https://elderecho.com/feedes492028La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha estimado el recurso presentado por la empresa Glovo contra una resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa a altas y bajas de repartidores en el sistema de la Seguridad Social. La sentencia concluye que la compañía ha desvirtuado la presunción de laboralidad prevista para las plataformas digitales de reparto y considera que, en el caso analizado, el denominado modelo “Flex” incorpora elementos que permiten apreciar autonomía organizativa de los repartidores. Entre otros aspectos, la Sala destaca la libertad para aceptar o rechazar pedidos sin penalización, la posibilidad de conectarse y desconectarse de la aplicación sin restricciones, la ausencia de exclusividad, la facultad de subcontratar o designar sustitutos y la inexistencia de un sistema de valoración o control de la actividad con efectos en la asignación de servicios. El tribunal examina la evolución de la jurisprudencia sobre las plataformas digitales de reparto y recuerda la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en su sentencia de la Sala Cuarta de 25 de septiembre de 2020 sobre la laboralidad de los repartidores de Glovo. No obstante, señala que el litigio se centra en determinar si las modificaciones introducidas posteriormente por la empresa alteran los elementos que sustentaron aquella calificación. Tras analizar la documentación y los informes aportados al procedimiento, la Sala considera acreditado que el modelo actualmente utilizado por la compañía presenta características suficientemente distintas para excluir, en este caso, la existencia de una relación laboral. La sentencia afirma que las conclusiones alcanzadas por la TGSS se apoyan en presunciones que han quedado desvirtuadas por la prueba practicada. Por ello, el tribunal anula la resolución de la Dirección Provincial de la TGSS y la resolución administrativa que había sido confirmada en vía de recurso.Estima un recurso contra una resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa a altas y bajas de repartidores en el sistema de la Seguridad Social.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2133723021-1-p492028-m1534616-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-extremadura-declara-que-no-existe-relacion-laboral-entre-glovo-y-sus-repartidoreshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2133723021-1-p492028-m1534616-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-extremadura-declara-que-no-existe-relacion-laboral-entre-glovo-y-sus-repartidoreshttps://elderecho.com/el-tsj-de-extremadura-declara-que-no-existe-relacion-laboral-entre-glovo-y-sus-repartidoreshttps://elderecho.com/el-tsj-de-extremadura-declara-que-no-existe-relacion-laboral-entre-glovo-y-sus-repartidores2026-11-12 14:13:282026-11-12 14:13:28administrativoAdministrativo1socialSocial13Administrativo,Social492026El texto constaba de un artículo único, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria y dos disposiciones finales. El real decreto-ley preveía modificar el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y disponía que, cuando venciera un contrato de arrendamiento de vivienda habitual o alguna de sus prórrogas, si no se notificaba por alguna de las partes la voluntad de no prorrogarlo, este "se prorrogará obligatoriamente por plazos sucesivos de cinco años o de siete si el arrendador es una persona jurídica". Si el arrendador comunicaba la voluntad de no prorrogar el contrato, estaría "obligado a indemnizar al arrendatario con una cantidad equivalente, al menos, al importe de doce mensualidades". La indemnización no habría procedido si el arrendador acreditaba debidamente su necesidad de destinar la vivienda arrendada de forma "permanente para sí, para sus familiares en segundo grado o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial". No obstante, el arrendatario podría recibir la indemnización por parte del arrendador "si en los tres meses siguientes desde la entrega de la vivienda esta no hubiera sido ocupada por las personas indicadas salvo causa de fuerza mayor". Entre otras causas por las que el arrendatario no podría recibir la indemnización se encuentra el "no haber habitado la vivienda arrendada durante más de seis meses en los doce anteriores salvo causa justificada".La Diputación Permanente del Congreso ha derogado este jueves el Real Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2790515953-1-p492026-m1534580-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/derogado-el-real-decreto-ley-sobre-la-prorroga-de-los-contratos-de-alquiler-de-vivienda-habitualhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2790515953-1-p492026-m1534580-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/derogado-el-real-decreto-ley-sobre-la-prorroga-de-los-contratos-de-alquiler-de-vivienda-habitualhttps://elderecho.com/derogado-el-real-decreto-ley-sobre-la-prorroga-de-los-contratos-de-alquiler-de-vivienda-habitualhttps://elderecho.com/derogado-el-real-decreto-ley-sobre-la-prorroga-de-los-contratos-de-alquiler-de-vivienda-habitual2026-11-12 14:10:182026-11-12 14:10:18civilCivil2inmobiliarioInmobiliarioCivil,Inmobiliario492027Fundación Notariado pone en marcha una nueva edición del Programa de Entrenamiento Mental para Opositores a Notario, una iniciativa destinada a complementar la preparación académica de los futuros notarios con herramientas que les permitan mejorar su rendimiento en el estudio, gestionar el estrés, reforzar su motivación y autoestima y afrontar con mayor seguridad las distintas pruebas de la oposición. Impulsado por primera vez en 2024, el programa contó con la participación de 92 opositores y recibió una valoración muy positiva por parte de los alumnos. Esta experiencia ha servido de punto de partida para desarrollar una segunda edición renovada, con mejoras en los contenidos, los formatos y, especialmente, el acompañamiento y el apoyo que reciben los participantes. Para Raimundo Fortuñy, director feneral de Fundación Notariado, “la preparación de las oposiciones a notario exige un enorme esfuerzo intelectual y personal”. “Desde Fundación Notariado queremos contribuir a que los opositores afronten este proceso con las mejores herramientas posibles, prestando atención no solo a su formación jurídica, sino también a su bienestar emocional y a su capacidad para gestionar las exigencias de la oposición”, asegura. El programa ha sido creado por Juan Manuel Ruigómez, abogado del Estado, coach y fundador de Inteligencia Opositora, quien ha desarrollado una metodología específica de entrenamiento mental orientada a ayudar a los opositores a superar las dificultades que surgen durante las distintas etapas de su preparación. Formación y acompañamiento personalizado El programa está estructurado en 36 lecciones en vídeo, distribuidas en 12 módulos, que los alumnos pueden seguir a su propio ritmo y adaptar al momento de la oposición en el que se encuentren. Sus contenidos abordan aspectos como las técnicas de estudio, la memoria y la concentración, la gestión de las emociones, la motivación y la autoestima, así como la preparación del cante, el control de los nervios ante el tribunal y las estrategias para afrontar los exámenes orales y el dictamen. Sin embargo, uno de los principales valores del programa reside en el acompañamiento directo y continuado que Juan Manuel Ruigómez ofrece a los opositores. Además de los contenidos audiovisuales, los participantes cuentan con encuentros grupales mensuales online, un foro de participación, consultas privadas y apoyo a través de WhatsApp. Este contacto permite abordar las dificultades concretas que surgen durante la preparación, resolver dudas y ofrecer orientación y estrategias prácticas adaptadas a las necesidades de los alumnos. En palabras de Juan Manuel Ruigómez, creador del programa, “cada opositor afronta dificultades diferentes a lo largo de su preparación. Por eso, además de proporcionar técnicas y herramientas de entrenamiento mental, es fundamental ofrecer un acompañamiento cercano y continuado que permita identificar esas dificultades y trabajar sobre ellas de forma personalizada”. La segunda edición incorpora mejoras en los contenidos, los formatos y la atención personalizada a los alumnos. Además, se está trabajando en nuevos materiales y esquemas prácticos que facilitarán la aplicación de las técnicas de entrenamiento mental al estudio, al cante y a los distintos ejercicios de la oposición. El programa está concebido como un complemento a la labor que realizan las academias y los preparadores, incorporando herramientas de entrenamiento mental que contribuyen al desarrollo de las capacidades personales de los opositores. Becas para facilitar el acceso Con el objetivo de que el mayor número posible de opositores pueda beneficiarse de esta formación, Fundación Notariado e Inteligencia Opositora asumirán conjuntamente 1.000 euros del coste del programa, valorado en 1.200 euros. De esta forma, la aportación máxima de cada alumno será de 200 euros, IVA incluido, distribuidos en dos pagos: 100 euros al incorporarse y otros 100 euros transcurridos doce meses, siempre que haya mantenido una participación activa y cumplido los compromisos adquiridos. La nueva edición se extenderá durante el ciclo de oposiciones iniciado en noviembre de 2026, hasta el cierre de la convocatoria correspondiente. Los opositores interesados en participar pueden solicitar información a través de la página web de Fundación Notariado o del correo electrónico relacionesinstitucionales@fundacionnotariado.org.La iniciativa busca mejorar el rendimiento en el estudio, fortalecer la confianza y la estabilidad emocional de los opositores y ayudarles a afrontar los exámenes en las mejores condiciones.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Programa-de-Entrenamiento-Mental-p492027-m1534598-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/fundacion-notariado-impulsa-una-nueva-edicion-del-programa-de-entrenamiento-mental-para-opositores-a-notariohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Programa-de-Entrenamiento-Mental-p492027-m1534598-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/fundacion-notariado-impulsa-una-nueva-edicion-del-programa-de-entrenamiento-mental-para-opositores-a-notariohttps://elderecho.com/fundacion-notariado-impulsa-una-nueva-edicion-del-programa-de-entrenamiento-mental-para-opositores-a-notariohttps://elderecho.com/fundacion-notariado-impulsa-una-nueva-edicion-del-programa-de-entrenamiento-mental-para-opositores-a-notario2026-11-12 13:00:572026-11-12 13:00:57sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico492025El decálogo, presentado en el el XXVII Congreso Nacional de Auditoría y 35º Congreso Arco Mediterráneo de Auditoría bajo el lema 'Auditoría de cuentas: las personas, la clave de nuestra IA', destaca entre otras cosas que "el juicio profesional y el escepticismo son indelegables, que la confidencialidad de la información es irrenunciable, que todo resultado relevante de la IA debe someterse a verificación crítica y que su uso debe ser trazable y estar documentado", según recoge en un comunicado la entidad. El presidente del ICJCE, Víctor Alió, ha presentado el decálogo 'IA responsable en los despachos de auditoría' en el congreso celebrado en Valencia al que han asistido la presidenta del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de la Comunitat Valenciana, Lola Mor; el presidente del AMA, Joan Vall; la primera teniente de alcalde de Valencia, María José Ferrer San Segundo; y el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Santiago Durán. El documento, detallado en un acto al que han asistido cerca de 800 profesionales del sector de la auditoría, unos 400 estudiantes de la Comunitat Valenciana y más de 100 firmas que representan a cerca del 90% de la facturación del sector, pide también evaluar los riesgos de la IA que utiliza la entidad auditada y cómo afecta a sus procesos, a sus controles y a la fiabilidad de su información. Su idea transversal es que la IA puede ayudar a realizar tareas; no sustituye el juicio profesional, la obtención de evidencia suficiente y adecuada ni la responsabilidad del auditor. "Este decálogo está concebido para que ninguna firma camine a ciegas y para que la tecnología esté siempre al servicio de lo que somos y seguiremos siendo: garantes de la confianza pública. Aún no sabemos cómo serán estos servicios, pero para acompañaros haremos un esfuerzo similar al vuestro: incorporaremos la IA para ofrecer servicios nuevos y mejores, no solo para hacer lo mismo con más eficiencia", ha destacado Víctor Alió. En la auditoría, el 62% de los profesionales usa la IA en su actividad diaria, pero solo el 45% ha recibido formación específica y el 27% de las firmas ha desarrollado una estrategia integral, según el informe "El reto de la inteligencia artificial para la auditoría", impulsado por el ICAC y la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (Asepuc). "La IA está transformando nuestra manera de trabajar y nos ofrece nuevas posibilidades para avanzar hacia una auditoría más eficiente, ampliar nuestra capacidad de análisis y mejorar la identificación de riesgos", ha explicó Mor que ha destacado que "el reto está en integrar estos avances en nuestra actividad, desarrollar nuevas competencias y mantenernos actualizados para responder a las necesidades de un entorno que evoluciona constantemente. Pero también debemos tener presente que ninguna herramienta puede sustituir el criterio profesional, la experiencia, la ética o la capacidad de interpretar la realidad que hay detrás de los datos". Reformas prioritarias El ICJCE, corporación que representa a cerca del 90% de la facturación del sector, considera prioritarias cinco reformas para la próxima legislatura: crear un supervisor independiente; revisar las cargas administrativas y las labores de cumplimiento que llevan a cabo los auditores; aprobar el marco que regulará la información sobre sostenibilidad durante la próxima década; reconocer oficialmente a los expertos contables y desarrollar un marco normativo que nos permita aprovechar las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial. En cuanto a la creación de un supervisor independiente destaca que el ICAC debe de funcionar como otros reguladores independientes que ya existen en España, como la CNMV o la CNMC, que actúan con autonomía orgánica y funcional y con plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de los agentes del mercado, y están sometidos al control parlamentario y judicial. Sobre las cargas administrativas y las labores pide estabilidad normativa y que no se añadan nuevas cargas y considera que una regulación que alivie la carga del auditor ayudaría, junto con la IA, a hacer la profesión más atractiva para los jóvenes. Al mismo tiempo, considera un error tratar la propia auditoría como una carga administrativa, porque es una herramienta de gestión que mejora la eficiencia de las empresas. "Una auditoría da información más fiable a los accionistas, a las entidades financieras y a las administraciones públicas, reduce los errores contables y refuerza el control interno de las empresas. Además, contribuye a la lucha contra la evasión fiscal y otros delitos económicos", ha explicado Alió. El ICJCE, que también destaca la necesidad de aprobar el marco que regulará la información sobre sostenibilidad durante la próxima década, pide reglas "claras y homogéneas, las mismas para todos los profesionales que verifiquen esta información", y considera la verificación obligatoria una herramienta clave contra el greenwashing, una de las prioridades de los supervisores a nivel mundial. Propone, además, mantener la obligación de verificar para las empresas que ya lo hacen y advierte que reducir el número de empresas obligadas debilita el sistema. Asimismo, destaca que a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países de la UE, en España la figura del experto contable no está reconocida ni regulada, por lo que el REC, impulsado por el ICJCE y el Consejo General de Economistas, reclama una ley que defina la figura y homologue su cualificación con la del resto de Europa. También piden desarrollar un marco normativo que permita aprovechar las oportunidades que ofrece la IA. "Si nuestros políticos deciden en algún momento apostar por el entendimiento les podemos asegurar que la auditoría de cuentas es un activo en el que van a poder asentar futuros acuerdos y desatacan que ahora mismo ICAC, Corporaciones, AECA, Universidades, CNMV, y el resto de los actores relacionados con el sector mantienen unas relaciones "muy constructivas" y coinciden en las principales reformas que necesitamos por lo que "hay que aprovechar este clima para avanzar en estas grandes asignaturas pendientes", ha subrayado Alió.El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) ha presentado un decálogo de buenas prácticas para el uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA) en los pequeños y medianos despachos de auditoría y ha alertado de que la IA genera en las empresas riesgos en cuyo control la auditoría va a ser "determinante".https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2756952907-1-p492025-m1534562-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/auditores-de-cuentas-reivindican-su-papel-determinante-en-el-control-de-los-riesgos-generados-por-iahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2756952907-1-p492025-m1534562-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/auditores-de-cuentas-reivindican-su-papel-determinante-en-el-control-de-los-riesgos-generados-por-iahttps://elderecho.com/auditores-de-cuentas-reivindican-su-papel-determinante-en-el-control-de-los-riesgos-generados-por-iahttps://elderecho.com/auditores-de-cuentas-reivindican-su-papel-determinante-en-el-control-de-los-riesgos-generados-por-ia2026-11-12 12:08:392026-11-12 12:08:39contableContable4Contable492029La norma contiene medidas sobre adquisiciones de vivienda, arrendamientos, desahucios, fiscalidad, parque público y promoción de vivienda asequible y se estructura en seis títulos con 21 artículos, dos disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y once disposiciones finales. El Título I recoge medidas en materia de protección de la función social de la vivienda y frente a la especulación. En concreto, el artículo 1 establece una limitación temporal, hasta el 31 de diciembre de 2030, de determinadas compras de vivienda "por un precio inferior al 70% de su valor de mercado", con excepciones para vivienda social o asequible y colectivos vulnerables. El artículo 2 establece la suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030. En determinados supuestos, también prevé compensaciones para las personas físicas demandantes y para las personas jurídicas dedicadas al alquiler habitual asequible o social. Por su parte, el artículo 3 reforma la Ley de Arrendamientos Urbanos para reforzar la protección de los inquilinos y regular los alquileres temporales y por habitaciones. Su duración deberá ser superior a treinta y un días y, como regla general, no podrá exceder de doce meses, aunque podrá prolongarse si subsiste la causa que justifica la temporalidad; y la suma de las rentas no podrá exceder de la renta correspondiente al arrendamiento unitario de la vivienda completa. El artículo 4 modifica la Ley por el Derecho a la Vivienda para precisar la consideración de gran tenedor, manteniendo los "umbrales de más de diez inmuebles urbanos residenciales o más de 1.500 metros cuadrados de superficie construida residencial". Asimismo, contempla que determinados contratos anteriores puedan acogerse al régimen de prórrogas vigente. El artículo 5 exige que en las demandas de ejecución hipotecaria se indique si el inmueble constituye la vivienda habitual del deudor y si la parte ejecutante tiene la condición de gran tenedora. Por otra parte, en determinados procedimientos de desahucio por impago que afecten a arrendatarios en situación de vulnerabilidad económica, se suspenderán el procedimiento y, en su caso, el lanzamiento durante un máximo de dos meses. En ese plazo, la Administración competente deberá ofrecer una alternativa habitacional adecuada o, en su defecto, abonar o consignar las cantidades adeudadas y las costas. La disposición transitoria segunda garantiza que las nuevas medidas de protección se puedan aplicar también a los procedimientos de ejecución y lanzamiento que están en curso a la entrada en vigor del Real Decreto-ley. Para ello el lanzamiento no tiene que haberse realizado. En estos casos, se puede solicitar la aplicación del nuevo régimen de suspensión y deberá cumplirse, cuando corresponda, la nueva obligación de enervación extraordinaria antes de continuar el procedimiento. Medidas fiscales y tributarias El artículo 6 modifica la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Entre las principales medidas fiscales y tributarias destacan: incentivos fiscales al alquiler, con reducciones del rendimiento neto de hasta el 100% para determinados contratos y porcentajes específicos para alquileres asequibles, zonas tensionadas, jóvenes, vivienda social y viviendas rehabilitadas; deducciones estatales del 10% por alquiler de vivienda habitual para contribuyentes con base imponible inferior a 33.007,20 euros, con una base máxima de hasta 11.630 euros; incentivos a la movilización de viviendas vacías, mediante una exención de hasta el 100% de la ganancia patrimonial en determinadas ventas a entidades públicas destinadas a vivienda social y asequible; nuevas ventajas fiscales para el ahorro y la inversión, mediante las Cuentas de Ahorro e Inversión Financia Europa y su modalidad de reinversión; la ampliación de las ayudas de rehabilitación exentas de IRPF; desde 2027, nueva escala de imputación de rentas inmobiliarias, con porcentajes del 1,1%, 1,5%, 2% y 3%, además de cambios en la tributación de determinados alquileres entre familiares. El artículo 7 modifica la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, para aplicar, desde el 1 de diciembre de 2026, el tipo reducido a determinados arrendamientos de corta duración o en los que se presten servicios propios de la industria hotelera. También se amplía el IVA reducido a obras de renovación y reparación de viviendas destinadas al alquiler habitual y se aplica el tipo superreducido a determinadas viviendas protegidas. El artículo 8 reforma el artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para modificar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y permitir a los ayuntamientos de zonas tensionadas establecer un recargo de hasta el 50% sobre viviendas destinadas a alojamientos turísticos, que podrá alcanzar el 100% o el 150% en función del número de inmuebles del titular. El artículo 9 modifica la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario y establece para las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario un gravamen especial del 25% sobre determinados beneficios no distribuidos procedentes del alquiler residencial. El gravamen podrá reducirse un 50 % cuando se cumplan determinados requisitos relativos a la proporción de vivienda asequible y un 100 % cuando, además, los beneficios no distribuidos se reinviertan en este tipo de vivienda. El artículo 10 se refiere al impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, estableciendo nuevos importes máximos de los coeficientes aplicables según el periodo de generación del incremento de valor. La disposición final tercera adapta el Reglamento del IRPF a las nuevas medidas fiscales en materia de vivienda, preservando determinados beneficios fiscales vinculados a la vivienda habitual en casos de traslado por razones de edad o dependencia y actualizando las reglas aplicables a determinados instrumentos de ahorro. Medidas para el incremento y la protección del parque público de vivienda El Título III de la norma recoge dos artículos que contemplan "medidas para el incremento y la protección del parque público de vivienda" relacionadas con la entidad pública empresarial CASA 47. El artículo 11 modifica la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de manera que, cuando se transfiera la propiedad de un inmueble o solar de uso residencial por parte de CASA 47, "el precio de venta no podrá superar la cantidad resultante de aplicar a la superficie registral" el módulo más alto contemplado en la legislación de vivienda de la comunidad autónoma en la que se encuentre, lo que continuará aplicándose en las siguientes trasmisiones que se hiciesen. Por su parte, el artículo 12 regula la "aportación a CASA 47 de inmuebles del Patrimonio del Estado y de la Seguridad Social para destinarlos a la política de vivienda asequible". De esta forma, los inmuebles de propiedad estatal que puedan dedicarse a política de vivienda o las viviendas pertenecientes a la Seguridad Social, se destinarán a CASA 47 para su gestión del parque público de vivienda en alquiler asequible. Fomento de la promoción de vivienda asequible Por su parte, el Título IV del real decreto-ley busca fomentar la vivienda asequible a través de seis artículos. Para ello, el artículo 13 crea el Fondo de Vivienda de Impacto Social para "financiar proyectos que generen un impacto social positivo, atrayendo inversión privada en proyectos innovadores en materia de vivienda". Asimismo, buscando aumentar las garantías "en la financiación del proceso productivo", el artículo 15 modifica el artículo 12 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión para añadir "el conjunto de componentes industrializados destinados a la construcción industrializada de edificios, fabricados en entorno controlado para su posterior transporte, recepción, montaje y ensamblaje en obra" como bienes hipotecables. A través de una modificación del Real Decreto-ley 8/2023, el artículo 16 de la presente iniciativa establece una línea de avales de hasta 2.000 millones de euros para facilitar la financiación destinada a incrementar y mejorar el parque de vivienda de alquiler social o asequible. Los avales, gestionados mediante convenios entre el ICO y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y con un plazo de hasta 35 años, podrán respaldar préstamos a promotores públicos y privados. En la misma línea, el artículo 17 autoriza otra línea de avales de hasta 280 millones de euros para la cobertura parcial de la financiación del ICO para pymes fabricantes o promotoras que utilicen sistemas de construcción industrializada con el objetivo de "impulsar la capacidad industrial y el circulante asociado a la fabricación de vivienda". En relación con las nuevas líneas de avales descritas, el artículo 18 regula su régimen de cobranza. La iniciativa del Gobierno también crea en su artículo 19 un mecanismo gestionado por el ICO "para complementar la financiación privada de quienes accedan a su primera vivienda habitual hipotecada". Este contempla préstamos sin límite de edad para el acceso que cubren "el menor importe entre el 20% del valor de la vivienda y 50.000 euros, a interés cero y sin comisiones". Los requisitos se concretarán mediante acuerdo del Consejo de Ministros. El artículo 20 refuerza la transparencia en la publicidad de los alquileres, obligando a informar sobre los índices y límites de renta aplicables y sobre la condición de gran tenedor del arrendador, cuando corresponda. Creación de la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa La parte dispositiva de la norma finaliza con el título sexto. Consta de un único artículo que introduce medidas para la creación de la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa a través de la modificación de la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión. A través del artículo 21, el texto introduce en la ley de los Mercados de Valores un nuevo título XI, por el que se constituye la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa para prestar "servicios de inversión y servicios auxiliares" entre titulares y entidades sin que la titularidad "pueda ser objeto de cesión o transmisión". Cada titular únicamente podrá contar con una sola Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa y, a través de ella, podrá agrupar inversiones en activos europeos y disfrutar de ventajas fiscales. Prórroga de los contratos de alquiler y actualización de la renta La disposición final quinta establece, a solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria por anualidades, hasta un máximo de dos años adicionales, para determinados contratos de arrendamiento de vivienda habitual vigentes a la entrada en vigor del real decreto-ley. Para acogerse a ella, el arrendatario deberá estar al corriente del pago del alquiler y haberlo estado durante cada uno de los ocho meses anteriores. Durante la prórroga se mantendrán las condiciones del contrato. El arrendador deberá aceptar la solicitud salvo en los supuestos previstos en la norma, entre ellos que las partes hayan pactado otras condiciones o suscrito un nuevo contrato, o que el arrendador haya comunicado, en los plazos y condiciones legales, una necesidad real y acreditada de ocupar la vivienda para sí o para determinados familiares. La disposición final sexta indica que cuando arrendador y arrendatario tengan que actualizar la renta, la cuantía no se podrá incrementar si actualmente se está pagando un precio superior al límite máximo aplicable conforme a sistema de índices de precios de referencia. Si no se supera, la renta se podrá incrementar según el pacto que alcancen las personas interesadas. Si no hay un acuerdo, el incremento de la renta no puede superar el dos por ciento. Otras medidas En la disposición adicional primera se establece que el Gobierno regulará "en un plazo de 6 meses" la definición y procedimiento de certificación o reconocimiento de la figura de los proveedores sociales de vivienda asequible. En la disposición adicional segunda se dispone que, en cuatro meses desde la entrada en vigor del real decreto-ley, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) creará el Registro de IIC Elegibles y habilitará los medios para que las instituciones que reúnan los requisitos se puedan inscribir. Por su parte, la disposición final primera refuerza la protección de las personas con créditos hipotecarios cedidos a terceros, garantizando que mantengan frente al nuevo titular los mismos derechos y mecanismos de defensa que tenían frente a la entidad original y que los códigos de buenas prácticas que les reconocieran derechos sigan siendo aplicables tras la cesión.La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este jueves el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_753831847-1-p492029-m1534637-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-diputacion-permanente-del-congreso-convalida-el-real-decreto-ley-por-el-que-se-adoptan-medidas-urgentes-para-la-proteccion-de-la-funcion-social-de-la-vivienda-y-la-ampliacion-de-la-ofertahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_753831847-1-p492029-m1534637-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-diputacion-permanente-del-congreso-convalida-el-real-decreto-ley-por-el-que-se-adoptan-medidas-urgentes-para-la-proteccion-de-la-funcion-social-de-la-vivienda-y-la-ampliacion-de-la-ofertahttps://elderecho.com/la-diputacion-permanente-del-congreso-convalida-el-real-decreto-ley-por-el-que-se-adoptan-medidas-urgentes-para-la-proteccion-de-la-funcion-social-de-la-vivienda-y-la-ampliacion-de-la-ofertahttps://elderecho.com/la-diputacion-permanente-del-congreso-convalida-el-real-decreto-ley-por-el-que-se-adoptan-medidas-urgentes-para-la-proteccion-de-la-funcion-social-de-la-vivienda-y-la-ampliacion-de-la-oferta2026-11-12 11:12:082026-11-12 11:12:08civilCivil2inmobiliarioInmobiliarioCivil,Inmobiliario492012Desde esta posición liderará la nueva Área de Derecho Portuario del despacho, concebida para dar respuesta a las crecientes necesidades jurídicas de los operadores del sector logístico, portuario y del transporte internacional. La nueva área no parte de cero. F J Martín Abogados asesora desde hace años en los aspectos tributarios de la actividad portuaria y, en particular, en su régimen tarifario. La incorporación permite integrar esa experiencia en una visión más amplia del Derecho Público aplicable a los puertos, un ámbito en el que las cuestiones administrativas, económicas y tributarias rara vez pueden analizarse por separado. Abogado del Estado de carrera, José Antonio Morillo Velarde del Peso ha sido Abogado del Estado-Jefe en Málaga, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la Secretaría de Estado de Hacienda y en el Ministerio de Justicia. Fue también subdirector general de Coordinación y Auditoría de la Abogacía General del Estado, puesto que comprendía la jefatura de la Inspección de los Servicios de la Abogacía del Estado, y presidió la Asociación de Abogados del Estado. Su trayectoria ha estado vinculada desde el inicio a la Administración tributaria: fue secretario de los Tribunales Económico-Administrativos de Tenerife y de Málaga, así como del Consejo para la Defensa del Contribuyente. En paralelo, ha desarrollado buena parte de su actividad profesional junto a la Administración portuaria. Ha sido miembro de los consejos de administración de la Junta del Puerto de Melilla y de las Autoridades Portuarias de Marín y Ría de Pontevedra, Málaga, Valencia y Baleares, y durante los últimos quince años ha sido jefe de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado y secretario de su Consejo Rector y del Comité del Fondo de Compensación Interportuario. En la actualidad preside la Asociación Internacional de Derecho Portuario. Está distinguido con la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort y con la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica. «En los puertos confluyen, en un mismo espacio, cuestiones de Derecho Público, de régimen económico y de tributación que rara vez admiten un análisis por separado. La experiencia de José Antonio, construida durante décadas en la Abogacía del Estado y en el propio sistema portuario, nos permite abordarlas con la visión de conjunto que exigen», ha remarcado Javier Martín Fernández, socio director de F J Martín Abogados. Con esta incorporación, F J Martín Abogados refuerza su especialización en Derecho Público y completa, con una nueva área de práctica, el trabajo que viene desarrollando desde hace años en la fiscalidad del sistema portuario.F J Martín Abogados, firma independiente especializada en Derecho Financiero y Tributario y Derecho del Sector Público, ha incorporado a José Antonio Morillo Velarde del Peso como of counsel.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Foto_Jose-Antonio-Morillo-Velarde_con-logo-320x449-1-p492012-m1534515-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/fj-martin-abogados-incorpora-a-jose-antonio-morillo-velarde-del-peso-como-of-counsel-para-dirigir-su-nueva-area-de-derecho-portuariohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/Foto_Jose-Antonio-Morillo-Velarde_con-logo-320x449-1-p492012-m1534515-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/fj-martin-abogados-incorpora-a-jose-antonio-morillo-velarde-del-peso-como-of-counsel-para-dirigir-su-nueva-area-de-derecho-portuariohttps://elderecho.com/fj-martin-abogados-incorpora-a-jose-antonio-morillo-velarde-del-peso-como-of-counsel-para-dirigir-su-nueva-area-de-derecho-portuariohttps://elderecho.com/fj-martin-abogados-incorpora-a-jose-antonio-morillo-velarde-del-peso-como-of-counsel-para-dirigir-su-nueva-area-de-derecho-portuario2026-11-12 10:04:532026-11-12 10:04:53sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico491947En marzo de 2018, la recurrente, nacida en 1946, acudió a urgencias por una hemorroide sangrante, cuya extirpación quirúrgica el 28 de marzo reveló un melanoma maligno de mucosa anal. Se realizó un estudio con una colonoscopia y se extirpó un pólipo benigno. Le hicieron pruebas de imagen que obligaron a ampliar los márgenes y a realizar una biopsia de un ganglio, aunque ambas pruebas descartaron la presencia de células tumorales. Fue diagnosticada formalmente en junio de 2018 por el servicio de Oncología del Hospital San Pedro de Logroño. Desde entonces, fue remitida a los servicios de radioterapia, dermatología y oncología para valorar los tratamientos oportunos, con controles posteriores que han descartado malignidad en el tejido anal y en los ganglios analizados. En enero de 2021, la paciente acudió a la Fundación Jiménez Díaz en busca de una segunda opinión médica y recibió en dicho centro tratamiento por importe de 207.947,74 euros, cantidad que actualmente se reclama. El tribunal señala que, al iniciar el segundo tratamiento en febrero de 2021, la interesada ya sabía que la sanidad pública le ofrecía una alternativa distinta a la amputación, la cual había venido rechazando. Por ello, los magistrados concluyen que no procede el reembolso de los gastos médicos privados, ya que no se da el requisito de imposibilidad de usar los servicios públicos cuando la nueva terapia ya estaba autorizada en ellos. Asimismo, la Sala descarta la urgencia vital porque el tratamiento privado comenzó más tarde de lo que habría podido hacerlo en la sanidad pública, sin que conste que la opción pública fuera menos eficaz ni que la existencia de otras alternativas convierta el caso en una urgencia médica.El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha avalado la negativa a una paciente que pretendía el rembolso de 207.947,74 euros derivados de la asistencia sanitaria y tratamiento recibido en el Hospital Universitario Fundación Jimenez Díaz, al que acudió voluntariamente en enero de 2021 para obtener una segunda opinión.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2710635489-1-p491947-m1534327-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-la-rioja-rechaza-reembolsar-casi-208-000-euros-a-una-paciente-que-acudio-a-la-sanidad-privada-buscando-una-segunda-opinionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2710635489-1-p491947-m1534327-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-la-rioja-rechaza-reembolsar-casi-208-000-euros-a-una-paciente-que-acudio-a-la-sanidad-privada-buscando-una-segunda-opinionhttps://elderecho.com/el-tsj-de-la-rioja-rechaza-reembolsar-casi-208-000-euros-a-una-paciente-que-acudio-a-la-sanidad-privada-buscando-una-segunda-opinionhttps://elderecho.com/el-tsj-de-la-rioja-rechaza-reembolsar-casi-208-000-euros-a-una-paciente-que-acudio-a-la-sanidad-privada-buscando-una-segunda-opinion2026-11-11 13:35:422026-11-11 13:35:42administrativoAdministrativo1Administrativo491951Paralelamente, la Comisión ha propuesto una revisión del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (Reglamento CPC), que otorga a la Comisión mayores competencias para investigar directamente e imponer multas en casos de gran envergadura que tengan un impacto significativo en los consumidores de todo el mercado único. En conjunto, estas iniciativas se basarán en el marco normativo digital existente para reforzar la protección de los consumidores, contribuir a unos mercados en línea más justos y crear unas condiciones de competencia equitativas que permitan a las empresas competir, crecer e innovar con confianza. Las prácticas comerciales desleales en línea (como las tácticas de comercialización manipuladoras o las comisiones ocultas) merman la capacidad de los consumidores de tomar decisiones libres e informadas. Las propuestas presentadas este miércoles dotarán a la UE de herramientas más sólidas para hacer frente a estas prácticas desleales, reforzarán la aplicación de la normativa en todo el mercado único y simplificarán las normas que deben cumplir las empresas, lo que aumentará el cumplimiento. El resultado será una mayor protección para los consumidores y una competencia más leal para las empresas. Nuevas protecciones en línea para los consumidores La propuesta de Ley de Equidad Digital permite a las autoridades de la UE hacer frente a las prácticas desleales en los mercados digitales de manera más eficaz, garantizando que todos los operadores cumplan las mismas normas. Protegerá a los consumidores de todas las edades que compren o busquen productos o servicios en línea. Entre las principales novedades de la propuesta figuran las siguientes: La prohibición de las tácticas de comercialización manipuladoras (las denominadas «interfaces engañosas»), como las afirmaciones falsas de que un producto está a punto de agotarse, que presionan a los consumidores para que tomen decisiones de compra que, de otro modo, quizás no tomarían. Una fijación de precios clara y transparente, en particular para los precios de las compras realizadas con monedas virtuales integradas en las aplicaciones y cuando se utilice la fijación dinámica de precios para acontecimientos culturales y deportivos. En las colas virtuales, las empresas tendrán que mostrar el precio actual en tiempo real y el precio máximo posible. La equidad desde el diseño, con la opción de que los consumidores desactiven las características de diseño adictivas que fomentan el gasto excesivo o compulsivo, como las notificaciones persistentes. La propuesta también restringirá las prácticas desleales que fomentan el gasto excesivo, por ejemplo, prohibiendo las funciones similares a los juegos de azar para los menores, como la de pago para ganar y pago para progresar. La transparencia en la comercialización por medio de influyentes, exigiendo a los influyentes que sean transparentes sobre los contenidos comerciales y evitando la explotación de la confianza de los menores entre su público. Una restricción de los anuncios y precios personalizados desleales dirigidos a menores o que se aprovechan de datos sensibles. Una mayor facilidad para cancelar contratos y suscripciones digitales y el fin de las renovaciones automáticas no deseadas y de los períodos de prueba gratuitos que se convierten en trampas de suscripción. Los consumidores tendrán derecho a comunicarse con una persona real en el servicio de atención al cliente y contarán con derechos claros cuando utilicen un agente de IA para comprar productos en su nombre. La propuesta de Ley de Equidad Digital también incluye medidas de simplificación y las propuestas presentadas incluyen una Directiva de simplificación con modificaciones específicas de la Directiva sobre los derechos de los consumidores para facilitar su aplicación en línea. En concreto, se incluyen requisitos de información precontractual más sencillos para las compras recurrentes dentro de las aplicaciones y normas más claras sobre cómo los consumidores pueden cancelar las suscripciones a contenidos digitales dentro del plazo de desistimiento. Facultades de ejecución directas de la UE y mejora de la coordinación nacional En la actualidad, los mercados digitales evolucionan rápidamente. Lo mismo ocurre con las prácticas desleales, que proliferan en Internet y no conocen fronteras. Para garantizar la seguridad de los consumidores y que las empresas puedan competir equitativamente, son necesarias herramientas adecuadas para responder con rapidez y eficacia a las infracciones de la legislación de protección de los consumidores. Una aplicación centralizada de esta normativa contribuirá a resolver rápidamente los casos de gran repercusión, aumentar el efecto disuasorio de las normas de la UE, proteger a las empresas honradas de la competencia desleal y proteger a los consumidores frente a posibles perjuicios. Esta es la razón por la que la revisión del Reglamento CPC propone: Otorgar a la Comisión competencias directas para investigar casos de gran envergadura con un impacto significativo en los consumidores de todo el mercado único, con multas de hasta el 6 % del volumen de negocios anual mundial de una empresa. Acelerar y mejorar la coordinación de las autoridades nacionales de consumidores en los asuntos transfronterizos, estableciendo plazos para las etapas clave y mejorando la coordinación de las sanciones, por ejemplo, cuando las multas se recaudan en diferentes jurisdicciones. Reforzar el control del cumplimiento de las empresas no pertenecientes a la UE, exigiéndoles que designen a un representante legal en la UE para cooperar con las autoridades nacionales y la Comisión. La Comisión Europea ha presentado su propuesta de Ley de Equidad Digital, una importante actualización de las normas de protección de los consumidores de la UE para garantizar que los consumidores de la Unión disfruten del mismo elevado nivel de protección tanto en línea como fuera de línea.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2553138547-1-p491951-m1534403-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ce-refuerza-la-legislacion-en-materia-de-proteccion-de-los-consumidores-para-adaptarla-a-la-era-digitalhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_2553138547-1-p491951-m1534403-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ce-refuerza-la-legislacion-en-materia-de-proteccion-de-los-consumidores-para-adaptarla-a-la-era-digitalhttps://elderecho.com/la-ce-refuerza-la-legislacion-en-materia-de-proteccion-de-los-consumidores-para-adaptarla-a-la-era-digitalhttps://elderecho.com/la-ce-refuerza-la-legislacion-en-materia-de-proteccion-de-los-consumidores-para-adaptarla-a-la-era-digital2026-11-11 12:45:222026-11-11 12:45:22civilCivil2derecho-ticDerecho TICCivil,Derecho TIC491950Ambos cuentan con amplia experiencia en fiscalidad nacional e internacional, empresa familiar y litigación tributaria. Estas incorporaciones responden a la apuesta de la firma por consolidar una práctica tributaria capaz de acompañar a sus clientes tanto en la toma de decisiones estratégicas como en la prevención y resolución de controversias con la Administración Tributaria. La combinación de planificación fiscal, asesoramiento especializado y defensa en procedimientos tributarios permite abordar las necesidades de los clientes desde una perspectiva integral, alineada con sus objetivos empresariales y patrimoniales. Esteban Ceca, socio director de CECA MAGÁN Abogados, destaca: “El fortalecimiento de nuestros equipos pasa por incorporar profesionales con una sólida trayectoria, especialización y capacidad para comprender las necesidades reales de nuestros clientes. La fiscalidad tiene un impacto directo en las inversiones y la continuidad de los negocios. La llegada de Adela y Enrique refuerza nuestra capacidad para ofrecer respuestas rigurosas y anticiparnos a los retos fiscales y acompañar a empresas y familias empresarias en decisiones de gran relevancia estratégica, combinando excelencia técnica y una visión global de sus necesidades”. Miguel Lobón, socio director de la oficina de Catalunya, señala: "Catalunya es una prioridad estratégica para CECA MAGÁN y queremos que siga siendo uno de los motores de crecimiento de la firma. Estamos construyendo un equipo que combina especialización, cercanía y un conocimiento profundo del tejido empresarial catalán, con especial atención a la empresa familiar. La incorporación de Adela y Enrique refuerza nuestra capacidad para acompañar a los clientes en decisiones que marcan el futuro de sus negocios: crecer, afrontar una sucesión o defender sus intereses ante un conflicto tributario. Ambos aportan experiencia y criterio, pero también una manera de entender la abogacía que compartimos: implicarnos en cada proyecto y trabajar en equipo para ofrecer respuestas útiles al empresario”. Dos perfiles complementarios para reforzar el área de Tributario Enrique Viola cuenta con más de 20 años de experiencia en planificación fiscal y fiscalidad internacional. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y cuenta con un máster AGT por ESADE. A lo largo de su trayectoria, ha asesorado a empresas familiares, grandes patrimonios y deportistas, así como en operaciones de reestructuración empresarial. Su incorporación refuerza la capacidad de la firma para abordar cuestiones fiscales complejas vinculadas a la organización patrimonial, la actividad empresarial y las operaciones corporativas. Su trayectoria también ha sido reconocida por grandes directorios jurídicos. “Me incorporo a CECA MAGÁN con la oportunidad de contribuir al desarrollo de una práctica tributaria orientada a ofrecer soluciones rigurosas y adaptadas a la realidad de cada cliente. En un contexto en el que las decisiones fiscales están estrechamente vinculadas a la estrategia empresarial y patrimonial, resulta fundamental combinar el conocimiento técnico con una visión global del negocio”, afirma Enrique Viola. Por su parte, Adela Martín Márquez cuenta también con más de 20 años de experiencia en la defensa de empresas en procedimientos complejos frente a la Administración Tributaria. Está especializada en litigación tributaria y contencioso administrativa, con experiencia en inspecciones fiscales, procedimientos sancionadores y litigios ante los tribunales. Su práctica incluye, además, el asesoramiento estratégico a empresas familiares, el gobierno de estas organizaciones, la prevención de conflictos y la preparación fiscal y jurídica de los procesos sucesorios. Es licenciada en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra y cuenta con un máster en Fiscalidad General por la misma universidad, así como con formación especializada en Derecho Penal Económico por la Universitat Abat Oliba CEU. “Acompañar a una empresa cuando surge un conflicto tributario requiere mucho rigor y análisis jurídico, además de un conocimiento profundo de sus circunstancias. Mi objetivo es contribuir a que los clientes puedan afrontar estos procedimientos con la máxima preparación, defendiendo sus intereses y ayudándoles a tomar decisiones fundamentadas también desde una perspectiva preventiva”, señala Adela Martín Márquez. Con estas incorporaciones, CECA MAGÁN Abogados continúa avanzando en su estrategia de crecimiento y especialización, reforzando sus capacidades para responder a los retos fiscales de las empresas y consolidando un asesoramiento que combina excelencia técnica, visión de negocio y cercanía al cliente.CECA MAGÁN Abogados anuncia la incorporación de Adela Martín y Enrique Viola como nuevos counsels del área de Tributario en su oficina de Barcelona.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/CECA_MAGAN_Abogados_Incorporacion_Adela_Enrique-scaled-p491950-m1534385-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ceca-magan-abogados-incorpora-a-adela-martin-y-enrique-viola-como-counselshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/CECA_MAGAN_Abogados_Incorporacion_Adela_Enrique-scaled-p491950-m1534385-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ceca-magan-abogados-incorpora-a-adela-martin-y-enrique-viola-como-counselshttps://elderecho.com/ceca-magan-abogados-incorpora-a-adela-martin-y-enrique-viola-como-counselshttps://elderecho.com/ceca-magan-abogados-incorpora-a-adela-martin-y-enrique-viola-como-counsels2026-11-11 12:05:492026-11-11 12:05:49sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico491949Los técnicos de Hacienda consideran que el proyecto de Real Decreto que fijará el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027 en 18.004 euros sin tributación conllevará que el Gobierno apruebe un Real Decreto-Ley que aumente la deducción por obtención de rendimientos del trabajo hasta los 1.033,66 euros desde los 590,89 euros vigentes en 2026, con la que las personas trabajadoras solteras sin cargas personales ni familiares no tributarán en el IRPF. Los técnicos han explicado a través de un comunicado que si se mantiene la estructura actual para evitar el error de salto, la deducción se irá reduciendo progresivamente para sueldos superiores hasta agotarse en salarios por encima de 23.172,26 euros. De ser así, Gestha estima un coste para el tesoro público que rondaría los 1.100 millones, unos 700 millones más que en 2026. En opinión de los técnicos, la deducción en cuota es un "mecanismo adecuado" para evitar la tributación del SMI, sin los efectos regresivos de las reducciones en base, además de que se minimiza el impacto en las cuentas públicas, pues no todas las personas pueden agotar la deducción al tener mayores cargas personales y familiares, otras deducciones o por insuficiencia de ingresos. En este sentido, los técnicos han defendido un gran acuerdo político para la exención de los salarios y rentas hasta los importes de las futuras actualizaciones del SMI, teniendo en cuenta también la modificación de los distintos elementos del IRPF, dado que se lleva años sin actualizar las reducciones por obtención de rentas del trabajo, ni deflactar la escala y mínimos del IRPF. Ampliar la deducción a pensionistas y desempleados Así, han pedido ampliar esta deducción a pensionistas y desempleados, cuyas percepciones son también rentas del trabajo, pues no entienden que se suprima la tributación de los trabajadores y no para estos dos colectivos con ingresos hasta el nuevo SMI, además han afirmado que tendría un coste adicional muy reducido dados los mayores importes de los mínimos personales por edad o discapacidad, así como a los desempleados que habitualmente no superarán los 18.004 euros anuales, el umbral del nuevo SMI.El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha calculado que la deducción del impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF) subirá a 1.033 euros para que el salario mínimo interprofesional (SMI) siga sin tributar, y ha estimado que el coste acumulado de la medida alcanzará los 1.100 millones.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_1952845837-1-p491949-m1534367-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/gestha-calcula-que-la-deduccion-del-irpf-subira-a-1-033-euros-para-que-el-smi-no-tributehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/11/shutterstock_1952845837-1-p491949-m1534367-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/gestha-calcula-que-la-deduccion-del-irpf-subira-a-1-033-euros-para-que-el-smi-no-tributehttps://elderecho.com/gestha-calcula-que-la-deduccion-del-irpf-subira-a-1-033-euros-para-que-el-smi-no-tributehttps://elderecho.com/gestha-calcula-que-la-deduccion-del-irpf-subira-a-1-033-euros-para-que-el-smi-no-tribute2026-11-11 11:38:412026-11-11 11:38:41fiscalFiscal6Fiscal