https://elderecho.com/feedes484734El empleado publicó un video en TikTok durante su jornada laboral revelando el sistema interno de cobro e identificando a la empresa. En la grabación, divulgó los márgenes de beneficio del café (con un coste de 0,20 euros frente a los 5 euros de venta) y se quejó públicamente de recibir un salario precario de 1.400 euros. El 14 de mayo de 2024 la mercantil le comunicó la extinción de la relación laboral alegando despido disciplinario. El demandante alegaba que el despido era desproporcionado e improcedente, ya que en el video no se identificaba a la empresa ni se causó un daño real a la demandada. Sostenía además que, aun de existir una conducta reprochable, la empresa obvió la graduación de las faltas al imponer la sanción más gravosa sin atender a las circunstancias. Por su parte, la empresa señaló que, aunque no hubiera un daño económico directo cuantificado, la difusión de tales mensajes suponía un importante daño a su reputación, prestigio y credibilidad exterior. Según los magistrados, el tribunal de primera instancia acertó al señalar que el daño afectó a la imagen externa y comercial de la empresa, perjudicando su prestigio y credibilidad. Ha quedado demostrado que el empleado subió un video a TikTok criticando los precios y sueldos de la compañía, mostrando además el sistema interno de ventas (TPV), lo cual ataca directamente la reputación de la entidad. Asimismo, la Sala expresa que la sentencia no ha aplicado un castigo de forma automática; al contrario, ha evaluado detalladamente el contexto, el impacto del video, la gravedad de la falta y su relación con el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. Que el empleado no esté de acuerdo con el fallo no significa que la decisión no esté argumentada. En conclusión, la Sala sostiene que publicar un video despectivo en redes sociales durante el horario de trabajo y mostrando herramientas internas de la empresa rompe la confianza laboral, lo que justifica plenamente el despido. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. TSJ de Illes Balears. Sala de lo Social. Sentencia nº 264/2026 de 27 de mayo de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears ha confirmado la procedencia del despido a un camarero de un hotel por subir vídeos una red social en horario de trabajo.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2592941477-p484734-m1512200-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/despido-de-empleado-de-hotel-por-criticar-a-su-empresa-a-traves-de-un-video-en-redes-socialeshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2592941477-p484734-m1512200-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/despido-de-empleado-de-hotel-por-criticar-a-su-empresa-a-traves-de-un-video-en-redes-socialeshttps://elderecho.com/despido-de-empleado-de-hotel-por-criticar-a-su-empresa-a-traves-de-un-video-en-redes-socialeshttps://elderecho.com/despido-de-empleado-de-hotel-por-criticar-a-su-empresa-a-traves-de-un-video-en-redes-sociales2026-07-07 09:41:302026-07-07 09:41:30derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Derecho TIC,Sector jurídico,Social484739Alerta sobre la preocupante situación que atraviesa la Justicia en la provincia, donde los retrasos estructurales han alcanzado niveles incompatibles con el derecho de la ciudadanía a obtener una tutela judicial efectiva. En este sentido, la Corporación ha recibido en las últimas semanas quejas de varios compañeros por la fijación de juicios para el año 2029, con especial incidencia en la Jurisdicción Social. Esta circunstancia supone que trabajadores, empresas y ciudadanos deben esperar al menos tres años para obtener una resolución judicial sobre cuestiones tan sensibles como despidos, reclamaciones salariales, incapacidades, prestaciones de la Seguridad Social o conflictos laborales que afectan directamente a su estabilidad económica y personal. Por su parte, los profesionales de la abogacía se ven obligados a explicar a sus clientes que, pese a haber ejercido sus derechos en tiempo y forma, deberán afrontar esperas desproporcionadas para obtener una respuesta judicial. Una situación que genera frustración e incertidumbre en los justiciables y, en muchos casos, un inmerecido daño reputacional para el colectivo profesional. Del mismo modo, estas alarmantes dilaciones también causan perjuicios directos para los propios letrados, que no podrán cobrar sus honorarios hasta concluir los asuntos. No se trata de una incidencia puntual, sino de un problema estructural que se ha ido agravando con el paso del tiempo, la implantación de una reforma judicial sin la adecuada planificación ni los recursos necesarios y las continuas incidencias tecnológicas y que exige una respuesta urgente por parte de las administraciones competentes, ha manifestado el Colegio en un comunicado. La abogacía granadina insiste en que una Justicia a tres años vista deja de cumplir adecuadamente su función constitucional y erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Por ello, el Colegio de Abogados de Granada considera imprescindible la adopción inmediata de medidas que permitan revertir esta situación. En concreto, resulta necesario reforzar las plantillas de jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y personal funcionario; dotar a los órganos judiciales de los recursos materiales y técnicos adecuados; crear nuevos órganos allí donde la carga de trabajo lo exige; y establecer planes específicos de choque para reducir el volumen de procedimientos pendientes y recuperar la agilidad, la eficacia y la confianza en el sistema judicial. Asimismo, la Corporación reitera su compromiso con la defensa de los derechos de los ciudadanos y continuará denunciando cuantas situaciones comprometan el correcto funcionamiento del servicio público de Justicia, sin perjuicio de colaborar lealmente en la búsqueda de soluciones al creciente colapso judicial.El Colegio de Abogados de Granada denuncia el grave deterioro del servicio público de Justicia ante los inasumibles retrasos en los señalamientos judiciales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/06/005-p484739-m1512277-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-colegio-de-abogados-de-granada-alerta-sobre-la-preocupante-situacion-de-la-justicia-en-la-provinciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2020/06/005-p484739-m1512277-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-colegio-de-abogados-de-granada-alerta-sobre-la-preocupante-situacion-de-la-justicia-en-la-provinciahttps://elderecho.com/el-colegio-de-abogados-de-granada-alerta-sobre-la-preocupante-situacion-de-la-justicia-en-la-provinciahttps://elderecho.com/el-colegio-de-abogados-de-granada-alerta-sobre-la-preocupante-situacion-de-la-justicia-en-la-provincia2026-07-07 09:34:402026-07-07 09:34:40sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico484736En octubre de 2020, el INSS le denegó la pensión de viudedad argumentando que no reunía los requisitos establecidos para recibir tal prestación "al no haberse aportado la inscripción del matrimonio en el Registro Civil español". La mujer interpuso una reclamación contra esta resolución explicando que no fue posible inscribir el matrimonio en España porque para ello tenía que aportar el certificado de nacimiento de su marido, nacido en 1938 y registrado en los 'libros cheránicos del Registro Civil del Sahara', pero que era "imposible" localizarlo porque algunos de estos documentos se habían extraviado. Ahora, la Sala Social del TSJC le ha dado la razón y ha revocado la resolución por la que el INSS consideraba la inscripción en el Registro Civil español como "única vía para tener derecho a la pensión de viudedad" y para garantizar la legalidad del vínculo matrimonial celebrado en el extranjero ante el Estado y proteger al erario de un posible fraude. El TSJC invoca la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y recuerda que la falta de inscripción en el Registro Civil no puede perjudicar al beneficiario si la validez del matrimonio celebrado en el extranjero no ha estado cuestionada "en ningún momento" y se han aportado pruebas suficientes de la celebración de la unión.El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha reconocido el derecho de una mujer casada en Marruecos en 1965 con un hombre que adquirió la nacionalidad española a recibir una pensión de viudedad después de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se lo denegase, según la sentencia consultada por Europa Press.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Superior-Justicia-Cataluna_EDEIMA20121001_0012_1-p484736-m1512254-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjc-reconoce-el-derecho-de-una-mujer-casada-en-marruecos-en-1965-a-recibir-pension-de-viudedadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Superior-Justicia-Cataluna_EDEIMA20121001_0012_1-p484736-m1512254-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjc-reconoce-el-derecho-de-una-mujer-casada-en-marruecos-en-1965-a-recibir-pension-de-viudedadhttps://elderecho.com/el-tsjc-reconoce-el-derecho-de-una-mujer-casada-en-marruecos-en-1965-a-recibir-pension-de-viudedadhttps://elderecho.com/el-tsjc-reconoce-el-derecho-de-una-mujer-casada-en-marruecos-en-1965-a-recibir-pension-de-viudedad2026-07-07 09:20:372026-07-07 09:20:37socialSocial13Social484735Según el relato probado de la sentencia, en septiembre de 2018, la acusada, como administradora de una empresa, ofreció a la denunciante una oportunidad de negocio que consistía en la realización de un curso para la apertura de una tienda online asegurándole que sería gratis, ya que se financiaría con una subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Convencida, firmó en diciembre un contrato de servicios por 2.990 euros. Con el fin de lucrarse y sabiendo que el negocio no era viable, la convenció para pedir un préstamo bancario temporal. Tras gestionar el crédito de 3.200,34 euros con una entidad financiera, la perjudicada transfirió los 2.990 euros a la empresa de la acusada en enero de 2019. Sin embargo, la tienda online -en este caso de ropa deportiva- nunca funcionó porque la mercantil de la procesada no facilitó los proveedores prometidos. Al no ponerse en marcha el negocio, la Junta retiró en 2022 el derecho de cobro de la subvención concedida y la denunciante tuvo que pagar el préstamo íntegramente durante 48 meses sin recibir la ayuda ni recuperar su dinero. Según el tribunal, existen pruebas de cargo válidas y suficientes que respaldan todos los elementos del delito, tales como la documentación de contratos, préstamos y transferencias, los datos de la subvención, los numerosos mensajes de WhatsApp y las declaraciones de ambas partes. Por ello, los magistrados comparten plenamente la valoración de la sentencia impugnada, confirmando que el tribunal de primera instancia aplicó acertadamente el delito de estafa. Los hechos probados demuestran claramente un engaño manifiesto y una puesta en escena engañosa planificada por la acusada desde el principio. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Sala de lo Civil y Penal. Sentencia nº 37/2026 de 30 de abril de 2026El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado la pena de seis meses de cárcel, dictada por la Audiencia de Albacete, para una mujer que estafó a otra con un falso curso de formación para la apertura de un negocio online, a quien deberá indemnizar con 3.200,34 euros.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2756191371-1-p484735-m1512218-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/carcel-y-pago-de-indemnizacion-por-estafar-con-la-apertura-de-una-tienda-online-gratishttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2756191371-1-p484735-m1512218-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/carcel-y-pago-de-indemnizacion-por-estafar-con-la-apertura-de-una-tienda-online-gratishttps://elderecho.com/carcel-y-pago-de-indemnizacion-por-estafar-con-la-apertura-de-una-tienda-online-gratishttps://elderecho.com/carcel-y-pago-de-indemnizacion-por-estafar-con-la-apertura-de-una-tienda-online-gratis2026-07-07 09:17:472026-07-07 09:17:47penalPenal9Penal484676En el auto, el juez explica que solicitó la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho tras la declaración de un concurso sin masa, el cual se declara ante la ausencia de activos o cuando la realización de esos activos resultaría antieconómica. El juez, al no haberse instado por acreedores el nombramiento de administrador concursal y probarse la insuficiencia de masa activa para abrir liquidación, acordó la conclusión del concurso sin masa. Tras analizar la solicitud del deudor, el magistrado concluye que cumple los requisitos previstos en el Texto Refundido de la Ley Concursal para obtener la exoneración del pasivo insatisfecho, al no concurrir causas de exclusión o prohibición y no haberse formulado oposición por los acreedores. La resolución identifica expresamente los créditos que quedan exonerados -incluyendo varios créditos bancarios y comerciales- y determina el alcance concreto de la exoneración frente a la Tesorería General de la Seguridad Social, aplicando los límites jurisprudenciales que permiten exonerar 5.000 euros íntegros y el 50 % hasta 10.000 euros sobre los restantes, de modo que se exoneran 8.378,17 euros de las obligaciones frente a esa entidad. Asimismo, el magistrado advierte de que los acreedores no exonerados conservan sus acciones y que los acreedores afectados deben comunicar la exoneración a los sistemas de información crediticia. La resolución es firme, pues contra ella no cabe presentar recurso. Tribunal de instancia de Pontevedra. Auto nº 228/2026 de 1 de julio de 2026.El magistrado de la plaza 1 de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia Pontevedra concede a una persona natural -particular- la exoneración de deudas por importe de 6.319.742 euros. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2727655071-2-1-p484676-m1511989-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tribunal-de-instancia-de-pontevedra-exonera-a-un-particular-de-pagar-mas-de-seis-millones-de-deudahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2727655071-2-1-p484676-m1511989-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tribunal-de-instancia-de-pontevedra-exonera-a-un-particular-de-pagar-mas-de-seis-millones-de-deudahttps://elderecho.com/el-tribunal-de-instancia-de-pontevedra-exonera-a-un-particular-de-pagar-mas-de-seis-millones-de-deudahttps://elderecho.com/el-tribunal-de-instancia-de-pontevedra-exonera-a-un-particular-de-pagar-mas-de-seis-millones-de-deuda2026-07-06 12:20:562026-07-06 12:20:56mercantilMercantil8Mercantil484689La Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) celebrará del 22 al 24 de octubre de 2026, en el Auditorio Ciudad de León, la vigésimo sexta edición de su Congreso Nacional, Laborium, un encuentro de referencia para el análisis de la actualidad del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. El programa abordará algunas de las principales cuestiones que centran el debate jurídico-laboral, entre ellas las últimas novedades jurisprudenciales, la transparencia retributiva, la prevención de riesgos laborales, la prueba y las estrategias procesales en la jurisdicción social, la libertad de expresión de las personas trabajadoras en redes sociales, los procedimientos de información y consulta con la representación legal de los trabajadores y el impacto de la inteligencia artificial en la modificación y extinción del contrato de trabajo. Dirigido a abogados laboralistas, graduados sociales, magistrados, jueces, inspectores de Trabajo, personal académico y demás profesionales especializados en el ámbito laboral, el Congreso tiene como finalidad ofrecer un espacio de actualización técnica y de intercambio de conocimiento sobre los cambios normativos, jurisprudenciales y organizativos que afectan a las relaciones laborales. El encuentro contará con la participación de magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de Tribunales Superiores de Justicia, así como de catedráticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, responsables de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y otros especialistas de reconocido prestigio. La inauguración estará presidida por la presidenta de ASNALA, Ana Gómez Hernández. Consulta el programa completo  El encuentro, organizado por la Asociación Nacional de Laboralistas abordará la evolución jurisprudencial, la inteligencia artificial, la transparencia retributiva y otros desafíos de las relaciones laborales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Laborium-ASNALA-26_img-p484689-m1512028-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/el-xxvi-congreso-asnala-laborium-reunira-en-leon-a-expertos-para-analizar-los-retos-actuales-del-derecho-del-trabajohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Laborium-ASNALA-26_img-p484689-m1512028-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/el-xxvi-congreso-asnala-laborium-reunira-en-leon-a-expertos-para-analizar-los-retos-actuales-del-derecho-del-trabajohttps://elderecho.com/el-xxvi-congreso-asnala-laborium-reunira-en-leon-a-expertos-para-analizar-los-retos-actuales-del-derecho-del-trabajohttps://elderecho.com/el-xxvi-congreso-asnala-laborium-reunira-en-leon-a-expertos-para-analizar-los-retos-actuales-del-derecho-del-trabajo2026-07-06 12:00:252026-07-06 12:00:25sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social484663Promesas de cancelar todas las deudas, anuncios que garantizan el éxito de una reclamación o profesionales que aparentan ser abogados, pero que no están habilitados para ejercer. El Consejo General de la Abogacía Española y la Asociación Española de Consumidores (ASESCON) han firmado hoy un convenio de colaboración para combatir los bulos y la desinformación relacionados con los servicios jurídicos. El objetivo de esta alianza es reforzar la protección de los consumidores mediante la promoción de información veraz y el impulso de iniciativas que permitan identificar prácticas engañosas que pueden llevar a los ciudadanos a tomar decisiones con importantes consecuencias para sus derechos. Para ello, el convenio contempla, entre otras actuaciones, la difusión de campañas de protección de los consumidores, la organización y celebración conjunta de jornadas divulgativas y el desarrollo de acciones de sensibilización orientadas a fomentar una información rigurosa y prevenir la desinformación sobre los servicios jurídicos. La firma de este convenio da continuidad al trabajo que viene desarrollando Abogacía Española para alertar sobre el incremento de plataformas y operadores que utilizan publicidad engañosa, promesas imposibles de garantizar o mensajes que inducen a error sobre quién presta realmente los servicios jurídicos. Como ejemplo de ello, han difundido este vídeo divulgativo elaborado por la institución en el que se recogen las situaciones más habituales y pautas para ayudar a los ciudadanos. En muchos casos, estas prácticas afectan especialmente a personas que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad, como quienes buscan acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, afrontan un desahucio o necesitan asistencia jurídica en procedimientos de familia. Entre los mensajes más habituales se encuentran aquellos que prometen resultados garantizados, soluciones inmediatas o la cancelación automática de deudas, así como la utilización de expresiones que pueden hacer creer al consumidor que está siendo asesorado por abogados cuando no siempre es así. A ello se suman prácticas que generan una falsa sensación de urgencia o que ocultan información esencial sobre los servicios contratados. Más allá de la publicidad engañosa, estas situaciones pueden derivar en problemas mucho más graves, como el intrusismo profesional o la contratación de servicios sin las garantías que ofrece un abogado colegiado, cuya actuación está sometida a un estricto Código Deontológico. Con este convenio, Abogacía Española y ASESCON reafirman su compromiso con la protección de la ciudadanía y la defensa de un acceso a la Justicia basado en la transparencia, la confianza y la información veraz. Ambas organizaciones desarrollarán acciones conjuntas dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía, promover buenas prácticas y contribuir a que los consumidores dispongan de herramientas que les permitan identificar información fiable y tomar decisiones informadas.El Consejo General de la Abogacía Española y la Asociación Española de Consumidores firman un convenio de colaboración para promover información veraz y prevenir la desinformación sobre los servicios jurídicos, reforzando así la protección de los ciudadanos frente a prácticas engañosas. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Miguel-Angel-Ruiz-ASESCON-y-Salvador-Gonzalez-CGAE_img-p484663-m1511956-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-y-asescon-unen-fuerzas-contra-los-bulos-juridicoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Miguel-Angel-Ruiz-ASESCON-y-Salvador-Gonzalez-CGAE_img-p484663-m1511956-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/abogacia-espanola-y-asescon-unen-fuerzas-contra-los-bulos-juridicoshttps://elderecho.com/abogacia-espanola-y-asescon-unen-fuerzas-contra-los-bulos-juridicoshttps://elderecho.com/abogacia-espanola-y-asescon-unen-fuerzas-contra-los-bulos-juridicos2026-07-06 11:40:102026-07-06 11:40:10sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico484623El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado las bases que regulan los premios que, a propuesta del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos, otorgará el órgano de gobierno de los jueces a aquellas personas, instituciones, asociaciones y entidades públicas o privadas que destaquen por su contribución a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos en el ámbito de la justicia. La creación de estas distinciones se acordó el pasado 5 de mayo por el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos, que preside el vocal Carlos Hugo Preciado, y que integran los/as también vocales José Luis Costa Pillado, Esther Rojo Beltrán, Isabel Revuelta de Rojas e Inés Herreros Hernández. La primera convocatoria de los premios se abrirá a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las bases reguladoras aprobadas hoy por el Pleno. Con la creación de los premios a los derechos humanos en la Justicia, el CGPJ pretende dar mayor visibilidad a la labor desarrollada tanto por particulares como por instituciones, organizaciones y entidades públicas y privadas en la protección, promoción y defensa de los derechos humanos en el ámbito de la justicia, contribuyendo así al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y democrática. El jurado que decidirá los premios, que se entregarán anualmente, estará compuesto por la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, y por los miembros del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos.La finalidad de estos galardones, de nueva creación, es reconocer la labor de particulares, instituciones, organizaciones y entidades públicas y privadas en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos en el ámbito de la justicia.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2672947091-1-p484623-m1511850-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aprobadas-las-bases-que-regularan-los-premios-de-derechos-humanos-en-la-justiciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2672947091-1-p484623-m1511850-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/aprobadas-las-bases-que-regularan-los-premios-de-derechos-humanos-en-la-justiciahttps://elderecho.com/aprobadas-las-bases-que-regularan-los-premios-de-derechos-humanos-en-la-justiciahttps://elderecho.com/aprobadas-las-bases-que-regularan-los-premios-de-derechos-humanos-en-la-justicia2026-07-06 11:10:102026-07-06 11:10:10sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico484624Según ha informado la Agencia Tributaria a través de un comunicado, se ha registrado un crecimiento de las devoluciones abonadas hasta la fecha. En concreto, se ha elevado un 3% en número y un 2,9% en importe. El pasado jueves, ya se habían abonado el 79,1% de las solicitudes de devolución y el 66,4% de los importes a devolver que se han solicitado. A la conclusión de la campaña se han presentado 25.613.000 declaraciones, un 4,2% más que el año anterior, de las cuales 16.376.000 con resultado a devolver y 7.475.000 a ingresar. En cuanto a los canales, 2.400.000 declaraciones se han presentado con 'Renta Directa', un 136% más, gracias a un incremento de potenciales beneficiarios que ha convertido esta vía en la primera opción escogida por contribuyentes con declaraciones sencillas. 'Renta Directa', junto con 1.216.000 declaraciones del plan 'Le llamamos' y casi 883.000 de la 'app', suman 4.500.000 declaraciones presentadas de forma sencilla y ágil sin necesidad de acudir a las oficinas, donde a su vez se ha atendido a más de 930.000 contribuyentes. Además, la Agencia ha dado más de 1.518.000 respuestas por los canales de asistencia digital y ha atendido más de dos millones de llamadas para resolución de dudas. 53.700 rectificaciones tras los avisos preventivos A lo largo de la Campaña, en el marco de su estrategia de asistencia preventiva para evitar errores y omisiones de los contribuyentes, la Agencia ha remitido cerca de 160.000 cartas (además de avisos en 'Renta Web' y en la 'app') a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la AEAT. Hasta el momento, se han presentado 53.700 declaraciones de contribuyentes rectificando, a partir de la carta recibida, la declaración presentada inicialmente, evitando de esta forma una posible comprobación posterior, la generación de intereses y la eventual imposición de sanciones. Si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, lógicamente no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, se le da la opción de corregirla mediante la correspondiente declaración rectificativa, para la cual 'Renta Web' ofrece una propuesta con los datos ya incorporados. Esta fórmula preventiva se suma a los avisos y 'advertencias' para evitar errores que la Agencia ofrece a los contribuyentes en el documento de datos fiscales y en Renta Web antes de presentar la declaración, mensajes que, además, en esta campaña se han ampliado a nuevos supuestos. 227.800 declaraciones de patrimonio En paralelo a la Campaña de Renta se ha desarrollado también la correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio, que debían declarar los contribuyentes con cuota a ingresar (tras aplicar las correspondientes deducciones y bonificaciones) y también aquellos sin cuota a ingresar que el pasado año contaban con bienes y derechos con un valor superior a los dos millones de euros. Al término de la campaña se han contabilizado más de 227.800 declaraciones de Patrimonio y el importe a ingresar ha alcanzado los 2.512 millones de euros.La Agencia Tributaria ha devuelto ya 9.361 millones de euros a 12.953.000 contribuyentes al término de la campaña de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2025 (IRPF 2025), que finalizó el pasado 30 de junio.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2746962807-1-p484624-m1511869-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/hacienda-devuelve-9-361-millones-a-casi-13-millones-de-contribuyentes-al-cierre-de-la-campana-de-rentahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/shutterstock_2746962807-1-p484624-m1511869-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/hacienda-devuelve-9-361-millones-a-casi-13-millones-de-contribuyentes-al-cierre-de-la-campana-de-rentahttps://elderecho.com/hacienda-devuelve-9-361-millones-a-casi-13-millones-de-contribuyentes-al-cierre-de-la-campana-de-rentahttps://elderecho.com/hacienda-devuelve-9-361-millones-a-casi-13-millones-de-contribuyentes-al-cierre-de-la-campana-de-renta2026-07-06 10:45:272026-07-06 10:45:27fiscalFiscal6Fiscal484625Pérez-Llorca contará con cerca de 1.300 profesionales y presencia en Barcelona, Bogotá, Bruselas, Ciudad de México, Lima, Lisboa, Londres, Madrid, Medellín, Monterrey, Nueva York y Singapur, además de Abu Dabi, cuya reciente apertura convierte a Pérez-Llorca en el primer despacho iberoamericano con presencia física en este centro financiero internacional. Miranda Amado ha crecido un 30 % en los últimos 4 años, mientras que Pérez-Llorca lo ha hecho en más de un 87 % en este periodo. Tras la fusión, se estima que las ventas globales proforma de Pérez-Llorca en los últimos doce meses alcancen los 280 millones de dólares aproximadamente. La integración refuerza la capacidad de Pérez-Llorca para asesorar a fondos soberanos, inversores institucionales, entidades financieras, grandes corporaciones y despachos internacionales en sus grandes operaciones, financiamientos, litigios y arbitrajes internacionales, así como en sus cuestiones regulatorias más complejas y estratégicas, conectando Europa, Asia, Oriente Medio y Latinoamérica. La oficina de Lima se integrará plenamente en la estructura, gobierno y modelo operativo de Pérez-Llorca. Socios peruanos se incorporarán a los órganos de gobierno de Pérez-Llorca y asumirán posiciones de liderazgo en prácticas internacionales clave, mientras que la gestión en el país estará dirigida por un Comité Ejecutivo compuesto por socios locales. Asimismo, durante un periodo transitorio, el Despacho operará en el mercado peruano bajo la denominación Pérez-Llorca, Miranda Amado antes de adoptar la marca Pérez-Llorca Perú. Pedro Pérez-Llorca, socio director de Pérez-Llorca, ha señalado: “La integración con Miranda Amado representa un paso decisivo en nuestra estrategia internacional. Hemos construido una plataforma única para acompañar a nuestros clientes en los principales corredores de inversión entre Europa y Latinoamérica y reforzamos nuestra capacidad para conectar ese eje con algunos de los centros de capital más relevantes del mundo, incluidos Asia y Oriente Medio. Nuestro objetivo es ser la firma de referencia para las operaciones y asuntos más sofisticados del espacio iberoamericano”. Iván Delgado, socio ejecutivo internacional de Pérez-Llorca, ha añadido: “La integración de Miranda Amado y la apertura de Abu Dabi son hitos complementarios dentro de un mismo proyecto. Queremos estar presentes tanto en los mercados que generan capital como en aquellos que ofrecen las mejores oportunidades de inversión y crecimiento. Esta combinación nos permite conectar inversores internacionales con proyectos estratégicos en Europa y Latinoamérica a través de una única plataforma integrada”. Luis Miranda, socio fundador de Miranda Amado, ha destacado: “Esta integración combina el liderazgo y conocimiento local de Miranda Amado con una plataforma internacional de primer nivel. Compartimos una misma visión de excelencia, ambición y servicio al cliente, y estamos convencidos de que esta unión permitirá ofrecer un asesoramiento diferencial a empresas e inversores que operan cada vez más allá de sus mercados tradicionales”.Miranda Amado y Pérez-Llorca han completado con éxito su integración, anunciada el pasado mes de mayo, tras la aprobación de las juntas de socios y órganos de gobierno de ambas firmas, lo que supone un hito para el mercado legal al unir dos firmas líderes en sus jurisdicciones en una única plataforma plenamente integrada líder en el mercado iberoamericano.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Perez-Llorca-y-Miranda-Amado-cierran-su-integracion-p484625-m1511890-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/perez-llorca-y-miranda-amado-completan-su-integracionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/07/Perez-Llorca-y-Miranda-Amado-cierran-su-integracion-p484625-m1511890-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/perez-llorca-y-miranda-amado-completan-su-integracionhttps://elderecho.com/perez-llorca-y-miranda-amado-completan-su-integracionhttps://elderecho.com/perez-llorca-y-miranda-amado-completan-su-integracion2026-07-06 10:22:212026-07-06 10:22:21sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico