https://elderecho.com/feedes488220La asociación ha valorado "muy positivamente" la sentencia 253/2026, dictada el pasado 21 de julio por la Sala de lo Civil del Alto Tribunal, que, según sostiene, respalda la tesis defendida por el Consejo Regulador de la DOP Jabugo y confirma la posibilidad de ejercitar acciones indemnizatorias en defensa del derecho de exclusiva de estas figuras de calidad diferenciada. El caso se remonta a 2019, cuando el Consejo Regulador de la DOP Jabugo detectó el uso del término 'Jabugo' para identificar los servicios de una charcutería. De acuerdo con Origen España, la denominación protegida aparecía tanto en la razón social de la empresa como en los rótulos de sus establecimientos. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao declaró en 2022 que el empleo de ese término y de referencias al mismo en la oferta y comercialización de productos cárnicos vulneraba la normativa europea, aunque desestimó entonces la pretensión de indemnización. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Vizcaya confirmó la infracción y ordenó a la sociedad cesar en el uso de la denominación y retirar los soportes comerciales afectados, pero volvió a rechazar la reclamación económica. Según Origen España, el Supremo ha concluido ahora que los consejos reguladores pueden reclamar daños y perjuicios por la utilización irregular de una DOP, siempre que se acrediten los requisitos exigidos para ello. La asociación ha destacado que el fallo resuelve una controversia sobre la interpretación del anterior Reglamento (UE) 1151/2012, que no incluía expresamente un catálogo de acciones judiciales para proteger las indicaciones geográficas. Esta norma ha sido sustituida por el Reglamento (UE) 2024/1143, que, según la entidad, refuerza la posibilidad de emprender acciones legales, aunque tampoco detalla de forma exhaustiva los mecanismos disponibles. Hasta ahora, ha explicado Origen España, las reclamaciones indemnizatorias debían encajarse en la Ley de Competencia Desleal. La sentencia, siempre según la asociación, determina que la ausencia de un listado expreso de acciones no implica que estas estén excluidas y permite reclamar una compensación al amparo de la normativa específica de indicaciones geográficas. El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha señalado que la resolución "refuerza la capacidad de los Consejos Reguladores para defender de forma efectiva a sus DOP e IGP", que considera "un patrimonio intangible de los territorios rurales". Pacheco ha subrayado además que la posibilidad de reclamar indemnizaciones no solo permite reparar el perjuicio causado, sino que puede operar como "una herramienta disuasoria" frente a futuras infracciones. Origen España ha advertido, no obstante, de la necesidad de que la nueva regulación europea se aplique de manera "efectiva y homogénea" en todos los Estados miembros, tanto en el mercado físico como en el entorno digital.El Tribunal Supremo ha reconocido que los consejos reguladores de las denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP) pueden reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios por el uso indebido de sus nombres, según ha informado este jueves la Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2396512775-1-p488220-m1522788-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-avala-indemnizaciones-por-el-uso-indebido-de-dop-e-igp-segun-origen-espanahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2396512775-1-p488220-m1522788-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-avala-indemnizaciones-por-el-uso-indebido-de-dop-e-igp-segun-origen-espanahttps://elderecho.com/el-supremo-avala-indemnizaciones-por-el-uso-indebido-de-dop-e-igp-segun-origen-espanahttps://elderecho.com/el-supremo-avala-indemnizaciones-por-el-uso-indebido-de-dop-e-igp-segun-origen-espana2026-09-11 11:33:392026-09-11 11:33:39civilCivil2sector-juridicoSector jurídicoCivil,Sector jurídico488218En algunos órganos, determinadas vistas están siendo fijadas para fechas situadas a varios años de la presentación de la demanda, mientras la tramitación previa, el dictado de resoluciones, los recursos y la ejecución soportan también tiempos de espera extraordinarios, según ha informado el ICAM. Para el Colegio de la Abogacía de Madrid, la suma de estas circunstancias está deteriorando la capacidad del sistema para ofrecer una respuesta judicial eficaz en asuntos que afectan de manera directa al empleo, los ingresos, la salud y la protección social de miles de ciudadanos. Ante esta situación, el Colegio pone en marcha este viernes una campaña institucional para reclamar una respuesta urgente y coordinada de las administraciones y órganos con responsabilidades sobre la jurisdicción social. La iniciativa tendrá también una vertiente pública, con una campaña de sensibilización y una recogida de firmas a través de la web del ICAM. Una respuesta coordinada entre instituciones El ICAM considera que la dimensión del problema exige superar las actuaciones aisladas y establecer un marco de trabajo común entre las instituciones responsables. Por ello, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, propone una reunión específica en la que participen el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el propio Colegio, con el objetivo de compartir información, delimitar necesidades, acordar medidas y comprobar posteriormente su eficacia. Con ese objetivo, Ribón se ha dirigido a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló; al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín; al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón; a la presidenta del Tribunal de Instancia de Madrid, María Jesús del Barco; y a la presidenta de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Madrid, María Fátima Beardo. El Colegio ha registrado asimismo una queja formal ante el Defensor del Pueblo, en la que plantea la dimensión general del problema y solicita actuaciones dentro del ámbito de competencias de esta institución. “El orden social tutela derechos que inciden directamente en el sustento y en las condiciones de vida de las personas. Por ello, los tiempos de respuesta adquieren una importancia singular en procedimientos de despido, incapacidad, prestaciones o reclamaciones salariales”, advierte Ribón. Una cuestión que alcanza al artículo 24 de la Constitución El diputado del ICAM responsable del Turno de Oficio Juan Manuel Mayllo subraya que la situación no puede analizarse únicamente desde la óptica de la gestión de los juzgados: “Que el origen de estos retrasos pueda encontrarse en una sobrecarga estructural, en plantillas insuficientes, en la falta de órganos o en limitaciones organizativas y materiales no hace desaparecer la dimensión constitucional del problema. El Tribunal Constitucional ha dejado claro que esas circunstancias pueden explicar la demora, pero no trasladar sus consecuencias al ciudadano”. Mayllo recuerda, en este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 125/2022, de 10 de octubre, que estimó un recurso de amparo por vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución: “La doctrina constitucional obliga a valorar las circunstancias de cada procedimiento, pero establece un principio esencial: los problemas estructurales de la Administración de Justicia no convierten por sí mismos en razonable una espera excesiva. Corresponde a los poderes públicos dotar al sistema de los recursos necesarios para que los tribunales puedan responder dentro de plazos compatibles con el derecho fundamental a la tutela judicial”, explica el diputado del ICAM. El retraso no se concentra únicamente en la fecha del juicio La situación detectada por la abogacía madrileña afecta a distintas etapas del itinerario procesal. Existen procedimientos cuya tramitación inicial permanece pendiente durante meses; asuntos prioritarios cuya vista se fija con años de demora; reprogramaciones que prolongan todavía más la espera; retrasos después de celebrada la vista; dificultades en la preparación y remisión de recursos de suplicación; y ejecuciones cuya duración aplaza la efectividad práctica de derechos que ya han sido reconocidos judicialmente. A ello se añaden problemas de funcionamiento cotidiano que amplifican las consecuencias del atasco: jornadas con una elevada concentración de vistas, incidencias que obligan a reprogramar actuaciones y dificultades para compatibilizar la asistencia de los profesionales cuando coinciden procedimientos en diferentes órganos. Mayllo señala además la existencia de procedimientos presentados en octubre y noviembre de 2025 que todavía no habían recibido decreto de admisión: “Estamos ante una situación que exige una actuación inmediata. No basta con administrar el retraso: necesitamos aumentar de forma efectiva la capacidad de respuesta de la jurisdicción”, afirma. Especial preocupación por las incapacidades El diputado del ICAM pone especialmente el foco en los procedimientos de incapacidad permanente con vistas previstas para 2029 e incluso 2030: “Cuando la respuesta judicial se desplaza varios años desde la presentación de la demanda, puede llegar cuando la situación médica, laboral y económica del afectado ha cambiado por completo. En materias de esta naturaleza, el tiempo de respuesta forma parte de la propia efectividad de la tutela”. Para el Colegio, este ejemplo evidencia que el problema supera con mucho las dificultades que las demoras generan para el ejercicio de la abogacía. “La preocupación del Colegio trasciende el ámbito estrictamente profesional. Los retrasos afectan a personas despedidas, trabajadores que esperan el reconocimiento de una incapacidad o una prestación y familias cuya situación económica puede depender de una resolución judicial”, señala el decano Eugenio Ribón. La dimensión del atasco: los datos analizados por el ICAM Lo que la abogacía encuentra cada día en los expedientes tiene una traducción estadística. Los datos del Consejo General del Poder Judicial, analizados por el ICAM, muestran una acumulación de asuntos que se ha acelerado con especial intensidad en los últimos años. Los Juzgados de lo Social de la Comunidad de Madrid cerraron 2025 con 78.518 asuntos pendientes de resolución, el mayor volumen de la serie disponible desde 2006. La pendencia creció un 26,8% en un solo año y acumula un incremento del 55,9% desde 2023. Frente a 2019, último ejercicio anterior a la pandemia, el número de asuntos pendientes se ha más que duplicado: el aumento alcanza el 117,7%. La comparación entre entrada y resolución de procedimientos permite entender por qué el atasco sigue creciendo. Los datos provisionales del CGPJ correspondientes a 2025 contabilizan 75.532 asuntos ingresados frente a 58.557 resueltos. Es decir, entraron cerca de 17.000 asuntos más de los que pudieron salir durante el ejercicio. La tasa de resolución se situó en 0,78. La tasa de congestión alcanzó 2,30, la más elevada entre las principales jurisdicciones de los juzgados madrileños y superior a las registradas en primera instancia civil, lo contencioso-administrativo y la instrucción penal. Para el ICAM, estos indicadores permiten dimensionar el carácter estructural de unas dificultades cuya expresión concreta se encuentra después en los señalamientos, las sentencias, las ejecuciones y los recursos. La experiencia concreta de Juan Manuel Mayllo, como abogado, ilustra la situación real: “de mi práctica profesional en esa jurisdicción se desprende que actualmente la mayoría de los procedimientos tienen fijado el juicio para más de 18 meses desde la presentación de la demanda, llegando en algunos casos a señalar el juicio para tres años después de la presentación de la demanda”, explica el diputado del ICAM. Refuerzos con capacidad real de respuesta El ICAM considera imprescindible aumentar los recursos humanos disponibles, pero advierte de que la solución no depende únicamente del número de efectivos. El Colegio, que ha presentado una batería de 19 medidas, reclama que los refuerzos judiciales y de las oficinas se diseñen, asignen y coordinen de forma que incrementen realmente la capacidad de tramitación y resolución, evitando que problemas de planificación reduzcan su eficacia. Entre las propuestas que plantea el ICAM figuran la estabilización y cobertura de plantillas, la creación o refuerzo de órganos allí donde las cargas de trabajo lo hagan necesario, la mejora de la organización interna, herramientas tecnológicas eficaces, actuaciones específicas sobre ejecución y recursos y una planificación más eficiente de las agendas judiciales. La amplitud del problema explica que el Colegio sitúe la coordinación institucional en el centro de su propuesta. Las competencias están repartidas entre diferentes instituciones: determinadas soluciones corresponden a la Comunidad de Madrid; otras, al Ministerio de Justicia; las plazas judiciales y determinadas medidas de refuerzo afectan a los órganos de gobierno judicial; y otras mejoras dependen de la organización del Tribunal de Instancia y de su Sección de lo Social. Por ello, la reunión propuesta por el ICAM tendría como finalidad no solo acordar actuaciones, sino también establecer objetivos concretos, calendarios e indicadores públicos que permitan conocer si las medidas adoptadas están reduciendo efectivamente los tiempos de respuesta y la acumulación de procedimientos. SOS SOCIAL: sensibilización y recogida de firmas Junto a las actuaciones institucionales, el ICAM pondrá en marcha una campaña de sensibilización bajo el lema “SOS SOCIAL” para trasladar a la opinión pública las consecuencias que las demoras de esta jurisdicción tienen sobre ciudadanos, empresas y profesionales. La campaña dará visibilidad a situaciones reales —con las debidas garantías de confidencialidad—, con casos de señalamientos hasta 2030, y estará acompañada de una recogida de firmas entre la abogacía a través de la web del Colegio, destinada a respaldar la petición de medidas extraordinarias y sostenidas que permitan recuperar tiempos de respuesta compatibles con la función esencial de esta jurisdicción.La jurisdicción social madrileña afronta demoras que se extienden a prácticamente todas las etapas del procedimiento.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Campana-SOS-Social-2-p488218-m1522826-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-alerta-de-un-colapso-de-los-juzgados-de-lo-social-que-compromete-la-tutela-judicial-efectivahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Campana-SOS-Social-2-p488218-m1522826-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-alerta-de-un-colapso-de-los-juzgados-de-lo-social-que-compromete-la-tutela-judicial-efectivahttps://elderecho.com/el-icam-alerta-de-un-colapso-de-los-juzgados-de-lo-social-que-compromete-la-tutela-judicial-efectivahttps://elderecho.com/el-icam-alerta-de-un-colapso-de-los-juzgados-de-lo-social-que-compromete-la-tutela-judicial-efectiva2026-09-11 06:45:312026-09-11 06:45:31sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social488129González ha aprovechado el encuentro para compartir con la ministra las principales inquietudes y cuestiones planteadas por las asociaciones, colectivos, sindicatos y representantes de mutualistas durante la reunión celebrada el pasado 3 de septiembre en la sede de Abogacía Española, así como los próximos pasos acordados. Salvador González, presidente del CGAE ha incidido en que “Los mutualistas llevan demasiado tiempo esperando una solución y ahora es fundamental que el desarrollo del reglamento esté a la altura de sus necesidades. La aprobación de la ley ha sido un paso fundamental, pero nuestro objetivo ahora es que la Pasarela pueda convertirse cuanto antes en una realidad y que el reglamento aporte certezas y seguridad jurídica a los afectados”. La Abogacía Española ha solicitado que la tramitación del reglamento sea declarada urgente y que su desarrollo tenga un carácter eminentemente técnico, con el objetivo de avanzar lo antes posible en una regulación que dé respuesta a las cuestiones pendientes en relación con la Pasarela al RETA. Durante el encuentro, Saiz se ha comprometido a solicitar al Consejo de ministros la tramitación urgente del reglamento de la Pasarela, uno de los temas clave planteados en la última reunión del presidente con los mutualistas, ya que es fundamental alcanzar una solución adecuada y urgente para miles de afectados. Al finalizar el encuentro, Saiz y González han acordado mantener una nueva reunión antes de que finalice el mes de septiembre, con la voluntad de seguir colaborando. Las inquietudes de los mutualistas llegan al Ministerio El encuentro de este miércoles se produce apenas unos días después de que Abogacía Española reuniera en su sede a representantes de DEFENDA, ANAMA, Plataforma Pasarela al RETA, J2, sindicato VENIA, Mutualistas sin Pensiones, ALA, Mutualistas por el Futuro, ALTODO, Movimiento J2 y Mutualistas Obligatorios y Complementarios. La cita del 3 de septiembre permitió escuchar las distintas posiciones ante una fase decisiva para la aplicación de la nueva ley y poner en común las cuestiones que preocupan a los mutualistas de cara a su desarrollo reglamentario. Consejo y colectivos coincidieron en la urgencia de avanzar con la máxima celeridad y cumplir el plazo de tres meses establecido por la ley. Como siguiente paso, se acordó elaborar propuestas sobre el desarrollo reglamentario de la Pasarela, concretar las principales cuestiones que deberá abordar el reglamento e identificar puntos compartidos entre los profesionales afectados. Abogacía Española asumió además el compromiso de trasladar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones las inquietudes y planteamientos recogidos, así como los próximos pasos acordados. Un compromiso que Salvador González ha trasladado este miércoles a Elma Saiz, dando continuidad al diálogo abierto con los colectivos y con el Ministerio.El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, y el vicepresidente de la Comisión de Previsión Social y decano del Col·legi d'Advocats de Girona, Albert Sierra, se han reunido con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, para continuar avanzando en el desarrollo reglamentario de la Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Foto-1-p488129-m1522561-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ministra-saiz-se-compromete-a-solicitar-la-tramitacion-urgente-del-reglamento-de-la-pasarelahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/Foto-1-p488129-m1522561-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/la-ministra-saiz-se-compromete-a-solicitar-la-tramitacion-urgente-del-reglamento-de-la-pasarelahttps://elderecho.com/la-ministra-saiz-se-compromete-a-solicitar-la-tramitacion-urgente-del-reglamento-de-la-pasarelahttps://elderecho.com/la-ministra-saiz-se-compromete-a-solicitar-la-tramitacion-urgente-del-reglamento-de-la-pasarela2026-09-10 12:33:102026-09-10 12:33:10sector-juridicoSector jurídicosocialSocial13Sector jurídico,Social488130En Cantabria, los gastos de guardería permiten una deducción del 15%, con un límite de 300 euros anuales por hijo menor de tres años. Además, las familias cántabras cuentan con una deducción por gastos de educación del 100% de los gastos en libros de texto y el 15% de las cantidades destinadas a la enseñanza de idiomas, con un límite conjunto de 200 euros anuales por unidad familiar. En Castilla-La Mancha, la adquisición de libros de texto para las enseñanzas obligatorias cuenta con una deducción del 100%. Asimismo, se aplica un 15% de deducción para la enseñanza extraescolar de idiomas, clases de refuerzo o apoyo, gastos de residencia estudiantil e incluso para el acceso a nuevas tecnologías (cuota de alta y primer mes de Internet). Los límites máximos por hijo varían en función de la renta y la condición de familia numerosa, alcanzando hasta los 300 euros por hijo en declaraciones conjuntas. Por su parte, la custodia de menores de 3 años en guarderías permite deducir un 30% del gasto, hasta un máximo de 500 euros anuales. En el caso de Castilla y León, los contribuyentes con hijos menores de 4 años pueden optar por deducirse el 30% de las cantidades pagadas a una empleada del hogar (hasta 322 euros) o el 100% de los gastos de matrícula, asistencia y comedor en escuelas infantiles autorizadas, con un límite de 1.320 euros, siempre que ambos progenitores trabajen y no superen los umbrales de renta establecidos. De acuerdo con el documento elaborado por el Gabinete de Estudios de AEDAF, las familias de Extremadura pueden deducirse 30 euros por hijo en edad escolar obligatoria (de 6 a 15 años) para la compra de material escolar. Además, los gastos por el cuidado de hijos de hasta 14 años inclusive —que abarcan empleadas de hogar, guarderías, ludotecas, campamentos urbanos y centros deportivos— desgravan un 10%, con un tope de 400 euros por unidad familiar. Estos límites de renta se eliminan para familias numerosas o monoparentales en municipios de menos de 3.000 habitantes. Por su parte, Galicia contempla una deducción del 15% para la adquisición de libros de texto (Educación Primaria, ESO y Educación Especial) y material escolar, incluyendo vestuario y calzado deportivo, para alumnos de centros sostenidos con fondos públicos, con un límite de 105 euros por descendiente. Para el cuidado de menores de hasta 3 años en escuelas infantiles o en el hogar, el porcentaje de deducción asciende al 30%, con límites de entre 400 y 600 euros. En La Rioja, se establece una deducción del 30% (hasta 600 euros por menor) para los gastos en escuelas infantiles o cuidadores contratados para niños de 0 a 3 años en pequeños municipios. Asimismo, se aplica un 20% de deducción para los gastos de escolarización en centros infantiles de cualquier municipio riojano, con el mismo límite de 600 euros por hijo. En cuanto a la Comunidad de Madrid, el documento de AEDAF recoge que la normativa permite deducir un 15% de los gastos de escolaridad en centros privados no concertados, un 15% por la enseñanza de idiomas y un 5% por la compra de vestuario de uso exclusivo escolar, con límites por hijo que van desde los 412,40 euros hasta los 1.031 euros en el primer ciclo de educación infantil. Asimismo, desgrava el 100% de los intereses de préstamos para estudios superiores. Como novedad, los jóvenes menores de 30 años que trabajen y cursen estudios universitarios de Grado o Formación Profesional Superior podrán deducirse el 50% de la matrícula, con un límite de 400 euros.La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, recoge y explica en un informe todas las deducciones aplicables en la declaración del IRPF en las comunidades autónomas de régimen común para compensar los gastos de la vuelta al cole.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2736634575-1-p488130-m1522611-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-gastos-de-la-vuelta-al-cole-desgravan-en-el-irpf-2026https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2736634575-1-p488130-m1522611-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/los-gastos-de-la-vuelta-al-cole-desgravan-en-el-irpf-2026https://elderecho.com/los-gastos-de-la-vuelta-al-cole-desgravan-en-el-irpf-2026https://elderecho.com/los-gastos-de-la-vuelta-al-cole-desgravan-en-el-irpf-20262026-09-10 12:10:132026-09-10 12:10:13fiscalFiscal6Fiscal488131La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha recordado hoy que “la independencia judicial no constituye una excepción al principio democrático, sino una de sus garantías”, y ha añadido que la democracia constitucional no se agota en la regla de la mayoría, sino que “se asienta también en el reconocimiento de derechos cuya efectividad no puede depender de la posición política, social o económica de quien los invoca: los tribunales han de resolver conforme a lo que el Derecho dispone, sin presiones directas ni indirectas”. “Solo juzga conforme a la ley quien no está sometido a nada más; precisamente por ello el Estado de Derecho requiere de un Poder Judicial independiente”, ha dicho Perelló durante su intervención en el acto de apertura del Año Judicial 2026-2027, que el rey ha presidido en el Salón de Plenos del alto tribunal. La presidenta del TS y del CGPJ ha añadido que los jueces pueden incurrir en errores en la aplicación del Derecho -posibilidad que asume nuestro ordenamiento, que establece un sistema muy garantista de recursos “para revisar las actuaciones judiciales y, en su caso, corregirlas”- y que las decisiones judiciales no están sustraídas al debate público: “La crítica fundada contribuye a mejorar nuestra Justicia y, por eso, siempre será bienvenida, por severa que pueda ser”. “Pero la discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos a partir de la mera discrepancia con lo resuelto, porque con ello se desconoce la naturaleza de la función que la Constitución encomienda en exclusiva a jueces y magistrados”, ha señalado Perelló, que ha dicho que “cuando la crítica a una resolución se transforma en una descalificación personal de quien la dicta, el daño no se limita al juez ni al asunto concreto: se proyecta sobre la función jurisdiccional y debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia”. La presidenta del alto tribunal y del órgano de gobierno de los jueces ha añadido que “si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor”; ha dicho que la deslegitimación sistemática de los jueces y tribunales “erosiona” el Estado de Derecho; y ha recordado que la lealtad institucional “exige que los poderes del Estado respeten la función que la Constitución asigna al Poder Judicial, un verdadero contrapeso de los demás poderes del Estado, según la teoría constitucional de los balances. Por tanto, un poder que sea reconocible y digno de ese nombre”. “Por supuesto, la función judicial exige también de quienes la desempeñan mesura en el ejercicio de sus atribuciones. La independencia no exime al juez de tener presente la trascendencia que sus actuaciones y decisiones pueden tener para los derechos e intereses de los ciudadanos. La prudencia ha de extenderse igualmente a sus intervenciones públicas”, ha manifestado. Perelló ha señalado que, pese a las descalificaciones, los ciudadanos confían en la labor de los jueces, “en la aplicación del ordenamiento jurídico, en la tutela que hacemos de sus derechos y libertades y en la lucha contra la corrupción, al margen de ideologías, haciendo que la sociedad sea más justa y más digna”. Búsqueda de consensos La presidenta del TS y del CGPJ se ha referido a la labor desarrollada por el órgano de gobierno de los jueces y ha destacado la culminación de la tarea de normalizar la situación en la que se encontraba la Justicia realizando un total de 198 nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados/as del Tribunal Supremo -con un 40 por ciento de mujeres designadas-; el cumplimiento en plazo de la obligación legal de emitir el informe establecido en la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2024 sobre el nombramiento de los vocales de procedencia judicial; el dictado de una Instrucción sobre Inteligencia Artificial; la actualización de los Reglamentos de la Carrera Judicial o la aprobación de una “Guía práctica para la Protección de los Derechos de las personas con discapacidad en el proceso penal”. “Todos estos logros se han conseguido partiendo de la pluralidad del Consejo, que comporta la existencia de posiciones distintas sobre muchas cuestiones pendientes”, ha dicho Perelló, que ha señalado que durante este mandato el Consejo ha intentado “actuar por unanimidad y, cuando no ha sido posible, por amplias mayorías”. “Como presidenta del Consejo General, mi compromiso -que hoy reitero- ha sido siempre el de trabajar por alcanzar los más amplios consensos, ejerciendo un papel imparcial y neutral, con criterio propio y con un único objetivo: que nuestras decisiones estén al servicio de la justicia y del interés general. Y nunca al servicio de otros intereses. Y eso pasa necesariamente por defender, desde el máximo respeto y lealtad institucional, pero con firmeza, una Justicia independiente, una Justicia servida por hombres y mujeres que hayan tenido que demostrar su excelencia para acceder a la Carrera Judicial con arreglo al mérito y a la capacidad y una Justicia dotada de los medios suficientes para desarrollar su trabajo”, ha manifestado. La presidenta del TS y del CGPJ ha añadido que “defender esa Justicia -lejos del corporativismo- es defender los derechos de los ciudadanos. Porque nuestra independencia es la mejor garantía que podemos ofrecerles para que estén convencidos de que, a la hora de tomar una decisión, lo haremos sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo”. “También es nuestra responsabilidad defender que la Justicia cuente con los medios personales y materiales suficientes, para que jueces y magistrados puedan desarrollar su trabajo sin sobrecargas y en condiciones de salud, porque solo así conseguiremos ofrecer una respuesta en tiempo a los millones de ciudadanos que cada año acuden a los tribunales”, ha dicho. Situación de la Justicia En este sentido, la presidenta del TS y del CGPJ ha advertido de que el sistema judicial “no tiene capacidad para absorber todo el trabajo que entra” -lo que en el último año ha supuesto un incremento de los asuntos pendientes- y que, además, “la duración de los procesos judiciales sigue siendo, como regla general, excesiva”. “Una vez más hay que afirmar que una justicia tardía no es una verdadera justicia ni es una justicia eficaz”, ha concluido. Perelló se ha detenido en la situación del Tribunal Supremo para señalar que la de la Sala Primera “es especialmente preocupante”, ya que afronta una acumulación de asuntos que compromete sus tiempos de respuesta. También ha dicho que resulta “inadmisible” el incumplimiento, desde hace más de diez años, del mandato legal para que el Gobierno remitiera a las Cortes un proyecto de ley de Estatuto del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, tal y como dispuso la Ley Orgánica 7/2015. En referencia a los tribunales de instancia, cuyo calendario legal de constitución se ha completado en el último año, la presidenta ha manifestado que todavía es pronto para hacer un balance de la ley, pero que “la transformación de los Juzgados unipersonales en Tribunales de Instancia está generando algunas dificultades que es necesario atajar entre todos”. Entre ellas, ha citado la falta de adaptación de las instalaciones y los sistemas informáticos de gestión procesal; la reducción de personal que, a nivel global, ha conllevado la transformación; y la pérdida de contacto del juez con la Oficina Judicial. También ha hecho alusión a la creación durante este último año judicial de 500 unidades judiciales, que entrarán en funcionamiento en 2027; y a la convocatoria de 500 plazas para el acceso a la Carrera Judicial, “lo que significa un importante impulso que no se había producido en los últimos tiempos y un importante reto organizativo para la selección de jueces con arreglo a los principios de mérito y capacidad”. Sin embargo, ha advertido de que “sigue habiendo un importante déficit de jueces” -la tasa de jueces por habitantes en España está por debajo de la media europea- y ha recordado que el CGPJ estima necesario “convocar 367 plazas de acceso a la Carrera Judicial cada año durante los próximos diez años para cubrir las próximas vacantes”. Ceuta: compromiso del Poder Judicial con el Estado La presidenta del TS y del CGPJ, por otra parte, ha manifestado su preocupación por la persistencia de la violencia contra las mujeres y ha dicho que “la especialización judicial y las medidas de protección son esenciales: su efectividad exige que todas las instituciones competentes actuemos de forma coordinada y con la urgencia que cada caso requiera”. Además, ha expresado un reconocimiento especial al trabajo de todos los jueces/zas y magistrados/as, “en especial de aquellos que sirven en destinos con mayores cargas y dificultades y que sufren presiones”, y de los que han intervenido en asuntos como el accidente ferroviario de Adamuz o los incendios forestales de este verano; y ha trasladado sus condolencias a las familias y los allegados de quienes han fallecido con ocasión de esos sucesos y su gratitud a quienes han participado en las labores de rescate, asistencia y extinción. “Recordamos de manera especial a las personas que han fallecido en la grave crisis en la que está sumida Ceuta. En una situación tan complicada, los ciudadanos pueden confiar en el compromiso del Poder Judicial con el Estado y en que los jueces van a seguir trabajando, velando por los derechos de los afectados y por el cumplimiento de la ley”, ha añadido. La presidenta del TS y del CGPJ ha concluido, en relación con esta cuestión, que “la realidad que sufre el pueblo de Ceuta exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras y el control ordenado de los accesos y que garantice, al mismo tiempo, la aplicación de las garantías previstas en nuestro ordenamiento”.Durante la apertura del año judicial, la presidenta dice que el sistema judicial no tiene capacidad de absorber todos los asuntos que entran y que, pese al “importante impulso” que suponen la creación de 500 unidades judiciales y la convocatoria de 500 plazas para acceder a la Carrera, sigue habiendo un importante déficit de jueces.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2184151431-1-p488131-m1522646-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-presidenta-del-ts-y-del-cgpj-recuerda-que-la-independencia-judicial-no-constituye-una-excepcion-al-principio-democratico-sino-una-de-sus-garantiashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2184151431-1-p488131-m1522646-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-presidenta-del-ts-y-del-cgpj-recuerda-que-la-independencia-judicial-no-constituye-una-excepcion-al-principio-democratico-sino-una-de-sus-garantiashttps://elderecho.com/la-presidenta-del-ts-y-del-cgpj-recuerda-que-la-independencia-judicial-no-constituye-una-excepcion-al-principio-democratico-sino-una-de-sus-garantiashttps://elderecho.com/la-presidenta-del-ts-y-del-cgpj-recuerda-que-la-independencia-judicial-no-constituye-una-excepcion-al-principio-democratico-sino-una-de-sus-garantias2026-09-10 11:30:152026-09-10 11:30:15sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488115Inaugurado por el presidente de la UIA, Fernando Hernández Gómez, el encuentro ha reunido a destacados decanos y presidentes de Colegios de Abogados y ha propiciado reuniones con representantes de organismos de Naciones Unidas, agencias especializadas y asociaciones internacionales de la abogacía. Las sesiones han abordado la responsabilidad de la profesión en la defensa del Estado de derecho, el acceso a la justicia y los derechos humanos, así como los desafíos derivados de la inteligencia artificial. En este foro internacional, Mabel Klimt ha presentado la Guía de Buenas Prácticas para el Uso de la Inteligencia Artificial en la Abogacía, publicada por el ICAM y coordinada por la propia diputada como responsable de Innovación, Tecnología y Cultura de la Junta de Gobierno. La presentación ha tenido lugar durante una mesa redonda sobre inteligencia artificial, innovación, derechos humanos y ética profesional, en la que Klimt ha intervenido junto a Shinobu Ikeue, vicepresidente de la Federación Japonesa de Colegios de Abogados (JFBA), y Roman Završek, presidente del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE). Durante su intervención, la diputada ha expuesto las principales recomendaciones de la guía, concebida como una herramienta práctica para que abogados y despachos puedan aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial sin comprometer principios esenciales de la profesión como la confidencialidad, la protección de datos, el juicio profesional, la transparencia o la defensa de los derechos fundamentales. Klimt ha destacado así la apuesta del ICAM por anticiparse a la transformación tecnológica y acompañar a la abogacía con criterios éticos, pautas jurídicas y herramientas claras que permitan integrar la IA de manera segura, transparente y eficaz, con independencia del tamaño del despacho o del nivel de conocimiento técnico de cada profesional. Además, durante la jornada, la Diputada ha intercambiado impresiones y trasladado la voz de la abogacía madrileña a representantes de organismos internacionales como Patrick Eba, subdirector de la División de Protección Internacional y Soluciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); Lindsey Cameron, jefa de Asesores Jurídicos Temáticos de la División Jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); Alix Nasri, oficial de Migración Laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y Tajma Kurt, directora de la División de Gestión de Fronteras, Retornos y Readmisión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Desde 1997, la UIA organiza periódicamente este tipo de encuentros en las principales sedes de Naciones Unidas con el objetivo de acercar a las instituciones de la abogacía a los desarrollos del derecho y las políticas internacionales impulsados en el ámbito multilateral, y de favorecer el intercambio de experiencias entre dirigentes de Colegios de distintos países. La presentación de esta iniciativa pionera en la sede de Naciones Unidas refuerza la proyección internacional del ICAM y consolida su posición como institución de referencia en el impulso de una transformación tecnológica de la abogacía compatible con la ética profesional, la seguridad jurídica y la protección de los derechos de la ciudadanía. La “Guía ICAM de Buenas Prácticas para el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la Abogacía” es una iniciativa del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y forma parte de la estrategia ‘ICAM AVANZA: Hacia la abogacía del futuro’. Editada y elaborada por: Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, ha contado con en su coordinación con Mabel Klimt Yusti, Diputada de la Junta de Gobierno del ICAM, responsable de innovación, tecnología y cultura, y en su redacción ha intervenido el Comité de expertos integrado por: Santiago Mediano (presidente de la sección ICAM de Robótica, IA y Realidad Virtual y Aumentada), Sara Molina y José Ramón Moratalla (copresidentes de la sección ICAM de Innovación y Abogacía), Alejandro Touriño (presidente de la Sección de TIC del ICAM), Jesús María Boccio, Agustín Born, Noemí Brito, Carlos Fernández, Javier Fernández-Lasquetty, Rodrigo González Ruíz, Antonio Muñoz Vico, María Pardo de Vera, Carolina Pina y Teresa Rodríguez de las Heras.Se trata de un hito pionero en el ámbito jurídico español, al ser la primera guía impulsada por un Colegio Profesional para orientar a sus miembros en el uso de esta tecnología y sentar las bases para una aplicación ética, responsable y jurídicamente segura en el ejercicio profesional.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/04/ICAM-p488115-m1522514-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-presenta-en-la-sede-de-naciones-unidas-su-guia-sobre-inteligencia-artificial-para-la-abogaciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2025/04/ICAM-p488115-m1522514-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-icam-presenta-en-la-sede-de-naciones-unidas-su-guia-sobre-inteligencia-artificial-para-la-abogaciahttps://elderecho.com/el-icam-presenta-en-la-sede-de-naciones-unidas-su-guia-sobre-inteligencia-artificial-para-la-abogaciahttps://elderecho.com/el-icam-presenta-en-la-sede-de-naciones-unidas-su-guia-sobre-inteligencia-artificial-para-la-abogacia2026-09-10 11:20:162026-09-10 11:20:16derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico488132Así lo ha argumentado en dos autos, recogidos por Europa Press, después de dar conocer esta semana su decisión de frenar los efectos electorales de la 'ley de nietos', una disposición de la Ley de Memoria Democrática que concede la nacionalidad a descendientes de exiliados, salvo para personas con familiares con exilio acreditado, tras los recursos de Iustitia Europa y Vox. La Sala de lo Contencioso-Administrativo argumenta que el "incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA", que además está "en constante aumento", puede "afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados". E insiste en que "la magnitud de las cifras de incremento del CERA ofrecidas, la afectación al derecho de sufragio y al resultado electoral deseado por los españoles que ya figuran inscritos correctamente en el censo electoral, podrían quedar también gravemente comprometidos". Y señala que dicho censo tiene 408.262 inscritos más, a 1 de julio de 2026, que en el censo correspondiente para las elecciones generales de 2023: 2.736.522 electores frente a 2.328.260. Daño irreversible Los magistrados consideran que "tal crecimiento genera un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral, causando entonces un daño irreversible". Por tanto, a fin de evitar "una circunstancia fundada de incertidumbre sobre el resultado electoral", el alto tribunal estimó la petición de medidas cautelares, que tendrán un carácter temporal y supeditado a la sentencia del alto tribunal, explica. El Supremo asevera que "la afectación del derecho de participación" de las personas que hayan adquirido la nacionalidad por la 'ley de nietos', "no resulta desproporcionado en relación con los intereses generales que se trata de preservar". "La transparencia y objetividad del proceso electoral, así como la vigencia del principio de igualdad, constituyen los pilares esenciales sobre los que se asienta el principio de participación ciudadana en los asuntos públicos, dentro del Estado democrático y de derecho que es España", apunta. Y abunda que lo que se decide son aspectos "relevantes y decisivos para nuestro Estado de Derecho y para el derecho del pueblo español a decidir su futuro". "La veracidad, objetividad y transparencia del proceso de elección de los representantes en los diferentes procesos electorales, debe regir y estar presente en todas sus fases, desde la elaboración y actualización del censo electoral, con la exacta y correcta relación de ciudadanos con derecho de sufragio que puedan participar en cada circunscripción electoral, hasta el resultado final del proceso y la elección de los representantes", alude el alto tribunal. Derecho al sufragio La decisión del Supremo cuenta con el voto particular en contra de la magistrada María Alicia Millán, que considera que las medidas cautelares producen "la privación de uno de los efectos más relevantes inherentes al reconocimiento de la nacionalidad española", el derecho al sufragio, a "un número potencialmente muy elevado de ciudadanos". Para la magistrada, que "un determinado número de personas haya adquirido la nacionalidad española" no constituye "un riesgo cualificado que haga necesaria la adopción de la medida cautelar pretendida". "La eventual participación en procesos electorales de las personas cuya inclusión en el censo se cuestiona no constituye por sí misma un perjuicio irreparable", añade Millán. Además, rebate la ponderación de la mayoría al señalar que "el interés general no sólo exige garantizar la regularidad de los procesos electorales, sino también asegurar, precisamente, que quienes han visto reconocida su condición de españoles conforme a los procedimientos legalmente previstos puedan participar en el proceso electoral y ejercer los derechos inherentes a dicha condición". Por otro lado, Millán considera que los recursos interpuestos por Iustitia Europa y Vox cuestionan 'la propia ley de nietos' y que "su verdadero objeto consiste en cuestionar la validez del reconocimiento de la nacionalidad española", por lo que entiende que "la cuestión planteada excede del ámbito propio de la administración electoral".El Tribunal Supremo paralizó cautelarmente el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'ley de nietos' y las nuevas inscripciones para preservar "la transparencia del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía en sus resultados", ante la "magnitud" del aumento del censo.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20150629_0017_1-p488132-m1522705-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-freno-la-ley-de-nietos-para-la-transparencia-de-las-elecciones-ante-el-aumento-del-censohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20150629_0017_1-p488132-m1522705-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-freno-la-ley-de-nietos-para-la-transparencia-de-las-elecciones-ante-el-aumento-del-censohttps://elderecho.com/el-supremo-freno-la-ley-de-nietos-para-la-transparencia-de-las-elecciones-ante-el-aumento-del-censohttps://elderecho.com/el-supremo-freno-la-ley-de-nietos-para-la-transparencia-de-las-elecciones-ante-el-aumento-del-censo2026-09-10 11:00:272026-09-10 11:00:27administrativoAdministrativo1sector-juridicoSector jurídicoAdministrativo,Sector jurídico488204La terraza del despacho, con vistas a la Plaza de Colón, se convertirá en el escenario de Back in the City, una propuesta que traslada la moda a un entorno corporativo y contemporáneo. La colaboración entre BDO Abogados y Roberto Verino une dos mundos aparentemente distintos, pero unidos por valores compartidos como la calidad, la profesionalidad, la excelencia y la atención al detalle. Para BDO Abogados, es una satisfacción acoger una iniciativa de estas características y tender puentes entre la actividad empresarial, la cultura y la creatividad. Pablo Albert, socio de BDO Abogados, señala que “tanto en la moda como el derecho, el resultado final depende de la precisión, el criterio y la atención a los pequeños detalles. Esta iniciativa es una muestra más de como en BDO Abogados entendemos el despacho, un espacio abierto a propuestas que aportan valor y que fomenten el intercambio de ideas”. Por su parte, Roberto Verino explica que “esta colaboración nace de forma muy natural al darle vida a nuestras piezas en un enclave único y privilegiado que refleja a la perfección el espíritu de la mujer y el hombre Verino: con personalidad, con criterio e identidad propios”, y asegura que su objetivo es “seguir dejando huella en entornos en los que nuestras prendas puedan ser vividas desde su identidad más auténtica”.BDO Abogados abre las puertas de su sede en el Paseo de Recoletos para acoger la presentación de la nueva colección de Roberto Verino, en el marco de la Semana de la Moda de Madrid. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/BDO-Abogados-y-Roberto-Verino_img-scaled-p488204-m1522746-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bdo-abogados-acoge-la-presentacion-de-la-nueva-coleccion-de-roberto-verinohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/BDO-Abogados-y-Roberto-Verino_img-scaled-p488204-m1522746-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/bdo-abogados-acoge-la-presentacion-de-la-nueva-coleccion-de-roberto-verinohttps://elderecho.com/bdo-abogados-acoge-la-presentacion-de-la-nueva-coleccion-de-roberto-verinohttps://elderecho.com/bdo-abogados-acoge-la-presentacion-de-la-nueva-coleccion-de-roberto-verino2026-09-10 10:11:222026-09-10 10:11:22sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico488033Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, ha desarrollado una Calculadora de impacto que mide tanto el ahorro de tiempo como el retorno económico de la inversión gracias al uso de GenIA-L, su IA jurídica. Además, permite a los profesionales y compañías del sector legal conocer el efecto potencial del uso de esta tecnología sobre la productividad del trabajo individual o de los equipos. Según las estimaciones de la calculadora, la inversión en una solución de IA jurídica especializada como GenIA-L de Lefebvre permitiría ahorrar hasta 307 horas de trabajo al año por abogado. En el contexto tecnológico actual el impacto de la IA sobre la productividad de los profesionales es una de las cuestiones que expertos nacionales y europeos analizan con carácter prioritario por su trascendencia para la economía y la sociedad. El Banco Central Europeo (BCE) acaba de presentar el AI adoption and the productivity promise: what workers report, un informe que reflexiona sobre el uso que hacen los trabajadores de esta tecnología y la rapidez con que se extiende a los lugares de trabajo. También, examinan el tiempo de ahorro utilizando la IA y tomando como referencia las opiniones de 20.000 personas en 11 países europeos. Entre sus conclusiones está el incremento de porcentaje del uso pasando del 26% al 56% en los dos últimos años. Según datos de la encuesta los trabajadores estarían ahorrando una media de tres horas semanales en tareas como análisis de datos o creación de contenidos visuales y de audio. Por otra parte, el estudio Bridging the Generational AI Gap de la Escuela de Economía de Londres (LSE) reconoce que los profesionales y ejecutivos ahorran 7,5 horas semanales automatizando tareas rutinarias, lo que representa unos 18.000 dólares anuales en valor estimado de eficiencia por cada empleado. A la vista de estos resultados y teniendo en cuenta el avance de la IA en el trabajo jurídico que refleja el Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Abogacía elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, que afirma que el 58,9 % de profesionales estaría utilizando herramientas basadas en IA, resulta fundamental conocer cuál es el cálculo aproximado de la productividad cuando despachos de abogados, asesorías y departamentos jurídicos invierten en una solución de IA como GenIA-L de Lefebvre. Hasta 307 horas liberadas por profesional al año La nueva Calculadora de impacto permite a cualquier despacho, asesoría o departamento jurídico construir un escenario adaptado a su propia realidad a partir de variables como el número de profesionales, la frecuencia con que realizan determinadas tareas, las semanas de trabajo al año y la tarifa o coste asociado a los distintos perfiles del equipo. El análisis se centra en cuatro actividades frecuentes del trabajo jurídico: búsqueda de jurisprudencia o normativa, redacción de documentos, revisión de contratos o convenios y respuesta a requerimientos o escritos. Tomando como punto de referencia la frecuencia con la que se realizan, la calculadora estima las horas que podrían recuperarse mediante el uso de GenIA-L y traduce ese ahorro de tiempo a indicadores económicos: valor generado, beneficio neto, retorno de la inversión (ROI) y plazo de amortización. Cómo se ha calculado (caso base) Jornada de 8 horas, 46 semanas laborables al año. Tarifa de facturación de referencia: 100 €/hora. 50% del tiempo liberado destinado a generar mayor facturación. Las cifras varían según los parámetros reales de cada profesional u organización; cualquier despacho o empresa puede reproducir su propio cálculo en la calculadora. Según los cálculos de la herramienta, un profesional que realiza semanalmente las cuatro tareas contempladas puede ahorrar un total de 307 horas anuales, equivalente a 1,7 meses de trabajo, así como alcanzar una mejora de eficiencia del 17%.  En ese mismo supuesto, tomando como referencia una tarifa de 100 euros por hora y destinando a facturación el 50% del tiempo liberado, el potencial económico estimado asciende a 15.350 euros anuales, y un plazo de amortización de la inversión aproximado de 5,7 meses. Una vez completado el ejercicio, la calculadora genera un Estudio de Impacto Personalizado en formato PDF que recoge las hipótesis empleadas y los principales resultados. Como señala José Ángel Sandín, CEO de Lefebvre: “La adopción de inteligencia artificial en el sector jurídico debe avanzar desde la expectativa a la medición. Esta herramienta permite a cada organización estimar con sus propios datos y de forma transparente el tiempo que podría recuperar, su valor económico y el retorno de la inversión, facilitando así decisiones mejor fundamentadas sobre el uso de la IA”. GenIA-L es la solución de inteligencia artificial generativa jurídica de Lefebvre, diseñada para ayudar a los profesionales del ámbito legal a trabajar de forma más ágil y tomar decisiones con criterio, seguridad y certeza jurídica. Combina las capacidades de la inteligencia artificial con el conocimiento jurídico experto y los contenidos de Lefebvre. Con GenIA-L es posible realizar consultas jurídicas, analizar y trabajar con documentación, generar contenidos y abordar tareas profesionales apoyándose en fuentes jurídicas fiables, trazables y verificables. La Calculadora de impacto se enmarca en la estrategia de Lefebvre de mostrar aplicaciones concretas de la inteligencia artificial en el trabajo jurídico para evaluar su impacto en términos de eficiencia y productividad.La Calculadora de impacto facilita que los despachos, asesorías y departamentos jurídicos puedan calcular, a partir de sus propios datos, las horas de trabajo que liberan con GenIA-L mientras realizan tareas con mayor valor para la práctica profesional. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/1920x1080_sincta-p488033-m1522279-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-ha-desarrollado-una-calculadora-que-mide-el-impacto-de-la-inversion-en-su-ia-juridica-especializada-genia-lhttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/1920x1080_sincta-p488033-m1522279-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/lefebvre-ha-desarrollado-una-calculadora-que-mide-el-impacto-de-la-inversion-en-su-ia-juridica-especializada-genia-lhttps://elderecho.com/lefebvre-ha-desarrollado-una-calculadora-que-mide-el-impacto-de-la-inversion-en-su-ia-juridica-especializada-genia-lhttps://elderecho.com/lefebvre-ha-desarrollado-una-calculadora-que-mide-el-impacto-de-la-inversion-en-su-ia-juridica-especializada-genia-l2026-09-09 17:23:012026-09-09 17:23:01derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico488049El artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que al inicio del año judicial se celebrará un acto solemne en el Tribunal Supremo en el que se presentarán la Memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los Juzgados y Tribunales de Justicia y la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado sobre su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia. Al acto asistirán los vocales del Consejo General del Poder Judicial; los integrantes de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y los/las magistrados/as de este órgano judicial; y los/las presidentes/as de los Tribunales Superiores de Justicia, entre otras autoridades judiciales. También está prevista la presencia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol; del presidente del Senado, Pedro Rollán; del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; del jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; y del defensor del pueblo, Ángel Gabilondo.Su Majestad el rey Felipe VI presidirá mañana jueves el acto de apertura del Año Judicial 2026-2027, que se celebrará a partir de las 12:00 horas en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo y en el que intervendrán la presidenta del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2838361819-1-p488049-m1522322-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-rey-preside-este-jueves-en-el-tribunal-supremo-el-acto-de-apertura-del-ano-judicial-2026-2027https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/09/shutterstock_2838361819-1-p488049-m1522322-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-rey-preside-este-jueves-en-el-tribunal-supremo-el-acto-de-apertura-del-ano-judicial-2026-2027https://elderecho.com/el-rey-preside-este-jueves-en-el-tribunal-supremo-el-acto-de-apertura-del-ano-judicial-2026-2027https://elderecho.com/el-rey-preside-este-jueves-en-el-tribunal-supremo-el-acto-de-apertura-del-ano-judicial-2026-20272026-09-09 12:46:392026-09-09 12:46:39sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico