https://elderecho.com/feedes488961Se trata de la octava de las sentencias dictadas por el Constitucional en relación con la citada ley, por lo que aplica la doctrina contenida en las anteriores y también analiza las cuestiones todavía no tratadas. Declara que el artículo 11.2, que atribuye a las administraciones territoriales la declaración del incumplimiento de los deberes asociados a la propiedad de la vivienda, se encuentra amparado por la competencia estatal para establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los ciudadanos en el ejercicio del derecho a la vivienda. También desestima la impugnación del artículo 19.2, que permite que la administración territorial competente pueda concretar la definición de gran tenedor. El Constitucional declara que la regulación impugnada está lejos de cercenar el desarrollo de una política autonómica en materia de vivienda y, por lo tanto, constituye un ejercicio legítimo de la competencia estatal. Por último, descarta que contradigan la Constitución una serie de previsiones de la ley por prever un trato diferenciado para los grandes tenedores; por realizar ciertas limitaciones al derecho a la propiedad privada; o por prever especificidades en los procedimientos judiciales que no menoscaban la tutela judicial efectiva de la ciudadanía. Cuestiones novedosas En cuanto a las cuestiones novedosas recogidas en esta sentencia, por una parte, declara la constitucionalidad de la disposición final quinta que modifica la redacción de diversos apartados de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por considerarla amparada en la competencia estatal para dictar legislación procesal. Por otra parte, la sentencia también aborda el análisis de la disposición transitoria tercera de la ley, que condiciona la reanudación de los procedimientos de desahucio y los lanzamientos suspendidos al intento previo de conciliación o intermediación, cuando la parte actora sea una gran tenedora de vivienda. Respecto a la competencia del Estado para regular esta cuestión, la sentencia declara que, tratándose de una norma relativa a la ordenación de procesos judiciales, se encuentra amparada en la competencia estatal sobre legislación procesal. Respecto del fondo del asunto, el Tribunal Constitucional no aprecia la vulneración del principio de igualdad, por considerar que el estatus de los grandes tenedores en el mercado de vivienda residencial constituye una razón que justifica de manera objetiva su sujeción a un régimen de reanudación de procedimientos más riguroso. La sentencia descarta igualmente que la norma vulnere los derechos a la tutela judicial efectiva y a la propiedad privada. Estima que la previsión recurrida persigue unos fines constitucionalmente legítimos, tales como la atención de las personas en situación de vulnerabilidad económica. También estima que no se trata de una carga excesivamente onerosa por los siguientes motivos: el requisito solo resulta exigible cuando la parte actora tenga la condición de gran tenedor; solo afecta a una categoría específica de procedimientos; la situación de vulnerabilidad económica ha sido previamente apreciada por el órgano judicial; y la norma contiene límites temporales que garantizan la reanudación del proceso. Con esta resolución, el tribunal culmina el examen de los ocho recursos de inconstitucionalidad promovidos en relación con la ley por el derecho a la vivienda.El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Xunta contra la ley por el derecho a la vivienda, según informa en un comunicado.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2754760403-1-p488961-m1525110-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-constitucional-desestima-el-recurso-de-la-xunta-contra-la-ley-de-viviendahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2754760403-1-p488961-m1525110-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-constitucional-desestima-el-recurso-de-la-xunta-contra-la-ley-de-viviendahttps://elderecho.com/el-constitucional-desestima-el-recurso-de-la-xunta-contra-la-ley-de-viviendahttps://elderecho.com/el-constitucional-desestima-el-recurso-de-la-xunta-contra-la-ley-de-vivienda2026-09-23 14:30:172026-09-23 14:30:17civilCivil2inmobiliarioInmobiliariosector-juridicoSector jurídicoCivil,Inmobiliario,Sector jurídico488964El sistema se utilizaría para analizar currículums, asignar puntuaciones y, en su caso, priorizar candidaturas y podría influir de forma directa en decisiones relativas al acceso al empleo y a la promoción profesional. Esta herramienta no se habría puesto todavía en funcionamiento, aunque la empresa había informado a su personal sobre su próxima implementación. La Agencia señala que la incorporación de herramientas de IA a los procesos de selección y gestión de personas puede contribuir a mejorar su eficiencia y calidad. Para aprovecharlas con garantías, la protección de datos debe integrarse desde la configuración inicial del proyecto, compatibilizando la innovación con la protección efectiva de los derechos y libertades de las personas. Este enfoque se concreta, entre otros aspectos, en la protección de datos desde el diseño y por defecto. Integrar los principios y garantías de protección de datos desde las fases iniciales de la concepción de un proyecto tecnológico permite identificar y adoptar las medidas adecuadas a sus características y riesgos. En este sentido, la AEPD señala que la empresa deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas apropiadas y evaluar los riesgos que el tratamiento pueda comportar para las personas candidatas y trabajadoras. Si el tratamiento pudiera entrañar un alto riesgo para sus derechos y libertades, deberá realizarse previamente la correspondiente evaluación de impacto en protección de datos. La Agencia destaca también la importancia de la transparencia cuando una herramienta evalúa candidaturas y proporciona una puntuación sobre su adecuación a un puesto. Las personas candidatas y trabajadoras deben recibir información clara, accesible y comprensible sobre el tratamiento de sus datos personales y sobre la función que desempeña la herramienta en el proceso de evaluación. Respecto a la intervención humana en estos procesos, la empresa ha manifestado que la decisión final correspondería a una persona. La AEPD recuerda que, para que esa intervención humana sea efectiva, quien adopte la decisión debe poder valorar críticamente la información o puntuación proporcionada por el sistema y tomar su propia decisión, sin limitarse a asumir automáticamente el resultado generado por la herramienta de IA. Por otro lado, el RGPD establece el derecho de las personas a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en un tratamiento automatizado cuando puedan producir efectos jurídicos o afectarles de una forma significativa. En este caso, su posible aplicación dependerá de cómo funcione realmente la herramienta y el grado de intervención humana en la decisión. El RGPD atribuye a la Agencia la facultad de advertir preventivamente a un responsable o encargado cuando las operaciones de tratamiento previstas pudieran infringir lo dispuesto en el RGPD, de forma que el responsable pueda extraer de ella los criterios apropiados y, en su caso, adaptar a la normativa los tratamientos de datos que tiene previsto realizar.La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha remitido una advertencia a una empresa en relación con la posible implantación de una herramienta de inteligencia artificial destinada al cribado y evaluación de candidaturas en procesos de selección de personal y movilidad interna.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2407893669-1-p488964-m1525188-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-aepd-recuerda-las-garantias-para-utilizar-ia-en-el-analisis-de-curriculumshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2407893669-1-p488964-m1525188-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-aepd-recuerda-las-garantias-para-utilizar-ia-en-el-analisis-de-curriculumshttps://elderecho.com/la-aepd-recuerda-las-garantias-para-utilizar-ia-en-el-analisis-de-curriculumshttps://elderecho.com/la-aepd-recuerda-las-garantias-para-utilizar-ia-en-el-analisis-de-curriculums2026-09-23 14:20:372026-09-23 14:20:37derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico489024Dicho criterio determina que, conforme al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Salamanca, este tipo de alojamientos no pueda situarse por encima de la primera planta en los supuestos afectados por la limitación que el planeamiento establece para los usos no residenciales. La Sala ha estimado el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Salamanca y ha revocado una resolución de la Sección de lo Contencioso-Administrativo (Plaza 1) del Tribunal de Instancia de Salamanca que había reconocido el derecho del titular a continuar con la actividad de unas viviendas de uso turístico. Por tanto, el TSJCyL ha considerado conforme a Derecho la decisión municipal que no declaró la conformidad de la comunicación ambiental presentada para el establecimiento turístico. El Pleno se ha convocado para unificar el criterio de la Sala ante las diferentes posiciones mantenidas hasta ahora por dos de sus Secciones sobre la naturaleza urbanística de las viviendas de uso turístico. Por mayoría, el Pleno ha asumido el criterio que considera que el uso residencial es el destinado al alojamiento permanente, mientras que las VUT, al ofrecer alojamiento temporal a cambio de una contraprestación económica, deben encuadrarse dentro del uso terciario. La Sala ha subrayado además que esta conclusión deriva de la interpretación del PGOU de Salamanca y no de la Ordenanza Municipal reguladora de los apartamentos y viviendas de uso turístico, que había sido anulada por otra sentencia. El Tribunal ha señalado que el planeamiento salmantino, vigente en este aspecto desde 2011, establece que, salvo determinadas excepciones, los usos no residenciales únicamente pueden situarse en planta baja y primera, pero no en plantas superiores en los términos previstos por el propio PGOU. Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Sala de Contencioso-Administrativo. Sentencia nº 892/2026 de 22 de septiembre de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha establecido que las viviendas de uso turístico (VUT) tienen, a efectos urbanísticos, uso terciario y no residencial, ya que están destinadas al alojamiento temporal y no al alojamiento permanente de las personas. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2450729699-1-p489024-m1525260-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/las-viviendas-de-uso-turistico-no-pueden-ubicarse-por-encima-de-la-primera-planta-segun-el-tsjcylhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2450729699-1-p489024-m1525260-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/las-viviendas-de-uso-turistico-no-pueden-ubicarse-por-encima-de-la-primera-planta-segun-el-tsjcylhttps://elderecho.com/las-viviendas-de-uso-turistico-no-pueden-ubicarse-por-encima-de-la-primera-planta-segun-el-tsjcylhttps://elderecho.com/las-viviendas-de-uso-turistico-no-pueden-ubicarse-por-encima-de-la-primera-planta-segun-el-tsjcyl2026-09-23 14:15:112026-09-23 14:15:11administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico488960El acuerdo debe servir para desarrollar el programa MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias), una metodología pensada para resolver conflictos sin necesidad de iniciar un procedimiento judicial. Mediante este convenio, el CHB y el ICAB quieren favorecer la resolución dialogada de controversias relacionadas con la vivienda y contribuir a evitar la judicialización de los conflictos. El acuerdo da una respuesta a los nuevos requerimientos establecidos por la Ley 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que fomenta el uso de los MASC antes de acudir a la vía judicial en determinados conflictos civiles. El teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, asegura que “en un contexto de crisis habitacional este convenio busca acompañar de todas las formas posibles las personas que puedan estar en una situación de dificultad en materia de vivienda con el objetivo final que, siempre que sea posible, puedan quedarse en el piso donde viven sin necesidad de pasar por un procedimiento judicial”. Por su parte, el secretario del ICAB y responsable del Centre ADR, Carles Garcia Roqueta, destaca “la importancia que la abogacía mediadora pueda estar presente en la resolución de conflictos sobre vivienda”. Designación de profesionales adscritos al centro de gestión de controversias del ICAB Los servicios incluirán información y orientación sobre los MASC y la designación de profesionales de mediación y conciliación adscritos al Centro ADR del ICAB, un centro dirigido a la gestión de las controversias para su solución por vía no judicial, abierto a los profesionales y a la ciudadanía. Además, el acuerdo contempla el seguimiento de los acuerdos alcanzado entre las partes hasta su cierre. El procedimiento prevé que los casos detectados por los servicios de asesoramiento jurídico de las Oficinas de Vivienda de Barcelona sean derivados al Centro ADR del ICAB, que verificará la admisibilidad de cada expediente y designará una persona mediadora o conciliadora especializada, garantizando la imparcialidad, la independencia y la confidencialidad del proceso. 70.000 euros, el primer año de vigencia del convenio Para hacer posible esta actuación, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona aportará 70.000 euros durante el primer año de vigencia del convenio. Por su parte, el ICAB se compromete a garantizar la atención de los casos y a asegurar una prestación efectiva y de calidad del servicio. La colaboración tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro años. Con esta iniciativa, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona y el ICAB refuerzan su compromiso con la prevención de los conflictos residenciales, la protección del derecho a la vivienda y la promoción de soluciones consensuadas que favorezcan la convivencia y la seguridad residencial de la ciudadanía. Un compromiso que ya se ha materializado este pasado mes de enero con la firma de un convenio entre el Consorci de l’Habitatge de Barcelona y el ICAB para extender a todos los distritos de la ciudad el servicio de orientación jurídica en temas de vivienda que hasta el momento estaba en marcha solo en la Oficina de Vivienda de Ciutat Vella. Una de les prioridades del Plan Viure (Vivir) Atender la vulnerabilidad es una de les prioridades del Pla ‘Viure’ (Vivir), la estrategia municipal que define las acciones a seguir para aumentar el parque público de la ciudad, incrementar el número de viviendas con el alquiler asequible, mejorar y rehabilitar las viviendas de la ciudad y ayudar la ciudadanía con ingresos bajos a mantenerse en su casa.El ‘Consorci de l’Habitatge de Barcelona (CHB)’ y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) han firmado un nuevo convenio de colaboración con el fin de ofrecer vías alternativas de resolución de conflictos a estas personas y hogares que se encuentran en situaciones de dificultad para acceder o mantener la vivienda. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/CentroADRICAB_2026-scaled-p488960-m1525081-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/barcelona-incorpora-un-programa-de-mediacion-con-el-icab-para-prevenir-conflictos-en-materia-de-viviendahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/CentroADRICAB_2026-scaled-p488960-m1525081-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/barcelona-incorpora-un-programa-de-mediacion-con-el-icab-para-prevenir-conflictos-en-materia-de-viviendahttps://elderecho.com/barcelona-incorpora-un-programa-de-mediacion-con-el-icab-para-prevenir-conflictos-en-materia-de-viviendahttps://elderecho.com/barcelona-incorpora-un-programa-de-mediacion-con-el-icab-para-prevenir-conflictos-en-materia-de-vivienda2026-09-23 14:00:152026-09-23 14:00:15civilCivil2inmobiliarioInmobiliariosector-juridicoSector jurídicoCivil,Inmobiliario,Sector jurídico488963El decreto-ley se estructura en una parte expositiva, cinco artículos, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones finales. El primer artículo del real decreto-ley, relativo a la situación derivada de la erupción en La Palma, amplía al periodo impositivo 2026 la deducción por obtención de rentas en el IRPF para los contribuyentes con residencia habitual y efectiva en la isla, de modo que continúa la equiparación con las rebajas establecidas para Ceuta y Melilla, vigente desde 2022. El artículo 2 establece que las comunidades autónomas que al cierre de 2025 tuviesen una deuda pública inferior al 12,4 % de su producto interior bruto quedarán “eximidas de reducir el endeudamiento neto por los excesos de financiación o superávits pendientes de compensar”, siempre que destinen esos recursos a financiar inversiones que se ejecuten entre 2026 y 2028. Estas inversiones no podrán consistir en el mantenimiento de inversiones ni en la adquisición de mobiliario, enseres o equipamiento de reposición. Además, este gasto ejecutado “tendrá que registrarse contablemente de forma separada”. Asimismo, el propio artículo segundo autoriza a la Comunidad Autónoma de Canarias a “destinar 100 millones de euros de sus excesos de financiación o superávits [...] a financiar ayudas destinadas a personas físicas y entidades afectadas por la erupción volcánica de la isla de La Palma”. Además, estas ayudas se destinarán, preferentemente, a compensar las pérdidas en el sector agrario. El tercer artículo del texto permite destinar los superávits autonómicos de 2025 a “financiar inversiones financieramente sostenibles en 2026 y 2027” siempre que no se haya incurrido en déficit y se hayan realizado los pagos a proveedores “dentro de los límites legales de morosidad durante los seis meses anteriores” y no se ponga en riesgo la estabilidad presupuestaria o financiera de la comunidad autónoma. A continuación, el artículo cuatro busca aliviar la situación de agricultores con fincas afectadas por la erupción de 2021 en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte al abrir un nuevo plazo para "solicitar la suspensión de obligaciones de pago de interés y principal para préstamos y créditos con y sin garantía hipotecaria". Finalmente, el quinto y último artículo se centra en establecer "un nuevo régimen regulador de la prestación extraordinaria por cese de actividad" para autónomos afectados por los daños provocados por el volcán.El Pleno del Congreso ha convalidado el Real Decreto-ley 23/2026, de 8 de septiembre, por el que se adoptan medidas fiscales y financieras urgentes que contribuyan a la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, así como medidas tendentes a promover la ejecución de inversiones por parte de las CCAA que han registrado superávits presupuestarios y excesos de financiación pendientes de aplicar de ejercicios anteriores a 2026.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/03/Congreso-de-los-Diputados-p488963-m1525170-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-congreso-convalida-el-rd-ley-sobre-medidas-fiscales-y-financieras-para-la-reconstruccion-de-la-palmahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/03/Congreso-de-los-Diputados-p488963-m1525170-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-congreso-convalida-el-rd-ley-sobre-medidas-fiscales-y-financieras-para-la-reconstruccion-de-la-palmahttps://elderecho.com/el-congreso-convalida-el-rd-ley-sobre-medidas-fiscales-y-financieras-para-la-reconstruccion-de-la-palmahttps://elderecho.com/el-congreso-convalida-el-rd-ley-sobre-medidas-fiscales-y-financieras-para-la-reconstruccion-de-la-palma2026-09-23 12:00:302026-09-23 12:00:30administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico488962El informe señala que en ese periodo de tiempo las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción incoaron un total de 37 diligencias previas por delitos de agresión sexual cometidos contra un total de 39 víctimas: un varón y 38 mujeres, de las cuales 14 eran menores de edad. Según los datos recabados del Tribunal de Instancia de Ceuta, los seis órganos judiciales de la Sección Civil y de Instrucción incoaron entre esas fechas un total de 37 procedimientos de diligencias previas por este tipo de delitos. De ellos, 28 seguían tramitándose el 14 de septiembre, 8 habían sido archivados provisionalmente y uno más se acumuló a otras diligencias previas anteriores. El número total de víctimas en los 37 procedimientos asciende a 39, una de ellas un varón mayor de edad. De las 38 mujeres víctimas, 14 eran menores. El número de víctimas en los 28 procedimientos que siguen tramitándose asciende a 30, todas mujeres y, de ellas, once menores. En cuanto a los 37 presuntos agresores, todos varones, 18 no han sido identificados. Los 19 que sí lo han sido son todos mayores de edad.La Comisión Permanente del CGPJ ha tomado conocimiento de un informe del Servicio de Inspección que recoge los datos relativos a las diligencias previas abiertas por delito de agresión sexual en el Tribunal de Instancia de Ceuta entre los pasados 30 de julio y 14 de septiembre. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2630597969-1-p488962-m1525152-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-organos-judiciales-de-ceuta-abrieron-37-procedimientos-por-agresion-sexualhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2630597969-1-p488962-m1525152-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-organos-judiciales-de-ceuta-abrieron-37-procedimientos-por-agresion-sexualhttps://elderecho.com/los-organos-judiciales-de-ceuta-abrieron-37-procedimientos-por-agresion-sexualhttps://elderecho.com/los-organos-judiciales-de-ceuta-abrieron-37-procedimientos-por-agresion-sexual2026-09-23 10:30:202026-09-23 10:30:20penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico489037Al encuentro ha asistido también el abogado Jaume García Vicente, elegido por las asociaciones, colectivos y sindicato, en la reunión de trabajo del 18 de septiembre, en Abogacía Española, y Borja Suárez Corujo, secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. Durante el encuentro se han presentado 12 puntos compartidos que las organizaciones acordaron trasladar al Ministerio, tras poner en común sus propuestas: 1. Derecho a una simulación individualizada previa y vinculante antes de la decisión irreversible. 2. Libertad de prueba y principio de contradicción frente a los certificados de la mutualidad. 3. Imputación voluntaria del excedente de fondos a la mejora de las bases de cotización históricas. 4. Mantenimiento del remanente inconvertible como producto de ahorro o fondo complementario privado. 5. Aplicación estricta de las bases mínimas históricas en valores nominales (sin actualización por IPC) e imputación del periodo más reciente al más antiguo. 6. Coeficiente de mejora dentro de la horquilla legal (0,67–0,87). 7. Delimitación restrictiva del concepto de «pensionista» objeto de exclusión legal. 8. Independencia entre el fondo económico y el reconocimiento de tiempo para mayores de 52 años y etapas pre-1995. 9. Mantenimiento y continuidad de la prestación por Incapacidad Temporal (IT) en curso. 10. Exclusión de las aportaciones complementarias del perímetro obligatorio de la pasarela. 11. Efectividad e inmediatez del complemento a mínimos del RETA. 12. Reivindicación procesal de la Jurisdicción Social y suspensión de plazos de caducidad. Estos puntos son el resultado del trabajo desarrollado por las organizaciones de mutualistas y la Comisión de Previsión Social de Abogacía Española, durante la reunión del 18 de septiembre, y recogen los principales puntos de convergencia entre las organizaciones, sin perjuicio de las reivindicaciones propias de cada asociación, colectivo y sindicato. De hecho, además de estos puntos compartidos, se mandará al Ministerio los informes y propuestas elaborados por las distintas organizaciones, y que hicieron llegar a Abogacía Española, para que el Ministerio disponga del conjunto del trabajo desarrollado por todos. Este tema fue abordado también durante el Pleno de Abogacía Española, en el que las decanas y decanos trataron temas de especial relevancia para la profesión. Reunión con asociaciones, colectivos y sindicato Junto a Salvador González e Ignacio Gally, ha participado en el encuentro el abogado Jaume García Vicente. Durante la reunión del pasado 3 de septiembre, Abogacía Española propuso a las asociaciones, colectivos y sindicato que eligieran entre ellos a un abogado para participar en la reunión con la ministra. La elección tuvo lugar el pasado viernes, 18 de septiembre, durante un nuevo encuentro en la sede de Abogacía Española. Para garantizar que la decisión correspondiera exclusivamente a las organizaciones, los representantes de Abogacía Española abandonaron por decisión propia la sala antes de que se produjese la conversación sobre este tema, y la consecuente votación, que se celebró a puerta cerrada. Las asociaciones, colectivos y sindicato eligieron entonces a García Vicente entre sus miembros. Una vez finalizada la votación, el encuentro se retomó para continuar trabajando en detalle las propuestas que han sido trasladadas al Ministerio. Urgencia para avanzar en el reglamento Durante la reunión, Abogacía Española ha reiterado ante Saiz la necesidad de avanzar con la máxima celeridad en la elaboración y aprobación del reglamento. La urgencia fue también una de las cuestiones compartidas por las asociaciones, colectivos y sindicato durante el encuentro del 18 de septiembre. González ha insistido asimismo en que el desarrollo reglamentario debe mantener un carácter eminentemente técnico, ofrecer certezas y seguridad jurídica y dar respuesta a las distintas situaciones de los profesionales afectados. La reunión da continuidad a la constante interlocución mantenida con el Ministerio. En el anterior encuentro entre Salvador González y Elma Saiz participaron también Albert Sierra, vicepresidente de la Comisión de Previsión Social y decano del Col·legi d’Advocats de Girona, y Borja Suárez Corujo, secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. Durante aquella reunión, el presidente de Abogacía Española solicitó ya que la tramitación del reglamento fuera declarada urgente, una petición que la ministra se comprometió a trasladar al Consejo de Ministros.El presidente de Abogacía Española, Salvador González, y el presidente de la Comisión de Previsión Social y decano de Alicante, Ignacio Gally, se han reunido con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, sobre el desarrollo reglamentario de la Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/20260922-Encuentro-con-la-ministra-Elma-Saiz-p489037-m1525306-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/la-abogacia-espanola-traslada-a-elma-saiz-los-puntos-compartidos-por-mutualistas-sobre-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/20260922-Encuentro-con-la-ministra-Elma-Saiz-p489037-m1525306-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/la-abogacia-espanola-traslada-a-elma-saiz-los-puntos-compartidos-por-mutualistas-sobre-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/la-abogacia-espanola-traslada-a-elma-saiz-los-puntos-compartidos-por-mutualistas-sobre-la-pasarela-al-retahttps://elderecho.com/la-abogacia-espanola-traslada-a-elma-saiz-los-puntos-compartidos-por-mutualistas-sobre-la-pasarela-al-reta2026-09-23 10:15:382026-09-23 10:15:38sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488914Ismael Cardo, decano del Colegio de la Abogacía de Cuenca; Marga Cerro, decana de Talavera de la Reina; Ángel Cervantes, decano de Toledo; Albino Escribano, decano de Albacete, y Emilio Vega, decano de Guadalajara han recogido, en un acto organizado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Estas distinciones reconocen sus trayectorias profesionales y de servicio institucional desarrolladas en distintos ámbitos de la abogacía. Junto a ellos, Salvador González, presidente de Abogacía Española, ha sido galardonado con la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, por su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones y su servicio a la abogacía y a la sociedad. Trayectorias al servicio de la Abogacía Para Ismael Cardo, decano del Colegio de Cuenca, la Cruz reconoce más de cuatro décadas de ejercicio profesional y de compromiso con la abogacía institucional y el turno de oficio. “Es algo muy importante en este punto de la carrera, es un reconocimiento que te llena de orgullo”, ha señalado. Cardo, colegiado desde 1984, asegura que su principal objetivo continúa siendo “defender la abogacía como profesión y a los compañeros y compañeras que la ejercen”. Por su parte, para Marga Cerro, decana del Colegio de Talavera de la Reina y vicesecretaria general de la Abogacía Española, destaca que la distinción supone un premio a su trayectoria profesional e institucional y a su compromiso con la igualdad y la defensa de los derechos. “Para cualquier jurista es un honor. Desde el primer momento, vi que no me pertenecía solo a mí, sino también a cada uno de los compañeros y compañeras de nuestro Colegio”, ha destacado. Ángel Cervantes, decano del Colegio de Toledo, ha entendido la distinción como un reconocimiento al trabajo de la profesión. “Es una medalla coral, colectiva, de toda la abogacía toledana”, manifestó. Con más de tres décadas de ejercicio y una dilatada trayectoria institucional, Cervantes considera que la representación colegial constituye, ante todo, una vocación de servicio: “Siempre me ha gustado poder ayudar e intentar mejorar las cosas”. Albino Escribano, decano del Colegio de Albacete, ha recibido esta distinción en reconocimiento a una trayectoria vinculada a la defensa de la profesión, la deontología y los principios esenciales de la abogacía. “Significa el reconocimiento del trabajo hecho, del camino recorrido y, al propio tiempo, permite armarse de nueva ilusión para continuar la labor”, ha afirmado. Escribano ha hecho extensivo ese reconocimiento a su familia y a sus compañeros, “que lo han hecho posible”. Emilio Vega, decano del Colegio de Guadalajara, ha sido reconocido, tras más de tres décadas de ejercicio profesional y de dedicación a la profesión. “Te hace dar cuenta de que la entrega también tienen su recompensa”, ha indicado. Para Vega, el reconocimiento supone además un estímulo para continuar trabajando por la abogacía y “sirve como acicate para seguir en esta línea de trabajo, sirviendo a la abogacía como lo llevo haciendo tantos años”. Salvador González ha sido decano del Colegio de Abogados de Málaga entre 2020 y 2024, tras una larga trayectoria de responsabilidades en la institución desde 2000. Tiene experiencia en Justicia Gratuita y arbitraje, como presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y patrono fundador del Tribunal Arbitral de Málaga. Presidente del Consejo General de la Abogacía Española desde julio de 2024, donde ya había ejercido el cargo de consejero desde 2020. En septiembre de ese año tomó posesión como consejero nato del Consejo de Estado. El presidente ha expresado su agradecimiento al ministro y también ha puesto en valor a las personas que le han acompañado durante su trayectoria “Es un orgullo haber podido trabajar con mi Junta de Gobierno, con mis decanos de Andalucía, con el Colegio de Abogados de Málaga y con el Consejo Andaluz, y seguir haciéndolo hoy junto a mis consejeros y consejeras de toda España, el equipo del Consejo General de la Abogacía y mi despacho”. También les ha sido impuesta, en el mismo acto, la misma condecoración al abogado madrileño Jesús Remón y al sevillano José Antonio Zarrias. Jesús Remón es socio presidente de Uría Menéndez entre 2023 y 2025, se incorporó como socio en la oficina de Madrid de Uría Menéndez en el año 1996, procedente de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional. Entre 1999 y 2022 dirigió el Área de Derecho Público, Procesal y Arbitraje. Zarrias es asesor jurídico parlamentario, abogado, doctor y profesor universitario Derecho Constitucional, y del Master Abogacía de la Universidad Loyola Internacional.Una decana, cuatro decanos y el presidente del Consejo General de la Abogacía Española han recibido hoy distinciones en reconocimiento a toda una trayectoria vinculada a la defensa de la profesión. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/DSC01127-p488914-m1524925-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-abogacia-espanola-premiada-por-una-vida-dedicada-a-la-profesionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/DSC01127-p488914-m1524925-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-abogacia-espanola-premiada-por-una-vida-dedicada-a-la-profesionhttps://elderecho.com/la-abogacia-espanola-premiada-por-una-vida-dedicada-a-la-profesionhttps://elderecho.com/la-abogacia-espanola-premiada-por-una-vida-dedicada-a-la-profesion2026-09-22 14:49:282026-09-22 14:49:28sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488913Esta medida facilita el acceso o mejora de la pensión de jubilación a los deportistas que residían en España y ejercieron su actividad de forma habitual en territorio nacional, con contrato profesional, siempre que estuviesen incluidos en la relación laboral especial de deportistas profesionales, entre el 15 de marzo de 1980 y la fecha de su integración en el Régimen General de la Seguridad Social. Reconocimiento y mejora de la pensión de jubilación Para su reconocimiento, junto a la solicitud de la pensión de jubilación o de revisión, se tendrá que presentar la certificación expedida por el club, entidad deportiva correspondiente o federación, en el caso de que haya desaparecido el club, que acredite la condición de deportista profesional, así como del período de actividad que se hubiese desarrollado en España desde el 15 de marzo de 1980 hasta la fecha de integración en el Régimen General de la Seguridad Social. La solicitud se tendrá que dirigir de forma presencial o electrónica ante el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). Por otra parte, será el Consejo Superior de Deportes, organismo adscrito al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, quien asumirá el ingreso del capital coste de la pensión correspondiente. El contenido de este Real Decreto, que no incluye a los jugadores profesionales de fútbol que se rigen por su normativa específica, entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establece el régimen jurídico para el cómputo como cotizados al Régimen General de la Seguridad Social, a efectos de la pensión de jubilación, de los periodos de actividad ejercidos como deportista profesional con anterioridad a su integración en el Régimen General de la Seguridad Social.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2699185717-1-p488913-m1524993-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/pension-de-jubilacion-de-los-deportistas-profesionaleshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2699185717-1-p488913-m1524993-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/pension-de-jubilacion-de-los-deportistas-profesionaleshttps://elderecho.com/pension-de-jubilacion-de-los-deportistas-profesionaleshttps://elderecho.com/pension-de-jubilacion-de-los-deportistas-profesionales2026-09-22 13:15:182026-09-22 13:15:18socialSocial13Social488912El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, le ha impuesto la condecoración durante una ceremonia celebrada en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid. La distinción fue concedida en julio de 2023 por la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, a propuesta de la Asociación de Juristas y Profesionales del Derecho San Raimundo de Peñafort. El reconocimiento pone en valor la trayectoria profesional de Fontana y su contribución al desarrollo del sector jurídico. Creada en 1944, la Orden de San Raimundo de Peñafort es una de las principales distinciones jurídicas de España. Reconoce los méritos de profesionales vinculados a la Administración de Justicia, así como su dedicación al estudio, el cultivo y la aplicación del derecho. Más de 40 años de trayectoria profesional Fontana cuenta con más de 40 años de ejercicio profesional, durante los que ha desempeñado puestos de máxima responsabilidad en Cuatrecasas y ha contribuido de forma decisiva a la evolución de la Firma. Se incorporó en 1983 como abogado del área Fiscal y se especializó en planificación de grupos empresariales familiares, asesoramiento tributario y operaciones de fusión, adquisición y joint venture de grupos nacionales e internacionales. Como presidente, impulsó el crecimiento y la internacionalización de Cuatrecasas hasta consolidarla como una firma de referencia en los mercados ibérico y latinoamericano. Durante su presidencia, el Despacho reforzó su presencia en Chile, Colombia, México y Perú y afianzó su colaboración europea con firmas líderes del sector jurídico. A lo largo de su carrera, Fontana ha participado en el asesoramiento y la planificación de destacadas operaciones empresariales en España y Portugal. También ha formado parte de consejos de administración y consejos asesores de numerosas compañías. Asimismo, colabora con foros y asociaciones empresariales e institucionales y pertenece al patronato de varias fundaciones.Rafael Fontana, presidente de honor de Cuatrecasas, ha recibido la Cruz Distinguida de 1ª clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Foto-familia_Rafael-Fontana_Acto-de-entrega_Cruz-de-la-orden-de-San-Raimundo-de-PEnafort-p488912-m1524959-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/rafael-fontana-presidente-de-honor-de-cuatrecasas-recibe-la-cruz-de-la-orden-de-san-raimundo-de-penaforthttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Foto-familia_Rafael-Fontana_Acto-de-entrega_Cruz-de-la-orden-de-San-Raimundo-de-PEnafort-p488912-m1524959-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/rafael-fontana-presidente-de-honor-de-cuatrecasas-recibe-la-cruz-de-la-orden-de-san-raimundo-de-penaforthttps://elderecho.com/rafael-fontana-presidente-de-honor-de-cuatrecasas-recibe-la-cruz-de-la-orden-de-san-raimundo-de-penaforthttps://elderecho.com/rafael-fontana-presidente-de-honor-de-cuatrecasas-recibe-la-cruz-de-la-orden-de-san-raimundo-de-penafort2026-09-22 13:00:032026-09-22 13:00:03sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico