https://elderecho.com/feedes485860El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 28 de julio el anteproyecto de ley por el que se modifica el Estatuto de los Trabajadores para reforzar la protección de los empleados que informen sobre infracciones normativas y casos de corrupción en el ámbito laboral, con el objetivo de blindarles frente a represalias y discriminaciones. Según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la reforma busca reforzar las garantías de indemnidad de estos trabajadores, al considerar que el sistema de protección "quedaría enormemente debilitado" si se limitara a reconocer la indemnización correspondiente al despido improcedente. Discriminación directa o indirecta En concreto, el texto prohíbe cualquier discriminación, directa o indirecta, tanto en el acceso al empleo como una vez iniciada la relación laboral, por comunicar o revelar infracciones normativas o hechos de corrupción conforme a la Ley 2/2023 de protección de los informantes. Asimismo, declara la nulidad del despido durante el periodo de prueba, de los despidos por causas objetivas y disciplinarias cuando se produzcan como represalia por revelar o comunicar este tipo de infracciones. También serán nulas las órdenes de discriminar y las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable hacia estas personas trabajadoras. La norma extiende igualmente esta protección a quienes sufran represalias por presentar reclamaciones en la empresa o por emprender acciones administrativas o judiciales dirigidas a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación o relacionadas con la revelación o comunicación de infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.  El Ministerio de Trabajo sostiene que la reforma fortalece la protección de quienes contribuyen a una cultura de integridad, transparencia y defensa del interés general en el ámbito laboral.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2010341144-1-p485860-m1515337-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-blinda-la-proteccion-y-declara-nulos-los-despidos-de-los-denunciantes-de-corrupcionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2010341144-1-p485860-m1515337-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-blinda-la-proteccion-y-declara-nulos-los-despidos-de-los-denunciantes-de-corrupcionhttps://elderecho.com/el-gobierno-blinda-la-proteccion-y-declara-nulos-los-despidos-de-los-denunciantes-de-corrupcionhttps://elderecho.com/el-gobierno-blinda-la-proteccion-y-declara-nulos-los-despidos-de-los-denunciantes-de-corrupcion2026-07-28 15:30:042026-07-28 15:30:04sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social485774La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha convocado los ‘Premios Protección de Datos Personales 2026’, que incluyen las siguientes categorías: Investigación en Ciencias Puras y Aplicadas en Protección de Datos Personales ‘Ángela Ruiz Robles’; Protección de datos personales de colectivos vulnerables y frente a la violencia digital; Comunicación; Formación, educación y concienciación en protección de datos; Buenas prácticas de cumplimiento normativo y de responsabilidad social en el tratamiento de datos; Investigación jurídica en protección de datos personales ‘Emilio Aced’; Difusión del derecho fundamental a la protección de datos personales en redes sociales; Labor de la persona Delegada de Protección de Datos, y Privacidad y Protección de Datos en Iberoamérica. La Agencia quiere reconocer con estas nueve categorías el trabajo realizado para difundir este derecho fundamental en ámbitos como el educativo; empresarial; la investigación científico-técnica; las personas delegadas de protección de datos; iberoamericano; las redes sociales; el realizado por Administraciones Públicas, los medios de comunicación y el de la protección de colectivos vulnerables y frente a la violencia digital. El Premio de Investigación en Ciencias Puras y Aplicadas en Protección de Datos Personales ‘Ángela Ruiz Robles’, dotado con 3.000 euros, tiene por objeto premiar trabajos y proyectos de protección de datos realizados en el contexto de la investigación en ciencias puras y aplicadas y en ámbitos científico técnicos o tecnológicos, con un enfoque práctico, en los que se estudie la aplicación de los principios de protección de datos en procesos, sistemas o desarrollos científico-técnicos, con el fin de garantizar los derechos y libertades de las personas, y no trabajos predominantemente jurídicos, doctrinales o propios de las ciencias sociales. El jurado podrá, asimismo, proponer la concesión de un accésit dotado con 1.500 euros. En esta edición se considerarán de mayor interés aquellas actividades relativas a la aplicación de la responsabilidad proactiva establecida en el RGPD y la gestión de los riesgos para los derechos y libertades en soluciones relativas a tecnologías disruptivas, aquellas que traten sobre categorías especiales de datos, tratamientos considerados de alto riesgo o que afecten a una parte significativa de la sociedad o grupos más expuestos como menores, personas con discapacidad o personas en situaciones de violencia de género u otras situaciones de acoso. El Premio a la Protección de datos personales de colectivos vulnerables y frente a la violencia digital está orientado a reconocer una actividad, producto o servicio del ámbito público o privado que tenga como características la originalidad, creatividad, innovación y el impacto social en relación con la protección de datos y la garantía de los derechos y libertades de las personas de colectivos en situación de vulnerabilidad, así como en la prevención y lucha contra la violencia digital. Se considerarán de especial interés aquellas actuaciones que, entre otras, fomenten la prevención, educación y sensibilización sobre los riesgos de la exposición digital y el tratamiento inadecuado de datos personales, o las que desarrollen herramientas tecnológicas accesibles o protocolos de actuación que contribuyan a la protección efectiva de las víctimas o personas vulnerables en el entorno digital. El premio consistirá en una dotación económica de 3.000 euros (1.500 para el accésit) si el proyecto ganador corresponde a una persona física o entidad privada. El Premio Comunicación de Protección de Datos, que incluye una dotación de 3.000 euros, tiene por objeto reconocer los trabajos periodísticos de medios de comunicación que supongan una aportación destacada a la difusión y promoción de los principios de protección de datos entre los ciudadanos y/o fomenten la concienciación de quienes manejan información personal. Podrán optar al mismo los trabajos individuales difundidos en un medio de comunicación −como un editorial, noticia, reportaje, o programa de radio o televisión− o los proyectos periodísticos y campañas audiovisuales que definan un compromiso editorial con la promoción de la protección de datos. Las candidaturas podrán ser presentadas tanto por periodistas (por sus trabajos publicados en un medio de comunicación) o por el medio de comunicación, incluyendo los blogs integrados en los mismos, como una campaña global. Los trabajos y acciones presentadas deben haberse difundido entre el 16 de octubre de 2025 y el 15 de octubre de 2026. En esta edición se priorizarán los trabajos que hayan contribuido a difundir en mayor medida la protección de datos desde un plano social, y especialmente aquellos que aborden la expansión de tecnologías innovadoras o disruptivas y su relación con la protección de datos y las iniciativas lanzadas por la AEPD. El Premio a la Formación, educación y concienciación en protección de datos tiene por objeto premiar las iniciativas que promuevan el conocimiento del derecho fundamental a la protección de datos entre el alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Universidades y centros educativos que impartan enseñanzas regladas no universitarias, y cuyos proyectos contribuyan a concienciar al alumnado sobre el valor de la privacidad y el uso responsable de la información personal en el ámbito digital y, en especial, en el uso de la inteligencia artificial. El galardón se convoca en dos modalidades (ambas incluyen una dotación económica de 3.000 euros y un accésit de 1.500 euros): El Premio a las Buenas prácticas de cumplimiento normativo y de responsabilidad social en el tratamiento de datos reconoce la proactividad, las buenas prácticas y la incorporación voluntaria de mecanismos éticos y de responsabilidad institucional en el tratamiento de datos personales. Se tendrán en cuenta las estructuras de gobernanza, auditorías internas, canales participativos y estrategias organizativas que refuercen la protección de los derechos. El premio, que consiste en una mención honorífica, se convoca en dos modalidades: Buenas prácticas puestas en marcha por empresas, asociaciones y fundaciones del sector privado. Buenas prácticas de instituciones, entidades, organismos, órganos y departamentos del sector público. El Premio de Investigación jurídica en protección de datos personales ‘Emilio Aced’que incluye un premio de 3.000 euros y un accésit de 1.500 euros, reconoce trabajos de investigación jurídica en materia de protección de datos y privacidad según su calidad técnico-jurídica, contribución doctrinal y práctica, así como por la difusión de aspectos relevantes del derecho a la protección de datos personales. Podrán optar a este galardón investigadores/as individuales, grupos de investigación o universidades e instituciones que promuevan o financien estudios jurídicos en materia de derecho sobre la protección de datos personales. El premio está orientado a trabajos de investigación jurídica realizados en España o en Iberoamérica que contribuyan de forma significativa al desarrollo del conocimiento sobre privacidad y protección de datos. El Premio a la difusión del derecho fundamental a la protección de datos en redes sociales, con un premio de 3.000 euros y un accésit de 1.500 euros, reconoce aquellos perfiles en redes sociales que se hayan caracterizado por el firme compromiso en la promoción y difusión del derecho a la protección de datos. En esta edición se priorizarán aquellos que hayan contribuido a difundir en mayor medida la protección de datos desde un plano social ‒tanto entre la ciudadanía para que conozca sus derechos y cómo ejercerlos, como entre aquellos que tratan datos, de forma que conozcan cuáles son sus obligaciones y responsabilidades‒ y los que hayan fomentado el conocimiento de las iniciativas y acciones lanzadas por la AEPD. El Premio a la labor de las personas Delegadas de Protección de Datos, tiene por objeto reconocer proyectos o actuaciones desarrolladas en el marco de las funciones propias del DPD que supongan una aportación innovadora en la promoción y supervisión efectiva del cumplimiento normativo en protección de datos; el fomento de la cultura de privacidad en las organizaciones; la formación del personal o el impulso de la participación de la comunidad de profesionales y la difusión de buenas prácticas en el ámbito profesional. Ese premio se dirige a destacar proyectos concretos o conjuntos de actuaciones impulsadas bajo el liderazgo de la persona que ejerza como DPD, valorando especialmente su carácter innovador, su impacto contrastable y su posible transferibilidad a otras entidades. Finalmente, el Premio de privacidad y protección de datos en Iberoamérica, dotado con 3.000 euros y un accésit de 1.500 euros, pretende reconocer y fomentar la cooperación científica, técnica e institucional sobre protección de datos en el espacio iberoamericano. El jurado tendrá en cuenta investigaciones relevantes en el ámbito jurídico realizadas en países de Iberoamérica que supongan una aportación significativa al conocimiento o la práctica de la protección de datos; proyectos de carácter público o privado que tengan conexión con la labor de la Agencia o con acciones conjuntas en el marco de la Red Iberoamericana de Protección de Datos; conjuntos de actuaciones destacadas de investigadores, profesionales o instituciones, y documentos técnicos, guías, protocolos, observatorios o herramientas prácticas que hayan contribuido a la cultura de privacidad o al ejercicio efectivo de los derechos en Iberoamérica. Podrán optar al premio investigadores individuales, grupos de investigación, universidades, instituciones públicas, autoridades de protección de datos, organizaciones internacionales, empresas y entidades privadas con sede o actividad principal en países de Iberoamérica.El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el próximo 15 de octubre.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/06/shutterstock_2467635789-1-p485774-m1515130-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-aepd-convoca-los-premios-proteccion-de-datos-2026-para-reconocer-el-compromiso-en-la-promocion-y-difusion-de-este-derechohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/06/shutterstock_2467635789-1-p485774-m1515130-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-aepd-convoca-los-premios-proteccion-de-datos-2026-para-reconocer-el-compromiso-en-la-promocion-y-difusion-de-este-derechohttps://elderecho.com/la-aepd-convoca-los-premios-proteccion-de-datos-2026-para-reconocer-el-compromiso-en-la-promocion-y-difusion-de-este-derechohttps://elderecho.com/la-aepd-convoca-los-premios-proteccion-de-datos-2026-para-reconocer-el-compromiso-en-la-promocion-y-difusion-de-este-derecho2026-07-28 13:00:472026-07-28 13:00:47sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485750El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha trasladado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados sus propuestas de enmienda al Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, con el propósito de reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias. Las propuestas del CERMI parten de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y del artículo 49 de la Constitución Española. Este marco jurídico, agrega la entidad, obliga a aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para favorecer la autonomía personal, la vida independiente y la accesibilidad universal, y, al mismo tiempo, a prevenir los riesgos de discriminación y exclusión derivados del diseño y la utilización de estos sistemas. Cuatro ámbitos prioritarios El documento articula las enmiendas en torno a cuatro ámbitos prioritarios. En primer lugar, reclama que todos los procedimientos previstos en la futura ley, incluidos los canales de información y reclamación, los registros, las inspecciones, las sanciones y las explicaciones sobre decisiones algorítmicas, sean universalmente accesibles y comprensibles. Asimismo, exige que las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y de sus familias participen en la elaboración de directrices, en las tareas de supervisión, en los espacios de pruebas y en la gobernanza de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. El CERMI solicita también que las garantías de accesibilidad, igualdad y no discriminación se conviertan en obligaciones jurídicas vinculantes, cuyo incumplimiento pueda ser supervisado y sancionado. "El objetivo es prevenir el capacitismo algorítmico, entendido como el sesgo que penaliza a las personas que se apartan de patrones corporales, cognitivos, comunicativos, sensoriales o conductuales considerados normativos", añade la entidad. Del mismo modo, plantea que las administraciones públicas garanticen que los sistemas de inteligencia artificial que adquieren y utilizan sean accesibles, auditables y respetuosos con los derechos humanos, y que cuenten con una supervisión humana dotada de capacidad real para revisar sus resultados. Futura regulación De acuerdo a la información facilitada por Europa Press, el CERMI insta a los grupos políticos a incorporar estas propuestas al texto de la ley y a establecer mecanismos permanentes de participación de la sociedad civil de la discapacidad. La futura regulación deberá asegurar una supervisión accesible, participada, informada y exigente, así como procedimientos efectivos de reclamación, reparación y sanción cuando se vulneren derechos. El CERMI advierte de que la gobernanza de la inteligencia artificial no puede descansar únicamente en principios éticos, declaraciones generales o compromisos voluntarios, y remarcan que los derechos de las personas con discapacidad deben traducirse en obligaciones jurídicas vinculantes, supervisables y exigibles, para evitar que estas personas queden fuera de las garantías diseñadas para proteger al conjunto de la ciudadanía. "Ningún avance tecnológico puede considerarse progreso si reproduce discriminaciones, consolida barreras o excluye a una parte de la sociedad", apostilla la entidad.Con sus propuestas de enmienda pretenden reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/03/shutterstock_2304821095-1-p485750-m1515067-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cermi-reclama-que-la-futura-ley-de-ia-garantice-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/03/shutterstock_2304821095-1-p485750-m1515067-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-cermi-reclama-que-la-futura-ley-de-ia-garantice-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidadhttps://elderecho.com/el-cermi-reclama-que-la-futura-ley-de-ia-garantice-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidadhttps://elderecho.com/el-cermi-reclama-que-la-futura-ley-de-ia-garantice-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad2026-07-28 13:00:152026-07-28 13:00:15derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico485737El Colegio de Registradores ha acordado la gratuidad de las notas simples de dominio que los damnificados puedan solicitar a través del Portal Registral de Emergencias (https://geoportal.registradores.org/emergency) ante los daños ocasionados por los incendios forestales que están asolando el territorio. Incendios forestales Hasta la fecha se han publicado 9 grandes incendios forestales, los ocurridos en Huelva, San Esteban de Litera en Hueca, Santa Cristina D´Haro en Girona, Los Gallardos en Almería, Congosto en León, Asin en Zaragoza, La Mierla y Selas en Guadalajara y Brieva en Segovia, que han calcinado 61.793,1 hectáreas y sobre las que se han geolocalizado 5.072 fincas registrales y 1.095 construcciones. Estas cifras se incrementarán exponencialmente con el paso de los días dado que siguen activos numerosos incendios en todo el territorio nacional, con especial atención a los incendios de Ávila y Madrid que han afectado ya a más de 45.000 hectáreas y 85.000 desplazados. Desde el Colegio de Registradores han manifestado que ayudarán a los afectados a través del Portal Registral de Emergencias pudiendo comprobar si su finca registral esta afectada por un incendio o cualquier otra catástrofe que afecte a nuestro territorio y poder obtener directamente información registral de forma ágil y gratuita sobre ella para hacer valer su titularidad jurídica registral y ejercer sus derechos sobre la información que, como fuente autentica y confiable, el Registro proporciona. El Portal Registral de Emergencias ofrece una visión global del impacto de los incendios y facilita a los damnificados acceso a los datos de fincas registrales afectadas para acreditar la titularidad vigente de sus inmuebles, algo clave para gestionar indemnizaciones y ayudas de las administraciones.Las cifras provisionales indican que son más de 45.000 hectáreas y 85.000 desplazados.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/08/shutterstock_2665970711-1-p485737-m1515037-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-colegio-de-registradores-acuerda-la-gratuidad-de-las-notas-simples-de-domino-para-los-damnificados-por-los-incendios-forestaleshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/08/shutterstock_2665970711-1-p485737-m1515037-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-colegio-de-registradores-acuerda-la-gratuidad-de-las-notas-simples-de-domino-para-los-damnificados-por-los-incendios-forestaleshttps://elderecho.com/el-colegio-de-registradores-acuerda-la-gratuidad-de-las-notas-simples-de-domino-para-los-damnificados-por-los-incendios-forestaleshttps://elderecho.com/el-colegio-de-registradores-acuerda-la-gratuidad-de-las-notas-simples-de-domino-para-los-damnificados-por-los-incendios-forestales2026-07-28 12:00:172026-07-28 12:00:17administrativoAdministrativo1Administrativo485725El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la condena a un hombre por simular el robo de su vivienda de Velilla de San Antonio con el objetivo de reclamar a la aseguradora una indemnización superior a 252.000 euros, aunque ha absuelto a su esposa al no quedar acreditado que conociera el engaño. En la sentencia de la que ha informado Europa Press, la Sala ratifica que el acusado cometió un delito de tentativa de estafa en concurso con otro de simulación de delito, tras denunciar falsamente que unos ladrones habían desvalijado su vivienda mientras se encontraba ausente. Como consecuencia de la sentencia de apelación, deberá abonar 15.111,87 euros, además de las costas procesales. Reclamación compañía aseguradora Los hechos se remontan al 6 de septiembre de 2017, cuando el hombre denunció ante la Guardia Civil de Rivas-Vaciamadrid un supuesto robo en su domicilio. Doce días después amplió la denuncia con un inventario de los bienes presuntamente sustraídos, valorados en 252.515,79 euros, cuantía que posteriormente reclamó a la compañía aseguradora. Entre los objetos que aseguró que habían desaparecido figuraban joyas, obras de arte, un Cristo crucificado de marfil y madera, un colmillo de elefante tallado, colecciones de figuras de marfil y porcelana, así como 39 banderines de coches oficiales. Muchos de esos bienes habían sido incorporados poco antes a la póliza del hogar como objetos de especial valor. La aseguradora detectó diversas irregularidades y abrió una investigación mediante informes periciales y un detective privado. Las pesquisas, junto con la investigación de la Guardia Civil, permitieron concluir que el robo nunca se produjo y que el denunciado había simulado el siniestro para obtener una indemnización que finalmente no llegó a cobrar. En su recurso, el condenado alegó que no existían pruebas suficientes, cuestionó la investigación de la aseguradora y sostuvo que los hechos no habían pasado de ser actos preparatorios. El TSJM rechaza estos argumentos al considerar acreditado que comunicó el falso siniestro con la finalidad de obtener un beneficio económico, por lo que su conducta constituyó una tentativa de estafa. Robo ficticio La Sala, sin embargo, estima parcialmente el recurso de la esposa. Aunque acompañó al acusado cuando amplió la denuncia, los magistrados concluyen que no ha quedado probado que supiera que el robo era ficticio, por lo que revocan su condena y la absuelven. Asimismo, el TSJM modifica la pena impuesta al principal condenado al apreciar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. De este modo, sustituye la pena de prisión impuesta en primera instancia por una multa de 89 días, con una cuota diaria de 50 euros, mantiene otra multa de 200 días a razón de 10 euros diarios por el delito de estafa y la obligación de indemnizar a la aseguradora con 8.661,87 euros por los gastos de la investigación del fraude.El hombre habría incluído los bienes poco antes a la póliza del hogar dándoles el calificativo de objetos de especial valor.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2599709733-1-p485725-m1515005-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjm-condena-a-un-hombre-por-un-falso-saqueo-de-su-vivienda-para-reclamar-mas-de-250-000-euros-al-segurohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/06/shutterstock_2599709733-1-p485725-m1515005-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjm-condena-a-un-hombre-por-un-falso-saqueo-de-su-vivienda-para-reclamar-mas-de-250-000-euros-al-segurohttps://elderecho.com/el-tsjm-condena-a-un-hombre-por-un-falso-saqueo-de-su-vivienda-para-reclamar-mas-de-250-000-euros-al-segurohttps://elderecho.com/el-tsjm-condena-a-un-hombre-por-un-falso-saqueo-de-su-vivienda-para-reclamar-mas-de-250-000-euros-al-seguro2026-07-28 10:00:362026-07-28 10:00:36penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico485762El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado en la tarde del día 27 de julio y ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. En este acuerdo se descarta, por el momento, la adopción de medidas extraordinarias y la activación del Protocolo de actuación judicial en situaciones de emergencia y catástrofe ante los graves incendios forestales que afectan a Madrid y otras provincias. Adopción de medidas cautelarísimas Junto con el recurso, el Colegio ha solicitado la adopción de medidas cautelarísimas, dada la especial urgencia de la situación y el peligro de que, mientras se tramita el procedimiento, venzan plazos, se celebren actuaciones judiciales o se produzcan efectos procesales irreversibles para ciudadanos y profesionales que no pueden actuar con normalidad por causas completamente ajenas a su voluntad. El recurso impugna el criterio del CGPJ según el cual la apertura y el funcionamiento ordinario de las sedes judiciales permiten descartar las medidas extraordinarias y remitir las incidencias a una resolución individualizada, “caso por caso”. Para el ICAM, este planteamiento confunde dos realidades radicalmente distintas: que los juzgados permanezcan abiertos no significa que las personas afectadas, sus abogados, procuradores y demás intervinientes estén materialmente en condiciones de preparar escritos, acceder a expedientes, recuperar documentación, comunicarse con sus clientes o desplazarse con seguridad. La cuestión no es únicamente si los órganos judiciales pueden continuar trabajando, sino si quienes deben acudir ante ellos pueden hacerlo de manera real y efectiva, sin desobedecer órdenes de evacuación o confinamiento, sin poner en riesgo su seguridad y sin exponerse a la pérdida irreversible de sus derechos. Las evacuaciones, los confinamientos, las restricciones de acceso y movilidad, los cortes de carreteras y transportes, las interrupciones de comunicaciones y suministros y la imposibilidad de acceder a domicilios y despachos constituyen obstáculos objetivos que no pueden reducirse a una sucesión de incidencias particulares. Obligar a cada persona afectada a acreditar individualmente una situación de fuerza mayor de carácter general traslada injustamente sobre la ciudadanía las consecuencias de la emergencia, multiplica los incidentes procesales y puede generar respuestas diferentes ante circunstancias sustancialmente idénticas. Una respuesta homogénea frente a una emergencia colectiva El Colegio solicita, así, al Tribunal Supremo que declare que el Acuerdo impugnado no es conforme a Derecho y que se adopten medidas organizativas extraordinarias, homogéneas y proporcionadas a la situación existente. Entre ellas se encuentran la suspensión o reprogramación de señalamientos no urgentes y el establecimiento de criterios uniformes para tratar las incidencias derivadas de la fuerza mayor, sin perjuicio del mantenimiento de las guardias y de todas las actuaciones urgentes e inaplazables. Como medida cautelarísima, el ICAM reclama, con carácter principal, la suspensión de la eficacia del Acuerdo en cuanto rechaza la activación de las medidas extraordinarias previstas en el Protocolo de emergencia del CGPJ. Subsidiariamente, solicita que se requiera al Consejo para que realice de manera inmediata una nueva valoración motivada, atendiendo no solo a la apertura física de las sedes judiciales, sino también a la incidencia real de las evacuaciones, los confinamientos, las restricciones de movilidad, las dificultades de comunicación y las demás medidas de protección civil sobre el ejercicio efectivo del derecho de defensa. El recurso del ICAM destaca, además, la contradicción entre la respuesta de la Comisión Permanente del CGPJ y la actuación de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha mantenido medidas extraordinarias ante la persistencia de evacuaciones, limitaciones de movilidad y medidas de protección civil derivadas de los incendios en Castellón. Esta diferencia de criterio evidencia, a juicio del Colegio, la necesidad de una respuesta institucional coherente, suficientemente motivada y respetuosa con los principios de igualdad y seguridad jurídica. El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha afirmado que “el recurso del ICAM ante el Tribunal Supremo el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial es en defensa de la ciudadanía afectada por los incendios y de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. No estamos ante una reivindicación corporativa, sino ante la obligación de impedir que una emergencia de esta magnitud se traduzca en indefensión y pérdida irreversible de derechos”. Y ha añadido: “Estamos viviendo una situación inédita para el derecho de defensa. Si a un abogado cuyo despacho se encuentra en un territorio evacuado, arrasado o inaccesible, o a un ciudadano que lleva dos días acogido en un polideportivo con la misma ropa, no se le suspende un plazo procesal, el sistema está fallando en lo más esencial. El derecho no puede exigir lo imposible ni castigar a quien está tratando de proteger su vida y la de su familia”. Advirtiendo que “ se trata de un recurso de máxima calidad técnica, firme y valiente, con la voluntad de proteger de forma inmediata a los afectados y de obtener un pronunciamiento que siente jurisprudencia para futuras emergencias. La tutela judicial efectiva no puede depender del código postal, del órgano judicial que conozca del asunto ni de que cada ciudadano tenga que demostrar iuna situación de fuerza mayor que es pública, general y evidente”. Situación de fuerza mayor El domingo 26 de julio, la Junta de Gobierno del Colegio, reunida en sesión extraordinaria, acordó solicitar al Gobierno, al Consejo de Ministros, a la Comunidad de Madrid, al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la adopción inmediata de medidas para proteger a las personas afectadas por los incendios. Entre otras actuaciones, el ICAM reclamó la suspensión extraordinaria de los plazos procesales y administrativos; la restitución, mediante un procedimiento sencillo y urgente, de los plazos vencidos como consecuencia directa de los incendios; la suspensión o reprogramación de señalamientos no urgentes; y la creación de reglas específicas para los procedimientos en los que una parte, su abogado, su procurador o cualquier interviniente indispensable se encontrara materialmente afectado por la emergencia. El Colegio advirtió igualmente de que los medios telemáticos no pueden presumirse disponibles cuando las personas afectadas carecen de conectividad, equipos, privacidad, documentación o acceso a sus lugares de trabajo. Estas medidas tienen como objetivo impedir que una situación de fuerza mayor se traduzca en pérdida de acciones, recursos, trámites u oportunidades procesales, y garantizar que ninguna persona tenga que elegir entre cumplir una obligación jurídica y proteger su seguridad.El ICAM considera que la decisión del CGPJ ofrece una respuesta insuficiente ante una emergencia de alcance colectivo y pone en riesgo el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva de las personas afectadas.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Sede-del-ICAM-en-Serrano-9-scaled-p485762-m1515097-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-solicita-medidas-cautelarisimas-ante-el-supremo-frente-al-acuerdo-del-cgpj-de-denegacion-de-suspension-de-plazos-a-los-afectados-por-los-incendioshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/Sede-del-ICAM-en-Serrano-9-scaled-p485762-m1515097-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-solicita-medidas-cautelarisimas-ante-el-supremo-frente-al-acuerdo-del-cgpj-de-denegacion-de-suspension-de-plazos-a-los-afectados-por-los-incendioshttps://elderecho.com/el-icam-solicita-medidas-cautelarisimas-ante-el-supremo-frente-al-acuerdo-del-cgpj-de-denegacion-de-suspension-de-plazos-a-los-afectados-por-los-incendioshttps://elderecho.com/el-icam-solicita-medidas-cautelarisimas-ante-el-supremo-frente-al-acuerdo-del-cgpj-de-denegacion-de-suspension-de-plazos-a-los-afectados-por-los-incendios2026-07-27 19:11:522026-07-27 19:11:52sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485677El despacho de abogados ZADAL ha promocionado a Román Mejías a socio de su área de Bancario y Financiero. Este nombramiento reconoce su sólida trayectoria profesional y su contribución al crecimiento de la firma, al tiempo que refuerza una práctica estratégica para el despacho. Román Mejías, que cuenta con una trayectoria consolidada, ha asesorado en operaciones de financiación complejas, trabajando con una cartera de clientes que incluye entidades financieras, empresas multinacionales y fondos de inversión, tanto en España como en mercados internacionales. Se especializa en Direct Lending, Non-Performing Loans (NPLs), refinanciaciones, reestructuraciones de deuda y coordinación de estructuras multinacionales. Despacho transaccional de referencia Constantino Vidal, socio director de ZADAL, ha señalado: "La incorporación de Román al grupo de socios supone un paso natural dentro de la evolución del despacho. Su liderazgo, criterio jurídico y capacidad para acompañar a nuestros clientes en operaciones de gran complejidad aportan un enorme valor a la firma. Este nombramiento refleja nuestra apuesta por seguir consolidando a ZADAL como un despacho transaccional de referencia, con un equipo capaz de ofrecer un asesoramiento altamente especializado en un mercado cada vez más sofisticado y exigente." La firma, que cuenta actualmente con siete socios, refuerza con este nombramiento su práctica de Bancario y Financiera, consolidando su posición como despacho multidisciplinar de Derecho de los Negocios.ZADAL es un despacho multidisciplinar de derecho de los negocios enfocado en brindar soluciones legales personalizadas y de alta calidad a sus clientes en el ámbito del Derecho Fiscal, el Private Wealth Management, el Derecho Bancario y Financiero, Mercantil, Inmobiliario y Litigación y Reestructuraciones. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Roman-Mejias-ZADAL-p485677-m1514857-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/zadal-promociona-a-roman-mejias-a-socio-del-area-de-bancario-y-financierohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Roman-Mejias-ZADAL-p485677-m1514857-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/zadal-promociona-a-roman-mejias-a-socio-del-area-de-bancario-y-financierohttps://elderecho.com/zadal-promociona-a-roman-mejias-a-socio-del-area-de-bancario-y-financierohttps://elderecho.com/zadal-promociona-a-roman-mejias-a-socio-del-area-de-bancario-y-financiero2026-07-27 11:09:022026-07-27 11:09:02multimateriaMultimateriaMultimateria485665El Consejo General del Notariado ha activado medidas de urgencia para atender las necesidades de las personas afectadas por los graves incendios que azotan el territorio español. Estas medidas contemplan la prestación de asesoramiento notarial gratuito y la puesta en marcha de servicios notariales de apoyo con el fin de auxiliar a los damnificados en la localización y recuperación de la documentación destruida, facilitar la prueba documental de sus derechos existentes y dar solución a otras dificultades. Los damnificados podrán solicitar actas notariales de notoriedad, acreditativas de la titularidad de sus bienes y derechos afectados, y actas telemáticas urgentes de protocolización de fotografías de los daños sufridos, que podrán remitir vía online a través del procedimiento habilitado en la Sede Electrónica Notarial (www.portalnotarial.es). Medios tecnológicos y recursos necesarios Los Colegios Notariales afectados habilitarán a los notarios que sean necesarios a fin de prestar servicio y dar cumplimiento de estas actuaciones en todo el ámbito territorial de su comunidad autónoma. Asimismo, el Consejo General del Notariado colaborará con estos Colegios Notariales y con los notarios habilitados, para facilitarles, en su caso, los medios tecnológicos y recursos necesarios. Toda la información sobre las direcciones de contacto de los distintos Colegios Notariales de España se puede consultar en www.notariado.org. El Notariado español quiere reiterar su apoyo y solidaridad a los damnificados por estos devastadores incendios, así como transmitir su reconocimiento a los servicios de emergencia y a todos los efectivos que participan de manera incansable en los trabajos de extinción, por su labor esencial para proteger a la población y salvar vidas. Tanto el Consejo General del Notariado, como los Colegios Notariales de las comunidades autónomas afectadas, se han puesto a disposición de las Administraciones Públicas —a nivel nacional, autonómico y local—, ofreciéndoles su colaboración en todo lo que sea necesario. Plan Notarial de Emergencias La experiencia adquirida en las actuaciones desarrolladas por el Notariado frente a catástrofes como la DANA de Valencia o la erupción del volcán de La Palma, en las que los notarios pusieron su función al servicio de las necesidades de los damnificados, sirvió de base para la creación del Plan Notarial de Emergencias: un instrumento destinado a garantizar una respuesta eficaz, rápida y coordinada por parte de los notarios de España en situaciones de crisis. Estas acciones están coordinadas por la Comisión Notarial de Emergencias del Consejo General del Notariado, que colabora con otras organizaciones como Cruz Roja Española, Fundación Foro Agrario o el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, con el objetivo de reforzar la coordinación en situaciones de crisis.Los notarios prestarán asesoramiento gratuito y medidas de apoyo para auxiliar en la localización y recuperación de la documentación destruida.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/12/Consejo-General-del-Notariado-p485665-m1514821-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-consejo-general-del-notariado-activa-medidas-de-urgencia-para-atender-a-los-afectados-por-los-incendios-forestaleshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2022/12/Consejo-General-del-Notariado-p485665-m1514821-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-consejo-general-del-notariado-activa-medidas-de-urgencia-para-atender-a-los-afectados-por-los-incendios-forestaleshttps://elderecho.com/el-consejo-general-del-notariado-activa-medidas-de-urgencia-para-atender-a-los-afectados-por-los-incendios-forestaleshttps://elderecho.com/el-consejo-general-del-notariado-activa-medidas-de-urgencia-para-atender-a-los-afectados-por-los-incendios-forestales2026-07-27 10:58:082026-07-27 10:58:08administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico485652El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha acordado solicitar al Gobierno, al Consejo de Ministros, a la Comunidad de Madrid, al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la adopción inmediata de medidas extraordinarias para suspender los plazos procesales y administrativos afectados por los incendios. La petición, aprobada por la Junta de Gobierno del ICAM en sesión extraordinaria celebrada el domingo 26 de julio, tiene como finalidad impedir que las personas evacuadas, confinadas o desplazadas, así como los profesionales que no pueden acceder a sus despachos, documentación o equipos, pierdan acciones, recursos, trámites o posibilidades de defensa por la imposibilidad material de cumplir los plazos vigentes. El Colegio advierte de que las órdenes de evacuación y confinamiento, las restricciones de movilidad, los cortes de transporte, comunicaciones y suministros y la falta de acceso a domicilios y despachos constituyen impedimentos objetivos para atender con normalidad las actuaciones sometidas a plazo. Esta afectación, señala el ICAM, no se limita a los órganos situados en las zonas directamente alcanzadas por los incendios. Una persona o un profesional evacuado puede intervenir en procedimientos tramitados ante juzgados o administraciones de Madrid capital, de otras comunidades autónomas o de ámbito nacional. Suspensión de plazos procesales y administrativos El ICAM solicita al Consejo de Ministros que declare urgentemente como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil los municipios y núcleos afectados, con una delimitación que pueda actualizarse en función de la evolución de los incendios. Asimismo, reclama que dicha declaración incorpore la suspensión de los plazos para el cumplimiento de trámites administrativos en todo el sector público. La medida debería aplicarse tanto a las personas residentes en el ámbito delimitado como a quienes acrediten que la emergencia hace imposible o especialmente gravoso el cumplimiento de sus obligaciones administrativas. En el ámbito judicial, el Colegio pide la aprobación inmediata de un real decreto-ley que suspenda los términos y plazos procesales en los órganos de los partidos judiciales de Navalcarnero y San Lorenzo de El Escorial. La propuesta incluye, además, una regla de fuerza mayor para procedimientos seguidos ante cualquier órgano judicial cuando la afectación recaiga sobre una de las partes, su profesional de la Abogacía o de la Procura, o cualquier interviniente indispensable. Protección de plazos vencidos El ICAM considera necesario proteger también el periodo comprendido entre el comienzo de la emergencia y la entrada en vigor de las medidas solicitadas. Por este motivo, propone restituir, mediante un procedimiento sencillo y urgente, los plazos procesales y administrativos que hayan vencido desde el 24 de julio de 2026 por causa directa de los incendios, respetando las resoluciones firmes y los derechos consolidados de terceros de buena fe. El Colegio solicita igualmente la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad, así como medidas específicas en materia tributaria, Seguridad Social, subvenciones, contratación pública y otros ámbitos sometidos a normativa especial. Suspensión de señalamientos no urgentes Al Consejo General del Poder Judicial y a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el ICAM les pide que activen formalmente los mecanismos de coordinación previstos para situaciones de emergencia y catástrofe. Entre las medidas planteadas se encuentra la suspensión de los señalamientos y actuaciones programadas que no tengan carácter urgente, ya sea con carácter general en los órganos afectados o cuando alguno de los intervinientes acredite una imposibilidad directamente relacionada con la emergencia. El ICAM subraya que deberán mantenerse y reforzarse los servicios de guardia y todas las actuaciones urgentes e inaplazables, incluidas las relacionadas con personas detenidas, órdenes de protección, violencia sobre la mujer, violencia sexual, menores, internamientos no voluntarios, medidas cautelares urgentes y protección de derechos fundamentales. Medios telemáticos  El Colegio reconoce que la videoconferencia, la presentación electrónica y el trabajo a distancia pueden contribuir a mantener algunas actuaciones. Sin embargo, advierte de que estos medios no pueden imponerse a quienes carezcan de conectividad, equipos, privacidad, documentación o acceso a su despacho. El ICAM solicita también la creación de un punto único de información que detalle de forma accesible los territorios afectados, las fechas de suspensión, las excepciones, los medios de acreditación y las reglas para la reanudación de los plazos. Servicio de Orientación Jurídica del ICAM Asimismo, el ICAM está coordinando, a petición de la Comunidad de Madrid, el despliegue extraordinario de doce letrados y letradas del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), que prestarán asistencia desde una unidad móvil habilitada por la Administración autonómica o en los juzgados de Navalcarnero y San Lorenzo de El Escorial. Esta actuación permitirá acercar información y asesoramiento jurídico inmediato a las personas afectadas, facilitar la identificación y canalización de incidencias derivadas de la emergencia y reforzar la atención presencial en las zonas con mayores dificultades de acceso a los servicios habituales. La seguridad de las personas, prioridad absoluta Desde el inicio de la emergencia, el ICAM ha puesto a disposición de los colegiados y colegiadas afectados atención prioritaria para gestionar incidencias relacionadas con plazos, vistas, comparecencias y guardias, facilitar espacios y medios de trabajo y canalizar ayudas económicas, asistenciales y psicológicas. El Colegio ha recordado expresamente que ninguna actuación profesional justifica desatender una orden de evacuación o confinamiento y que nadie debe regresar a una zona evacuada para recuperar documentación o equipos mientras no exista autorización de los servicios de emergencia. La finalidad de las medidas solicitadas es garantizar que una situación de imposibilidad material, provocada por una emergencia oficialmente declarada, no se traduzca en la pérdida irreversible de derechos ni obligue a las personas afectadas a elegir entre su seguridad y el cumplimiento de una obligación procesal o administrativa.El Colegio solicita al Gobierno medidas normativas urgentes, la suspensión de actuaciones judiciales no esenciales y la restitución de los plazos vencidos como consecuencia directa de la emergenciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/08/Incendio-forestal-p485652-m1514784-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-reclama-suspension-extraordinaria-de-plazos-procesales-y-administrativos-para-proteger-los-derechos-de-afectados-por-los-incendioshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/08/Incendio-forestal-p485652-m1514784-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-reclama-suspension-extraordinaria-de-plazos-procesales-y-administrativos-para-proteger-los-derechos-de-afectados-por-los-incendioshttps://elderecho.com/el-icam-reclama-suspension-extraordinaria-de-plazos-procesales-y-administrativos-para-proteger-los-derechos-de-afectados-por-los-incendioshttps://elderecho.com/el-icam-reclama-suspension-extraordinaria-de-plazos-procesales-y-administrativos-para-proteger-los-derechos-de-afectados-por-los-incendios2026-07-27 10:01:422026-07-27 10:01:42sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485640Tras la aprobación el jueves 23 de julio Mutualidad ha afirmado que "celebra" y "valora positivamente" la ley de mutualidades alternativas al considerar que aporta "certidumbre" y mejora la planificación financiera de los mutualistas. La entidad aseguradora defiende que la norma mantiene la alternatividad, mejora la planificación financiera de los mutualistas y regula una pasarela voluntaria al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de los mutualistas alternativos. Asimismo, considera que la ley aporta "certidumbre" al colectivo y preserva su derecho de elección, y sostiene que continuará colaborando con la Administración Pública durante el desarrollo reglamentario de la misma --en el que se concretarán los aspectos operativos de esta pasarela-- con el fin de "contribuir, desde una perspectiva técnica, a una aplicación de la norma que garantice la máxima seguridad jurídica". Propuestas principales En este sentido, Mutualidad afirma a través de un comunicado recogido por Europa Press que la ley incorpora varias de las principales propuestas impulsadas por la entidad, como el mantenimiento de la alternatividad, el reconocimiento de complemento a mínimos para mutualistas pasivos, la exención de tributación en el traspaso de fondos de Mutualidad al sistema público y la adopción de medidas que facilitan a las mutualidades el acceso a la información tributaria necesaria para el cálculo de las cuota. Finalmente, apunta que ofrecerá información actualizada a través de su espacio web específico sobre la pasarela al RETA --donde se podrán consultar las principales claves de la ley, su operativa y los avances del desarrollo reglamentario-- y anuncia una sesión informativa online para el 27 de julio por parte del director general de Grupo Mutualidad, Rafael Navas, para resolver dudas de los mutualistas al respecto. Esta reforma legal  excluye a los mutualistas que están jubilados de la pasarela por la que podrían transferir sus derechos económicos acumulados en las mutualidades alternativas al Régimen de Autónomos (RETA). La nueva ley tiene por principal objetivo el diseño de esa pasarela, ya que muchos profesionales colegiados suscritos a un régimen de mutualidad están cobrando pensiones de unos 400 a 500 euros mensuales tras décadas de trabajo. En algunos casos, el traspaso de los derechos al RETA podría impulsar la pensión hasta los 1.200 euros al mes.El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la Proposición de Ley de modificación de la Ley General de la Seguridad Social en relación con las mutualidades alternativas. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/09/shutterstock_2537012139-1-p485640-m1514751-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/mutualidad-celebra-la-aprobacion-de-la-ley-de-mutualidades-alternativas-por-dar-certidumbre-al-colectivohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/09/shutterstock_2537012139-1-p485640-m1514751-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/mutualidad-celebra-la-aprobacion-de-la-ley-de-mutualidades-alternativas-por-dar-certidumbre-al-colectivohttps://elderecho.com/mutualidad-celebra-la-aprobacion-de-la-ley-de-mutualidades-alternativas-por-dar-certidumbre-al-colectivohttps://elderecho.com/mutualidad-celebra-la-aprobacion-de-la-ley-de-mutualidades-alternativas-por-dar-certidumbre-al-colectivo2026-07-27 09:39:032026-07-27 09:39:03sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico