https://elderecho.com/feedes490812La orden, publicada en la página web del Ministerio de Hacienda, mantiene la estructura de la norma por la que se desarrollan para el año 2026 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se mantienen para el ejercicio 2027 la cuantía de los signos, índices o módulos, así como las instrucciones de aplicación. Asimismo, como en años anteriores, se establece una reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos aplicable a todos los contribuyentes que determinen el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método de estimación objetiva. Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido, la orden también mantiene, para 2027, los módulos, así como las instrucciones para su aplicación, aplicables en el régimen especial simplificado en el año inmediato anterior. Reducciones fiscales excepcionales para agricultores y ganadores Adicionalmente, se incluyen reducciones fiscales excepcionales para agricultores y ganaderos para paliar los efectos en la rentabilidad de las explotaciones agrarias del incremento de los precios del gasóleo y los fertilizantes como consecuencia del conflicto en Oriente Medio. En concreto, se establece para el período impositivo 2026 que los agricultores y ganaderos que declaren por el sistema de módulos podrán minorar el rendimiento neto previo un 35% por adquisición de gasóleo agrícola y un 15% por compra de fertilizantes. Además, se eleva al 10% la reducción general del rendimiento neto de módulos aplicable a estos contribuyentes. Según los cálculos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las medidas, que suponen una rebaja de la base imponible del IRPF del orden de 860 millones de euros, benefician a los 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el método de estimación objetiva del IRPF (módulos). Estas medidas excepcionales de aplicación en el ejercicio de 2026 son similares a las que estuvieron vigentes en los años 2022, 2023 y 2024 para hacer frente a los efectos en las explotaciones agrarias de la guerra en Ucrania y de la sequía, según ha recordado el Ministerio.El Ministerio de Hacienda ha sometido este jueves a audiencia pública la orden por la que se desarrolla para 2027 el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que mantiene la reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos e incluye rebajas fiscales excepcionales para agricultores y ganaderos.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2812550377-1-p490812-m1530907-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/hacienda-mantendra-los-modulos-del-irpf-para-2027-con-la-reduccion-del-5-e-incluira-rebajas-fiscales-al-campohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2812550377-1-p490812-m1530907-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/hacienda-mantendra-los-modulos-del-irpf-para-2027-con-la-reduccion-del-5-e-incluira-rebajas-fiscales-al-campohttps://elderecho.com/hacienda-mantendra-los-modulos-del-irpf-para-2027-con-la-reduccion-del-5-e-incluira-rebajas-fiscales-al-campohttps://elderecho.com/hacienda-mantendra-los-modulos-del-irpf-para-2027-con-la-reduccion-del-5-e-incluira-rebajas-fiscales-al-campo2026-10-22 13:25:452026-10-22 13:25:45fiscalFiscal6Fiscal490811La resolución judicial detalla las conductas de la demandante previas a su despido disciplinario, ocurrido el 23 de diciembre de 2024 debido a faltas muy graves contempladas en el artículo 70.3.m) del Convenio Colectivo general de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. La mutua cuestiona la conducta de la empleada sanitaria por infringir los principios rectores de respeto y colaboración establecidos en los apartados 3.1 y 3.2 de su código de conducta. Para el tribunal, estas conductas no pueden considerarse en ningún caso una infracción muy grave de desobediencia, ni según el Estatuto de los Trabajadores ni conforme al convenio colectivo. Para que exista un incumplimiento del deber de obediencia, es imprescindible que haya existido una orden empresarial clara, concreta y precisa que la trabajadora haya desatendido, algo que aquí no se cumple, según expresan los magistrados. La Sala añade que para que la falta sea muy grave por vía convencional, se exigiría un quebranto manifiesto de la disciplina o un perjuicio grave para la empresa, y no hay ningún dato que demuestre que se haya dado ninguna de estas dos circunstancias. El tribunal concluye que, incluso en el supuesto de que las dos acciones que motivaron el despido pudieran considerarse una transgresión de la buena fe contractual, estas no merecerían en ningún caso ser calificadas como muy graves ni recibir la máxima sanción prevista en nuestro ordenamiento jurídico, debido a la aplicación de la doctrina gradualista y del principio de proporcionalidad. Dado que la sentencia de instancia no lo interpretó de este modo, procede estimar el motivo y el recurso, revocar dicha resolución y declarar la improcedencia del despido con los efectos legales correspondientes.El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha declarado improcedente el despido de una trabajadora sanitaria y ha condenado a la mutua para la que trabajaba a readmitirla en sus mismas condiciones -con el abono de los salarios dejados de percibir- o a indemnizarla con 62.598,65 euros.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2762042527-1-p490811-m1530887-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/anulado-el-despido-disciplinario-de-una-sanitaria-al-concluir-que-su-conducta-no-justificaba-la-maxima-sancionhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2762042527-1-p490811-m1530887-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/anulado-el-despido-disciplinario-de-una-sanitaria-al-concluir-que-su-conducta-no-justificaba-la-maxima-sancionhttps://elderecho.com/anulado-el-despido-disciplinario-de-una-sanitaria-al-concluir-que-su-conducta-no-justificaba-la-maxima-sancionhttps://elderecho.com/anulado-el-despido-disciplinario-de-una-sanitaria-al-concluir-que-su-conducta-no-justificaba-la-maxima-sancion2026-10-22 13:09:292026-10-22 13:09:29sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social490813A medida que los profesionales in-house intervienen antes y con mayor relevancia en decisiones que afectan al negocio, aumenta también la exigencia sobre su criterio, su capacidad para anticipar riesgos y la forma en que trasladan sus recomendaciones a quienes deben decidir. Sobre esta realidad han centrado buena parte de sus intervenciones el decano del ICAM, Eugenio Ribón, y la diputada de su Junta de Gobierno Ana Buitrago, que han reivindicado la independencia profesional y la capacidad de convertir el conocimiento jurídico en una herramienta útil para la toma de decisiones. Ribón ha puesto el acento en una de las particularidades del ejercicio dentro de las organizaciones. El abogado de empresa necesita conocer el Derecho, pero también comprender el negocio, sus tiempos, sus necesidades y las presiones a las que está sometido. Esa proximidad a la actividad de la compañía no elimina, sin embargo, la obligación de mantener un criterio propio, incluso cuando la respuesta jurídica pueda resultar incómoda. En ocasiones, ha señalado, corresponde al abogado explicar a su propio equipo que algo no puede hacerse o que, aun siendo jurídicamente posible, quizá no sea lo más conveniente. “Ser un buen abogado no significa dar siempre la respuesta que nuestro cliente espera escuchar. Significa ofrecerle la respuesta que necesita conocer”, ha afirmado el decano. Para Ribón, esa capacidad de acompañar a una organización sin renunciar a la independencia de criterio adquiere aún más importancia en un contexto en el que los departamentos jurídicos deben responder a problemas cada vez más diversos. La inteligencia artificial, la ciberseguridad, el cumplimiento normativo o la incertidumbre internacional obligan a las empresas a revisar continuamente su forma de trabajar y trasladan nuevas preguntas a sus equipos legales, con frecuencia en situaciones que exigen una respuesta rápida. Anticipar el riesgo y saber trasladarlo Buitrago ha abordado esa misma evolución desde el momento en que el abogado entra en el proceso de decisión. Si tradicionalmente se recurría al departamento jurídico cuando surgía un problema, su intervención se produce ahora cada vez antes, cuando todavía es posible anticipar el riesgo e influir en el camino que adopta la compañía. “Durante mucho tiempo, el abogado era la persona a la que se acudía cuando había que resolver un problema. Hoy, cada vez más, es la persona con la que se cuenta para evitarlo y para decidir qué camino tomar”, ha señalado. Esa participación temprana exige, a juicio de la diputada del ICAM, comprender cómo funciona la organización, cuáles son sus objetivos y qué riesgos está dispuesta a asumir. Solo a partir de ese conocimiento puede el profesional traducir una cuestión jurídica compleja en información útil para quienes tienen la responsabilidad de decidir. “De poco sirve conocer todos los riesgos de una operación si no sabemos trasladarlos a quienes deben tomar las decisiones”, ha advertido Buitrago. La misma lógica, ha añadido, debe aplicarse a la tecnología: “De poco sirve disponer de las mejores herramientas tecnológicas si no contamos con el criterio necesario para utilizarlas correctamente”. Lo jurídicamente posible y lo empresarialmente conveniente El director legal de CEOE, José María Campos, ha aportado a este debate la perspectiva de quien ha ejercido tanto desde despachos como desde una organización empresarial. A su juicio, las herramientas y las formas de trabajar están cambiando con rapidez, pero los principios que sostienen el ejercicio profesional permanecen. Ha citado entre ellos la lealtad, la independencia, la profesionalidad, el secreto profesional, la integridad y la vocación de servicio. La transformación tecnológica sí está modificando, en cambio, tareas que hasta hace poco ocupaban buena parte del trabajo jurídico. Campos ha mencionado la búsqueda de información, la revisión de contratos, la gestión de expedientes, la identificación de riesgos o el análisis de derecho comparado como ámbitos en los que las nuevas herramientas ya están alterando la práctica cotidiana. Ese cambio, ha advertido, no reduce la necesidad del abogado. La desplaza hacia aquello que la tecnología no puede resolver por sí sola. “Hace falta criterio para hacer la pregunta, hace falta criterio para saber si la respuesta es correcta y hace falta criterio para distinguir lo jurídicamente posible de lo empresarialmente conveniente, porque la inteligencia artificial no es un abogado”. Campos ha extendido esa exigencia tanto a las asesorías internas como a los despachos que trabajan con ellas. Ambos, ha defendido, deben integrarse en el proceso de decisión empresarial y conocer suficientemente la compañía para ayudarla a valorar qué riesgos puede asumir, cuáles debe evitar y cómo alcanzar legítimamente sus objetivos. El asesoramiento jurídico, ha señalado, no puede limitarse a explicar qué dice la norma sin entender la realidad sobre la que debe aplicarse. En el plano colegial, Buitrago ha recordado que el ICAM puso en marcha el pasado mes de julio el Espacio Abogacía de Empresa, una plataforma que reúne recursos, formación especializada, herramientas jurídicas y servicios de protección profesional dirigidos específicamente a quienes ejercen dentro de organizaciones. La iniciativa pretende dar continuidad durante todo el año al trabajo que se desarrolla en encuentros como el que ahora celebran ICAM e ICAB. «El congreso nos permite encontrarnos, debatir y aprender durante estas dos jornadas. El portal nos ofrece un espacio de referencia al que acudir durante el resto del año», ha explicado Buitrago. Ocho mesas para llevar el debate a la práctica El III Encuentro está organizado conjuntamente por la Sección de Abogacía de Empresa del ICAM y la Comissió de l'Advocacia d'Empresa del ICAB. En su tercera edición reúne a más de veinte profesionales y articula el debate a través de ocho mesas centradas en cuestiones que ya condicionan el trabajo diario de los departamentos jurídicos. La primera jornada aborda el grado real de implantación del LegalTech en las asesorías, la capacidad de influencia del profesional in-house, el gobierno corporativo y la sostenibilidad y las nuevas vías de desarrollo profesional. El programa incorpora además por primera vez “Legal Minority Report”, una competición por equipos en la que los participantes deberán resolver un escenario de crisis con apoyo de herramientas de inteligencia artificial. Una primera jornada en la que ha tenido lugar la mesa "El estado del arte del LegalTech en las asesorías jurídicas. Grado de adopción real, barreras culturales, retos éticos y casos ya implementados", en la que ha participado María de la O Martínez, directora de Estrategia e Innovación en Lefebvre y vicepresidenta de Innovación y Proyectos de GLTH, junto con Gloria Carmona (ICAB) y Blanca Bardín (PwC). El debate continuará este viernes con una mirada más directa a algunos de los factores externos que condicionan la actividad de las compañías. Las sesiones analizarán el impacto del escenario geopolítico, la evolución de la relación entre las asesorías jurídicas y los despachos externos y los cambios que la inteligencia artificial está introduciendo en la organización y el funcionamiento de los departamentos legales. La clausura, prevista a las 13:00 horas, contará con la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert López-Ibor; la decana del ICAB, Cristina Vallejo Ros; el presidente de la Comisión Legal de CEOE y miembro de su Junta Directiva, Valentín Pich Rosell; el secretario de la Junta de Gobierno del ICAM, José Ignacio Monedero, y Eugenio Ribón.El III Encuentro Abogacía de Empresa ICAM-ICAB, que ha contado con el patrocinio de Lefebvre y la participación su directora de Estrategia e Innovación María de la O Martínez, ha arrancado este jueves en Madrid abordando el creciente peso de los departamentos jurídicos en la estrategia de las compañías. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Eugenio-Ribon-Decano-del-ICAM-1-p490813-m1530925-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-abogacia-in-house-gana-influencia-en-la-estrategia-de-las-companias-y-reivindica-el-criterio-juridico-en-la-toma-de-decisioneshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Eugenio-Ribon-Decano-del-ICAM-1-p490813-m1530925-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-abogacia-in-house-gana-influencia-en-la-estrategia-de-las-companias-y-reivindica-el-criterio-juridico-en-la-toma-de-decisioneshttps://elderecho.com/la-abogacia-in-house-gana-influencia-en-la-estrategia-de-las-companias-y-reivindica-el-criterio-juridico-en-la-toma-de-decisioneshttps://elderecho.com/la-abogacia-in-house-gana-influencia-en-la-estrategia-de-las-companias-y-reivindica-el-criterio-juridico-en-la-toma-de-decisiones2026-10-22 13:00:482026-10-22 13:00:48sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490810La orden, firmada por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, especifica que este órgano depende de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. El Consejo tiene como objetivos servir como espacio de consulta, diálogo estratégico, intercambio de información y coordinación operativa entre los sectores público y privado, y facilitar la identificación de prioridades comunes, el análisis de las nuevas tipologías de riesgos, la difusión de buenas prácticas y el impulso de iniciativas conjuntas. Entre sus funciones, el Consejo deberá promover la colaboración permanente entre las autoridades competentes y los sujetos obligados en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y de la implementación de sanciones financieras internacionales. Además, deberá servir como cauce para el intercambio de información estratégica, táctica y operativa, así como contribuir a la elaboración, actualización y seguimiento del análisis nacional de riesgos y de la estrategia nacional contra el blanqueo de capitales. También deberá proponer informes, guías y recomendaciones sobre los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, así como plantear iniciativas, acciones y prioridades de actuación para la mejora del sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. La presidencia de este Consejo será asumida por la persona que ocupe la Dirección del Servicio Ejecutivo de la Comisión. Además, serán vocales permanentes diferentes subdirectores generales, o su equivalente, de algunos organismos nacionales, como la Dirección General de Policía y de la Guardia Civil; el Banco de España; la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Centro Nacional de Inteligencia, entre otros. El Consejo se constituirá en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de esta norma --este mismo jueves--. El Pleno del Consejo se reunirá al menos una vez al año y, en todo caso, cuando lo estime necesario su presidencia por decisión propia o por solicitud de un tercio de sus vocales. El Gobierno justifica que la política de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva es esencial para garantizar la integridad del sistema financiero y, por ende, favorecer la estabilidad y el crecimiento económico de las sociedades actuales. "En un entorno caracterizado por la creciente complejidad de los flujos financieros, la digitalización de las economías y el carácter transnacional e híbrido de las amenazas, es imprescindible adoptar un enfoque integral basado en el riesgo que permita detectar y mitigar todos los riesgos que pueden impactar negativamente en el funcionamiento del sistema", se señala en la norma. Para ello, el Gobierno considera que es fundamental garantizar la actuación coordinada de todas las partes involucradas, desde las autoridades competentes hasta los sujetos obligados, pues "solo una acción común y coherente permitirá dar una respuesta eficaz a los desafíos detectados". Precisamente, el Plan Estratégico Nacional de lucha contra el blanqueo de capitales recientemente aprobado, señala que la colaboración con el sector privado constituye una de las piezas fundamentales para poder garantizar la efectividad del sistema, al mejorar la comprensión de los riesgos, la calidad de las medidas preventivas y la utilidad de la información comunicada por y entre las autoridades competentes y los sujetos obligados.  El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este jueves una orden por la que se crea y regula el Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2744021231-1-p490810-m1530862-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-crea-el-consejo-para-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-y-la-financiacion-del-terrorismohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2744021231-1-p490810-m1530862-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-gobierno-crea-el-consejo-para-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-y-la-financiacion-del-terrorismohttps://elderecho.com/el-gobierno-crea-el-consejo-para-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-y-la-financiacion-del-terrorismohttps://elderecho.com/el-gobierno-crea-el-consejo-para-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-y-la-financiacion-del-terrorismo2026-10-22 12:10:282026-10-22 12:10:28penalPenal9Penal490809La organización ha celebrado la decisión adoptada este miércoles por la Comisión Europea de abrir una investigación en profundidad sobre la plataforma, en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA), y ha considerado que el procedimiento debe servir para determinar si la compañía ha cumplido con la prevención de los fraudes a los consumidores. Según ha señalado OCU, se trata de la primera investigación en profundidad de la Comisión Europea sobre fraudes en plataformas digitales al amparo de esta normativa. En caso de acreditarse incumplimientos, Booking.com podría enfrentarse a sanciones de hasta el 6% de su facturación anual. Presunta estafa en Madrid La apertura del procedimiento coincide con una reciente presunta estafa relacionada con el alquiler de una vivienda turística anunciada a través de Booking en Madrid, que habría perjudicado a cientos de personas. OCU ha indicado que, en lo que va de año, ha recibido más de 2.000 consultas y reclamaciones relacionadas con la plataforma, entre ellas las relativas a alojamientos inexistentes, inmuebles cuyas condiciones no se correspondían con las anunciadas y fraudes mediante comunicaciones aparentemente vinculadas a la empresa. A juicio de la organización, las plataformas que obtienen beneficios económicos de las operaciones realizadas a través de sus servicios no pueden limitarse a actuar como meros intermediarios cuando disponen de herramientas para detectar y retirar contenidos fraudulentos. Por ello, OCU ha reclamado a Bruselas que, además de investigar los posibles incumplimientos, reconozca expresamente los daños ocasionados a los consumidores. Según la entidad, esta medida permitiría a los afectados reclamar de forma más rápida y efectiva la devolución del dinero perdido y facilitaría la reparación de los perjuicios sufridos. La organización ha añadido que la protección de los usuarios no debe limitarse a la retirada de anuncios fraudulentos o a la imposición de sanciones, sino que también debe incluir mecanismos ágiles de reclamación y la colaboración activa de las plataformas para devolver las cantidades abonadas cuando existan indicios claros de estafa. Por último, OCU ha recordado la importancia de comprobar que los alojamientos turísticos cuentan con un número de registro válido antes de formalizar una reserva, realizar los pagos a través de los canales oficiales de la plataforma y desconfiar de las solicitudes de transferencias externas. También, ha recomendado conservar toda la documentación de la reserva y reclamar ante la empresa intermediaria y las autoridades competentes cuando se detecten irregularidades. Asimismo, ha animado a los afectados a consultar su web de ciberseguridad para obtener información sobre prevención del fraude y valorar la viabilidad de una posible reclamación.La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido a la Comisión Europea que reconozca los daños sufridos por los consumidores en el marco de la investigación abierta a Booking.com por posibles fallos en el control de anuncios fraudulentos, estafas de 'phishing' y otros riesgos para los usuarios.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2410327975-1-p490809-m1530844-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ocu-pide-a-bruselas-que-reconozca-los-danos-a-los-consumidores-en-la-investigacion-a-bookinghttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2410327975-1-p490809-m1530844-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/ocu-pide-a-bruselas-que-reconozca-los-danos-a-los-consumidores-en-la-investigacion-a-bookinghttps://elderecho.com/ocu-pide-a-bruselas-que-reconozca-los-danos-a-los-consumidores-en-la-investigacion-a-bookinghttps://elderecho.com/ocu-pide-a-bruselas-que-reconozca-los-danos-a-los-consumidores-en-la-investigacion-a-booking2026-10-22 12:00:212026-10-22 12:00:21sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490808La recurrente realizó aportaciones obligatorias a la Mutualidad Nacional de Enseñanza Primaria (MNEP), que, según explica la sentencia, constituyó desde sus orígenes “un sistema de previsión social complementario al de clases pasivas”. Estas aportaciones se detraían directamente de la nómina y las efectuadas hasta el 31 de diciembre de 1978 no pudieron deducirse en el IRPF. El tribunal diferencia este supuesto del analizado por el Tribunal Supremo respecto de la Mutualidad Laboral de la Banca, pues las aportaciones realizadas a la MNEP no financian la pensión de clases pasivas, sino la prestación complementaria de jubilación. Por ello, advierte de que la disposición transitoria segunda de la LIRPF puede aplicarse a esta última, “nunca a la pensión de jubilación de clases pasivas, pues esta no se nutre de las aportaciones a una Mutualidad de Previsión Social”. Como no consta la cuantía concreta de las aportaciones efectuadas antes del 1 de enero de 1979, la Sala concluye que debe “integrar como rendimiento de trabajo el 75 % del importe de la prestación que proporcionalmente se corresponda a las aportaciones realizadas por la demandante hasta el 31 de diciembre de 1978”. En consecuencia, anula los acuerdos impugnados y reconoce el derecho de la recurrente a rectificar sus autoliquidaciones, sin imposición de costas.La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso de una maestra contra la negativa a rectificar sus autoliquidaciones del IRPF de 2019 a 2022 y le ha reconocido el derecho a aplicar la disposición transitoria segunda de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) a una parte de la prestación complementaria de jubilación que percibe del Fondo Especial de MUFACE.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2590032907-1-p490808-m1530826-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/reconocido-el-derecho-de-una-maestra-a-reducir-la-tributacion-en-el-irpf-de-parte-de-la-prestacion-complementaria-de-jubilacion-de-mufacehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2590032907-1-p490808-m1530826-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/reconocido-el-derecho-de-una-maestra-a-reducir-la-tributacion-en-el-irpf-de-parte-de-la-prestacion-complementaria-de-jubilacion-de-mufacehttps://elderecho.com/reconocido-el-derecho-de-una-maestra-a-reducir-la-tributacion-en-el-irpf-de-parte-de-la-prestacion-complementaria-de-jubilacion-de-mufacehttps://elderecho.com/reconocido-el-derecho-de-una-maestra-a-reducir-la-tributacion-en-el-irpf-de-parte-de-la-prestacion-complementaria-de-jubilacion-de-muface2026-10-22 11:55:172026-10-22 11:55:17administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico490807En sus conclusiones, que no son vinculantes para el Alto Tribunal europeo cuando dicte sentencia, el letrado explica que las reglas de la UE permiten a los países establecer excepciones al mecanismo de segunda oportunidad, que ofrece a las personas insolventes la posibilidad de quedar liberadas de las deudas que no pueden pagar, si bien recuerda que esas restricciones deben respetar el Derecho europeo. El caso tiene su origen en una pareja que solicitó acogerse a este procedimiento para cancelar sus deudas, pero la Agencia Tributaria se opuso a que se concediera ese beneficio al hombre porque debía más de 40.000 euros en impuestos de una empresa de la que había sido administrador y por los que había sido declarado responsable. Según la legislación española, una persona no puede beneficiarse de la segunda oportunidad si en los diez años anteriores ha sido declarada responsable de deudas tributarias mediante una resolución firme, salvo que haya pagado íntegramente las cantidades reclamadas. La pareja consideró que impedir la cancelación de todas sus deudas por esta circunstancia era una medida desproporcionada, mientras que Hacienda defendió que la ley no permite hacer excepciones por ese motivo, por lo que el asunto llegó a la Audiencia Provincial de Valladolid. Este tribunal, que también considera excesiva la prohibición, preguntó a la Justicia europea si podía dejar de aplicar la norma española por ser contraria a las reglas de la UE, una posibilidad que el abogado general rechaza en las circunstancias examinadas. En concreto, explica que la legislación comunitaria permite a los Estados miembro decidir en qué casos se puede impedir la cancelación de deudas, por lo que no establece un derecho absoluto a beneficiarse de este mecanismo ni unas condiciones suficientemente precisas para que los jueces puedan apartarse directamente de las normas nacionales. En este sentido, advierte de que permitir a los tribunales ignorar las restricciones nacionales basándose únicamente en la directiva supondría dejar sin efecto las excepciones que los propios países han introducido al amparo de la normativa europea, que les reconoce expresamente esa posibilidad. No obstante, el letrado recuerda que corresponde a los tribunales españoles determinar si las restricciones previstas en su legislación son proporcionadas y señala que deben intentar interpretar esas disposiciones de manera compatible con el Derecho europeo siempre que sea posible. En este sentido, apunta que existen decisiones contradictorias de distintos órganos judiciales españoles sobre esta cuestión, lo que, a su juicio, pone en duda que resulte imposible encontrar una interpretación de la ley nacional que respete las exigencias comunitarias. Tras estas conclusiones, los jueces del TJUE deberán pronunciarse sobre el caso en una sentencia posterior, que servirá de referencia para que la Audiencia Provincial de Valladolid resuelva el litigio entre la pareja y la Agencia Tributaria.El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado este jueves que la normativa europea no obliga a los jueces españoles a dejar de aplicar la ley que impide cancelar las deudas de determinadas personas con problemas económicos cuando tienen obligaciones pendientes con Hacienda, aunque consideren que esa prohibición es desproporcionada.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2512186713-1-p490807-m1530808-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-abogado-general-de-la-ue-avala-que-espana-limite-la-cancelacion-de-deudas-por-impagos-a-haciendahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2512186713-1-p490807-m1530808-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-abogado-general-de-la-ue-avala-que-espana-limite-la-cancelacion-de-deudas-por-impagos-a-haciendahttps://elderecho.com/el-abogado-general-de-la-ue-avala-que-espana-limite-la-cancelacion-de-deudas-por-impagos-a-haciendahttps://elderecho.com/el-abogado-general-de-la-ue-avala-que-espana-limite-la-cancelacion-de-deudas-por-impagos-a-hacienda2026-10-22 10:11:152026-10-22 10:11:15fiscalFiscal6Fiscal490716Así lo ha acordado el Pleno de la corte de garantías este miércoles, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas, con 10 magistrados a favor de inadmitir el recurso, incluido su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y dos en contra, Ramón Sáez y Juan Carlos Campo. La mayoría de magistrados entiende que el recurso de amparo era prematuro porque el Supremo todavía tiene que escuchar a los afectados que presenten alegaciones y resolver sobre el fondo del asunto. Por tanto, hasta que no se cierre esa vía, ven inviable que pueda prosperar un amparo, han explicado las mismas fuentes. Así, la mayoría ha asumido el criterio del ponente al que le tocó pronunciarse, el magistrado Enrique Arnaldo, encuadrado en el sector conservador y que propuso la inadmisión por prematuro. El Defensor del Pueblo reclamó al Constitucional que, por "urgencia excepcional", decretara "de forma inmediata" la medida cautelarísima de declarar nulos los autos del Supremo que por partida doble, en septiembre y en octubre, ratificaron la paralización del voto de forma cautelar. Según su recurso, también quería que el TC ordenara a la Junta Electoral Central que se mantuviera la vigencia e inclusión de los ciudadanos españoles residentes en el extranjero e inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) "de la manera anterior a esas resoluciones, de modo que puedan, si así lo desean, ejercitar su derecho al sufragio activo en las próximas elecciones generales". El organismo que preside Ángel Gabilondo incidía en que la celebración de elecciones el próximo 29 de noviembre "conlleva una serie de trámites y actos preclusivos muy próximos en el tiempo que, en este caso, no podrían cumplirse de no adoptarse la medida cautelar de manera inmediata". A su entender, la decisión del Supremo vulnera los derechos a la igualdad, a la participación en los asuntos públicos y a la tutela judicial efectiva. "El objetivo fundamental de este recurso es conseguir el restablecimiento del derecho fundamental al sufragio activo, al voto, de algo más de 160.000 ciudadanos españoles mediante la estimación del amparo. Y, con ello, preservar el derecho al sufragio activo sin limitaciones no previstas en la normativa electoral", señalaba. Y destacaba que "el vínculo entre ser español y el voto es indisoluble", añadiendo que "desde una perspectiva de derechos fundamentales" es "harto problemática la posibilidad de privar, temporal o definitivamente, de este derecho fundamental", porque "podría perderse la nacionalidad española (nunca la española de origen, como dispone la Constitución)", "pero la condición de votante no la puede perder ningún español mientras lo sea, pues ni siquiera el Código Penal prevé la pena de pérdida del sufragio activo (elegir) sino del pasivo (ser elegido)". Asimismo, advertía de que la paralización cautelar del derecho al voto tiene especial significación con motivo de la convocatoria de elecciones, dado que "la perentoriedad de los plazos del procedimiento electoral hace prácticamente imposible el voto de las personas afectadas por la suspensión en estas elecciones". Veía "lesión irreparable" para el derecho a votar El Defensor del Pueblo hacía hincapié en que tanto "por razones de ineficacia administrativa (no se ha facilitado ninguna información significativa al Tribunal Supremo sobre el cumplimiento de lo por él acordado en el plazo de un mes)", como "por los problemas de funcionamiento de los consulados, no parece que esta vía pueda ofrecer frutos cuantitativamente importantes en las próximas fechas". Se refería a que el Supremo estableció que no regirá la suspensión cautelar del voto para las personas que acrediten en los registros consulares su condición de descendientes de exiliados. A su entender, la paralización del voto "no es adecuada para conseguir la finalidad pretendida" porque "sólo se suspenden los derechos de los nacionales del CERA" y "no de los nacionales del CERE que han adquirido la nacionalidad en virtud de la misma disposición normativa". Y es que, según insistió, no es una medida "idónea" para conseguir el objetivo, que "sería preservar la veracidad e inexistencia de irregularidades en el proceso electoral". "Las medidas cautelares adoptadas generan una situación 'ex novo', como es la suspensión del ejercicio del voto activo de ciudadanos nacionales que gozan de un derecho adquirido, que no de una mera expectativa, lo cual genera una indudable inseguridad jurídica y una intervención excesiva en el marco del ejercicio de los derechos fundamentales", indicó. Bajo su punto de vista, aceptar su petición y declarar nula la decisión del Supremo "no conllevaría perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona", ya que "el derecho de sufragio activo del resto de ciudadanos no se ve sustancialmente alterado, dado que constituye el 99,59 por ciento del censo electoral". "El interés general ha de focalizarse en la máxima efectividad del principio democrático de participación política", subraya, para señalar que "el perjuicio es claro" al "impedir a unos ciudadanos españoles el ejercicio del derecho al sufragio activo en un proceso electoral cierto (no hipotético o futurible)". Según argumentó, "se trata de una lesión irreparable, pues no puede el ciudadano privado de este derecho ejercitarlo de manera retroactiva": "Podrá, en su caso, ejercitarlo en futuros procesos electorales, pero para este concreto y real proceso, habrá sido privado del derecho (por una resolución cautelar del Tribunal Supremo, ni siquiera una resolución definitiva)". "No es un derecho susceptible de compensación de otra manera, no tiene un contenido patrimonial, es un derecho político, al que solo puede darse efectividad permitiendo su ejercicio a sus titulares, si esa fuese su intención, debiendo el Estado facilitarlo", apostilló. Tras conocer el rechazo al recurso, el Defensor del Pueblo ha afirmado que respeta la decisión del Constitucional, pero ha mostrado "preocupación" por que esa medida "pueda no permitir ejercer el derecho fundamental al voto a ciudadanas y ciudadanos españoles" en las elecciones generales. Y el Gobierno también ha transmitido su respeto por la decisión, precisando que la vía judicial previa no está agotada ante el Supremo y que espera que la decisión definitiva que tome "deje claro que no se puede suspender masivamente el derecho de voto con una medida cautelar" sin que haya sentencia firme y sin audiencia de cada afectado.El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido por amplia mayoría no admitir a trámite el recurso del Defensor del Pueblo contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto en las próximas elecciones generales para los nacionalizados por la 'ley de nietos' que no demuestren que son descendientes de exiliados, al considerar prematura la impugnación presentada.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2433845729-1-p490716-m1530563-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tc-rechaza-por-prematuro-el-recurso-del-defensor-del-pueblo-contra-la-suspension-de-voto-a-la-ley-de-nietoshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2433845729-1-p490716-m1530563-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tc-rechaza-por-prematuro-el-recurso-del-defensor-del-pueblo-contra-la-suspension-de-voto-a-la-ley-de-nietoshttps://elderecho.com/el-tc-rechaza-por-prematuro-el-recurso-del-defensor-del-pueblo-contra-la-suspension-de-voto-a-la-ley-de-nietoshttps://elderecho.com/el-tc-rechaza-por-prematuro-el-recurso-del-defensor-del-pueblo-contra-la-suspension-de-voto-a-la-ley-de-nietos2026-10-21 19:12:362026-10-21 19:12:36administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico490715Con más de 15 años de trayectoria en posiciones directivas, Jaén de la Vega ha desarrollado su carrera en compañías internacionales como Meliá Hotels International y Palladium Hotel Group, liderando grandes equipos, estrategias globales de talento y procesos de transformación organizativa y cultural. En Meliá Hotels International ejerció como directora regional de Recursos Humanos para España, Cabo Verde y Marruecos, con responsabilidad sobre más de 12.000 profesionales. Posteriormente, creó y lideró la estrategia global de Atracción de Talento y Marca Empleadora del grupo, con presencia en más de 40 países y una plantilla de 45.000 empleados. Entre 2025 y 2026 ocupó la Dirección Corporativa de Talento y Cultura de Palladium Hotel Group, desde donde impulsó su transformación cultural, la evolución de los modelos de desarrollo del talento y la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos de Recursos Humanos. Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, ha completado su formación ejecutiva en ESADE, incluido el programa Futuras Consejeras. Es miembro del think tank enClave de Personas y del Consejo Asesor de Empleabilidad de la Universidad CEU San Pablo. En 2024 fue reconocida con el Premio WTC al Desarrollo del Employer Brand, entregado en la Gala de RR. HH. organizada por DCH y otras entidades del sector. “Afianza está viviendo una etapa de crecimiento extraordinaria, integrando compañías, talento y formas de trabajar diferentes. Mi objetivo es contribuir a construir una identidad compartida, impulsar el desarrollo de nuestros profesionales y consolidar una cultura en la que las personas sean protagonistas del crecimiento y de la diferenciación de la firma”, afirma Patricia Jaén de la Vega, Chief People Officer de Afianza. Este nombramiento se suma a otros recientes en el equipo directivo de Afianza, como los de Álvaro Martín como director de Asesoría Jurídica Corporativa, David Casas como director de Consultoría, Guillermo Pérez-Montero como director de Operaciones e Integraciones de Negocio y Rafael Vázquez Romero como director general corporativo. Afianza cerró 2025 con una facturación de 83,2 millones de euros, un 53% más que el año anterior, y cuenta actualmente con cerca de 1.500 profesionales distribuidos por toda España.Afianza ha incorporado a Patricia Jaén de la Vega como Chief People Officer, un nombramiento con el que refuerza su estrategia de Personas en un contexto de fuerte crecimiento y expansión mediante la integración de nuevas compañías.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Afianza_Patricia-Jaen-p490715-m1530545-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/afianza-ficha-a-patricia-jaen-de-la-vega-como-chief-people-officerhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Afianza_Patricia-Jaen-p490715-m1530545-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/afianza-ficha-a-patricia-jaen-de-la-vega-como-chief-people-officerhttps://elderecho.com/afianza-ficha-a-patricia-jaen-de-la-vega-como-chief-people-officerhttps://elderecho.com/afianza-ficha-a-patricia-jaen-de-la-vega-como-chief-people-officer2026-10-21 19:05:572026-10-21 19:05:57sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico490712Los hechos ocurrieron cuando el acusado, en connivencia con otras personas, envió un SMS a una mujer simulando ser su entidad bancaria para alertarla de una supuesta transferencia de 1.000 euros que requería validación. Aunque inicialmente la víctima ignoró el mensaje, poco después recibió una llamada de alguien que se hizo pasar por un empleado del banco y la convenció de que necesitaban el código para anular un acceso no consentido a su cuenta. Ante la insistencia de que era la única forma de evitar la pérdida del dinero, la víctima cedió y les facilitó el código, permitiendo que los estafadores autorizaran la transferencia de 1.000 euros junto con una comisión de cinco euros. Siguiendo exactamente el mismo procedimiento, ese mismo día lograron estafar otros 700 euros a un hombre. Finalmente, el acusado se apropió del dinero sustraído. Los magistrados coinciden con la juzgadora de instancia en que la dinámica de los hechos expuesta por los denunciantes es plenamente coherente con el ‘phishing’. Además, señalan que las dos transferencias fraudulentas se realizaron a una cuenta puente -correspondiente a una identidad usurpada- desde la que, a su vez, el dinero se envió a una segunda cuenta de la que era titular el acusado. Por todo ello, la Sala rechaza la versión de la defensa, en la que el acusado alegaba haber sido engañado al facilitar sus datos personales para un supuesto sorteo. Los jueces tachan esta coartada de “versión huérfana de prueba”, destacando además que no consta la interposición de ninguna denuncia al respecto.La Audiencia Provincial de Asturias ha confirmado la condena de dos años de prisión a un hombre por estafar a dos personas mediante mensajes de texto y llamadas fraudulentas, obligándole además a indemnizar a las víctimas con un total de 1.705 euros.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2461071583-1-p490712-m1530487-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-a-dos-anos-de-prision-por-estafar-a-dos-personas-mediante-phishing-bancario-en-asturiashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2461071583-1-p490712-m1530487-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/condenado-a-dos-anos-de-prision-por-estafar-a-dos-personas-mediante-phishing-bancario-en-asturiashttps://elderecho.com/condenado-a-dos-anos-de-prision-por-estafar-a-dos-personas-mediante-phishing-bancario-en-asturiashttps://elderecho.com/condenado-a-dos-anos-de-prision-por-estafar-a-dos-personas-mediante-phishing-bancario-en-asturias2026-10-21 19:03:152026-10-21 19:03:15derecho-ticDerecho TICpenalPenal9sector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Penal,Sector jurídico