionado que las dificultades para justificar formalmente esos intentos puedan impedir el examen judicial del fondo de los conflictos. En relación con esta reivindicación, Winkels ha lamentado que la disolución de las Cortes haya interrumpido la tramitación de una reforma legislativa destinada a modificar la obligatoriedad de los MASC en los procesos de familia. "La convocatoria electoral ha frustrado una opción que teníamos al alcance de las manos", ha señalado, tras recordar los avances conseguidos para recabar apoyos parlamentarios a esta modificación. La proposición de ley presentada por el PNV había superado el trámite de toma en consideración el pasado 22 de septiembre, con 340 votos a favor y siete en contra. El Supremo insiste en adaptar las decisiones judiciales a la realidad de cada familia Tras las intervenciones institucionales, la primera mesa del Congreso ha puesto el foco en los criterios con los que los tribunales resuelven los conflictos familiares. El magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo José Luis Seoane Spiegelberg, con el abogado especialista Jose Luis Cembrano, ha examinado algunas de las resoluciones más relevantes del último año, con especial atención a la protección de menores, las relaciones familiares y las consecuencias patrimoniales de las rupturas. "Las relaciones familiares no son estáticas, sino que son dinámicas", ha señalado el magistrado, al defender la flexibilidad procesal necesaria para que los tribunales puedan valorar cambios relevantes producidos durante la tramitación de un procedimiento. A propósito de la sentencia 222/2026, de 12 de febrero, ha explicado que una modificación sobrevenida de la custodia de los hijos no puede quedar al margen de la decisión judicial por el mero hecho de haberse producido después de la demanda. Los órganos judiciales deben tener en cuenta las nuevas circunstancias que afectan al bienestar de los menores y evitar que las limitaciones procesales conduzcan a resoluciones desconectadas de su situación real. Este criterio de protección individualizada ha estado también presente en el análisis de la sentencia 216/2026, relativa al régimen de visitas entre un progenitor y su hija en un contexto de violencia familiar. Seoane ha subrayado que el interés superior del menor exige una motivación judicial reforzada y una ponderación de las circunstancias particulares de cada caso. En este sentido, ha advertido de que los órganos judiciales no pueden delegar en los profesionales de los puntos de encuentro familiar la decisión sobre cómo debe evolucionar el régimen de visitas. "El punto de encuentro puede informar al juez pero es el juez el que tiene que decidir", ha afirmado, insistiendo en que estas decisiones corresponden a los tribunales, aunque puedan apoyarse en evaluaciones e informes técnicos. La protección de los vínculos familiares también ha ocupado una parte destacada de su intervención. El magistrado ha analizado la sentencia 589/2026, de 16 de abril, de la que fue ponente, que reconoce la legitimación de dos tías abuelas para recurrir una medida administrativa de protección de una menor que contemplaba su acogimiento con fines adoptivos. La resolución considera que los familiares que acreditan un interés legítimo en asumir su cuidado deben poder intervenir en el procedimiento, sin que ello suponga reconocerles automáticamente el derecho a obtener la guarda o la adopción. "Luego, si es idónea o no, ya se verá en el expediente. Pero, por de pronto, vamos a admitir la legitimación", ha explicado Seoane, quien ha destacado la importancia de que los tribunales puedan examinar las alternativas que ofrece la familia extensa antes de adoptar decisiones que afecten de forma decisiva a los vínculos familiares de los menores. En este mismo ámbito de protección de la infancia, el magistrado ha abordado la responsabilidad civil de los centros de reproducción asistida a propósito de la sentencia 671/2026, de 5 de mayo, dictada por el Pleno de la Sala Primera. La resolución confirma la responsabilidad de una clínica por los daños sufridos por un menor nacido con una grave enfermedad genética, en un caso en el que se habían incumplido obligaciones de control relacionadas con los gametos utilizados. Seoane ha destacado el carácter novedoso del pronunciamiento, que aborda las consecuencias jurídicas de estas omisiones cuando el daño se manifiesta en una persona nacida mediante técnicas de reproducción asistida. Vivienda familiar, herencias y límites a la desheredación La primera mesa también ha permitido examinar las consecuencias patrimoniales de las rupturas familiares y los criterios que está aplicando el Tribunal Supremo para resolver controversias sobre la titularidad de bienes, la liquidación de gananciales y los derechos hereditarios. Uno de los asuntos tratados ha sido la calificación de la vivienda familiar adquirida antes del matrimonio. Seoane ha explicado que, conforme a la sentencia 377/2026, de 10 de marzo, las cantidades abonadas con dinero ganancial para amortizar un préstamo personal utilizado en la adquisición de la vivienda pueden generar una participación de la sociedad de gananciales en su propiedad, y no únicamente un derecho de reembolso. El criterio extiende a esta modalidad de financiación el tratamiento aplicado a los préstamos hipotecarios, siempre que concurran las circunstancias exigidas legalmente. En materia sucesoria, el magistrado ha prestado especial atención a las desheredaciones motivadas por la ruptura de las relaciones entre padres e hijos. A propósito de dos sentencias dictadas el pasado 7 de abril, ha explicado que el maltrato psicológico puede constituir una causa legítima de desheredación, pero que la falta de contacto familiar no permite, por sí sola, justificar la privación de los derechos hereditarios. Resulta necesario determinar las circunstancias que provocaron el distanciamiento, y valorar siempre a quien es imputable. "Lo que no tiene sentido es que sea causa legítima la desheredación de un hijo cuando fue el padre el que provocó el distanciamiento entre el hijo y él", ha señalado Seoane, al advertir de que el progenitor no puede invocar en perjuicio de sus descendientes una ruptura afectiva causada por su propio comportamiento. El magistrado ha insistido así en la necesidad de examinar la responsabilidad de cada parte en el deterioro de las relaciones familiares, especialmente cuando el alejamiento tiene su origen en situaciones de abandono durante la infancia. La mesa también ha abordado las garantías y responsabilidades de los profesionales que intervienen en los procedimientos de partición de herencias. En relación con la sentencia 610/2026, de 20 de abril, de la que fue ponente, Seoane ha aclarado que los honorarios de los contadores partidores judiciales, cuando corresponden a actuaciones realizadas en interés común de los herederos, deben distribuirse en proporción a sus respectivas participaciones hereditarias. Asimismo, ha destacado la importancia de que estos profesionales cuenten con conocimientos especializados y ha recordado las consecuencias que pueden derivarse de una actuación técnicamente defectuosa. La inteligencia artificial, entre los temas del Congreso Por su parte, la presidenta de la Sección de Familia y Sucesiones del ICAM, Paloma Zabalgo, ha presentado los principales contenidos de esta segunda edición del Congreso, destacando la diversidad de cuestiones que afectan al ejercicio del Derecho de Familia y Sucesiones. Entre ellas, se ha referido a la aplicación de la inteligencia artificial, una herramienta cuyo potencial considera especialmente relevante para una especialidad en la que abundan los pequeños despachos y los profesionales que ejercen individualmente. En este sentido, Zabalgo ha señalado que las posibilidades de la IA van más allá del análisis de jurisprudencia o la elaboración de escritos y pueden contribuir también a mejorar la organización y la rentabilidad de los despachos. Se trata, ha explicado, de una de las asignaturas pendientes de la abogacía de familia, cuya elevada dedicación a los clientes y a sus circunstancias personales dificulta en ocasiones una gestión eficiente del tiempo y de los recursos profesionales. Precisamente para explorar estas aplicaciones, el programa incluye esta tarde dos talleres prácticos dedicados al uso de la inteligencia artificial tanto en el trabajo jurídico como en la gestión de los despachos. El II Congreso de Familia y Sucesiones del ICAM continuará durante la mañana y tarde del jueves y la jornada del viernes con sesiones dedicadas, entre otras cuestiones, al uso de la vivienda familiar, la planificación sucesoria, los poderes preventivos, la dimensión internacional de los litigios y la prueba psicológica en los procedimientos de familia. El encuentro concluirá mañana con una ponencia de Rocío Nieto Centeno, magistrada del Tribunal de Instancia de Madrid, sobre la representación del Derecho de Familia y Sucesiones en el cine y la televisión.En la inauguración del II Congreso de Familia y Sucesiones, la vicedecana Isabel Winkels advierte de la persistencia de las desigualdades territoriales en el acceso a tribunales especializados y alerta de que los requisitos formales de los MASC provocan inadmisiones de demandas en situaciones familiares graves.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Isabel-Winkels-en-la-apertura-del-II-Congreso-de-Familia-y-Sucesiones-del-ICAM-scaled-p491666-m1533502-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/icam-alerta-nuevamente-de-una-justicia-de-familia-a-dos-velocidades-y-reclama-eliminar-las-trabas-de-los-maschttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Isabel-Winkels-en-la-apertura-del-II-Congreso-de-Familia-y-Sucesiones-del-ICAM-scaled-p491666-m1533502-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/icam-alerta-nuevamente-de-una-justicia-de-familia-a-dos-velocidades-y-reclama-eliminar-las-trabas-de-los-maschttps://elderecho.com/icam-alerta-nuevamente-de-una-justicia-de-familia-a-dos-velocidades-y-reclama-eliminar-las-trabas-de-los-maschttps://elderecho.com/icam-alerta-nuevamente-de-una-justicia-de-familia-a-dos-velocidades-y-reclama-eliminar-las-trabas-de-los-masc2026-11-05 12:45:192026-11-05 12:45:19sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico491664La compañía se ha fijado como objetivo mantener este diferencial de crecimiento durante los próximos cinco años y, para acompañar este plan, ha incorporado a Ana Espárrago y David Devesa a su Consejo Asesor, un órgano de carácter consultivo que no participa en la gestión. El refuerzo del Consejo Asesor responde a esta hoja de ruta: analizar estrategias diferenciales, identificar nichos de valoración con recorrido y acompañar el desarrollo de las líneas de negocio del grupo más allá de la tasación —consultoría, data y la actividad en Portugal—. Con la incorporación de Espárrago y Devesa, Grupo Valmesa suma dos perfiles complementarios, con experiencia en estrategia empresarial, transformación, expansión, M A, gobierno corporativo y desarrollo de negocio. El Consejo Asesor no participa en la gestión de Valmesa. Sus miembros se incorporan a título personal y su función es aportar experiencia, perspectiva y una visión externa que contribuya a la dirección en la toma de decisiones estratégicas. “Crecer por encima del sector durante cinco años más no se consigue haciendo lo mismo un poco mejor. Con Ana y David buscábamos sumar experiencia y criterio, pero también contar con personas que aporten una visión distinta, que cuestionen cuando haga falta y nos ayuden a identificar oportunidades más allá del día a día”, señala Fernando Reverte, CEO de Grupo Valmesa. Ana Espárrago, experiencia en estrategia y transformación empresarial Ana Espárrago cuenta con más de 15 años de experiencia liderando procesos de expansión, operaciones corporativas y proyectos de transformación empresarial. Licenciada en ADE y Derecho por ICADE y MBA por IESE, ha desarrollado su trayectoria profesional entre España y Estados Unidos, trabajando en firmas como PwC y BDO y liderando proyectos de estrategia, desarrollo corporativo y diversificación empresarial. “Me apetecía formar parte de esta nueva etapa, aportando mi experiencia y una visión estratégica desde fuera de la organización. Lo hago con muchas ganas de contribuir a un proyecto que está viviendo un momento de crecimiento y transformación, y espero aportar mi pequeño grano de arena para que Valmesa se convierta en un referente en el panorama nacional. Asimismo, me hace especial ilusión apoyar a una empresa de origen familiar que ha sabido mantener ese ADN, apostando por la innovación y la amplitud de miras sin perder la cercanía y la confianza que caracteriza a este tipo de compañías”, señala Ana Espárrago. David Devesa, experiencia empresarial y gobierno corporativo David Devesa es abogado, empresario y consejero, con experiencia en compañías cotizadas y no cotizadas. Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante y Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por IE, completó su formación en IESE con el Programa de Dirección de Family Office y en IE con el Programa de Consejero. Tras ejercer como abogado especializado en Derecho mercantil y M A en PwC, fundó en 2007 Devesa, firma legal especializada en derecho de los negocios para empresas del middle market en España, con oficinas en Madrid, Alicante y Valencia. A lo largo de su trayectoria, ha formado parte de consejos de compañías cotizadas y no cotizadas de carácter familiar en sectores como fintech, inmobiliario, hotelero, construcción y alimentación. “Doy este paso con la voluntad de contribuir desde mi experiencia como empresario, abogado y consejero, especialmente en ámbitos como la estrategia, el crecimiento y el gobierno corporativo”, afirma David Devesa. Un plan a cinco años El objetivo que se ha marcado la compañía es mantener hasta 2031 el diferencial de crecimiento sobre el sector alcanzado en el último quinquenio, apoyándose en la ampliación de sus líneas de actividad, el desarrollo del negocio en Portugal y la incorporación de tecnología a los procesos de valoración. La incorporación de Espárrago y Devesa busca acompañar este proceso, aportando experiencia externa en expansión, desarrollo corporativo, M A, gobierno corporativo y generación de nuevas oportunidades de negocio.Grupo Valmesa cerró 2025 con una facturación de 14,9 millones de euros y 56.379 informes de valoración, tras registrar un crecimiento acumulado del 41% desde 2020, frente al 26% del conjunto del sector de la tasación regulada en el mismo periodo, según los datos que la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV) recopila cada año a partir de las cuentas anuales depositadas por la totalidad del sector.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Valmesa-NdeP-septiembre-1-p491664-m1533466-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/grupo-valmesa-crece-un-58-mas-rapido-que-el-sector-y-se-marca-repetirlo-hasta-2031https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Valmesa-NdeP-septiembre-1-p491664-m1533466-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/grupo-valmesa-crece-un-58-mas-rapido-que-el-sector-y-se-marca-repetirlo-hasta-2031https://elderecho.com/grupo-valmesa-crece-un-58-mas-rapido-que-el-sector-y-se-marca-repetirlo-hasta-2031https://elderecho.com/grupo-valmesa-crece-un-58-mas-rapido-que-el-sector-y-se-marca-repetirlo-hasta-20312026-11-05 10:38:192026-11-05 10:38:19sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico491571El tribunal declara el derecho de sus trabajadores y trabajadoras a justificar el permiso retribuido por consulta médica con un certificado de un profesional de la medicina, tanto si pertenece al Servicio Canario de la Salud como si ejerce en el sector privado. La resolución es de 22 de octubre de 2026, su ponente es la magistrada Gloria Poyatos Matas y afecta a unas 500 personas que trabajan para la compañía en las Islas. El litigio se centraba en el artículo 53.13 del IV Convenio colectivo de la empresa, publicado en el BOC el 2 de abril de 2025, que regula el permiso para acudir al médico. Según ese artículo, el trabajador debe preavisar “con la máxima antelación posible” y aportar un justificante “en el que conste la fecha de expedición del justificante, la hora de inicio y de fin de la consulta médica”. El permiso dura “dos horas, o el tiempo efectivo que certifique el facultativo”. La empresa sostenía que el permiso solo cubría las consultas del sistema público de salud, porque si se admitiera la medicina privada “podría usarse abusivamente”. Los sindicatos CCOO y UGT, que también figuraban como demandados, se allanaron a la petición del sindicato demandante. Antes de entrar en el fondo, la Sala rechazó la excepción de falta de interés actual que planteó la compañía. La empresa alegaba que el único conflicto previo era una sentencia de un juzgado de lo social de Santa Cruz de Tenerife de 2013, que la condenó a pagar 47,99 euros a un trabajador. Le había descontado el tiempo de ausencia porque justificó la consulta con un médico privado. El tribunal señala que ese derecho no solo se negó entonces, sino que “es también negado por iguales razones en el momento actual”, como muestra la propia contestación de la empresa a la demanda. Por eso aprecia “un interés real, directo y actual” de la plantilla. Público o privado En cuanto al fondo, la sentencia interpreta el artículo con varios criterios. Según su texto literal, el convenio habla de “justificante médico”, “médico” o “facultativo”. Estos términos, “sin perjuicio del reproche que pueda hacerse por la ausencia del lenguaje inclusivo”, no exigen “de manera expresa que sea del sistema público de asistencia sanitaria”. Tras consultar el Diccionario de la Real Academia Española, la Sala concluye que “ningún condicionante expreso se preceptúa en su regulación literal”. En términos literales, por tanto, quedaría incluida “cualquier persona facultativa de la medicina sea del sector público o del sector privado”. Desde el punto de vista finalista, el tribunal subraya que quienes negociaron el convenio quisieron regular un permiso retribuido para que la plantilla pueda acudir a consulta por razones de salud. Se trata de un derecho protegido en el artículo 43 de la Constitución. A su juicio, “el hecho de no prestar servicios en el sistema público de salud no incide en las capacidades profesionales de la persona facultativa”, que puede igualmente “atender, diagnosticar, prescribir medicación o, en su caso tratamiento”. Por ello concluye que la finalidad del permiso “queda igualmente colmada con persona facultativa pública o privada. No hay diferencia práctica”. La sentencia incorpora además de forma expresa la perspectiva de género como criterio de interpretación. Con datos de la Encuesta de Salud de España 2023, del INE y el Ministerio de Sanidad, la Sala constata que las mujeres acuden a la consulta médica más que los hombres. En el periodo analizado lo hizo el 31,3% de ellas, frente al 23,6 % de ellos. En la franja de 35 a 44 años, la diferencia sube hasta los 10 puntos. Las trabajadoras soportan además una brecha salarial del 16,07% en 2024, según el INE. Ante ese “mayor impacto” sobre la población femenina trabajadora, el tribunal afirma que debe “extremar las cautelas interpretativas integrando la perspectiva de género”. El mandato de la perspectiva de género La resolución recuerda que esta perspectiva “no es una opción para quien juzga, sino un mandato legal imperativo”, tal como confirma la doctrina del Tribunal Constitucional. Añade que es “una obligada metodología de resolución” en los conflictos que involucran relaciones asimétricas o patrones estereotípicos de género, “aun cuando las partes no lo soliciten expresamente”. La Sala basa este mandato en varias normas: la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Según el tribunal, esta perspectiva conduce “necesariamente a una interpretación flexible y pro persona”, que admita cualquier justificante médico, público o privado. Si no fuera así, “se incidiría nocivamente en el derecho al disfrute de este permiso de forma retribuida, con el eventual incremento, en su caso, de la brecha salarial que afecta a las trabajadoras”. Lenguaje claro Otra particularidad de la sentencia es que uno de sus fundamentos jurídicos está dedicado a resumirla en lenguaje claro. La Sala lo hace en aplicación de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, y “dado el impacto social de esta resolución”. En ese apartado, escrito “con lenguaje sencillo y comprensible”, explica directamente a las personas afectadas que “la sentencia reconoce que el permiso retribuido para acudir a consulta médica puede justificarse tanto con un certificado de la sanidad pública como de la privada”. Aclara también que una persona facultativa “es cualquier persona legalmente autorizada para ejercer la medicina”. Por eso, “sea público o privado tiene la misma capacidad profesional para atender, diagnosticar o prescribir un tratamiento”. El resumen recoge igualmente la dimensión de género del caso. Recuerda que las mujeres van a consultas médicas con más frecuencia que los hombres, “por lo que una interpretación restrictiva podría afectarles en mayor medida ensanchando la brecha salarial entre hombres y mujeres”. Concluye que “la empresa debe aceptar, sin distinción, los justificantes de consulta médica expedidos por profesionales de la sanidad pública o privada”.La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) con sede en Las Palmas de Gran Canaria ha estimado la demanda de conflicto colectivo que presentó la Coordinadora Estatal del Sector de Handling y Aéreo (CESHA) contra la empresa Atlántica de Handling SLU.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2755910713-1-p491571-m1533222-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-canarias-reconoce-que-el-permiso-retribuido-para-ir-al-medico-puede-justificarse-con-un-certificado-privadohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2755910713-1-p491571-m1533222-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-canarias-reconoce-que-el-permiso-retribuido-para-ir-al-medico-puede-justificarse-con-un-certificado-privadohttps://elderecho.com/el-tsj-de-canarias-reconoce-que-el-permiso-retribuido-para-ir-al-medico-puede-justificarse-con-un-certificado-privadohttps://elderecho.com/el-tsj-de-canarias-reconoce-que-el-permiso-retribuido-para-ir-al-medico-puede-justificarse-con-un-certificado-privado2026-11-05 08:26:342026-11-05 08:26:34sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social