https://elderecho.com/feedes489498La ha desarrollado a medida el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes contando con las máximas garantías de seguridad: se basa en sistemas operativos libres propiedad del Estado y está alojada en sus servidores, en entornos aislados dentro de sus propios centros de procesamiento de datos. La nueva herramienta, diseñada y entrenada con la colaboración del gabinete técnico del Supremo, analiza automáticamente los recursos y la documentación presentada y extrae la información más relevante. En segundos, identifica los datos clave (partes implicadas, la materia sobre la que trata el procedimiento, la normativa citada o argumentos jurídicos), y organiza toda la información de forma estructurada para que pueda consultarse de manera rápida y sencilla. También puede asignar grupos de asuntos a distintos equipos de trabajo, conocer el estado de revisión de cada uno de ellos y acceder directamente al expediente electrónico correspondiente, evitando búsquedas manuales y mejorando la coordinación entre profesionales. De esta forma, magistrados y letrados podrán centrarse en el análisis jurídico de los asuntos, gestionar de forma conjunta aquellos que presentan características similares y reducir el tiempo dedicado a tramitar cada recurso. No obstante, en ningún caso la herramienta sustituirá el criterio jurídico de magistrados o letrados. La IA no decide, no resuelve ni propone sentencias, solo organiza la información y automatiza tareas repetitivas. Para facilitar el uso de la IA, el Ministerio ha ofrecido diversas sesiones de formación en el Supremo. Las últimas, el pasado mes de julio, se centraron en la creación de prompts (instrucciones para la IA) y reunieron a más de un centenar de usuarios del Alto Tribunal. Nuevas herramientas para una Justicia más eficiente La nueva herramienta facilitará una gestión más eficiente de los miles de recursos que llegan cada año a la Sala Primera del Alto Tribunal, dedicada a la jurisdicción civil. Solo en el primer semestre de este año, esta Sala ha registrado 7.279 nuevos asuntos. De ellos, 6.881 eran recursos de casación (solicitan la revisión de una resolución judicial porque se considera que se ha aplicado incorrectamente el Derecho) y muchos de ellos compartían características similares. El Ministerio también ha impulsado otras herramientas para descongestionar los tribunales, en especial la jurisdicción civil. Entre ellos, la obligatoriedad de buscar un acuerdo antes de iniciar un proceso judicial civil o mercantil, o el pleito testigo y la extensión de efectos, que permiten resolver de forma rápida y uniforme miles de procedimientos que plantean la misma cuestión jurídica. La digitalización, motor de la mayor transformación de la Justicia en décadas El Supremo ya cuenta con otras soluciones tecnológicas desarrolladas por el Ministerio y que permiten textualizar grabaciones en tiempo real, anonimizar documentos, resumir información y traducirla a un lenguaje sencillo, etc. También opera con un sistema de gestión procesal digital, visores de expedientes, sistemas de firma electrónica que permiten firmar providencias y autos desde el móvil, etc.A partir de este jueves, los equipos jurídicos de la Sala Primera del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) cuentan con una herramienta de inteligencia artificial que agilizará la tramitación de miles de recursos. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2728099113-1-p489498-m1526835-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/justicia-crea-una-herramienta-de-ia-para-el-supremo-que-agilizara-la-gestion-de-miles-de-recursoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2728099113-1-p489498-m1526835-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/justicia-crea-una-herramienta-de-ia-para-el-supremo-que-agilizara-la-gestion-de-miles-de-recursoshttps://elderecho.com/justicia-crea-una-herramienta-de-ia-para-el-supremo-que-agilizara-la-gestion-de-miles-de-recursoshttps://elderecho.com/justicia-crea-una-herramienta-de-ia-para-el-supremo-que-agilizara-la-gestion-de-miles-de-recursos2026-10-01 14:44:532026-10-01 14:44:53sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489497Ambos socios proceden de Uría Menéndez, donde coincidieron durante años asesorando en materia societaria y en operaciones corporativas, así como en procesos de refinanciación y reestructuración de deuda. Esa doble experiencia define el perímetro del nuevo despacho. Desde una estructura de boutique, el despacho combina una elevada especialización técnica con una relación cercana con el cliente y una implicación directa en cada asunto. Rafael Sebastián centra su práctica profesional en operaciones de M A, Derecho societario y Derecho bancario. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento a empresas en situación de dificultad financiera, y ha intervenido en procedimientos de insolvencia y procesos de reestructuración de gran complejidad. Vinculado a Uría Menéndez durante gran parte de su carrera profesional, se incorporó a la firma en 1990 y llegó a ser socio responsable del área mercantil. Desempeñó además la dirección de las oficinas de Nueva York, Barcelona y Madrid. Con anterioridad, ocupó los cargos de director de la Asesoría Jurídica, secretario general y secretario del Consejo de Administración de Citibank España. A lo largo de su carrera ha asesorado en operaciones de M A, reestructuraciones societarias y procedimientos de insolvencia que han involucrado a compañías españolas e internacionales. Su experiencia ha sido reconocida por directorios de referencia como Chambers Global, Who's Who Legal e IFLR1000. “Noguera Sebastián nace de una forma compartida de entender la abogacía: exigencia técnica, implicación directa del socio en cada asunto y una relación de confianza que permita comprender las necesidades de nuestros clientes y de sus negocios para ayudarles en la toma de decisiones”, señala Rafael Sebastián. Por su parte, María Noguera centra su práctica en operaciones de compraventa de empresas, financiación y reestructuración empresarial, con especial presencia en el sector inmobiliario, donde asesora en operaciones sobre activos, sociedades patrimoniales y vehículos de inversión. Completa su práctica con el asesoramiento recurrente en materia de Derecho societario y gobierno corporativo. Antes de fundar Noguera Sebastián, desarrolló su carrera profesional en Uría Menéndez, donde asesoró a empresas nacionales e internacionales en materia societaria y de gobierno corporativo, así como en procesos de reestructuración de deuda y reestructuraciones societarias. “Detrás de una compraventa de empresa, de una operación inmobiliaria o de una reestructuración hay siempre un proyecto empresarial o patrimonial. La estructura de boutique nos permite involucrarnos personalmente en cada operación y dar una respuesta ágil sin perder de vista ese contexto”, explica María Noguera.María Noguera y Rafael Sebastián fundan Noguera Sebastián, un despacho independiente con sede en Madrid especializado en Derecho de los negocios: mercantil y societario —con foco en M A y gobierno corporativo—, inmobiliario y financiero.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Noguera-Sebastian-p489497-m1526814-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/rafael-sebastian-y-maria-noguera-lanzan-noguera-sebastian-despacho-especializado-en-ma-financiacion-y-reestructuracioneshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Noguera-Sebastian-p489497-m1526814-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/rafael-sebastian-y-maria-noguera-lanzan-noguera-sebastian-despacho-especializado-en-ma-financiacion-y-reestructuracioneshttps://elderecho.com/rafael-sebastian-y-maria-noguera-lanzan-noguera-sebastian-despacho-especializado-en-ma-financiacion-y-reestructuracioneshttps://elderecho.com/rafael-sebastian-y-maria-noguera-lanzan-noguera-sebastian-despacho-especializado-en-ma-financiacion-y-reestructuraciones2026-10-01 12:15:342026-10-01 12:15:34sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489496El programa comienza hoy con el primero de sus dos bootcamps, que se celebra en Barcelona. De las 121 candidaturas, el comité de evaluación formado por más de 75 profesionales de Cuatrecasas y 18 de otras corporaciones, ha elegido a las siete startups —seis españolas y una portuguesa— que recibirán asesoramiento de abogados de la Firma especializados en las respectivas áreas vinculadas a cada proyecto. En esta nueva edición, las iniciativas que han sido seleccionadas pertenecen a los sectores de deeptech, energy, fintech y health. En las startups participantes, el comité de evaluación ha valorado criterios como el grado de innovación y diferenciación, su solidez y potencial de crecimiento, la viabilidad de su modelo de negocio, la capacidad de cada proyecto para generar valor, la composición del equipo promotor y su encaje en el programa de aceleración. Este año se ha registrado un 15 % más de inscripciones que en la edición anterior. Además, el 17 % de las startups presentadas procedían de Portugal, cifra que evidencia la proyección internacional que ha alcanzado la convocatoria de Cuatrecasas Acelera tras más de una década de trayectoria. El comité de evaluación ha contado este año con la valoración de destacados abogados de la Firma como Alejandro Auset, Vasco Bivar de Azevedo, Gemma Colomer, Idoya Fernández, Juan Carlos Hernanz, Félix Plasencia, Sónia Queiróz Vaz, Miguel Sánchez Monjo y Joana Silveira Botelho. También ha incorporado la visión de reconocidos expertos externos, entre ellos: Laurent Arens van de Perre, Investment Director de BStartup Banco Sabadell; Jordi Bort, director general de Llopart Cava; Ester Cardús, sexta generación de Llopart Cava; Grisha Domakowski, Director of Commercialization and Communication de Parc Científic de Barcelona; Albert Ferré, CEO de Global LegalTech Hub; Daniel Franco, Business Innovation Manager de Airbus Defence and Space; Nuria Manils, mánager de Barcelona Finance Hub by Aticco; Mireia Mir, directora general de INDPULS; Arantxa Quintana, directora de Innovación en Open Business de Unicaja; Carlos Solana, Innovation Technology Transfer Director de Grupo Mediapro; y Jana Vives Ribera, Chief Marketing Innovation Officer de Vallformosa. «Las startups innovadoras se enfrentan cada vez más a desafíos regulatorios, societarios y de negocio que pueden condicionar su crecimiento. Nuestro objetivo con Cuatrecasas Acelera es ayudarles a anticipar esos retos desde una perspectiva estratégica, poniendo a su disposición el conocimiento jurídico y sectorial de nuestros profesionales para que puedan crecer con mayor seguridad y confianza», ha señalado Francesc Muñoz, CIO de Cuatrecasas. Durante los próximos cinco meses, las startups seleccionadas participarán en un programa de asesoramiento personalizado que combinará acompañamiento jurídico individualizado y dos bootcamps presenciales: el primero, que se celebra hoy en Barcelona, y el segundo, previsto para el 1 de diciembre en Madrid. Cada proyecto contará con el apoyo de mentores legales de Cuatrecasas, que abordarán sus necesidades corporativas específicas y los retos regulatorios vinculados a su tecnología para reforzar el desarrollo y crecimiento de sus modelos de negocio. En esta edición, los mentores serán Alejandro Auset, Gemma Colomer, Íñigo Egea, Juan Carlos Hernanz, Sónia Queiróz Vaz, Cristina Romariz, Juan Antonio Ruiz y Miguel Sánchez Monjo. Asimismo, los proyectos podrán conectar con destacados actores del ecosistema, como corporaciones y fondos de inversión, para ampliar su red de relaciones institucionales y estratégicas. El programa también contará con la colaboración de profesionales externos de referencia que, procedentes del ámbito de la innovación y de sectores estratégicos complementarios, aportarán una visión práctica sobre los principales retos jurídicos asociados a sus modelos empresariales. Startups seleccionadas AGRIN’PULSE (Energy - España): desarrolla AG-X, un robot agrícola eléctrico y autónomo diseñado para cultivos de alto valor, como frutales, viñedos, olivos y frutos secos. La solución permite automatizar tareas agrícolas habituales mediante aperos convencionales y combina robótica, percepción, navegación autónoma e IA para reducir la dependencia de mano de obra, los costes operativos y el impacto ambiental de las explotaciones. AUTHENTIC TEAMZ (Deeptech - Portugal): ayuda a las empresas a entender cómo trabajan juntas las personas. Mediante evaluaciones psicométricas validadas e IA, muestra el estilo de trabajo de cada persona, los roles que asume y el grado de compatibilidad entre compañeros. A continuación, detecta puntos de fricción, riesgos de agotamiento y de rotación en los equipos y propone acciones prácticas para que los líderes puedan mejorar la colaboración, proteger el bienestar y retener el talento. EONSEA (Deeptech - España): tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones de robótica marina e IA para inspección, monitorización y gestión de infraestructuras y activos sumergidos. Combina vehículos marinos autónomos, sistemas de adquisición de datos y una plataforma software basada en visión artificial (io) para digitalizar las operaciones submarinas, reducir costes y riesgos y transformar los datos obtenidos en información útil para la toma de decisiones. FIDEX (Fintech - España): especializada en activos digitales, asesora y gestiona a grandes patrimonios, empresarios y family offices con los estándares de la banca privada. Diseña carteras de inversión líquidas, construidas sobre activos estables y estrategias en finanzas descentralizadas, y orientadas a preservar el patrimonio y generar rendimiento recurrente. GPTADVISOR (Fintech - España): compañía especializada en IA generativa para la gestión de patrimonios y activos. Sus soluciones ayudan a bancos, gestoras y entidades de inversión a optimizar procesos, mejorar la atención al cliente y crear nuevas experiencias digitales, con foco en la seguridad, la trazabilidad y el cumplimiento regulatorio. Actualmente opera en más de 25 entidades financieras de Europa y Latinoamérica. NOBRAC (Energy - España): aplica tecnologías de observación de la Tierra, IA y analítica avanzada para medir, monitorizar y certificar de forma remota créditos de carbono y proyectos ambientales. Su tecnología permite cuantificar carbono y biomasa, verificar procesos de deforestación y monitorizar emisiones de metano y CO₂, generando evidencias trazables para procesos regulatorios y de certificación. POLAR NANOPHARMA (Health - España): desarrolla nanomedicinas oncológicas de nueva generación basadas en nanocápsulas poliméricas ultracompactas. Su plataforma modular de drug delivery permite encapsular distintos activos terapéuticos para mejorar su estabilidad, biodistribución y llegada al tumor, con el objetivo de aumentar la eficacia de los tratamientos y reducir su toxicidad sistémica. Cuatrecasas Acelera, el programa de innovación con el que la Firma acompaña a proyectos emprendedores en la validación de su estrategia legal y de negocio, ha seleccionado las siete startups que participarán en su undécima edición.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Albert-Aguado-NOBRAC-Josep-Rocas-Polar-Nanopharma-Guillermo-Mas-GPT-Advisor-Jordi-Planelles-NOBRAC-Isabel-Fornies-GPT-Advisor-Pau-Palau-Agrinpulse-Dimitri-Orga-Fidex-Camila-Rodrigues--p489496-m1526796-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/cuatrecasas-acelera-elige-siete-startups-entre-121-candidaturas-en-su-11-a-edicionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Albert-Aguado-NOBRAC-Josep-Rocas-Polar-Nanopharma-Guillermo-Mas-GPT-Advisor-Jordi-Planelles-NOBRAC-Isabel-Fornies-GPT-Advisor-Pau-Palau-Agrinpulse-Dimitri-Orga-Fidex-Camila-Rodrigues--p489496-m1526796-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/cuatrecasas-acelera-elige-siete-startups-entre-121-candidaturas-en-su-11-a-edicionhttps://elderecho.com/cuatrecasas-acelera-elige-siete-startups-entre-121-candidaturas-en-su-11-a-edicionhttps://elderecho.com/cuatrecasas-acelera-elige-siete-startups-entre-121-candidaturas-en-su-11-a-edicion2026-10-01 12:00:312026-10-01 12:00:31sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489495La primera parada es La Plata, donde el decano del ICAM, Eugenio Ribón, participa este jueves en la sesión plenaria de apertura de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, organizada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Real Academia Española. La cita abre un recorrido que llevará al Colegio durante los próximos días por Argentina, Uruguay y Chile, con actividades en La Plata, Montevideo, Córdoba y Santiago de Chile. El viaje supone la puesta en práctica sobre el terreno de la nueva estrategia iberoamericana del ICAM, orientada hacia una relación más directa y operativa con los principales actores jurídicos de la región. El objetivo es avanzar desde la interlocución institucional hacia proyectos concretos de cooperación profesional, colaboración formativa y generación de conocimiento compartido. La elección de La Plata como punto de partida incorpora además uno de los ejes que el Colegio considera esenciales para mejorar la relación entre la Justicia y la ciudadanía: la necesidad de que las normas, las resoluciones y las comunicaciones jurídicas puedan ser comprendidas por las personas a las que afectan. Comprender la Justicia para poder ejercer los derechos Durante su intervención en la Convención, Ribón situará el lenguaje claro más allá de una cuestión de estilo o simplificación terminológica. Para el decano, se trata de una condición necesaria para que los ciudadanos conozcan sus derechos, comprendan las decisiones que les afectan y sepan cómo actuar frente a ellas. “Si el ciudadano tiene el deber de conocer la ley, los poderes públicos tienen el deber de hacerla comprensible”, sostiene Ribón, que reivindica el derecho a comprender como parte de una Justicia verdaderamente accesible. Esa exigencia alcanza tanto a las instituciones como a la propia profesión: “Nadie debería necesitar un abogado para entender una notificación; sí para defenderse cuando sus derechos están en juego”. El decano advierte, en este sentido, de que claridad y precisión jurídica deben avanzar juntas. Una explicación sencilla que omita información esencial puede ser tan perjudicial como una comunicación técnicamente rigurosa que el destinatario no consiga entender. Por ello, propone someter las resoluciones y escritos jurídicos a tres preguntas elementales: si la persona sabe qué se ha decidido, entiende por qué y conoce qué puede hacer a continuación y de cuánto tiempo dispone. Esta visión incorpora también la accesibilidad. A partir de la experiencia del ICAM en la formación de profesionales que acompañan a personas con discapacidad en los procesos judiciales, Ribón plantea que el derecho a comprender tiene una segunda vertiente: el derecho a ser entendido. Quien comparece ante un tribunal, señala, debe poder seguir lo que sucede, pero también disponer de las condiciones necesarias para expresarse y ser comprendido. La inteligencia artificial introduce, además, nuevos desafíos. El decano llama la atención sobre el riesgo de confundir una respuesta aparentemente sencilla con una respuesta jurídicamente correcta: las herramientas automatizadas pueden generar explicaciones comprensibles en segundos y, al mismo tiempo, equivocarse en aspectos decisivos como un plazo, una excepción o el alcance de un derecho. La dimensión iberoamericana refuerza este planteamiento. Para el ICAM, compartir una lengua y una amplia tradición jurídica común ofrece una base privilegiada para intercambiar experiencias y avanzar hacia prácticas que permitan que las instituciones se entiendan mejor entre sí y que los ciudadanos comprendan mejor a las instituciones. “La ignorancia de la ley seguirá sin excusar su cumplimiento, y así debe ser. Pero después de Lima, y espero que también después de La Plata, podremos decir con la misma firmeza que la oscuridad de la ley tampoco excusa a quien la escribe”, concluye Ribón. Alianzas académicas y profesionales Tras la Convención, la agenda institucional del ICAM en territorio argentino continuará con una reunión institucional en la Universidad Nacional de La Plata con su presidente, Fernando Tauber, y la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Valeria Moreno. En el encuentro está prevista la firma de un convenio de colaboración con la Universidad y de un memorando de entendimiento con la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Salud (AIDAS). Posteriormente, el decano será recibido por la presidenta del Colegio de Abogados de La Plata, Marina Mongiardino. Estos encuentros forman parte del propósito del ICAM de construir alianzas académicas y profesionales estables en América Latina, facilitar el intercambio de conocimiento y generar nuevas vías de cooperación entre la abogacía madrileña y las instituciones jurídicas de la región. Tras La Plata, la agenda continuará en Montevideo, donde está prevista una reunión con el director de la Secretaría del MERCOSUR, Jimmy Voss Donamarí, y un encuentro con el Colegio de Abogados de Uruguay; en Córdoba, con actividades académicas y profesionales; y posteriormente en Santiago de Chile, con reuniones con universidades y representantes de la abogacía chilena. El recorrido abre así una nueva fase de la proyección iberoamericana del ICAM, como una agenda de cooperación que el Colegio continuará desarrollando durante los próximos meses mediante iniciativas jurídicas, académicas y profesionales en ambos lados del Atlántico.El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) inicia este jueves en Argentina el despliegue de su nueva agenda iberoamericana, una estrategia dirigida a reforzar su presencia institucional y académica en América Latina mediante alianzas directas con universidades, colegios de la abogacía, instituciones jurídicas y organismos regionales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Eugenio-Ribon-decano-del-ICAM-durante-su-participacion-en-un-encuentro-del-Legal-G20-p489495-m1526778-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-arranca-en-argentina-su-nueva-agenda-iberoamericana-para-potenciar-su-presencia-institucional-y-academica-en-america-latinahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Eugenio-Ribon-decano-del-ICAM-durante-su-participacion-en-un-encuentro-del-Legal-G20-p489495-m1526778-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-arranca-en-argentina-su-nueva-agenda-iberoamericana-para-potenciar-su-presencia-institucional-y-academica-en-america-latinahttps://elderecho.com/el-icam-arranca-en-argentina-su-nueva-agenda-iberoamericana-para-potenciar-su-presencia-institucional-y-academica-en-america-latinahttps://elderecho.com/el-icam-arranca-en-argentina-su-nueva-agenda-iberoamericana-para-potenciar-su-presencia-institucional-y-academica-en-america-latina2026-10-01 11:45:222026-10-01 11:45:22sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489494La Comisión Europea ha decidido este jueves llevar de nuevo a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber corregido su legislación para facilitar que los ciudadanos puedan recibir una indemnización por los daños causados por leyes nacionales contrarias al Derecho comunitario, pese a una sentencia del alto tribunal de 2022 que obligaba a modificar las normas españolas. El Ejecutivo comunitario ha considerado que España sigue sin aplicar la sentencia dictada por el tribunal con sede en Luxemburgo en junio de 2022, que concluyó que la legislación española imponía condiciones y limitaciones que hacían "excesivamente difícil" que los particulares pudieran obtener una compensación por los daños sufridos como consecuencia de una vulneración del Derecho de la UE por parte del legislador. El caso se remonta a 2015, cuando Bruselas recibió varias denuncias sobre la incompatibilidad con el Derecho europeo de determinados aspectos de las leyes españolas 39/2015, sobre el procedimiento administrativo común, y 40/2015, sobre el régimen jurídico del sector público. La Comisión abrió un expediente de infracción contra España en junio de 2017 y, ante la falta de cambios legislativos, llevó el asunto por primera vez ante el TJUE en 2019. En su sentencia de junio de 2022, la Justicia europea dio la razón a Bruselas y determinó que las normas españolas dificultaban en exceso el acceso de los ciudadanos a una indemnización. Cuatro años más tarde, la Comisión sostiene que España todavía no ha incorporado plenamente el fallo a su ordenamiento jurídico. Por ese mismo motivo, envió una nueva carta de emplazamiento a las autoridades españolas en diciembre de 2025 y, tras nuevos intercambios, consideró que el incumplimiento persiste, mientras el proyecto de ley destinado a modificar las disposiciones cuestionadas continúa pendiente de aprobación en el Parlamento español. Así las cosas, el Ejecutivo comunitario ha decidido remitir por segunda vez el caso al TJUE. Si los jueces europeos concluyen que España ha incumplido la sentencia de 2022, podrán imponer al país una multa a tanto alzado, una sanción económica diaria hasta que cumpla el fallo.La Comisión Europea ha llevado por segunda vez a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea un procedimiento de infracción contra España por la legislación que dificulta la reclamación de indemnizaciones al Estado por infracciones del derecho de la Unión Europea, según han informado fuentes comunitarias.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2705759481-1-p489494-m1526757-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bruselas-lleva-de-nuevo-a-espana-al-tjue-por-dificultar-indemnizaciones-por-danos-causados-por-el-estadohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2705759481-1-p489494-m1526757-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bruselas-lleva-de-nuevo-a-espana-al-tjue-por-dificultar-indemnizaciones-por-danos-causados-por-el-estadohttps://elderecho.com/bruselas-lleva-de-nuevo-a-espana-al-tjue-por-dificultar-indemnizaciones-por-danos-causados-por-el-estadohttps://elderecho.com/bruselas-lleva-de-nuevo-a-espana-al-tjue-por-dificultar-indemnizaciones-por-danos-causados-por-el-estado2026-10-01 11:32:192026-10-01 11:32:19sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489445El citado texto consta de 96 páginas y pretende la "ampliación de la oferta de vivienda asequible" con un paquete de medidas que incluye la prohibición de los desahucios hasta 2030, se limitan las subidas de las rentas, se prohíbe la compra especulativa por los llamados "Fondos buitre", se regula el alquiler de temporada y habitaciones, se incluyen deducciones fiscales para los inquilinos y bonificaciones para los propietarios que bajen el alquiler, entre otras medidas. El segundo Real Decreto Ley de "medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual" y que recoge la renovación automática de los contratos de alquiler será publicado en el BOE este jueves y, dado que la última norma publicada es la que prevalece, los contratos de alquiler pasarán a ser indefinidos salvo que el Congreso revoque la norma este viernes en el pleno extraordinario que abordará los dos decretos. El decreto publicado este miércoles consta de 20 artículos distribuidos en seis títulos e incluye medidas sobre alquileres, desahucios, fiscalidad, vivienda pública y promoción de vivienda asequible, además de modificaciones en materia de construcción industrializada y financiación. Protección frente a los desahucios En materia de desahucios, el decreto establece medidas estructurales para proteger hasta el 31 de diciembre de 2030 a personas vulnerables que carezcan de alternativa habitacional. En concreto, limita los procedimientos de desahucio cuando la vivienda sea titularidad de determinadas entidades y la persona afectada no disponga de una alternativa habitacional. Además, establece un mecanismo de enervación extraordinaria cuando las comunidades autónomas no proporcionen una alternativa habitacional, de modo que dispondrán de dos meses para enervar la acción y, si no lo hacen, la suspensión se mantendrá hasta que cumplan con esta obligación. También limita hasta el 31 de diciembre de 2028 la adquisición de viviendas por parte de entidades, con o sin personalidad jurídica, que incluyan en su objeto social la adquisición de inmuebles cuando pretendan comprar por un precio inferior al 70% del valor de tasación de mercado. La medida contempla excepciones para la adquisición de vivienda habitual a precio asequible o social durante al menos cinco años, para personas que precisen atención sociosanitaria, colectivos vulnerables, víctimas de violencia de género y determinados organismos y empresas del sector público destinados a promover y gestionar vivienda social o asequible. Prórroga de los contratos de alquiler Los inquilinos con determinados contratos de alquiler vigentes podrán solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años adicionales, por periodos anuales, manteniendo las condiciones del contrato. Para acogerse a esta medida deberán estar al corriente del pago de la renta y haberlo estado durante los ocho meses anteriores. El propietario deberá aceptar la prórroga salvo que se acuerden otras condiciones o se acredite la necesidad real de recuperar la vivienda para sí o para familiares. Asimismo, establece una limitación extraordinaria de las actualizaciones anuales de las rentas de los contratos de alquiler de vivienda que se produzcan entre la entrada en vigor de la norma y el 31 de diciembre de 2027. Cuando la renta sea superior al límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia, no podrá aplicarse incremento alguno. En los demás casos, el incremento será el que acuerden las partes y, si no existe un nuevo pacto, no podrá superar el 2% Además, el decreto establece una deducción del 10% en el IRPF por el alquiler de la vivienda habitual para los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 33.007,20 euros anuales. Los propietarios también tendrán deducciones. La norma mantiene la deducción general del 50% para los propietarios y establece una graduación para incentivar las bajadas de alquiler y penalizar las subidas desproporcionadas. Así, la deducción podrá llegar al 100% si el propietario reduce la renta a su inquilino en más de un 5%, mientras que podrá quedar reducida hasta el 15% si al renovar el contrato aplica una subida superior al 20%. En cuanto a los alquileres de temporada, el decreto establece que estos deberán recoger expresamente la causa que justifica el desplazamiento temporal del inquilino. Su duración será libremente pactada, pero no podrá superar los 12 meses sin una justificación válida y, si se prolongan más allá de ese periodo sin causa, pasarán a considerarse contratos de vivienda habitual. Asimismo, en los alquileres por habitaciones o estancias, la suma de las rentas no podrá superar el importe que se pagaría por alquilar la vivienda completa. En las zonas declaradas de mercado residencial tensionado deberán respetarse además las limitaciones previstas en la Ley de Vivienda. Sobre los alquileres turísticos, fija que podrán arrendarse por un plazo inferior a un mes y que tendrán un régimen fiscal específico con un IVA del 10%. Además, los ayuntamientos podrán establecer un recargo de hasta el 50% en el IBI para viviendas residenciales destinadas a alojamientos turísticos, que podrá elevarse hasta el 100% en el caso de propietarios con cuatro o más inmuebles destinados a este uso. Financiación para la primera vivienda El decreto crea 'Tu Casa', un mecanismo de financiación para facilitar el acceso a la primera vivienda habitual hipotecada. Permitirá conceder préstamos por hasta el 20% del valor de la vivienda, con un límite de 50.000 euros, como complemento de la financiación privada. Los préstamos tendrán un plazo de hasta diez años, un tipo de interés del 0% y no tendrán comisiones. Además, contarán con un periodo de carencia que podrá extenderse hasta la finalización de la hipoteca, con un máximo de 30 años. Las viviendas adquiridas mediante este mecanismo quedarán sometidas permanentemente a un precio máximo de transmisión. Blindaje del parque estatal El decreto también consolida el modelo de CASA 47 y establece que el patrimonio de la Entidad Estatal de Vivienda se destinará a vivienda asequible y protegida con carácter permanente. Además, la vivienda protegida de nueva construcción con protección permanente o indefinida tendrá un IVA superreducido del 4%. Fiscalidad de las SOCIMI y viviendas vacías Entre las medidas fiscales, el decreto eleva del 15% al 25% el gravamen sobre los beneficios de las Socimi procedentes del alquiler de viviendas. El tipo podrá beneficiarse de reducciones del 50% y hasta el 100% en función del volumen de viviendas que destinen al alquiler bajo criterios de asequibilidad. Asimismo, los ayuntamientos podrán establecer recargos en el IBI para movilizar viviendas vacías. Estos recargos podrán alcanzar el 150% en el caso de propietarios de dos o más viviendas que hayan permanecido vacías durante más de tres años. Más medidas para ampliar el parque y facilitar la construcción El decreto incorpora una línea de avales de hasta 2.000 millones de euros para facilitar la financiación de proyectos destinados a incrementar el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible y mejorar el parque existente. También establece una nueva línea de avales ICO de hasta 280 millones de euros para impulsar la construcción industrializada y facilitar la inversión de fabricantes y promotores. En materia de patrimonio público, el decreto prevé además la puesta a disposición de CASA 47 de determinados inmuebles de organismos y entidades estatales.El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el Real Decreto Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros sobre la Vivienda y que prevé "medidas urgentes" para proteger la "función social de la vivienda".https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2737513045-1-p489445-m1526634-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-boe-publica-el-decreto-de-vivienda-que-prohibe-desahucios-hasta-2030-y-limita-la-subida-de-rentashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2737513045-1-p489445-m1526634-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-boe-publica-el-decreto-de-vivienda-que-prohibe-desahucios-hasta-2030-y-limita-la-subida-de-rentashttps://elderecho.com/el-boe-publica-el-decreto-de-vivienda-que-prohibe-desahucios-hasta-2030-y-limita-la-subida-de-rentashttps://elderecho.com/el-boe-publica-el-decreto-de-vivienda-que-prohibe-desahucios-hasta-2030-y-limita-la-subida-de-rentas2026-09-30 17:23:582026-09-30 17:23:58civilCivil2inmobiliarioInmobiliariosector-juridicoSector jurídicoCivil,Inmobiliario,Sector jurídico489444En una nota, el tribunal informa del acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional a propuesta del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Fernando Ruiz Piñeiro, que propone la creación de una comisión de servicios por seis meses, sin relevación de funciones, de los 43 magistrados que conforman la Sala. Los magistrados abordarán los asuntos relacionados con la protección internacional, tanto los de tramitación ordinaria como los urgentes de medidas cautelares. Con el refuerzo, las ocho secciones de esta Sala permanecerán en un sistema de guardia permanente para asumir de forma coordinada y equilibrada la entrada de nuevos procedimientos relacionados con la protección internacional, según la Audiencia Nacional. La Sala de Gobierno ha dado traslado del acuerdo al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes "para que adopten cuantas medidas sean necesarias para la implementación del plan de refuerzo con carácter de urgencia", indica el tribunal. El acuerdo incluye una dotación de funcionarios y letrados de la administración de la justicia (LAJ) suficientes para "atender el exceso de volumen de entrada y rapidez de las resoluciones, así como un refuerzo en la oficina de registro y reparto para atender el previsible incremento del volumen de asuntos", manifiesta. "La principal preocupación se centra en la resolución de las medidas cautelares vinculadas a las solicitudes de protección internacional, cuya tramitación exige decisiones judiciales en plazos especialmente breves conforme al marco normativo europeo vigente", argumenta la Audiencia. Según el acuerdo, los magistrados "son conscientes del reto al que se enfrentan, del número de horas extraordinarias que tendrán que dedicar a la protección internacional, de la perentoriedad de la respuesta que requieren estos asuntos y de la necesidad de tratarlos de forma individualizada y con unificación de criterios". Así, los miembros de la Sala de lo Contencioso-Administrativo manifiestan que "se trata de una situación temporal y excepcional, de interés nacional y por tanto su disponibilidad es absoluta".La Audiencia Nacional reforzará la Sala de lo Contencioso-Administrativo para afrontar un "previsible incremento" de procedimientos de protección internacional derivados de la entrada masiva de personas en Ceuta procedentes de Marruecos, ocurrida a finales del pasado mes de julio.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/05/Audiencia-Nacional-p489444-m1526613-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-an-aprueba-refuerzos-ante-un-previsible-incremento-de-solicitudes-de-proteccion-internacional-por-la-crisis-de-ceutahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/05/Audiencia-Nacional-p489444-m1526613-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-an-aprueba-refuerzos-ante-un-previsible-incremento-de-solicitudes-de-proteccion-internacional-por-la-crisis-de-ceutahttps://elderecho.com/la-an-aprueba-refuerzos-ante-un-previsible-incremento-de-solicitudes-de-proteccion-internacional-por-la-crisis-de-ceutahttps://elderecho.com/la-an-aprueba-refuerzos-ante-un-previsible-incremento-de-solicitudes-de-proteccion-internacional-por-la-crisis-de-ceuta2026-09-30 17:13:472026-09-30 17:13:47administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico489446La sentencia estima el recurso presentado por la trabajadora y revoca la resolución del órgano judicial de instancia, que había rechazado su reclamación. El Tribunal condena a la mutua a abonar la prestación correspondiente al periodo comprendido entre el 10 de marzo y el 6 de mayo de 2024. La trabajadora se sometió el 1 de marzo de 2024, durante sus vacaciones anuales, a una dermolipectomía abdominal, reconstrucción de la pared abdominal, abdominoplastia y varias liposucciones. Tras la intervención, sufrió una dehiscencia de la herida quirúrgica y un seroma abdominal. Estas complicaciones requirieron asistencia sanitaria, con sesiones para retirar el seroma durante seis semanas y curas diarias hasta el cierre de la herida. El Servicio Canario de la Salud emitió la baja médica el 11 de marzo de 2024, y la trabajadora recibió el alta el 6 de mayo, reincorporándose a su puesto al día siguiente. La mutua había rechazado el abono de la prestación, al considerar que la baja derivaba de una intervención de cirugía puramente estética y que las incidencias surgidas durante la recuperación formaban parte del proceso normal de convalecencia. La Sala recuerda que la cirugía estética voluntaria no está comprendida, por sí misma, entre las contingencias protegidas por el sistema de Seguridad Social. En este sentido, la sentencia señala que estas intervenciones, aunque puedan provocar una suspensión del contrato de trabajo, no constituyen una situación de incapacidad temporal cuando responden exclusivamente a una decisión personal de mejora de la apariencia física. Precisa, sin embargo, que esta exclusión no alcanza a las complicaciones o patologías que puedan aparecer como consecuencia de la intervención. La resolución afirma que la doctrina del Tribunal Supremo permite reconocer la protección cuando se produce una alteración de la salud que va más allá de la simple convalecencia posterior a una operación estética. En el caso analizado, la Sala considera que la dehiscencia de la herida y el seroma abdominal no fueron meras incidencias propias del proceso normal de recuperación, sino complicaciones que afectaron al estado de salud de la trabajadora, exigieron asistencia sanitaria adicional y retrasaron su recuperación. Respecto de la dehiscencia, la sentencia destaca que la separación de los bordes de una herida quirúrgica antes de su cicatrización completa requiere atención médica y no puede considerarse parte del proceso normal de curación. Según la resolución, se trata de una complicación que puede incrementar el riesgo de morbilidad, prolongar la recuperación y afectar a la cicatriz. En relación con el seroma abdominal, la Sala diferencia entre los casos en los que el líquido se reabsorbe espontáneamente en un periodo de dos a cuatro semanas y aquellos en los que, por su duración o entidad, son necesarios drenajes o punciones. En estos últimos supuestos, entiende que existe una complicación sobre la que debe actuarse para evitar infecciones, la apertura de la herida o el encapsulamiento del líquido. La resolución subraya que, en este caso, el seroma tuvo que ser tratado durante seis semanas, por lo que no podía considerarse una mera consecuencia ordinaria de la intervención. La sentencia concluye que las complicaciones surgidas tras la operación constituyeron una alteración de la salud atribuible a enfermedad común y dieron lugar a una situación de incapacidad temporal protegida por el sistema. En palabras de la Sala, "no se trata de una mera eventualidad del proceso normal, natural o lógico derivado de la intervención quirúrgica, sino de complicaciones que efectivamente pueden surgir tras una actuación de tales características, pero que inciden necesariamente en el estado de salud de la paciente, precisan de asistencia sanitaria adicional y retrasan la recuperación definitiva". Por ello, el Tribunal estima el recurso de suplicación, reconoce el derecho de la trabajadora al subsidio de incapacidad temporal derivado de contingencia común y condena a la mutua a su abono.El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha reconocido el derecho de una trabajadora a percibir el subsidio de incapacidad temporal por las complicaciones surgidas tras someterse a una operación de cirugía estética.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2717255661-1-p489446-m1526655-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/reconocida-la-incapacidad-temporal-de-una-trabajadora-por-complicaciones-de-una-operacion-de-esteticahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2717255661-1-p489446-m1526655-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/reconocida-la-incapacidad-temporal-de-una-trabajadora-por-complicaciones-de-una-operacion-de-esteticahttps://elderecho.com/reconocida-la-incapacidad-temporal-de-una-trabajadora-por-complicaciones-de-una-operacion-de-esteticahttps://elderecho.com/reconocida-la-incapacidad-temporal-de-una-trabajadora-por-complicaciones-de-una-operacion-de-estetica2026-09-30 17:10:432026-09-30 17:10:43socialSocial13Social489431Asimismo, el tribunal ha confirmado el resto de la sentencia recurrida, manteniendo la condena al conductor a una multa de 240 euros por las lesiones causadas. La resolución detalla que el conductor detuvo su vehículo antes de un paso de peatones y ciclistas situado junto a una intersección. Al reemprender la marcha, justo en el momento en que la víctima se disponía a cruzar por el carril bici de la acera, se produjo la colisión accidental que provocó su caída al suelo. Como consecuencia de las lesiones sufridas, la mujer padece una merma funcional en la pierna caracterizada por la limitación de la flexión plantar y dorsal de la extremidad inferior, acompañada de metatarsalgia postraumática y parestesias en las zonas acras. Este cuadro clínico genera una pérdida moderada en su calidad de vida y determina una incapacidad permanente total para el desempeño de su profesión habitual. La Sala comparte la correcta aplicación del artículo 152.2 del Código Penal, al considerar que el conductor del vehículo actuó de forma imprudente al invadir el carril bici sin la diligencia debida. El tribunal señala que este incumplió varias normas del Reglamento de Circulación: no respetó la prioridad de paso de la ciclista (art. 64), obligó a esta a modificar bruscamente su trayectoria y velocidad (art. 58.1) y penetró en el paso para ciclistas a pesar de que la circulación impedía continuar sin obstruir el paso (art. 59.1), infracciones todas ellas calificadas como graves. Respecto a la cantidad indemnizatoria, el recurrente no cuestiona las cantidades fijadas en la sentencia y en el auto de aclaración correspondientes a las secuelas funcionales, el perjuicio estético y el perjuicio moral moderado por la pérdida de calidad de vida. Aunque el auto de aclaración no especifica el importe exacto de cada intervención quirúrgica, se entiende que la jueza de instancia quiso atender la petición de la acusación. Dado que el recurrente tampoco pone objeción alguna en este punto, se establece una cuantía de 1.100 euros por cada intervención quirúrgica.La Audiencia Provincial de Albacete ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por un conductor, reduciendo a 115.180,67 euros la indemnización que debe abonar a una ciclista tras un atropello accidental. Del total de esta cuantía, 83.955,16 euros ya han sido pagados. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_1879238482-1-p489431-m1526592-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-albacete-rebaja-a-115-18067-euros-la-indemnizacion-a-una-ciclista-atropellada-por-imprudenciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_1879238482-1-p489431-m1526592-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-albacete-rebaja-a-115-18067-euros-la-indemnizacion-a-una-ciclista-atropellada-por-imprudenciahttps://elderecho.com/la-ap-de-albacete-rebaja-a-115-18067-euros-la-indemnizacion-a-una-ciclista-atropellada-por-imprudenciahttps://elderecho.com/la-ap-de-albacete-rebaja-a-115-18067-euros-la-indemnizacion-a-una-ciclista-atropellada-por-imprudencia2026-09-30 17:09:442026-09-30 17:09:44penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico489430Los datos del Centro de Información Estadística del Notariado reflejan así la importancia que sigue teniendo el testamento como instrumento para ordenar la sucesión y dejar constancia de la voluntad sobre el destino del patrimonio. El testamento permite establecer cómo se quiere organizar la sucesión, pero esta capacidad de decisión está sujeta a los límites establecidos por la legislación civil aplicable en cada caso. Uno de los principales es la legítima, la parte de la herencia que la ley reserva obligatoriamente a determinados familiares. Precisamente sobre esta cuestión gira la primera entrega de #NoEsComoCrees, una nueva iniciativa del Consejo General del Notariado que busca acercar información jurídica a la ciudadanía y desmontar creencias extendidas sobre cuestiones habituales relacionadas con la actividad notarial. La legítima y los límites a la libertad de testar En el Derecho civil común, la ley reserva una parte de la herencia a determinados familiares, conocidos como legitimarios. Por ello, la libertad para decidir el destino de una herencia depende de las circunstancias de cada caso y de la legislación civil aplicable. “No siempre podemos dejar nuestra herencia a quien queramos. En el derecho civil común español y en varios derechos especiales o forales existe la legítima”, explica Marta Mulet, notaria de Mallorca y portavoz de esta primera entrega de #NoEsComoCrees. La desheredación también está sujeta a límites y solo puede realizarse en los supuestos expresamente previstos por la ley. Además, las reglas varían en función del territorio: en lugares con derecho civil propio, como Navarra o Tierra de Ayala (Álava), existe una mayor libertad para disponer de los bienes por testamento. “Solo en casos muy concretos y expresamente previstos por la ley se puede desheredar a un legitimario, incluso privarle de su legítima”, señala Mulet. Con esta primera entrega arranca #NoEsComoCrees, una iniciativa del Consejo General del Notariado que contará con tres piezas audiovisuales divulgativas dedicadas a diferentes dudas jurídicas.En España se autorizaron 775.162 testamentos durante 2025, la cifra más alta registrada en la serie histórica y más de un 20% superior a la contabilizada en 2019.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Marta-Mulet-p489430-m1526557-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/mas-de-775-100-testamentos-se-autorizaron-en-espana-en-2025-el-dato-mas-alto-de-la-serie-historicahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Marta-Mulet-p489430-m1526557-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/mas-de-775-100-testamentos-se-autorizaron-en-espana-en-2025-el-dato-mas-alto-de-la-serie-historicahttps://elderecho.com/mas-de-775-100-testamentos-se-autorizaron-en-espana-en-2025-el-dato-mas-alto-de-la-serie-historicahttps://elderecho.com/mas-de-775-100-testamentos-se-autorizaron-en-espana-en-2025-el-dato-mas-alto-de-la-serie-historica2026-09-30 16:45:072026-09-30 16:45:07sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico