PENAL

La inmediata puesta a disposición de las personas detenidas; del art. 17 CE, a los reglamentos y protocolos de actuación

Foro 05-02-2016 Coordinador: Gemma Gallego

Planteamiento

El art.17.2 CE dispone que «la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos» y señala que en «el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial». De este mismo plazo trata el art.520.1 pár. 2º LECr cuando establece que la puesta a disposición de la autoridad judicial del detenido ha de llevarse a cabo «dentro de los plazos establecidos en la presente Ley y, en todo caso, en el máximo de setenta y dos horas».

Ahora bien, la efectividad de esa puesta a disposición judicial que deriva de un derecho fundamental del detenido requiere, desde un punto de vista práctico, un complicado despliegue de medios personales y materiales -casi siempre escasos- ordenados incluso, al adecuado cumplimiento de los derechos procesales de la persona puesta a disposición; así, la designa e intervención del abogado que asume su defensa, la localización y personación del intérprete que traduce su declaración o la del médico-forense que practica el reconocimiento o exploración de aquél que lo solicite (...) cuya práctica, y la de otras actuaciones previstas en la LECr. -EDL 1882/1-, exige la imprescindible conducción de los detenidos a las dependencias judiciales, lo que puede provocar a veces y como conocen de primera mano los distintos operadores -muchos de ellos, lectores de estas líneas- serias disfunciones en los respectivos servicios de guardia de los diferentes colectivos, susceptibles de repercutir negativamente en el derecho fundamental del detenido (...) hasta provocar la prolongación indebida de su presentación ante el juez.

La concurrencia de diversa normativa, reglamentos e incluso protocolos de actuación, que pretenden una adecuada coordinación de los medios materiales y personales implicados en la efectiva «puesta a disposición judicial», plantean en ocasiones la duda sobre la conciliación entre el derecho constitucional que ampara a la persona detenida de "inmediata puesta a disposición judicial" y el contenido de aquéllos, en tanto puedan colisionar en sus disposiciones.

La cuestión que se plantea versa sobre si el mandato contenido en el art.17.2 CE -EDL 1978/3879- de que los detenidos sean puestos a disposición judicial inmediatamente después de concluidas las diligencias, es compatible con el cumplimiento de ciertos protocolos o reglas que establezcan días u horas concretas de conducción, para facilitar la realización de los servicios de guardia.

 

Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", el 1 de enero de 2016.

Puntos de vista

Ana Isabel Vargas Gallego

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