https://elderecho.com/feedes484887Los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) son una de las principales novedades del nuevo modelo de Justicia impulsado por la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La norma ha situado estos mecanismos en el centro de la resolución de conflictos civiles y mercantiles, promoviendo que las partes intenten alcanzar un acuerdo antes de acudir a la vía judicial. De esta manera, el legislador busca favorecer una gestión más eficiente de los conflictos, impulsar soluciones consensuadas y racionalizar la actividad de los órganos jurisdiccionales. Situación de litigiosidad La relevancia de los MASC cobra especial importancia en la situación actual de la litigiosidad en España. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la tasa de litigiosidad se situó en 37,15 asuntos por cada 1.000 habitantes, diez puntos por debajo de la registrada un año antes (47,07). Por comunidades autónomas, Canarias presentó la tasa más elevada (45,01), seguida de Asturias (41,73) y Madrid (40,59). En este contexto, los MASC pasan a formar parte de la estrategia normativa para fomentar la resolución extrajudicial de controversias y contribuir a un funcionamiento más eficiente del sistema judicial. Con el objetivo de aportar conocimiento en esta transformación del sistema judicial Lefebvre ha publicado el ebook "MASC, PIMASC, LexNET, IA, Procedimiento testigo". La obra recopila las principales novedades organizativas, procesales y tecnológicas derivadas de la entrada en vigor de la LO 1/2025. De esta forma, se ofrece una visión conjunta de los cambios que afectan al ejercicio profesional. El ebook analiza el funcionamiento de los MASC y del Punto de Interoperabilidad de los MASC (PIMASC), la plataforma destinada a registrar la actividad negociadora cuando la normativa exige acreditar el intento de resolución extrajudicial del conflicto como requisito de procedibilidad de algunos procedimientos civiles y mercantiles. Junto a estas cuestiones, la publicación examina la evolución de LexNET, el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico y la aplicación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) al ejercicio de la abogacía. También, aborda el denominado procedimiento testigo, previsto para facilitar la tramitación de litigios con características homogéneas, así como el papel que pueden desempeñar los agentes de inteligencia artificial en la transformación de la práctica jurídica. Además, se suma un análisis de la nueva organización judicial introducida por la reforma, incluida la implantación de los Tribunales de Instancia, la automatización de procesos, la digitalización de la Administración de Justicia y los principales retos derivados del nuevo modelo de eficiencia judicial. Dirigido a abogados, procuradores, asesores jurídicos y demás operadores del Derecho, el ebook ofrece una visión técnica completa de las modificaciones introducidas por la LO 1/2025 y de las herramientas digitales que acompañan su aplicación.   Descarga el ebook “MASC, PIMASC, LexNET, IA, Procedimiento testigo” En este ebook quedan analizadas las principales novedades de la reforma del Servicio Público de Justicia y el impacto de la transformación digital.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/10/shutterstock_2440782853-1-p484887-m1512671-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-ofrece-una-guia-imprescindible-para-entender-el-impacto-de-la-lo-1-2025-en-la-transformacion-del-sistema-judicialhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/10/shutterstock_2440782853-1-p484887-m1512671-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-ofrece-una-guia-imprescindible-para-entender-el-impacto-de-la-lo-1-2025-en-la-transformacion-del-sistema-judicialhttps://elderecho.com/lefebvre-ofrece-una-guia-imprescindible-para-entender-el-impacto-de-la-lo-1-2025-en-la-transformacion-del-sistema-judicialhttps://elderecho.com/lefebvre-ofrece-una-guia-imprescindible-para-entender-el-impacto-de-la-lo-1-2025-en-la-transformacion-del-sistema-judicial2026-07-08 15:28:562026-07-08 15:28:56procesalProcesalsector-juridicoSector jurídicoProcesal,Sector jurídico484875 El Tribunal Supremo ha rechazado elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno, al tiempo que rechaza paralizarla por los mismos motivos que ya hizo la primera vez que otras partes plantearon la suspensión cautelar. Según ha comunicado la Sala Tercera del Supremo, "una vez acordada la no suspensión" de la medida, "no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión en este momento procesal", tal y como solicitó la Abogacía del Estado. A través de dos providencias, recogidas por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo dio un plazo de cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer respecto a consultar al tribunal europeo, tras sendos recursos de la Comunidad Valenciana y Aragón. Dos disposiciones adicionales Los magistrados señalaron que el real decreto incorpora dos disposiciones adicionales que son las que contienen el proceso de regularización para la obtención de permisos de residencia para extranjeros en situación irregular en España y "no se trata, pues, de un reconocimiento individualizado de dicho permiso, sino de un régimen general a nivel normativo para todos aquellos ciudadanos de terceros países que se encontrasen en España en situación irregular, debiendo reunir determinadas condiciones, ahora irrelevantes". "El régimen de regularización establecido en las mencionadas normas adicionales del real decreto suscita la duda de si podría entrar en colisión con las normas que implementan el PMAUE", según queda reflejado en el Pacto de Migración y Asilo aprobado en la Unión Europea en 2024. Ya el pasado mayo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó que no frenaría la regularización, medida cautelar pedida por Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid. El pasado mes de junio el alto tribunal planteó formular una cuestión prejudicial al TJUE ante la "duda" de "si podría entrar en colisión" con normativa comunitaria.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/03/Inmigrantes-p484875-m1512637-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-rechaza-llevar-al-tjue-la-regularizacion-extraordinaria-de-migrantes-y-vuelve-a-descartar-paralizarlahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/03/Inmigrantes-p484875-m1512637-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-rechaza-llevar-al-tjue-la-regularizacion-extraordinaria-de-migrantes-y-vuelve-a-descartar-paralizarlahttps://elderecho.com/el-supremo-rechaza-llevar-al-tjue-la-regularizacion-extraordinaria-de-migrantes-y-vuelve-a-descartar-paralizarlahttps://elderecho.com/el-supremo-rechaza-llevar-al-tjue-la-regularizacion-extraordinaria-de-migrantes-y-vuelve-a-descartar-paralizarla2026-07-08 14:57:292026-07-08 14:57:29administrativoAdministrativo1Administrativo484862 La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado el martes 7 de julio por unanimidad solicitar al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la convocatoria urgente de la Comisión Mixta para abordar la decisión de este departamento de denegar la autorización económica previa de medidas de refuerzo en órganos judiciales. En la reunión celebrado y según informa Comunicación del Poder Judicial, la Comisión Permanente -que el pasado día 1 ya aprobó por unanimidad solicitar al Ministerio que reconsidere esa decisión- ha acordado asimismo reiterar esa solicitud de reconsideración respecto de las medidas de refuerzo solicitadas en órganos judiciales especializados en asuntos relativos a condiciones generales de la contratación incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas abusivas), a la vista de las conclusiones del informe que el Servicio de Inspección ha elaborado sobre las consecuencias de esa decisión. 12.470 asuntos suspendidos en el segundo semestre del año El informe  señala que la denegación de renovación total o parcial de las comisiones de servicio en las secciones civiles de las Audiencias Provinciales y en las plazas de las Secciones Civiles de los Tribunales de Instancia especializadas en esta materia supondrá la suspensión y no resolución de, al menos, 12.470 asuntos a lo largo del segundo semestre del año. El territorio más afectado será la Comunidad Valenciana, donde el servicio de Inspección calcula que serán entre 5.420 y 5.520 los asuntos suspendidos o no resueltos. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 4.650 asuntos; y Cataluña, con 2.400 asuntos solo en la provincia de Barcelona. Traslado del informe al Ministerio de Justicia El pasado día 1, la Permanente acordó por unanimidad solicitar al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que reconsidere su decisión de denegar la autorización económica previa de medidas de refuerzo para sesenta y dos órganos judiciales de toda España y mostró su preocupación por la situación generada, que obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales que se consideran necesarias e imprescindibles para garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas de ciudadanos y consumidores. Un informe del Servicio de Inspección cifra en casi 12.500 los asuntos en esta materia que quedarán suspendidos y no resueltos a lo largo del segundo semestre del año.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/04/Ministerio-de-Justicia-p484862-m1512600-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-pide-al-ministerio-de-justicia-la-convocatoria-urgente-de-la-comision-mixta-ante-la-denegacion-de-medidas-de-refuerzohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/04/Ministerio-de-Justicia-p484862-m1512600-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cgpj-pide-al-ministerio-de-justicia-la-convocatoria-urgente-de-la-comision-mixta-ante-la-denegacion-de-medidas-de-refuerzohttps://elderecho.com/el-cgpj-pide-al-ministerio-de-justicia-la-convocatoria-urgente-de-la-comision-mixta-ante-la-denegacion-de-medidas-de-refuerzohttps://elderecho.com/el-cgpj-pide-al-ministerio-de-justicia-la-convocatoria-urgente-de-la-comision-mixta-ante-la-denegacion-de-medidas-de-refuerzo2026-07-08 14:39:452026-07-08 14:39:45sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico484850Mutualidad, entidad aseguradora sin ánimo de lucro que ofrece a los profesionales soluciones para todas sus necesidades de previsión y ahorro, en colaboración con la Asociación de Juristas y Profesionales del Derecho San Raimundo de Peñafort, ha abierto la convocatoria de la VII edición del Premio de Artículos Jurídicos, una iniciativa promueve la investigación jurídica y reconoce la aportación de quienes contribuyen, a través del estudio y el análisis, al desarrollo del conocimiento en el ámbito del Derecho. Trabajos originales e inéditos El certamen premia trabajos originales e inéditos que contribuyan al conocimiento y al debate jurídico; y aborden cualquier rama del Derecho. Con esta iniciativa, ambas entidades reafirman su compromiso con la investigación y la promoción del talento jurídico. El trabajo ganador recibirá un premio de 5.000 euros y será objeto de difusión y publicación por parte de las entidades organizadoras. Podrán optar al premio las personas graduadas o licenciadas en Derecho o Relaciones Laborales, mayores de edad y de nacionalidad española. Los trabajos deberán presentarse en castellano, ser individuales, originales e inéditos y no podrán haber sido presentados en ediciones anteriores. El jurado, integrado por representantes de reconocido prestigio de la comunidad jurídica, valorará la calidad del análisis jurídico, doctrinal y jurisprudencial de los trabajos, así como el estudio comparativo con otras legislaciones, la capacidad de síntesis, la sistemática expositiva, la complejidad del tema seleccionado y la labor de investigación desarrollada por los participantes. Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de Mutualidad, ha señalado que “El progreso del Derecho requiere una reflexión constante sobre los retos jurídicos que plantea una sociedad en permanente transformación. A través de este premio queremos seguir reconociendo el talento de quienes, con rigor y excelencia, contribuyen a enriquecer el conocimiento jurídico y a fortalecer una profesión esencial para el Estado de derecho”. Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, presidente de la Asociación de Juristas y Profesionales del Derecho San Raimundo de Peñafort ha indicado que “La promoción de la investigación jurídica y del pensamiento crítico constituye uno de los principales fines de nuestra Asociación. Este premio representa una oportunidad para reconocer el esfuerzo intelectual y la excelencia de los profesionales del Derecho, al tiempo que contribuye a enriquecer el debate jurídico sobre los desafíos de nuestro tiempo. ”. Presentación de candidaturas  Las personas interesadas podrán presentar sus candidaturas hasta el 30 de septiembre de 2026, conforme a los requisitos y al procedimiento establecidos en las bases de la convocatoria, disponibles en este enlace. Las solicitudes deberán remitirse por correo electrónico a la dirección secretaria@asociacionsanraimundodepenafort.es. La entrega de premios tendrá lugar en un acto público que se celebrará durante el último trimestre de 2026 o a principios de 2027, en el que se dará a conocer el trabajo ganador. Este reconocimiento refuerza el compromiso de ambas instituciones para impulsar la investigación jurídica y el pensamiento crítico mediante el reconocimiento a trabajos rigurosos sobre cuestiones de plena actualidad. Así, esta colaboración con la Asociación San Raimundo de Peñafort reafirma la contribución de esta iniciativa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, en particular al ODS 4 (Educación de calidad) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).  El certamen, dotado con 5.000 euros, busca distinguir trabajos originales que contribuyan al estudio, la reflexión y el desarrollo del conocimiento jurídico. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/01/San-Raimundo-de-Peñafort-p484850-m1512567-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/mutualidad-y-la-asociacion-san-raimundo-de-penafort-impulsan-una-nueva-edicion-del-premio-de-articulos-juridicos-para-reconocer-la-excelencia-en-la-investigacion-juridicahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/01/San-Raimundo-de-Peñafort-p484850-m1512567-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/mutualidad-y-la-asociacion-san-raimundo-de-penafort-impulsan-una-nueva-edicion-del-premio-de-articulos-juridicos-para-reconocer-la-excelencia-en-la-investigacion-juridicahttps://elderecho.com/mutualidad-y-la-asociacion-san-raimundo-de-penafort-impulsan-una-nueva-edicion-del-premio-de-articulos-juridicos-para-reconocer-la-excelencia-en-la-investigacion-juridicahttps://elderecho.com/mutualidad-y-la-asociacion-san-raimundo-de-penafort-impulsan-una-nueva-edicion-del-premio-de-articulos-juridicos-para-reconocer-la-excelencia-en-la-investigacion-juridica2026-07-08 14:26:562026-07-08 14:26:56sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico484823El Real Decreto 416/2026 modifica de forma significativa el régimen jurídico de la jubilación flexible para facilitar el regreso al mercado laboral de los pensionistas, incrementar las opciones de compatibilidad entre pensión y empleo y clarificar el tratamiento de las cotizaciones y de determinados complementos. El Gobierno español configura un régimen más flexible, en el que se exige una mayor atención al cumplimiento de las obligaciones de comunicación y a las limitaciones previstas para compatibilidad. En la siguiente infografía repasamos los siete cambios más relevantes de la nueva normativa. Más opciones para compatibilizar pensión y trabajo La reforma amplía los supuestos para compatibilizar la pensión con una actividad laboral. En el caso de actividad por cuenta propia, se permite compatibilizar la pensión con el trabajo autónomo en determinados supuestos en que podrá percibirse una pensión compatible del 25 %. Por otra parte, en actividad por cuenta ajena, se amplían determinados límites. Incentivos económicos para volver a trabajar El nuevo régimen incorpora un incentivo económico para quienes se reincorporen a la actividad al menos seis meses después de haberse jubilado. Nuevas reglas sobre la pensión compatible La reforma también modifica el tratamiento de determinados complementos y el momento en que se producen los efectos económicos de la compatibilidad. Entre los complementos que sí pueden mantenerse figuran el de maternidad y el de reducción de la brecha de género. Nuevas obligaciones para el pensionista La norma refuerza las obligaciones de comunicación frente a la Seguridad Social indicando en qué casos será obligatorio informar y en qué consisten las sanciones. Cambios en la relación entre jubilación flexible y jubilación demorada La reforma aclara cómo interactúan ambas modalidades de jubilación, cuando es compatible, cuáles son las limitaciones y otros casos a tener en cuenta. Las cotizaciones durante la actividad no aumentarán la pensión Esta es una de las novedades más relevantes que afecta al tratamiento de las cotizaciones efectuadas durante la jubilación flexible. La norma establece expresamente que dichas cotizaciones: no mejorarán la pensión ya reconocida; no incrementarán el complemento económico de demora. También, están previstas otro tipo de excepciones. Otros cambios relevantes Finalmente, el Real Decreto introduce dos precisiones adicionales de interés práctico relacionadas con las cotizaciones realizadas después de la jubilación y con las prestaciones de muerte y supervivencia.Lefebvre recoge en una nueva infografía los siete cambios más relevantes que introduce el Real Decreto 416/2026.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/FLEXIBLE_CABECERA-p484823-m1512460-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/nueva-regulacion-de-la-jubilacion-flexible-los-siete-cambios-clave-que-introduce-el-rd-416-2026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/FLEXIBLE_CABECERA-p484823-m1512460-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/nueva-regulacion-de-la-jubilacion-flexible-los-siete-cambios-clave-que-introduce-el-rd-416-2026https://elderecho.com/nueva-regulacion-de-la-jubilacion-flexible-los-siete-cambios-clave-que-introduce-el-rd-416-2026https://elderecho.com/nueva-regulacion-de-la-jubilacion-flexible-los-siete-cambios-clave-que-introduce-el-rd-416-20262026-07-07 13:24:192026-07-07 13:24:19sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social484810KPMG Abogados acaba de anunciar la incorporación de José Luis Pérez-Campoamor como nuevo socio del área de Regulatorio, Administrativo y Competencia, impulsando su posicionamiento como firma de referencia en el asesoramiento en el ámbito del derecho administrativo y sectores regulados. José Luis Pérez-Campoamor cuenta con una sólida trayectoria profesional de más de 20 años, asesorando en materia de derecho administrativo, con especial foco en operaciones de M A y financiación en sectores regulados como energía, infraestructuras, defensa, transporte, telecomunicaciones y medio ambiente, entre otros. Derecho administrativo Procedente de CMS Albiñana Suárez de Lezo, donde ejercía como counsel en el departamento de Derecho Público y Sectores Regulados, ha desarrollado su carrera también en firmas internacionales como Allen Overy y Clifford Chance, combinando su experiencia en el ámbito del asesoramiento consultivo con la dirección letrada en procedimientos administrativos y contencioso-administrativos. A lo largo de su carrera, ha participado en asuntos de gran complejidad, asesorando a algunos de los principales operadores del mercado en cuestiones regulatorias, contratación pública y asistiéndoles en litigios contencioso-administrativos. Asimismo, cuenta con una dilatada experiencia en el asesoramiento a empresas en proyectos normativos, operaciones corporativas y procedimientos sancionadores, combinando una elevada capacidad técnica con un enfoque práctico orientado a negocio Es Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y ha completado formación de especialización en materia de contratación administrativa, colaboración público-privada y medio ambiente, habiendo realizado asimismo cursos de doctorado en Derecho Público. En palabras de Alberto Estrelles, socio director de KPMG Abogados, “José Luis aporta una experiencia especialmente valiosa en entornos regulatorios de alta complejidad, donde los aspectos jurídicos y estratégicos están cada vez más interrelacionados. Su llegada refuerza nuestra capacidad para abordar este tipo de desafíos con una aproximación integral”. Con esta incorporación, KPMG Abogados continúa avanzando en su estrategia de crecimiento y consolidación en áreas clave, reforzando su propuesta de valor para acompañar a sus clientes en entornos regulatorios complejos y altamente especializados.En materia docente ha colaborado en cursos de postgrado con diversas instituciones tanto públicas como privadas, como la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), la Universidad Carlos III, el Club de la Energía, la Universidad Autónoma y ESADE.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Jose-Luis-Perez-Campoamor-2-scaled-p484810-m1512426-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/jose-luis-perez-campoamor-nuevo-socio-del-area-de-regulatorio-administrativo-y-competencia-en-kpmg-abogadoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Jose-Luis-Perez-Campoamor-2-scaled-p484810-m1512426-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/jose-luis-perez-campoamor-nuevo-socio-del-area-de-regulatorio-administrativo-y-competencia-en-kpmg-abogadoshttps://elderecho.com/jose-luis-perez-campoamor-nuevo-socio-del-area-de-regulatorio-administrativo-y-competencia-en-kpmg-abogadoshttps://elderecho.com/jose-luis-perez-campoamor-nuevo-socio-del-area-de-regulatorio-administrativo-y-competencia-en-kpmg-abogados2026-07-07 13:14:002026-07-07 13:14:00administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico484734El empleado publicó un video en TikTok durante su jornada laboral revelando el sistema interno de cobro e identificando a la empresa. En la grabación, divulgó los márgenes de beneficio del café (con un coste de 0,20 euros frente a los 5 euros de venta) y se quejó públicamente de recibir un salario precario de 1.400 euros. El 14 de mayo de 2024 la mercantil le comunicó la extinción de la relación laboral alegando despido disciplinario. El demandante alegaba que el despido era desproporcionado e improcedente, ya que en el video no se identificaba a la empresa ni se causó un daño real a la demandada. Sostenía además que, aun de existir una conducta reprochable, la empresa obvió la graduación de las faltas al imponer la sanción más gravosa sin atender a las circunstancias. Por su parte, la empresa señaló que, aunque no hubiera un daño económico directo cuantificado, la difusión de tales mensajes suponía un importante daño a su reputación, prestigio y credibilidad exterior. Según los magistrados, el tribunal de primera instancia acertó al señalar que el daño afectó a la imagen externa y comercial de la empresa, perjudicando su prestigio y credibilidad. Ha quedado demostrado que el empleado subió un video a TikTok criticando los precios y sueldos de la compañía, mostrando además el sistema interno de ventas (TPV), lo cual ataca directamente la reputación de la entidad. Asimismo, la Sala expresa que la sentencia no ha aplicado un castigo de forma automática; al contrario, ha evaluado detalladamente el contexto, el impacto del video, la gravedad de la falta y su relación con el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. Que el empleado no esté de acuerdo con el fallo no significa que la decisión no esté argumentada. En conclusión, la Sala sostiene que publicar un video despectivo en redes sociales durante el horario de trabajo y mostrando herramientas internas de la empresa rompe la confianza laboral, lo que justifica plenamente el despido. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. TSJ de Illes Balears. Sala de lo Social. Sentencia nº 264/2026 de 27 de mayo de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears ha confirmado la procedencia del despido a un camarero de un hotel por subir vídeos una red social en horario de trabajo.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2592941477-p484734-m1512200-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/despido-de-empleado-de-hotel-por-criticar-a-su-empresa-a-traves-de-un-video-en-redes-socialeshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2592941477-p484734-m1512200-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/despido-de-empleado-de-hotel-por-criticar-a-su-empresa-a-traves-de-un-video-en-redes-socialeshttps://elderecho.com/despido-de-empleado-de-hotel-por-criticar-a-su-empresa-a-traves-de-un-video-en-redes-socialeshttps://elderecho.com/despido-de-empleado-de-hotel-por-criticar-a-su-empresa-a-traves-de-un-video-en-redes-sociales2026-07-07 11:00:302026-07-07 11:00:30derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Derecho TIC,Sector jurídico,Social484795La defensa de los artículos finalistas tuvo lugar el pasado 22 de junio de 2026 y, tras la deliberación, el Jurado resolvió conceder el premio de forma compartida. El Jurado de esta XV edición ha estado presidido por María Emilia Casas, catedrática de Derecho del Trabajo y presidenta Emérita del Tribunal Constitucional, y ha contado como vocales con María Luisa Segoviano Astaburuaga, magistrada del Tribunal Constitucional y anterior presidenta de la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo; Ignacio García-Perrote Escartín, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho del Trabajo; y Yolanda Valdeolivas García, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo, el Premio cuenta como secretario con Jesús R. Mercader Uguina, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid y Counsel de Uría Menéndez, y como colaboradora académica con Rosario Cristóbal Roncero, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y vicerrectora de Relaciones Internacionales, Cooperación y Voluntariado de la Universidad Complutense de Madrid. El Premio, dotado con 3.000 euros, está patrocinado por Banco Santander e incluye el correspondiente diploma acreditativo. Adicionalmente, los galardonados recibirán una suscripción anual a QMemento Social de Lefebvre. La entrega formal de los diplomas acreditativos tuvo lugar el pasado 2 de julio, durante el Afterwork de verano de FORELAB celebrado en la terraza de las oficinas de Baker McKenzie en Madrid. Los trabajos de los galardonados y finalistas estarán disponibles próximamente en la página web de FORELAB.El Foro Español de Laboralistas (FORELAB) ha otorgado el Galardón de la XV edición del Premio a Jóvenes Laboralistas ex aequo a Nerea Larrinaga Isidoro, letrada de CSIF, por su trabajo “La transposición del permiso parental de la Directiva UE 2019/1158 en España: ¿Una tarea pendiente?”, y a Adriano Fernández Graziano, graduado en Derecho en Antràs Abogados, por su trabajo “Las garantías de la vigilancia de la salud ante la monitorización predictiva y neurotecnológica: análisis crítico”.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/entrega-PREMIO-JOVENES-LABORALISTAS-2026-p484795-m1512380-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/forelab-concede-en-su-decimoquinta-edicion-el-premio-a-jovenes-laboralistas-ex-aequohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/entrega-PREMIO-JOVENES-LABORALISTAS-2026-p484795-m1512380-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/forelab-concede-en-su-decimoquinta-edicion-el-premio-a-jovenes-laboralistas-ex-aequohttps://elderecho.com/forelab-concede-en-su-decimoquinta-edicion-el-premio-a-jovenes-laboralistas-ex-aequohttps://elderecho.com/forelab-concede-en-su-decimoquinta-edicion-el-premio-a-jovenes-laboralistas-ex-aequo2026-07-07 10:50:022026-07-07 10:50:02sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico484739Alerta sobre la preocupante situación que atraviesa la Justicia en la provincia, donde los retrasos estructurales han alcanzado niveles incompatibles con el derecho de la ciudadanía a obtener una tutela judicial efectiva. En este sentido, la Corporación ha recibido en las últimas semanas quejas de varios compañeros por la fijación de juicios para el año 2029, con especial incidencia en la Jurisdicción Social. Esta circunstancia supone que trabajadores, empresas y ciudadanos deben esperar al menos tres años para obtener una resolución judicial sobre cuestiones tan sensibles como despidos, reclamaciones salariales, incapacidades, prestaciones de la Seguridad Social o conflictos laborales que afectan directamente a su estabilidad económica y personal. Por su parte, los profesionales de la abogacía se ven obligados a explicar a sus clientes que, pese a haber ejercido sus derechos en tiempo y forma, deberán afrontar esperas desproporcionadas para obtener una respuesta judicial. Una situación que genera frustración e incertidumbre en los justiciables y, en muchos casos, un inmerecido daño reputacional para el colectivo profesional. Del mismo modo, estas alarmantes dilaciones también causan perjuicios directos para los propios letrados, que no podrán cobrar sus honorarios hasta concluir los asuntos. No se trata de una incidencia puntual, sino de un problema estructural que se ha ido agravando con el paso del tiempo, la implantación de una reforma judicial sin la adecuada planificación ni los recursos necesarios y las continuas incidencias tecnológicas y que exige una respuesta urgente por parte de las administraciones competentes, ha manifestado el Colegio en un comunicado. La abogacía granadina insiste en que una Justicia a tres años vista deja de cumplir adecuadamente su función constitucional y erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Por ello, el Colegio de Abogados de Granada considera imprescindible la adopción inmediata de medidas que permitan revertir esta situación. En concreto, resulta necesario reforzar las plantillas de jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y personal funcionario; dotar a los órganos judiciales de los recursos materiales y técnicos adecuados; crear nuevos órganos allí donde la carga de trabajo lo exige; y establecer planes específicos de choque para reducir el volumen de procedimientos pendientes y recuperar la agilidad, la eficacia y la confianza en el sistema judicial. Asimismo, la Corporación reitera su compromiso con la defensa de los derechos de los ciudadanos y continuará denunciando cuantas situaciones comprometan el correcto funcionamiento del servicio público de Justicia, sin perjuicio de colaborar lealmente en la búsqueda de soluciones al creciente colapso judicial.El Colegio de Abogados de Granada denuncia el grave deterioro del servicio público de Justicia ante los inasumibles retrasos en los señalamientos judiciales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/06/005-p484739-m1512277-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-colegio-de-abogados-de-granada-alerta-sobre-la-preocupante-situacion-de-la-justicia-en-la-provinciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/06/005-p484739-m1512277-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-colegio-de-abogados-de-granada-alerta-sobre-la-preocupante-situacion-de-la-justicia-en-la-provinciahttps://elderecho.com/el-colegio-de-abogados-de-granada-alerta-sobre-la-preocupante-situacion-de-la-justicia-en-la-provinciahttps://elderecho.com/el-colegio-de-abogados-de-granada-alerta-sobre-la-preocupante-situacion-de-la-justicia-en-la-provincia2026-07-07 10:34:402026-07-07 10:34:40sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico484736En octubre de 2020, el INSS le denegó la pensión de viudedad argumentando que no reunía los requisitos establecidos para recibir tal prestación "al no haberse aportado la inscripción del matrimonio en el Registro Civil español". La mujer interpuso una reclamación contra esta resolución explicando que no fue posible inscribir el matrimonio en España porque para ello tenía que aportar el certificado de nacimiento de su marido, nacido en 1938 y registrado en los 'libros cheránicos del Registro Civil del Sahara', pero que era "imposible" localizarlo porque algunos de estos documentos se habían extraviado. Ahora, la Sala Social del TSJC le ha dado la razón y ha revocado la resolución por la que el INSS consideraba la inscripción en el Registro Civil español como "única vía para tener derecho a la pensión de viudedad" y para garantizar la legalidad del vínculo matrimonial celebrado en el extranjero ante el Estado y proteger al erario de un posible fraude. El TSJC invoca la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y recuerda que la falta de inscripción en el Registro Civil no puede perjudicar al beneficiario si la validez del matrimonio celebrado en el extranjero no ha estado cuestionada "en ningún momento" y se han aportado pruebas suficientes de la celebración de la unión.El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha reconocido el derecho de una mujer casada en Marruecos en 1965 con un hombre que adquirió la nacionalidad española a recibir una pensión de viudedad después de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se lo denegase, según la sentencia consultada por Europa Press.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Superior-Justicia-Cataluna_EDEIMA20121001_0012_1-p484736-m1512254-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjc-reconoce-el-derecho-de-una-mujer-casada-en-marruecos-en-1965-a-recibir-pension-de-viudedadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Superior-Justicia-Cataluna_EDEIMA20121001_0012_1-p484736-m1512254-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjc-reconoce-el-derecho-de-una-mujer-casada-en-marruecos-en-1965-a-recibir-pension-de-viudedadhttps://elderecho.com/el-tsjc-reconoce-el-derecho-de-una-mujer-casada-en-marruecos-en-1965-a-recibir-pension-de-viudedadhttps://elderecho.com/el-tsjc-reconoce-el-derecho-de-una-mujer-casada-en-marruecos-en-1965-a-recibir-pension-de-viudedad2026-07-07 10:20:372026-07-07 10:20:37socialSocial13Social