https://elderecho.com/feedes489874La delegación del Notariado español ha sido recibida por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas; por el delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina; y por el comandante general de Ceuta, el general de división Luis Jesús Fernández Herrero, acompañado del general de brigada, Antonio Julián Ferrera, segundo jefe de la Comandancia General de Ceuta. La presidenta del Notariado les ha trasladado la solidaridad de los notarios para con Ceuta y la plena disposición del Consejo General del Notariado para colaborar, dentro de sus competencias y capacidades, en todo aquello en lo que pueda resultar de utilidad a la ciudad y a sus ciudadanos. El objetivo de esta visita, programada a mediados de septiembre, es reunirse con los tres notarios que ejercen en Ceuta para manifestarles el apoyo del resto de notarios españoles en tan difíciles momentos, tanto a ellos como a los empleados de sus notarías. Así como agradecerles que sigan desempeñando su labor diaria en beneficio de la sociedad ceutí, pese a las dificultades existentes, y conocer de primera mano sus necesidades e inquietudes. Los tres notarios de Ceuta acumulan largos años de experiencia y dedicación a la ciudad. José Eduardo García Pérez, lleva 18 años ejerciendo su profesión de forma ininterrumpida en Ceuta (otros cuatro anteriormente), siendo uno de los funcionarios de más antigüedad de la ciudad. Juan Ramón Furrasola, ceutí de nacimiento, lleva 12 años ejerciendo en Ceuta y Francisco Javier Balsera suma ya 8 años de servicio en la ciudad. Los tres notarios dependen del Colegio Notarial de Andalucía, al frente del cual se sitúa su decano, Manuel Seda, que ha querido también trasladarse a la ciudad para mostrarles su apoyo y ofrecerles la ayuda y respaldo del colegio notarial. Plan Notarial de Emergencias El Notariado español dispone de un Plan Notarial de Emergencias destinado a garantizar una respuesta eficaz, rápida y coordinada por parte de los notarios de España en situaciones de crisis. Estas acciones están coordinadas por la Comisión Notarial de Emergencias del Consejo General del Notariado, presidida por el decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Luis Mayorga, que forma parte de la delegación que visita Ceuta con el propósito de conocer las necesidades de los tres notarios y de los ciudadanos ceutíes en cuestiones de índole notarial.La presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo visita oficialmente la ciudad de Ceuta, acompañada del decano del Colegio Notarial de Andalucía, Manuel Seda; del presidente de la Comisión de Emergencias del Notariado, Luis Mayorga; del miembro de la Comisión Permanente del CGN y delegado de Cooperación Internacional, Alfonso Cavallé; y del censor tercero del Colegio Notarial de Andalucía, Víctor Manuel Arrabal, que ejerció cuatro años como notario en la ciudad.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Encuentro-con-el-presidente-Juan-Jesus-Vivas-p489874-m1527986-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/vivas-recibe-a-la-presidenta-del-notariado-espanol-en-una-visita-de-apoyo-a-los-notarios-y-ciudadanos-de-ceutahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Encuentro-con-el-presidente-Juan-Jesus-Vivas-p489874-m1527986-768x334_w100.jpeg?no_webp=1https://elderecho.com/vivas-recibe-a-la-presidenta-del-notariado-espanol-en-una-visita-de-apoyo-a-los-notarios-y-ciudadanos-de-ceutahttps://elderecho.com/vivas-recibe-a-la-presidenta-del-notariado-espanol-en-una-visita-de-apoyo-a-los-notarios-y-ciudadanos-de-ceutahttps://elderecho.com/vivas-recibe-a-la-presidenta-del-notariado-espanol-en-una-visita-de-apoyo-a-los-notarios-y-ciudadanos-de-ceuta2026-10-07 11:05:512026-10-07 11:05:51sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489872La resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, responde al recurso presentado por el Gobierno regional contra la que considera inactividad de la Delegación del Gobierno. En su escrito de alegaciones, la Delegación argumentaba que la normativa de seguridad ciudadana exige medidas de intervención "proporcionadas" y reserva la disolución de reuniones como "último recurso" La Comunidad solicitó inicialmente, con carácter urgente a través de una medida cautelarísima y sin audiencia de la parte contraria, que se adoptaran las medidas necesarias para disolver la acampada de la Puerta del Sol. Subsidiariamente, pidió que la solicitud se tramitara como medida cautelar. La petición de la Comunidad de Madrid fue ya rechazada en esa primera fase, mediante auto de 5 de octubre. Simultáneamente, la Sala dio audiencia a la representación de la Delegación del Gobierno y, tras escuchar sus alegaciones, hoy ha deliberado y ha resuelto la solicitud cautelar. El principal argumento de la resolución se encuentra en la aplicación de los artículos 136 y 29 de la LJCA. El artículo 29 establece los requisitos para que pueda recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa por inactividad de una Administración. Entre ellos, exige que exista una obligación concreta de prestación a cargo de la Administración y que, una vez reclamado su cumplimiento, transcurra el plazo legal sin que la administración atienda dicha obligación. Plazo de tres meses En este caso, la Sala destaca que el artículo 29 obliga a la administración requirente a esperar el transcurso del plazo legal de tres meses para que pueda generarse la situación de inactividad prevista en ese precepto. Según los jueces, dicho plazo no ha transcurrido en el supuesto examinado. Los magistrados añaden que la figura de la inactividad administrativa regulada en el artículo 29 de la LJCA no puede identificarse, sin más, con una eventual dejación o falta de actuación en el ejercicio de las competencias administrativas. La Sala recuerda, en este sentido, la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual la inactividad susceptible de recurso exige la existencia de una obligación pública concreta, establecida por una norma, acto, contrato o convenio, cuyo contenido sea una actividad prestacional y cuyo destinatario tenga derecho a recibirla. Precisa, además, que su decisión se adopta en el marco de la pieza de medidas cautelares y que, por tanto, no supone un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del recurso. Alegaciones de la delegación En su escrito de alegaciones, presentado esta misma mañana, la Abogacía del Estado rechazaba que existiera una inactividad administrativa que pueda ser objeto de la medida cautelar solicitada. Argumentaba que la normativa sobre seguridad ciudadana otorga a la autoridad gubernativa un margen de ponderación y establece que las medidas de intervención en reuniones y manifestaciones deben ser "graduales y proporcionadas", de modo que la disolución constituye el "último recurso". En este sentido, el escrito recuerda que la falta de comunicación previa de la acampada no determina por sí misma su disolución, ya que la comunicación no constituye un requisito constitutivo del derecho fundamental de reunión. La Abogacía del Estado sostenía además que la finalidad reivindicativa de la acampada impide considerarla una mera ocupación del espacio público, al estar vinculada a la expresión de ideas y reivindicaciones políticas. Asegura que la delegación no ha permanecido pasiva El escrito negaba asimismo que la Delegación del Gobierno haya mantenido una actitud de "total pasividad" ante la situación de los acampados en la Puerta del Sol. Según exponía en su escrito, se han habilitado pasillos para garantizar la circulación de peatones, el acceso a los inmuebles y el tránsito de los servicios de emergencia, además de establecerse un acordonamiento policial de la sede de la Comunidad de Madrid. Asimismo, exponía que se ha garantizado el acceso a la estación de Metro y Cercanías de Sol y que, cuando se han producido episodios de violencia física, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han identificado y, cuando procedía, detenido a los implicados. A su juicio, estas actuaciones permiten conjugar la seguridad ciudadana con el derecho fundamental de reunión y manifestación. Frente a las imágenes aportadas por la Comunidad de Madrid, el Estado consideraba que estas no acreditarían altercados contra personas ni una intensidad suficiente de daños en bienes que justifique una disolución, al entender que no toda perturbación de la convivencia en la vía pública alcanza la gravedad necesaria para adoptar esta medida.El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid para que se ordene la disolución de la acampada instalada en la Puerta del Sol al considerar que no ha quedado acreditada la existencia de una inactividad administrativa de la Delegación del Gobierno en Madrid.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2850094493-1-p489872-m1527936-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjm-mantiene-la-acampada-de-sol-al-no-quedar-acreditada-la-inactividad-de-la-delegacion-de-gobiernohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2850094493-1-p489872-m1527936-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-tsjm-mantiene-la-acampada-de-sol-al-no-quedar-acreditada-la-inactividad-de-la-delegacion-de-gobiernohttps://elderecho.com/el-tsjm-mantiene-la-acampada-de-sol-al-no-quedar-acreditada-la-inactividad-de-la-delegacion-de-gobiernohttps://elderecho.com/el-tsjm-mantiene-la-acampada-de-sol-al-no-quedar-acreditada-la-inactividad-de-la-delegacion-de-gobierno2026-10-07 11:00:422026-10-07 11:00:42sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489871Así lo han hecho este miércoles en sendas providencias, recogidas por Europa Press, tanto el magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, como el presidente de la Sala de lo Penal, la que juzgó y condenó a diferentes dirigentes de aquellos hechos, Andrés Martínez Arrieta. La mayoría progresista del Constitucional respaldó este martes la ponencia del presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, favorable a amnistiar a la exconsejera con ERC Dolors Bassa por la malversación a la que fue condenada por el Tribunal Supremo, que durante los últimos años se ha negado a perdonar ese delito, entre ellos al expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont. En el momento en el que se conoció el fallo del órgano de garantías, el magistrado Llarena acordó en un auto de este martes dejar sin efecto la orden de detención contra Puigdemont. El magistrado que instruyó el 'procés' levantó "con carácter inmediato y hasta nueva resolución judicial expresa" las órdenes nacionales de detención contra Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Para el instructor de la causa, aunque en ese momento todavía no disponía del texto íntegro de la sentencia referida a Bassa, cuyo conocimiento será "necesario para determinar su alcance" respecto de Puigdemont, Comín y Puig, "la coincidencia sustancial de los hechos y de la cuestión jurídica controvertida permite apreciar, sin anticipar una conclusión definitiva, que el pronunciamiento constitucional puede incidir en el fundamento de aquellas órdenes". Y es que ha sido a primera hora de este miércoles cuando el Constitucional ha notificado al Supremo la sentencia que le ordena amnistiar el delito de malversación que pesa sobre Puigdemont, Comín, Puig, Bassa, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los también exconsejeros Raül Romeva y Jordi Turull, actual secretario general de Junts.El Tribunal Supremo ha dado cinco días a las partes para que puedan presentar alegaciones después de recibir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que le ordena aplicar la ley de amnistía a los dirigentes independentistas catalanes sobre los que pesa el delito de malversación.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20110803_0002_1-p489871-m1527918-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-da-cinco-dias-a-las-partes-para-alegaciones-tras-la-orden-del-tc-de-aplicar-la-amnistiahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Supremo_EDEIMA20110803_0002_1-p489871-m1527918-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-supremo-da-cinco-dias-a-las-partes-para-alegaciones-tras-la-orden-del-tc-de-aplicar-la-amnistiahttps://elderecho.com/el-supremo-da-cinco-dias-a-las-partes-para-alegaciones-tras-la-orden-del-tc-de-aplicar-la-amnistiahttps://elderecho.com/el-supremo-da-cinco-dias-a-las-partes-para-alegaciones-tras-la-orden-del-tc-de-aplicar-la-amnistia2026-10-07 10:20:352026-10-07 10:20:35penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico489870Según han confirmado fuentes de la corte de garantías, ya ha sido notificada la sentencia, además del voto particular de los cinco vocales discrepantes, al Supremo y a las partes. En el Pleno del TC celebrado este martes, la mayoría progresista respaldó la ponencia del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, favorable a amnistiar a la exconsejera con ERC Dolors Bassa por la malversación a la que fue condenada por el Tribunal Supremo. También fueron condenados por el mismo motivo y esperan que ahora el Supremo les aplique la amnistía el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva y Jordi Turull, actual secretario general de Junts, mientras que en la misma situación que Puigdemont, como procesados pero no juzgados porque huyeron de la justicia, se encuentran los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. En su sentencia, la corte de garantías declara la nulidad de los autos impugnados que le negaron la amnistía y ordena retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado del primero de ellos, a fin de que la Sala de lo Penal del Supremo, la que la juzgó, efectúe un nuevo pronunciamiento en el que se declare amnistiado el delito de malversación de caudales públicos por el que fue condenada Bassa, según informó el TC en una nota. El Pleno considera que el propósito de obtener un enriquecimiento personal de carácter patrimonial, utilizado en la ley de amnistía como criterio excluyente de su aplicación y destacado por el Supremo para no aplicarla, "es un concepto autónomo, no identificable con la noción de enriquecimiento que es inherente a todo delito de malversación, y su función es distinguir las malversaciones amnistiables de las no amnistiables, excluyendo los actos de corrupción privada que se hubieran apartado de la finalidad de financiar" el proceso independentista.El Tribunal Constitucional (TC) ha notificado al Tribunal Supremo la sentencia que le ordena amnistiar el delito de malversación que pesa sobre dirigentes del 'procés'.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Constitucional_EDEIMA20150625_0008_1-p489870-m1527896-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-constitucional-remite-al-supremo-la-sentencia-que-le-ordena-amnistiar-la-malversacion-del-proceshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Constitucional_EDEIMA20150625_0008_1-p489870-m1527896-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-constitucional-remite-al-supremo-la-sentencia-que-le-ordena-amnistiar-la-malversacion-del-proceshttps://elderecho.com/el-constitucional-remite-al-supremo-la-sentencia-que-le-ordena-amnistiar-la-malversacion-del-proceshttps://elderecho.com/el-constitucional-remite-al-supremo-la-sentencia-que-le-ordena-amnistiar-la-malversacion-del-proces2026-10-07 10:15:322026-10-07 10:15:32penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico489844Este Real Decreto-ley se vertebra en dos ejes de acción definidos: por un lado, bajar los precios, dar estabilidad y combatir el fraude; por otro lado, ampliar la oferta de vivienda asequible, permitiendo consolidar un parque de vivienda público y con protección de carácter permanente. La norma incorpora así un grueso paquete de medidas de carácter estructural, como la protección frente a los desahucios de personas vulnerables y sin alternativa habitacional hasta 2030; los límites a la compra especulativa por parte de fondos buitre; la regulación de las figuras del alquiler de temporada y de habitaciones; la imposición de un IVA a viviendas destinadas a uso turístico y la reducción del mismo impuesto a la vivienda protegida; deducciones y bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios; el nuevo mecanismo de financiación 'Tu Casa', dotado con 10.000 millones de euros para facilitar la compra de la primera vivienda; o fórmulas para el blindaje del parque estatal de vivienda, entre otras acciones. Asimismo, se incluyen otras medidas dirigidas a reforzar el derecho, como la dotación de 400 millones de euros para el fondo de impacto social, con el objetivo de impulsar la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales; o la adscripción de las viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social a CASA 47-Entidad Estatal de Vivienda, para su puesta a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible.El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la función social de la vivienda a través de una batería de actuaciones dirigidas a reforzar el derecho a la vivienda y a limitar las prácticas especulativas en este ámbito.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_1978878695-1-p489844-m1527823-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/medidas-urgentes-para-la-proteccion-de-la-funcion-social-y-la-ampliacion-de-la-oferta-de-vivienda-asequiblehttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_1978878695-1-p489844-m1527823-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/medidas-urgentes-para-la-proteccion-de-la-funcion-social-y-la-ampliacion-de-la-oferta-de-vivienda-asequiblehttps://elderecho.com/medidas-urgentes-para-la-proteccion-de-la-funcion-social-y-la-ampliacion-de-la-oferta-de-vivienda-asequiblehttps://elderecho.com/medidas-urgentes-para-la-proteccion-de-la-funcion-social-y-la-ampliacion-de-la-oferta-de-vivienda-asequible2026-10-06 16:00:322026-10-06 16:00:32civilCivil2inmobiliarioInmobiliarioCivil,Inmobiliario489802La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha realizado sendas advertencias a dos ayuntamientos en relación con proyectos de videovigilancia que contemplan funcionalidades de inteligencia artificial para el análisis automatizado de imágenes. Las advertencias forman parte de la función preventiva de la Agencia y permiten llamar la atención sobre tratamientos no iniciados que podrían no ajustarse a la normativa de protección de datos, de modo que los responsables puedan incorporar las garantías necesarias antes de su implantación efectiva. En uno de los proyectos se contemplan funcionalidades de detección o reconocimiento facial. En el otro se prevén, entre otras capacidades, la detección de personas y vehículos, la generación de metadatos y la búsqueda de personas por características de su apariencia, como la vestimenta, el pelo, el sexo o el grupo de edad, incluso utilizando una imagen o fotografía como punto de partida. La AEPD subraya que la utilización de sistemas de videovigilancia dotados de IA en las Administraciones públicas, adecuadamente diseñados y utilizados, pueden contribuir a mejorar la eficacia de determinados tratamientos de datos. La normativa de protección de datos no impide utilizar estas tecnologías, pero sí exige que los tratamientos de datos personales se realicen con garantías adecuadas a sus características y riesgos. Por ello, la protección de datos debe incorporarse desde las primeras fases del proyecto y formar parte de las decisiones sobre la adquisición, selección, configuración e implantación de los sistemas. Antes de su puesta marcha el responsable del tratamiento debe analizar qué funcionalidades son necesarias para la finalidad perseguida y si su utilización es proporcionada. También debe determinarse qué datos genera cada función, durante cuánto tiempo se conservarán y quién podrá acceder a ellos. La Agencia destaca que la disponibilidad técnica de una capacidad de identificación, búsqueda, localización o seguimiento de personas no justifica por sí misma su uso. Este análisis debe tener en cuenta los riesgos que el tratamiento puede comportar para los derechos y libertades de las personas afectadas. Cuando el tratamiento pueda entrañar un alto riesgo, deberá realizarse antes de su puesta en marcha una evaluación de impacto en protección de datos que permita identificar esos riesgos y establecer las medidas adecuadas para afrontarlos. La Agencia presta especial atención a las funcionalidades que puedan implicar el tratamiento de datos biométricos destinados a identificar de manera unívoca a una persona. Si el análisis técnico determina que alguna de las capacidades del sistema implica este tipo de tratamiento, resultará aplicable el régimen reforzado previsto para los datos biométricos y deberán establecerse garantías específicas. En los tratamientos realizados por la Policía Local para fines de prevención, detección o investigación de infracciones penales o para la protección frente a amenazas para la seguridad pública, deberá justificarse la utilización de estas funcionalidades atendiendo, entre otros criterios, a su necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Esta valoración debe realizarse respecto de cada capacidad adicional de análisis automatizado y no únicamente respecto de la instalación de las cámaras. La transparencia constituye otra de las garantías destacadas por la AEPD. Las personas afectadas deberán recibir información clara, accesible y comprensible sobre el tratamiento de sus datos personales, sus finalidades y la función que desempeña el sistema. Con estas advertencias, la Agencia recuerda la importancia de integrar la protección de datos desde el diseño y por defecto en los proyectos que incorporen inteligencia artificial a sistemas de videovigilancia. Este enfoque permite aprovechar las posibilidades que ofrecen estas tecnologías y, al mismo tiempo, preservar los derechos y libertades de las personas afectadas.La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha realizado sendas advertencias a dos ayuntamientos en relación con proyectos de videovigilancia que contemplan funcionalidades de inteligencia artificial para el análisis automatizado de imágenes.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2729088229-1-p489802-m1527720-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-aepd-senala-las-garantias-para-incorporar-inteligencia-artificial-a-los-sistemas-de-videovigilanciahttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2729088229-1-p489802-m1527720-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/la-aepd-senala-las-garantias-para-incorporar-inteligencia-artificial-a-los-sistemas-de-videovigilanciahttps://elderecho.com/la-aepd-senala-las-garantias-para-incorporar-inteligencia-artificial-a-los-sistemas-de-videovigilanciahttps://elderecho.com/la-aepd-senala-las-garantias-para-incorporar-inteligencia-artificial-a-los-sistemas-de-videovigilancia2026-10-06 15:36:162026-10-06 15:36:16derecho-ticDerecho TICsector-juridicoSector jurídicoDerecho TIC,Sector jurídico489843Mediante el mismo se actualizan distintas normas del sector financiero para adaptarlas al marco europeo y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), responder a nuevos riesgos y avances tecnológicos, reducir cargas administrativas y mejorar la competitividad del mercado de capitales nacional. La norma refuerza la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con medidas como la identificación de quienes operen en criptocajeros, el uso del DNI digital y mayores garantías en las operaciones a distancia. También adapta las obligaciones de fundaciones y asociaciones a su nivel de riesgo y mejora la información disponible para detectar operaciones sospechosas. Además, simplifica determinadas obligaciones en los mercados de valores, facilita el acceso de las empresas españolas a mercados internacionales y favorece el acceso a cuentas de pago básicas gratuitas de personas vulnerables.El Consejo de ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se modifican diversos reales decretos en el ámbito del sector financiero para su adaptación al marco normativo vigente. https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2619119853-1-p489843-m1527805-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/adaptacion-normativa-del-sector-financierohttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/shutterstock_2619119853-1-p489843-m1527805-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/adaptacion-normativa-del-sector-financierohttps://elderecho.com/adaptacion-normativa-del-sector-financierohttps://elderecho.com/adaptacion-normativa-del-sector-financiero2026-10-06 14:30:292026-10-06 14:30:29administrativoAdministrativo1Administrativo489790 Durante el Pleno celebrado este martes, la mayoría progresista ha respaldado la ponencia del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, favorable a amnistiar a la exconsejera con ERC Dolors Bassa por la malversación a la que fue condenada por el Tribunal Supremo. En su sentencia, la corte de garantías declara la nulidad de los autos impugnados que le negaron la amnistía y ordena retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado del primero de ellos, a fin de que la Sala de lo Penal del Supremo, la que la juzgó, efectúe un nuevo pronunciamiento en el que se declare amnistiado el delito de malversación de caudales públicos por el que fue condenada Bassa, según ha informado el TC en una nota. El Pleno considera que el propósito de obtener un enriquecimiento personal de carácter patrimonial, utilizado en la ley de amnistía como noción excluyente de su aplicación, "es un concepto autónomo, no identificable con la noción de enriquecimiento que es inherente a todo delito de malversación, y su función es distinguir las malversaciones amnistiables de las no amnistiables, excluyendo los actos de corrupción privada que se hubieran apartado de la finalidad de financiar" el proceso independentista. Sin riesgo de "secesión territorial" "Se estima por ello la alegación de la recurrente de que los autos impugnados hicieron una interpretación extensiva de la excepción, ajena a su genuino sentido y finalidad, lo que, por sus consecuencias penales, se traduce en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a obtener una resolución judicial motivada y fundada en derecho", argumenta. Para el Constitucional, el "riesgo de secesión territorial de Cataluña", una apreciación que sirvió para fundamentar la decisión del Supremo de denegar la aplicación de amnistía al delito de malversación, "no es conciliable con los presupuestos fácticos de la sentencia que condenó" a Bassa. Así, aducen que en esa resolución se "descartó la existencia de dicho riesgo", como tampoco con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que descartó afectación a los intereses financieros de la UE en el 'procés'. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha levantado la orden de detención que permanecía vigente desde la huida del expresidente catalán en octubre de 2017. Las críticas del sector conservador Por su parte, los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías, del sector conservador, han emitido un voto particular discrepante con la estimación de la corte de garantías al recurso de Dolors Bassa. "Los motivos de la discrepancia son, en esencia, dos: por un lado, una más que preocupante (y reiterada) suplantación del rol funcional que corresponde al Tribunal Supremo en la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria; y, por otro, una disconformidad sustancial con el criterio metodológico empleado en la resolución de amparo", argumentan los magistrados en el borrador del voto particular, al que también ha tenido acceso Europa Press. Así, explican que con la sentencia asumida por el Pleno "se insiste en una deriva, acentuada en los últimos años, que distorsiona y pervierte el rol funcional del Tribunal Constitucional, colocándole en una posición que no le corresponde dentro del esquema general" del sistema judicial español. "El Tribunal Supremo es el encargado de fijar el criterio interpretativo de la legalidad ordinaria, mientras que el Tribunal Constitucional es el encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones" de la Carta Magna, apostillan. La finalidad del 'procés' no es incompatible con el beneficio personal Para los magistrados críticos, la posición mayoritaria "no se ha limitado a hacer un análisis de la razonabilidad de las resoluciones impugnadas", sino que se ha dedicado a "suplantar la labor" del Supremo "en la apreciación de la amnistía", algo que, "desgraciadamente, no es la primera vez que ocurre". "El pronunciamiento de la sentencia de la que ahora discrepamos se alcanza desde un esquema metodológico que, a nuestro juicio, lejos de servir de vehículo fundamentado a la decisión que se adopta, solo pretende envolver la argumentación de una decisión aparentemente tomada con carácter previo", añaden. Para los magistrados conservadores, "no puede afirmarse, como parece deducirse de la sentencia, que la finalidad secesionista sea incompatible con la de obtener un beneficio personal patrimonial y, en cualquier caso, la verdadera finalidad de la conducta de la recurrente forma parte del margen de apreciación del tribunal sentenciador, no de la jurisdicción constitucional". En su opinión, se ha producido un "exceso en el ejercicio" de la jurisdicción constitucional de la corte de garantías, que ha asumido "un indebido rol de intérprete de la legalidad ordinaria", así como una "injustificada desmesura de los calificativos sobre la motivación ofrecida por el Tribunal Supremo" para no amnistiar la malversación. El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado amnistiar el delito de malversación que pesa sobre dirigentes del 'procés' como el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, y ha ordenado al Tribunal Supremo (TS) la aplicación de la misma.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Constitucional_EDEIMA20150623_0008_1-p489790-m1527643-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-constitucional-avala-amnistiar-la-malversacion-de-dirigentes-del-proceshttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/04/Tribunal-Constitucional_EDEIMA20150623_0008_1-p489790-m1527643-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-constitucional-avala-amnistiar-la-malversacion-de-dirigentes-del-proceshttps://elderecho.com/el-constitucional-avala-amnistiar-la-malversacion-de-dirigentes-del-proceshttps://elderecho.com/el-constitucional-avala-amnistiar-la-malversacion-de-dirigentes-del-proces2026-10-06 12:20:052026-10-06 12:20:05penalPenal9sector-juridicoSector jurídicoPenal,Sector jurídico489804La Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA), con el apoyo de la Oficina Española de Patentes y Marcas O.A (OEPM), celebra los próximos 25, 26 y 27 de noviembre una nueva edición del Foro Europeo de Propiedad Industrial, que congregará a más de 300 profesionales y cerca de 60 ponentes de instituciones nacionales, europeas e internacionales, empresas y organizaciones líderes en la defensa de las marcas y los activos intangibles. El encuentro se celebrará en La Pedrera de Barcelona y contará con la participación de Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que será la encargada de clausurar el foro. Por cuarto año consecutivo, la Ciudad Condal reunirá a profesionales del sector para analizar la situación de la propiedad industrial (PI) en Europa desde la perspectiva de quienes trabajan en la protección y defensa de estos derechos. Esta edición será inaugurada por Eduardo Petrossi, presidente de ANDEMA y consejero delegado de Mahou San Miguel, y Jaume Duch, conseller de la UE y Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya. El subsecretario de Turismo e Industria y presidente de la OEPM, Pablo Garde, y Patricia García-Escudero, directora del observatorio de la EUIPO, clausurarán el evento junto con la presidenta del CGPJ. Entre los participantes en las mesas redondas, este año el foro cuenta con instituciones como la Comisión Europea, la OLAF (European Anti-Fraud Office), la CNMC, el Banco de España o la Cámara de Comercio; asociaciones internacionales y europeas como INTA (International Trademark Association), UNIFAB (la ANDEMA francesa), INDICAM (la ANDEMA italiana) o AIM. (European Brands Association); empresas como ISDIN, Aena, Natura Bissé, Ron Barceló, Osborne, HP, Amazon, Temu, Imperial Brands-Altadis y Ebrand, entre otras. En las 10 mesas redondas que forman el foro de 2026 se tratarán temas como la valoración de los activos intangibles, la necesaria coordinación policial en los delitos de PI, los riesgos y oportunidades que presenta la IA, la labor de concienciación de las marcas e instituciones para combatir las falsificaciones, entre otros. Para el director general de ANDEMA, Gerard Guiu: “un año más, España se convertirá en el epicentro internacional del mundo de la propiedad industrial al reunir a representantes institucionales, empresas y profesionales de distintos ámbitos y países, poniendo de manifiesto la importancia de sumar esfuerzos a escala europea e internacional para hacer frente a los retos actuales y futuros en la defensa de las marcas”. Este año, además de la recepción en el Ayuntamiento de Barcelona el día 25 de noviembre, como actividad lúdica, los asistentes podrán disfrutar de una visita guiada por el Poble Espanyol. Durante la visita, la Junta Directiva de ANDEMA entregará dos reconocimientos a la labor de defensa de las marcas y la propiedad industrial: uno a una persona por su contribución en el ámbito profesional y otro a una organización en reconocimiento a su trayectoria. En esta edición colaboran el Ayuntamiento de Barcelona, Ebrand, Imperial Brands-Altadis, Herrero Asociados, HP y ACCIÒ, la agencia de la Generalitat de Catalunya para el crecimiento de las empresas. Ver programaIsabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), será la encargada de clausurar el foro.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/foro-andema-2026-scaled-p489804-m1527693-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-iv-foro-europeo-de-propiedad-industrial-refuerza-el-papel-de-espana-como-referente-en-europa-en-la-proteccion-y-defensa-de-las-marcashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/foro-andema-2026-scaled-p489804-m1527693-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/el-iv-foro-europeo-de-propiedad-industrial-refuerza-el-papel-de-espana-como-referente-en-europa-en-la-proteccion-y-defensa-de-las-marcashttps://elderecho.com/el-iv-foro-europeo-de-propiedad-industrial-refuerza-el-papel-de-espana-como-referente-en-europa-en-la-proteccion-y-defensa-de-las-marcashttps://elderecho.com/el-iv-foro-europeo-de-propiedad-industrial-refuerza-el-papel-de-espana-como-referente-en-europa-en-la-proteccion-y-defensa-de-las-marcas2026-10-06 12:00:142026-10-06 12:00:14sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico489727En el encuentro intervinieron la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio del Olmo; la socia de Pérez-Llorca, Josefina García Pedroviejo; el catedrático de Derecho Administrativo, José Luis Piñar; el catedrático de Derecho Mercantil, Pedro Portellano; el catedrático de Derecho Civil, Lorenzo Prats; el notario Juan Álvarez-Sala y el socio de Pérez-Llorca, Raúl Rubio. La sentencia tiene su origen en la normativa de Letonia, que permitía que cualquier persona accediese por Internet a datos personales de los accionistas de sociedades anónimas, incluidos los minoritarios. Entre la información disponible a los usuarios figuraban el nombre y apellidos de los accionistas, el número de identificación personal y, en determinados casos, la fecha de nacimiento, datos del documento de identidad, la dirección de contacto e incluso el correo electrónico. Estos datos podían consultarse en línea y descargarse de forma masiva. El TJUE concluyó al respecto que el Derecho de la Unión no exige publicar información sobre todos los accionistas por el mero hecho de serlo, incluidos los minoritarios, y se opone a que sus datos personales se pongan a disposición de cualquier persona sin que se deban cumplir requisitos como acreditar un interés legítimo. El Tribunal analizó esta publicidad desde la perspectiva de los derechos al respeto a la vida privada y a la protección de los datos personales, reconocidos en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantizan la privacidad, la intimidad y el control sobre la propia información personal. El catedrático de Derecho Administrativo y exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Piñar, advirtió: “El relato puede hacer que confundamos transparencia con publicidad, que pensemos que hay que dar publicidad a todo”. En esta línea, incidió en las garantías que deben acompañar al acceso a los datos personales y en la necesidad de justificar cualquier restricción de derechos fundamentales. Piñar recordó asimismo la importancia del artículo 52 de la Carta señalada, que exige que cualquier limitación debe estar prevista por ley, respetar el contenido esencial de los derechos y, conforme al principio de proporcionalidad, ser necesaria y responder a objetivos de interés general o a la protección de derechos de terceros. Las implicaciones para el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública A partir de la sentencia, los expertos analizaron las posibles implicaciones de estos criterios en el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. Este prevé convertir en constitutiva la inscripción en el Registro Mercantil de las transmisiones de participaciones de sociedades de responsabilidad limitada, que podrán formalizarse mediante documento privado electrónico, documento judicial o administrativo, o mediante escritura pública (frente al actual sistema basado en la escritura pública y el control previo de legalidad ejercido por los notarios). La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio del Olmo, puso el foco en los riesgos que puede tener para la propia seguridad de los ciudadanos una publicidad excesiva de información patrimonial. “Hay muchas personas que no inscriben en el Registro de la Propiedad porque no quieren que cualquiera pueda saber que son propietarios de una vivienda de elevado valor, sobre todo si hablamos de personas de países hispanoamericanos que conocen el riesgo que puede suponer”, señaló como ejemplo. Por su parte, Josefina García Pedroviejo, socia de Pérez-Llorca, destacó la importancia de analizar desde la práctica empresarial dónde deben situarse los límites de la publicidad: “Desde el punto de vista de la práctica mercantil nuestros clientes no están cómodos con toda esta situación”. El catedrático de Derecho Civil Lorenzo Prats consideró que, si el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública se aprobase en los términos planteados, podría incurrir en el mismo defecto que la normativa letona analizada por el TJUE. Por su parte, el catedrático de Derecho Mercantil, Pedro Portellano, defendió que la seguridad del tráfico jurídico no implica que toda la información societaria deba incorporarse al Registro Mercantil: “Que el Registro Mercantil sea el centro del tráfico jurídico no significa que deba estar absolutamente todo en él”. Advirtió también de las dificultades que puede plantear una concepción excesivamente amplia del interés legítimo. A su juicio, si este se vincula de forma genérica a la transparencia y a la protección de terceros, el número de personas que podrían alegarlo para acceder a los datos sería muy amplio y resultaría difícil comprobar la finalidad real de la solicitud. “¿Cómo lo pueden controlar eso los registradores? Yo creo que de ninguna manera”, afirmó. El notario Juan Álvarez-Sala Walther resumió la necesidad de diferenciar entre la información que debe acceder al Registro y aquella que debe ser objeto de publicidad: “No tiene por qué ser publicable todo lo inscribible”. Por último, Raúl Rubio, socio de Pérez-Llorca, destacó el papel del notario como garante de la protección de datos: “Esta sentencia es tremendamente útil y pone encima de la mesa la responsabilidad del notario a la hora de ser el garante de la protección de datos de sus clientes”.Catedráticos, abogados y notarios celebraron una reunión de trabajo en la sede del despacho de abogados Pérez-Llorca para analizar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 3 de septiembre de 2026 (C-798/24, Jautiva), relativa a la publicidad de los datos personales de los accionistas en Letonia, y su paralelismo con el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública en España.https://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Notarios-catedraticos-y-abogados-reunion-datos-personales_img-p489727-m1527516-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/catedraticos-abogados-y-notarios-comparten-con-el-tjue-poner-limites-a-la-publicidad-de-los-datos-personales-de-los-accionistashttps://elderecho.com/wp-content/uploads/2026/10/Notarios-catedraticos-y-abogados-reunion-datos-personales_img-p489727-m1527516-768x334_w100.jpg?no_webp=1https://elderecho.com/catedraticos-abogados-y-notarios-comparten-con-el-tjue-poner-limites-a-la-publicidad-de-los-datos-personales-de-los-accionistashttps://elderecho.com/catedraticos-abogados-y-notarios-comparten-con-el-tjue-poner-limites-a-la-publicidad-de-los-datos-personales-de-los-accionistashttps://elderecho.com/catedraticos-abogados-y-notarios-comparten-con-el-tjue-poner-limites-a-la-publicidad-de-los-datos-personales-de-los-accionistas2026-10-06 11:20:392026-10-06 11:20:39sector-juridicoSector jurídicoSector jurídico