https://elderecho.com/feedes485375Las ofertas de verano se han consolidado como una de las épocas de mayor actividad para el comercio electrónico. Miles de usuarios aprovechan estas semanas para actualizar su armario, renovar dispositivos electrónicos o preparar sus vacaciones a precios más reducidos. No obstante, el aumento de las compras en línea también convierte este periodo en un momento especialmente atractivo para los ciberdelincuentes. De hecho, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) registró más de 122.000 incidentes de ciberseguridad, de los cuales el 40 % se corresponde al fraude digital. En este contexto, los delincuentes se benefician de la urgencia por aprovechar las mejores promociones para lanzar tiendas falsas, suplantar marcas conocidas o distribuir enlaces fraudulentos. En línea con su compromiso con la seguridad digital, Oney, entidad financiera especializada en soluciones de pago y servicios financieros, cuenta con la iniciativa “Hacker Busters”. Entre los diferentes contenidos y recomendaciones del programa, la compañía ha querido subrayar la importancia de dedicar unos segundos a comprobar la fiabilidad de las tiendas antes de facilitar datos personales o completar el pago. Incorporar este hábito contribuye a reducir el riesgo de fraude y favorece una experiencia de compra más segura. ¿Es una tienda de confianza?  La mayoría de las estafas en Internet comparten un mismo objetivo: generar confianza entre los consumidores para que compartan información personal y realicen una compra. Por eso, antes de fijarse en el precio o las condiciones de un producto, conviene asegurarse de que la tienda cumple con los requisitos básicos de comercio fiable. Una de las primeras verificaciones parte de la revisión de la propia URL, comprobando que coincida exactamente con la marca, que no tenga errores ortográficos, que no haya letras cambiadas y, sobre todo, evitar dominios extraños. Además, es importante tener en cuenta que los candados HTTPS únicamente indican que la conexión está cifrada, pero no aseguran que la tienda sea legítima. En este sentido, también conviene contrastar los datos que se ofrecen desde la página web. Habitualmente, los comercios fiables muestran datos como la razón social, el CIF/NIF, la dirección física, el teléfono, el correo electrónico, la política de privacidad o las condiciones de compra. En caso de que no sean visibles o sean de difícil acceso, la mejor decisión es desconfiar. Una vez verificada la web y justo antes de tomar la decisión de comprar, otro consejo que se debe seguir es mantener la precaución ante los grandes descuentos. Las tiendas fraudulentas tienden a utilizar ofertas irreales, con un 80 % o un 90 % de descuento en productos muy demandados, así como mensajes de “última hora”, contadores de tiempo o últimas unidades, para inducir a los usuarios a realizar compras impulsivas. Esta práctica ha llevado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a reforzar anualmente la vigilancia durante los periodos de mayores descuentos, como las rebajas de verano, invierno o el Black Friday, tras haber detectado en esta última campaña que el 70 % de las rebajas analizadas incumplían la normativa al presentar descuentos falsos o engañosos. Proteger antes del pago Incluso cuando la tienda parece fiable y la oferta resulta creíble, no conviene bajar la guardia. Antes de confirmar el pago, es recomendable realizar una última revisión para asegurarse de que la operación es segura. Elegir un método de pago que ofrezca protección al comprador constituye una de las medidas más eficaces para reducir el riesgo de estafa. Las tiendas seguras suelen ofrecer métodos conocidos como pueden ser el pago con tarjeta de autenticación reforzada, PayPal, Bizum y otras pasarelas reconocidas. En cambio, si únicamente admiten transferencias bancarias, criptomonedas o sistemas de pago difíciles de reclamar, es conveniente desconfiar y cancelar la operación. Más allá del método de pago, también conviene prestar atención a la forma en la que se accede a la tienda online. Muchas estafas empiezan fuera del propio comercio, mediante campañas de phishing (email) o smishing (SMS), que redirigen al usuario a páginas web fraudulentas diseñadas para robar sus datos personales o bancarios. Durante el último año, se llegaron a detectar 6,7 millones de ataques de phishing que suplantaban bancos, tiendas o sistemas de pago, y más de la mitad estaban dirigidos directamente a compradores online, según Kaspersky. Por ello, siempre que sea posible, es recomendable escribir directamente la dirección de la tienda en el navegador, para acceder a ella mediante los canales oficiales. Antes de confirmar la compra, una última comprobación puede marcar la diferencia: dedicar unos segundos a revisar la dirección web, la información legal del comercio, el método de pago o las políticas de devolución puede ayudar a detectar irregularidades que, de otro modo, pasarían desapercibidas. Desde Oney señalan que la mejor forma de combatir el fraude es anticiparse a él a través de la educación financiera. Con Hacker Busters, se busca ayudar a los consumidores a identificar las señales de alerta más habituales y dotarlos de herramientas para desenvolverse con mayor seguridad y confianza en el entorno digital.El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) registrí más de 122.000 incidentes de ciberseguridad y el 40 % corresponde al fraude digital.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/01/shutterstock_1905391570-1-p485375-m1514002-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/las-ofertas-de-verano-disparan-el-riesgo-de-fraude-onlinehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/01/shutterstock_1905391570-1-p485375-m1514002-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/las-ofertas-de-verano-disparan-el-riesgo-de-fraude-onlinehttps://elderecho.com/las-ofertas-de-verano-disparan-el-riesgo-de-fraude-onlinehttps://elderecho.com/las-ofertas-de-verano-disparan-el-riesgo-de-fraude-online2026-07-20 10:16:452026-07-20 10:16:45ciberseguridadCiberseguridadCiberseguridad485362El mercado de las agencias de suscripción continúa creciendo en España, impulsado por la flexibilidad de una figura que permite a las entidades aseguradoras ampliar su actividad, acceder a segmentos especializados y desarrollar nuevas oportunidades de negocio. Sin embargo, su expansión internacional se enfrenta a una limitación relevante: la autorización concedida en España no incorpora un mecanismo propio de pasaporte europeo. Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden del primer mapa regulatorio europeo interactivo para Managing General Agents (MGA), desarrollado por Clyde Co y FASE —la federación paneuropea que representa a estas entidades— con el objetivo de aportar análisis y conocimiento técnico para la gestión de las obligaciones regulatorias en los distintos mercados europeos. Mercados europeos La herramienta analiza la regulación aplicable en Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, España, Italia y Polonia y ofrece una visión, país por país, de los supervisores, los requisitos y las principales particularidades que deben tener en cuenta los MGA cuando operan en distintos mercados europeos. El mapa, disponible para miembros de FASE, reúne el análisis de los equipos de Clyde Co en esas jurisdicciones para ayudar a identificar las diferencias nacionales que pueden condicionar la implantación, el crecimiento o la revisión de estructuras existentes. En España, los MGA se articulan jurídicamente mediante la figura de las agencias de suscripción, entidades mercantiles autorizadas para suscribir riesgos en nombre y por cuenta de las entidades aseguradoras en virtud del correspondiente contrato de apoderamiento. Dicho contrato constituye la pieza central de su operativa mercantil, al delimitar el alcance de las facultades conferidas —ramos, productos, límites de capacidad, criterios de suscripción, procedimientos de control, obligaciones de información, régimen económico y responsabilidades frente a la aseguradora—. El ejercicio de esta actividad requiere la autorización previa de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y debe desarrollarse dentro de los límites de las facultades expresamente conferidas por la aseguradora. Aunque su función característica es la suscripción de riesgos, el apoderamiento puede comprender otras actuaciones vinculadas a la gestión del negocio asegurador, como el diseño de productos, la emisión de pólizas o la tramitación de siniestros. Esta amplitud de funciones obliga a delimitar con precisión las facultades otorgadas, los mecanismos de control y las responsabilidades asumidas por cada parte. La agencia de suscripción actúa como representante de la entidad aseguradora y no como intermediario o distribuidor de seguros, una diferencia que determina tanto su encaje regulatorio como sus posibilidades de operar fuera de España. A diferencia de los distribuidores de seguros, las agencias de suscripción autorizadas en España no pueden extender automáticamente su actividad a otros Estados miembros al amparo de su autorización nacional. Antes de iniciar un proyecto transfronterizo, deben analizar la estructura jurídica y operativa necesaria en cada mercado, así como el alcance concreto de las actividades que pretenden desarrollar. Expansión internacional Esta particularidad puede limitar su capacidad de expansión internacional y situarlas en una posición menos favorable respecto de operadores establecidos en otras jurisdicciones de la Unión Europea. Pese a ello, desde Clyde Co apuntan que el mercado mantiene una trayectoria de crecimiento, favorecida por la utilidad de estas entidades para acceder a riesgos especializados y desarrollar nuevas líneas de negocio. Cristina Pérez, socia de Clyde Co en España y la persona encargada de analizar la situación regulatoria española para la elaboración del mapa, explica que “las agencias de suscripción se han consolidado como una figura útil para que las aseguradoras accedan a riesgos especializados y desarrollen nuevas oportunidades de negocio. Su flexibilidad, sin embargo, exige definir con precisión las facultades delegadas, la estructura y los mecanismos de control”. Por su parte, Enrique Navarro y Miguel Relaño, socios codirectores de Clyde Co en España, señalan: “El crecimiento de las agencias de suscripción demuestra que el mercado asegurador necesita estructuras capaces de responder a riesgos y segmentos cada vez más especializados. El reto consiste en que ese desarrollo vaya acompañado de un marco que aporte seguridad jurídica y no dificulte innecesariamente su expansión internacional”. El lanzamiento del mapa forma parte de la colaboración de dos años firmada por Clyde Co y FASE a principios de 2026 para analizar la evolución regulatoria de los MGA en Europa. El acuerdo también contempla la elaboración de un informe sobre las principales tendencias normativas y de mercado que afectan a la suscripción delegada en Europa continental, cuya publicación está prevista para 2027.El primer mapa regulatorio europeo para MGA, elaborado por Clyde Co junto a FASE, analiza las diferencias entre siete mercados.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/mapa-regulatorio-scaled-p485362-m1513970-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/las-agencias-de-suscripcion-espanolas-crecen-pese-a-un-marco-que-limita-su-expansion-europeahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/mapa-regulatorio-scaled-p485362-m1513970-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/las-agencias-de-suscripcion-espanolas-crecen-pese-a-un-marco-que-limita-su-expansion-europeahttps://elderecho.com/las-agencias-de-suscripcion-espanolas-crecen-pese-a-un-marco-que-limita-su-expansion-europeahttps://elderecho.com/las-agencias-de-suscripcion-espanolas-crecen-pese-a-un-marco-que-limita-su-expansion-europea2026-07-20 10:10:112026-07-20 10:10:11mercantilMercantil8Mercantil485350La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quiere elaborar un trabajo de análisis y consulta del contenido audiovisual que determinados 'influencers' publican en sus perfiles de redes sociales como Instagram, TikTok o YouTube, para detectar posible publicidad encubierta. De esta menra, la Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha formalizado un total de tres contratos para la asistencia técnica necesaria para la elaboración del estudio, según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE). Tras recibir las distintas ofertas, ha resultado adjudicataria Primetag SA, una compañía tecnológica y de análisis de datos portuguesa, especializada en el marketing de influencers, que opera en más de 50 mercados. El valor de las tres ofertas seleccionadas asciende a un total de 32.800 euros. La CNMC supervisa el cumplimiento de la normativa audiovisual por parte de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual y de los llamados usuarios de especial relevancia (UER) en plataformas de intercambio de vídeos. Estos usuarios --popularmente conocidos como 'influencers'-- no están sujetos a esta normativa en todos los casos, sino solo cuando cumplen determinados requisitos, como alcanzar un nivel significativo de ingresos, audiencia o actividad establecidos en la regulación. El principal objetivo de los casos analizados "no es sólo corregir conductas concretas, sino también clarificar las reglas del juego y fomentar una publicidad transparente en redes sociales", explica el organismo supervisor. De este modo, la normativa establece que cuando un contenido tiene una finalidad comercial, debe indicarse sin ambigüedades; la identificación debe aparecer de forma visible en el propio contenido audiovisual, ya que muchos usuarios consumen estos vídeos sin leer la descripción. Embajador de Marca Asimismo, según detalla la CNMC, expresiones como "embajador de marca", "colaboración" o similares pueden resultar confusas y no siempre permiten identificar claramente la naturaleza publicitaria del contenido. Para cumplir correctamente la normativa, la indicación debe ser "explícita, directa y fácilmente reconocible". Si el vídeo contribuye a promocionar una marca o producto, puede tener carácter comercial, incluso si no estaba previsto en un contrato o no se ha recibido un pago específico, advierte el organismo, que añade que algunos productos tienen normas adicionales como los de salud.La CNMC ha requerido a varios usuarios para ue adapten la forma en la que identifican la publicidad en sus contenidos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/06/shutterstock_2246986575-1-p485350-m1513934-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-cnmc-analizara-las-publicaciones-de-influencers-en-redes-sociales-para-detectar-publicidad-encubiertahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/06/shutterstock_2246986575-1-p485350-m1513934-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-cnmc-analizara-las-publicaciones-de-influencers-en-redes-sociales-para-detectar-publicidad-encubiertahttps://elderecho.com/la-cnmc-analizara-las-publicaciones-de-influencers-en-redes-sociales-para-detectar-publicidad-encubiertahttps://elderecho.com/la-cnmc-analizara-las-publicaciones-de-influencers-en-redes-sociales-para-detectar-publicidad-encubierta2026-07-20 09:57:252026-07-20 09:57:25derecho-ticDerecho TICpenalPenal9Derecho TIC,Penal485334Durante el mes de junio, se detectaron un total de 40.861 contenidos relacionados con discursos de odio y narrativas discriminatorias difundidos a través de internet, según se desprende del boletín de monitorización de redes sociales facilitado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Mensajes que aluden la inseguridad ciudadana, en muchos casos descontextualizados o falsos, aglutinan el 69% de los contenidos detectados, mientras el ámbito deportivo, con un 16% de los mensajes monitorizados, es el segundo de los detonantes. En concreto, durante la celebración del Mundial de Fútbol se detectó una presencia significativa de mensajes racistas e islamófobos asociados a selecciones nacionales, aficionados y deportistas. El informe recoge especialmente el volumen de contenidos hostiles difundidos en torno al jugador de la selección española Lamine Yamal, que motivaron comentarios discriminatorios relacionados con sus orígenes e identidad. Sobre la muestra de contenidos seleccionados y notificados, la tasa de retirada por parte de las plataformas se situó en el 61%, cuatro puntos porcentuales por debajo de la registrada en mayo, cuando alcanzó el 65%. El análisis, elaborado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones, se elabora a partir de los datos obtenidos por el sistema FARO, y permite identificar tendencias, episodios detonantes y patrones de difusión de mensajes discriminatorios detectados en las principales plataformas digitales. Diferencias en la respuesta  El boletín del OBERAXE pone de manifiesto que continúan existiendo diferencias significativas en la eficacia de los mecanismos de notificación utilizados para reportar contenidos ilícitos. En el caso de las comunicaciones realizadas por usuarios particulares, las plataformas retiraron el 10% de los contenidos denunciados, un porcentaje ligeramente inferior al observado el mes anterior. Asimismo, el 5% de los mensajes fue eliminado durante las primeras 24 horas tras el reporte, un 1% adicional durante las siguientes 48 horas y un 4% en el plazo de una semana. Por otra parte, las comunicaciones gestionadas a través del canal de confianza o trusted flagger registraron una tasa de retirada del 51%, dos puntos porcentuales menos que en mayo. Los resultados confirman la mayor efectividad de esta vía especializada para la detección y retirada de contenidos potencialmente ilícitos, reforzando la importancia de la cooperación institucional con las plataformas digitales. Las diferencias también se reflejan al analizar el comportamiento de cada plataforma. TikTok registró la mayor tasa de retirada, con un 98% de los contenidos reportados eliminados, ocho puntos más que el mes mayo. X alcanzó una tasa del 93%, mientras que Facebook retiró el 62% de los contenidos notificados. Por su parte, Instagram eliminó el 32% de los mensajes reportados y YouTube alcanzó una tasa del 8%, concentrándose todas sus retiradas en la vía trusted flagger. Las personas de origen norteafricano son el principal grupo diana El análisis de los grupos destinatarios del discurso de odio muestra que las personas de origen norteafricano concentraron el 88% de los contenidos analizados, consolidándose como el colectivo más afectado por estas narrativas discriminatorias. Este porcentaje supone un incremento de diez puntos porcentuales respecto al mes de mayo, por lo que prolonga la tendencia ascendente observada durante los últimos meses. Los mensajes dirigidos contra personas musulmanas representaron el 11% de los contenidos registrados, lo que supone una reducción de catorce puntos porcentuales respecto al mes anterior. Los contenidos dirigidos contra personas afrodescendientes alcanzaron el 7% del total, cuatro puntos menos que en mayo. También se identificaron mensajes dirigidos contra personas procedentes de América Latina y contra la comunidad judía, aunque con porcentajes significativamente inferiores. Crece la deshumanización en los mensajes analizados En cuanto al tipo de contenido difundido, el boletín de junio destaca un incremento significativo de los mensajes que deshumanizan o degradan gravemente a los grupos diana. Esta categoría alcanzó el 48% del total de contenidos monitorizados, veinticinco puntos porcentuales más que el mes anterior. Según el análisis, este aumento refleja la persistencia de dinámicas de normalización de actitudes hostiles hacia colectivos vulnerables en los espacios digitales. Los mensajes que presentan a los grupos diana como una amenaza representaron el 32% del total, mientras que aquellos que incitan a la expulsión alcanzaron el 10%. Asimismo, el 6% de los contenidos incluía mensajes que promovían la violencia, el 3% alababa a quienes atentan contra estos colectivos y el 1% fomentaba el descrédito de los grupos afectados. La forma de expresión utilizada en estos discursos continúa caracterizándose por un elevado grado de agresividad. El 89% del contenido analizado empleó lenguaje agresivo explícito mediante insultos, amenazas o descalificaciones dirigidas contra personas migrantes y otros grupos racializados. Además, un 10% recurrió a la ironía o al sarcasmo como mecanismo para difundir mensajes discriminatorios de forma aparentemente humorística. El informe también señala que el 32% de los contenidos incorporó imágenes, vídeos, memes o lenguaje codificado. Este tipo de recursos facilita la viralización de los mensajes, y dificulta tanto su identificación como su detección temprana por parte de los sistemas automatizados de moderación de contenidos. La inseguridad ciudadana y el deporte, principales catalizadores Entre los episodios que impulsaron la difusión de discursos de odio durante el mes de junio, la inseguridad ciudadana concentró el 69% de los contenidos detectados. Le sigue el ámbito deportivo como segundo factor desencadenante, con un 16% de los mensajes monitorizados. El análisis destaca la persistencia de narrativas que vinculan de forma generalizada a las personas migrantes con fenómenos de delincuencia, conflictividad social o alteraciones del orden público, tanto a partir de acontecimientos de actualidad como mediante la difusión de contenidos falsos o descontextualizados. Las políticas públicas representaron el 11% de los contenidos analizados y estuvieron vinculadas principalmente a debates sobre medidas de inclusión e integración y al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno. Por su parte, los contenidos relacionados con agresiones sexuales alcanzaron el 9% del total, mientras que los relacionados con terrorismo y llegada de embarcaciones representaron el 3% y el 2%, respectivamente. Los datos recopilados durante junio evidencian la continuidad de narrativas discriminatorias dirigidas contra personas inmigrantes y colectivos racializados en el entorno digital. El seguimiento desarrollado por el sistema FARO permite identificar la evolución de estos fenómenos y reforzar las acciones de colaboración con las plataformas tecnológicas para mejorar la detección, notificación y retirada de contenidos contrarios a la convivencia, la igualdad de trato y los derechos fundamentales.Durante el Mundial de Fútbol, se ha detectado una presencia significativa de mensajes racistas e islamófobos contra selecciones y jugadores, y en concreto, contra el futbolista español Lamine Yamal.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/lamine-yamal-scaled-p485334-m1513901-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-observatorio-espanol-del-racismo-y-la-xenofobia-detecta-mas-de-40-000-contenidos-de-odio-en-redes-sociales-en-juniohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/lamine-yamal-scaled-p485334-m1513901-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-observatorio-espanol-del-racismo-y-la-xenofobia-detecta-mas-de-40-000-contenidos-de-odio-en-redes-sociales-en-juniohttps://elderecho.com/el-observatorio-espanol-del-racismo-y-la-xenofobia-detecta-mas-de-40-000-contenidos-de-odio-en-redes-sociales-en-juniohttps://elderecho.com/el-observatorio-espanol-del-racismo-y-la-xenofobia-detecta-mas-de-40-000-contenidos-de-odio-en-redes-sociales-en-junio2026-07-20 09:42:252026-07-20 09:42:25socialSocial13Social485320La multinacional tecnológica recurrió la multa alegando que era un simple "intermediario" o "proveedor de alojamiento de datos". También se amparó en la ley europea de comercio electrónico esgrimiendo que le eximía de responsabilidad sobre el contenido de terceros, pero la justicia italiana respondió que los juegos de azar están excluidos del ámbito de aplicación de dicha normativa europea. Tras una consulta del Consejo de Estado italiano al TJUE, este ha aclarado que, aunque los juegos de azar están excluidos de las normas europeas de comercio electrónico por divergencias morales y culturales entre países, el alojamiento de publicidad sobre ellos sí está sujeto a esta legislación. Pero además ha explicado que para que una plataforma no sea responsable de lo que suben sus usuarios, debe actuar "de manera técnica, automática y pasiva", es decir, sin controlar ni conocer realmente lo que se está publicando. No era así porque Google tenía un contrato de asociación comercial con el creador de contenido para repartirse los beneficios de la publicidad. Antes de firmar ese contrato, la compañía debió analizar "a fondo" el canal del creador, examinando la temática del canal, sus vídeos más vistos, los vídeos más recientes y sus metadatos. Por tanto, adquirió un "conocimiento concreto" de lo que trataba el canal y dejó de ser un intermediario que solo "aloja datos". Tras responder el TJUE la consulta, ahora le corresponde a la justicia italiana comprobar si, basándose en ese contrato de asociación, Google podía razonablemente saber que el canal de YouTube promocionaba juegos de azar de manera ilícita. Con todo, la opinión del alto tribunal europeo sienta un procedente para otras plataformas en Internet, ya que si estas analizan el contenido de un creador para asociarse comercialmente con él, perderían el escudo que les otorga la ley europea de comercio electrónico como meras intermediarias y pasarían a ser responsables de sus contenidos si infringen la ley. [ledShortcodes shortcodeId="442941" label="Memento Social 2025 - 442941"]El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que Google puede ser considerada responsable legal de los vídeos de YouTube que infrinjan leyes si la plataforma mantiene un acuerdo comercial con el creador y comparte con él los ingresos publicitarios, al considerar que en estos casos deja de actuar como un mero intermediario neutralhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/06/680x452_youtube-1158693_960_720-p485320-m1513857-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tjue-dice-a-google-que-puede-ser-responsable-de-los-videos-en-youtube-si-comparte-ingresos-con-un-creadorhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/06/680x452_youtube-1158693_960_720-p485320-m1513857-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tjue-dice-a-google-que-puede-ser-responsable-de-los-videos-en-youtube-si-comparte-ingresos-con-un-creadorhttps://elderecho.com/el-tjue-dice-a-google-que-puede-ser-responsable-de-los-videos-en-youtube-si-comparte-ingresos-con-un-creadorhttps://elderecho.com/el-tjue-dice-a-google-que-puede-ser-responsable-de-los-videos-en-youtube-si-comparte-ingresos-con-un-creador2026-07-17 12:36:512026-07-17 12:36:51derecho-ticDerecho TICDerecho TIC485308Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial. Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido: - Resolución, de 3 de julio de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, por la que se nombra Jefa de Servicio de Sistemas y Desarrollo Informático, en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, O.A (B.O.E. núm. 169 de 13 de julio de 2026). - Resolución, de 13 de julio de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio de Juventud e Infancia, por el que se nombra Jefe de Área de Informática, en la Subsecretaría de Juventud e Infancia División Tecnológica y Servicios de la Información (B.O.E. núm. 173 de 17 de julio de 2026).   La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com). [ledShortcodes shortcodeId="442941" label="Memento Social 2025 - 442941"]  Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/11/nombramiento-entrada-en-la-administracion-p485308-m1513825-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-13-de-julio-de-2-026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/11/nombramiento-entrada-en-la-administracion-p485308-m1513825-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-13-de-julio-de-2-026https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-13-de-julio-de-2-026https://elderecho.com/relacion-de-nombramientos-en-areas-tic-y-de-innovacion-de-la-administracion-semana-del-13-de-julio-de-2-0262026-07-17 12:12:032026-07-17 12:12:03derecho-ticDerecho TICDerecho TIC485295  ¿Qué es la jubilación ordinaria contributiva? La jubilación ordinaria contributiva es una pensión mensual que recibe el trabajador al finalizar de forma total o parcial su vida laboral. Su finalidad es suplir la falta de las rentas derivadas de su trabajo y/o actividad profesional. ¿Hay cambios en la jubilación ordinaria contributiva en 2026? En 2026 no cambia la pensión de jubilación ordinaria en bloque, pero sí confluyen tres hitos prácticos: Se modifica la edad ordinaria por el calendario transitorio. Arranca una nueva forma de calcular la base reguladora (con regla de “mejor opción”). Se aplican las reglas de revalorización y cuantías del ejercicio 2026. ¿Qué requisitos hacen falta para acceder a la jubilación ordinaria? Para acceder a la pensión de jubilación ordinaria (modalidad contributiva) en el Régimen General de la Seguridad Social (RGSS) han de cumplirse, esencialmente, requisitos de edad y de cotización. No es imprescindible estar en alta o situación asimilada en el momento de jubilarse, a diferencia de lo que ocurre en otras prestaciones (LGSS art. 165.1 y 205.2 y 3) ¿Qué edad mínima se necesita? La edad mínima para acceder a la jubilación ordinaria en 2026 se determina en función de los años cotizados: 65 años si se acreditan 38 años y 3 meses o más. 66 años y 10 meses si no se alcanza esa cotización. A partir del 1-1-2027: 65 años si se acreditan 38 años y 6 meses o más. 67 años si no se alcanza esa cotización. (LGSS art. 205 y disp.trans. 7ª) ¿Qué tiempo de cotización se exige? Es necesario acreditar los siguientes periodos de cotización: Carencia genérica: 15 años de cotización efectiva (5.475 días), sin computar la parte proporcional de pagas extraordinarias. Carencia específica: al menos 2 años (730 días) deben estar comprendidos dentro de los años anteriores al hecho causante. Existen reglas distintas si se accede desde una situación de no alta (los 2 años deben estar comprendidos dentro de los 15 anteriores al momento de la solicitud) o desde una situación de alta o alta asimilada, pero sin obligación de cotizar (se aplica la “teoría del paréntesis”). (LGSS art 205.1.b. y disp.trans.3ª.3; RD 1647/1997 art. 2). ¿Cómo se computa la edad y los periodos de cotización? Para acceder a la pensión de jubilación, hay que tener en cuenta lo siguiente: La edad se calcula en años y meses, “de fecha a fecha”, y si no hay día equivalente en el mes de vencimiento, se entiende cumplida el último día del mes. Las cotizaciones se computan en días, sin pagas extra, convirtiéndose a años/meses con valores fijos (año=365 días; mes=30,41666 días), tomando años y meses completos (no se equipara a un año o a un mes las fracciones de los mismos). Se computan igualmente períodos ficticios (por ejemplo, excedencias por cuidado, beneficios por cuidado de hijos/menores acogidos, y asimilación por parto). (RD 1716/2012 art. 1) ¿Cómo afectan a la pensión las situaciones de pluriempleo y pluriactividad? a) El pluriempleo supone trabajar al mismo tiempo en varias empresas y estar de alta y cotizando en cada una de ellas, siempre en el mismo Régimen (por ejemplo, en todas dentro del Régimen General). En este caso, se suman todas las bases de cotización sin que el total supere el tope máximo. b) La pluriactividad significa estar de alta en varios regímenes de la Seguridad Social simultáneamente, por ejemplo, cuando se trabaja por cuenta ajena para una empresa y, al mismo tiempo, por cuenta propia dado de alta en el RETA (régimen especial de trabajadores autónomos). En tal caso, pueden darse 4 situaciones en el momento de acceder a la jubilación: Estar en alta o asimilada en todos los regímenes: esto puede generar pueden pensiones distintas si se cumplen los requisitos en cada régimen. No estar de alta o asimilada en todos los regímenes: para generar pensiones independientes, se exige una superposición de cotizaciones durante 15 años. Que se tengan cotizaciones superpuestas y solo se tenga derecho a percibir la pensión de jubilación ordinaria en uno de los regímenes: se tiene en cuenta la totalización de bases para calcular base reguladora, sin que la suma de las bases pueda superar el límite de cotización máximo anual. En el caso de cotizaciones no superpuestas, cabe el cómputo recíproco de cotizaciones no superpuestas en el Régimen con más cotizaciones. (LGSS art. 49, 148.2, 161.2 y 3; D 2957/1973; RD 691/1991; RD 2064/1995 art. 7.4 y 9) ¿Cómo se calcula la cuantía de la pensión? La cuantía de la pensión se calcula en función de dos variables: La base reguladora:  que es el “promedio” de las bases de cotización a la Seguridad Social durante un determinado periodo de referencia. El porcentaje: que tiene en cuenta los meses/años cotizados. ¿Cómo se determina la base reguladora? Desde el 1-1-2026 comienza un régimen transitorio (hasta el 31-12-2043) que amplía progresivamente el período de cómputo y permite descartar meses peores. La entidad gestora (INSS) debe aplicar de oficio el método más favorable entre el “cálculo clásico” (25 años) y el nuevo cálculo progresivo (que empieza en 2026 con 25 años y 2 meses dentro de una ventana de 25 años y 4 meses, de forma que el periodo de referencia se eleva progresivamente 4 meses por año hasta llegar a los 29 años). Por tanto, en 2026 hay dos métodos posibles de cálculo (se aplica el más favorable): Método “clásico”: 25 años: Se toman las bases de cotización de los 300 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. La base reguladora es: suma de esas 300 bases / 350. Nuevo método transitorio 2026: Se toma una “ventana” de 304 meses inmediatamente anteriores al mes previo al hecho causante. Dentro de esa ventana, se seleccionan las 302 bases de cotización de mayor importe. La base reguladora es: suma de esas 302 bases / 352,33. En ambos métodos, las 24 últimas bases se computan con su valor nominal y el resto se actualiza por IPC desde el mes 25º. (LGSS art. 209.1, disp.trans. 4ª.7 y 40ª; D 2957/1973; RD 691/1991; RD 2064/1995) ¿Y si tengo periodos en los que no he cotizado? Cuando existan periodos sin cotización, se realiza lo que se denomina “integración de lagunas de cotización” a través de dos sistemas: Con carácter general: las primeras 48 lagunas se integran al 100% de base mínima y el resto al 50% de la misma base. El régimen aplicable desde el 1-1-2026: mientras que la brecha de género supere el 5%: Las primeras 60 lagunas se integran al 100% de la base mínima de cotización. De la 61ª a la 84ª al 80% de la base mínima de cotización. Y el resto al 50% de la base mínima de cotización. Las anteriores reglas se aplican a las mujeres y a los hombres en igualdad de condiciones. (LGSS art. 209.1.b EDL 2015/188234; RD 1647/1997 art. 4. EDL 1997/24889) ¿Cómo se fija el porcentaje? Una vez determinada la base reguladora, a la cuantía resultante se le aplica un porcentaje que se fija en función de los años cotizados. Regla general (periodo 2023-2026): Con los primeros 15 años se alcanza el 50%. Con los meses adicionales: 0,21% por cada uno de los siguientes 49 meses y 0,19% por los 209 meses siguientes. Para alcanzar el 100% es necesario tener cotizados 36 años y 6 meses. El cálculo se hace por meses, sin redondeos al alza por fracciones de mes/año, y con conversión de días a años/meses con los valores fijos indicados. A partir de 2027: Por cada mes adicional entre los meses 1 y 248, 0,19%. Esto supone que por los primeros 15 años, se alcance el 50%.  Por los 16 meses siguientes, el 0,18%. Por tanto, se alcanza el 100% con 37 años de cotización. (LGSS art. 210.1 y disp.trans.9ª; RD 1716/2012 art. 3.1; OM 18-1-1967 disp.trans.2ª) ¿Cuáles son las cuantías máximas y mínimas en 2026? La cuantía máxima bruta fijada para 2026 es de 47.034,40 €/año (equivalente a 3.359,60 €/mes en 12 mensualidades ordinarias más 2 pagas extra por el mismo importe). También opera como límite conjunto si se perciben dos o más pensiones públicas. La cuantía mínima bruta se establece con carácter anual y se determina en función de la edad del beneficiario, y de la existencia o no de cónyuge (a cargo/no a cargo/sin cónyuge).     Con cónyuge a cargo Sin cónyuge (unidad económica unipersonal) Con cónyuge no a cargo Titular con 65 años 17.592,40 €/año (1.256,60 €/mes) 13.106,80 €/año (936,20 €/mes) 12.441,80 €/año (888,70 €/mes) Titular menor de 65 años 17.592,40 €/año (1.256,60 €/mes) 12.262,60 €/año (875,90 €/mes) 11.590,60 €/año (827,90 €/mes) Titular con 65 años procedente de gran incapacidad 26.385,80 €/año (1.884,70 €/mes) 19.660,20 €/año (1.404,30 €/mes) 18.662,00 €/año (1.333,00 €/mes)   RDL 3/2026 art. 1, disp.adic. 1ª y Anexo I; RD 241/2026 art. 3 y Anexo I. ¿Cuáles son los efectos del IRPF sobre la pensión de jubilación? La pensión de jubilación se considera un rendimiento del trabajo y está sujeta a IRPF y retención. No obstante, para determinar el tipo de retención en el caso de contribuyentes que perciben pensiones de la Seguridad Social, la cuantía total de los rendimientos del trabajo se minora, además, en 600 €. L 35/2006 art. 17.2.a; RD 439/2007 art. 81, 82, 83 y 84 a 87. ¿Cómo y en qué plazo se solicita la pensión de jubilación? La solicitud se realiza por escrito a través del impreso oficial existente en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) o en internet, en la página de la Seguridad Social www.seg-social.es Para la presentación existen varias posibilidades Personalmente en el CAISS, aportando la siguiente documentación: DNI/pasaporte/NIE, libro de familia o certificado del Registro Civil, en caso de cómputo de los días cotizados por parto y los datos para la domiciliación bancaria. Online, a través de la página https://tramites.seg-social.es/tramites/pension-jubilación-nacional.html marcando la opción “tengo cl@ve permanente, certificado digital o DNI electrónico”, en caso de disponer del mismo. El plazo de presentación puede ser de hasta 3 meses antes a la fecha prevista de cese en el trabajo. La solicitud debe resolverse y notificarse al beneficiario en el plazo máximo de 90 días (RD 286/2003. EDL 2003/5425). ¿El plazo para solicitar la pensión de jubilación puede prescribir? El derecho a la pensión de jubilación es imprescriptible, si bien sus efectos económicos se vinculan al hecho causante. LGSS art. 212. EDL 2015/188234. ¿Se puede desistir de la pensión de jubilación una vez solicitada) Se admite que la persona trabajadora desista de la pensión una vez notificado su reconocimiento, sin que tal desistimiento se considere una renuncia. Por tanto, puede solicitarse más adelante, al ser el derecho imprescriptible (TS 26-4-23, EDJ 2023/559147). ¿Cuándo se empieza a cobrar la pensión? El cobro de la pensión de jubilación contributiva del RGSS se inicia, como regla general, desde el día siguiente al hecho causante (la fecha en que se entiende “causada” la pensión).  ¿Y cómo se fija el hecho causante y, por tanto, el inicio del cobro? De la siguiente forma: Regla general (elección de fecha en la solicitud): La pensión se entiende causada en la fecha indicada por la persona interesada en la solicitud, siempre que en esa fecha reúna los requisitos y que dicha fecha esté dentro de los 3 meses anteriores o posteriores a la presentación (o coincida con ella). Esa será la fecha que determina el inicio del cobro (al día siguiente). Si se accede desde alta (cese en el trabajo): el hecho causante se sitúa, con carácter general, en el día de la baja en el régimen por el cese en el trabajo; en consecuencia, el cobro comienza al día siguiente. Cuando el último día de trabajo coincide con el último día del mes, el hecho causante se produce al día siguiente, que es el primer día en que no se trabaja (TS 17-10-24, EDJ 715821). Si la solicitud se presenta tarde (límite de retroactividad): Si se solicita pasados 3 meses del hecho causante, la retroactividad máxima de efectos económicos es de 3 meses (con particularidades en supuestos de extinción de prestaciones de desempleo y en autónomos). (RD 453/2022 art. 1, 2, 3 y 4.2. EDL 2022/20558) ¿Cuándo se extingue la pensión de jubilación? La pensión de jubilación se extingue con la muerte del beneficiario. El devengo de la pensión se produce hasta el último día del mes del fallecimiento y se abona el primer día hábil del mes siguiente. En este caso, los herederos tienen derecho a solicitar la cuantía que corresponda. (OM 18-1-67 art. 17. EDL 1967/1905; OM 22-2-98 art. 24.1. EDL 1996/14278) ¿Qué ocurre si los herederos (o cualquier tercero) no comunican el fallecimiento y siguen cobrando la pensión? Puesto que la pensión del causante se devenga hasta el último día del mes en que se produce el fallecimiento, cualquier abono posterior carece de cobertura y, por tanto, es indebido. Por Quien haya percibido indebidamente la pensión debe reintegrarla. Además, pueden responder subsidiariamente quienes, por acción u omisión, hayan contribuido a hacer posible la percepción indebida, salvo que acrediten buena fe. Además, si se oculta conscientemente el fallecimiento y con ello se prolonga indebidamente el cobro, puede configurarse un delito de fraude de prestaciones del art. 307 ter CP (pena de prisión o multa según gravedad, con consecuencias accesorias). Además, en estos fraudes, puede apreciarse responsabilidad civil subsidiaria de la entidad bancaria colaboradora si incumple su deber reglamentario de control de la pervivencia del titular, llegando a ser declarada responsable civil subsidiaria en sede penal. ¿Hay algún plazo para comunicar el fallecimiento al INSS? Legalmente no existe un plazo determinado para que los herederos, principalmente, comuniquen el fallecimiento del pensionista y que automáticamente no pueda considerarse que existe fraude. Lo adecuado es hacerlo lo antes posible. La valoración penal depende, sobre todo, de si hay ocultación consciente del fallecimiento y disposición/cobro de prestaciones que ya no correspondían. ¿La pensión de jubilación es compatible con otras pensiones de la Seguridad Social? La regla general es que la pensión de jubilación es incompatible con cualquier otra pensión del RGSS. Cuando se le reconoce una nueva pensión al beneficiario de jubilación que resulte incompatible con la que percibe, de oficio, la entidad gestora continúa pagando al beneficiario la pensión de mayor cuantía, dejando la otra en suspenso. No obstante, el beneficiario puede solicitar y optar por que se le pague la pensión suspendida, produciendo efectos económicos desde el primer día del mes siguiente a la solicitud de opción. No obstante, como toda regla general hay excepciones, y la pensión de jubilación es compatible con: Pensión de jubilación reconocida en otros regímenes de la Seguridad Social, siempre que no se haya utilizado el cómputo recíproco de cotizaciones para su reconocimiento. La pensión de viudedad. La pensión de incapacidad permanente total por accidente de trabajo reconocida antes de 1967. (LGSS art. 163. EDL 2015/188234) ¿Se puede trabajar mientras se percibe la pensión de jubilación contributiva ordinaria? La regla general es que la pensión de jubilación es incompatible con la realización cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, siempre que implique la inclusión dentro de algún régimen de la Seguridad Social. Asimismo, resulta incompatible con el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público y con el desempeño de altos cargos. No obstante, existen excepciones en las que la pensión de jubilación es compatible con: Jubilación parcial y jubilación flexible. Jubilación activa. Ingresos generados por actividad por cuenta propia que no superen el SMI. Actividad por cuenta propia de los profesionales colegiados en alta en una Mutualidad alternativa o exentos del alta en el RETA. Desempeño de las funciones inherentes a la titularidad del negocio. Actividades de los profesores universitarios eméritos y del personal sanitario universitario emérito. Trabajo de los facultativos de atención primaria, médicos de familia o pediatras, adscritos al sistema nacional de salud (SNS) con nombramiento estatutario o funcionario. Actividades de creación artística. (LGSS art. 213. EDL 2015/188234) ¿Qué ocurre si se inicia un trabajo por cuenta ajena o una actividad profesional y se está cobrando la jubilación ordinaria? Si se inicia un trabajo o actividad profesional mientras se cobra la jubilación ordinaria contributiva, la regla general es la incompatibilidad y, por tanto, la pensión puede quedar suspendida mientras dure la actividad. Si la actividad incompatible se desarrolla sin comunicación y se sigue cobrando la pensión, el INSS reclamará el reintegro de lo indebidamente percibido y, además, dicha situación se considera una infracción grave, que puede suponer de pérdida de la pensión durante 3 meses. Sí existen supuestos legales de compatibilidad, principalmente son: la jubilación activa, si se cumplen sus requisitos; el trabajo por cuenta propia con ingresos netos anuales no superiores al SMI; la jubilación flexible en caso de trabajo a tiempo parcial, con reducción proporcional de la pensión; y ciertos regímenes especiales, como la actividad artística o el personal sanitario contemplado expresamente por la ley. La valoración final depende siempre de qué tipo de trabajo se inicia, si es por cuenta propia o ajena, si obliga o no al alta en Seguridad Social, si se desarrolla en el sector privado o público y si concurren los requisitos específicos de alguna modalidad de compatibilidad. (LGSS art. 213. EDL 2015/188234; LISOS art. 25.1) PREGUNTAS FRECUENTES  ¿Cuáles son los requisitos generales para acceder a la jubilación ordinaria? Estar afiliado, tener cumplida cierta edad mínima y tener cubierto un período mínimo de cotización o carencia. No es necesario estar de alta o en situación asimilada al alta. ¿Qué edad ordinaria se exige en 2026? 65 años si se acreditan 38 años y 3 meses o más de cotización; si no, 66 años y 10 meses. ¿Qué exige la carencia genérica y la carencia específica? Carencia genérica: 15 años (5.475 días). Carencia específica: 2 años (730 días) dentro de los 15 años anteriores (con reglas según acceso desde no alta o alta/asimilada sin obligación de cotizar). ¿Cómo se fija el hecho causante y qué ventana temporal se exige respecto de la solicitud? Como regla general, la pensión se entiende causada en la fecha indicada por el interesado al solicitarla si esa fecha está dentro de los 3 meses anteriores o posteriores al día de presentación (o coincide), y los efectos económicos se producen, con carácter general, desde el día siguiente. ¿El derecho a solicitar la pensión de jubilación tiene un plazo de prescripción? No, el derecho es imprescriptible, aunque los efectos económicos se vinculan al hecho causante. ¿Dónde se realiza la solicitud de jubilación y cómo puede presentarse? Por escrito con impreso oficial, en CAISS o por internet en la web de la Seguridad Social; puede presentarse personalmente en CAISS u online. ¿Cuál es el plazo máximo de resolución de la solicitud? 90 días. ¿Qué ocurre si se solicita la pensión pasados 3 meses del hecho causante? La retroactividad máxima de efectos económicos es de 3 meses. ¿Cuándo se extingue la pensión de jubilación? Se extingue con la muerte del beneficiario. ¿Hasta cuándo se devenga la pensión si fallece el beneficiario? Hasta el último día del mes del fallecimiento. ¿Cuándo se abona la mensualidad vinculada al fallecimiento? El primer día hábil del mes siguiente. ¿Qué plazo tienen los herederos para comunicar el fallecimiento al INSS? No hay un plazo legal para hacer esta comunicación. La comunicación debe hacerse a la mayor brevedad posible. Si se reconoce una nueva pensión incompatible a un jubilado, ¿qué hace la entidad gestora? El INSS continúa pagando de oficio la pensión de mayor cuantía y deja la otra en suspenso. ¿Qué efectos tiene iniciar un trabajo incompatible mientras se cobra la jubilación? Se suspende la pensión mientras dure el trabajo incompatible. Si no se comunica previamente al INSS, se reintegra lo cobrado indebidamente y puede haber sanción de pérdida de la pensión durante 3 meses. ¿Hay opciones de compatibilidad con alguna actividad profesional? Jubilación parcial y flexible; trabajo de facultativos de atención primaria del SNS; actividades de creación artística; jubilación activa; ingresos por cuenta propia que no superen el SMI; actividad por cuenta propia de profesionales colegiados en mutualidad alternativa o exentos del RETA; desempeño de funciones inherentes a la titularidad del negocio; actividades de profesores universitarios eméritos y personal sanitario universitario emérito.En este artículo analizamos los requisitos, los plazos y la casuística relacionada con el acceso a la jubilación ordinaria contributiva en el RGSS.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/07/Jubilacion-parcial-p485295-m1513789-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/jubilacion-ordinaria-contributiva-que-es-requisitos-cuantia-y-limiteshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/07/Jubilacion-parcial-p485295-m1513789-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/jubilacion-ordinaria-contributiva-que-es-requisitos-cuantia-y-limiteshttps://elderecho.com/jubilacion-ordinaria-contributiva-que-es-requisitos-cuantia-y-limiteshttps://elderecho.com/jubilacion-ordinaria-contributiva-que-es-requisitos-cuantia-y-limites2026-07-16 14:37:082026-07-16 14:37:08sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social485282La calidad del dato desde su origen es un elemento esencial para la seguridad jurídica preventiva y para la lucha contra el fraude, el blanqueo de capitales y la corrupción. Este ha sido el hilo conductor de la primera jornada del Curso de Verano de Fundación Notariado, en la que juristas, fiscales y notarios han coincidido en que solo la información previamente verificada puede ofrecer las garantías necesarias para proteger los derechos de los ciudadanos, facilitar la actuación de las autoridades y generar confianza en un entorno cada vez más digital. El director general de Fundación Notariado y director del Curso de Verano 2026, Raimundo Fortuñy, ha inaugurado la jornada, acompañado del subdirector académico de los Cursos de Veranos de la UPV/EHU, Juan de Gracia Igelmo. Fortuñy ha expresado su deseo de que “estas jornadas sirvan de reflexión y permitan entender que una sociedad democrática avanzada no solo necesita que la información circule de forma rápida, sino, por encima de todo, certidumbre y veracidad. Tanto el documento privado como el público generan datos; el notario genera confianza y, por tanto, el instrumento público aporta información veraz, íntegra y auténtica”. Garantía de los datos Igone Aretxaga González, secretaria de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco, ha sido la encargada de presentar las distintas ponencias y de introducir a los expertos participantes a lo largo de la jornada. La conferencia inaugural, "El notario como fuente auténtica", ha sido a cargo de José Carmelo Llopis Benlloch, decano del Ilustre Colegio Notarial de Valencia. Durante su intervención, Llopis ha defendido que el documento público no constituye únicamente el soporte de un negocio jurídico, sino la garantía de que los datos que incorpora han sido previamente sometidos al control de legalidad del notario. Ha sostenido que, en un entorno cada vez más digital, "el verdadero valor no está solo en intercambiar datos, sino en poder confiar en ellos". En este sentido, ha advertido que cuanto más circulan los datos y mayor es la interoperabilidad entre sistemas, más necesario resulta que la información tenga un origen fiable. "La digitalización no consiste en sustituir controles, sino en trasladarlos al nuevo entorno tecnológico para que ciudadanos, empresas y administraciones puedan seguir confiando en la información con la misma seguridad jurídica", ha afirmado. A su juicio, esa es la aportación esencial del documento público, que convierte los datos en información jurídicamente fiable y sitúa al notariado como una auténtica fuente de confianza. La segunda conferencia, "El dato en la prevención del blanqueo de capitales. La eficacia del OCP del Notariado", ha estado a cargo de Pedro Galindo Gil, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado. 176 millones de documentos notariales Galindo ha explicado que el Índice Único Informatizado Notarial (IUIN), que reúne información procedente de más de 176 millones de documentos notariales, se ha convertido en "la ventana a través de la cual administraciones públicas, jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado miran al mundo notarial". Para el director del OCP, "el Índice no es una simple relación de datos: es dato auténtico, equiparable al valor del documento público del que procede. Ese es el verdadero valor añadido que permite el tratamiento masivo de información. Si el dato es auténtico, podemos empezar a construir sobre él servicios de enorme utilidad para las administraciones públicas". Como ejemplo del valor de esta información, ha señalado que en los últimos cuatro años por las notarías españolas han pasado 2.650.001 millones de sociedades de responsabilidad limitada, frente a los 1.309.831 millones de sociedades que presentaron cuentas en el Registro Mercantil el pasado año. Para profundizar en la relevancia del IUIN, la mesa redonda "Dato y prevención del blanqueo", moderada por Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación de OCP del Notariado, ha reunido al notario de Taormina, Giovanni Liotta, y al fiscal anticorrupción, Tomás Herranz Saurí. Desde una perspectiva europea, Giovanni Liotta ha compartido la experiencia del notariado italiano en la prevención del blanqueo de capitales y ha destacado la solidez del modelo español. "En Italia disponemos de un sistema similar al Índice Único Informatizado Notarial y hemos estudiado el modelo de España de prevención del blanqueo. Estamos ultimando una norma que permitirá replicar el modelo del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo del Notariado español porque, tras analizar los distintos sistemas europeos, consideramos que es el más avanzado", ha afirmado. Por su parte, Tomás Herranz ha destacado la eficacia de la colaboración entre el Notariado, la Fiscalía, las fuerzas y cuerpos de seguridad y otras instituciones implicadas en la lucha contra la delincuencia económica. "Los datos del Notariado nos permiten obtener muchísima información sobre personas físicas o jurídicas que son objeto de investigación. Esa información la obtenemos en apenas tres minutos, que es lo que tarda el OCP en responder a nuestra petición", ha señalado. La jornada ha concluido con la conferencia "Legislar en consideración al dato. El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública", impartida por Lorenzo Prats Albentosa, catedrático de Derecho Civil de CUNEF Universidad y vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia. Prats ha analizado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública y ha advertido que la sustitución de la escritura pública por el documento privado en determinadas transmisiones de participaciones sociales podría debilitar un sistema de prevención del fraude y del blanqueo reconocido internacionalmente. A su juicio, “la protección de la intimidad y la lucha contra la corrupción no son objetivos incompatibles cuando las autoridades e instituciones pueden apoyarse en información de alta calidad, previamente comprobada por el notario”. En este sentido, ha defendido que el Índice Único Informatizado y la Base de Datos de Titularidad Real constituyen herramientas esenciales para compatibilizar la protección de los derechos fundamentales con una persecución eficaz de la delincuencia económica, en un modelo reconocido como buena práctica por organismos internacionales como el GAFI y GRECO. La primera jornada del Curso de Verano ha puesto de relieve que la transformación digital no podrá construirse únicamente sobre nuevas tecnologías, sino sobre información jurídicamente fiable desde su origen. Esa premisa constituye también el punto de partida de la segunda jornada del curso, dedicada a analizar el papel que desempeñarán esos datos verificados en el despliegue de la cartera digital europea y de la futura cartera europea para empresas.La primera jornada del Curso de Verano de Fundación Notariado ha puesto de relieve que la fiabilidad y autenticidad del dato son una garantía esencial para prevenir el fraude, el blanqueo de capitales y la corrupción. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Curso-de-Verano-Fundacion-Notariado-Fortuny-De-Gracia-y-Nanclares-p485282-m1513756-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/curso-de-verano-de-fundacion-notariado-pone-de-relieve-que-la-fiabilidad-del-dato-es-garantia-esencial-para-prevenir-la-corrupcionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Curso-de-Verano-Fundacion-Notariado-Fortuny-De-Gracia-y-Nanclares-p485282-m1513756-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/curso-de-verano-de-fundacion-notariado-pone-de-relieve-que-la-fiabilidad-del-dato-es-garantia-esencial-para-prevenir-la-corrupcionhttps://elderecho.com/curso-de-verano-de-fundacion-notariado-pone-de-relieve-que-la-fiabilidad-del-dato-es-garantia-esencial-para-prevenir-la-corrupcionhttps://elderecho.com/curso-de-verano-de-fundacion-notariado-pone-de-relieve-que-la-fiabilidad-del-dato-es-garantia-esencial-para-prevenir-la-corrupcion2026-07-16 14:01:102026-07-16 14:01:10sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico485270 La Comisión Europea ha anunciado este jueves 16 de abril que da un plazo de doce meses a Google para que abra las funciones clave de Android a servicios rivales de Inteligencia Artificial (IA) y que antes, a más tardar en enero, comparta también datos de Google Search con otros motores de búsqueda, tal y como exige la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés). Transformación digital "La sociedad está atravesando una profunda transformación digital. Necesitamos que este proceso sea justo y garantizar que nuestros ciudadanos tengan opciones. Nuestra decisión ayudará a los competidores más pequeños a competir y ofrecer esas opciones, al tiempo que protegemos la privacidad del usuario", ha destacado en un comunicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Teresa Ribera. Bruselas ya trasladó en abril al gigante tecnológico unas conclusiones preliminares pidiendo los cambios en Android, pero ahora formaliza la medida que convierte en vinculante y establece plazos para que Google garantice que terceros tengan un acceso efectivo y la interoperabilidad con capacidades clave del sistema operativo Android. Actualmente, según relató Bruselas, Google reserva en gran medida estas capacidades para el uso de sus propias soluciones de IA en teléfonos y tabletas Android, por ejemplo mediante Gemini; y los servicios comunitarios quieren asegurar que los usuarios pueden activar fácilmente en sus dispositivos servicios alternativos de competidores mediante una "palabra de activación" personalizada, es decir, con una frase que el usuario pueda pronunciar para activar su servicio de IA. Protección de privacidad En todo caso, la Comisión advierte de que los cambios incorporarán "salvaguardas robustas" para garantizar la protección de la privacidad de los usuarios, la integridad de los dispositivos y la seguridad. En cuanto a Google Search y la imposición de que comparta los datos de búsqueda, Bruselas argumenta que ese intercambio es "crucial" para el desarrollo y la optimización de los motores de búsqueda rivales y que permitirá una competencia "más justa" con el servicio de Google y fomentar alternativas innovadoras, "centradas en la privacidad". Entre los ejemplos expuestos, Bruselas apunta que los 'chatbot' de IA que ofrecen funcionalidades de búsqueda puedan recibir datos compartidos y que, previa anonimización, Google deba compartir los mismos datos que recopila para optimizar sus propios servicios de búsqueda; al tiempo que subraya que la decisión impuesta garantiza la anonimización de los datos. En todo caso, Bruselas indica que sus directrices establecen una "fórmula justa para calcular el precio de los datos compartidos y un proceso transparente para acceder a ellos", con el objetivo de permitir a las empresas ofrecer a los usuarios europeos "una gama más amplia y completa de opciones, tanto en lo que respecta a sus servicios de IA en Android como en otras plataformas y servicios de búsqueda". El plan presentado por la Comisión a la compañía permitirá a Google "evaluar, antes de compartir cualquier dato, si compartirlo con un tercero específico supone graves riesgos para la ciberseguridad y la protección de datos".https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2725886531-1-p485270-m1513720-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bruselas-impone-a-google-abrir-android-a-servicios-rivales-de-ia-y-compartir-datos-con-motores-de-busquedahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/04/shutterstock_2725886531-1-p485270-m1513720-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bruselas-impone-a-google-abrir-android-a-servicios-rivales-de-ia-y-compartir-datos-con-motores-de-busquedahttps://elderecho.com/bruselas-impone-a-google-abrir-android-a-servicios-rivales-de-ia-y-compartir-datos-con-motores-de-busquedahttps://elderecho.com/bruselas-impone-a-google-abrir-android-a-servicios-rivales-de-ia-y-compartir-datos-con-motores-de-busqueda2026-07-16 13:52:392026-07-16 13:52:39ciberseguridadCiberseguridadsector-juridicoSector jurídicoCiberseguridad,Sector jurídico485256La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha absuelto al exdecano del Colegio de Abogados de Málaga Francisco Javier Lara Peláez de un delito de desobediencia grave a la autoridad por el que había sido condenado al no atender los requerimientos de un juzgado el 6 de mayo de 2020, durante el estado de alarma por la pandemia del COVID-19, para que se prestara asistencia jurídica a cuatro detenidos, que fueron puestos en libertad. El tribunal ha estimado el recurso del exdecano y ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que rebajó a 2.700 euros la multa de 5.400 euros que le había impuesto por el citado delito el juzgado de lo Penal nº 15 de dicha ciudad. De acuerdo a la información facilitada por Comunicación del Poder Judicial, el Tribunal Supremo ha considerado que no todo requerimiento judicial puede servir de base para la construcción de un delito de desobediencia y que será necesario que por las circunstancias la desatención de la orden pueda ser etiquetada de grave. Contumacia y persistencia La Sala indica que en este caso no se detecta en la secuencia de los hechos que transcurren en unas pocas horas una oposición firme, pertinaz y abierta a la orden de la Magistrada; mostrándose la disposición a cubrir el servicio por otro procedimiento que luego resultó inviable, momento en que se rectifica. Señala que “no hay contumacia y persistencia obstinada. Estamos más bien ante dilaciones o retrasos en el acatamiento provocados por la estimación -equivocada, pero en alguna medida disculpable- de que había otra alternativa que se ofrecía para cubrir el servicio. No es una oposición firme de fondo, decidida, sin paliativos, obstinada, inmotivada, lo que permite entender que no se alcanzan las cotas de gravedad que discriminan entre el ilícito penal y las acciones que solo podrán ser reconducidas al tipo residual del art. 556.2 (en el que no encaja la conducta aquí enjuiciada) o a otros ámbitos sancionadores”. Añade que “no consta en las actuaciones, ni durante la instrucción ni en el plenario elemento alguno que permita afirma que el Decano actuó impulsado por la enemistad personal que pudiera albergar hacia la jueza y su esposo, también magistrado. Por el contrario, los datos obrantes en la causa resultan compatibles con que su actuación obedeciera al propósito de velar por la protección sanitaria de los colegiados a quienes representaba”. Para el tribunal, la argumentación en que se basa la condena, ratificada por la Audiencia Provincial, parte de una base que desconoce el contexto en que se produce y atribuye un comportamiento delictivo desproporcionado contemplado desde el derecho penal, por cuanto "la existencia de desavenencias no implica necesariamente una dolosa intención de desobedecer". Requerimiento judicial Ante situaciones de excepcionalidad como fue la del COVID -según la sentencia- “debían adoptarse medidas de excepcionalidad que podían considerarse las adecuadas. El acusado al constatar que no era viable su propuesta cedió inmediatamente plegándose al requerimiento judicial”. El tribunal considera que la orden dada por la Juez de Guardia podría suscitar, en el contexto antes aludido, reticencias no justificadas, pero si disculpables en alguna medida, en quien se sentía -y era- responsable de evitar situaciones de riesgo sanitario para los colegiados. “Tenía el Decano obligación de proteger y tutelar ante esa eventualidad. No hubo un estado de necesidad ex art. 20-5 CP, en sentido estricto, pero sí una situación que podría llevar a percibirlo así”, subrayan los magistrados.La Sala de lo Penal anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que rebajó a 2.700 euros la multa de 5.400 euros que le había impuesto el juzgadohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/10/Jose-Manuel-Conejo-Inmaculada-Atencia-Francisco-Javier-Lara-Maria-Dolores-Lopez-Marfil-y-Salvador-Gonzalez-p485256-m1513682-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tribunal-supremo-absuelve-al-exdecano-del-colegio-de-abogados-de-malaga-de-un-delito-desobediencia-grave-en-la-pandemiahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/10/Jose-Manuel-Conejo-Inmaculada-Atencia-Francisco-Javier-Lara-Maria-Dolores-Lopez-Marfil-y-Salvador-Gonzalez-p485256-m1513682-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tribunal-supremo-absuelve-al-exdecano-del-colegio-de-abogados-de-malaga-de-un-delito-desobediencia-grave-en-la-pandemiahttps://elderecho.com/el-tribunal-supremo-absuelve-al-exdecano-del-colegio-de-abogados-de-malaga-de-un-delito-desobediencia-grave-en-la-pandemiahttps://elderecho.com/el-tribunal-supremo-absuelve-al-exdecano-del-colegio-de-abogados-de-malaga-de-un-delito-desobediencia-grave-en-la-pandemia2026-07-16 13:38:172026-07-16 13:38:17comentarios-de-jurisprudenciaCom. 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