https://elderecho.com/feedes486234Además de la pena privativa de libertad, la Audiencia le prohíbe comunicarse y acercarse a la mujer durante un año y diez meses. En una sentencia que no es firme pues contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la Sección Tercera de la Audiencia le considera autor de un delito de acoso. Concurren en este caso dos circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal del ahora condenado: dilaciones indebidas -la mujer denunció en 2020- y reparación del daño -el hombre consignó judicialmente 3.000 euros antes de la celebración del juicio. Así, la responsabilidad civil fijada en 3.000 euros por daño moral, dada “la intensidad del hostigamiento sufrido y la duración del mismo”, queda ya satisfecha. Por otro lado, la Audiencia absuelve al acusado del delito de agresión sexual por el que fue juzgado, ya que encuentra contradicciones entre la versión sostenida por la mujer y otras pruebas practicadas en la vista. Hechos probados Según los hechos probados que recoge la sentencia, desde que finalizó la relación sentimental y durante casi tres meses, “pese a conocer que ella no deseaba verle, hablar con él, ni retomar la relación que habían mantenido, actuando con el ánimo de doblegar la voluntad de ella e imponerle su presencia, mantuvo una conducta consistente en acudir a su casa prácticamente a diario y llamar al timbre de forma insistente y reiterada”. Añade la sentencia que en alguna ocasión llegó “a introducirse en el portal y esperar la llegada de la mujer sentado en las escaleras del inmueble, insistiéndola en que debían retomar su relación sentimental”. Además, “durante dicho periodo mantuvo una conducta consistente en esperar en las inmediaciones del domicilio y seguirla por la calle cuando esta salía de su casa, controlando el lugar donde estacionaba el vehículo”. Junto a ello, “con la finalidad de imponerle un contacto que ella no deseaba, de forma insistente y reiterada le efectuó numerosas llamadas telefónicas y le envió de forma también reiterada numerosos mensajes de WhatsApp a cualquier hora, en los que le pedía insistentemente que hablaran y que volvieran juntos como pareja”. El tribunal declara probado que tal conducta “alteró de forma notable y grave la vida cotidiana de ella, a la que generó un temor y desasosiego importante, hasta el punto de que la misma, ante el temor de encontrarse con el procesado, se hacía acompañar a casa por amigos, llegando en ocasiones a cambiar sus rutas y mostrar reticencia a coger el coche e incluso a salir de su casa”. Sin embargo, el tribunal señala que no se ha acreditado que el acusado accediera a la casa de la mujer pese a su petición de que se marchase, ni que la arrastrara hasta el dormitorio y la violara. Contradicciones en la versión de la mujer El tribunal considera acreditado el acoso, pues el propio acusado asumió la comisión de este delito. En el juicio manifestó que desde que acabó la relación y hasta que le llegó la carta del juzgado le envió de forma constante mensajes, y reconoció que iba todos los días a las ocho de la mañana a la casa de la denunciante y llamaba al timbre. Sin embargo, negó “rotundamente” la acusación de agresión sexual. Él mantuvo en el juicio que acudió a casa de la mujer, llamó al timbre y ella le abrió, “negando haber franqueado la entrada al domicilio en contra de la voluntad de ella”. Añadió que se sentaron en el salón y luego fueron al dormitorio “donde mantuvieron relaciones sexuales consentidas”. Frente a esas manifestaciones, la mujer sostiene que abrió la puerta pensando que era su hija y que cuando le vio le pidió que se fuera, que luego la arrastró a la habitación, la empujó sobre la cama, le abrió con fuerza las piernas y la penetró. Pero el tribunal señala que “su relato carece de la más mínima corroboración periférica, encontrándose en contradicción” con lo que dijo su prima en el juicio, que era la persona que estaba hablando con la denunciante cuando él llegó a la casa. La prima relató que el hombre se encontraba aporreando la puerta y que ella misma le dijo a la denunciante que no le abriera y que llamara a la policía, pero la mujer le abrió la puerta y colgó. Esta diferencia entre lo mantenido por una y otra “resta credibilidad a la versión incriminatoria de la denunciante”. Además, se han aportado unos mensajes de WhatsApp entre la prima y el acusado, en los que ella le reprocha lo sucedido pero no menciona en ningún momento, como sostiene la denunciante, que la penetrara vaginalmente empleando fuerza física. El tribunal tampoco encuentra corroboración médica -pese a que sostiene que la sujetó fuertemente no consta lesión o hematoma-, y resalta que la acusación particular “ni tan siquiera ha formulado acusación por dicho delito contra la libertad sexual”. En definitiva, para la Audiencia “no pudiendo sostenerse con el grado de certeza exigible en materia penal que el acusado realizara los hechos aquí enjuiciados, debe dictarse un pronunciamiento absolutorio respecto al delito contra la libertad sexual objeto de acusación”. AP de Cantabria. Sección nº 3. Sentencia nº 204/2026 de 1 de julio de 2026.La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a once meses de prisión a un hombre por acosar a su expareja, a la que durante más de dos meses llamó por teléfono y envió mensajes de WhatsApp insistentemente, y a cuyo domicilio acudió prácticamente a diario, llamando al timbre de forma reiterada, con el fin de que la mujer retomara la relación.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2814488197-1-p486234-m1516474-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-cantabria-condena-a-un-hombre-por-acosar-a-su-expareja-con-mensajes-llamadas-y-presencia-constante-en-su-domiciliohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2814488197-1-p486234-m1516474-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ap-de-cantabria-condena-a-un-hombre-por-acosar-a-su-expareja-con-mensajes-llamadas-y-presencia-constante-en-su-domiciliohttps://elderecho.com/la-ap-de-cantabria-condena-a-un-hombre-por-acosar-a-su-expareja-con-mensajes-llamadas-y-presencia-constante-en-su-domiciliohttps://elderecho.com/la-ap-de-cantabria-condena-a-un-hombre-por-acosar-a-su-expareja-con-mensajes-llamadas-y-presencia-constante-en-su-domicilio2026-08-04 13:50:352026-08-04 13:50:35penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico486232"De este modo, se evitará que los pequeños negocios asuman obligaciones tecnológicas desproporcionadas y ajenas a su actividad diaria", ha justificado a través de un comunicado el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos. El calendario de implantación de Verifactu establece dos fechas límite obligatorias para adaptar los sistemas de facturación en España: el 1 de enero de 2027 para quienes declaran el Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para autónomos y el resto de obligados. Los Gestores Administrativos han recordado que el 99,8% del tejido empresarial español está constituido por pequeñas y medianas empresas. En estos negocios, la estructura es extremadamente reducida y, por lo general, es el propio empresario quien asume simultáneamente la dirección, la gestión económica, la contratación de personal y el cumplimiento normativo. Según han advertido los Gestores, cada nueva exigencia regulatoria les resta un tiempo valioso que dejan de dedicar a producir, vender, atender clientes o generar puestos de trabajo. "La tecnología permite hoy conocer mucho mejor la realidad de cada contribuyente. Si la Administración dispone de información suficiente para identificar niveles de riesgo diferentes, resulta difícil justificar que un pequeño bar, una peluquería, un autónomo o una multinacional soporten prácticamente las mismas obligaciones administrativas", ha señalado el presidente del Consejo General, Fernando Jesús Santiago. El colectivo ha aclarado que no cuestiona la digitalización ni las medidas contra el fraude fiscal. Al contrario, considera que la inteligencia artificial y el potencial tecnológico de la Administración Tributaria ofrecen una oportunidad única para mejorar la eficacia del control. Por ello, han defendido sustituir el modelo rígido del "café para todos" por una regulación inteligente que diferencie con claridad entre perfiles con riesgos muy distintos. Propuestas Ante esta situación, el Consejo General ha propuesto revisar la normativa para introducir medidas correctoras y solicita tres acciones principales: introducir criterios objetivos en la norma, aplicar exenciones selectivas y realizar un estudio de impacto conjunto. Adicionalmente, el Consejo General ha elaborado un informe técnico detallado que reproduce paso a paso el recorrido por el Informador de la Agencia Tributaria para demostrar cómo una sola operación extraordinaria activa estas obligaciones tecnológicas permanentes en pequeños comercios.El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España ha solicitado al Gobierno una revisión urgente de la implantación de Verifactu y de la futura factura electrónica obligatoria, de cara a adaptar estas normas al tamaño real de autónomos y micropymes mediante criterios de proporcionalidad y riesgo fiscal.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_1845418474-1-p486232-m1516452-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-gestores-administrativos-piden-adaptar-verifactu-y-la-factura-electronica-a-la-realidad-de-las-pymeshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_1845418474-1-p486232-m1516452-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-gestores-administrativos-piden-adaptar-verifactu-y-la-factura-electronica-a-la-realidad-de-las-pymeshttps://elderecho.com/los-gestores-administrativos-piden-adaptar-verifactu-y-la-factura-electronica-a-la-realidad-de-las-pymeshttps://elderecho.com/los-gestores-administrativos-piden-adaptar-verifactu-y-la-factura-electronica-a-la-realidad-de-las-pymes2026-08-04 13:29:082026-08-04 13:29:08derecho-ticDerecho TICfiscalFiscal6Derecho TIC,Fiscal486231La Sala, que dictó sentencia después de que el Ministerio Fiscal y la defensa del condenado alcanzaran un acuerdo de conformidad en el que el hombre reconocía los hechos y aceptaba la pena, le impone una indemnización para el establecimiento de 2.283 euros, más los intereses, dinero que se corresponde con el importe que dejó sin pagar durante los días que estuvo hospedado en el hotel. El hombre acudió al establecimiento, situado en el paraje de la Ermita de San Cristobal de la localidad, el 22 de diciembre de 2023. Tras ofrecer una apariencia de solvencia a sus responsables, se alojó en régimen de pensión completa, pese a que sabía desde ese mismo día que no iba a abonar ninguno de los gastos. Según el relato de hechos probados de la resolución, el huésped permaneció en el hotel todo el periodo de Navidad y Año Nuevo. Dejó el lugar el 15 de enero de 2024, tras generar unos gastos de 2.283 euros por los conceptos de estancia, manutención y limpieza. La sentencia es firme. AP de Castellón. Sección nº 2. Sentencia nº 244/2026 de 11 de junio de 2026.La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a un año de prisión y una multa por un delito de estafa a un hombre que se marchó sin pagar de un hotel de La Vall d’Alba, en el que se había alojado en régimen de pensión completa durante 26 días.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2663128063-1-p486231-m1516434-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-por-alojarse-26-dias-en-pension-completa-en-un-hotel-e-irse-sin-pagarhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2663128063-1-p486231-m1516434-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-por-alojarse-26-dias-en-pension-completa-en-un-hotel-e-irse-sin-pagarhttps://elderecho.com/prision-por-alojarse-26-dias-en-pension-completa-en-un-hotel-e-irse-sin-pagarhttps://elderecho.com/prision-por-alojarse-26-dias-en-pension-completa-en-un-hotel-e-irse-sin-pagar2026-08-04 13:28:012026-08-04 13:28:01penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico486219Según el FBI Internet Crime Complaint Center (IC3), el Business Email Compromise (BEC) —una de las principales tipologías de fraude corporativo relacionadas con la ingeniería social— generó en 2025 más de 3.046 millones de dólares en pérdidas reportadas, consolidándose como uno de los ciberdelitos de mayor impacto económico a nivel global. Tal y como se destaca desde Qualiteasy Internet Solutions, distribuidor exclusivo en España de las soluciones de Faronics, con apenas 30 segundos de audio extraídos de redes sociales, conferencias o entrevistas públicas, las herramientas de IA actuales pueden replicar con gran precisión el tono, las pausas y la entonación de cualquier persona, generando un escenario de engaño altamente convincente. Para los responsables financieros, este tipo de fraude ya no es un riesgo teórico, sino una amenaza operativa real que está creciendo de forma acelerada en todo el mundo. Un fraude cada vez más sofisticado impulsado por IA El modus operandi habitual es directo y se basa en la urgencia. Un empleado recibe una llamada en la que, supuestamente, su superior solicita una transferencia inmediata para cerrar una operación crítica. El mensaje suele ir acompañado de instrucciones adicionales por canales como mensajería instantánea, reforzando la apariencia de legitimidad. Este tipo de ingeniería social explota la jerarquía interna y la presión del tiempo, provocando que en muchos casos se omitan los protocolos de verificación establecidos. Señales técnicas para detectar un deepfake de voz Los expertos recomiendan prestar atención a ciertos indicadores que pueden ayudar a identificar una posible suplantación: Prosodia inconsistente (riesgo alto): entonación plana o poco natural. Silencios sospechosos (riesgo alto): microdemoras de 1–2 segundos en la conversación. Ruido de fondo artificial (riesgo medio): sonidos añadidos para simular entornos reales. Incapacidad para responder preguntas inesperadas (riesgo crítico): ausencia de contexto personal o evasión. La respuesta empresarial: procesos, cultura y seguridad digital Desde Qualiteasy Internet Solutions subrayan que la defensa frente a este tipo de amenazas no depende únicamente de la tecnología, sino de la combinación de procesos, formación y cultura organizativa. “Estamos ante un cambio estructural en el fraude corporativo. La voz, que tradicionalmente era un elemento de confianza, se ha convertido en un vector de ataque. Ya no basta con identificar correos sospechosos: ahora la amenaza puede sonar completamente legítima”, explica Ignasi Nogués Guri, Chief Growth Officer de Qualiteasy Internet Solutions. El experto añade: “Las empresas deben asumir que cualquier instrucción crítica, especialmente las relacionadas con pagos, debe verificarse siempre por un canal alternativo seguro. La clave está en reducir la superficie de exposición y formalizar procesos de doble validación”. Recomendación clave: verificación en doble canal Los expertos recomiendan implantar protocolos de doble verificación obligatoria, de modo que ninguna orden de pago o acceso a información sensible se ejecute basándose únicamente en una llamada o mensaje externo. [ledShortcodes shortcodeId="442941" label="Memento Social 2025 - 442941"]La rápida evolución de la Inteligencia Artificial ha abierto una nueva vía de fraude corporativo especialmente peligrosa para los departamentos de administración y finanzas: la clonación de voz en tiempo real.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/03/Grabacion-llamadas-p486219-m1516397-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/clonacion-de-voz-con-ia-el-nuevo-enemigo-invisible-de-la-tesoreria-de-las-empresashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2023/03/Grabacion-llamadas-p486219-m1516397-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/clonacion-de-voz-con-ia-el-nuevo-enemigo-invisible-de-la-tesoreria-de-las-empresashttps://elderecho.com/clonacion-de-voz-con-ia-el-nuevo-enemigo-invisible-de-la-tesoreria-de-las-empresashttps://elderecho.com/clonacion-de-voz-con-ia-el-nuevo-enemigo-invisible-de-la-tesoreria-de-las-empresas2026-08-04 12:10:262026-08-04 12:10:26derecho-ticDerecho TICDerecho TIC486180La sentencia mantiene también la multa de 1.890 euros y el pago de una indemnización de 1.500 euros, más los intereses correspondientes, a la entidad bancaria afectada. La mujer acudió a una oficina bancaria en Lugones y, con la intención de lucrarse de forma ilegal, se hizo pasar verbalmente por la titular de la cuenta ante uno de los empleados. Tras facilitar datos personales de la víctima -obtenidos de manera desconocida-, logró retirar 1.500 euros. La procesada cuenta con antecedentes penales por delitos de estafa. Los magistrados desestiman el recurso porque el engaño cometido se considera suficiente conforme al Código Penal y la doctrina del Tribunal Supremo. La recurrente logró realizar un reintegro de dinero en efectivo en una entidad bancaria tras suplantar la identidad de un tercero, facilitando de forma verbal los datos de su DNI y correo electrónico para lucrarse indebidamente. Para el tribunal, la argumentación de la defensa, que atribuía la causa de la disposición patrimonial a una supuesta falta de diligencia o supervisión del empleado del banco al no exigir la documentación física acreditativa, no exime de responsabilidad penal a quien utilizó dicho engaño para obtener un beneficio económico. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.ç TSJ de Asturias. Sala de lo Civil y Penal. Sección nº 1. Sentencia nº 15/2026 de 18 de mayo de 2026.El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha ratificado la condena de tres años y seis meses de prisión impuesta a una mujer por estafa mediante suplantación de identidad.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2042925449-1-p486180-m1516352-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-para-una-mujer-por-estafar-al-banco-suplantando-a-otra-personahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2042925449-1-p486180-m1516352-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/prision-para-una-mujer-por-estafar-al-banco-suplantando-a-otra-personahttps://elderecho.com/prision-para-una-mujer-por-estafar-al-banco-suplantando-a-otra-personahttps://elderecho.com/prision-para-una-mujer-por-estafar-al-banco-suplantando-a-otra-persona2026-08-03 14:15:382026-08-03 14:15:38penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico486179La integración supone la incorporación a Auren de un equipo de 140 profesionales y un volumen de negocio de 13 millones de euros, reforzando su presencia en Madrid y Barcelona, dos mercados estratégicos, y ampliando su especialización para ofrecer un asesoramiento cada vez más completo y multidisciplinar. Con esta operación, Auren alcanzará en España al final de este ejercicio una facturación conjunta cercana a los 150 millones de euros, un equipo de más de 1.550 profesionales y consolida su red de 15 oficinas en España, fortaleciendo su posición como una de las principales firmas de servicios profesionales del mercado. Como parte de esta operación, Auren incorpora diez nuevos socios que reforzarán sus principales áreas de actividad. En la división de Auditoría se integran Daniel González, Fernando Fernández, Francisco Martínez, Isabel Bermúdez y Luis Manuel Rodríguez; en Legal, Javier Fernández, Pablo Fernández, Mario Ovejero y José María Nubiola; y en la división de Consultoría, Juan Alvado. Esta integración supone la incorporación de una parte muy relevante de la actividad de Moore en España, una firma con una sólida trayectoria y reconocido prestigio en el mercado de los servicios profesionales, reforzando significativamente el posicionamiento de Auren y acelerando la ejecución de su plan estratégico de crecimiento. Moore España ha desarrollado durante años una destacada actividad en los ámbitos de auditoría, asesoramiento legal y consultoría, consolidando un modelo basado en la especialización, la cercanía con el cliente y una marcada vocación internacional. La incorporación de sus oficinas de Madrid y Barcelona une a dos organizaciones que comparten valores, cultura y una misma forma de entender el asesoramiento profesional. En 2027, la oficina de Moore en Madrid cumplirá treinta años formando parte de la red Moore, una trayectoria que no podía celebrarse de mejor manera que incorporándose al proyecto Auren, que permitirá potenciarla y abrir una etapa todavía más fructífera. La operación refuerza también la dimensión internacional de Auren. Moore aporta la experiencia y proyección global de una firma integrada en Moore Global, reconocida como la 12ª mayor red mundial de servicios profesionales, con una facturación de 5.330 millones de dólares y presencia en 119 países. Esta incorporación se suma a la sólida presencia internacional de Auren que opera en más de 70 países a través de ANTEA y cuenta con más de 350 oficinas en todo el mundo. La combinación de ambas trayectorias internacionales amplía la capacidad de la firma para acompañar a empresas con actividad global y responder a proyectos cada vez más complejos y transfronterizos. Mario Alonso, presidente de Auren, ha destacado que: "Esta integración representa un paso muy importante en nuestra estrategia de crecimiento. Compartimos una misma forma de entender la profesión, basada en la cercanía, la excelencia y el compromiso con nuestros clientes. Esta operación nos permite seguir fortaleciendo nuestro proyecto y ampliar nuestras capacidades para responder a los nuevos retos de las empresas”. Por parte de Moore, Isabel Bermúdez, socia de Auditoría, ha señalado que: “El proyecto y los valores de Auren son, en realidad, nuestro proyecto desde hace muchos años. En 2021 unimos la oficina de Moore Madrid a las áreas de Auditoría y Legal de Morison, y en 2025 sumamos también la oficina de Moore Barcelona. Cuando empezamos a hablar con Auren sobre esta integración, supimos que teníamos que unir nuestras fuerzas a este proyecto para seguir mejorando el servicio a nuestros clientes, reteniendo y captando nuevo talento y dando una mejor carrera a aquellos profesionales que comparten nuestros valores de esfuerzo, calidad y trabajo en equipo”. Con esta integración, Auren da un nuevo paso en la ejecución de su estrategia de crecimiento y consolida su posición como una de las principales firmas de servicios profesionales en España, reforzando su presencia territorial, sus capacidades técnicas y su proyección internacional. Esta operación se suma a las incorporaciones realizadas en los últimos meses en oficinas como Alicante, Madrid, Barcelona o Valencia, entre las que destaca la reciente integración de la firma valenciana de consultoría Ifedes, reflejando el firme compromiso de Auren con un crecimiento sostenido basado en la incorporación de talento, especialización y capacidades complementarias.Auren ha formalizado la integración de las oficinas de Moore en Madrid y Barcelona, una operación que refuerza significativamente su posicionamiento en el mercado español de los servicios profesionales y acelera la ejecución de su plan estratégico de crecimiento.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/De-izquierda-a-derecha-Daniel-Gonzalez-Pablo-Fernandez-Mario-Alonso-Javier-Fernandez-y-Fernando-Fernandez-p486179-m1516317-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/auren-refuerza-su-liderazgo-en-espana-con-la-integracion-de-moore-en-madrid-y-barcelonahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/De-izquierda-a-derecha-Daniel-Gonzalez-Pablo-Fernandez-Mario-Alonso-Javier-Fernandez-y-Fernando-Fernandez-p486179-m1516317-768x334_w100.png?no_webp=1https://elderecho.com/auren-refuerza-su-liderazgo-en-espana-con-la-integracion-de-moore-en-madrid-y-barcelonahttps://elderecho.com/auren-refuerza-su-liderazgo-en-espana-con-la-integracion-de-moore-en-madrid-y-barcelonahttps://elderecho.com/auren-refuerza-su-liderazgo-en-espana-con-la-integracion-de-moore-en-madrid-y-barcelona2026-08-03 14:00:292026-08-03 14:00:29sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico486155 La DSA de la Unión Europea recoge un conjunto de normas de obligado cumplimiento para las grandes empresas que ofrezcan servicios digitales. Con ella se busca garantizar la protección de los derechos de los usuarios de los países miembros, así como favorecer la innovación, el crecimiento y la competitividad de estas plataformas en el mercado único. En este marco, según ha trasladado una fuente cercana a las compañías en declaraciones a Bloomberg, tanto ChatGPT de OpenAI como la compañía de videojuegos Roblox Corp. entrarán a formar parte de las VLOP en agosto, al igual que sucedió anteriormente con otras plataformas como Google Maps, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp, X y YouTube, entre otras. Si bien la DSA exige a todas las redes sociales y motores de búsqueda medidas drásticas contra el contenido ilegal y nocivo en sus plataformas, las denominadas como VLOP deben además presentar informes de transparencia, detallar sus planes de mitigación de riesgos y pagar una cuota anual a la Comisión Europea. Es decir, que en los cuatro meses posteriores a su designación han de ser parte activa no solo al identificar riesgos en sus servicios relacionados con contenido ilegal, los procesos electorales o la libertad de expresión, entre otros, sino también al establecer un punto de contacto con autoridades y usuarios, desplegar términos y condiciones fáciles de usar y ser transparentes en su publicidad, sistemas de recomendación y decisiones de moderación de contenido. Igualmente, han de someterse a auditorías anuales para garantizar que han adoptado las medidas recomendadas por los auditores, compartir sus datos con la Comisión Europea y permitir el acceso a estos a investigadores acreditados. Asimismo, aquellas que incumplan la DSA se arriesgan a recibir multas de hasta el 6 por ciento de sus ventas globales. De hecho, entre los más de una docena de casos que se han abierto, el más destacado de una VLOP sancionada fue el de X (antes Twitter) con una multa que alcanzó la cifra de 120 millones de euros y que la Comisión impuso el 5 de diciembre del año pasado. Cabe destacar igualmente que la DSA tiene como uno de sus objetivos principales que las tecnológicas protejan a los menores en sus plataformas. No obstante, la propia Roblox, que ha sido objeto de críticas por la falta de controles de seguridad para la protección de los niños, recientemente integró medidas que controlan los espacios donde los usuarios pueden contactar con otros y qué tipos de juegos pueden disfrutar. Por el momento, ni el portavoz de la Comisión Europea ni OpenAI o Roblox se han pronunciado al respecto. La Unión Europea prevé clasificar a ChatGPT y Roblox como "Plataformas en línea muy grandes" (VLOP) a partir de agosto, conforme a la ley de Servicios Digitales (DSA), tras superar los 45 millones de usuarios mensuales.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/UE-Tribunal-Europeo-Europea-Europa_EDEIMA20110708_0008_1-p486155-m1516199-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ue-planea-incluir-en-agosto-a-chatgpt-y-roblox-entre-las-plataformas-en-linea-muy-grandes-vlop-de-la-dsahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/UE-Tribunal-Europeo-Europea-Europa_EDEIMA20110708_0008_1-p486155-m1516199-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ue-planea-incluir-en-agosto-a-chatgpt-y-roblox-entre-las-plataformas-en-linea-muy-grandes-vlop-de-la-dsahttps://elderecho.com/la-ue-planea-incluir-en-agosto-a-chatgpt-y-roblox-entre-las-plataformas-en-linea-muy-grandes-vlop-de-la-dsahttps://elderecho.com/la-ue-planea-incluir-en-agosto-a-chatgpt-y-roblox-entre-las-plataformas-en-linea-muy-grandes-vlop-de-la-dsa2026-08-03 12:59:262026-08-03 12:59:26derecho-ticDerecho TICDerecho TIC486178Kreston Iberaudit continúa reforzando su práctica legal con la creación de un área especializada en Derecho Regulatorio y la integración de profesionales con una sólida trayectoria en el ámbito regulatorio, una apuesta estratégica con la que la firma amplía su capacidad de asesoramiento en un entorno marcado por una creciente complejidad normativa y por la transformación del sector financiero. La nueva área estará dirigida por David Olivares, socio del área Legal de la oficina de Madrid de Kreston Iberaudit, especializado en derecho mercantil, societario, M A, bancario y regulatorio. Contará además con la participación de Juan Antonio López Rodríguez, senior manager con más de treinta años de experiencia en regulación bancaria y financiera, los cuales aportarán su experiencia en el sector bancario y financiero y conocimiento en el asesoramiento a entidades supervisadas y proyectos sujetos a autorización administrativa. La creación de esta nueva área se enmarca en la estrategia de fortalecimiento del Global Legal Group (GLG) de Kreston Global, codirigido por Pedro Pizá socio del área Legal de la oficina de Madrid de Kreston Iberaudit, y refuerza la apuesta de la firma por ampliar sus capacidades en áreas de alta especialización para ofrecer un asesoramiento jurídico cada vez más transversal, integrado e internacional. La práctica nace para dar respuesta al incremento de operaciones y proyectos que requieren un profundo conocimiento del marco regulatorio, especialmente en ámbitos como los servicios financieros, las fintech, la inversión colectiva, los mercados de valores, la financiación alternativa o la prevención del blanqueo de capitales. Entre otros ámbitos, el equipo asesorará a entidades supervisadas por la CNMV y el Banco de España, gestoras y vehículos de inversión, entidades de capital riesgo, ERIR, proveedores de servicios de financiación participativa, entidades de pago y dinero electrónico, así como a compañías inmersas en operaciones corporativas o procesos de autorización y supervisión regulatoria. La creación de esta práctica responde a la evolución que está experimentando el mercado financiero, impulsada por la digitalización, la aparición de nuevos modelos de negocio y un marco regulatorio cada vez más exigente, con normativas como MiFID II o DORA, que obligan a las organizaciones a integrar la regulación como un elemento estratégico de su actividad. Para David Olivares, socio del área legal de la oficina de Madrid de Kreston Iberaudit "la regulación ha dejado de ser un requisito de cumplimiento para convertirse en un factor estratégico que condiciona el crecimiento, la innovación y la confianza del mercado. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a integrar ese marco regulatorio en sus decisiones de negocio, anticipando riesgos y generando seguridad en operaciones cada vez más complejas. Por su parte, Juan Antonio López, senior manager responsable de la nueva área explica "cada vez más proyectos empresariales incorporan un importante componente regulatorio. Nuestro objetivo es acompañar a los clientes desde una perspectiva muy próxima al negocio, ayudándoles a anticipar riesgos, cumplir con las exigencias supervisoras y estructurar sus proyectos de forma sólida y eficiente". La firma identifica además una creciente demanda de asesoramiento especializado por parte de grupos internacionales que quieren operar en España, inversores interesados en adquirir, crear o desarrollar entidades o actividades reguladas, gestores de vehículos de inversión, empresas fintech y organizaciones que necesitan adaptar sus modelos de gobierno y cumplimiento normativo a un entorno regulatorio en constante evolución. Con esta nueva práctica, Kreston refuerza su posicionamiento como asesor multidisciplinar para compañías, inversores y entidades reguladas, integrando el conocimiento jurídico con las capacidades de la firma en materia fiscal, auditoría, consultoría y corporate, para ofrecer un asesoramiento coordinado en operaciones de elevada complejidad.La nueva práctica, dirigida por David Olivares, asesorará a entidades reguladas, fintech, vehículos de inversión y compañías que operan en sectores sujetos a supervisión de la CNMV y el Banco de España.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/David-Olivares_socio-Kreston-Iberaudit_horizontal2-p486178-m1516278-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/kreston-iberaudit-crea-una-nueva-area-de-derecho-regulatoriohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/David-Olivares_socio-Kreston-Iberaudit_horizontal2-p486178-m1516278-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/kreston-iberaudit-crea-una-nueva-area-de-derecho-regulatoriohttps://elderecho.com/kreston-iberaudit-crea-una-nueva-area-de-derecho-regulatoriohttps://elderecho.com/kreston-iberaudit-crea-una-nueva-area-de-derecho-regulatorio2026-08-03 12:05:282026-08-03 12:05:28sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico486078Según el calendario publicado por la Comisión Europea, en esta fase se activan específicamente las normas de transparencia del artículo 50 y las medidas de apoyo a la innovación, que refuerzan el sistema de supervisión y cumplimiento en todos los Estados miembros, así como la aplicación de la Ley de IA en ámbitos como los modelos de propósito general, las prohibiciones y los requisitos de alfabetización en inteligencia artificial (IA). La Comisión Europea comenzará a aplicar las obligaciones que exigirán identificar los contenidos generados o manipulados mediante esta tecnología, incluidos los conocidos como 'deepfakes', y obligarán a los 'chatbots' y otros sistemas a advertir a los usuarios de que están interactuando con una IA, al tiempo que Bruselas asumirá por primera vez las competencias para velar por el cumplimiento de la norma. En la práctica, las herramientas capaces de crear imágenes, vídeos, audios o textos deberán incorporar marcas que permitan reconocer esas producciones, mientras que su uso con fines profesionales exigirá indicar de forma clara que han sido alteradas mediante inteligencia artificial y los asistentes conversacionales informar de que el usuario está hablando con una máquina y no con una persona. Primeras obligaciones de transparencia La entrada en vigor de estas medidas permitirá además a Bruselas empezar a supervisar los denominados modelos de IA de propósito general, es decir, aquellos capaces de realizar múltiples tareas y que sirven de base para una amplia gama de herramientas y servicios. La Oficina Europea de IA podrá requerir información a las empresas responsables de estos sistemas, acceder a ellos para evaluarlos, ordenar medidas correctoras e incluso restringir su disponibilidad cuando detecte incumplimientos. Ese control se ejercerá de forma compartida con las autoridades nacionales, de modo que este organismo se encargará de sus proveedores y de los sistemas cuya competencia corresponde a la Comisión, mientras que los Estados miembros vigilarán el resto de herramientas desplegadas en su territorio y el Supervisor Europeo de Protección de Datos hará lo propio con las utilizadas por las instituciones, organismos y agencias de la UE. Como apoyo a ese sistema, Bruselas ha constituido un panel científico integrado por 60 expertos independientes, ha designado un asesor científico jefe y ha puesto en marcha distintos canales para comunicar posibles incumplimientos, entre ellos un mecanismo de denuncias abierto a ciudadanos y empresas y otro dirigido a quienes desarrollan aplicaciones a partir de modelos de terceros. La aplicación de la ley continuará de forma escalonada. El siguiente cambio llegará el 2 de diciembre de este año, cuando entren en vigor las nuevas prohibiciones incorporadas por el paquete 'AI Omnibus' para impedir el uso de sistemas capaces de generar contenido sexual explícito sin consentimiento o material de abuso sexual infantil, y finalizará el periodo transitorio concedido a determinados modelos de IA ya comercializados para adaptarse a la obligación de incorporar mecanismos que permitan identificar los contenidos generados mediante esta tecnología. El calendario seguirá el 2 de diciembre de 2027, con la entrada en vigor de las normas aplicables a la IA considerada de alto riesgo, como la utilizada en ámbitos como la sanidad, la educación o el empleo, y concluirá el 2 de agosto de 2028, cuando empezarán a aplicarse las disposiciones para los sistemas de inteligencia artificial integrados en productos sujetos a otra legislación europea, como determinados dispositivos médicos o vehículos. En relación con los sistemas de alto riesgo, el Reglamento establece que "los sistemas de IA que sean componentes de seguridad de productos, o productos en sí mismos, incluidos en determinadas leyes de armonización de la Unión" se clasificarán como "de alto riesgo" cuando el producto deba someterse a un procedimiento de evaluación de conformidad por un organismo tercero conforme a la legislación de armonización pertinente. En particular, esta categoría comprende maquinaria, juguetes, ascensores, equipos y sistemas de protección destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas, equipos de radio, equipos a presión, equipos para embarcaciones de recreo, instalaciones de teleféricos, aparatos que queman combustibles gaseosos, dispositivos médicos, dispositivos médicos de diagnóstico in vitro y productos de automoción y aviación, que quedan sujetos a requisitos reforzados de evaluación de conformidad y control en el marco de la Ley de IA. La AI Act de la UE es la primera norma integral sobre esta tecnología a nivel mundial y tiene por objeto promover la innovación y la adopción de la IA, garantizando al mismo tiempo un alto nivel de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales, incluida la democracia y el Estado de derecho. ¿Qué cambia para las empresas con el artículo 50? Los proveedores de sistemas de IA -incluidos los de propósito general capaces de generar o manipular texto, imágenes, audio o vídeo- deberán garantizar que esos contenidos incorporen un marcado en formato legible por máquina que permita detectar que han sido generados o manipulados mediante IA. Asimismo, quienes desplieguen sistemas de IA que generen o manipulen texto destinado a informar al público sobre asuntos de interés público deberán revelar que dicho contenido ha sido generado o manipulado por IA. El Reglamento exime de esta obligación cuando exista un proceso de revisión humana o control editorial y una persona física o jurídica asuma la responsabilidad editorial de la publicación. No obstante, la Comisión Europea aclara que las revisiones meramente formales -como la corrección ortográfica o gramatical- no se consideran revisión humana ni control editorial a estos efectos. La Comisión concreta que la obligación afecta a contenidos sobre política, procesos democráticos, administración y servicios públicos, justicia, derechos fundamentales, seguridad pública, salud pública, protección ambiental, seguridad del consumidor y cualquier materia económica, financiera, científica o cultural susceptible de debate público. El cumplimiento de estas obligaciones será supervisado por las autoridades nacionales de vigilancia del mercado. Su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones previstas en el reglamento, que para determinadas infracciones pueden alcanzar hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación anual total del ejercicio anterior, aplicándose la cifra que sea más elevada. Al imponer las sanciones, las autoridades podrán tener en cuenta el principio de proporcionalidad en el caso de pymes y pequeñas empresas de mediana capitalización.La Unión Europea (UE) afronta desde ayer, 2 de agosto, un nuevo hito en la implementación del Reglamento europeo de inteligencia artificial (AI Act), con la entrada en vigor de las primeras obligaciones de transparencia y el inicio de la aplicación de las disposiciones aplicables a nivel nacional y comunitario.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2741501025-1-p486078-m1516012-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/primeras-obligaciones-de-transparencia-de-la-ley-de-iahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2741501025-1-p486078-m1516012-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/primeras-obligaciones-de-transparencia-de-la-ley-de-iahttps://elderecho.com/primeras-obligaciones-de-transparencia-de-la-ley-de-iahttps://elderecho.com/primeras-obligaciones-de-transparencia-de-la-ley-de-ia2026-08-03 07:46:272026-08-03 07:46:27derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico486077Concretamente, la ley obliga a los fabricantes a realizar las reparaciones necesarias "en un plazo razonable" y, en caso de que estas no sean de carácter gratuito, también a un "precio razonable", con el objetivo de alentar la opción de la reparación. Este derecho a reparar forma parte de la reforma de las normas de protección del consumidor de la UE, que entró en vigor el martes 30 de julio de 2024 y que establece el "derecho a reparar" para asegurar que, cuando se averían dispositivos como televisores, lavadoras o teléfonos móviles, el cliente pueda exigir la reparación del aparato en lugar de su reemplazo. Ahora, una vez finalizado el plazo para que los Estados miembros incorporasen a su legislación la Directiva (UE) 2024/1799, que hace referencia al derecho a reparar, la norma comienzan a aplicarse en España oficialmente, tal y como se indica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El objetivo es que reparar un dispositivo, por ejemplo un 'smartphone' u ordenador, resulte más fácil y atractivo que adquirir uno nuevo, en muchos casos, promoviendo que esta opción sea más económica que sustituirlo. La directiva cubre principalmente los dispositivos para los que la legislación europea ya obliga a los fabricantes a disponer de servicios de reparación y piezas de recambio, como lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, aspiradoras, pantallas electrónicas o determinados teléfonos y tabletas, entre otros. Así, entre sus novedades, obliga a que los fabricantes ofrezcan la reparación de sus productos siempre que sea técnicamente posible, incluso cuando la garantía legal ya haya expirado. Asimismo, deberá realizarse en un plazo y a un precio razonables. Igualmente, los fabricantes no podrán impedir la reparación mediante cláusulas contractuales, 'software' o 'hardware', salvo cuestiones de seguridad o protección de propiedad intelectual. También deberán facilitar el acceso a piezas de recambio y herramientas cuando así lo exija la normativa. Además, si se opta por la reparación, la garantía del producto se deberá ampliar por 12 meses sobre el bien reparado. La norma establece, asimismo, que los consumidores que opten por la reparación tendrán derecho a recibir un dispositivo de sustitución prestado mientras se arregla el de su propiedad o a elegir una unidad reacondicionada como alternativa. Con todo, los fabricantes podrán entregar un documento estandarizado con información clara sobre el coste, plazo, condiciones y validad de la oferta de reparación, de manera que los usuarios puedan comparar entre presupuestos de distintos servicios de reparación. En la práctica, para los consumidores, esto significa reducir la obsolescencia y los residuos electrónicos, ya que dispondrán de más opciones para reparar, una mayor transparencia de precios y plazos de reparación, mejor acceso a piezas y garantías más favorables. Cabe destacar que la normativa de derecho a reparar es distinta a otra regulación europea que entrará en vigor más adelante en febrero de 2027, como es el Reglamento (UE) 2023/1542 relativo a las pilas y baterías y sus residuos. En este caso, comenzarán a aplicarse los requisitos que obligarán a que las baterías de muchos dispositivos portátiles, como los teléfonos móviles, sean fácilmente sustituibles por el usuario. Compañías como Nintendo ya lo están poniendo en práctica.La llamada ley del derecho a reparar de la Unión Europea empieza a aplicarse desde el pasado viernes 31 de julio de 2026 en España, una vez que expiró el plazo para que los Estados miembros incorporaran a su legislación la Directiva (UE) 2024/1799.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2739343201-1-p486077-m1515994-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-derecho-a-reparar-dispositivos-ya-es-de-obligado-cumplimiento-en-espanahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/08/shutterstock_2739343201-1-p486077-m1515994-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-derecho-a-reparar-dispositivos-ya-es-de-obligado-cumplimiento-en-espanahttps://elderecho.com/el-derecho-a-reparar-dispositivos-ya-es-de-obligado-cumplimiento-en-espanahttps://elderecho.com/el-derecho-a-reparar-dispositivos-ya-es-de-obligado-cumplimiento-en-espana2026-08-03 07:40:362026-08-03 07:40:36sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico