https://elderecho.com/feedes490535En una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Segoviano, la corte de garantías ha estimado por unanimidad el recurso de una mujer que denunció que se le había inadmitido un recurso contencioso-administrativo por "extemporaneidad" y ha establecido que "la presentación del recurso en el plazo concedido en el acuerdo de corrección de errores supone que se ha presentado dentro de plazo", según ha comunicado el Constitucional. La demandante, funcionaria del Cuerpo de Habilitación Nacional de Secretarios e Interventores de la Administración Local, con plaza en propiedad de secretaria-interventora del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, recurrió en vía contencioso-administrativa el acuerdo del consistorio en el que trabajaba por el que se modificaba la Relación del Puesto de Trabajo, publicado el 30 de marzo de 2017, explica el TC. Posteriormente, el Ayuntamiento dictó un nuevo acuerdo de corrección de errores en la identificación del régimen impugnatorio, publicado el 18 de abril de 2017, añade. Y señala que en la vía judicial se inadmitió su recurso al considerar que la demanda se había presentado "fuera del plazo de dos meses desde la inicial publicación del acuerdo". Se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva Además, el TC recoge que el Tribunal Supremo concluyó que, en este caso, "la circunstancia de que se hubiera presentado el recurso contencioso-administrativo fuera del plazo concedido en el acuerdo inicial pero dentro del concedido en el acuerdo de corrección de errores, supone que se ha presentado fuera de plazo". Ahora, la corte de garantías estima el amparo de la mujer y anula la decisión judicial "razonando que la presentación del recurso en el plazo concedido en el acuerdo de corrección de errores supone que se ha presentado dentro de plazo". El tribunal señala que el contenido rectificado "afecta al derecho de la interesada", destacando que "ello generó una razonable expectativa en los interesados, en este caso la demandante, de que la única, válida y eficaz indicación de recursos era la que había sido publicada el 18 de abril de 2017". "Es a partir de dicha fecha cuando comienza a computar el plazo para interponer el recurso contra el acuerdo inicial del Ayuntamiento de modificación de la relación del puesto de trabajo", concluye, y considera que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente.El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado que el inicio del plazo para recurrir un acuerdo de un órgano administrativo puede comenzar, bajo determinadas circunstancias, a partir de la publicación del acuerdo de rectificación de errores.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Constitucional_EDEIMA20150623_0007_1-p490535-m1529972-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tc-determina-que-el-plazo-para-recurrir-un-acuerdo-administrativo-puede-contar-desde-su-correccion-de-erroreshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Constitucional_EDEIMA20150623_0007_1-p490535-m1529972-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tc-determina-que-el-plazo-para-recurrir-un-acuerdo-administrativo-puede-contar-desde-su-correccion-de-erroreshttps://elderecho.com/el-tc-determina-que-el-plazo-para-recurrir-un-acuerdo-administrativo-puede-contar-desde-su-correccion-de-erroreshttps://elderecho.com/el-tc-determina-que-el-plazo-para-recurrir-un-acuerdo-administrativo-puede-contar-desde-su-correccion-de-errores2026-10-19 13:30:482026-10-19 13:30:48administrativoAdministrativo1Administrativo490536La sentencia relata acreditado que, como proveedora de una empresa, otra mercantil proveedora envió el 29 de noviembre de 2022 una factura proforma de 20.000 euros por correo electrónico. La acusada interceptó el mensaje y suplantó la identidad de la mercantil enviando al día siguiente un correo idéntico con el mismo importe, pero modificando el número de cuenta de destino. Creyendo obrar de buena fe, el administrador de la empresa cliente realizó la transferencia de 20.000 euros a la cuenta falsa el 1 de diciembre, dinero que fue recibido y dispuesto por la acusada. Los magistrados consideran probado que la acusada conocía los movimientos de su cuenta, dado que utilizaba la banca electrónica y se registraron múltiples operaciones (15 en total, incluyendo un ingreso de 20.000 euros). Por ello, al haber facilitado su cuenta y dispuesto de parte de los fondos fraudulentos, concluyen que su actuación fue clave, condenándola como cooperadora necesaria del delito de estafa.La Audiencia Provincial de Huesca ha confirmado la condena de nueve meses de prisión a una mujer por estafar a una mercantil mediante una factura falsificada. Asimismo, la condenada deberá indemnizar a la empresa afectada con la cantidad de 20.000 euros.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Justicia-legal_EDEIMA20110120_0035_1-p490536-m1529993-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-por-estafar-20-000-euros-a-una-empresa-mediante-una-factura-falsahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Justicia-legal_EDEIMA20110120_0035_1-p490536-m1529993-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-por-estafar-20-000-euros-a-una-empresa-mediante-una-factura-falsahttps://elderecho.com/prision-por-estafar-20-000-euros-a-una-empresa-mediante-una-factura-falsahttps://elderecho.com/prision-por-estafar-20-000-euros-a-una-empresa-mediante-una-factura-falsa2026-10-19 12:24:562026-10-19 12:24:56penalPenal9Penal490534La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, ha recogido el premio. Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado: "Es para mí un honor recoger este premio en nombre del Consejo General del Notariado, de los casi 3.000 notarios y más de 18.000 empleados de las notarías. Quiero manifestar nuestra gratitud, no solo por el prestigio de la organización que concede este premio, sino también por los vínculos que nos unen con ATA. Los notarios, además de profesionales del derecho que ejercemos una función pública, que garantizamos la seguridad jurídica y prestamos una función esencial a las personas, somos responsables de gestionar nuestros despachos. Por ello, cuando hablamos de trabajadores autónomos, no estamos hablando de una realidad que nos sea ajena, estamos hablando de nosotros mismos. Los notarios acompañamos y asesoramos a las personas en los momentos más importantes de su vida, y por supuesto también a los autónomos. Cuando deciden constituir una empresa, transmitirla, ampliar su actividad o en la toma de decisiones desde el punto de vista personal y patrimonial. En la actualidad, emprender es un esfuerzo casi heroico y no podemos incrementar los riesgos con incertidumbre e inseguridad jurídica. De ahí la importancia de la intervención notarial y de garantizar la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo económico. España debe muchísimo a sus trabajadores autónomos, personas que con su iniciativa, que con su esfuerzo, colaboran y contribuyen al desarrollo económico y la cohesión social. Por eso desde el Notariado valoramos tanto la labor realizada por ATA y por eso estamos especialmente orgullosos del convenio que hemos suscrito con ellos, porque compartimos la misma cultura de trabajo, de esfuerzo y de la responsabilidad. Recibimos este premio con gratitud, con orgullo, pero también como estímulo para continuar colaborando y contribuyendo, desde nuestra función y con compromiso, a una mayor agilidad y accesibilidad en la asistencia jurídica".El Consejo General del Notariado ha recibido el ‘Premio Fomento del Asociacionismo’ en la 25ª edición de los Premios Autónomo del Año que concede la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Lorenzo-Amor-presidente-de-ATA-Concepcion-Barrio-presidenta-del-Consejo-General-del-Notariado-y-Jose-Maria-Diaz-Gonzalez-director-comercial-de-Flotas-en-MOEVE_img-p490534-m1529951-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/el-consejo-general-del-notariado-recibe-el-premio-fomento-del-asociacionismo-en-la-25a-edicion-de-los-premios-autonomo-del-ano-de-atahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Lorenzo-Amor-presidente-de-ATA-Concepcion-Barrio-presidenta-del-Consejo-General-del-Notariado-y-Jose-Maria-Diaz-Gonzalez-director-comercial-de-Flotas-en-MOEVE_img-p490534-m1529951-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/el-consejo-general-del-notariado-recibe-el-premio-fomento-del-asociacionismo-en-la-25a-edicion-de-los-premios-autonomo-del-ano-de-atahttps://elderecho.com/el-consejo-general-del-notariado-recibe-el-premio-fomento-del-asociacionismo-en-la-25a-edicion-de-los-premios-autonomo-del-ano-de-atahttps://elderecho.com/el-consejo-general-del-notariado-recibe-el-premio-fomento-del-asociacionismo-en-la-25a-edicion-de-los-premios-autonomo-del-ano-de-ata2026-10-19 12:00:462026-10-19 12:00:46sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490538El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha situado este lunes la confianza y la seguridad jurídica en el centro de las relaciones económicas entre Europa e Iberoamérica durante la inauguración del Congreso Iberoamericano 2026. Ante profesionales procedentes de distintos países de la región, Ribón ha subrayado que la previsibilidad jurídica constituye un factor determinante a la hora de decidir una inversión: “La seguridad jurídica no es únicamente un concepto de manual, sino una condición que convierte el capital en infraestructura y la infraestructura en desarrollo”. Organizado por el ICAM junto al Instituto Peruano de Arbitraje (IPA) y con el apoyo del Centro Internacional e Iberoamericano de Arbitraje de Madrid (CIIAM), el Congreso reúne esta semana a más de una treintena de especialistas en arbitraje, inversión y negocios internacionales. Bajo el título ‘Arbitraje y Negocios. Todo lo que se necesita saber’, el programa recorre los mercados de España, Portugal y Andorra, Perú, México, la región andina, el Cono Sur, Brasil y Centroamérica para analizar oportunidades de inversión, riesgos jurídicos y mecanismos de prevención y resolución de controversias. Confianza para invertir, seguridad para crecer Ribón ha articulado su intervención en torno a la confianza como presupuesto tanto de la inversión como del arbitraje. “Confianza es lo que lleva a una empresa a invertir a diez mil kilómetros de su sede”, ha señalado. Una confianza que, según ha explicado, exige certeza sobre el cumplimiento de los contratos y la existencia de mecanismos imparciales, ágiles y especializados cuando surge una controversia. El decano ha situado también esa reflexión dentro de la nueva agenda iberoamericana del Colegio, que en las últimas semanas ha llevado al ICAM a Argentina, Uruguay y Chile para reforzar sus vínculos con colegios de la abogacía, universidades y otras instituciones de la región. “Los vínculos internacionales de la abogacía no son una cortesía diplomática, sino una necesidad profesional. Nuestras empresas y nuestros clientes operan a ambos lados del Atlántico; nosotros debemos hacerlo también”. Ribón enmarcó esta exigencia de seguridad jurídica en el volumen creciente de inversión que recibe la región. Según los datos de la CEPAL citados durante su intervención, América Latina y el Caribe captaron en 2025 más de 194.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, de los que Brasil y México concentraron más del 60%. Ante ese volumen de operaciones e inversiones transfronterizas, el decano reivindicó especialmente la función preventiva de la abogacía. «Una cláusula bien redactada, una negociación bien asesorada, un contrato que anticipa los riesgos: ahí empieza la seguridad jurídica, mucho antes de que se constituya un tribunal arbitral», afirmó. Para Ribón, la prevención de las controversias forma parte del mismo ecosistema que el arbitraje y constituye uno de los ámbitos en los que la abogacía puede aportar mayor valor a empresas e inversores. Una tradición jurídica compartida A partir de esa misma idea de confianza, Carlos A. Soto ha puesto el foco en los vínculos históricos, culturales y jurídicos que conectan a España y América Latina y en su capacidad para facilitar la cooperación entre profesionales de ambos lados del Atlántico. El fundador del Instituto Peruano de Arbitraje ha señalado, entre otros ejemplos, la proximidad entre los marcos arbitrales español y peruano como muestra de una tradición jurídica que permite a abogados y árbitros trabajar conjuntamente en controversias internacionales. Carlos A. Soto Soto ha defendido que esta base compartida sigue teniendo una traducción económica y profesional en el presente y ha situado el Congreso como un espacio para reforzar esos vínculos. Su intervención ha incidido así en una de las ideas que atraviesan el encuentro: la existencia de una comunidad jurídica y empresarial que comparte lengua, referencias y una larga trayectoria de relaciones a ambos lados del Atlántico. El arbitraje como factor de competitividad Díaz-Ambrona ha trasladado el debate al funcionamiento de las instituciones arbitrales y ha defendido que el arbitraje debe contemplarse no solo como un sistema jurídico de resolución de conflictos, sino también como una herramienta de competitividad. En este sentido, ha advertido de que los costes, la duración de los procedimientos o la falta de adaptación a las necesidades de las empresas pueden restar eficacia al arbitraje precisamente cuando debe aportar certeza a las operaciones internacionales. El presidente de la Asociación para el Arbitraje Internacional de Madrid ha destacado, en este marco, el proceso de integración institucional desarrollado en torno al CIIAM y la importancia de seguir construyendo instituciones arbitrales capaces de competir internacionalmente. Para Díaz-Ambrona, la cooperación entre los distintos actores de la comunidad iberoamericana permite crear instituciones más sólidas y, con ellas, generar mayor confianza para la inversión y los negocios. El Congreso continuará hasta mañana martes con sesiones dedicadas a los distintos mercados iberoamericanos y concluirá con un diálogo sobre prevención y resolución de conflictos en los negocios internacionales. El programa culminará con la clausura institucional, en la que participarán representantes del ICAM, el Instituto Peruano de Arbitraje y el CIIAM.Más de una treintena de especialistas de todo Iberoamérica participan durante dos jornadas en siete mesas dedicadas a los principales mercados de la región, con especial atención a la inversión, las infraestructuras, la seguridad jurídica y la resolución de controversias.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Eugenio-Ribon-Carlos-A.-Soto-Jose-Ignacio-Monedero-y-Adolfo-Diaz-Ambrona--p490538-m1530035-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-situa-el-arbitraje-y-la-previsibilidad-juridica-como-factores-clave-para-impulsar-los-negocios-en-iberoamericahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Eugenio-Ribon-Carlos-A.-Soto-Jose-Ignacio-Monedero-y-Adolfo-Diaz-Ambrona--p490538-m1530035-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-situa-el-arbitraje-y-la-previsibilidad-juridica-como-factores-clave-para-impulsar-los-negocios-en-iberoamericahttps://elderecho.com/el-icam-situa-el-arbitraje-y-la-previsibilidad-juridica-como-factores-clave-para-impulsar-los-negocios-en-iberoamericahttps://elderecho.com/el-icam-situa-el-arbitraje-y-la-previsibilidad-juridica-como-factores-clave-para-impulsar-los-negocios-en-iberoamerica2026-10-19 11:30:542026-10-19 11:30:54sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490539Se trata de una posición de nueva creación con la que la firma vasca refuerza su capacidad ejecutiva en el momento en que prepara su salto fuera del País Vasco, después de un periodo de crecimiento sostenido que la ha llevado a ocho oficinas en Gipuzkoa, Bizkaia y Álava y un equipo de ochenta profesionales. La Gerencia nace como una posición de carácter ejecutivo y de apoyo directo a la Dirección. Maeso asumirá la ejecución de los planes y objetivos definidos por la Dirección, la gestión del día a día de la organización, la coordinación de los equipos, el seguimiento del cumplimiento de objetivos y la representación de la firma en determinados ámbitos. Fernando Hidalgo, fundador y socio director, mantiene las funciones de dirección, planificación estratégica y definición del rumbo de la compañía. El nombramiento consolida además la apuesta del despacho por la promoción interna. Economista, colegiada por el Colegio Vasco de Economistas y graduada en Gestión de Negocios por la UPV/EHU, Nagore Maeso ha desarrollado toda su carrera profesional en Hidalgo Abogados y Asesores, donde ha dirigido el Departamento Fiscal-Contable al frente de un equipo repartido entre varias oficinas. Su designación la sitúa en una de las posiciones de mayor responsabilidad de una firma de servicios profesionales del País Vasco. “Hemos pasado de ser un despacho a ser una organización de ochenta personas en ocho oficinas, y eso exige profesionalizar la gestión. Hay cuestiones que necesitan una dedicación que desde Dirección no siempre se puede dar, y para eso creamos la Gerencia”, explica Fernando Hidalgo, socio director de Hidalgo Abogados y Asesores. “Que la ocupe alguien que ha crecido dentro del proyecto dice mucho de la empresa que queremos ser”, añade Hidalgo. Por su parte, Nagore Maeso, matiza que asume el cargo con una idea principal: “Crecer no puede ir en contra de la cercanía con el cliente, que es justamente lo que nos ha traído hasta aquí. El reto es que la organización acompañe a ese crecimiento sin que se note por dentro ni por fuera”. Como consecuencia del nombramiento, el despacho ha reorganizado también la responsabilidad de su Departamento Fiscal-Contable, que pasa a asumir Borja Sarasqueta. Fundada en Eibar en 2008, Hidalgo Abogados y Asesores mantiene abierto un plan de expansión fuera del País Vasco que incluye la integración de otros despachos y asesorías.Hidalgo Abogados y Asesores ha nombrado gerente a Nagore Maeso Ipiña, hasta ahora responsable de su Departamento Fiscal-Contable. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Hidalgo-Maeso-Ipina-Nagore-p490539-m1530056-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/hidalgo-abogados-y-asesores-nombra-gerente-a-nagore-maeso-para-consolidar-su-expansionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Hidalgo-Maeso-Ipina-Nagore-p490539-m1530056-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/hidalgo-abogados-y-asesores-nombra-gerente-a-nagore-maeso-para-consolidar-su-expansionhttps://elderecho.com/hidalgo-abogados-y-asesores-nombra-gerente-a-nagore-maeso-para-consolidar-su-expansionhttps://elderecho.com/hidalgo-abogados-y-asesores-nombra-gerente-a-nagore-maeso-para-consolidar-su-expansion2026-10-19 11:00:582026-10-19 11:00:58sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490537La acusada conseguía que los bancos le concedieran créditos superiores al precio de las viviendas, y una vez se firmaba la compraventa dejaba de pagar las cuotas. Junto a ella, también han sido condenadas otras ocho personas, todas ellas captadas por la principal acusada para que actuaran como compradoras de las viviendas. En su caso, las penas oscilan entre los dos años y los diez meses de prisión, y entre 960 y 600 euros de multa. Todos ellos son autores de delitos continuados de falsedad en documento oficial y mercantil en concurso con un delito de estafa agravada, con la concurrencia de las circunstancias que atenúan su responsabilidad penal de dilaciones indebidas y confesión tardía. En algunos de ellos también concurre la atenuante de reparación del daño debido a los acuerdos a los que han llegado con las entidades bancarias de dación en pago de los inmuebles de los que eran titulares. El hijo de la principal acusada, que estaba acusado de un delito de receptación por recibir los beneficios en sus cuentas bancarias, ha resultado absuelto. No obstante, es partícipe a título lucrativo y deberá responder de forma directa y solidaria, junto a algunos de los acusados, frente a las entidades perjudicadas -Bankinter, Caja Rural y Sabadell- con un total de 56.638 euros. Por su parte, el Banco Santander, que ejercía la acusación particular en este procedimiento y que ha suscrito la conformidad, ha hecho reserva expresa de las acciones civiles para su ejercicio en vía separada. Relato de hechos Según el relato de hechos suscrito por todas las partes y que se llevará a sentencia, la principal acusada se encargaba de buscar los pisos, presentarse ante los vendedores como intermediaria inmobiliaria, guiar a los supuestos compradores -también acusados- en todo el proceso de compra, elaborar la documentación falsa presentada a las entidades bancarias para la obtención de los créditos y administrar los beneficios. Para la obtención de esos créditos, los ahora condenados “aportaban documentación de apariencia veraz”, si bien “no era más que una imitación de nóminas, contratos laborales o informes de vida laboral”, entre otros documentos, que elaboraba la principal condenada. Esos documentos generaban “una imagen de solvencia que no se correspondía con la realidad, lo que provocaba que las entidades bancarias les concedieran una financiación, con el consiguiente desplazamiento patrimonial que nunca les hubiesen concedido de haber contado con sus datos reales”. En las operaciones inmobiliarias formalizaban contratos de compraventa en los que se inflaba el precio de venta, haciendo constar en escritura pública una cifra, pero pagando en realidad a los vendedores una cantidad inferior que la financiación obtenida, con lo que se quedaban con la diferencia. Los vendedores aceptaban que apareciese un precio inflado en el contrato “por la necesidad de vender sus inmuebles” y “eran totalmente desconocedores de las maniobras urdidas por la trama”. Tras adquirir los inmuebles, los destinaban a alquiler y a los pocos meses dejaban de abonar las cuotas del crédito, “quedando las entidades bancarias con la única opción de proceder a la ejecución hipotecaria, con un inmueble sobrevalorado y un resultado incierto”. La principal acusada controlaba las operaciones, mantenía el dominio efectivo de las viviendas adquiridas y distribuía el beneficio obtenido. La mayor parte de ese beneficio llegaba a las cuentas de su hijo, quien desconocía los hechos delictivos, si bien “le generaron un enriquecimiento patrimonial injustificado”. Ese es el motivo por el que es considerado responsable civil a título lucrativo de las cantidades pendientes de abono. Finalmente, el resto de condenados son personas “en situaciones de dificultad económica que aceptaban figurar como compradores y solicitar los préstamos hipotecarios o personales con pleno conocimiento de que iban a obtener un beneficio ilícito”. En total, se han documentado doce operaciones de compraventa de viviendas con garantía hipotecaria por las que obtuvieron 1,3 millones de euros, y siete créditos personales, por los que recibieron 194.000 euros.La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1.440 euros a una mujer por falsificar documentos para lograr préstamos hipotecarios y así adquirir viviendas que luego alquilaba.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2725976717-1-p490537-m1530014-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/falsificacion-de-documentos-para-lograr-hipotecas-que-luego-dejaba-de-pagarhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2725976717-1-p490537-m1530014-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/falsificacion-de-documentos-para-lograr-hipotecas-que-luego-dejaba-de-pagarhttps://elderecho.com/falsificacion-de-documentos-para-lograr-hipotecas-que-luego-dejaba-de-pagarhttps://elderecho.com/falsificacion-de-documentos-para-lograr-hipotecas-que-luego-dejaba-de-pagar2026-10-19 10:24:512026-10-19 10:24:51penalPenal9Penal490521El despacho, con sede en el céntrico barrio de Justicia de Madrid, asesorará a empresas, directivos e inversores tanto en España como en asuntos internacionales. Para ello, contará con el respaldo de un consejo asesor académico y empresarial, además de una red de colaboradores y especialistas en distintas jurisdicciones. MAREST LAW nace como una firma internacional diseñada para acompañar a empresas y líderes en sus decisiones y transformaciones más complejas, con un modelo basado en el criterio senior, la visión integral y la implicación personal. Además, la firma combina lo más valioso de la abogacía tradicional —experiencia, confianza y acompañamiento— con una prestación de servicios más tecnológica, ágil, flexible y colaborativa. Bajo el concepto Building Bridges, MAREST LAW conecta el Derecho con el negocio, así como distintas jurisdicciones y especialidades, aunando el corto plazo con la visión de futuro. Para ello, configura equipos internacionales a medida de cada asunto que ayudan a sus clientes a anticipar conflictos, construir acuerdos y tomar mejores decisiones. La firma nace, además, nativa en inteligencia artificial, lo que reduce el trabajo de menor valor añadido y permite concentrar el tiempo de los abogados en aquello que realmente marca la diferencia: el criterio, la estrategia y la relación directa con el cliente. "Durante años hemos demostrado que la excelencia jurídica es imprescindible, pero ya no es suficiente. Las empresas necesitan abogados capaces de comprender el negocio, conectar perspectivas y participar en las decisiones que condicionan su futuro. MAREST nace para responder a esa realidad con un modelo donde la experiencia, el criterio y la implicación personal del socio son irrenunciables. Entiendo la abogacía como una relación de confianza y de largo plazo: pasar de reaccionar ante el problema a anticiparlo, de intervenir cuando el conflicto ya existe a estar presentes cuando la decisión se está tomando. Nuestra misión es construir puentes para ayudar a tomar mejores decisiones, y ahí es donde queremos acompañar a nuestros clientes: en las decisiones", señala Marlen Estévez Sanz, fundadora de MAREST LAW. Una firma liderada desde la experiencia El proyecto está liderado por Marlen Estévez, especialista en litigación, arbitraje y mediación nacional e internacional, con una trayectoria estrechamente vinculada a la resolución de controversias complejas y al gobierno corporativo. A lo largo de su carrera ha asesorado a compañías cotizadas, entidades financieras, fondos e inversores en asuntos complejos y multijurisdiccionales, con especial foco en conflictos derivados de operaciones corporativas, responsabilidad de administradores y disputas entre socios. Su práctica se apoya, además, en un profundo conocimiento del gobierno corporativo. Estévez acompaña a consejos de administración, sus comisiones y primeros ejecutivos en la anticipación y gestión de situaciones de riesgo, el diseño de la toma de decisiones societarias y el cumplimiento de los deberes de diligencia y lealtad, integrando la estrategia procesal en la estrategia de negocio. Su ejercicio profesional se ha desarrollado en paralelo a una intensa labor institucional y académica. Preside el Centro de Mediación Empresarial de Madrid (CMEM) y CIIAM Mediación, es fundadora y preside Women in a Legal World, está vinculada a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y participa en organismos nacionales e internacionales de arbitraje y mediación, entre ellos la International Bar Association (IBA) y la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Forma parte, además, de consejos asesores y órganos de gobierno de diversas organizaciones y desarrolla actividad docente en gobernanza de la inteligencia artificial y Derecho. Su trayectoria ha sido reconocida de forma sostenida por los principales directorios internacionales —Chambers and Partners, The Legal 500, Best Lawyers y Leaders League— y por publicaciones especializadas del sector. Un consejo asesor académico y empresarial La firma completa su estructura con un consejo asesor de perfil académico y empresarial, actualmente en configuración, cuya composición se dará a conocer próximamente. Su cometido será aportar a MAREST LAW y a sus clientes una perspectiva que trasciende el análisis estrictamente jurídico: contrastar estrategias en asuntos de especial complejidad, anticipar el impacto económico y reputacional de cada decisión y sostener la reflexión sobre las materias que están transformando el ejercicio del Derecho, entre ellas el gobierno corporativo, la gobernanza de la inteligencia artificial y los métodos adecuados de solución de controversias. El consejo asesor no interviene en el asesoramiento jurídico, que corresponde en exclusiva a los abogados de la firma, sino que opera como foro de contraste al servicio del criterio con el que MAREST LAW acompaña a sus clientes. Una firma concebida para acompañar las decisiones empresariales Con esta estructura, MAREST LAW prestará asesoramiento en Resolución de Disputas, M A y Derecho Corporativo, Reestructuraciones e Insolvencias, Laboral y Fiscal, mediante equipos configurados en función de las necesidades de cada asunto y con implicación directa de profesionales senior. La firma complementa este modelo con su consejo asesor y con una red internacional de despachos y especialistas cuidadosamente seleccionados, que permitirá coordinar operaciones y controversias multijurisdiccionales manteniendo un único interlocutor para el cliente.Marlen Estévez Sanz ha puesto en marcha MAREST LAW, una nueva firma especializada en abogacía de los negocios que inicia su actividad con cinco áreas de práctica: Resolución de Disputas, M A y Derecho Corporativo, Reestructuraciones e Insolvencias, Laboral y Fiscal.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Marlen-Estevez-MAREST-LAW-scaled-p490521-m1529911-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/marest-law-irrumpe-en-el-sector-legal-con-un-equipo-de-primer-nivel-y-un-consejo-asesor-academico-y-empresarial-liderado-por-marlen-estevezhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Marlen-Estevez-MAREST-LAW-scaled-p490521-m1529911-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/marest-law-irrumpe-en-el-sector-legal-con-un-equipo-de-primer-nivel-y-un-consejo-asesor-academico-y-empresarial-liderado-por-marlen-estevezhttps://elderecho.com/marest-law-irrumpe-en-el-sector-legal-con-un-equipo-de-primer-nivel-y-un-consejo-asesor-academico-y-empresarial-liderado-por-marlen-estevezhttps://elderecho.com/marest-law-irrumpe-en-el-sector-legal-con-un-equipo-de-primer-nivel-y-un-consejo-asesor-academico-y-empresarial-liderado-por-marlen-estevez2026-10-19 10:08:292026-10-19 10:08:29sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490436Las cuatro instituciones han señalado en un comunicado conjunto que el próximo Consejo de Ministros del martes 20 de octubre es una oportunidad idónea para llevar el reglamento a aprobación. Por ello, han insistido en la importancia de aprovechar esta posibilidad para acelerar el proceso y dar respuesta, tras años de reivindicaciones, a los profesionales que esperan una solución. Según han remarcado, el objetivo debe ser el de culminar cuanto antes la tramitación de esta medida y garantizar una regulación que proporcione seguridad jurídica a todos los profesionales afectados. Sobre la viabilidad de la aprobación del Real Decreto de la Pasarela al RETA una vez disueltas las Cortes y convocadas las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, las cuatro organizaciones recuerdan que aún hay margen para avanzar en la tramitación del reglamento y hacerlo posible. La reivindicación de la pasarela al RETA, impulsada desde hace más de tres años por asociaciones, plataformas, colectivos y el sindicato de mutualistas, responde a una necesidad urgente para más de 150.000 profesionales afectados, que deberían tener esta regulación para tomar decisiones sobre su futuro. Mutualidad de procuradores Por su parte, la Mutualidad de Procuradores --entidad de ahorro y previsión de los profesionales del sector-- también ha reclamado al Gobierno que apruebe el reglamento de la pasarela al RETA antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, para garantizar que los mutualistas puedan trasladar sus derechos a la Seguridad Social. Así, la Mutualidad considera que la norma debe tratarse como una "cuestión de Estado" y no verse afectada por el cambio de ciclo político. Además, recuerda que la pasarela afecta especialmente a quienes se acercan a la edad de jubilación y necesitan conocer las condiciones del traslado de sus fondos y la conversión de sus aportaciones en periodos cotizados.El Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, el Consejo General de Procuradores y el Consejo General de la Arquitectura Técnica han trasladado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la necesidad de avanzar con la máxima celeridad en el desarrollo reglamentario de la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2645949517-1-p490436-m1529673-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abogados-arquitectos-y-procuradores-urgen-a-la-ministra-saiz-a-culminar-el-reglamento-de-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2645949517-1-p490436-m1529673-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abogados-arquitectos-y-procuradores-urgen-a-la-ministra-saiz-a-culminar-el-reglamento-de-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/abogados-arquitectos-y-procuradores-urgen-a-la-ministra-saiz-a-culminar-el-reglamento-de-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/abogados-arquitectos-y-procuradores-urgen-a-la-ministra-saiz-a-culminar-el-reglamento-de-la-pasarela-al-reta2026-10-19 07:46:412026-10-19 07:46:41sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social490497El permiso de cinco días se contempla el Estatuto de los Trabajadores para atender a un familiar por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica que precise reposo domiciliario. La sentencia da la razón a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en un conflicto con un grupo empresarial que pretendía limitar este derecho a un máximo de cinco días laborables al año. La empresa quería limitar igualmente este permiso a los días de hospitalización o intervención con ingreso hospitalario, sin contemplar la posibilidad de que el familiar siga necesitando posteriormente cuidados domiciliarios de la persona trabajadora. Como ya hizo en una sentencia similar el pasado mes de febrero, el alto tribunal considera que este permiso puede disfrutarse de manera flexible y no en días naturales con inicio obligatorio desde el hecho causante, dejando margen para una distribución racional que permita una asistencia planificada y más eficaz del familiar. Igualmente, por primera vez, el Tribunal Supremo señala en esta última sentencia que este permiso no tiene por qué estar limitado a un único periodo en cada año natural. Según la sentencia, "cada supuesto de hecho habilitante del permiso da lugar a una duración del mismo de cinco días". Desde CSIF señalan su satisfacción por esta sentencia, "que supone un nuevo éxito de nuestra organización en el ámbito de la empresa privada para evitar abusos y garantizar los derechos de trabajadores". Y afirma que el Supremo hace una interpretación "sociológica, razonable y garantista" de estos permisos "evitando así situaciones de abuso y desprotección".El Tribunal Supremo ha eliminado el límite anual del permiso de cinco días para atender a familiares con enfermedad grave, al tiempo que ha confirmado también la sentencia de la Audiencia Nacional por la que se declara el derecho a disfrutar de estos días de manera flexible.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20131230_0018_1-p490497-m1529857-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-elimina-el-limite-anual-del-permiso-de-cinco-dias-para-atender-a-familiares-con-enfermedad-gravehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20131230_0018_1-p490497-m1529857-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-elimina-el-limite-anual-del-permiso-de-cinco-dias-para-atender-a-familiares-con-enfermedad-gravehttps://elderecho.com/el-supremo-elimina-el-limite-anual-del-permiso-de-cinco-dias-para-atender-a-familiares-con-enfermedad-gravehttps://elderecho.com/el-supremo-elimina-el-limite-anual-del-permiso-de-cinco-dias-para-atender-a-familiares-con-enfermedad-grave2026-10-19 07:41:122026-10-19 07:41:12socialSocial13Social490435Osborne Clarke ha anunciado la incorporación de Guillermo Rodrigo, Paloma Alcón, Lucía García Ovies y Jaime Armijo a su oficina de Madrid para reforzar la práctica de derecho inmobiliario de la firma. El nuevo equipo impulsará el desarrollo del área en la capital y trabajará de forma coordinada con el equipo inmobiliario de Barcelona, liderado por Julián Matos. Guillermo Rodrigo se incorpora como socio, Paloma Alcón como counsel y Lucía García Ovies y Jaime Armijo como asociados. Rodrigo cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector inmobiliario, durante los cuales ha asesorado a los principales actores del mercado en operaciones y proyectos de diversa naturaleza. Por su parte, Paloma Alcón aporta 15 años de trayectoria profesional y una sólida especialización en el asesoramiento inmobiliario. Lucía García Ovies y Jaime Armijo completan el equipo con su recorrido en operaciones y proyectos del sector que requieren un enfoque jurídico especializado. Los cuatro profesionales han desarrollado buena parte de su carrera profesional conjuntamente en Baker McKenzie. Esta experiencia compartida les ha permitido consolidar un equipo cohesionado, con un profundo conocimiento del mercado y una metodología de trabajo común, que constituye una sólida base para ofrecer asesoramiento coordinado e integral a inversores, promotores, operadores y otros participantes del sector. “Nos incorporamos a Osborne Clarke con mucha ilusión y con la convicción de que existe una gran oportunidad para seguir desarrollando la práctica inmobiliaria y transaccional de la firma. Es un proyecto que combina una sólida trayectoria con una clara apuesta por el crecimiento y por el mercado de Madrid. Queremos contribuir a ese desarrollo y potenciar la colaboración con el equipo de Barcelona y con las demás áreas de la firma”, señala Guillermo Rodrigo. Miguel Lorán y Jordi Casas, socios codirectores de Osborne Clarke España, han señalado: “La incorporación de Guillermo y su equipo se enmarca en el plan estratégico de Osborne Clarke y refuerza nuestra apuesta por el crecimiento en Madrid y por el desarrollo de la práctica inmobiliaria en España asesorando a nuestros clientes nacionales e internacionales. Su experiencia, unida a la del equipo de Barcelona, nos permite ampliar nuestras capacidades y ofrecer a nuestros clientes un asesoramiento especializado e integral, apoyado en una estrecha colaboración entre oficinas y áreas de práctica”. La incorporación se enmarca en la estrategia de crecimiento de Osborne Clarke en Madrid y en su apuesta por reforzar sus capacidades transaccionales. Asimismo, permitirá seguir desarrollando una práctica inmobiliaria especializada, capaz de dar respuesta a las necesidades de un mercado cada vez más sofisticado. El trabajo conjunto de los equipos de Madrid y Barcelona ampliará la capacidad de la firma para acompañar a sus clientes en sus proyectos y operaciones inmobiliarias. Asimismo, favorecerá la coordinación con otras áreas de práctica para abordar de forma integral las necesidades jurídicas.Guillermo Rodrigo se incorpora como socio, Paloma Alcón como counsel y Lucía García Ovies y Jaime Armijo como asociados.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Osborne-Clarke-Guillermo-Rodrigo-equipo-p490435-m1529655-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/osborne-clarke-fortalece-su-equipo-de-derecho-inmobiliario-con-la-incorporacion-de-cuatro-abogados-liderados-por-guillermo-rodrigohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Osborne-Clarke-Guillermo-Rodrigo-equipo-p490435-m1529655-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/osborne-clarke-fortalece-su-equipo-de-derecho-inmobiliario-con-la-incorporacion-de-cuatro-abogados-liderados-por-guillermo-rodrigohttps://elderecho.com/osborne-clarke-fortalece-su-equipo-de-derecho-inmobiliario-con-la-incorporacion-de-cuatro-abogados-liderados-por-guillermo-rodrigohttps://elderecho.com/osborne-clarke-fortalece-su-equipo-de-derecho-inmobiliario-con-la-incorporacion-de-cuatro-abogados-liderados-por-guillermo-rodrigo2026-10-16 12:52:072026-10-16 12:52:07sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico