https://elderecho.com/feedes486467López ha presentado este lunes un avance de las consultas realizadas por la ciudadanía entre enero y junio al servicio, que ofrece asesoramiento ante dudas, incidentes y riesgos relacionados con la ciberseguridad. Esta cifra supone casi el doble de las 49.599 consultas atendidas en el mismo periodo de 2025 y se aproxima al total registrado durante todo 2024, cuando el servicio alcanzó las 98.546 consultas. El ministro ha explicado que aumentan las consultas porque ha mejorado el conocimiento de este servicio gratuito y la concienciación de los usuarios. Consultas más frecuentes al 017 El balance semestral de las consultas al 017 por tipo de público indica que las consultas más frecuentes, tanto de la ciudadanía (40%) como de las empresas (30,6%), se refieren a estafas en las que un ciberdelincuente suplanta la identidad de una entidad legítima o una persona de confianza y trata de robar información a través del teléfono ('vishing'), SMS ('smishing') o correos electrónicos ('phishing'), mientras que los ciudadanos también recurren al servicio por compras fraudulentas (13%) y suplantación de identidad (9,5%). Además, los datos ponen de manifiesto el aumento del interés y la preocupación por delitos de índole económica, dado que en este semestre se han registrado cerca de 3.000 consultas por falsas inversiones y criptomonedas, siete veces más que en todo 2022, y las consultas sobre fraudes bancarios se han multiplicado por cuatro desde entonces. También es llamativo el incremento de las consultas por noticias falsas y bulos, que han aumentado un 175% respecto a 2023, mientras que, entre las empresas, otros motivos de consulta se refieren a la suplantación de identidad (20%), cuando un ciberdelincuente desarrolla una web o un perfil falso en redes sociales copiando los de la compañía, y al fraude del consejero delegado --CEO-- (9,8%), en el que el atacante se hace pasar por un alto cargo de la empresa. En el caso de los menores, el mayor número de consultas se refiere a privacidad y reputación 'online' (17,5%), aunque, por primera vez desde 2022, las consultas sobre sextorsión prácticamente igualan esa cifra (17%), un delito de chantaje en el que un atacante amenaza con publicar fotos o vídeos íntimos para exigir dinero, más contenido sexual o favores. La suplantación de identidad se sitúa como el tercer motivo de consulta más frecuente entre los menores (10,7%), mientras que, en el primer semestre, el 5% de las consultas está relacionado con el ciberacoso, que se posiciona como el quinto motivo de consulta más común.El servicio 017 --'Tu Ayuda en Ciberseguridad'--, el canal gratuito gestionado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, atendió 95.064 consultas durante los seis primeros meses de 2026.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2440453293-1-p486467-m1517220-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-atiende-mas-de-95-000-consultas-en-seis-meses-a-traves-del-servicio-017-de-ciberseguridadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2440453293-1-p486467-m1517220-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-atiende-mas-de-95-000-consultas-en-seis-meses-a-traves-del-servicio-017-de-ciberseguridadhttps://elderecho.com/el-gobierno-atiende-mas-de-95-000-consultas-en-seis-meses-a-traves-del-servicio-017-de-ciberseguridadhttps://elderecho.com/el-gobierno-atiende-mas-de-95-000-consultas-en-seis-meses-a-traves-del-servicio-017-de-ciberseguridad2026-08-10 11:43:142026-08-10 11:43:14ciberseguridadCiberseguridadderecho-ticDerecho TICCiberseguridad,Derecho TIC486454La trabajadora mantiene la incapacidad que se le otorgó en marzo de 2022 para su profesión habitual, por la cual cobra una pensión mensual equivalente al 55% de una base reguladora de 2.322,27 euros. La mujer inició en junio de 2024 el expediente de revisión donde se diagnosticó una lumbociatalgia derecha y cefalea tensional con limitaciones físicas y de movimiento. Además, fue operada en una clínica privada sin seguimiento posterior. En la evaluación clínico-laboral se indicó que esta última cirugía corresponde a una dolencia que ya se había tomado en cuenta en el proceso de incapacidad permanente anterior. Debido a sus dolencias, la paciente no puede realizar actividades que requieran estar de pie o caminar durante mucho tiempo, levantar peso, repetir los mismos movimientos o forzar la zona lumbar. Tampoco puede levantar el brazo izquierdo por encima del hombro. El tribunal expone que el juez de primera instancia está en una mejor posición para valorar la salud y las limitaciones de la demandante, al haber analizado las pruebas directamente. Por ello, las dudas deben resolverse a favor de la sentencia original, a menos que esta sea claramente equivocada o carezca de fundamento. En este caso, al contrastar el trabajo habitual de la recurrente con sus limitaciones médicas, la decisión de la jueza resulta acertada, por lo que se rechaza el recurso y se confirma la sentencia. Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. TSJ de las Islas Baleares. Sala de lo Social. Sentencia nº 260/2026 de 27 de mayo de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha rechazado aumentar el grado de incapacidad permanente a una auxiliar de vigilancia al no constar un empeoramiento en sus lesiones.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2472843285-1-p486454-m1517181-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/rechazado-el-aumento-del-grado-de-incapacidad-permanente-a-una-auxiliar-de-vigilanciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2472843285-1-p486454-m1517181-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/rechazado-el-aumento-del-grado-de-incapacidad-permanente-a-una-auxiliar-de-vigilanciahttps://elderecho.com/rechazado-el-aumento-del-grado-de-incapacidad-permanente-a-una-auxiliar-de-vigilanciahttps://elderecho.com/rechazado-el-aumento-del-grado-de-incapacidad-permanente-a-una-auxiliar-de-vigilancia2026-08-10 10:14:322026-08-10 10:14:32sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social486407"El riesgo es que la simplificación termine convirtiéndose en una desregulación gradual y que la competitividad se imponga sobre la dimensión social del proyecto europeo. El reto no consiste en frenar la innovación, sino en asegurar que sus beneficios se traduzcan en mayor inclusión y accesibilidad, sin debilitar la protección de los derechos", subraya el CERMI en el informe. En concreto, el trabajo analiza la propuesta de Reglamento Ómnibus Digital sobre Inteligencia Artificial, impulsada por las instituciones europeas con el propósito de simplificar determinados aspectos del marco regulador de la IA y reducir cargas administrativas. Desde la perspectiva de la discapacidad, el CERMI advierte de que cualquier proceso de simplificación normativa debe preservar íntegramente las salvaguardias previstas en el 'Reglamento europeo de Inteligencia Artificial', especialmente cuando los sistemas de IA puedan incidir en ámbitos sensibles como el empleo, la educación, la protección social, la salud, la justicia o el acceso a bienes y servicios. El CERMI afirma que la IA ofrece una "oportunidad" para favorecer la autonomía personal, la accesibilidad universal, la comunicación y la participación social de las personas con discapacidad. Si bien, también advierte de que puede generar nuevos riesgos de discriminación, exclusión o "sesgos" algorítmicos si no se desarrolla y aplica desde un enfoque basado en los derechos humanos. El informe sostiene que la competitividad, la innovación y la simplificación administrativa es un objetivo "legítimo" de la Unión Europea, pero apunta que no deben alcanzarse a costa de rebajar los estándares de protección de las personas y grupos más vulnerables. Por ello, reclama que toda revisión del marco regulador mantenga los principios de accesibilidad universal, diseño para todas las personas, supervisión humana, transparencia, rendición de cuentas y no discriminación. Asimismo, el documento formula una serie de recomendaciones dirigidas a las instituciones europeas, a los Estados miembros y a los agentes implicados en el desarrollo y despliegue de sistemas de inteligencia artificial, con el fin de garantizar que la evolución normativa continúe alineada con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con el modelo europeo de derechos fundamentales. La Unión Europea (UE) afronta desde el 2 de agosto un nuevo hito en la implementación del Reglamento europeo de inteligencia artificial (AI Act), con la entrada en vigor de las primeras obligaciones de transparencia y el inicio de la aplicación de las disposiciones aplicables a nivel nacional y comunitario. Según el calendario publicado por la Comisión Europea, en esta fase se activan específicamente las normas de transparencia del artículo 50 y las medidas de apoyo a la innovación, que refuerzan el sistema de supervisión y cumplimiento en todos los Estados miembros, así como la aplicación de la Ley de IA en ámbitos como los modelos de propósito general, las prohibiciones y los requisitos de alfabetización en inteligencia artificial (IA). La Comisión Europea comenzará a aplicar las obligaciones que exigirán identificar los contenidos generados o manipulados mediante esta tecnología, incluidos los conocidos como 'deepfakes', y obligarán a los 'chatbots' y otros sistemas a advertir a los usuarios de que están interactuando con una IA, al tiempo que Bruselas asumirá por primera vez las competencias para velar por el cumplimiento de la norma. En la práctica, las herramientas capaces de crear imágenes, vídeos, audios o textos deberán incorporar marcas que permitan reconocer esas producciones, mientras que su uso con fines profesionales exigirá indicar de forma clara que han sido alteradas mediante inteligencia artificial y los asistentes conversacionales informar de que el usuario está hablando con una máquina y no con una persona.El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha advertido del "riesgo" de que la simplificación de determinados aspectos del marco regulador europeo de la Inteligencia Artificial (IA) "debilite" la protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2277274631-1-p486407-m1517068-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/cermi-reclama-que-la-simplificacion-de-la-regulacion-europea-de-la-ia-no-debilite-derechos-fundamentaleshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2277274631-1-p486407-m1517068-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/cermi-reclama-que-la-simplificacion-de-la-regulacion-europea-de-la-ia-no-debilite-derechos-fundamentaleshttps://elderecho.com/cermi-reclama-que-la-simplificacion-de-la-regulacion-europea-de-la-ia-no-debilite-derechos-fundamentaleshttps://elderecho.com/cermi-reclama-que-la-simplificacion-de-la-regulacion-europea-de-la-ia-no-debilite-derechos-fundamentales2026-08-10 07:53:022026-08-10 07:53:02derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico486405En su sentencia, consultada por Europa Press, la Sección Segunda ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa, que solicitaba la absolución de la acusada y, de forma subsidiaria, una reducción de la responsabilidad civil, y ha ratificado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería. Además de la pena de prisión, la mujer tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros del perjudicado y comunicarse con él durante tres años y deberá indemnizarlo con 4.000 euros, cantidad que no ha recuperado. Los hechos se remontan al 1 de diciembre de 2022. La acusada, que había conocido al octogenario el día anterior, le hizo creer que pretendía ayudarlo debido a su avanzada edad y a que vivía solo, aunque aquella mañana comenzó a mantener con él una actitud "intimidatoria y amenazante". Según los hechos probados, la mujer hizo que dos hombres desconocidos siguieran constantemente al perjudicado por la calle sin dejarlo solo y lo coaccionó para que le entregara dinero con expresiones como "mal se va a poner la cosa", lo que le causó "un gran temor" al sentirse "indefenso". La acusada obligó primero al anciano a retirar 1.000 euros de su cuenta bancaria a las 9,40 horas y este guardó el dinero en un cajón de su vivienda. Media hora después, volvió a obligarlo a acudir al banco, donde sacó otros 3.000 euros. Tras esta segunda retirada, ambos acudieron a otra entidad bancaria, donde, pocos minutos después, el perjudicado vio cómo la mujer ingresó 3.900 euros en una cuenta a nombre de su hija menor de edad, en la que ella figuraba como representante legal. Cuando regresó a su vivienda, el anciano comprobó que los primeros 1.000 euros que había guardado en el cajón habían desaparecido. La defensa recurrió la condena al sostener, entre otros argumentos, que existía un error en la valoración de la prueba y que la declaración del perjudicado no se correspondía con las imágenes de las cámaras de seguridad. Sin embargo, la Audiencia ha concluido que no existe "ninguna contradicción" entre su declaración y las grabaciones y ha señalado que estas, por el contrario, "vienen a corroborar su relato". El tribunal también ha tenido en cuenta las certificaciones bancarias que acreditan las dos retiradas de dinero y el posterior ingreso de 3.900 euros. La Sala ha considerado "inverosímil" la versión de la acusada, quien afirmó que el hombre, al que había conocido el día anterior, le había prestado voluntariamente 3.000 euros que ella debía devolver "poco a poco". El tribunal ha destacado que apenas se conocían desde el día anterior, que no dejaron constancia por escrito del supuesto préstamo y que la mujer "no volvió a dar señales de vida". Además, ha señalado que ingresó 3.900 euros y no 3.000 y que no justificó la procedencia de los otros 900 euros que aseguró que llevaba en el bolso. Por ello, la Audiencia ha concluido que los hechos probados son fruto de una "correcta valoración de la prueba" y ha confirmado íntegramente la condena.La Audiencia Provincial de Almería ha confirmado la condena de dos años de prisión impuesta a una mujer por un delito de robo con intimidación cometido contra un anciano de 81 años al que obligó a retirar 4.000 euros de su cuenta bancaria después de hacerle creer que pretendía ayudarlo.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2072478908-1-p486405-m1517030-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenada-a-dos-anos-de-carcel-por-intimidar-a-un-anciano-de-81-anos-para-robarle-4-000-euroshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2072478908-1-p486405-m1517030-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenada-a-dos-anos-de-carcel-por-intimidar-a-un-anciano-de-81-anos-para-robarle-4-000-euroshttps://elderecho.com/condenada-a-dos-anos-de-carcel-por-intimidar-a-un-anciano-de-81-anos-para-robarle-4-000-euroshttps://elderecho.com/condenada-a-dos-anos-de-carcel-por-intimidar-a-un-anciano-de-81-anos-para-robarle-4-000-euros2026-08-10 07:37:022026-08-10 07:37:02penalPenal9Penal486406El decreto ley, que ahora deberá recibir el visto bueno del Parlament, donde previsiblemente contará con los apoyos suficientes, también busca impedir la comercialización del óxido nitroso, más conocido como gas de la risa, con fines recreativos. Se seguirá permitiendo sus usos médicos, sanitarios, alimentarios e industriales. La consellera de Salud, Manuela García, ha defendido que las medidas contempladas en la nueva normativa tienen como principal objetivo proteger a los menores de edad ante dos "problemas de salud pública" que afectan especialmente a la población juvenil. "Las dos prohibiciones vienen avaladas por los datos y tienen el respaldo de la comunidad científica", ha subrayado. Los informes técnicos, ha advertido, ponen de manifiesto que el consumo de bebidas energéticas se está extendiendo de forma generalizada entre los jóvenes, en muchas ocasiones mezcladas con alcohol. Coto a las bebidas energéticas La medida principal del decreto ley, ha subrayado la consellera, es la prohibición de la venta y el suministro de bebidas energéticas a menores de edad, algo que hace meses que ya puso en marcha Galicia. Tienen la consideración de energéticas las bebidas no alcohólicas que contienen cafeína en alta concentración como ingrediente estimulante, combinada ordinariamente con azúcares y otros componentes estimulantes como la taurina, la guaraná o la glucurolactona. La prohibición relativa a las bebidas energéticas se circunscribe a su venta y suministro a menores de edad y no afecta a otras categorías de productos, como las bebidas isotónicas de reposición deportiva, que responden a una composición y una finalidad distintas. La regulación se hace modificando la ley autonómica sobre drogodependencias y otras adicciones, lo que permite que las bebidas energéticas pasen a estar sometidas por la misma normativa que la venta del alcohol o el tabaco. Por lo tanto, los controles en los establecimientos se harán de la misma manera, ha subrayado García. Según la encuesta Estudes 2023, el 47,7% de los estudiantes de entre 14 y 18 años había consumido bebidas energéticas durante el último mes, y el 19,5% reconocía haberlas mezclado con alcohol en ese mismo periodo. Estos productos contienen habitualmente concentraciones elevadas de cafeína, junto con azúcares y otros estimulantes, y su consumo por parte de menores es desaconsejado por las principales sociedades científicas. La evidencia disponible asocia su consumo con alteraciones del sueño, nerviosismo, taquicardia, un elevado aporte de azúcares y un mayor riesgo cuando se combinan con bebidas alcohólicas. Gas de la risa El decreto ley también prohíbe la venta, la dispensación y la publicidad del óxido nitroso cuando esté destinado a la inhalación con fines recreativos, a la vez que se refuerza la protección frente al acceso de los menores al mismo. La norma actúa exclusivamente sobre su comercialización con fines de inhalación recreativa, un fenómeno emergente cuya presencia ha aumentado en determinados entornos de ocio y turísticos. Queda al margen de la nueva regulación los usos médicos, odontológicos, hospitalarios, alimentarios e industriales del óxido nitroso, que continúan plenamente autorizados. Los informes técnicos describen que el consumo recreativo de esta sustancia puede provocar pérdida de conciencia, alteraciones de la coordinación, accidentes, hipoxia y, cuando el consumo es repetido, lesiones neurológicas relacionadas con el déficit funcional de vitamina B12. Hasta 60.000 euros de multa La nueva normativa incorpora el incumplimiento de estas prohibiciones como infracción grave dentro de la ley sobre drogodependencias de Baleares, con el correspondiente régimen sancionador. Por lo tanto, un incumplimiento grave de lo que dispone esta norma podría implicar una multa de entre 6.001 y 60.000 euros. La cuantía de las multas se deberán graduar teniendo en cuenta los criterios de riesgo para la salud, la gravedad de la alteración sanitaria producida, el beneficio ilícito obtenido, la naturaleza de los perjuicios causados, el grado de intencionalidad y la reiteración de la conducta infractora.El Consell de Govern ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes en materia de protección de la salud pública que prohíbe la venta de bebidas energéticas a menores de edad y que contempla sanciones de entre 6.000 y 60.000 euros para quienes incumplan esta normativa.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2757854409-1-p486406-m1517050-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/baleares-sancionara-con-hasta-60-000-euros-la-venta-de-bebidas-energeticas-a-los-menores-de-edadhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2757854409-1-p486406-m1517050-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/baleares-sancionara-con-hasta-60-000-euros-la-venta-de-bebidas-energeticas-a-los-menores-de-edadhttps://elderecho.com/baleares-sancionara-con-hasta-60-000-euros-la-venta-de-bebidas-energeticas-a-los-menores-de-edadhttps://elderecho.com/baleares-sancionara-con-hasta-60-000-euros-la-venta-de-bebidas-energeticas-a-los-menores-de-edad2026-08-10 06:26:592026-08-10 06:26:59sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico486362El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha puesto en marcha un nuevo sistema de pago de tasas online que supone un avance importante en la digitalización de la Administración de Justicia. El cambio busca ofrecer un servicio más fácil de usar, más seguro y adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía. La principal novedad es la incorporación de un sistema de pago mediante TPV (Terminal Punto de Venta). Se trata de un modelo que permite realizar los pagos en un entorno seguro y fiable, lo que simplifica los trámites (seguros de vida, últimas voluntades, etc) y reduce el tiempo necesario para completarlos. El objetivo es hacer que cualquier persona pueda gestionar sus pagos de forma rápida y sin complicaciones. Uno de los aspectos más importantes de esta mejora es la protección de datos personales. Con el nuevo sistema, el Ministerio no tiene acceso a la información bancaria de los ciudadanos. Los pagos se realizan directamente en la plataforma segura del proveedor del TPV, cumpliendo con la normativa europea de protección de datos, lo que reduce el riesgo y garantiza una mayor tranquilidad para quienes utilizan estos servicios. Además, el sistema cumple con los estándares internacionales de seguridad en pagos con tarjeta, lo que añade una capa extra de protección frente a posibles fraudes. También se ha diseñado para ser más flexible, de modo que cualquier persona puede realizar el pago, aunque no sea quién realiza el trámite. Otra mejora destacada es la incorporación de nuevos métodos de pago como Bizum, una opción que permite pagar en pocos segundos desde el móvil. A ello se suma la posibilidad de utilizar cualquier tarjeta compatible, incluidas tarjetas extranjeras, lo que elimina barreras y facilita el acceso a personas dentro y fuera de España. Bizum ya concentra casi el 35% de los pagos El nuevo sistema ya se utiliza en trámites habituales como la solicitud de certificados de antecedentes penales, seguros de vida, últimas voluntades o la solicitud de nacionalidad. Desde su puesta en marcha, se han realizado más de 15.800 pagos. Los datos muestran que la tarjeta continúa siendo el medio de pago predominante, utilizada en el 65,1% de las transacciones. No obstante, Bizum ya concentra cerca del 35% de los pagos y presenta una adopción significativa en determinados trámites, especialmente en el de solicitud de antecedentes penales, donde supera el 37% de las operaciones, lo que evidencia una rápida aceptación de este medio de pago en los servicios con mayor volumen. En los procedimientos de últimas voluntades y seguros de vida, su uso se sitúa entre el 21% y el 24%; aunque estas cifras son todavía moderadas en comparación con otros trámites, muestran una evolución positiva y un creciente grado de aceptación. Por su parte, en las solicitudes de nacionalidad se mantiene una pauta similar, con preferencia por la tarjeta (71,9%) frente a Bizum (28,1%). En conjunto, estos resultados ponen de manifiesto la importancia de ofrecer distintos medios de pago para adaptarse a las preferencias y necesidades de la ciudadanía.El nuevo sistema se utiliza ya en trámites habituales como la solicitud de certificados de antecedentes penales, seguros de vida, últimas voluntades o nacionalidad.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2479362955-p486362-m1516874-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/justicia-moderniza-el-pago-de-tasas-online-e-incorpora-nuevos-metodoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2479362955-p486362-m1516874-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/justicia-moderniza-el-pago-de-tasas-online-e-incorpora-nuevos-metodoshttps://elderecho.com/justicia-moderniza-el-pago-de-tasas-online-e-incorpora-nuevos-metodoshttps://elderecho.com/justicia-moderniza-el-pago-de-tasas-online-e-incorpora-nuevos-metodos2026-08-06 12:18:202026-08-06 12:18:20derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico486316La resolución explica que el litigio ya había sido abordado por la propia Sala en un procedimiento anterior y que, desde entonces, la cuestión esencial había quedado definitivamente resuelta por la jurisdicción social, competente para determinar la existencia o no de una relación laboral. En concreto, recuerda que el Juzgado de lo Social 4 declaró la naturaleza laboral de la relación entre la empresa y los repartidores afectados y que esa decisión fue posteriormente confirmada por la Sala de lo Social del TSJMU, adquiriendo firmeza. Por ello, la sentencia afirma que “carecería de sentido anular la actuación impugnada, cuando por la Jurisdicción Social se ha pronunciado expresamente respecto de todos los trabajadores a los que se refiere el acta impugnada y con carácter firme”, añadiendo que la modificación de las altas resulta “procedente y obligada” como consecuencia de esa sentencia firme. La Sala recuerda que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la jurisdicción contencioso-administrativa únicamente puede pronunciarse sobre la existencia de la relación laboral “con un alcance meramente prejudicial”, ya que corresponde a la jurisdicción social “la competencia genuina y propia para conocer de la existencia o no de una relación laboral por cuenta ajena”. En este caso, destaca que ese pronunciamiento ya existía y era firme, por lo que considera innecesario revisar nuevamente la cuestión. La resolución también rechaza las alegaciones de la empresa sobre la supuesta nulidad del procedimiento, la falta de motivación de las resoluciones administrativas y la necesidad de examinar individualmente cada uno de los contratos. Respecto a este último extremo, recuerda que la actuación de la Inspección de Trabajo se encontraba respaldada por la sentencia del Tribunal Supremo 805/2020, de 25 de septiembre, que declaró la naturaleza laboral de la relación entre Glovo y sus repartidores, así como por la posterior sentencia firme de la jurisdicción social recaída sobre los trabajadores afectados en este procedimiento. Asimismo, las magistradas reproducen la doctrina consolidada sobre la presunción de veracidad de las actas de la Inspección de Trabajo, precisando que alcanza a “los hechos que por su objetividad hubiera percibido directamente el inspector”, pero no a “las simples apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas”. No obstante, considera que, en este supuesto, la cuestión determinante ya había quedado definitivamente resuelta por la jurisdicción social, lo que hacía innecesario un nuevo examen sobre la naturaleza de la relación entre la empresa y los repartidores. En consecuencia, la Sala desestima íntegramente el recurso contencioso-administrativo y confirma la resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, sin hacer imposición de costas al apreciar la existencia de “dudas jurídicas importantes”. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo si concurre interés casacional. TSJ de Murcia. Sala de lo Contencioso. Sentencia nº 345 / 2026 de 18 de junio de 2026.La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha desestimado el recurso interpuesto por la mercantil Glovoapp23 S.L. contra la resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) que confirmó el alta de oficio en el Régimen General de 140 repartidores, al considerar ajustada a Derecho la actuación administrativa.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2540044333-1-p486316-m1516765-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-murcia-confirma-las-altas-en-la-seguridad-social-de-140-repartidores-de-glovo-como-trabajadores-por-cuenta-ajenahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2540044333-1-p486316-m1516765-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsj-de-murcia-confirma-las-altas-en-la-seguridad-social-de-140-repartidores-de-glovo-como-trabajadores-por-cuenta-ajenahttps://elderecho.com/el-tsj-de-murcia-confirma-las-altas-en-la-seguridad-social-de-140-repartidores-de-glovo-como-trabajadores-por-cuenta-ajenahttps://elderecho.com/el-tsj-de-murcia-confirma-las-altas-en-la-seguridad-social-de-140-repartidores-de-glovo-como-trabajadores-por-cuenta-ajena2026-08-06 07:38:422026-08-06 07:38:42administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Administrativo,Sector jurídico,Social486315Entre los panelistas, del evento organizado por Gericó Associates, ya se encuentran confirmados Alejandra Gómez, gerente legal y secretaria general de Oleoducto Central S.A. - OCENSA (Colombia); Andrés Donoso, socio de Robalino Law; Aram Natanael Pérez, Senior Legal Manager de Smart Fit México; Camilo Vásquez, presidente del Comité de Arbitraje de ICC Nueva León (México); Carlos Manuel Díaz, General Counsel de Grupo San Jacinto; Carlos Valenciano, Head of Legal CU Latam North Caribbean de Ericsson (CDMX); Christian Paredes, Field Compliance Officer de SAP México; Daniel Corominas, Legal Deputy Director de Nissan Motor Corporation (CDMX); Edmundo Alcázar, Deputy Director de Propiedad Intelectual, Publicidad y Privacidad de Walmart México; Eduardo Rodríguez, General Counsel de Grupo Cobra (CDMX); Francisco Pinilla, Vice President Legal, North LAC de Mastercard (CDMX); Guillermo Larrea y Juan Francisco Torres-Landa, socios de Hogan Lovells Cadwalader (México); Luis A. Pérez, Chair, Latin America and the Caribbean Practice / Co-Office Managing Partner de Akerman (USA); Omar Guerrero, socio director de Hogan Lovells Cadwalader; Oswaldo Arriaga, LATAM Legal Counsel de H M (CDMX); Óscar Salgado, gerente jurídico Laboral de Smurfit Westrock (CDMX); Patricia Rivas, Latin America Regional Director, Ethics and Compliance Officer de Bausch Health Companies Inc. (CDMX); Rafael López, Regional Head of Legal and Compliance LATAM de Xiaomi Technology (CDMX); Sandra Jiménez, gerente legal de Sinohydro Corporation Limited Sucursal del Perú; Sylvia Sámano, secretaria general del Centro de Arbitraje de México (CAM); y Thomas Herrera-Rambla Taylor, Head of Legal Integrity de Hitachi Energy (Perú). El Panel 1, Reformas constitucionales y nuevo escenario empresarial, se centrará en los cambios normativos clave y su impacto en la seguridad jurídica de las inversiones en México. Los participantes analizarán cómo las reformas recientes afectan la planificación y operación de las empresas, así como la forma en que las gerencias legales deben adaptarse para anticipar riesgos y garantizar cumplimiento. En el Panel 2, ESG judicializado: de la teoría a la corte, se abordarán casos de litigios climáticos y sociales que tienen repercusión regional. Los panelistas discutirán cómo las compañías pueden gestionar de manera proactiva los riesgos ESG, equilibrando la responsabilidad corporativa con la protección de la reputación y los intereses estratégicos de la empresa. El Panel 3, Fintech y el futuro de los servicios financieros en Latam, explorará la regulación mexicana y su influencia en la transformación digital del sector financiero en Latinoamérica. Se analizarán los retos legales de la innovación tecnológica, la digitalización de servicios y cómo las gerencias legales acompañan los procesos de modernización del sector. El Panel 4, Arbitraje comerial e inversión internacional, destacará el papel de México como foro emergente para resolver disputas complejas. Los expertos debatirán sobre las ventajas de elegir México como sede de arbitraje, la eficiencia en la resolución de controversias y la integración de nuevas herramientas legales y tecnológicas en los procedimientos. En el Panel 5, Gobernanza global desde México, se examinarán los nuevos estándares de transparencia, fiscalidad y responsabilidad corporativa que impactan a las empresas latinoamericanas. Se hará hincapié en cómo las gerencias legales alinean la gobernanza interna con las exigencias regulatorias y las mejores prácticas internacionales. Finalmente, el Panel de cierre, Operar en entornos de alto riesgo: estrategias de cumplimiento y resiliencia corporativa, abordará cómo las direcciones legales gestionan operaciones en contextos complejos con altos niveles de riesgo. Los panelistas compartirán estrategias para fortalecer la resiliencia corporativa, garantizar el cumplimiento normativo y anticipar posibles contingencias en entornos volátiles. El evento contará con el patrocinio de Akerman, Hogan Lovells Cadwalader, Robalino, BIGLE y Palomino, Flores, Hernández Rodríguez Abogados, y con el apoyo institucional del Centro de Arbitraje de México. El Foro Gerencias Legales Ciudad de México 2026 reafirma su papel como punto de encuentro para líderes legales del sector corporativo, combinando análisis de regulación, compliance, ESG, fintech y arbitraje internacional con experiencias de general counsel y socios de firmas internacionales. La cita permitirá compartir mejores prácticas, debatir soluciones estratégicas y anticipar los retos legales que afrontan las empresas en México y la región.El XI Foro Gerencias Legales Ciudad de México 2026, que se celebrará el próximo 3 de septiembre en el Campus Santa Fe del Tecnológico de Monterrey, reunirá a líderes jurídicos, general counsel y expertos en compliance y arbitraje de México y Latinoamérica para analizar los principales desafíos del entorno legal regional, incluyendo reformas constitucionales, ESG, fintech y arbitraje internacional.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/foro-gerencias-legales-miami-arbitraje-gerico-7-1-2-scaled-p486315-m1516747-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-xi-foro-gerencias-legales-ciudad-de-mexico-2026-tendra-lugar-el-3-de-septiembrehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/foro-gerencias-legales-miami-arbitraje-gerico-7-1-2-scaled-p486315-m1516747-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-xi-foro-gerencias-legales-ciudad-de-mexico-2026-tendra-lugar-el-3-de-septiembrehttps://elderecho.com/el-xi-foro-gerencias-legales-ciudad-de-mexico-2026-tendra-lugar-el-3-de-septiembrehttps://elderecho.com/el-xi-foro-gerencias-legales-ciudad-de-mexico-2026-tendra-lugar-el-3-de-septiembre2026-08-06 07:30:162026-08-06 07:30:16sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico486314Unas medidas que se han implantado de forma escalonada y "conforme a las necesidades" y que, según ha trasladado este miércoles Justicia en un comunicado, se podrán ampliar o mantener "si la situación lo requiere". Para el desarrollo de las actuaciones de identificación y determinación de las causas y circunstancias de la muerte, el dispositivo ha contado con 19 profesionales. En concreto, nueve médicos forenses, seis técnicos de autopsia, dos profesionales del equipo técnico y dos profesionales de apoyo administrativo y de gestión. De esta forma, el equipo de trabajo activado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Ceuta ha pasado de siete profesionales al inicio de la emergencia a 19, "incrementando su capacidad operativa en más de un 271 por ciento". Profesionales desplazados Además del personal propio del IMLCF de Ceuta, Justicia ha incorporado profesionales desplazados desde los IMLCF de Cáceres, Valladolid y Salamanca, junto con personal de apoyo del Ministerio. Este último ha recordado que el pasado 31 de julio se desplazó a Ceuta la coordinadora de los IMLCF del Ministerio, Marta Grijalba. Dicho personal de refuerzo desplazado será relevado por dos médicos forenses y dos técnicos de autopsia de los IMLCF de Albacete y Toledo para "garantizar la continuidad del servicio", tal y como ha detallado el departamento que dirige el ministro Félix Bolaños. Asimismo, el Ministerio ha autorizado el refuerzo temporal de dos plazas de tramitación procesal durante dos meses y una plaza de médico forense durante seis meses. "Estas medidas podrán ampliarse si la situación lo requiere", remarcan desde Justicia. Más medios para los órganos judiciales En el ámbito judicial, se han incorporado tres profesionales de refuerzo a la Fiscalía de Área de Ceuta: un gestor y dos tramitadores procesales. Su labor se centrará en los procedimientos relacionados con la determinación de edad de menores, los expedientes de protección, las medidas de guarda y tutela y otras actuaciones vinculadas a la crisis migratoria. Justicia también ha dado instrucciones para ampliar el número de efectivos en el servicio de guardia "mientras se mantenga la situación excepcional" y ha establecido el procedimiento para certificar los servicios extraordinarios prestados. Por último, el Ministerio ha autorizado la incorporación de cinco letrados más al turno de oficio especializado, "ante el aumento de las necesidades de asistencia jurídica". Del mismo modo, la Fiscalía General del Estado ha reforzado la Fiscalía de Área de Ceuta con la incorporación de tres fiscales sustitutos, autorizados el 31 de julio, para atender el aumento de procedimientos derivados de la emergencia en Ceuta. "El Ministerio también ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial su total disposición a autorizar jueces de refuerzo si así se solicita por su parte", concluyen.El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha puesto en marcha durante la última semana un conjunto de medidas orientadas a "reforzar" sus servicios forenses y judiciales en Ceuta, con más personal y medios para resolver la crisis migratoria.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/04/shutterstock_2134853383-1-p486314-m1516729-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/justicia-refuerza-los-servicios-judiciales-y-forenses-en-ceutahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/04/shutterstock_2134853383-1-p486314-m1516729-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/justicia-refuerza-los-servicios-judiciales-y-forenses-en-ceutahttps://elderecho.com/justicia-refuerza-los-servicios-judiciales-y-forenses-en-ceutahttps://elderecho.com/justicia-refuerza-los-servicios-judiciales-y-forenses-en-ceuta2026-08-06 07:25:452026-08-06 07:25:45sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico486234Además de la pena privativa de libertad, la Audiencia le prohíbe comunicarse y acercarse a la mujer durante un año y diez meses. En una sentencia que no es firme pues contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la Sección Tercera de la Audiencia le considera autor de un delito de acoso. Concurren en este caso dos circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal del ahora condenado: dilaciones indebidas -la mujer denunció en 2020- y reparación del daño -el hombre consignó judicialmente 3.000 euros antes de la celebración del juicio. Así, la responsabilidad civil fijada en 3.000 euros por daño moral, dada “la intensidad del hostigamiento sufrido y la duración del mismo”, queda ya satisfecha. Por otro lado, la Audiencia absuelve al acusado del delito de agresión sexual por el que fue juzgado, ya que encuentra contradicciones entre la versión sostenida por la mujer y otras pruebas practicadas en la vista. Hechos probados Según los hechos probados que recoge la sentencia, desde que finalizó la relación sentimental y durante casi tres meses, “pese a conocer que ella no deseaba verle, hablar con él, ni retomar la relación que habían mantenido, actuando con el ánimo de doblegar la voluntad de ella e imponerle su presencia, mantuvo una conducta consistente en acudir a su casa prácticamente a diario y llamar al timbre de forma insistente y reiterada”. Añade la sentencia que en alguna ocasión llegó “a introducirse en el portal y esperar la llegada de la mujer sentado en las escaleras del inmueble, insistiéndola en que debían retomar su relación sentimental”. Además, “durante dicho periodo mantuvo una conducta consistente en esperar en las inmediaciones del domicilio y seguirla por la calle cuando esta salía de su casa, controlando el lugar donde estacionaba el vehículo”. Junto a ello, “con la finalidad de imponerle un contacto que ella no deseaba, de forma insistente y reiterada le efectuó numerosas llamadas telefónicas y le envió de forma también reiterada numerosos mensajes de WhatsApp a cualquier hora, en los que le pedía insistentemente que hablaran y que volvieran juntos como pareja”. El tribunal declara probado que tal conducta “alteró de forma notable y grave la vida cotidiana de ella, a la que generó un temor y desasosiego importante, hasta el punto de que la misma, ante el temor de encontrarse con el procesado, se hacía acompañar a casa por amigos, llegando en ocasiones a cambiar sus rutas y mostrar reticencia a coger el coche e incluso a salir de su casa”. Sin embargo, el tribunal señala que no se ha acreditado que el acusado accediera a la casa de la mujer pese a su petición de que se marchase, ni que la arrastrara hasta el dormitorio y la violara. Contradicciones en la versión de la mujer El tribunal considera acreditado el acoso, pues el propio acusado asumió la comisión de este delito. En el juicio manifestó que desde que acabó la relación y hasta que le llegó la carta del juzgado le envió de forma constante mensajes, y reconoció que iba todos los días a las ocho de la mañana a la casa de la denunciante y llamaba al timbre. Sin embargo, negó “rotundamente” la acusación de agresión sexual. Él mantuvo en el juicio que acudió a casa de la mujer, llamó al timbre y ella le abrió, “negando haber franqueado la entrada al domicilio en contra de la voluntad de ella”. Añadió que se sentaron en el salón y luego fueron al dormitorio “donde mantuvieron relaciones sexuales consentidas”. Frente a esas manifestaciones, la mujer sostiene que abrió la puerta pensando que era su hija y que cuando le vio le pidió que se fuera, que luego la arrastró a la habitación, la empujó sobre la cama, le abrió con fuerza las piernas y la penetró. Pero el tribunal señala que “su relato carece de la más mínima corroboración periférica, encontrándose en contradicción” con lo que dijo su prima en el juicio, que era la persona que estaba hablando con la denunciante cuando él llegó a la casa. La prima relató que el hombre se encontraba aporreando la puerta y que ella misma le dijo a la denunciante que no le abriera y que llamara a la policía, pero la mujer le abrió la puerta y colgó. Esta diferencia entre lo mantenido por una y otra “resta credibilidad a la versión incriminatoria de la denunciante”. Además, se han aportado unos mensajes de WhatsApp entre la prima y el acusado, en los que ella le reprocha lo sucedido pero no menciona en ningún momento, como sostiene la denunciante, que la penetrara vaginalmente empleando fuerza física. El tribunal tampoco encuentra corroboración médica -pese a que sostiene que la sujetó fuertemente no consta lesión o hematoma-, y resalta que la acusación particular “ni tan siquiera ha formulado acusación por dicho delito contra la libertad sexual”. En definitiva, para la Audiencia “no pudiendo sostenerse con el grado de certeza exigible en materia penal que el acusado realizara los hechos aquí enjuiciados, debe dictarse un pronunciamiento absolutorio respecto al delito contra la libertad sexual objeto de acusación”. AP de Cantabria. Sección nº 3. Sentencia nº 204/2026 de 1 de julio de 2026.La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a once meses de prisión a un hombre por acosar a su expareja, a la que durante más de dos meses llamó por teléfono y envió mensajes de WhatsApp insistentemente, y a cuyo domicilio acudió prácticamente a diario, llamando al timbre de forma reiterada, con el fin de que la mujer retomara la relación.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2814488197-1-p486234-m1516474-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-cantabria-condena-a-un-hombre-por-acosar-a-su-expareja-con-mensajes-llamadas-y-presencia-constante-en-su-domiciliohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2814488197-1-p486234-m1516474-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-cantabria-condena-a-un-hombre-por-acosar-a-su-expareja-con-mensajes-llamadas-y-presencia-constante-en-su-domiciliohttps://elderecho.com/la-ap-de-cantabria-condena-a-un-hombre-por-acosar-a-su-expareja-con-mensajes-llamadas-y-presencia-constante-en-su-domiciliohttps://elderecho.com/la-ap-de-cantabria-condena-a-un-hombre-por-acosar-a-su-expareja-con-mensajes-llamadas-y-presencia-constante-en-su-domicilio2026-08-04 13:50:352026-08-04 13:50:35penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico